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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05435-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05435-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el accionante. SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 5 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 6 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2015, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-05435-00 Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República Se concede el amparo de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015- 06096-00/02. TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dicte, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05435-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05435-00
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05435-00
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reconocimiento de pensión / Cosa
juzgada / Defecto sustantivo / Desconocimiento del precedente / Se concede el amparo por
configurarse un defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la acción de tutela presentada por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el actor contra María Odis
Osorio Giraldo.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 8 de octubre de 2024, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República presentó, mediante su representante legal, una acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso. El accionante considera que esas garantías

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fundamentales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 27 de junio de 2024
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la
decisión del 24 de septiembre de 2020 proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2015-06096-00/02, adelantada por el actor contra María Odis
Osorio Giraldo y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de inepta demanda
y cosa juzgada.

2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

<< 1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, al incurrir en una vía
de hecho por defecto sustantivo contra la sentencia fechada el 27 de junio de 2024
y notificada electrónicamente el 13 de agosto de 2024, dentro del proceso
25000234200020150609600.

2. Que se deje sin efectos la sentencia fechada el 27 de junio de 2024 y notificada
electrónicamente el 13 de agosto de 2024, dentro del proceso
25000234200020150609600 proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

3. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, que proceda a dictar
nuevamente sentencia de segunda instancia dentro del proceso
25000234200020150609600 resolviendo de fondo la controversia y absteniéndose
de declarar probadas de oficio las excepciones de cosa juzgada e ineptitud
sustantiva de la demanda>>.

B. Hechos

3.- El señor Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas laboró como servidor público desde
el 31 de diciembre de 1944 hasta el 1º de diciembre de 1990. Particularmente,
laboró en la Cámara de Representantes, como representante suplente, desde el 29
de agosto de 1978 hasta el 19 de julio de 1990.

3.1.- Mediante Resolución 000472 del 27 de abril de 1999, el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República reconoció a favor del señor Angarita Cárdenas
una pensión mensual de jubilación, con fundamento en el Decreto 1359 de 1993 y
la Ley 4 de 1992, en una suma de $3.501.011,56 a partir del 26 de noviembre de
1994, pues acreditó 20 años, 6 meses y 11 días de servicio y cumplió 55 años de

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edad.
3.2.- A través de la Resolución 001119 del 10 de noviembre de 1999, el Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República suspendió los pagos originados
en la anterior resolución porque la Caja Nacional de Previsión Social informó que
los tiempos acreditados por el señor Angarita Cárdenas en el Instituto Nacional
General Santander fueron producto de una falsificación integral del documento.

3.3.- El 7 de mayo de 2001 el señor Angarita Cárdenas solicitó nuevamente el
reconocimiento de su pensión de jubilación. Para ello, anexó nuevas certificaciones
de tiempo de servicio y solicitó la convalidación de dos libros para ser tenidos en
cuenta como textos de enseñanza, de conformidad con lo establecido en la Ley 50
de 1886. Mediante Resolución 1544 del 10 de noviembre de 2003 se negó el
reconocimiento de la pensión, decisión contra la cual el señor Angarita Cárdenas
presentó recurso de reposición.

3.4.- En la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República resolvió reconocer y pagar al señor Angarita
Cárdenas una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 16 de enero de
1996; a su vez, ordenó descontar los valores pagados en virtud de la resolución del
27 de abril de 1999 y revocar la resolución del 10 de noviembre de 2003. En dicho
acto administrativo se tuvieron en cuenta 16 años, 6 meses y 22 días de servicios.

3.5.- El señor Angarita Cárdenas falleció el 6 de junio de 2011. Mediante
Resolución 1443 del 23 de diciembre de 2011 1, el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
solicitado por la señora María Odis Osorio Giraldo, por considerar que no se acreditó
la convivencia con el pensionado dentro de los cinco años anteriores al
fallecimiento.

3.6.- La señora María Odis Osorio Giraldo presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República para que se le reconociera como compañera permanente del señor
Angarita Cárdenas y, en consecuencia, se le otorgara el derecho a la sustitución
pensional de sobreviviente. Mediante sentencia del 22 de enero de 2015 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad de la Resolución 1443 del 23 de diciembre de 2011, mediante
la cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

1 Decisión que fue confirmada mediante Resolución 0160 del 24 de febrero de 2012.

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3.7.- El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República apeló la anterior
decisión. Mediante sentencia del 6 de junio de 2019 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, toda vez
que de las pruebas aportadas era posible evidenciar la existencia de la convivencia
bajo el mismo techo y lecho en forma constante y permanente entre la señora María
Odis Osorio Giraldo y el señor Angarita Cárdenas hasta la fecha de fallecimiento de
este, por lo que a la demandante le asistía el derecho a la sustitución de la pensión
en un 100%, en calidad de compañera permanente del causante.

3.8.- El 10 de diciembre de 2015 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004,
mediante la cual se reconoció al señor Angarita Cárdenas una pensión mensual
vitalicia de jubilación. Lo anterior, en tanto (i) el señor Angarita Cárdenas no era
beneficiario del régimen especial de congresistas, pues no ostentó la calidad de
parlamentario entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994 y (ii) la
convalidación de tiempos efectuada por la publicación de los libros no se ajustó a
las disposiciones contenidas en el Decreto 753 de 1974 y la Ley 50 de 1996.

3.9.- Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2020, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda. Señaló que el causante no ostentó la calidad de
congresista para el periodo comprendido entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de
abril de 1994, por lo que la aplicación realizada por el fondo al momento de
reconocerle la pensión no se ajustó a las orientaciones dadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.

3.10.- La anterior decisión fue apelada por la demandada2. Mediante sentencia del
27 de junio de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probadas las
excepciones de inepta demanda y cosa juzgada.

a.- Expuso que la resolución demandada no fue la que culminó la actuación

2 Afirmó que el derecho pensional del señor Angarita Cárdenas se regía por el Decreto 1359 de 1993. Además,

los libros presentados por este cumplían con los requisito s establecidos en la Ley 50 de 1886, el Decreto 753
de 1974 y los conceptos expedidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Igualmente,
expuso que en providencia del 6 de junio de 2019 fue fallado el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho donde se solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional como beneficiaria del señor Angarita
Cárdenas, por lo que el fallo de primera instancia reconocía tales decisiones.

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administrativa, pues la sustitución pensional fue reconocida por el fondo a la señora
María Odis Osorio Giraldo mediante la Resolución 0258 del 17 de junio de 2020,
en cumplimiento de una orden judicial.

b.- Señaló que la actuación administrativa surtida frente al derecho pensional del
señor Angarita Cárdenas es integral, por lo que en el proceso de lesividad no era
posible emitir un pronunciamiento de fondo, pues debía pronunciarse no solo sobre
el derecho pensional que cubrió la contingencia de la vejez del señor Angarita
Cárdenas, sino también sobre los actos administrativos que definieron la sustitución
pensional en beneficio de la señora María Odis Osorio Giraldo, frente a los cuales
existe una providencia con fuerza de cosa juzgada, contenida en la sentencia del 6
de junio de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

c.- Añadió que en dicho proceso, mediante el cual se definió el derecho a la
sustitución pensional, el fondo indicó que no se había acreditado la convivencia de
cinco años con el causante. No obstante, no censuró que el causante tuviera
derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Resolución 1432 del 6
de septiembre de 2004, ni presentó demanda de reconvención.

d.- Afirmó que el fondo apeló la sentencia mediante la cual se ordenó el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la señora María Odis Osorio
Giraldo, pero de manera concomitante presentó la demanda de lesividad, pese a
tener conocimiento de que cursaba otro proceso donde se había sustituido el
derecho pensional.

e.- Agregó que, pese a que en la sentencia del 6 de junio de 2019 se analizó el
derecho de la señora María Odis Osorio Giraldo de ser beneficiaria, como
compañera permanente del derecho pensional del causante y en este proceso lo
estudiado era la legalidad del acto que reconoció la pensión de jubilación, lo cierto
es que, al encontrarse sustituida la pensión, el juez no podía emitir un
pronunciamiento aislado solo respecto del derecho pensional del jubilado fallecido,
pues la contingencia del riesgo de vejez carece de objeto.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante señala que:

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4.1.- Se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues se
desconocieron las sentencias C-1049 de 2004 y T-120 de 2012 , que disponen que
la Administración puede demandar en cualquier tiempo los actos administrativos
mediante los cuales se reconocen prestaciones periódicas.

4.2.- En la sentencia SU-182 de 2019 se dispuso que solo son dignos de protección
los derechos que fueron adquiridos con justo título. La autoridad judicial accionada
consideró como derecho adquirido la pensión del señor Angarita Cárdenas,
sustituido a la señora María Odis Osorio Giraldo, desconociendo que se trató de un
trámite pensional que involucró el delito de falsedad y, luego de ser revocado, fue
nuevamente reconocido sin el cumplimiento del requisito de tiempo de servicios y
aplicando un régimen pensional del cual el causante no podía beneficiarse.

4.3.- Se incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que la autoridad judicial
accionada realizó una interpretación irrazonable de la norma que dispone la figura
de la cosa juzgada -artículo 303 del Código General del Proceso-. Afirma que se
omitió verificar la presencia de los elementos que la configuran.

4.4.- Resulta contradictorio que en la providencia cuestionada se declarara la
existencia de cosa juzgada, pese a que se aceptara que en el proceso
25000234200020130074600 no se discutió la legalidad de la resolución del 6 de
septiembre de 2004. Afirma que la única forma en que estaría demostrada la
existencia de la cosa juzgada sería si dentro de ambos procesos se hubiese
debatido la legalidad del reconocimiento pensional.

4.5.- La autoridad judicial accionada desconoció su propio precedente
jurisprudencial, expuesto en la sentencia del 15 de enero de 2018.

4.6.- Afirma que, de manera contraria a la constitución y la ley, la autoridad judicial
accionada le impone una carga imposible de cumplir, al indicar que la entidad debió
haber alegado que, en el proceso en el cual se debatía la condición de beneficiaria
de la sustitución pensional, el causante no cumplía con los requisitos.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- María Odis Osorio Giraldo (tercera con interés) solicitó que se negara el amparo.
Expuso que el trámite de los procesos gozó de todas las garantías procesales para
presentar sus argumentos de defensa.

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6.- La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada) y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(tercera con interés) allegaron el expediente del proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

7.- La sala concederá el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
actor, en tanto la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo
alegado.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

8.- Los requisitos generales se cumplen pues (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y se
identificaron los vicios o defectos en los que habría incurrido la providencia acusada
(defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial) (iii) se
encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el accionante utilizó todos
los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el 13 de agosto de 2024 y
la tutela se presentó el 8 de octubre de 2024, es decir, dentro del término de los seis
meses precisado tanto por esta Corporación3 como por la Corte Constitucional4; y
(v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

9.- Se precisa que, aunque el accionante alegó la configuración de un
desconocimiento del precedente jurisprudencial, lo cierto es que los argumentos se
dirigen a cuestionar la declaratoria de la cosa juzgada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por este, por lo que la sala se limitará al
estudio del defecto sustantivo alegado.

F. La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues
aplicó indebidamente el artículo 303 del Código General del Proceso

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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10.- El accionante alega que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en un defecto sustantivo al haber declarado probada la excepción
de cosa juzgada, pues aplicó indebidamente el artículo 303 del Código General del
Proceso. Igualmente, expuso que, en sentencia C-774 de 2001, la Corte
Constitucional dispuso los requisitos para que opere dicha figura.

10.1.- El artículo 303 del Código General del Proceso dispone:

<<ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión>> (negrilla fuera
de texto).

10.2.- A su vez, la Corte Constitucional ha establecido que para que se configure la
cosa juzgada se requiere identidad de objeto, es decir, que la demanda verse sobre
la misma pretensión inmaterial o material sobre la cual se predica la cosa juzgada;
identidad de causa petendi, esto es, que la demanda y la decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento, e
identidad de partes.

10.3.- La sala advierte que le asiste razón al accionante al indicar que no se
configuraron los elementos requeridos para declarar la cosa juzgada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, en tanto en los procesos con
radicado 25000-23-42-000-2013-00746-00/01 y 25000-23-42-000-2015-06096-
00/02 se demandaron actos administrativos distintos.

10.4.- Por una parte, en el proceso 25000-23-42-000-2013-00746-00/01 la señora
María Odis Osorio Giraldo pretendió que se declarara la nulidad de las Resoluciones
1443 del 23 de diciembre de 2011 y 160 del 14 de febrero de 2011, mediante las

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cuales se negó su sustitución pensional, en calidad de sobreviviente, con ocasión
del fallecimiento del señor Angarita Cárdenas.

10.5.- De otro lado, en el proceso 25000-23-42-000-2015-06096-00/02 el
accionante pretendió que se declarara la nulidad de la Resolución 1432 del 6 de
septiembre de 2004 mediante la cual se le reconoció al señor Angarita Cárdenas
una pensión mensual vitalicia de jubilación, acto administrativo que, de acuerdo con
lo establecido por la Corte Constitucional, puede ser demandado en cualquier
tiempo, pues mediante este se reconoció una prestación periódica.

10.6.- Por lo anterior, se evidencia que en el proceso adelantado por la señora María
Odis Osorio Giraldo no se debatió si el señor Angarita Cárdenas tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de conformidad con el régimen previsto en la Ley 4º
de 1992 y en el Decreto 1359 de 1993. Por el contrario, en este proceso únicamente
se debatió si la señora María Odis Osorio Giraldo tenía derecho a que se le
reconociera como compañera permanente del causante y, en consecuencia, se le
reconociera la titularidad del derecho a la sustitución pensional de sobreviviente.

10.7.- De conformidad con lo expuesto, para la sala es evidente que, contrario a lo
indicado en la providencia cuestionada, en el asunto no existía una providencia con
fuerza de cosa juzgada. En la sentencia del 6 de junio de 2019, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado limitó su estudio a establecer si la
señora María Odis Osorio Giraldo, en su condición de compañera permanente,
cumplió con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria, en
calidad de sustituta, de la pensión de jubilación que en vida percibía el señor Angaria
Cárdenas y, como se probó tal condición, anuló el acto demandando y ordenó el
reconocimiento de la pensión en sustitución.

10.8.- Así las cosas, teniendo en cuenta que en la demanda presentada por el actor
se enjuició el acto administrativo que reconoció la pensión al señor Angarita
Cárdenas, es decir, de quien causó el derecho a la pensión, no le asiste razón a la
autoridad judicial accionada al declarar la cosa juzgada en el asunto, máxime
cuando en el proceso 25000-23-42-000-2013-00746-00/01 no se discutió dicho
reconocimiento pensional.

10.9.- En esa medida, en el caso hipotético de que se anulara el acto de
reconocimiento, por sustracción de materia la beneficiaria dejaría de devengar la
pensión porque el origen de la misma estaría viciado, y ello en nada incidiría en su

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condición de beneficiaria que fue lo que resolvió la autoridad judicial en la sentencia
del 6 de junio de 2019.

10.10.- Cabe agregar que, en casos similares5, en los cuales el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República ha demandado los actos administrativos en los
cuales conmutó la pensión de jubilación o reconoció la pensión de vejez y,
posteriormente, dicha pensión se sigue percibiendo por el cónyuge sobreviviente, la
Sección Segunda del Consejo de Estado ha estudiado de fondo la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. De igual manera se ha realizado en los
casos en los cuales se realiza la reliquidación de la pensión después del
fallecimiento del beneficiario de la pensión6.

10.11.- Adicionalmente, es evidente que las pretensiones de la demanda
adelantada por el accionante se dirigían a que se declarara la nulidad del acto
administrativo que reconoció la pensión de jubilación a favor del señor Angarita
Cárdenas. De esta manera, teniendo en cuenta que el acto administrativo mediante
el cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en cumplimiento
de una orden judicial, reconoció la sustitución pensional de la señora María Odis
Giraldo data del 17 de junio de 2020 y que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho fue presentada por el accionante en el 2015, mal podría concluirse que
el acto administrativo que debió demandar era el del reconocimiento de la
sustitución pensional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia invocados por el accionante.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso

5 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 22 de agosto de 2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 6 de mayo de 2015, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Se concede el amparo

de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-
06096-00/02.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que dicte, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la
notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la
parte motiva aquí expuesta.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

QUINTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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