Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05435-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de marzo de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: Vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia e incurre en defecto sustantivo, la providencia
judicial que declara la cosa juzgada en un proceso
cuando no existe identidad de partes, objeto y causa
petendi respecto de otro proceso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la señora María Odis Osorio
Giraldo, en contra del fallo de tutela proferido el 14 de noviembre de 2024
por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia de la parte accionante.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República promovió acción
de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2015 06096 00/02, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] 1. Que se amparen los Derechos Fundamentales al Debido
Proceso y de acceso a la administración de justicia del Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, vulnerado por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, al incurrir
en una Vía de Hecho por defecto sustantivo con la sentencia fechada
el 27 de junio de 2023 y notificada electrónicamente el 13 de agosto
de 2024, dentro del proceso 25000234200020150609600.
2. Que se deje sin efectos la sentencia fechada el 27 de junio de
2023 y notificada electrónicamente el 13 de agosto de 2024, dentro
del proceso 25000234200020150609600 proferida por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”
3. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B” que proceda a dictar nuevamente sentencia de
segunda instancia dentro del proceso 25000234200020150609600
resolviendo de fondo la controversia y absteniéndose de declarar
probadas de oficio las excepciones de cosa juzgada e ineptitud
sustantiva de la demanda […]”. (Mayúsculas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante informó que el señor Aurelio de Jesús Angarita
Cárdenas laboró para el Estado Colombiano desde el 5 de enero de 1944
hasta el 18 de julio de 1990 y que, de ese período, laboró para la Cámara
de Representantes desde el 20 de julio de 1978 hasta el 19 de julio de
1990.
Manifestó que el 26 de noviembre de 1997, el señor Angarita Cárdenas le
solicitó la pensión mensual vitalicia de jubilación la cual fue reconocida
mediante la Resolución nro. 0472 del 27 de abril de 1999, conforme lo
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993,
teniendo en cuenta que había acreditado 20 años, 6 meses y 11 días de
servicio.
Señaló que, través de la Resolución nro. 01119 del 10 de noviembre de
1999, suspendió el pago de la pensión reconocida en la precitada
resolución debido a que la entonces Caja Nacional de Previsión Social le
informó que los tiempos acreditados por el señor Angarita Cárdenas en el
Instituto Nacional General Santander fueron producto de una falsedad de
la certificación.
Refirió que, el 7 de mayo de 2001, el señor Aurelio de Jesús Angarita
Cárdenas solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión vitalicia de
jubilación anexando nuevas certificaciones de tiempo de servicio y
solicitando la convalidación de dos libros, para ser tenidos en cuenta como
textos de enseñanza de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de
1886.
Indicó que “(…) mediante auto del 4 de febrero de 2002 (…) esta Entidad
resuelve no acceder a la solicitud de reactivación del trámite presentada
por el asegurado (…)”2. Sin embargo, anotó que “(…) en fallo de tutela
del 22 de octubre de 2002 (…) el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá,
revocó el auto del 4 de febrero de 2002 y ordenó al Fondo la reanudación
del trámite pensional, fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior
de Bogotá en decisión del 29 de noviembre de 2002 (…)”3.
Explicó que, por medio de la Resolución nro. 0004 del 15 de enero de
2003, acató el fallo de tutela y ordenó reanudar el trámite pensional, y
que, posteriormente, a través de la Resolución nro. 1432 del 6 de
septiembre de 2004, se le reconoció al señor Angarita Cárdenas una
pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 16 de enero de 1996,
se ordenó descontar los valores pagados en virtud de la Resolución nro.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
3
Ibidem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
0472 del 27 de abril de 1999 y se revocó la Resolución nro. 01119 del 10
de noviembre de 1999.
Agregó que en la precitada Resolución nro. 1432 del 6 de septiembre de
2004, se tuvo en cuenta como tiempo de servicio un total de 16 años, 6
meses y 22 días.
Expuso que el señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas falleció el 6 de
junio de 2011, por lo que la señora María Odis Osorio Giraldo solicitó ante
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada
a través de la Resolución nro. 1443 del 23 de diciembre de 2011, y
confirmada mediante la Resolución nro. 0160 del 24 de febrero de 2012,
al considerar que no se encontraba acreditado el requisito de convivencia
con el causante por un período de 5 años anteriores al fallecimiento.
Aclaró que “(…) para el momento en el cual la Corte Constitucional ordenó
la revisión de las pensiones reconocidas a los excongresistas en la
sentencia C -258 de 2013, la pensión del causante ANGARITA CARDENAS
(q.e.p.d) no se encontraba incluida en la nómina de pensionados al haber
sido negada la sustitución pensional (…)”4.
Continuó relatando que la señora Osorio Giraldo presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos
administrativos contenidos en las precitadas Resoluciones nro. 1443 del
23 de diciembre de 2011 y nro. 0160 del 24 de febrero de 2012, la cual
correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y se le asignó el radicado nro. 25000 23
42 000 2013 00746 00.
Sostuvo que “(…) al interior de la actuación administrativa y
posteriormente en sede judicial NO se discutió la legalidad de la
Resolución No. 1432 del 6 de septiembre de 2004 mediante la cual el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reconoció pensión
4
Ibidem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
vitalicia de jubilación a favor del señor AURELIO DE JESUS ANGARITA
CARDENAS, la controversia versó exclusivamente sobre la condición de
compañera permanente y por ende beneficiaria de la sustitución pensional
alegada por la señora MARIA ODIS OSORIO GIRALDO (…)”5.
Adujo que la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en sentencia proferida el 22 de enero de 2015, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, le ordenó sustituir la pensión de jubilación
del causante a favor de la señora Osorio Giraldo, decisión que fue
confirmada por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia dictada el 6 de junio del 2019.
Advirtió que “(…) en la sentencia anteriormente referida quedó claro que
la controversia de dicho proceso judicial se refería exclusivamente a
establecer si la demandante OSORIO GIRALDO en su condición de
compañera permanente cumplía con los requisitos previstos en la ley 100
de 1993 para ser beneficiaria de la pensión de jubilación reconocida al
señor AURELIO ANGARITA CARDENAS (q.e.p.d) (…)”6.
Manifestó que “(…) al conocer la sentencia del 22 de enero de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual
se ordenó sustituir la pensión del causante AURELIO ANGARITA
CARDENAS (q.e.p.d) a favor de MARIA ODIS OSORIO GIRALDO, el Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República en cumplimiento a lo
ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013
procedió a efectuar la revisión de la legalidad de la Resolución No. 1432
del 6 de septiembre de 2004 mediante la cual se reconoció la pensión de
jubilación al mencionado causante, encontrando que: a) el señor
ANGARITA CARDENAS (q.e.p.d) no era beneficiario del régimen especial
de pensiones regido por la ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, b)
el causante acreditó 16 años 6 meses y 22 días de servicio y se
5
Ibidem.
6
Ibidem.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
convalidaron sin el cumplimiento de los requisitos legales dos (2) libros
como textos de enseñanza (…)”7.
Señaló que el 10 de diciembre de 2015, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) en contra de la Resolución nro.
1432 del 6 de septiembre de 2004, por medio de la cual se le había
reconocido pensión vitalicia de jubilación al causante Aurelio de Jesús
Angarita Cárdenas, la cual correspondió por reparto a la Subsección D,
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se le
asignó el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 06096 00.
Precisó que, “(…) para el momento de presentación del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,
no existía acto administrativo o sentencia judicial en firme que hubiera
reconocido a la señora MARIA ODIS OSORIO GIRALDO como beneficiaria
de la sustitución pensional, no obstante y dado que el acto administrativo
de reconocimiento pensional resultaba manifiestamente ilegal y ante la
contingencia de una condena, en cumplimiento de las ordenes impartidas
por la Corte Constitucional resultaba obligatorio impugnar su legalidad
(…)”8.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en sentencia del 24 de septiembre de 2020 declaró la
nulidad del acto administrativo demandado.
Inconforme con la anterior decisión, la señora María Odis Osorio Giraldo,
vinculada al proceso ordinario, interpuso recurso de apelación y la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
27 de junio de 2024 la revocó y, en su lugar, declaró probadas de oficio
las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada.
En el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA”, la entidad accionante aseveró que su solicitud de
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial.
Frente a la relevancia constitucional indicó que “(…) la acción de tutela
está relacionada con el cumplimiento del precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, y se alega la violación
de los derechos fundamentales al Debido Proceso y de acceso a la
administración de justicia (…)”9.
Sobre la subsidiariedad, inicialmente afirmó que “(…) en el presente caso
no existe un medio de defensa judicial ordinario ni extraordinario que sea
idóneo para evitar el perjuicio irremediable que implica continuar pagando
una prestación pensional manifiestamente ilegal (…)”10.
No obstante, agregó que “(…) en relación con el mecanismo extraordinario
debe señalarse que no se evidencian las causales del recurso
extraordinario de revisión y el contemplado en el artículo 20 de la ley 797
de 2003 no resulta procedente por cuanto la sentencia no decretó una
prestación periódica, negó la nulidad del acto que la reconoció. Aunado a
lo anterior y si en gracia de discusión se aceptase la procedencia de la
acción extraordinaria de revisión, la misma no sería eficaz para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable dado que a favor de la señora
MARIA ODIS OSORIO opera la presunción de buena fe, así las cosas los
dineros pagados con cargo a recursos de naturaleza pública se tornan
irrecuperables, así, teniendo en cuenta que la sentencia permite la
existencia de un acto administrativo manifiestamente ilegal, perpetúa un
derecho reconocido con violación de la ley y genera una millonaria
afectación del patrimonio público, contrariando así el artículo 48 de la
Constitución Política (…)”11.
Al efecto, subrayó que “(…) la pensión de jubilación reconocida de forma
ilegal al señor AURELIO ANGARITA para el año 2024 asciende a la suma
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
de $30.962.217, sin contar con el retroactivo pensional a reconocer a la
señora GIRALDO OSORIO que asciende a la suma de TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS $ 3.549.478. dineros que no podrán ser recuperados
afectando gravemente el patrimonio público y lo cual acredita la
existencia de un perjuicio irremediable (…)”12.
A su turno, en el acápite del escrito de tutela denominado, “REQUISITOS
ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES”, alegó que la providencia acusada es
incompatible con el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional en materia del ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad. Al respecto, citó
apartes de las sentencias C-1049 de 2004, T-120 de 2012 y C-258 de
2013.
Anotó que la autoridad judicial accionada consideró como derecho
adquirido la pensión del señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas,
sustituido a la señora María Odis Osorio Giraldo, desconociendo que se
trató de un trámite pensional en el que no se cumplió con el requisito de
tiempo de servicio y se aplicó un régimen pensional del cual no podía
beneficiarse el causante.
Posteriormente, argumentó que la sentencia cuestionada incurrió en vía
de hecho por defecto sustantivo, al haber realizado una interpretación
irrazonable de la norma que describe la figura de la cosa juzgada.
Sostuvo que, “(…) la sentencia impugnada se limitó a declarar la
existencia del fenómeno de la Cosa Juzgada, omitiendo por completo
verificar la presencia de los elementos que la configuran, por ende, la
autoridad judicial accionada aplicó un precepto manifiestamente
inaplicable al caso (…)”13.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Resaltó que “(…) basta una constatación sencilla de los elementos de la
Cosa Juzgada para demostrar que la providencia judicial impugnada
incurrió en vía de hecho al declarar su ocurrencia. Debe decirse que el
propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decretar la suspensión
provisional y al proferir sentencia de primera instancia estableció de forma
explícita que al interior del proceso 25000234200020130074600 no se
discutió la legalidad del derecho pensional reconocido al causante, con lo
cual salta a la vista que no se presenta identidad de objeto (…)”14.
Añadió que “(…) resulta por demás contradictorio que la providencia
constitutiva de vía de hecho declare la existencia de cosa juzgada pese a
aceptar que en el proceso 25000234200020130074600 no se discutió la
legalidad de la Resolución No. 1432 del 6 de septiembre de 2004, y, a
renglón seguido imponga una carga desproporcionada a la entidad de
haber alegado en el proceso que el causante no tenía derecho a la
pensión. Nótese que la autoridad judicial accionada emplea un argumento
absurdo, pues la única forma en que estaría demostrada la existencia de
la cosa juzgada sería precisamente que al interior del proceso
25000234200020130074600 se hubiera debatido sobre la legalidad del
reconocimiento pensional además de la calidad o no de beneficiaria
alegada por MARIA ODIS OSORIO y pese a encontrar que ello no ocurrió
de manera ilógica declaró la ocurrencia del fenómeno (…)”15.
Adicionalmente, la entidad accionante aseveró que “(…) la decisión de
declarar probada la ineptitud sustantiva de la demanda resulta
constitutiva de vía de hecho al incurrir en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente de la propia corporación además de
cercenar el derecho de acceso a la administración de justicia en tanto
resulta inhibitoria (…)”16.
Adujo que “(…) la ley 1437 de 2011 no definió los supuestos para la
configuración de este medio exceptivo, por tal razón ha de acudirse a lo
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
normado por el Código General del Proceso que la contempla en el
numeral 5º del artículo 300, el cual determina su ocurrencia por la falta
de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. En
este punto la autoridad judicial accionada desconoció su precedente
jurisprudencial claramente expuesto en la sentencia del 15 de enero de
2018 dictada dentro del trámite de tutela radicado 11001-03-15-000-
2017-03032-00 (…)”17.
Reiteró que, para el momento en el que la Corte Constitucional, a través
de la sentencia C-258 de 2013, ordenó la revisión de las prestaciones de
los excongresistas, la pensión del señor Angarita Cárdenas no se
encontraba en nómina en virtud de su fallecimiento y de la respuesta
negativa a la solicitud de sustitución pensional presentada por la señora
Osorio Giraldo.
En ese sentido, expuso que “(…) al conocer que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso 25000234200020130074600 definió
la controversia sobre la condición de beneficiaria de MARIA ODIS OSORIO
y ordenó sustituir la pensión del causante AURELIO ANGARITA CARDENAS
(q.e.p.d), la entidad en cumplimiento de su deber constitucional
reafirmado por la Corte Constitucional efectuó la revisión y acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la nulidad del
acto administrativo ante su manifiesta ilegalildad (sic) (…)”18.
Reprochó que “(…) la providencia judicial accionada, de manera contraria
a la constitución y la ley impone una carga imposible de cumplir a la
entidad que represento, pues de manera absurda afirma que en el proceso
en el cual se debatía la condición de beneficiaria de la sustitución
pensional, la entidad debió haber alegado que el causante no cumplía con
los requisitos, sin embargo, afirma que con la Resolución No. 1432 del 6
de septiembre de 2004 no se encontraba agotada la actuación
administrativa por cuanto el juez debía pronunciarse sobre los actos
17
Ibidem.
18
Ibidem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
administrativos que definieron la situación pensional de la señora MARIA
ODIS OSORIO (…)”19.
Finalmente, arguyó que “(…) durante la actuación administrativa
adelantada por MARIA ODIS OSORIO GIRALDO no se deprecó el
reconocimiento de una pensión de jubilación post mortem a favor del
causante, los actos administrativos no se pronunciaron sobre las
certificaciones de tiempo de servicio y los libros para ser homologados
como textos de enseñanza, la actuación no versó sobre la existencia del
derecho pensional a ser sustituido, por ello, los actos administrativos
impugnados no se refieren a esta materia ya que el derecho pensional
había sido reconocido de manera previa a través de la Resolución No.
1432 de 6 de septiembre de 2004 sobre la cual no se había ejercido
control jurisdiccional. Por lo dicho resulta irracional imponer la carga al
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de alegar dentro
del proceso 25000234200020130074600 que el causante no acreditaba
los requisitos legales pues dicho alegato hubiere resultado inane ya que
la demanda tramitada en dicho proceso no se encaminaba a obtener la
nulidad de la Resolución 1432 de 6 de septiembre de 2004 (…)”20.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 8 de octubre de 202421 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que por auto del 11
de octubre de 202422 la admitió y dispuso notificar23 a la Subsección B,
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
22
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
23
Esta orden se cumplió el 16 de octubre de 2024. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
05435 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte accionada, así como
vincular24 a la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y a la señora María Odis Osorio Giraldo, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió a la Subsección D, Sección Segunda del tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, que allegaran copia digital o el hipervínculo de
consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado nro. 25000 23 42 000 2015 06096 00/02.
3.2. La señora María Odis Osorio Giraldo, actuando por conducto de
apoderado, allegó escrito25 en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la entidad accionante.
Afirmó que, “(…) en las distintas sedes judiciales como Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Consejo de Estado Sección Segunda
Subsecciones A y B donde se ventilaron la mayoría de los hechos
relacionados en el contenido de la presente acción de tutela, los cuerpos
colegiados dictaron sentencia favorable a la[s] pretensiones de la señora
María ODIS Osorio Giraldo, por cuanto en su valoración fáctica y jurídica
encontraron los despachos judiciales todos los elementos probatorios que
dieron cuenta, primero, que el señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas
(q.e.p.d.) le asistía el derecho al reconocimiento y goce de la pensión de
vejez en los términos establecidos en la legislación vigente para el
momento de su causación, y segundo, que la señora María Odis Osorio
Giraldo tenía plenamente probado su calidad de beneficiaria de la
sustitución pensional, por ello, generar algún tipo de duda sobre estos
fallos y sobre su trámite, indica una acción temeraria, desconociendo la
rigurosidad procesal de la que goza los procesos contenciosos
administrativos contenidos en la Ley 1437 de 2011, es decir, en el trámite
de los procesos indicados FONPRECON gozó de todas las garantías
24
Ibidem.
25
Visto en los índices 13 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
procesales, toda vez que actúo en uno de los casos como demandante y
en el otro caso como entidad demandada, para lo cual, mediate (sic)
apoderado judicial otorgó plenas facultades a los profesionales del
derecho para actuar en todas las instancias procesales; por tanto, no es
de recibo hacer el mínimo señalamiento que se le vulneró el derecho al
acceso de la administración de justicia y al debido proceso (…)”.
Agregó que “(…) en lo que respecta a la cosa juzgada que advierte el
accionante debe verificar los presupuestos de la figura de esta, es
importante mencionar que este trámite es rogado y conforme a unos
requisitos procesales y no se dan dichos presupuestos en este caso, por
lo tanto, es inadmisible tal argumento por parte del accionante (…)”.
3.3. La Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
remitieron el expediente solicitado26, sin embargo, no se pronunciaron
sobre los hechos de la tutela.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
14 de noviembre de 202427, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados
por el accionante.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de junio de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-06096-00/02.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que dicte, dentro de los diez (10) días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente
providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva
26
Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
27
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
aquí expuesta […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
Para ello, inicialmente expuso que el caso objeto de estudio cumple con
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. Puntualmente, frente al requisito de relevancia
constitucional, adujo que “(…) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
y se identificaron los vicios o defectos en los que habría incurrido la
providencia acusada (…) (…)”; y sobre la subsidiariedad, indicó que “(…)
se encuentra cumplido (…) porque el accionante utilizó todos los
mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (…)”.
Con posterioridad, anotó que, aunque la entidad accionante alegó la
configuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial, estimó
que los argumentos planteados en la solicitud de amparo se dirigen a
cuestionar la declaratoria de la cosa juzgada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23
42 000 2015 06096 00/02, por lo que se limitó al estudio del defecto
sustantivo invocado.
En el acápite denominado “La autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo, pues aplicó indebidamente el artículo 303 del Código
General del Proceso”, citó el artículo 303 del Código General del proceso
y explicó que “(…) la Corte Constitucional ha establecido que para que se
configure la cosa juzgada se requiere identidad de objeto, es decir, que
la demanda verse sobre la misma pretensión inmaterial o material sobre
la cual se predica la cosa juzgada; identidad de causa petendi, esto es,
que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener
los mismos fundamentos o hechos como sustento, e identidad de partes
(…)”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
En ese sentido, advirtió que le asiste razón a la entidad accionante al
considerar que no se configuraron los elementos requeridos para declarar
la cosa juzgada en el precitado proceso ordinario, comoquiera que en
dicho proceso y en el identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000
2013 00746 00/01 se demandaron actos administrativos distintos.
Señaló que, por una parte, en el proceso 2013-00746-00/01 la señora
María Odis Osorio Giraldo pretendió que se declarara la nulidad de las
Resoluciones nro. 1443 del 23 de diciembre de 2011 y nro. 160 del 14 de
febrero de 2011, mediante las cuales se le negó la sustitución pensional,
en calidad de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento del señor
Angarita Cárdenas; y por otra, en el proceso 2015-06096-00/02 la
entidad accionante pretendió que se declarara la nulidad de la Resolución
nro. 1432 del 6 de septiembre de 2004 por la cual se le reconoció al
causante una pensión mensual vitalicia de jubilación, acto administrativo
que, afirmó, puede ser demandado en cualquier tiempo, pues mediante
este se reconoció una prestación periódica.
Manifestó que, “(…) por lo anterior, se evidencia que en el proceso
adelantado por la señora María Odis Osorio Giraldo no se debatió si el
señor Angarita Cárdenas tenía derecho al reconocimiento de la pensión
de conformidad con el régimen previsto en la Ley 4º de 1992 y en el
Decreto 1359 de 1993. Por el contrario, en este proceso únicamente se
debatió si la señora María Odis Osorio Giraldo tenía derecho a que se le
reconociera como compañera permanente del causante y, en
consecuencia, se le reconociera la titularidad del derecho a la sustitución
pensional de sobreviviente (…)”.
Resaltó que, “(…) para la sala es evidente que, contrario a lo indicado en
la providencia cuestionada, en el asunto no existía una providencia con
fuerza de cosa juzgada. En la sentencia del 6 de junio de 2019, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado limitó su
estudio a establecer si la señora María Odis Osorio Giraldo, en su condición
de compañera permanente, cumplió con los requisitos previstos en la Ley
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
100 de 1993 para ser beneficiaria, en calidad de sustituta, de la pensión
de jubilación que en vida percibía el señor Angaria Cárdenas y, como se
probó tal condición, anuló el acto demandando y ordenó el reconocimiento
de la pensión en sustitución. Así las cosas, teniendo en cuenta que en la
demanda presentada por el actor se enjuició el acto administrativo que
reconoció la pensión al señor Angarita Cárdenas, es decir, de quien causó
el derecho a la pensión, no le asiste razón a la autoridad judicial accionada
al declarar la cosa juzgada en el asunto, máxime cuando en el proceso
25000-23-42-000-2013-00746-00/01 no se discutió dicho
reconocimiento pensional (…)”.
Precisó que “(…) en el caso hipotético de que se anulara el acto de
reconocimiento, por sustracción de materia la beneficiaria dejaría de
devengar la pensión porque el origen de la misma estaría viciado, y ello
en nada incidiría en su condición de beneficiaria que fue lo que resolvió la
autoridad judicial en la sentencia del 6 de junio de 2019 (…)”.
Agregó que, en casos similares, en los que el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República ha demandado los actos administrativos en
los cuales conmutó la pensión de jubilación o reconoció la pensión de
vejez y, posteriormente, dicha pensión se sigue percibiendo por el
cónyuge sobreviviente, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
estudiado de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente arguyó que, “(…) es evidente que las pretensiones de la
demanda adelantada por el accionante se dirigían a que se declarara la
nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación a
favor del señor Angarita Cárdenas. De esta manera, teniendo en cuenta
que el acto administrativo mediante el cual el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República, en cumplimiento de una orden judicial,
reconoció la sustitución pensional de la señora María Odis Giraldo data del
17 de junio de 2020 y que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue presentada por el accionante en el 2015, mal podría
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
concluirse que el acto administrativo que debió demandar era el del
reconocimiento de la sustitución pensional (…)”.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la señora María Odis
Osorio Giraldo, actuando por conducto de apoderado, lo impugnó28.
Inicialmente manifestó que, en el escrito de tutela, la entidad accionante
citó el artículo 303 del Código General del Proceso que en su último inciso
señala que “la cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de
revisión”.
En igual sentido, indicó que uno de los cargos que la parte actora alegó
en contra de la sentencia cuestionada es la configuración del defecto
sustantivo, yerro que, según estima, de llegar a acreditarse dentro del
curso del proceso, implicaría la configuración de una nulidad del fallo;
razón por la cual, adujo que “(…) es justamente dicho escenario, el
contenido en el numeral 5 del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, (…)
una de las causales para acudir en sede del recurso extraordinario de
revisión (…)”.
Argumentó que “(…) a la vista del accionante se encontraba que, previo
a intentar el mecanismo de amparo constitucional, contaba con un
mecanismo jurídico anterior y preferente, como lo es el recurso
extraordinario de revisión, especialmente en razón de la pretensión
esgrimida dentro de la acción de tutela, tendiente a alegar una nulidad
del fallo proferido por la sala (…)”.
Expuso que “(…) al efectuar el análisis de procedencia de la acción de
tutela interpuesta por FONPRECON, era claro que no se encontraba
acreditado el requisito de subsidiariedad (…); de allí que, y con todo el
sentido, no puede usarse el valioso mecanismo de amparo para suplir la
28
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
inactividad o el desconocimiento del accionante para no seguir las formas
rituales de los procesos (…)”.
Advirtió que “(…) tampoco acredita el accionante una carga
argumentativa que permita al juez de tutela concluir que hace uso de la
acción para evitar un perjuicio irremediable, con lo cual, no solamente es
claro que, ante sí, el Fondo tenía a la vista la existencia de un recurso
extraordinario en sede contencioso administrativa como cuerda procesal
idónea para hacer valer su pretensión, (con lo cual de tajo se evidencia
incumplido el requisito), sino que además tampoco es posible acreditar
que no existe un medio de defensa que no haya sido eficaz para los
intereses del accionante, hasta que no se tengan resueltas de un eventual
proceso contencioso administrativo por la mencionada vía (…)”.
Posteriormente, en el acápite denominado “respecto de la presencia de la
figura de la cosa juzgada”, aseveró que, contrario a lo planteado por el a
quo, en el caso sub examine sí concurren todos los elementos requeridos
para evidenciar la cosa juzgada.
Al respecto, explicó que “(…) el juez de tutela se limita a concluir que
dentro de los procesos en cuestión se demandaron actos administrativos
distintos, lo cual, per se, no trae consigo que no exista una identidad de
objeto material en la pretensión de las acciones jurídicas adelantadas; o
lo que es lo mismo, tanto el fallador como la entidad reconocen que en el
sub judice confluyen las mismas partes procesales (…), versan sobre el
mismo objeto, es decir, el reconocimiento de la prestación periódica de
pensión de vejez, pues es del caso recordar que, el derecho deprecado
por la señora MARIA ODIS OSORIO GIRALDO, no es más que el obtenido
legalmente por causa de muerte y por vía de subrogación de su
compañero permanente, con lo cual, contrario al razonamiento del juez y
de la entidad, no se está discutiendo en los procesos adelantados la
legalidad de la pensión de jubilación otorgada por FONPRECON al
causante, la cual se surtió en debida forma y fue obtenida incluso con la
protección de los estrados, sino la habilitación legal que en condición de
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
causahabiente tiene la demandante respecto de su deudo, aspecto que
desconoce con flagrancia el juez de reparto (…)”.
Agregó que, “(…) en lo que tiene que ver con la causa, es palmario que
los procesos de marras, aunque independientes, se originan en un mismo
acto hito y fundante que, dicho sea de paso, ha sido objeto de análisis
por parte de los despachos judiciales, especialmente en lo que tiene que
ver con su legalidad y vigencia (…)”.
Sostuvo que, tanto la entidad accionante como el a quo, yerran en la
identificación de los elementos de la cosa juzgada. Al efecto, precisó que
no siempre se presentará el escenario ideal en el que se ventile un
conflicto idéntico ante dos autoridades judiciales, sino que puede tratarse
de situaciones análogas, como es el caso objeto de debate, el que, según
considera, podría catalogarse como una cosa juzgada aparente, pese a lo
cual, los efectos serían los mismos para las partes.
Adicionalmente, anotó que “(…) si bien a la entidad le asiste la
prerrogativa de acudir en la llamada acción de lesividad, como vertiente
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier
tiempo, no es menos cierto que dicha posibilidad no deba ejercerse de
manera responsable y acorde con la realidad del caso. Es decir, si la
entidad, como tantas veces ha allegado, advirtió que hubo una
irregularidad en el proceso de expedición del acto administrativo que
concedió la pensión del causante, debió adelantar tempranamente las
acciones pertinentes para lograr que dicho acto (que se itera, goza de
buena fe y presunción de legalidad), saliera de la vida jurídica y no
sorprender a la beneficiaria de la pensión de sustitución con una eventual
demanda de su propio acto, veinte años después de otorgada la
prestación y como medida desesperada para evitar el pago de la mesada
(…)”.
Alegó que, en todo caso, una eventual prosperidad de la acción de
lesividad no releva a la entidad accionante al pago de las sumas que de
buena fe debió realizar durante el tiempo en el que estuvo vigente el acto
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
administrativo que pretende anular y que, para el caso en cuestión, según
afirmó, aún se le adeudan.
Finalmente solicitó, de manera principal, que “(…) el honorable Consejo
de Estado revise la decisión emitida en sede de tutela, la revoque y en su
lugar mantenga incólume la sentencia proferida (…) el veintisiete (27) de
junio de dos mil veinticuatro (2024) dentro del radicado 25000-23-42-
000-2015-06069-02 (…)”; y como petición subsidiaria, “(…) ordenar con
efectos inmediatos al Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República – FONPRECON el pago de las mesadas pensionales adeudadas
a la señora MARÍA ODIS OSORIO GIRALDO y generadas en virtud de las
instancias judiciales debidamente agotadas y en el reconocimiento
administrativo de la prestación (…)”.
5.2. Por auto del 10 de diciembre de 202429 se concedió la impugnación
y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 13 de
enero de 202530.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199131, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201532, modificado por
29
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
30
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 01.
31
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
32
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202133, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201934, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente35:
6.2.1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) en contra
del acto administrativo contenido en la Resolución nro. 1432 del 6 de
septiembre de 2004, pretendiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERA.- Que se declare que al señor AURELIO DE JESUS
ANGARITA CARDENAS q.e.p.d (…) no le era aplicable el régimen
especial de pensiones establecido en el artículo 17 de la Ley 4 de
1992.
SEGUNDA.- Que se declare que los libros “BOSQUEJO DE LA
HISTORIA DEL ARTE” Y APUNTES DE CULTURA Y HUMANISMO de
autoría del señor AURELIO DE JESUS ANGARITA CARDENAS
q.e.p.d. (…) no cumplen con los requisitos previstos en la Ley 50
de 1886 y del Decreto 753 de 1974 para ser homologados como
tiempos de servicios.
TERCERA.- Que se Declare la Nulidad de la Resolución nro. 1432
del 6 de septiembre de 2004 mediante la cual el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República reconoció pensión
vitalicia de jubilación a favor del señor AURELIO DE JESUS
ANGARITA CARDENAS q.e.p.d. (…).
CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores y a título de
restablecimiento del Derecho se ordene al Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República la extinción definitiva de la
pensión de jubilación reconocida al señor AURELIO DE JESUS
33
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
34
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
35
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad electoral identificado con
el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 06096 00/02. Visto en los índices 10 y 11 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2024 05435 00.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
ANGARITA CARDENAS q.e.p.d. y en consecuencia excluir de la
nómina de pensionados a cualquier beneficiario presente o futuro
de la prestación […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de la demanda).
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que por auto del 15 de
abril de 2016 la admitió y dispuso notificar a la señora María Odis Osorio
Giraldo.
6.2.3. En audiencia inicial realizada el 3 de marzo del 2020, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República solicitó la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución nro. 1432 del 6 de septiembre
de 2004.
6.2.4. Por auto del 19 de marzo de 2020, la Subsección D, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar solicitada por la
parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: SUSPENDER PROVISIONAL, los efectos de la
Resolución No. 1432 del 6 de septiembre de 2004, expedida por el
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA - FONPRECON, en cuanto reconoció y liquidó la
pensión con fundamento en el régimen especial de los Congresistas,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA - FONPRECON, SUSPENDER de forma inmediata, el
trámite y/o el pago de la mesada de Da (sic) sustitución
pensional que se reconoció a la beneficiaría MARÍA ODIS OSORIO
GIRALDO, (…), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 y 205
del C.P.A.C.A., por Secretaría, envíese correo electrónico, a los
apoderados de las partes, a la entidad demandada e infórmese de
la publicidad del estado en la página web. Así mismo, comuníquesele
al correo electrónico de la Agente del Ministerio Público Delegada
ante este Despacho […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
6.2.5. En sentencia del 24 de septiembre de 2020, la Subsección D,
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 1432
del 6 de septiembre de 2004 “Por medio de la cual se da
cumplimiento a la resolución No. 0539/2004, se modifica la
resolución No. 0472/99, se revoca la resolución No. 01119/99 y se
reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 4ª de 1992. Radicado No. 074/2001.”,
expedida por la Directora General del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, sin perjuicio de que la entidad verifique si
la demandada tiene derecho a una pensión con otro régimen.
SEGUNDO: Sin condena en costas ni agencias en derecho, de
conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva de esta
sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previa devolución de los valores consignados para gastos del
proceso al apoderado de FONPRECON, excepto los ya causados […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.2.6. Inconforme con la decisión anterior, la señora Osorio Giraldo
interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 27 de junio de 2024 resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO.- LEVANTAR la medida cautelar decretada
mediante auto del 19 de marzo de 2020.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida
el 24 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar se
dispone: DECLARAR probadas las excepciones de inepta demanda
y cosa juzgada, conforme lo expuesto en la parte motiva […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
“[…] en el presente proceso, el acto acusado es la Resolución núm.
1432 del 6 de septiembre de 2001, por la cual el Fondo de Previsión
del Congreso de la República, reconoció a favor del señor Aurelio de
Jesús Angarita Cárdenas una pensión mensual de jubilación en
cuantía de $4.399.184,46, efectiva a partir del 16 de enero de 1996
(…).
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
En cuanto a la sustitución pensional se destaca que mediante las
Resoluciones núms. 1443 de 23 de diciembre de 2011 y 160 del 14
de febrero de 2011, FONPRECON le negó a la señora María Odis
Osorio Giraldo la sustitución pensional de la prestación reconocida al
señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas en calidad de compañera
permanente, porque no existía certeza sobre la convivencia.
Posteriormente, en sentencia del 6 de junio de 2019, el Consejo de
Estado, subsección A, confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 22 de enero de 2015, que
ordenó a Fonprecon la sustitución de la pensión del señor Aurelio de
Jesús Angarita Cárdenas, en un 100%, desde el 6 de junio de 2011,
a favor de la señora María Odis Osorio Giraldo. Como fundamento
de la decisión se expuso que la pareja convivió bajo el mismo techo
en forma permanente hasta la fecha de fallecimiento del causante,
cumpliéndose entonces con lo exigido por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993.
Prima facie debe advertirse que Fonprecon en este proceso
solamente demanda el acto de reconocimiento pensional del señor
Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas, fallecido el 6 de junio de 2011
y la demanda se presenta contra la señora María Odis Osorio Giraldo,
pese a que no se le había reconocido la sustitución pensional. Es
relevante hacer esta precisión porque tal como la recurrente lo
manifestó el Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de junio
de 2019, ordenó a Fonprecon la sustitución de la pensión del señor
Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas a su favor, en un 100%, desde
el 6 de junio de 2011, circunstancia que no se puede desconocer en
el presente proceso.
En efecto, la Sala precisa que sería del caso pronunciarse sobre el
fondo del asunto, pero se advierte que la Resolución núm. 1432 del
6 de septiembre de 2004 no fue la que culminó la actuación
administrativa, en tanto, en este caso, se está frente a la
particularidad de que la sustitución pensional ya fue reconocida por
Fonprecon a la señora María Odis Osorio Giraldo, mediante la
Resolución 0258 del 17 de junio de 2020, en cumplimiento de una
orden judicial, acto respecto del cual es improcedente pronunciarse.
Al respecto se destaca que la actuación administrativa surtida frente
al derecho pensional del señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas,
que ya fue sustituido a la señora María Odis Osorio Giraldo es
integral, de modo que en el proceso de lesividad el juez de lo
contencioso administrativo para emitir un pronunciamiento de
fondo, en este caso particular, debería poder pronunciarse no solo
sobre el derecho pensional que cubrió la contingencia de la vejez del
señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas (Resolución núm. 1432 del
6 de septiembre de 2004), sino también sobre los actos
administrativos que definieron la sustitución pensional en beneficio
de la señora María Odis Osorio Giraldo y que cubren la contingencia
de la muerte, frente a los cuales, se insiste, es improcedente
pronunciarse, toda vez que ya existe una providencia con fuerza de
cosa juzgada, contenida en la sentencia del 6 de junio de 2019,
emitida por la Subsección A de esta Corporación.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
En efecto, se destaca que Fonprecon en el proceso con radicado
25000 23 42 000 2013 00746 00 que definió el derecho a la
sustitución pensional, contestó la demanda sosteniendo que no se
había acreditado la convivencia de 5 años con el causante, sin que
se observe que haya censurado que el causante no tuviera derecho
al reconocimiento pensional en los términos de la Resolución núm.
1432 del 6 de septiembre de 2004, ni presentó demanda de
reconvención.
Así pues, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictó
sentencia el 22 de enero de 2015 y ordenó el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor de la señora María Odis Osorio Giraldo
y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la entidad
demandada que le sustituyera la pensión de jubilación del fallecido
en forma vitalicia, desde el 6 de junio de 2011. Fonprecon apeló la
sentencia del Tribunal, pero de manera concomitante instauró
demanda de lesividad el 10 de diciembre de 2015, proceso que
ahora concierne la Subsección, en el que solo demanda la nulidad
de la Resolución núm. 1432 del 6 de septiembre de 2004, ello pese
a tener conocimiento de que ya cursaba otro proceso donde se había
sustituido el derecho pensional del señor Aurelio de Jesús Angarita
Cárdenas a María Odis Osorio Giraldo.
Si bien, la sustitución pensional no es accesoria, lo cierto es que en
las condiciones particulares de este caso, no se puede perder de
vista que es improcedente estudiar de forma aislada el
reconocimiento de la pensión de vejez del señor Aurelio de Jesús
Angarita Cárdenas, pues ello afectaría necesariamente la decisión
judicial que ya reconoció la sustitución pensional, proceso en el cual
era una carga de Fonprecon alegar que presuntamente el fallecido
no tenía derecho al reconocimiento pensional, cuya sustitución se
estaba debatiendo.
En este orden de ideas, nótese que lo definido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en el
proceso que ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor de la actora, es un debate que se resolvió en sentencia
ejecutoriada del 6 de junio de 2019, dictada en el proceso con
radicado 25000234200020130074601 (4916-2015).
Sobre el particular debe decirse que si bien en dicha sentencia se
analizó el derecho de la señora María Odis Osorio Giraldo de ser
beneficiaria, como compañera permanente del derecho pensional del
causante, y en este proceso lo estudiado es la legalidad del acto que
reconoció la pensión de jubilación, lo cierto es que en este caso
especial al encontrarse sustituida la pensión, el juez del control de
legalidad no puede emitir un pronunciamiento aislado solo respecto
del derecho pensional del jubilado fallecido, dado que la contingencia
del riesgo de vejez, ya carece de objeto, y la contingencia actual que
está cubierta es la muerte, cuya titular es la señora María Odis
Osorio Giraldo, quien se beneficia de la fuerza de cosa juzgada de la
sentencia del 6 de junio de 2019 […]”.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida
el 27 de junio de 2024 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, que revocó la dictada el 24 de septiembre de 2020 por la
Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 06096 00/02, y,
en su lugar, declaró probadas de oficio las excepciones de inepta demanda
y cosa juzgada. Lo anterior, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia, con ocasión del defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente que, según estima, incurrió la providencia acusada.
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de tutela
proferido el 14 de noviembre de 2024 (i) amparó los derechos
fundamentales invocados por la entidad accionante, (ii) dejó sin efectos
la providencia acusada, y (iii) ordenó a la autoridad judicial accionada que
dictara un nuevo fallo. Ello, al considerar que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del
artículo 303 del Código General del Proceso.
A su turno, la señora María Odis Osorio Giraldo, en su escrito de
impugnación, alegó, entre otras cosas, que el requisito general de
subsidiariedad no se encontraba acreditado, comoquiera que “(…) previo
a intentar el mecanismo de amparo constitucional, [la parte actora]
contaba con un mecanismo jurídico anterior y preferente, como lo es el
recurso extraordinario de revisión (…)”36.
En igual sentido, argumentó que “(…) tampoco acredita el accionante una
carga argumentativa que permita al juez de tutela concluir que hace uso
de la acción para evitar un perjuicio irremediable, con lo cual, no
36
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
solamente es claro que, ante sí, el Fondo tenía a la vista la existencia de
un recurso extraordinario en sede contencioso administrativa como
cuerda procesal idónea para hacer valer su pretensión, (con lo cual de
tajo se evidencia incumplido el requisito), sino que además tampoco es
posible acreditar que no existe un medio de defensa que no haya sido
eficaz para los intereses del accionante, hasta que no se tengan resueltas
de un eventual proceso contencioso administrativo por la mencionada vía
(…)”37.
Bajo dicho contexto, la Sala considera pertinente analizar (i) los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
y, de evidenciarse que estos se encuentran superados, descenderá a (ii)
los requisitos o causales especiales de procedibilidad invocados en el caso
concreto.
6.3.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la
relevancia constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional38 para que esté cumplido es necesario que se reúnan los
siguientes tres criterios: (i) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
37
Ibidem.
38
Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia
SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela
será improcedente por no superar la relevancia constitucional39.
(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 40 e
igualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 indicó
que este elemento “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio fue
reiterado en las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022.
En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, con fundamento en que la providencia
acusada, que revocó la de primera instancia, declaró probada de oficio la
cosa juzgada sin que existiera identidad de partes, objeto y causa petendi
entre los procesos identificados con los radicados nro. 25000 23 42 000
2015 06096 00/02 y nro. 25000 23 42 000 2013 00746 00/01.
Para resolver, se recuerda que frente al derecho al debido proceso, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que su núcleo
esencial está integrado por las siguientes garantías mínimas 41: i) el
principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la
observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de
favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a
la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la
no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el
principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos
39
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
40
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
41
Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2018.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de
acceso a la administración de justicia.
A su turno, el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración
de justicia está previsto por el artículo 229 de la Constitución Política y la
Corte Constitucional ha señalado que el alcance de esta garantía implica
“la capacidad y oportunidad para pedir a los órganos jurisdiccionales la
aplicación de normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito
de obtener a favor una sentencia declarativa, o también, con el fin de
alcanzar una decisión que contribuya inmediatamente a la materialización
de un derecho o interés legítimo ya reconocidos judicial o
administrativamente. Por ello mismo, siendo este derecho autónomo y
predicable de todos los habitantes del país, su configuración práctica
ocurre al tenor del derecho material pretendido, en el entendido de que
la apertura a la administración de justicia entraña siempre la oportunidad
de ventilar en estrados judiciales la contienda que le interesa resolver a
las partes”42.
Así las cosas, la Sala considera que, como el reproche de la entidad
accionante tiene que ver con que no había lugar a declarar la cosa
juzgada, podría resultar involucrado el derecho fundamental de acceso
efectivo a la administración de justicia en la medida que la controversia
planteada en el proceso ordinario no fue resuelta o decidida de fondo en
la sentencia de segunda instancia, y teniendo en cuenta que, dentro de
las garantías del derecho al debido proceso está el acceso efectivo a la
administración de justicia, se tiene que el requisito de relevancia
constitucional también está acreditado en relación con el debido proceso.
Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda
vez que el debate propuesto por la parte actora gira en torno al contenido
del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia.
42
Corte Constitucional. Sentencia T - 240 del 5 de abril de 2012. M.P. Jaime Araujo
Rentería.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, implica que
la discusión planteada no se limite a la determinación de aspectos legales
o de evidente naturaleza o contenido económico43.
En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez
que la discusión planteada por la parte actora no gira en torno a un
aspecto netamente legal o económico, sino que, como quedó visto, el
debate compromete el contenido y alcance de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.
(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces44.
En este caso, el tercer elemento también se supera, debido a que la
entidad accionante no está utilizando la acción de tutela como una
instancia adicional para reabrir el debate y continuar cuestionando lo
resuelto por el juez natural de la causa, comoquiera que en el proceso
ordinario no tuvo la oportunidad de controvertir la decisión de declaratoria
de cosa juzgada y de inepta demanda, ya que en el curso del proceso
dichas excepciones no fueron propuestas por la parte demandada, la
sentencia de primera instancia accedió a sus pretensiones y declaró la
nulidad del acto administrativo demandado, y fue el juez de segunda
instancia, al estudiar el recurso de apelación de la parte demandada,
quien hizo dicha declaratoria (cosa juzgada e inepta demanda) de manera
oficiosa. Luego, la decisión que se ataca por vía de tutela es un aspecto
que no fue discutido en el transcurso del proceso ordinario y, en ese
escenario, es sorpresiva para las partes interesadas pues no se trataba
del objeto de apelación.
43
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
44
Ibidem.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está
superado por cuanto están cumplidos los tres elementos que la
componen.
Ahora bien, frente al requisito general de subsidiariedad, se recuerda
que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de este
mecanismo, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial,
sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo
transitorio para remediar un perjuicio irremediable.
En ese escenario, la Corte Constitucional ha señalado que “en aquellos
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta corporación
ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la
ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como
mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa
judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio”45.
En este caso, la Sala advierte que, tal como lo alegó la señora María Odis
Osorio Giraldo en su escrito de impugnación, la entidad accionante podía
promover el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que la acción
de tutela la dirige en contra de una sentencia que no tiene apelación e
invoca la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso efectivo a la administración de justicia, por lo que era procedente
el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal de
45
Corte Constitucional. Sentencia T – 160 del 16 de mayo de 2023.
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
nulidad originada en la sentencia, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional46.
Sin embargo, para este caso en particular, la Sala advierte que el medio
de defensa judicial no resulta ser idóneo para la garantía de los derechos
fundamentales invocados y particularmente para la protección del erario.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la “idoneidad y
efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por
sentadas, ni ser descartadas de manera general, sin consideración a las
circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento del juez. En
otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos son
siempre idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones, sin
que se tengan en cuenta las circunstancias del caso concreto”47.
46
La Corte Constitucional, en la sentencia SU - 263 del 7 de mayo de 2015, indicó que
“la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso
administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es
susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión
(…)”. Dicha regla fue reiterada en la sentencia SU - 026 del 5 de febrero de 2021, donde
la Corte determinó la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito
general de subsidiariedad, indicando que “(…) para la Sala Plena “la acción de tutela se
torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega
la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser
protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión” (…)”.
Por su parte, la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en
sentencia del 8 de mayo de 2018, proferido en el proceso identificado con el radicado
nro. 11001 03 15 000 1998 00153 01 (REV), señaló que “(…) el recurso de revisión (…)
y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado
a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido
proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó
para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
(…)”.
Adicionalmente, la Sección Quinta de esta Corporación, en fallo del 16 de enero de 2017,
dictado dentro del proceso radicado nro. 11001-03-28-000-2016-00070-00, en cuyo
contenido también se aludió a la postura de la Sala Especial de Revisión nro. 26, donde
se decidió el recurso extraordinario de revisión radicado con el número 11001-03-15-
000-2011-01639-00, manifestó que “(…) pueden existir otros motivos no contemplados
en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración
del artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al debido proceso constitucional
en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al
juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento (…)”.
47
Corte Constitucional. Sentencia T-160 del 16 de mayo de 2023.
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Las particularidades del caso que precisamente entiende la Sala hacen
que el recurso extraordinario de revisión no sea idóneo y eficaz en esta
oportunidad, se circunscriben a que la decisión atacada por vía de tutela
declaró la cosa juzgada, lo que conduce a que la controversia planteada
en el proceso ordinario no haya sido resuelta, la cual, conforme a las
pretensiones de la demanda, estaba encaminada a determinar si al
causante le asistía o no el derecho para el reconocimiento de la
prestación. Luego, la decisión sobre la declaratoria de cosa juzgada que
aquí se ataca es lo que habilita a que la entidad accionante continue
actualmente con el pago de la prestación, pese a que en el proceso no se
decidió si el acto acusado era o no contrario al ordenamiento jurídico, a
lo que la accionante acota que no existía fundamento para declarar la
configuración de la cosa juzgada, de manera que, todo ese contexto es lo
que motivó a la actora a presentar esta acción constitucional.
Siendo así, la satisfacción de los derechos invocados y, particularmente,
la protección del erario, no tiene lugar exclusivamente resolviendo si
estaban reunidos los fundamentos de hecho y de derecho para declarar
la cosa juzgada, sino que sumado a ello, debe resolverse la controversia
planteada determinando si el acto administrativo está conforme al
ordenamiento jurídico y a partir de ahí la consecuencia de pagar o no la
prestación, aspecto este último que escapa de la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia por violación al debido proceso. En ese
escenario, es que para la Sala, en esta oportunidad, tal medio de defensa
judicial no es idóneo y eficaz, por lo que la tutela sería procedente de
manera definitiva.
Sin perjuicio de lo anotado, para la Sala cabe precisar que salta a la vista,
en este caso, la configuración de un perjuicio irremediable. En efecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que para
determinar la existencia de un perjuicio irremediable deben estar
cumplidas las siguientes características: “(i) el perjuicio debe ser
inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que
se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada;(iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración
sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna”48.
En el escrito de tutela, la parte actora alegó que “(…) si en gracia de
discusión se aceptase la procedencia de la acción extraordinaria de
revisión, la misma no sería eficaz para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable dado que a favor de la señora MARIA ODIS OSORIO
opera la presunción de buena fe, así las cosas los dineros pagados con
cargo a recursos de naturaleza pública se tornan irrecuperables, así,
teniendo en cuenta que la sentencia permite la existencia de un acto
administrativo manifiestamente ilegal, perpetúa un derecho reconocido
con violación de la ley y genera una millonaria afectación del patrimonio
público, contrariando así el artículo 48 de la Constitución Política (…)”49.
En igual sentido, argumentó que “(…) la pensión de jubilación reconocida
de forma ilegal al señor AURELIO ANGARITA para el año 2024 asciende a
la suma de $30.962.217, sin contar con el retroactivo pensional a
reconocer a la señora GIRALDO OSORIO que asciende a la suma de TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS $3.549.478. dineros que no podrán ser
recuperados afectando gravemente el patrimonio público y lo cual
acredita la existencia de un perjuicio irremediable (…)”50.
Bajo dicho contexto, la Sala estima que los elementos que configuran la
presencia de un perjuicio irremediable se encuentran acreditados, dado
que el daño es (i) inminente, comoquiera que la sentencia acusada al
declarar de oficio la excepción de cosa juzgada habilita el pago de la
mesada pensional sustituida, pago que se realiza de forma mensual y,
conforme lo indica la entidad accionante, para el 2024 dicha mesada
48
Corte Constitucional. Sentencia T 003 del 13 de enero de 2022.
49
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
50
Ibidem.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
asciende a más de 30 millones de pesos, a lo que se suma el dinero a
pagar por concepto de indexación, cabe destacar en este aspecto que la
sentencia cuestionada resolvió levantar la medida de suspensión de los
pagos correspondientes a la prestación; (ii) grave, porque los dineros con
que se hacen los pagos mensuales de la prestación están a cargo del
patrimonio público y se están haciendo, pese a que la controversia de si
al causante le asistía derecho a la pensión no fue resuelta de fondo y en
la que se alega precisamente que no se configuró la cosa juzgada; y (iii)
urgente, porque de no evitarse su consumación, tal como lo alega la
entidad accionante, no existiría forma de reparar el daño producido,
comoquiera que los dineros pagados a la señora Osorio Giraldo son
recibidos de buena fe, por lo que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata del erario.
Conforme con lo expuesto, el requisito de subsidiariedad está superado
en el entendido que si bien existe un medio defensa judicial, éste no sería
idóneo y eficaz para satisfacer a plenitud los derechos fundamentales aquí
invocados, por lo que la acción de tutela procederá de manera definitiva;
consideraciones a las que se agregó la evidente configuración de un
perjuicio irremediable para denotar la urgencia de adoptar una decisión
en el asunto planteado.
Por último, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, la Sala precisa lo siguiente:
(i) la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, comoquiera
que se presentó dentro de un término razonable51 habida cuenta que la
providencia cuestionada fue proferida el 27 de junio de 2024, notificada
el 13 de agosto de 2024, y la tutela fue radicada el 8 de octubre de 2024;
51
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(ii) la entidad accionante manifestó en qué irregularidades incurrió la
providencia cuestionada; (iii) no se trata de una providencia contentiva
de una sentencia de tutela y (iv) la situación que se afirma generó la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada.
En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala considera que por las razones aquí expuestas sí era
procedente descender al estudio de los defectos invocados por la entidad
accionante; sin embargo, en este punto es pertinente aclarar que aunque
en el escrito de tutela la parte actora alegó que la providencia atacada
incurrió en desconocimiento del precedente, el a quo en el fallo de tutela
de primera instancia solo analizó el defecto sustantivo al estimar que los
argumentos planteados en la solicitud de amparo se dirigían a cuestionar
la declaratoria de la cosa juzgada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 25000 23
42 000 2015 06096 00/02, por lo que la Sala se limitará al estudio de
dicho defecto.
6.3.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad
invocados en el caso concreto
En este caso, lo alegado por la entidad accionante es que la sentencia
acusada incurrió en defecto sustantivo. Esta causal alude al aspecto
normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal
de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en
consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para
interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia, esta no es absoluta, pues al ser
una atribución que emana de la función pública de administrar justicia
está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho52.
52
Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe
ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión
violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto
sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la
interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el
derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien
pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y
todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas
de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se
utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la
autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la
necesidad de establecer órganos de cierre.
Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia
constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de
presente la existencia de un defecto material en una providencia
judicial53. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos
eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un
conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se
ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación
de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:
• Defecto sustantivo respecto de la fuente:
Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que
indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es
inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está
derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto
cuando de forma manifiestamente arbitraria se aplica una norma legal
que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser
53
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual
se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.:
Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de
desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la
providencia.
• Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma
aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero
la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen
de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes […]”54, o cuando se fija el alcance de una
norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
6.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la entidad accionante controvierte la sentencia
proferida el 27 de junio de 2024 por la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, que revocó la dictada el 24 de septiembre de 2020
por la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 06096 00/02, y,
en su lugar, declaró probadas de oficio las excepciones de inepta demanda
y cosa juzgada frente al proceso identificado con el radicado nro. 25000
23 42 000 2013 00746 00/01. Como argumento principal, aduce que no
había lugar a declarar la cosa juzgada porque no existe identidad de
objeto y causa petendi entre los precitados procesos.
Para fundamentar lo anterior, indicó que “(…) la sentencia impugnada se
limitó a declarar la existencia del fenómeno de la Cosa Juzgada, omitiendo
por completo verificar la presencia de los elementos que la configuran,
54
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
38
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
por ende, la autoridad judicial accionada aplicó un precepto
manifiestamente inaplicable al caso (…)”55.
Al efecto, anotó que “(…) basta una constatación sencilla de los elementos
de la Cosa Juzgada para demostrar que la providencia judicial impugnada
incurrió en vía de hecho al declarar su ocurrencia. Debe decirse que el
propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decretar la suspensión
provisional y al proferir sentencia de primera instancia estableció de forma
explícita que al interior del proceso 25000234200020130074600 no se
discutió la legalidad del derecho pensional reconocido al causante, con lo
cual salta a la vista que no se presenta identidad de objeto (…)”56.
Finalmente añadió que “(…) resulta por demás contradictorio que la
providencia constitutiva de vía de hecho declare la existencia de cosa
juzgada pese a aceptar que en el proceso 25000234200020130074600
no se discutió la legalidad de la Resolución No. 1432 del 6 de septiembre
de 2004, y, a renglón seguido imponga una carga desproporcionada a la
entidad de haber alegado en el proceso que el causante no tenía derecho
a la pensión. Nótese que la autoridad judicial accionada emplea un
argumento absurdo, pues la única forma en que estaría demostrada la
existencia de la cosa juzgada sería precisamente que al interior del
proceso 25000234200020130074600 se hubiera debatido sobre la
legalidad del reconocimiento pensional además de la calidad o no de
beneficiaria alegada por MARIA ODIS OSORIO y pese a encontrar que ello
no ocurrió de manera ilógica declaró la ocurrencia del fenómeno (…)”57.
La Sala, para determinar si en la providencia acusada se incurrió en
defecto sustantivo al haber declarado oficiosamente la cosa juzgada,
estima pertinente analizar si, efectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento objeto de debate operó dicha figura.
55
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
39
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Al efecto, el artículo 303 del Código General del Proceso dispone lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión
[…]”.
En ese sentido, verificadas las pruebas que obran en el expediente58, se
pudo evidenciar que efectivamente la señora María Odis Osorio Giraldo
promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, identificado
con el radicado nro. 25000 23 42 000 2013 00746 00/01, y que, con
posterioridad, el precitado fondo, hoy accionante, presentó nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) en el que fue vinculada como
tercera interesada la señora Osorio Giraldo. Por lo tanto, es pertinente
establecer si entre dichos procesos existe identidad de partes, identidad
de objeto y causa petendi, y para ello se realiza el siguiente paralelo de
ambos procesos:
58
Aportadas por las partes. Visto en los índices 2, 10 y 11 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
40
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Nulidad y Nulidad y restablecimiento
restablecimiento del del derecho (lesividad)
derecho radicado nro. radicado nro. 2015 06096
2013 00746 00/01 00/02
Identificación Demandante: María Odis Demandante: Fondo de
de las partes Osorio Giraldo Previsión Social del Congreso
de la República - FONPRECON
Demandado: Fondo de
Previsión Social del Demandado: Fondo de
Congreso de la República - Previsión Social del Congreso
FONPRECON de la República - FONPRECON
Vinculada: María Odis Osorio
Giraldo
Identificación En este proceso, la parte “PRETENSIONES.
del objeto demandante solicitó la
nulidad de las Resoluciones PRIMERA.- Que se declare
que al señor AURELIO DE
nro. 1443 del 23 de
JESUS ANGARITA CARDENAS
diciembre de 2011, por q.e.p.d (…) no le era aplicable
medio del cual el régimen especial de
FONPRECON le negó la pensiones establecido en el
sustitución pensional en artículo 17 de la Ley 4 de
calidad de sobreviviente, 1992.
con ocasión del
SEGUNDA.- Que se declare
fallecimiento del señor
que los libros “BOSQUEJO DE
Aurelio de Jesús Angarita LA HISTORIA DEL ARTE” Y
Cárdenas; y nro. 160 del APUNTES DE CULTURA Y
14 de febrero de 2012, HUMANISMO de autoría del
que confirmó la anterior. señor AURELIO DE JESUS
ANGARITA CARDENAS q.e.p.d.
A título de (…) no cumplen con los
requisitos previstos en la Ley
restablecimiento del
50 de 1886 y del Decreto 753
derecho, solicitó que se le de 1974 para ser homologados
reconozca como como tiempos de servicios.
compañera permanente
del causante, porque TERCERA.- Que se Declare la
cumplió con los requisitos Nulidad de la Resolución nro.
1432 del 6 de septiembre de
dispuestos en la Ley 797
2004 mediante la cual el Fondo
de 2003 y el artículo 114 de Previsión Social del
de la Ley 1395 de 2010; y Congreso de la República
que se le reconozca la reconoció pensión vitalicia de
titularidad del derecho a la jubilación a favor del señor
sustitución pensional de AURELIO DE JESUS ANGARITA
sobreviviente y pago del CARDENAS q.e.p.d. (…).
mismo valor de la pensión
CUARTA.- Que como
de jubilación vitalicia,
consecuencia de las anteriores
41
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
junto con las mesadas y a título de restablecimiento
correspondientes a las del Derecho se ordene al Fondo
primas semestrales, que se de Previsión Social del
le paga al causante59. Congreso de la República la
extinción definitiva de la
pensión de jubilación
reconocida al señor AURELIO
DE JESUS ANGARITA
CARDENAS q.e.p.d. y en
consecuencia excluir de la
nómina de pensionados a
cualquier beneficiario presente
o futuro de la prestación […]”.
Identificación La demandante alegó que La entidad demandante adujo
de la causa era la única reclamante de que el señor Angarita Cárdenas
petendi la sustitución de la pensión no era beneficiario del régimen
especial creado por el Decreto
del causante, en condición
1359 de 1993, comoquiera que
de compañera su retiro definitivo del Senado
permanente, con quién de la República se dio el 19 de
convivió desde 1998 hasta julio de 1990, cuando la
el día de su fallecimiento, precitada norma no se
esto es, el 6 de junio de encontraba vigente.
2011.
Adicionalmente, sostuvo que
los textos aportados por el
causante para el
reconocimiento de la pensión
no cumplen con los requisitos
legales para completar el
tiempo de servicios.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que, tal como lo indicó
el a quo en la providencia impugnada, en los precitados procesos no hay
identidad de objeto y causa petendi, por lo que no se configuran todos los
elementos que componen la cosa juzgada.
Ello, comoquiera que en el proceso identificado con el radicado nro. 2013
00746 00/01, los actos administrativos demandados fueron las
Resoluciones nro. 1443 del 23 de diciembre de 2011 y nro. 160 del 14 de
febrero de 2012, por medio de las cuales FONPRECON le negó a la señora
59
Esta información reposa en los fallos proferidos en el proceso en cuestión, los cuales
fueron aportados por la entidad accionante. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05435 00.
42
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Osorio Giraldo la sustitución pensional en calidad de sobreviviente, por lo
que a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera
tal calidad y, en consecuencia, se ordenara el pago de la pensión que
recibía el causante; es decir, la discusión en dicho proceso giró en torno
a determinar si la señora Osorio Giraldo cumplía con los requisitos para
ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente. Mientras que en el proceso
identificado con el radicado nro. 2015 06096 00/02, FONPRECON
demandó su propio acto al considerar que el causante no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación al no cumplir con los requisitos
legales requeridos para ello, comoquiera que las normas que, en su
momento, se aplicaron para dicho reconocimiento no le eran aplicable.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada,
en la sentencia del 27 de junio de 2024, incurrió en defecto sustantivo;
lo anterior, porque resolvió declarar de oficio la excepción de cosa juzgada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro.
2015 06096 00/02 frente al proceso radicado nro. 2013 00746 00/01, sin
que hubiese la triple identidad requerida, conforme lo establecido en el
artículo 303 del Código General del Proceso.
En consecuencia, se confirmará el fallo proferido el 14 de noviembre de
2024 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
efectivo a la administración de justicia de la entidad accionante; dejó sin
efectos la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-
06096-00/02 y ordenó “a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que dicte, dentro de los diez (10) días siguientes
contados a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo
que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva”.
Valga anotar que, en cumplimiento de lo anterior, la Subsección B,
Sección Segunda de esta Corporación profirió sentencia de reemplazo el
43
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
pasado 16 de diciembre de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) radicado nro. 25000-23-42-000-
2015-06096-02, en la que resolvió lo siguiente: “[…] Primero: Inaplicar
por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]»,
prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.// Segundo: Confirmar
la sentencia de primera instancia proferida el 24 de septiembre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Fonprecon […]”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 14 de noviembre
de 2024 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, por
las razones señalas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
44
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05435 01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
45
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.