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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00156-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00156-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 25 de enero de 2024, pero por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. Sin condena en costas en esta instancia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00156-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00156-01 (28610)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D.C., primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00156-01 (28610)
Demandante EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
Demandado MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO CRA
Tema Contribución especial a favor de la CRA. Año 2020. Artículo 18
de la Ley 1955 de 2019. Congruencia de las sentencias.
Exigibilidad de un acto previo. Principio de irretroactividad de
las normas tributarias. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución UAE-CRA No. 526 del 17 de
septiembre de 2020, por medio de la cual se profiere liquidación oficial de la contribución
especial correspondiente al año 2020, a cargo de la demandante; de la Resolución UAE-CRA
No. 841 del 05 de noviembre de 2020, que decide el recurso de reposición interpuesto contra
el acto anterior; y de la Resolución UAECRA No. 919 del 20 de noviembre de 2020, que
resuelve el recurso de apelación presentado contra la liquidación oficial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se
DECLARA que EMVARIAS S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la Contribución Especial
del artículo 18 de la Ley 1955, liquidada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA), para el periodo gravable 2020.
TERCERO: ORDENAR a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA) devolver la suma de $524.312.502, debidamente actualizada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.
QUINTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
(…)”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante la
CRA) profirió la Resolución Nro. UAE-CRA 526 del 17 de septiembre de 2020, que
liquidó la contribución especial de que trata el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente al año gravable
2020, a cargo de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
La sociedad presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la
anterior decisión. Pero la entidad demandada la confirmó mediante las
Resoluciones Nro. UAE-CRA 841 del 5 de noviembre de 2020 y Nro. UAE-CRA 919

1 Samai del Tribunal, índice 33, páginas 25 a 26.
1

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Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.

del 20 de noviembre del mismo año, respectivamente.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones2:

“2.1. Que se inaplique por inconstitucional la modificación introducida por el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por su ilegalidad manifiesta con
la Constitución Política según las razones que se expondrán en el presente escrito.
2.2. Que se inaplique por inconstitucional la Resolución CRA Nº 930 de 2020 del 10 de
septiembre de 2020, fundada en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se
fija la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994
para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones
2.3. Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada
y el restablecimiento del derecho de la parte demandante, que a continuación se
relacionan:
2.3.1. Resolución UAE-CRA No. 526 del 17 de septiembre de 2020 Liquidación oficial de la
Contribución Especial correspondiente al año 2020, a cargo de EMVARIAS S.A. E.S.P.
2.3.2. Resolución UAE-CRA No. No. 841 del 5 de noviembre de 2020 por la cual se resolvió
el recurso de reposición presentado por EMVARIAS (sic) S.A. E.S.P.
2.3.3. Resolución UAE-CRA No. 919 del 20 de noviembre de 2020 Por el cual se resuelve el
recurso de apelación presentado por EMVARIAS S.A. E.S.P.
2.4. Que, como consecuencia de la nulidad absoluta de los actos administrativos antes
enunciados, se restablezca el derecho de mi representada, señalando que EMVARIAS
S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la contribución especial liquidada por la
Comisión de Regulación.
2.5. En consecuencia, de las declaraciones anteriores, se ordene a la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de la suma de
dinero cancelada por concepto de Contribución Especial año 2020, equivalente a
$524.312.502, sumas que deberán ser indexadas al momento de proferirse la
sentencia.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRINCIPALES A LAS PRETENSIONES 2.4.Y 2.5.
2.4. Que, como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos enunciados,
se restablezca el derecho de mi representada, liquidando la contribución especial para
la vigencia 2020 con base en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 vigentes antes de su
modificación, con lo cual la liquidación correspondiente sería de $345.776.000.
2.5. En consecuencia, de la reliquidación de la contribución especial, se ordene a la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de
la suma de dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de
Contribución Especial año 2020 equivalente a $178.734.000, por el mayor valor
cancelado por la contribución especial, sumas que deberán ser indexadas al momento
de proferirse la sentencia.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SECUNDARIAS O SUPLETIVAS A LAS
PRETENSIONES 2.4. Y 2.5.
En caso de que el despacho no considere la pretensión principal de inaplicar por
inconstitucionalidad el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución CRA Nº 930 de 2020

2 Samai del Tribunal, índice 2. Documento
«8_250002337000202100156008EXPEDIENTEDIGI20210412153156», páginas 4 a 7.
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del 10 de septiembre de 2020, optando por la aplicación al mismo para liquidar la contribución
especial, solicito:
2.4. Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes enunciados,
se restablezca el derecho de mi representada, liquidando la contribución especial a
cargo de EMVARIAS para la vigencia 2020 por valor de $345.776.00 y se abone la suma
de $101.985.000 correspondiente a la primera cuota ya pagada por EMVARIAS SA ESP
a la CRA
2.5. En consecuencia, de la reliquidación de la contribución especial, se ordene a la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el reintegro de
la suma de dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de
Contribución Especial año 2020, por $ 178.134.000, por el mayor valor cancelado por
la contribución especial, sumas que deberán ser indexadas al momento de proferirse la
sentencia.
PRETENSIONES CONSECUENCIALES COMUNES A LAS PRINCIPALES Y
SUBSIDIARIAS
2.6. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento
del pago de la contribución, -teniendo en cuenta el anticipo cancelado- y hasta la fecha
en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin
a la controversia.
2.7. Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.8. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en
derecho”.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los
artículos 4, 29, 95, 338 y 363 de la Constitución Política; 42, 44, 91 y 148 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 85 de la Ley 142
de 1994; 18 de la Ley 1955 de 2019; y 712 del Estatuto Tributario.

La actora propuso los cargos de nulidad de forma difusa en el texto de la demanda.
Entonces, para dar claridad sobre ellos, la Sala los resumirá agrupándolos, así:

1. Vulneración al debido proceso por ausencia de un acto previo

Explicó que el procedimiento aplicable para la liquidación de la contribución especial
es el Estatuto Tributario, por ser una norma especial más garantista, y que fue
utilizada por la CRA para determinar sanciones e intereses de mora. Pese a lo
anterior, no se tuvo en cuenta que el artículo 715 de dicho estatuto dispone que la
liquidación de aforo requiere de la notificación de un acto previo.

Indicó que esta actuación violó los principios de inescindibilidad de la norma, pues
el Estatuto Tributario fue usado por la CRA para algunos otros aspectos, y de
favorabilidad, en la medida que se omitieron las garantías precisas del Estatuto
Tributario.

Anunció que son aplicables las causales de nulidad del artículo 739 ibidem, pues
debió otorgarse la posibilidad de ejercer el recurso de reconsideración, y no los de
reposición y apelación.

En todo caso, también sostuvo que los tributos pueden ser determinados por el
sistema de autoliquidación o el sistema de liquidación oficiosa o coercitivo. Para
este último caso, consideró aplicables los trámites del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en el artículo 42 establece
3

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que se debe expedir un acto administrativo previo para que el interesado tenga
oportunidad de pronunciarse3.

2. Inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019

En las distintas etapas de discusión ante la administración se explicaron los motivos
por los cuales había lugar a inaplicar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, pues se
trata de una norma inconstitucional. Pese a ello, la CRA negó su inaplicación porque
la Sentencia C-464 de 2020 difirió sus efectos al 1 de enero de 2023.

Afirmó que, según la jurisprudencia4 y el artículo 338 de la Constitución, los
impuestos, tasas y contribuciones pagados por la actora no pueden integrar la base
gravable de la contribución especial, pues de lo contrario se incurriría en doble
tributación.

De igual modo, advirtió que las normas que regulan contribuciones especiales
deben cumplir con tres aspectos: afectación, costo y destinación. Y si bien el
legislador flexibilizó el principio de legalidad en el caso de las tasas y contribuciones,
ya que la base gravable y la tarifa se puede fijar de manera posterior por parte de
las entidades administrativas, se deben mantener las notas características
referidas. Por este motivo, afirmó que la fijación de la base gravable no puede
quedar sujeta al arbitrio de la administración5. Y concluyó que, en este caso, la CRA
no podía definir qué cuentas contables se podían incluir para el proceso de
determinación de la base gravable.

Puso de presente que, durante la discusión en vía administrativa, fueron expedidas
las Sentencias C-464 y C-484 de 2020, que declararon la inexequibilidad del artículo
18 de la Ley 1955 de 2019 por la violación del principio de legalidad en materia
tributaria con efectos inmediatos y hacia el futuro, puesto que la contribución
especial no persiguió la recuperación del costo del servicio suministrado por la
administración, ni tuvo en cuenta el beneficio obtenido por el sujeto pasivo. Por lo
anterior, adujo que la norma referida había sido expulsada del ordenamiento jurídico
para el periodo 2020.

3. Vulneración al principio de irretroactividad

Arguyó que el Consejo de Estado6 considera que las contribuciones objeto de la
demanda son tributos de periodo, por lo que se causan durante el año anterior a
aquel en que se liquida y se cobra el impuesto. De esta manera, los actos acusados
liquidaron la contribución especial en el año 2020 por los servicios de inspección,
vigilancia y control desplegados en el 2019, de tal modo que no era aplicable el
artículo 18 de la Ley 1955.

4. Decaimiento de los actos administrativos

La consecuencia inmediata de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, consiste en que los actos que se fundaron en el contenido de

3 Citó las sentencias del 12 de noviembre de 2015, exp. 2011-00051-01, C.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; del 18 de octubre de 2018, exp. 22892, C.P. Milton Chaves García; y del 15 de noviembre de 2018,
exp. 23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
4 Invocó el fallo del 15 de septiembre de 2016, exp. 21075, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
5 Al respecto citó la sentencia C-272 de 2016 de la Corte Constitucional.
6 Al respecto citó: «Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado: 25000-23-27-000-2010-00122-01 (18874).
C.P. Hugo Fernando Bastidas. Fecha: 22 de septiembre de 2016»
4

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dicha norma, experimentan el fenómeno del decaimiento por desaparición de sus
fundamentos de derecho. Aseguró que esto, junto con el control por vía de
excepción del artículo 148 de la Ley 1438 de 2011, lo que faculta al juez para
inaplicar el acto administrativo de carácter general de fijó la tarifa7.

Destacó que lo expuesto hasta este punto da lugar a que se declare la nulidad total
de los actos administrativos acusados.

5. Ajuste de la base gravable (pretensiones subsidiarias)

Sostuvo que, en caso de no prosperar los cargos de nulidad anteriores, las
pretensiones subsidiarias (que consiste en que el tributo se determine con base en
la redacción original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, previa a la reforma de la
Ley 1955 de 2019), se sustentan en que la CRA utilizó la información suministrada
al Sistema Único de Información (en adelante SUI) al 31 de diciembre de 2019,
incluyendo cuentas que no fueron autorizadas por la norma aplicable en este caso.

Señaló que, comoquiera que la discusión presente tiene la calidad de una situación
jurídica no consolidada, se debe tener en cuenta la declaratoria de inexequibilidad
del artículo 18 de la Ley 1955 de 20198.

Consideró que, teniendo en cuenta lo anterior, los actos acusados desconocieron el
precedente. Puso de presente que la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp.
16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, aclaró que los gastos que no
tengan relación directa con la prestación de los servicios deben excluirse de la base
para efecto del cálculo de la contribución especial. Además, manifestó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que se pueden tomar como base
gravable las cuentas que corresponden a gastos de funcionamiento asociadas al
servicio. En contraposición, las cuentas que corresponden a costos de producción
o cuentas que no constituyen gastos de funcionamiento asociadas a la prestación
del servicio, no pueden tomarse como parte de la base gravable.

Finalmente, indicó que los actos demandados no definieron los factores que se
tomaron para establecer la base gravable, y tampoco se aclaró el procedimiento
para liquidar la contribución especial. Además, la CRA omitió llevar a cabo un
análisis detallado sobre la información contable de la demandante, de cara a
establecer qué elementos debían excluirse de la base gravable.

Oposición a la demanda

La CRA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio controvirtieron las
pretensiones en escritos separados, pero por los mismos argumentos, por lo que
son resumidos de forma conjunta, para lo cual iniciaron señalando que los actos
administrativos por medio de los cuales se determinó la contribución especial
atendieron el debido proceso y se fundamentaron en las normas vigentes.

Afirmaron que, en la demanda, hay cargos que carecen de fundamentación. Por
ejemplo, se señala que se desconoció el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pero se
hace referencia al contenido previo a la modificación de la Ley 1955 de 2019, por lo

7 Invocó la sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 1012-09, C.P. Bertha Lucía Ramírez, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
8 Al respecto citó las sentencias del a30 de septiembre de 2010, exp. 16576, C.P. Willam Giraldo Giraldo; y
del 31 de julio de 2009, exp. 16577, C.P. Héctor Romero.
5

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que se presenta una imprecisión y falta de certeza legal en cuanto a la tesis y las
conclusiones expuestas.

Consideraron que no desconocieron el artículo 338 de la Constitución y que la CRA
determinó la base gravable y la tarifa de la contribución especial de conformidad
con las normas que rigen la materia. Por este motivo, concluyeron que la
contribución especial por el año 2020 atendió el principio de legalidad. Se destaca
que la liquidación de la contribución se hizo al amparo del artículo 18 de la Ley 1955
de 2019.

Manifestaron que en la base gravable se incluyeron los costos y gastos, pues el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 textualmente señala «La base gravable de cada sujeto
pasivo se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la
técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de
terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado
se denomina costos y gastos totales depurados (…)». Es decir que, a su juicio, se siguió el
procedimiento previsto en la norma aplicable.
Insistieron en que la demanda aludió a la determinación de la base gravable
conforme el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Así, la petición de la demandante es
improcedente, pues no se pueden excluir los rubros de la base gravable que están
incluidos por expreso mandato legal.
Indicaron que la tarifa de la contribución especial fue fijada mediante la Resolución
Nro. 930 de 2020, la cual es un acto administrativo de carácter general, y cuya
legalidad no se debe surtir a través del medio de control de nulidad y
Respecto de los intereses causados a favor de terceros, reiteraron que el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019 señala que se tomarán los costos y gastos totales
depurados, lo cual cobija tales intereses. La referencia normativa que hizo la
demandante sobre este punto se circunscribe a la redacción de la norma previa la
modificación de la Ley 1955 de 2019.
Sustentaron que no se vulneró el debido proceso, ya que el trámite se surtió al
amparo de las normas aplicables al caso9 y que los actos mediante los cuales se
definió la tarifa de la contribución especial se pusieron en conocimiento del público
por medio de la página web de la entidad. De otro lado los actos particulares de
liquidación de la contribución especial se motivaron de manera suficiente
atendiendo a los elementos fácticos y jurídicos aplicables.
De igual modo, adujeron que se garantizó el derecho de defensa de la
demandante, tanto así que la misma pudo hacer ejercicio del derecho de
contradicción mediante la presentación de los recursos de reposición y apelación.
En el trámite que se surtió no se llevó a cabo la expedición de un acto previo,
puesto que el mismo no está previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y no es exigible respecto de
la liquidación de la contribución especial.
Destacaron que no hubo desconocimiento de precedentes judiciales, pues la
jurisprudencia citada por la demandante no tiene identidad o similitud en cuanto a
los patrones fácticos o en los problemas jurídicos abordado, pues ninguna de ellas
se pronunció sobre el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

9 Al respecto citó la sentencia C-034 de 2014 de la Corte Constitucional.
6

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Solicitaron estarse a lo decidido por el Consejo de Estado en el auto que negó la
suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nro. SSPD
20201000028355 del 10 de julio de 2020 y Nro. SSPD 20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, que consideró que la Sentencia C-484 de 2020 autorizó que la CRA
liquidara el tributo para el 2020 con base en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Afirmaron que la motivación de los actos fue adecuada, en particular frente a la
determinación de la base gravable se siguió el mandato del artículo 2.2.9.9.3. del
Decreto 1082 de 2015 conforme al cual la información válida para liquidar la
contribución especial, es la contenida en el SUI.

Finalmente, la CRA formuló la excepción previa por falta de capacidad para ser
parte, pues su naturaleza jurídica es la de una unidad administrativa especial sin
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por lo
anterior, indicó que se debe vincular a dicha entidad. La Sala anticipa que la
excepción fue negada por el Tribunal mediante auto del 15 de septiembre de 202210
porque, por un lado, la CRA fue la autoridad que expidió los actos acusados, y por
el otro, el ministerio referido ya fue vinculado al proceso.

Sentencia apelada

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda con base en lo siguiente:

Luego de explicar los efectos en el tiempo de las Sentencias C-464 y C-484 de 2020
(que declararon inconstitucional la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019), concluyó que la Corte Constitucional salvaguardó las situaciones jurídicas
consolidadas en el curso del año 202011.

De otro lado, indicó que el Consejo de Estado12 señaló que, en relación con los
tributos que siguen el modelo coercitivo (como por ejemplo la contribución especial
sobre contrato de obra pública, la contribución especial para el turismo y el impuesto
de alumbrado público), es exigible que la administración emita un acto previo por
medio del cual ponga en conocimiento del contribuyente los elementos a partir de
los cuales se liquida la respectiva obligación. Así, el contribuyente tiene la
oportunidad de controvertir el acto de determinación del tributo y ejercer su derecho
de defensa.

Destacó que, comoquiera que no existe regulación especial para la liquidación y
cobro de la contribución especial, es aplicable el artículo 42 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual la
decisión administrativa debe ser adoptada luego de que se diera la oportunidad al
interesado de expresar sus opiniones. De esta forma, según lo señaló el Consejo
de Estado13, la administración tiene la obligación de expedir un acto previo para
asegurar que el contribuyente pueda proponer sus argumentos y ejercer su defensa.

Revisado el expediente consta que la demandada expidió la Resolución Nro. UAE-
CRA 526 de 2020 sin que, de forma previa, hubiere emitido alguna actuación dirigida

10 Samai del Tribunal, índice 13.
11 Al respecto citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, Exp. 25441 CP, Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Hizo referencia a las sentencias del 25 de febrero de 2020, exp. 22473-IJ-SU, C.P. William Hernández
Gómez; del 18 de octubre de 2018 y del 6 de julio de 2023, exps. 22892 y 26860, C.P. Milton Chaves García;
del 12 de noviembre d e2015, exp. 20633, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 25 de octubre de
2017, exp. 20499, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13 Se refirió a la sentencia del 4 de mayo de 2015, exp. 20615, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

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Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.

a Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., con la que le permitiera discutir
aspectos propios de la liquidación de la contribución especial.

Con base en lo anterior, consideró que la demandada violó el derecho al debido
proceso de la actora porque no adelantó el procedimiento correspondiente con la
emisión de un acto previo.

Al no haberse causado no demostrado las cosas, no se condenará por ese
concepto.

Recurso de apelación

La CRA solicitó revocar la sentencia de primera instancia con base en los siguientes
argumentos:
Expuso los argumentos de la sentencia impugnada e indicó que no se requería la
expedición de un acto previo porque no existía duda razonable sobre la veracidad
de la información financiera suministrada a través del SUI y porque nada impide que
el interesado controvierta los elementos del tributo ejerciendo los recursos
procedentes contra el acto definitivo.
Afirmó que, en todo caso, la supuesta irregularidad encontrada probada por el
Tribunal no tiene la fuerza suficiente para declarar la nulidad total de los actos
acusados, pues no constituye un defecto trascendental ni que impida el
cumplimiento de la finalidad del acto14, ya que la demandante pudo ejercer su
derecho de defensa. Por lo anterior, indicó que la sentencia de primera instancia no
fue debidamente motivada.
Manifestó que la CRA no establece formatos de declaraciones ni adelanta trámites
de aforo, pues determina la contribución especial con fundamento en un
procedimiento reglado. De esta forma, consideró que, si expidiera un acto previo,
actuaría con extralimitación de sus funciones, pues el artículo 85 de la Ley 142 de
1994 únicamente prevé la posibilidad de expedir una resolución general que fija la
tarifa del tributo, la cual es publicada, y la liquidación del tributo, que se notifica a
los interesados, las cuales garantizan el debido proceso.
Sostuvo que expidió la Resolución Nro. 930 de 2020 con fundamento en el estudio
técnico realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera, con el que se
soportó el cálculo de la tarifa aplicable con la información del SUI.
Aseguró que esta resolución, y los actos acusados, constituyen un acto
administrativo complejo, por lo que no es exigible a la administración proferir un acto
previo, ya que no existe la obligación de hacerlo, sino que hay un procedimiento
especial para la determinación de la obligación.

Lo anterior se explica también por la naturaleza de la obligación, pues no se trata
de un tributo que deba declararse directamente por el contribuyente, caso en el cual
tendría razón la expedición de un requerimiento especial como acto previo de
fiscalización. Sino que se trata de una contribución que es liquidada directamente
por el sujeto activo. Y en todo caso el artículo 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tiene aplicación siempre que no
exista un procedimiento especializado.

14 Sobre este punto efectuó la siguiente cita: «JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA en su texto “ACTO
ADMINISTRATIVO – Procedimiento, eficacia y validez”(Cfr. Samai del Tribunal, índice 37, página 9»..
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Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.

Adujo que el Tribunal exigió la expedición de un acto previo por ser un tributo del
modelo coercitivo, pero estos son únicamente aquellos administrados por entidades
del orden territorial, de manera que las disposiciones y competencias varían en
relación con las aplicables a la CRA.

En línea con lo anterior, el proceso de liquidación de la contribución especial se
sujetó a lo regulado en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y por ello no le asiste
razón a la demandante, quien alega que se tuvieron que haber tomado como base
gravable los componentes señalados en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Invocó como antecedente la sentencia del 17 de marzo de 2022, exp. 24628, C.P.
Milton Chaves García, que en un caso similar consideró que no era exigible la
expedición de un acto previo.

De otro lado, realizó consideraciones generales sobre el principio de congruencia y
destacó que el problema jurídico determinado por el Tribunal no tiene relación con
el asunto bajo examen, pues se refirió a actos de naturaleza aduanera proferidos
por la DIAN.

Oposición a los recursos

Las partes no presentaron escritos.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia porque la omisión de un acto
previo al de liquidación de la contribución especial vulneró el derecho al debido
proceso, así como a los principios de legalidad, equidad y justicia tributaria.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. UAE-CRA
526 del 17 de septiembre, Nro. UAE-CRA 841 del 5 de noviembre y Nro. UAE-CRA
919 del 20 de noviembre de 2020, actos proferidos por la CRA para determinar la
contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Empresas Varias de Medellín
S.A. E.S.P. por el año gravable 2020.

1. Sobre la incongruencia de la sentencia y violación al debido proceso

La apelante indicó que el problema jurídico planteado en la sentencia de primera
instancia no guarda congruencia con el litigio planteado por las partes.

Al respecto, la Sala observa que el a quo planteó el problema jurídico que resolvería
en los siguientes términos15:
“Se discute en este proceso la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– profirió liquidación oficial por error
en la subpartida arancelaria en las declaraciones de importación e impuso una sanción al
importador y al intermediario aduanero, a saber:

15 Samai del Tribunal, índice 33, páginas 10 a 11.
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Resolución UAE-CRA No. 526 del 17 de septiembre de 2020, por medio de la cual se profiere
liquidación oficial de la contribución especial correspondiente al año 2020, a cargo de la
demandante.
• Resolución UAE-CRA No. 841 del 05 de noviembre de 2020, que decide el recurso de
reposición interpuesto contra el acto anterior.
• Resolución UAE-CRA No. 919 del 20 de noviembre de 2020, que resuelve el recurso de
apelación presentado contra la liquidación oficial.
De los argumentos expuestos en la demanda, la contestación a la misma y en los términos
del auto que fijó el litigio, se colige que en esta instancia la litis se centra en establecer:
• Si, la Administración vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la contribuyente
toda vez que no adelantó un procedimiento previo a la expedición de la liquidación acusada.
• Si por efecto de las sentencias de constitucionalidad C – 464 y 484 de 020, y C – 147 de 2021
proferidas por la Corte Constitucional, a la contribución le es aplicable la base de liquidación
establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, o la prevista en los artículos 18 y 314 de
la Ley 1955 de 2019.” (subraya la Sala).

Como se observa, es cierto que el a quo, inicialmente, planteó el problema jurídico
haciendo alusión actos de naturaleza aduanera proferidos por la DIAN. No
obstante, de forma inmediata, especifica cuales son los actos objeto de la
controversia (expedidos por la CRA).

Además, indicó que, para resolver las pretensiones de la demanda, analizaría i) si
la omisión en la expedición de un acto previo a la determinación del tributo viola el
derecho al debido proceso de la actora, y ii) si la inconstitucionalidad del artículo 18
de la Ley 1955 de 2019, que regulaba la contribución especial a favor de la CRA,
tiene incidencia en la legalidad de los actos de determinación del tributo por el 2020.

Lo anterior demuestra que la sentencia apelada es congruente, pues la simple
mención de unos actos de naturaleza aduanera proferidos por la DIAN,
corresponde a un error de transcripción, que no impidió estudiar y resolver las
pretensiones y los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

En otras palabras, el yerro del Tribunal no tiene la entidad suficiente para que se
generara incongruencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia, ni para
que se presentara una violación al debido proceso de las partes demandante y
demandada.

Por lo expuesto, este cargo de la apelación no prospera.

2. Sobre la obligación de expedir un acto previo a la liquidación de la
contribución especial

Según la apelante, no es procedente la expedición de un acto previo porque el
procedimiento especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, no lo requiere.

Para resolver, la Sala pone de presente que las sentencias del 17 de marzo de 2022,
exp. 24628, C.P. Milton Chaves García, y del 04 de julio de 2024, exp. 27908, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, analizaron si es necesario expedir un acto previo
a la determinación de la contribución especial a la que se refiere el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 para los años 2018 y 2019.

En esas ocasiones, la Sala explicó que la contribución especial referida era
determinada con base en la información financiera que suministra la empresa
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contribuyente al SUI, por lo que la norma aplicable es el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, la cual no prevé una discusión o un acto previo a la liquidación del tributo.

Teniendo en cuenta que el Tribunal consideró violado el artículo 42 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es útil poner de
presente que el artículo 4 ibidem establece que las actuaciones de la Administración
pueden iniciarse i) por quien ejerce el derecho de petición en interés general o
particular, ii) por quien actúa en cumplimiento de un deber legal o iii) de oficio. Esta
precisión es relevante porque el artículo 35 sólo exige informar el inicio de la
actuación al interesado para que ejerza su derecho de defensa en los eventos en
que el procedimiento inicia de oficio. Además, se destaca que, cualquiera que sea
el motivo del inicio de la actuación, el artículo 42 exige que, antes de adoptar la
decisión, la Administración debe dar la oportunidad a los interesados de expresar
sus opiniones.
Ahora, como se indicó en la sentencia del 04 de julio de 2024, exp. 27908, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, debido a que la liquidación y recaudo de la
contribución parte de la información presentada por los sujetos pasivos al SUI, la
actuación inicia con base en el cumplimiento del deber legal del contribuyente de
presentar información, lo cual no requiere del acto de comunicación del inicio del
trámite al que se refiere el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011.
Debe tenerse en cuenta que la garantía del debido proceso del artículo 29 de la
Constitución exige adelantar el trámite correspondiente “con observancia de las formas
propias de cada juicio”, que en este caso, se insiste, no exigen la expedición de un acto
previo de vinculación del sujeto pasivo.
En todo caso, la Sala destaca que los derechos de defensa y de contradicción de
los prestadores se garantizan a través de dos vías: en primera medida, el hecho de
que la contribución se liquide a partir de la información reportada por el propio
contribuyente y, en segunda medida, con la interposición de los recursos contra la
liquidación que profiere la entidad.
Finalmente, los antecedentes invocados por el a quo no son aplicables al caso
puntual, pues se refieren a situaciones de hecho y de derecho diferentes, pues se
refieren al impuesto de alumbrado público, a la contribución de contratos de obra
pública y a la contribución parafiscal para la promoción al turismo.
Con base en lo expuesto, prospera el recurso de apelación. Sin embargo, no es
suficiente para negar las pretensiones, pues para ello es necesario estudiar los
cargos de la demanda que no han sido objeto de estudio. De lo contrario, se
denegaría el derecho de acceso a la administración de justicia de la actora16.
3. Violación del principio de irretroactividad
La demandante sostuvo que los actos acusados son nulos porque liquidan el tributo
por la vigencia 2020 con base en la información financiera correspondiente al año
2019, lo que a su juicio desconoce el principio de irretroactividad de la ley tributaria.
Para resolver, la Sala reiterará lo expuesto en los fallos del 16 de marzo de 2023,
exp. 25531, C.P. Milton Chaves García; y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P.

16 Sobre la procedencia del estudio de los cargos de nulidad no resueltos en primera instancia, ver la sentencia
del 16 de mayo de 2024, exp. 27888, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Stella Jeannette Carvajal Basto, los cuales guardan similitud fáctica y jurídica con el
asunto bajo examen.

En la primera de dichas providencias, la Sala sostuvo que «La base gravable de la
contribución es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, que en este
caso es anual, y conforme al artículo 338 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, que entró a regir el 25 de mayo de 2019, debía aplicarse en el periodo fiscal siguiente (año
2020)» (negrilla del original).

En la segunda, la Sala concluyó que «la resolución acusada tomó como base, hechos
económicos ocurridos durante el periodo de entrada en vigor de la ley (2019), por lo cual, dicho acto
se anuló, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria».

Habiendo hecho las anteriores precisiones, la providencia del 2 de mayo de 2024,
exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, consideró lo siguiente:
«En el caso concreto, la SSPD liquidó la contribución especial a cargo de la demandante por
el año 2020, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con la
información del año gravable anterior (2019), y no con fundamento en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994, como correspondía. Así las cosas, siguiendo el precedente de la Sala en casos
análogos, en vista de que la SSPD liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en
información (hechos) del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019), se vulneró
el principio de irretroactividad tributaria.
Así pues, comoquiera que en el sub examine la actora reclama la vulneración al principio de
irretroactividad tributaria, que no existe cosa juzgada sobre este punto y que los actos
acusados se sustentaron en la referida resolución para liquidar la contribución, la Sala
inaplicará por inconstitucional el artículo 2. º de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20
de agosto de 2020, por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta,
este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias y, en consecuencia,
declarará la nulidad de los actos administrativos que liquidaron la contribución a la actora por
el año 2020. Al proceder el cargo de nulidad, la Sala se releva de estudiar los demás cargos
de apelación» (subraya la Sala).

Vale la pena aclarar que en los antecedentes traídos a colación la Sala se refirió a
la Resolución Nro. 241 de 2020 y a la Resolución Nro. 20201000033335 del mismo
año, actos proferidos por la CREG y la SSPD, respectivamente, para fijar la tarifa
de la contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia
2020.

Entonces, si bien en dichos antecedentes no se analizó directamente la contribución
especial que se debe pagar a la CRA, los mismos son aplicables al presente caso,
por tratarse de normas que reglamentan el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo expuesto, este cargo de la demanda prospera, motivo por el que se
confirmará la nulidad decretada en primera instancia, sin que sea necesario estudiar
los demás cargos propuestos por la actora.

4. Condena en costas

A la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 8) del Código General del
Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho)
en esta instancia, por no encontrarse probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00156-01 (28610)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 25 de
enero de 2024, pero por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva el voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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