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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06096-02

Fecha
16 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06096-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 24 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Fonprecon. Tercero: No condenar en costas. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. 51 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-06096-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de diciembre de 2024

Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02 (1838-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, Fonprecon
Demandado: María Odis Osorio Giraldo

Tema: Régimen pensional especial de congresistas del Decreto 1359 de 1993.
Subtema 1: pensión reconocida sin el cumplimiento de los requisitos legales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en cumplimiento de
la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 14 de noviembre de 2024 por
la Sección Tercera, Subsección B, de esta corporación1, emite una nueva sentencia
de segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por María Odis
Osorio Giraldo, contra el fallo expedido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 24 de septiembre de 2024,
mediante el cual accedió a las pretensiones de Fonprecon.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Fonprecon reconoció pensión de jubilación a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas a
través de Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, a partir del 16 de enero de
1996, porque: (i) acreditó haber cotizado durante 16 años, 6 meses y 22 días, y (ii)
demostró haber publicado 2 libros, los cuales fueron homologados por 4 años de
servicios, para un total de 20 años, 6 meses y 22 días. No obstante, el fondo considera
que no era beneficiario del régimen especial de los congresistas del Decreto 1359 de
1993 debido a que su retiro del servicio fue el 19 de julio de 1990, cuando dicha norma
aún no se encontraba vigente, y además, porque no cumplió los requisitos señalados
en el Decreto 753 de 1974 y la Ley 50 de 1886 para la homologación de tiempos de
servicios por textos académicos.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1
En el expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-05435-00, promovido por Fonprecon contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, la cual dispuso: «PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el accionante. SEGUNDO: DÉJASE SIN
EFECTOS la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015- 06096-
00/02. TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dicte, dentro
de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste
a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta».
1

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

1. Fonprecon, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se indican.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de
2004, por medio de la cual le reconoció a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas una
pensión vitalicia de jubilación. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se
ordenara la extinción definitiva de la pensión y la exclusión de nómina de pensionados
de cualquier beneficiario.

2.1.2. Hechos

3. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas nació el 28 de marzo de 1919 y se retiró del
servicio el 19 de julio de 1990.

2) El 26 de noviembre de 1997 solicitó a Fonprecon el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, por 20 años y 11 días de servicios, la cual le fue reconocida
a través de la Resolución 472 del 27 de abril de 1999, en aplicación del régimen
previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, liquidada
con el 75% del promedio de lo devengado por un congresista para ese momento,
efectiva a partir del 26 de noviembre de 1994.

3) La Caja Nacional de Previsión Social, en adelante Cajanal, mediante oficio 3134
del 31 de mayo de 1999, informó a Fonprecon que la certificación del Instituto
Nacional General Santander de Honda, Tolima, aportada por el pensionado para
acreditar los servicios prestados desde el 29 de abril de 1944 hasta el 30 de enero
de 1948, estaba viciada de falsedad.

4) Fonprecon, por medio de Resolución 119 del 10 de noviembre de 1999, suspendió
el pago de las mesadas pensionales hasta que las autoridades competentes
definieran la autenticidad de los documentos aportados por el pensionado.

5) El 7 de mayo de 2001, Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas solicitó de nuevo, el
reconocimiento de la pensión de jubilación, para el efecto, pidió se le homologaran
2 libros como textos de enseñanza, en aplicación de la Ley 50 de 1886:

i) «Bosquejo de la historia del arte» publicado en 1996, sin acreditar que ejercía la
docencia de manera concurrente, registrado ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor el 24 de noviembre de 1998, posterior a su retiro definitivo del
servicio como congresista, y

ii) «Apuntes de cultura y humanismo» publicado en 1996, sin acreditar que ejercía la
docencia de manera concurrente, registrado ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor el 31 de diciembre de 1998, posterior a su retiro definitivo del
servicio como congresista.

6) Fonprecon a través del auto del 4 de febrero de 2002, negó la solicitud, pese a que
los rectores de los colegios Diocesano Monseñor Pacheco y Nacional Francisco

2
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CAPCA. La demanda fue presentada el 10 de
diciembre de 2015, según «acta individual de reparto» disponible en el expediente digital de Samai, índice 2, archivo
[11_ED_05PRUEBASYD(.PDF) NroActua 2.]
2

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

Fernández Contreras certificaron que los textos antes mencionados, tenían la
calidad de libros de enseñanza.

7) El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, por medio de fallo de tutela del 22 de
octubre de 2002, ordenó a Fonprecon reanudar el trámite pensional. Mediante
Resolución 1544 del 10 de noviembre de 2003, en cumplimiento del referido fallo
de tutela, Fonprecon negó el reconocimiento de la pensión.

8) El pensionado interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo, el
cual fue resuelto a través de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, por
el que el fondo otorgó la pensión a partir del 16 de enero de 1996. Para ello tuvo
como fundamento: que el peticionario tenía 16 años, 6 meses y 22 días de servicio,
y convalidó el tiempo restante con 2 obras literarias.

9) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas falleció el 6 de junio de 2011, por lo que su
compañera permanente supérstite María Odis Osorio Giraldo solicitó la sustitución
pensional, la cual fue resuelta negativamente por Fonprecon a través de las
resoluciones 1443 del 23 de diciembre de 2011 y 0160 del 24 de febrero de 2012,
por no acreditar 5 años de convivencia con el causante anteriores al deceso.

10) Los referidos actos administrativos fueron demandados por María Odis Giraldo
Osorio, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el radicado 25000234200020130074600, en el que emitió sentencia el 22 de enero
de 2015, en la que condenó a Fonprecon a sustituirle la pensión de jubilación.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Como tales la demandante indicó los artículos 13 y 48 de la Constitución Política y
17 de la Ley 4 de 1992; la Ley 50 de 1886; y los decretos 753 de 1974, 1293 de 1994
y 1359 de 1993.

5.En el concepto de violación expuso que el acto administrativo está viciado de
nulidad por las siguientes razones:

a) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas no era beneficiario del régimen pensional
especial de los congresistas previsto en la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 1359 de
1993, porque (i) su retiro del servicio se produjo el 19 de julio de 1990, cuando
estas normas aún no se encontraban vigentes, y (ii) no basta con haber sido
congresista en cualquier tiempo para ser beneficiario del régimen pensional
especial.

b) Las obras literarias «bosquejo de la historia del arte» y «apuntes de cultura y
humanismo», de su autoría, fueron producidas en el año 1996 y registradas en el
año 1998, esto es, con posterioridad a su retiro definitivo; además, su elaboración
y publicación no concurrió al ejercicio de la docencia, por ende, esos libros no
cumplían con los requisitos normativos para ser homologados.

2.2. Contestación de la demanda

6. María Odis Giraldo Osorio, a través de apoderado, contestó la demanda3
oponiéndose a la totalidad de las pretensiones del medio de control, para el efecto
argumentó lo siguiente:

3
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo 12_ED_06AINICIAL(.PDF) NroActua 2.
3

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Demandante: Fonprecon

a) La norma aplicable al derecho pensional de Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas,
pese a causar su derecho antes de la vigencia de la Ley 4 de 1992, es el Decreto
1359 de 1993, debido a que su situación jurídica se definió con posterioridad a la
entrada en vigencia de las mencionadas normas.

b) Los textos que fueron homologados en los actos demandados cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886, el Decreto 1338 de 2001 y el concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 29 de marzo de
2001.

c) El medio de control ejercido no atendió el término de caducidad fijado en la ley,
pues al tratarse de una lesividad se presentó por fuera de los 2 años siguientes a
la expedición del acto administrativo demandado.

2.3. Sentencia de primera instancia

7.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
mediante sentencia del 24 de septiembre de 20204 resolvió acceder a las pretensiones
de la demanda, sin condena en costas porque:

a) «[…] no es viable el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en el
régimen especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 para quien,
encontr[á]ndose cobijado por el régimen de transición del Decreto 1293 de 1994, para el
18 de mayo de 1992 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992) y el 1° de abril
de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993), no estaba[…] afiliado[…] al
régimen especial del Congreso».

b) «[…] Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas (q.e.p.d.), según la certificación visible a folio 33
del expediente, fue elegido como Representante a la Cámara[, como] suplente[,] para los
periodos constitucionales de 1978 a 1982 y de 1986 a 1990, prestando su servicio hasta
el 19 de julio de 1990. Se observa entonces que el causante no ostentó la calidad de
Congresista para el periodo comprendido entre el 18 de mayo de 1992 y el 1° de abril de
1994, razón por la cual, se concluye, que la aplicación que de la norma hizo FONPRECON,
al momento de reconocerle la pensión de jubilación al causante, no se ajustó a las
orientaciones dadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en los citados
precedentes jurisprudenciales. En este orden de ideas, actualmente, no es posible
extenderle al causante los beneficios del régimen especial aludido, máxime cuando la Ley
100 de 1993 incluyó a los miembros del Congreso, dentro del Régimen General de
Pensiones, puesto que tal situación, resulta vulneradora del derecho a la igualdad, de los
demás afiliados al sistema».

c) «[…] la equivalencia de tiempos de servicios de instrucción pública por producción de
textos o libros de enseñanza, prevista en la Ley 50 de 1886, debe entenderse como una
excepción al régimen general de pensiones, pues, este se sustenta en una vinculación
laboral con cotización al sistema para garantizar su sostenibilidad, en el número de
semanas requeridos por la ley. Por lo tanto, el perfil de la producción bibliográfica debe
sujetarse a los estrictos términos señalados por la ley y la jurisprudencia. Así entonces,
conforme a la normativa señalada, para acceder a esta homologación los libros deben
cumplir los siguientes requisitos: 1) Que tenga aprobación o recomendación de 2
institutores o profesores de una institución educativa o de 2 rectores o directores de
escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza
diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno
del rector. 2) Que se haya llevado a cabo el registro de propiedad intelectual. 3) Que
constituya un texto de enseñanza, esto es, que comporte la creación, aporte intelectual a
una materia propia de un pensum académico. 4) Que en su producción el autor no haya
recibido auxilio del tesoro público. 5) Que la obra se haya producido como consecuencia
de la actividad pedagógica o docente».

4
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo 26_ED_20SENTENCIA(.PDF) NroActua 2.
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Demandante: Fonprecon

d) «[…] el registro de la propiedad intelectual de la obra literaria es una exigencia prevista en
el artículo 3° del Decreto 753 de 1974 para determinar la procedencia de su equivalencia
por dos años de servicio público, la cual debe efectuarse antes del retiro del servicio; no
obstante, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fueron eliminados
beneficios como este, pues en el artículo 13 de dicha normatividad, el Legislador manifestó
expresamente la imposibilidad de sustituir o abonarse tiempo de servicios con el
cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas antes
del reconocimiento de la pensión».

e) «[…] Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas (q.e.p.d.), prestó sus servicios como
Representante a la Cámara hasta el 19 de julio de 1990 y […] el registro de propiedad
intelectual de los textos de enseñanza denominados “Bosquejo de la historia del arte” y
“Apuntes de cultura y humanismo”, se llevó a cabo el 24 de noviembre y el 31 de diciembre
de 1998 (fols. 111 y 113), respectivamente, es decir, con posterioridad al retiro del servicio
y una vez entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, aunado a que no obra prueba de que
se hayan producido como consecuencia de la actividad pedagógica o docente del autor,
por lo que la Sala encuentra que las mencionadas obras literarias no cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886 y por la jurisprudencia del Consejo de Estado,
para la homologación de dos años de servicio por cada uno de estos».

f) Finalmente, el Tribunal expuso que «el causante […] quedó sujeto a las previsiones del
régimen general de pensiones contenido en la Ley 33 de 1985, en virtud de la transición
normativa contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, al 1º de abril de
1994, contaba con más de 40 años de edad y 15 años de servicio (fol. 628), para lo cual
deberá analizarse si el mismo cumple los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 33
de 1985 para tener derecho a la pensión. […] al haberse desestimado las dos
publicaciones tenidas en cuenta en el acto acusado, esto es, “Bosquejo de la historia del
arte” y “Apuntes de cultura y humanismo”, se evidencia que el señor Aurelio de Jesús
Angarita Cárdenas (q.e.p.d.) tan solo logró acreditar un tiempo total de servicios de 17
años, 6 meses y 7 días, los cuales no permiten obtener el derecho a la pensión de jubilación
conforme a la norma transcrita [Ley 33 de 1985], razón por la cual se impone declarar la
nulidad de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, por medio de la cual se le
reconoció este derecho prestacional».

2.4. Recurso de apelación

8. María Odis Giraldo Osorio interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia5 en el que insistió en los argumentos de la contestación a la
demanda. Además, indicó que:

a) La entidad demandante aplicó las normas pertenecientes al régimen especial de
congresistas en el acto administrativo que reconoció la pensión, esto es, Ley 4 de
1992 y decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, a partir del 26 de noviembre de
1994.

b) Ella tiene el derecho que disfrutaba el pensionado, de conformidad con el Decreto
1359 de 1993, porque antes de su vigencia no se había pagado la pensión.

c) Los colegios «Monseñor Pacheco» y «Francisco Fernández de Contreras»
certificaron que los libros presentados fueron adoptados como textos de enseñanza
desde 1996, por lo que cumplían los requisitos de la Ley 50 de 1886, el Decreto
753 de 1974 y los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.

d) La ley no establece que los textos debían ser producto de una actividad pedagógica
o docente del autor, ni que se expidieran o registraran en una época específica.

5
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo 28_ED_22APELACION(.PDF) NroActua 2.
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e) No puede exigirse el registro de los libros por ser un requisito posterior a la
expedición de la Ley 4 de 1992 y del reconocimiento pensional, debido a que no es
posible después de que se homologaron las obras por parte del Fondo, adicionar
o cambiar tales exigencias.

f) La sentencia apelada pasa por alto el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 22 de enero de 2015,
confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 6 de
junio de 2019, que la reconoció como beneficiaria de la pensión de jubilación de
Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas. No pueden desconocerse sus derechos
pensionales consolidados judicialmente, de hacerlo, se contrariarían los principios
de la buena fe, la confianza legítima y el respecto por los derechos adquiridos.
Fonprecon emitió la Resolución 258 de 17 de junio de 2020 en cumplimiento a una
decisión judicial que reconoció sustitución pensional a la demandada, y ordenó el
reconocimiento a partir del 6 de junio de 2011, estatus que no se puede
desconocer.

g) Finalmente, expresó que «[…] teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley
100 de 1993 y la filosofía del artículo 36, que por las connotaciones en relación con
los requisitos exigidos para la pensión de jubilación, [a]l Señor AURELIO DE
JESÚS ANGARITA CÁRDENAS, dadas las circunstancias de requisitos exigidos,
edad, tiempo de trabajo y el monto de la pensión de vejez, la citada ley no es
aplicable por manifestación expresa de ésta, ya que constituye una excepción en
el inciso 2 del mencionado artículo, por lo que las normas jurídicas aplicables al
caso concreto son las anteriores más favorables para el reconocimiento del
Derecho pensional».

2.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Dentro del término concedido para alegar de conclusión en segunda instancia,
otorgado mediante auto del 11 de agosto de 20226, las partes se pronunciaron para
reiterar sus argumentos y agregar los siguientes:

2.5.1. Parte demandante7

10. Fonprecon indicó que: (i) la recurrente no hace referencia a los fundamentos del
fallo que ataca, en lo referente a que no le resultaba aplicable el régimen de los
congresistas a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas, al solo acreditar 17 años, 6 meses
y 3 días de servicios, sumado a que no era posible homologar tiempo de servicios con
las 2 obras literarias, al registrarse luego del retiro y no ser el resultado de la actividad
docente, (ii) insiste en la ilegalidad del acto demandado por el incumplimiento del
requisito del tiempo de 20 años de servicios, en atención a que los libros aducidos no
cumplen con los requisitos de ley para homologar el tiempo que le hizo falta a Aurelio
de Jesús Angarita Cárdenas para acceder al derecho pensional, y (iii) la pensión
reconocida no es un derecho adquirido, al no consolidarse de conformidad con la ley,
por lo que no constituye un justo título; circunstancia que faculta a la administración
para demandar su propio acto en cualquier tiempo.

2.5.2. Parte demandada

11. María Odis Osorio Giraldo alegó que: (i) Fonprecon, en el acto administrativo
demandado, aplicó las normas del régimen especial de congresistas al causante, por
acreditar, en su momento, cotización durante 16 años, 6 meses y 22 días, y la
homologación de 2 libros, cada uno equivalente a 2 años de servicio, por lo que
6
Índice 12 del expediente electrónico de Samai.
7
Índice 18 del expediente electrónico de Samai.
6

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Demandante: Fonprecon

cumplió el requisito de 20 años, 6 meses y 22 días de servicio8, y la Ley 50 de 1886
no exigió que los textos fueran producto de la actividad docente o pedagógica del autor.

2.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2.7. Trámite de segunda instancia

13. El recurso de apelación fue admitido por el magistrado sustanciador a través del
auto del 28 de abril de 20229, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante
auto del 11 de agosto de 202210, las partes presentaron de manera oportuna sus
alegaciones y se emitió sentencia de segunda instancia el 27 de junio de 2024.

14. El fallo dejado sin efectos por orden de tutela argumentó que, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en el proceso
25000234200020130074600/01 (4916-2015) ordenaron el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor de la hoy demandada, debate que se resolvió mediante
sentencia del 6 de junio de 2019. Que si bien en dicho proceso se analizó el derecho
de María Odis Osorio Giraldo de ser beneficiaria de la pensión que fue reconocida a
su compañero permanente, y en el actual se debate la legalidad del acto que reconoció
la pensión de jubilación, por tratarse de una sustitución pensional, el juez no puede
pronunciarse de manera aislada solo respecto del derecho pensional del causante,
pues la contingencia del riesgo de vejez, ya carece de objeto, y la contingencia actual
es la muerte, siendo titular del derecho María Odis Osorio Giraldo, por lo que acaeció
la cosa juzgada. Por consiguiente, la Sala decidió revocar la sentencia de primera
instancia que accedió a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, y en su
lugar, declaró probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada.

2.8. La orden de tutela

15. El 28 de noviembre pasado fue notificada a la Subsección la sentencia de tutela de
primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación,
el 14 de noviembre, en el expediente 11001-03-15-000-2024-05435-00, promovida por
Fonprecon. En dicha providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de Fonprecon, y se dejó sin efectos la
sentencia del 27 de junio de 2024, proferida por la Sala de esta Subsección dentro de
este medio de control; finalmente, se ordenó dictar una nueva providencia dentro del
término de 10 días.

16. La providencia de tutela otorgó la razón a Fonprecon, respecto de la no
configuración de los elementos para declarar la cosa juzgada, ya que en ambos
procesos: 25000-23-42-000-2013-00746-00/01 y 25000-23-42-000-2015-06096-
00/02, se enjuiciaron actos administrativos distintos. Por un lado, María Odis Osorio
Giraldo pretendió que se declarara la nulidad de las resoluciones 1443 del 23 de
diciembre de 2011 y 160 del 14 de febrero de 2011, mediante las cuales se negó su
sustitución pensional, en calidad de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su
compañero permanente y, por otro lado, en el presente proceso, Fonprecon pretendió
que se declarara la nulidad de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004
mediante la cual se le reconoció a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas una pensión
mensual vitalicia de jubilación. Así las cosas, el juez de tutela concluyó que en el
proceso adelantado por María Odis Osorio Giraldo no se debatió si Aurelio de Jesús
Angarita Cárdenas tenía derecho al reconocimiento de la pensión de conformidad con

8
Índice 19 del expediente electrónico de Samai.
9
Índice 4 del expediente electrónico de Samai.
10
Índice 12 del expediente electrónico de Samai.
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Demandante: Fonprecon

el régimen previsto en la Ley Marco 4 de 1992 y en el Decreto 1359 de 1993; sino, si
María Odis Osorio Giraldo tenía derecho a que se le reconociera como compañera
permanente del causante la titularidad del derecho a la sustitución pensional según los
requisitos de la Ley 100 de 1993, por lo que no había lugar a declarar la cosa juzgada.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. En este punto, la Sala estima importante reiterar que este asunto ya había sido
objeto de pronunciamiento definitivo en sentencia del 27 de junio de 2024, a través de
la cual la Sala decidió revocar la sentencia de primera instancia que accedió a declarar
la nulidad del acto administrativo demandado, y en su lugar, declaró probadas las
excepciones de inepta demanda y cosa juzgada (ver fundamentos jurídicos 13 y 14).
Empero, con ocasión de esta decisión, Fonprecon estimó vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia, por lo que acudió a
la acción de tutela en procura del amparo de su derecho fundamental y con el propósito
de que se dejara sin efectos, la referida decisión.

18. Fue así como, la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación, en sentencia
de primera instancia del 28 de noviembre del año que discurre11, amparó el derecho
fundamental al debido proceso invocado por el fondo y, en consecuencia, ordenó dejar
sin efectos el fallo del 27 de junio de 2024 para que en su lugar se expida una
providencia de reemplazo (ver fundamentos jurídicos 15 y 16).

19. En estos términos, en aplicación de los artículos 86 Superior y 31 y 35 del Decreto
2591 de 1991, que ordenan el cumplimiento inmediato del fallo de tutela de primera
instancia, sin perjuicio de que hubiere sido impugnado, le corresponde a la Sala acatar
lo dispuesto por la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de tutela de
primera instancia del 28 de noviembre de la presente anualidad, al ser competente
para resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante, de
conformidad con lo establecido en el inciso primero, del artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

3.2.1 Caducidad según la Ley 2381 de 2024

20. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: (i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del
CPACA12); y (ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA13), oportunidad
esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada14.

11
La cual fue impugnada el impugnada el 3 de diciembre del año que discurre, según se puede observar en Samai,
índice 23.
12
Artículo 182a. Sentencia anticipada. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].
13
«Artículo 187. Contenido de la sentencia. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
14
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021), en el cual se precisó que: «el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA
8

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Demandante: Fonprecon

21. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término
de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

22. Bajo estos supuestos, y al tener en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir
una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso nuevamente al despacho
para dictar sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del
CPACA, resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente
encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente,
ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso.

23. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de 5 años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de 5 años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán
ser susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un término
de 5 años a partir de la vigencia de esta ley».
24. Se tiene entonces que en el caso concreto Fonprecon solicitó la nulidad de la
Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, por medio de la cual se le sustituyó a
la demandada una pensión de jubilación hace más de 20 años, por lo que es necesario
establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de
vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo,
tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los
juicios.

25. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades

(modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada, caducidad,
transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este
determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador advierta
demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se
pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. En ese
orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden
decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán
fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del
artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el
juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la
demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».
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Demandante: Fonprecon

propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188715.

26. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

27. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica por lo que establece una serie de excepciones que hacen posible, aun frente
a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

28. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8316. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley son una importante herramienta que contribuye a la interpretación
y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente.

29. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 10 de diciembre de 2015, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

30. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

31. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar

15
«Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
16
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
10

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provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

32. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-
1049 de 200417, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

33. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

34. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica18, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política19 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

35. La Sala reitera que de acuerdo con la sentencia de tutela de primera instancia del
28 de noviembre del año que discurre20, de la Sección Tercera, Subsección B de esta
corporación, el fallo que en este proceso proceso había emitido la Sala el 27 de junio
de 2024, por el cual declaró probadas las excepciones de inepta demanda y cosa
juzgada, vulneró a Fonprecon sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia. Para la Sección Tercera, en los procesos 25000-23-42-
000-2013-00746-00/01 y 25000-23-42-000-2015-06096- 00/02 se enjuiciaron actos
administrativos distintos, ya que en el primero, María Odis Osorio Giraldo pretendió
que se declarara la nulidad de las resoluciones 1443 del 23 de diciembre de 2011 y
160 del 14 de febrero de 2011, mediante las cuales se negó su sustitución pensional,
en calidad de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su compañero
permanente, mientras que en el presente proceso, Fonprecon pretende que se declare
la nulidad de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004 mediante la cual se le
reconoció a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas una pensión mensual vitalicia de

17
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
18
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera del
texto)
19
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
20
La cual fue impugnada el impugnada el 3 de diciembre del año que discurre, según se puede observar en Samai,
índice 23.
11

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jubilación. Por consiguiente, el juez de tutela concluyó que en el proceso adelantado
por María Odis Osorio Giraldo no se debatió si Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas
tenía derecho al reconocimiento de la pensión de conformidad con el régimen previsto
en la Ley Marco 4 de 1992 y en el Decreto 1359 de 1993, sino, si María Odis Osorio
Giraldo tenía derecho a que se le reconociera como compañera permanente del
causante la titularidad del derecho a la sustitución pensional según los requisitos de la
Ley 100 de 1993, por lo que no hubía lugar a declarar la cosa juzgada.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿el excongresista Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas
cumplió los requisitos establecidos en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993 para
el reconocimiento de la pensión de jubilación?

37. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
régimen pensional de los congresistas y excongresistas, de conformidad con la
sentencia de unificación SUJ-018-CE-S2-2020 (0815-2015) del 8 de octubre de 2020,
proferida por esta Sección. En segundo término, aludirá a los requisitos establecidos
en la ley para la convalidación de libros destinados a la enseñanza por tiempo de
servicios para obtener la pensión de jubilación. Luego, en tercer lugar, derechos
adquiridos con fundamento en actos administrativos ilegales. Por último, estudiará el
caso en concreto.

3.4. Régimen pensional de los congresistas y excongresistas: sentencia de
unificación SUJ-018-CE-S2-2020 (0815-2015) del 8 de octubre de 2020, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado

38. La Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas
de Previsión y con las Prestaciones Sociales para el Sector Público» creó el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, teniendo a cargo el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los congresistas, los empleados
del Congreso y de los empleados del mismo fondo.

39. Por su parte, la Constitución Política de 1991, atribuyó al Congreso de la República
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública21». En uso de esta atribución, se expide la Ley 4ª
de 199222, a través de la cual se otorgó la potestad reglamentaria al Gobierno nacional
para regular la materia, dispuso la norma:

«Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

[…]

c) Los miembros del Congreso Nacional […]»

«Artículo 17. <Artículo condicionalmente exequible, apartes tachados inexequibles23> El
Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de
las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser
inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo
concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal.

21
Literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política.
22
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
23
Corte Constitucional Sentencia C-258-13 del 24 de abril de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12

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Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo
en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los
Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la
sustitución respectiva».

40. En ejercicio de la función reglamentaria encomendada al Gobierno nacional por la
precitada ley, se expidió el Decreto 1359 de 199324 y estableció el régimen especial
de pensiones, los reajustes y las sustituciones de las mismas, de los senadores y
representantes a la cámara. El ámbito de aplicación del decreto quedó definido en el
artículo 1 al establecer que «en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia
de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara»,
esto es, a partir del 18 de mayo de 1992 y hasta el 1 de abril de 1994 cuando entró a
regir la Ley 100 de 199325, pues a partir de su vigencia los congresistas quedaron
incorporados al régimen general, excepto los beneficiarios del régimen de transición.

41. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 8 de
octubre de 202026 definió las siguientes reglas en relación con los beneficiarios del
régimen especial fijado en el Decreto 1359 de 199327:

«En términos generales, el régimen especial de Congresistas se aplica a tres grupos de
legisladores a saber: (i) a los beneficiarios del régimen de forma directa, esto es, a
quienes ostentaran la calidad de Congresista al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992, (ii)
al Congresista pensionado y vuelto a elegir, (iii) a los destinatarios del régimen de
transición consagrado en el Decreto 1293 de 1994. La Sala a continuación analizará
cada uno de estos. Veamos:

3.2.1 REQUISITOS PARA ACCEDER AL RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN DE
CONGRESISTAS PREVISTO EN EL DECRETO 1359 de 1993.

51. Los Congresistas que ostentaran tal calidad en vigencia de la Ley 4ª de 1992, podrán
acceder a la pensión especial de jubilación, previo cumplimiento de los requisitos
contemplados en los artículos 4º y 7º del Decreto 1359 de 1993, siendo estos los
siguientes: En primer lugar, estar afiliado a Fonprecon y realizar aportes, y en segundo
término, cumplir las condiciones de edad y tiempo.

[…]

3.2.2 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN AL CONGRESISTA
PENSIONADO VUELTO A ELEGIR.

69. El régimen especial de jubilación consagrado para los Congresistas, se aplica
igualmente a aquellos excongresistas que encontrándose en goce de su pensión de
jubilación nuevamente vuelven a ser electos en calidad de Senadores o Representantes
a la Cámara. En efecto, el art. 8º del Decreto 1359 de 1993 integró a dichos servidores.

[…]

24
Comenzó a regir a partir del 12 de julio de 1993.
25
«ARTÍCULO 273. RÉGIMEN APLICABLE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. El Gobierno [n]acional, sujetándose
a los objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente Ley y en particular a lo establecido en los
artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aún
a los congresistas, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población colombiana».
26
Consejo de Estado, Sección Segunda Consejero, M.P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, radicado 25000-
23-42-000-2013-05893-01(0815-2015) CE-SUJ2-018- 20, demandante Fonprecon.
27
La mencionada sentencia, respecto al efecto de su contenido, dispuso: «[e]l efecto de la presente sentencia de
unificación será retrospectivo y, por ende, las reglas jurisprudenciales fijadas son vinculantes para los casos
pendientes de decisión tanto en vía administrativa como en sede judicial, en la forma dispuesta en la parte motiva.
En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos, esto es, amparados por la cosa juzgada, resultan inmodificables».
13

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70. Es preciso señalar que cuando la disposición en estudio, remite al «parágrafo del
artículo 4º del presente decreto», hay que recordar que ese parágrafo expresamente
indica: «De igual manera accederán a este régimen pensional los congresistas que al
momento de su elección» estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación
decretada por cualquier entidad de derecho público; por manera, que como a este
régimen especial, tienen derecho quienes una vez entró en vigencia la Ley 4ª de 1992
tenían la calidad de congresistas, ello significa que en una interpretación armónica de
estos preceptos: el congresista ya pensionado, debe ser nuevamente elegido en calidad
de Senador o Representante a la Cámara a partir de la vigencia de dicha ley, es decir
del 18 de mayo de 1992, para que se pueda predicar que igualmente le asiste el derecho
a este régimen especial.

[…]

4. LEY 100 DE 1993

[…]

En el artículo 273 de esta ley, cuando se reguló el régimen aplicable a los servidores
públicos, en forma contundente se determinó que al sistema general de pensiones se
«podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aun a
los congresistas», con sujeción a lo dispuesto por el artículo 36 de dicha ley.

79. Vale la pena recordar que es a través de este último precepto que se estableció el
régimen de transición, con el fin de salvaguardar los derechos pensionales de aquellas
personas que tenían una expectativa legítima de jubilarse con el régimen anterior, en la
medida en que estaban próximas a reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio,
para tener derecho a la pensión de jubilación según lo ordenado en ese ordenamiento
anterior.

80. Por manera que, si el individuo para el 1º de abril de 1994, fecha en la que entró a
regir la Ley 100 de 1993, cuenta con la edad o con el tiempo de servicio exigidos por el
régimen de transición general, ello significa que a su vez le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación con la edad, el tiempo de servicios y el monto
fijados por el régimen anterior al cual se encontraba afiliado.

81. Para dar cumplimiento a la incorporación ordenada en el referido artículo 273, el
Gobierno expidió el Decreto 691 de 1994, en cuyo literal b) del artículo 140 dispuso que
los servidores públicos del Congreso de la República quedaban incorporados al sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.

Aunque se debe anotar que en su parágrafo prescribió, que esa incorporación se
efectuaría sin perjuicio de lo establecido en el régimen especial consagrado en el
Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modificaran y adicionaran.

82. Por su parte, en el artículo 241 dispuso que el sistema general de pensiones
contenido en la Ley 100 de 1993 comenzaría a regir el 1 de abril de 1994, para los
servidores públicos del orden nacional incorporados, entre los cuales, como se indicó,
se encuentran incluidos los congresistas. Esto en concordancia con lo estipulado por la
ley en mención en su artículo 15.

5. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE CONGRESISTAS. DECRETO 1293 DE 1994.

83. Este decreto «Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores,
representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión
Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de
tales servidores públicos», fue expedido por el ministro de Gobierno de la época por
delegación de funciones presidenciales, pocos meses después de que entrara a regir la
Ley 100 de 1993.

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84. En el artículo 1º estipuló que el sistema general de pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, se aplicaba a los congresistas, con excepción de los cubiertos por el
régimen de transición.

85. En esa dirección en el artículo 2º ordenó que los excongresistas tendrían derecho al
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que, al
1º de abril de 1994, hubiesen cumplido con alguno de los siguientes requisitos: a) La
edad de 40 años o más en el caso de los hombres, la edad de 35 años o más en el de
las mujeres. b) cotizar o prestar servicios por 15 años o más.

86. Es importante resaltar, que esta norma contenía un parágrafo en el que se había
ordenado que el régimen de transición también se aplicaba a las personas que hubieran
sido congresistas antes del 1º de abril de 1994, «sean o no elegidos para legislaturas
posteriores», siempre que cumplieran a esa fecha los mencionados requisitos. Pero esta
Sección, declaró su nulidad en la sentencia de 27 de octubre de 2005 emitida en el
proceso con radicación 5677 de 2003, en el entendido de que «el régimen de transición
no podía proteger expectativas de quienes no se encontraban en servicio activo y como
se dijo [...] no fueran elegidos para legislaturas posteriores», porque es necesaria la
condición de actividad con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992.

87. Por su parte, el mismo artículo 2º ibidem determinó que los excongresistas tienen
derecho al régimen de transición para ser beneficiarios de la pensión de jubilación con
la norma anterior el Decreto 1359 de 1993, siempre que: cumplan con la edad de 40
años o más en el caso de los hombres, 35 años o más en el de las mujeres o con 15
años o más de cotizaciones o servicios, y que a su vez hayan reunido los requisitos
exigidos por el régimen especial contemplado en el referido Decreto 1359 de 1993, que
son: la edad de 50 años para la mujer y 55 años para el hombre y el tiempo de servicios
de 20 años continuos o discontinuos, en una o en diferentes entidades de derecho
público incluido el Congreso de la República o que los hayan cumplido y cotizado en
parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Además,
adquieren igualmente el derecho al reconocimiento del monto de la pensión, la forma de
liquidación de la misma y al ingreso base de liquidación establecidos en el régimen
especial de jubilación de congresistas.

88. En el parágrafo dispone que igualmente son beneficiarios del régimen de transición,
aquellos ex congresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994
hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales
en cualquier modalidad, con derecho a obtener el reconocimiento, en este caso en
particular, a la edad de 50 años.

89. En suma de todo lo anterior, el régimen de transición opera frente a los Congresistas
que: (i) ostentaran su condición a partir del 18 de mayo de 1992 y (ii) tenían al 1° de abril
de 1994, 40 años para los hombres y 35 para el caso de las mujeres, o habían prestado
servicios por lo menos durante 15 años a esta fecha. En esta categoría se encuentran
incluidos quienes fueron elegidos para la legislatura que termina el 20 de junio de 1994
a menos que para esta fecha se encontraran afiliados a un régimen pensional anterior
más favorable.

[…]

90. De otra parte, el artículo 4º indicó que los beneficios del régimen de transición los
pierde el excongresista cuando: selecciona el régimen de ahorro individual con
solidaridad al cual seguirá adscrito; si de este último régimen se cambia al de prima
media con prestación definida; se desvincula definitivamente del Congreso o de
Fonprecon, sin haber reunido el tiempo de servicios para tener derecho a la pensión de
vejez conforme a las disposiciones que se venían aplicando.
[…]

8. REGLAS DE UNIFICACIÓN

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117. De lo expuesto con anterioridad se extraen las siguientes reglas de unificación de
la jurisprudencia en el tema puesto a consideración: 1. Son beneficiarios del régimen
especial de congresistas consagrado en el Decreto 1359 de 1993:

1.1 Los congresistas que ejercieron su labor y adquirieron el estatus entre el 18 de
mayo de 1992, fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª de 1992 y hasta el 1ª de
abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre que cumplan los
requisitos consagrados en el art. 4º y 7º del Decreto 1359 de 1993, que son:

a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado posesión
del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2º del
parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años, parte en el sector privado y ante el ISS.
Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.

1.2 Los excongresistas pensionados vueltos a elegir tienen derecho al
reconocimiento de la reliquidación de su pensión de jubilación al amparo del régimen
especial, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Obtuvieron el reconocimiento de la pensión de jubilación por cuenta de cualquier
entidad de derecho público;
b) Renunciaron temporalmente a percibir esa pensión de jubilación;
c) Su nueva vinculación a la labor legislativa lo fue a partir del 18 de mayo de 1992;
d) El tiempo de esta nueva vinculación es superior a 1 año en forma continua o
discontinua.
e) Efectuaron el pago de los aportes correspondientes ante Fonprecon y estaban
afiliados a dicha entidad.

1.3 Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la aplicación del
régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:

1.3.1 Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley, tenga:
a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años o más de
servicios efectivamente cotizados.
b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial que son:

i) El ejercicio de la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no varió hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de
abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2º del
parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el ISS.
Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha entidad
pensional.

1.3.2 Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio de
1994:

Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales

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en cualquier modalidad, con derecho a obtener el reconocimiento, en este caso en
particular, a la edad de 50 años.

1.4 El reconocimiento de la pensión de jubilación de congresistas y su reliquidación, para
los beneficiarios del régimen de transición, está a cargo de Fonprecon y se concede de
acuerdo con las modificaciones que se imprimieron a los artículos 5 y 6 del Decreto 1359
de 1993, por cuenta del Acto Legislativo 01 de 2005, siguiendo los siguientes
parámetros:

a) El ingreso básico de liquidación (IBL) debe obedecer a las reglas contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según el caso; b) Como factores de
liquidación solo aplicarán: a) aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente
por el beneficiario; b) tengan carácter remunerativo del servicio; y, c) sobre los cuales se
hubieren realizado las cotizaciones respectivas; c) El porcentaje de liquidación pensional
debe corresponder a un 75% del ingreso base de liquidación d) La mesada pensional no
puede superar el tope o límite de 25 de SMLMV; y, se debe reajustar cada año según el
IPC.

2. Quienes no están amparados por el régimen especial, se rigen por el sistema general
de pensiones rezado en la Ley 100 de 1993. […]» [Subraya la Sala]

42. En conclusión, son beneficiarios del régimen especial de congresistas contenido en
el Decreto 1359 de 1993:

1) Los congresistas que ejercieron su labor y adquirieron el estatus entre el 18 de mayo
de 1992, fecha en que entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y hasta el 1 de abril de
1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993.

2) Aquellos excongresistas beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, que para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley,
ejercieran la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no variara hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el
1 de abril de 1994.

3.5. Requisitos establecidos en la ley para la convalidación de libros destinados
a la enseñanza por tiempo de servicios para obtener la pensión de jubilación

43. La Ley 50 del 11 de noviembre de 188628 fijó la posibilidad de que la producción de
un texto de enseñanza, con el cumplimiento de los requisitos fijados por la misma ley
y posteriormente reglamentados, equivalieran a 2 años de servicios prestados:

«Artículo 13°.- Las tareas de Magisterio privado quedan asimilados a los servicios
prestados a la Instrucción pública y serán estimadas para los efectos legales en los
términos del artículo anterior.

La producción de un texto de enseñanza que tenga aprobación de dos Institutores o
Profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un período exclusivamente
pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos caso[s] el autor o editor
haya recibido al efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a dos
años de servicios prestados a la instrucción pública».

29
44. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 753 de 30 de abril de 1974 , que en
los artículos 2 y 3 dispuso lo siguiente:

«Artículo 2º.- La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o
directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de

28
Que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación.
29
Por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886.
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enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el
visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente».

«Artículo 3° Cada libro adoptado y recomendado conforme indican las anteriores
disposiciones, equivaldrá a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos de
la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de
tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad
asistencial respectiva.
a) Que el libro o libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada.
b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año en edición.
c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada uno de ellos no tenga
menos de doscientas páginas, con dimensión no menor de 20 x 15 cms.
d) Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste no tenga menos de
200 páginas de la dimensión mínima precedente30».

45. Esta Subsección ha establecido las condiciones que debe reunir un texto de
enseñanza para su homologación a 2 años de servicios, de que tratan las normas
citadas:

«47. De igual manera, es importante precisar que esta Corporación en lo relacionado
con la homologación de la producción de un «texto de enseñanza» y que cumpla con tal
particularidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto con Rad. No.:1082 de 22
de abril de 1983 ha señalado lo siguiente:

«1.4 La noción de texto de enseñanza. Un aspecto importante de la consulta consiste
en determinar qué es en realidad, un texto de enseñanza, con la finalidad de aplicar
correctamente la norma.

Se observa que el artículo 13 de la ley 50 de 1886 no define ni precisa qué es un texto
de enseñanza, sino que se refiere a "un texto de enseñanza que tenga la aprobación
de dos institutores o profesores " y el decreto reglamentario 753 de 1974 señala
solamente estos requisitos formales [...]

[...] Por texto de enseñanza, se debe entender un libro científico o didáctico que
sirva para estudiar y comprender una materia propia del pensum de los colegios
o universidades en los programas de pregrado y posgrado.

Un libro que no se relacione directamente con una materia objeto de estudio en
un centro académico, podrá ser tal vez de interés, pero no será un texto de
enseñanza en el sentido del mencionado artículo 13.

Obsérvese que éste hace alusión a la llamada instrucción pública.

Un texto de enseñanza debe ilustrar sobre una materia, debe aportar
conocimientos al estudiante que le sean de utilidad para la comprensión de una
rama del saber y su consiguiente aplicación práctica.

No puede ser simplemente una compilación de artículos de prensa o revistas o
un ensayo sobre un tema abstracto o teórico, que no guarde relación con una
asignatura del programa de estudios.

Debe ser un texto didáctico, lo que significa que debe estar destinado a instruir y educar
en diversos niveles del conocimiento humano con una orientación práctica y sin
dogmatismo.

La sola circunstancia de que un libro esté conservado en una biblioteca, así ésta sea
de un centro educativo, no lo califica como un texto de enseñanza, pues esta

30
Los literales c) y d) fueron declarados nulos por esta corporación mediante sentencia del 15 de diciembre de
1979, exp. 1344. Lo anterior, por no estar comprendidos como requisitos en la Ley 50 de 1886, así como tratarse
de formalidades que no inciden en el espíritu de la norma reglamentada.
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característica depende de sus condiciones intrínsecas de contenido científico y técnico
referente a una materia curricular y de su valor intelectual, como obra del pensamiento
humano.

[...]

En síntesis, un texto de enseñanza debe estar referido al programa o currículo de la
educación formal en sus distintos niveles o de la educación superior.

Ahora bien, la entidad estatal que hace el reconocimiento de los dos años de servicio,
para efectos pensionales, por un texto de enseñanza, debe ser, en sana lógica, quien
asuma la cuota pensiona/ proporcional a esos dos años, puesto que es ella la que emite
la declaración de voluntad de otorgar un derecho al solicitante, la cual se manifiesta en
el acto administrativo de contenido particular y concreto que expide.

[...]

Ciertamente se presenta un desfase presupuestal importante a cargo de la entidad,
puesto que tiene que aportar por dos años de servicios sobre los cuales no recibió
ninguna cotización, lo cual debe ser enfrentado hacia los años venideros, con la
inclusión de una partida presupuestal que le sirva como reserva para estos casos.»
(Negrillas fuera del texto original)

48. Lo anterior, deja ver que la característica de «texto de enseñanza», y para que una
publicación sea entendida como tal, además de contar con la aprobación a cargo de dos
rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización
o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades,
con el visto bueno del rector, debe entenderse como un libro científico, didáctico,
académico utilizado para comprender una materia, rama del saber o programa de
estudios, o un periódico que se adopte durante un año escolar y su uso sea pedagógico.

49. De igual manera, mediante sentencia de 28 de abril de 2011 de la sección segunda,
subsección B, indicó que el «texto de enseñanza» debe ser un medio idóneo para
efectos de transmitir el conocimiento, en esa ocasión se dijo siguiente:

«Siendo ello así, la producción de un texto de enseñanza no atañe a un mero
formalismo legal sin contenido alguno. sino que por el contrario busca que la
obra publicada sea un medio idóneo para efectos de transmitir el conocimiento.
En torno a este aspecto, esta Corporación ha esbozado los siguientes lineamientos
interpretativos:

"1.3 El valor intelectual que debe tener un texto de enseñanza. La Sala desea insistir,
como tuvo ocasión de expresarlo en el Concepto anterior, que no es cualquier libro el
que se puede considerar como texto de enseñanza y por ende, ser aprobado para
conceder dos años de servicio, a quien lo presenta con miras a su pensión de jubilación.

Debe ser realmente un libro que sirva de guía. de orientación en la enseñanza de
una asignatura del pensum de los colegios o las universidades. para lo cual debe
tener valor científico. didáctico v pedagógico. reunir características de claridad,
precisión y actualización y estar en un lenguaje inteligible y sugerente para los alumnos.

El inciso segundo del artículo 13 de la ley 50 de 1886 señala que se trata de "la
producción de un texto de enseñanza ': lo cual significa que el autor debe producir un
libro, esto es, debe crearlo, de tal manera que sea una elaboración propia de su
intelecto, pero además, que el libro constituya material de enseñanza en colegios o
universidades.

No puede ser una recopilación de artículos sobre un tema o compilación de citas de
otros autores pues ahí no existe propiamente una producción de un texto nuevo.

(...)

19

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Resulta inadmisible que el servidor presente un libro sobre un tema ajeno por completo
a su conocimiento y experiencia, como también se ha denunciado, por cuanto en ese
caso, resulta evidente que la labor suya ha sido de "armador" de un texto más que de
productor del mismo.

El autor debe producir un texto de enseñanza en tal forma que él debe hacer una
síntesis personal del fruto de sus investigaciones y tiene que aportar algo nuevo con
base en sus reflexiones y conocimientos, ya que de otra forma sería una simple
repetición de ideas y no se podría calificar como un texto producido por el autor.

En el mismo sentido no se puede admitir un texto respecto del cual el pretendido autor
sólo ha hecho la presentación o la introducción y el capítulo final, por cuanto es
evidente, en ese evento, la falta de originalidad del texto, de modo que no puede
considerarse que ha habido la producción de un texto.

(...)

Libros hay muchos, pero aquí la norma exige que sea uno que constituya material
de estudio de una asignatura académica. No basta con que toque un tema de una
materia o se relacione con ella sino que sea seguido a lo largo del semestre o el
año en una o varias instituciones académicas. Y para ello el libro tiene que ser
verdaderamente científico o técnico v revestir cualidades
pedagógicas.» (Subrayas y negrilla fuera del texto original)

50. De esta forma, el texto de enseñanza, está destinado a contribuir en una materia
curricular, siempre que esté compuesto por contenido científico y comprenda un valor
intelectual para el contexto educativo en el que se adopte31».

46. En virtud de lo anterior, no cualquier libro o publicación puede tener la
connotación de convalidar el tiempo de servicio en los términos de la Ley 50 de
1986 y el Decreto 753 de 1974. El objetivo del texto debe ser la instrucción a sus
destinatarios, diseminar un contenido científico o técnico, pedagógico y didáctico,
que contribuya al crecimiento intelectual y sirva como material de estudio para
determinado pénsum académico. Circunstancias que debe evaluar la entidad de
previsión al momento de aceptar tales publicaciones como equivalentes a tiempo
de servicios32. Ello es así porque la equivalencia de la producción literaria al tiempo
de servicio constituye un privilegio, excepcional, con el objetivo de acreditar requisitos
para obtener derecho a la pensión, sin haber realizado aportes al sistema, y acumular
semanas cotizadas o años de servicios como lo exige la ley.

47. Sumado a lo anterior, esta corporación también ha expresado que el requisito
de que el libro sea impreso y con propiedad intelectual registrada debe cumplirse
antes del 20 de junio de 1994, para que la situación jurídica se consolidara, en los
términos del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994. Así lo ha señalado la Sala:

«En el sub lite, el actor, al ser beneficiario del Régimen de Transición de la Ley 100 de
1993 - ya que a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad - , en principio le sería
aplicable la normatividad anterior para los Congresistas, es decir, el parágrafo del
artículo 3º del Decreto 1293 de 1994, que preceptúa para efectos pensionales: 20 años
de servicios y 50 años de edad. Requisitos que el actor debía cumplir antes del 20 de
junio de 1994, para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión a partir del 3 de

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2020, exp. 25000-23-42-000-
2013-06526-01.
32
Esta ha sido una interpretación pacifica dentro de la Sección Segunda de esta corporación. Cfr. sentencias del
28 de abril de 2011, Subsección B, exp. 25000-23-25-000-2006-08508-01(0052-10); del 21 de mayo de 2020,
Subsección B, exp. 25000-23-42-000-2015-02313-01 (1037-2019); del 29 de mayo de 2020, Subsección B, exp.
25000-23-42-000-2013-06526-01 (3839-2018).
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noviembre de 1998. Sin embargo, para esa época el accionante contaba con 18 años,
11 meses y 16 días de servicios (fl. 32).

Lo que indica que no tenía su situación jurídica consolidada de conformidad con el
Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 - artículo 3º parágrafo -, por lo que no había
cumplido los 20 años de servicios continuos o discontinuos en entidades del derecho
público.

De otro lado, para completar el tiempo de servicios faltante para el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación en el Régimen de Transición Especial para
Congresistas, el accionante en virtud de la Ley 50 de 1886 y el Decreto Reglamentario
No. 753 de 1974, aportó certificaciones de 4 textos literarios o libros de su autoría, que
permite la homologación de una obra por dos años de servicios (fls. 63, 68, 70 y 74 Cd.
No.3).

Aún aceptando en gracia de discusión, la posible homologación en virtud de las obras
publicadas por el actor para completar el tiempo de servicio; tampoco es de recibo,
porque el Decreto Reglamentario de la misma norma – 753 de 1994 artículo 3º literal a)
• exige “ Que el libro o los libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada”,
requisito que debió estar cumplido antes del 20 de junio de 1994 para que su situación
jurídica estuviera consolidada como lo prevé el artículo 3º del Decreto 1293 de 1994; y
el demandante elevó solicitud de registro de las 4 obras en el año de 2003 (fl. 52,60, 63,
72 Cd No 3). Fuerza concluir que no cumplió las exigencias legales, por ende, no es
beneficiario del Régimen de Transición Especial para Congresistas.

De otro lado, si bien es cierto como lo afirma el recurrente que el registro de propiedad
intelectual no es requisito indispensable en virtud de la Ley 23 de 1982 – artículo 9º, no
lo es menos, que, es una exigencia sine–quanon para consolidar el tiempo de servicios,
con el exclusivo propósito del reconocimiento pensional, no para la protección de la
creación intelectual de la obra, que es materia discusión de otra clase de acción y
pretensión, cuya aplicación sí sería la Ley 23 de 1982, que comprende entre otras, la
facultad del titular de la obra de obtener una remuneración a la propiedad intelectual por
ejecución pública o divulgación, de conformidad con el artículo 3º; en ese escenario sí
es de recibo el artículo 9º de la misma norma, que indica que no necesita registro alguno;
que le da el derecho a obtener pecuniariamente otras sumas de dinero diferente a la
pensión, circunstancia que como se dijo, no es materia de discusión en esta sede
judicial33».

48. De lo anterior se concluye, que los requisitos para acceder a la pensión de
conformidad con el régimen de transición del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994,
deben haberse consolidado antes del 20 de junio de 1994, aun cuando se trate de
convalidación de tiempo de servicios con producción de textos de enseñanza en
aplicación del Decreto 753 de 1994, que exige, como se vio, el registro de las obras
literarias, entre otros requisitos, para ser válidos para convalidación; por lo que incluso
tal requisito, debe consolidarse antes de la mencionada fecha.

49. En suma, esta Subsección también ha precisado que el literal «i» del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993, preceptúa que a partir de su vigencia no pueden sustituirse
semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el
cumplimiento de requisitos que difieran a cotizaciones o tiempo prestado. Así lo indicó
en un asunto muy similar al que aquí se estudia:

«Por lo tanto el registro de la propiedad intelectual del texto de enseñanza comporta una
exigencia que expresamente prevé el artículo 3° del Decreto 753 de 1974 para
determinar la procedencia de su equivalencia con dos años de servicio público, por lo
que su finalidad es diferente de la Ley 23 de 1982, que consiste en proteger la creación
intelectual.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de febrero de 2011, exp. 25000-23-25-000-2005-02729-
01(2165-07).
21

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

En el Sub lite se tiene que, según los actos demandados, la demandada satisfizo el
requisito de los 20 años de servicio para obtener la pensión de jubilación conforme al
régimen especial de congresista, con la homologación de una obra de su autoría por dos
años trabajados, puesto que en el sector oficial solo laboró un total de 18 años, 3 meses
y 29 días, tal como lo reconoció el Fonprecon en la Resolución 270 de 14 de febrero de
2003, en la que se le tuvo en cuenta su libro <Tendencias criminológicas>, cuya
propiedad fue registrada el 4 de octubre de 2002 y respecto del cual se aportaron dos
certificaciones de rectores de dos instituciones educativas, que dan cuenta de que sirve
de texto de enseñanza en diferentes áreas según los programas académicos.

No obstante, no puede olvidarse la regla legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100
de 1993 (letra i), según la cual <en ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán
sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios
con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas
o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión
(…)>, norma que resulta aplicable a la accionada, en la medida en que, si bien su
régimen es el previsto en la Ley 33 de 1985 (por cumplir los requisitos de transición), lo
cierto es que el inciso segundo del artículo 36 de dicha Ley 100 es claro al disponer que
<las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley> y, por
ende, no puede desconocerse lo contemplado en la primera de esas disposiciones. A
más de ello, recuérdese, tal como lo expuso el a quo, que el trámite y presentación de la
obra literaria se llevó a cabo con posterioridad al retiro del servicio de la demandada, lo
que evidencia que para ese momento no cumplía con los requisitos para acceder a la
pensión34».

50. En conclusión, los requisitos para acceder a la pensión de conformidad con el
régimen de transición del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994, deben haberse
consolidado antes del 20 de junio de 1994, aun cuando se trate de convalidación de
tiempo de servicios con producción de textos de enseñanza en aplicación del Decreto
753 de 1994, que exige, como se vio, el registro de las obras literarias, entre otros
requisitos, para ser válidos para convalidación, por lo que incluso tal requisito, debe
consolidarse antes de la mencionada fecha.

3.6. Derechos adquiridos con fundamento en actos administrativos ilegales

51. El artículo 48 de la Constitución Política, establece la obligación del Estado de
garantizar los derechos adquiridos con arreglo a la ley; así como el deber de los
administrados de cumplir con los requisitos legales de la edad, el tiempo de servicio,
las semanas de cotización o el capital necesario, y las demás que señale el orden
jurídico, para adquirir el derecho a la pensión; así como los requisitos y beneficios para
adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia.

52. La Corte Constitucional en sentencia C-314 de 200435 determinó que los derechos
adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona, si quien reclama el derecho ha cumplido plenamente los requisitos descritos
en la ley:

«De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son
aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el
derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza
de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran
plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019, exp. 25000-23-42-
000-2014-02048-01 (4766-2015).
35
Corte Constitucional, sentencia del 1 de abril de 2004, expediente D-4842.
22

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Demandante: Fonprecon

decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han
realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas».

53. De igual forma, la alta corporación expuso que, para que las situaciones individuales
se consoliden como derechos adquiridos deben haberse creado y definido de
conformidad con la ley, indicó:

«Los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor
de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores
que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior.
Presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que
permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento36».

54. No puede alegarse entonces, que un derecho originado en circunstancias fácticas
que no cumplen con los requisitos de la ley vigente al momento de consolidarse el
derecho, pueda constituir derechos adquiridos, pues tal como lo ha reiterado la Corte
Constitucional, su connotación depende necesariamente del cumplimiento de la ley,
hacerlo de otra forma generaría el afianzamiento de derechos sin justo título y/o
ilegítimos por estar fuera del ordenamiento jurídico.

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

55. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

1) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas nació el 28 de marzo de 1919 y falleció el 6 de
junio de 201137.

2) Prestó servicio público en diferentes entidades estatales, así:

Entidad Periodo Años Meses Días

Ministerio de Educación del 1 de enero al 6 de
2 5
-secretario privado f. 23 marzo de 1951.

Ministerio de Educación
del 9 de marzo al 15
jefe de intercambio 5 6
de agosto de 1951
cultural f. 23

Ministerio de Educación
• Escuela Nacional del marzo de 1950 (19
19
Comercio - profesor días)
externo f. 23, 26 y 58

Ministerio de Educación
• Escuela Nacional del del 1 de abril al 31 de
9
Comercio - profesor diciembre de 1950
externo f. 23,26 y 58

Ministerio de Educación
• Escuela Nacional del del 1 de enero al 31
1
Comercio - profesor de diciembre de 1951
externo f. 23,26 y 58

36
Corte Constitucional, sentencia C-242 del 1 de abril de 2009, exp. D-7388.
37
Fs. 602 y 604 del cuaderno 1 del expediente físico.
23

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Demandante: Fonprecon

Ministerio de Educación
• Escuela Nacional del del 1 de enero al 31
1
Comercio - profesor de diciembre de 1952
externo f. 23, 26 y 58

Ministerio de Educación
• Escuela Nacional del del 1 de enero al 31
8
Comercio - profesor de agosto de 1953
externo f. 23, 26 y 58

Ministerio del Interior -
secretario auxiliar del 1 de enero de
Asamblea Nacional 1955 al 17 de mayo de 1 4 15
Constituyente38 f. 174, 1956
204 y 205
desde el 5 de junio de
Caja de Vivienda
1962 al 12 de julio de 3 1 6
Popular f. 30
1965
del 22 de febrero de
Ministerio de Relaciones
1971 al 30 de
Exteriores - cónsul de 1 9 7
noviembre de 1972 f.
primera clase
31 y 377

Asamblea de del 1 de octubre al 30
2
Cundinamarca f. 32 de noviembre de 1988

Asamblea de del 1 de octubre al 30
2
Cundinamarca f. 32 de noviembre de 1989
del 29 de agosto de
Cámara de
1978 al 12 de marzo 2 6 12
Representantes f. 33
de 1981

Cámara de del 4 de agosto al 1 de
28
Representantes f. 33 septiembre de 1981

Cámara de del 15 al 17 de
3
Representantes f. 33 diciembre de 1981

Cámara de del 9 al 16 de
8
Representantes f. 33 diciembre de 1986
del 1 diciembre de
Cámara de
1989 al 19 de julio de 7 18
Representantes f. 33
1990

Instituto General del 1 de mayo al 31 de
8
Santander39 f. 137 y 169 diciembre de 1944

Ministerio de Educación
• profesor interno del del 5 al 30 de marzo
25
Colegio Nacional de de 1946
Chiquinquirá f. 172

Instituto de Desarrollo
del 2 de marzo al 31
Urbano de Bogotá, IDU 3
de mayo de 1961
f. 175

38
Debe indicarse que a pesar de haberse certificado labor del 31 de octubre de 1953 al 17 de mayo de 1956 (f.174),
lo cierto es que dicha información fue corregida mediante certificado posterior (f. 174, 204 y 205).
39
Si bien obra a folio 21 y 188 del cuaderno 1 del expediente físico certificación del mismo instituto indicando que
el demandante laboró del 29 de abril de 1944 a enero de 1948, dicha prueba no fue aportada por Aurelio De Jesús
Angarita en la segunda solicitud pensional; además, mediante Resolución 1119 del 10 de noviembre de 1999 por
medio de la cual se suspendió el pago de la pensión Aurelio De Jesús Angarita, se estableció que por oficio del 31
de mayo de 1999, Cajanal le informa que el grupo de seguridad y asuntos penales de la entidad, manifestó que tal
certificación fue producto de una falsificación integral, pues solicitó nuevamente la certificación al Instituto y no
figuran laborados los meses de la certificación inicial, por lo que Cajanal no asume el pago de dicha cuota parte (f.
151 del cuaderno 1 del expediente físico). No obstante, haberse denunciado tal situación por parte de Fonprecon
(f. 153), no obra prueba en el expediente del resultado de la investigación para determinar si efectivamente la
certificación es falsa. A pesar de lo anterior, se encuentra constancia posterior, donde el Ministerio de Educación
indica el tiempo efectivamente laborado por el causante en dicha institución, sin que las partes la tacharan de falsa,
ni hayan controvertido la veracidad de su contenido, por lo que la Sala tendrá en cuenta la constancia posterior.
24

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Demandante: Fonprecon

del 1 de julio de 1956
Contraloría de
al 30 de septiembre de 1 3
Cundinamarca f. 372
1957

Ministerio de educación -
del 29 de enero al 27
secretario privado y 8 29
de octubre de 1949
profesor externo f. 395

Total, tiempo de
16 11 1
servicio

3) Fonprecon reconoció pensión de jubilación a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas a
través de la Resolución 472 del 27 de abril de 199940 con tiempo de servicio de 20
años, 6 meses y 11 días, en aplicación del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 1359 de 1993, es decir, el régimen especial de congresistas. Para el
efecto, la entidad le liquidó el equivalente al 75% del último ingreso mensual
promedio que por todo concepto devengaran los representantes y senadores, para
un total de $3.501.011.56, a partir del 26 de noviembre de 1994.

4) A través de Resolución 1119 del 10 de noviembre de 199941 la demandante
suspendió los pagos originados en la resolución anterior, con fundamento en los
siguientes argumentos:

«Que la Caja de Previsión Social mediante oficio No CPP. 3134 del 31 de mayo de
1999, recibido en esta entidad el 4 de junio del año en curso, informa que el grupo de
Seguridad y Asuntos Penales de la Caja Nacional de Previsión Social manifestó, que
los tiempos del Instituto Nacional General Santander, son producto de falsificación
integral pues se solicitó nuevamente certificación de tiempos por parte del grupo
especial del Instituto en mención, dando respuesta con oficio de abril 27 de 1999 del
cual se anexa copia, en el que no figura laborando por los meses de enero, febrero,
marzo, y abril y los años 1945 a 1948, y que Cajanal no incurrirá con cuota parte.

[…]

Que esta entidad considera procedente suspender el pago de las mesadas pensionales
y cualquier cantidad de dinero que se derive del derecho pensional reconocido, hasta
tanto las investigaciones que realicen los organismos competentes se pronuncien
sobre la veracidad de los documentos tachados de falsos. […]».

5) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas, solicitó nuevamente el reconocimiento de la
pensión de jubilación42, sin fecha de radicación, para el efecto aportó nueva
certificación de servicios expedida por el Ministerio de Educación con los servicios
prestados en el Instituto General Santander de Honda, Tolima, del 1 de mayo al 31
de diciembre de 1944 [8 meses].

6) Adicionalmente, solicitó la convalidación de 2 textos de enseñanza por tiempo de
servicio; para acreditar lo anterior, aportó certificado de inscripción de propiedad
intelectual del 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1998 de los libros Bosquejo
de la Historia del Arte y Apuntes de Cultura y Humanismo, respectivamente43. Así
como constancias de los rectores de los colegios Monseñor Pacheco de Ocaña,
Norte de Santander y Nacional Francisco Fernández Contreras:

«Que el libro “Bosquejo de la Historia del Arte”, escrito por el Dr. AURELIO DE JESÚS
ANGARITA CÁRDENAS, fue adoptado por esta institución como texto de enseñanza
dentro del área de Educación Estética para dictar la cátedra de Educación Artística, la
cual existe dentro del Programa Educativo Institucional (P.E.I.), establecido para el año

40
F. 141 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
41
F. 151 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
42
F. 164 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
43
F. 11 y 113 del cuaderno 1 del expediente físico.
25

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1996 en los cursos 10° y 11°, ajustándose a lo previsto en la Ley 115 de 1994. El libro
es un texto didáctico escrito para sus discípulos de 1949 en adelante, y contiene la
historia artística de la humanidad desde sus inicios prehistóricos hasta la época de la
pintura flamenca. El libro ha sido de positivo provecho para profesiones y estudiantes.

[…]

Que el libro “Apuntes de Cultura y Humanismo” del autor Doctor AURELIO DE JESÚS
ANGARITA CÁRDENAS, fue adoptado por esta institución como texto de enseñanza
dentro del área de Ciencias Sociales para dictar la cátedra de Civismo la cual existe
dentro del Programa Educativo Institucional (P.E.I.), establecido para el año 1996 en
los cursos de 6° a 9°, ajustándose a lo previsto en la Ley 115 de 1994. La obra contiene
varios ensayos que corresponden a profundas investigaciones del autor acerca de
temas tales como “Literatura Norteamericana”, “Historia Política” y el “Pensamiento
Político Colombiano”, didácticamente distribuidas, útiles para la labor docente.

[…]

Las razones que llevaron al plantel para adoptar los libros “Bosquejo de la Historia del
Arte” y “Apuntes de Cultura y humanismo” como texto de enseñanza fueron las
siguientes:

a. Porque el contenido corresponde al pénsum del programa
b. Por la profund[idad] y claridad del tema,
c. Por la utilidad para la enseñanza y por lo pedagógico del texto
d. Por la experiencia docente del autor44».

«Que el libro “Apuntes de Cultura y Humanismo” del Doctor Aurelio De Jesús Angarita
Cárdenas, es un libro que ha sido adoptado como texto de enseñanza, tal como estipula
el Programa Educativo Institucional (P.E.I.), establecido para el año 1996 en los grados
9 y 10, ajustándose a lo previsto en la Ley 115 de 1994. El texto señalado se dictó en
el área de Sociales con una intensidad horario de 2 horas semanales. También puede
ser consultado en la biblioteca de esta institución, pues los variados temas que en su
contenido se pueden analizar, han sisdo tratados con la seriedad que una investigación
dedicada exige.

[…]
De igual manera ha sido utilizado el libro “Bosquejo de la Historia del Arte” cuyo autor
es también el Doctor Aurelio De Jesús Angarita Cárdenas, es un libro que ha sido
adoptado como texto de enseñanza, tal como lo exige el Programa Educativo
Institucional (P.E.I.), establecido para el año 1996 en los grados 9 y 10, ajustándose a
lo previsto en la Ley 115 de 1994. El texto señalado se dictó en el área de Historia
Universal con una intensidad horaria de 2 horas semanales.
[…]

Además se adoptan los libros “Apuntes de Cultura y Humanismo” y “Bosquejo de la
Historia del Arte” como texto de enseñanza porque

a. Corresponde al contenido de la cátedra
b. Se considera que contiene investigación profunda sobre el tema y
c. Por el carácter didáctico y la calidad expositiva del texto
d. Por los aportes científicos que hace el autor.

Reitero que los libros sirvieron como texto de enseñanza hasta finales de 1998,
actualmente los libros se encuentran en la Biblioteca del Colegio como texto de
consulta para estudiantes y profesores […]45».

44
Certificado del rector del colegio Monseñor Pacheco del 23 de julio de 2001, f. 189 y ss. del cuaderno 1 del
expediente físico.
45
Certificado del rector del Colegio Nacional Francisco Fernández de Contreras del 13 de agosto de 2001, f. 191 y
ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
26

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7) Fonprecon mediante auto del 4 de febrero de 200246 niega la nueva solicitud
pensional por no reunir los requisitos de tiempo de servicios y porque los textos de
enseñanza no cumplían con las condiciones, ya que no fueron tenidos en cuenta
en la liquidación del tiempo de servicios de la Resolución 472 de 1999, primer
reconocimiento pensional.

8) Posteriormente, Fonprecon en cumplimiento a un fallo de tutela interpuesta por
Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas, emitió la Resolución 4 del 15 de enero de
2003, en esta revocó la decisión anterior y reanuda el trámite administrativo de
reconocimiento pensional47.

9) A través de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, acto administrativo
aquí demandado, Fonprecon reconoció la pensión de jubilación a Aurelio De Jesús
Angarita Cárdenas por $4.399.184.46, a partir del 16 de enero de 1996,
descontando del retroactivo y las mesadas las sumas pagadas en razón de la
Resolución 472 de 1999; aplicó para el reconocimiento las leyes 5 de 1969, 4 de
1992 y 100 de 1993; los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 199448.

10) Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas falleció el 6 de junio de 2011, por lo que María
Odis Osorio Giraldo presentó solicitud de reconocimiento de sustitución pensional
en calidad de compañera permanente del causante; dicha solicitud fue negada por
Fonprecon mediante resoluciones 1443 del 23 de diciembre de 2011 y 160 del 24
de febrero de 2012, por no reunir el requisito legal de convivencia de por lo menos
5 años antes de la muerte del pensionado49.

11) Los anteriores actos administrativos fueron demandados por María Odis Giraldo
Osorio, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el radicado 25000234200020130074600, en el que emitió sentencia el 22 de enero
de 2015, en la que condenó a Fonprecon a sustituirle la pensión de jubilación en
un 100%, desde el 6 de junio de 201150.

3.6.2. Análisis sustancial de la Sala

56. Fonprecon reconoció pensión de jubilación a Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas
a través de la Resolución 1432 del 6 de septiembre de 2004, a partir del 16 de enero
de 1996, por acreditar cotización durante 16 años, 6 meses y 22 días y la convalidación
de 2 libros, equivalente cada uno a 2 años de servicio; para un total de 20 años, 6
meses y 22 días. No obstante, el Fondo considera que el causante no era beneficiario
del régimen especial de congresistas, Ley 4 de 1992 y Decreto 1359 de 1993, porque
su retiro del servicio fue el 19 de julio de 1990, cuando estas normas aún no se
encontraban vigentes. Además, que no se cumplieron los requisitos del Decreto 753
de 1974 y la Ley 50 de 1886 para la convalidación de tiempos por publicación de libros,
pues los textos fueron producidos y adoptados en el año 1996 y registrados en el año
1998, esto es, con posterioridad al retiro definitivo del servicio del causante y su
expedición no concurrió al ejercicio de la docencia.

57. Se encuentra demostrado que Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas fue elegido
como representante a la Cámara para los periodos constitucionales 1978 – 1982 y
1986 – 1990, ejerciendo su función como congresista hasta el 19 de julio de 1990. Por
lo anterior, asiste razón al Tribunal de primera instancia cuando advierte que no le era

46
F. 239 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
47
F. 348 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
48
F. 532 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
49
F. 651 y ss, y 707 y ss. del cuaderno 1 del expediente físico.
50
Visible en la plataforma SAMAI, con radicado núm. 25000234200020130074601 (4916-2015).
27

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aplicable el régimen especial de congresistas establecido en el Decreto 1359 de 1993,
pues: (i) no ejerció su labor ni adquirió el estatus entre el 18 de mayo de 1992, fecha
de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, y hasta el 1 de abril de 1994, entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, y (ii) a pesar de resultarle aplicable el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tener más de 40 años de edad y
más de 15 años de servicio a su entrada en vigencia, 1 de abril de 1994, para dicha
fecha no había ejercido labor legislativa a partir del 18 de mayo de 1992, y su situación
no varió hasta el 1 de abril de 1994.

58. Respecto a la homologación o convalidación de tiempo de servicio por la producción
de textos de enseñanza, Ley 50 de 1886 y Decreto 753 de 1994, la Sala considera que
no cumple con las condiciones establecidas en la norma e interpretado su alcance por
diferentes pronunciamientos de esta corporación. Lo anterior, en vista de que las obras
presentadas para completar el tiempo de servicio, «Bosquejo de la Historia del Arte»
y «Apuntes de Cultura y Humanismo», a pesar de estar certificadas por dos rectores
de instituciones educativas como textos de enseñanza utilizados para el ejercicio de la
pedagogía, fueron adoptados para tal labor a partir del año 1996 y registrada o inscrita
su propiedad intelectual el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1998,
respectivamente; y dicho requisito debió cumplirse antes del 20 de junio de 1994 para
que el estatus jurídico se consolidara bajo los preceptos del artículo 3 del Decreto 1293
de 1994, por lo que tampoco le resultaba aplicable dicho régimen de transición.

59. Además, las condiciones para la convalidación de 2 años de servicio por cada texto
de enseñanza producido en los términos establecidos en la Ley 50 de 1886 y del
Decreto 753 de 1974, se cumplió hasta el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de
1998, cuando efectivamente se registraron los derechos de autor; fecha posterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, que en el literal «i» del artículo 13 establece la
prohibición, a partir de su vigencia, de sustituirse semanas de cotización o abonarse
semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de requisitos que difieran
a cotizaciones o tiempo prestado; por lo que la producción de los libros de enseñanza
se efectuó con posterioridad al retiro del servicio, 19 de julio de 1990, y después de la
vigencia de la Ley 100 de 1993. No siendo posible su admisión como sustituto de
tiempo de servicios, como lo efectuó el acto administrativo acusado.

60. Por consiguiente, excluidas las dos producciones literarias de enseñanza, Aurelio
de Jesús Angarita Cárdenas, acredita como tiempo de servicios un total de 16 años,
11 meses y 1 día, por lo que a pesar de ser posible, por disposición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, la aplicación del régimen de transición y por ende le rigen las
normas de la Ley 33 de 1985, no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 1
de dicha normatividad, 20 años de servicios continuos o discontinuos; por lo que
resulta desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo de
reconocimiento pensional demandado.

61. Finalmente, en referencia a lo alegado por el recurrente referente a que la
sustitución pensional de que fue beneficiaria María Odis Osorio Giraldo, se otorgó en
observancia de una orden judicial emanada de esta jurisdicción, por lo que constituye
un derecho adquirido; conviene a la Sala aclarar que no lo es, pues estos derechos
deben ser obtenidos con el cumplimiento de los requisitos legales por parte de quien
los reclama, y en el evento de que el acto administrativo que reconoció la pensión al
causante esté viciado de nulidad por falta de cumplimiento de los requisitos de ley,
corre igual suerte el derecho de sustituir la pensión de jubilación que ostenta María
Odis Osorio Giraldo, que deviene irrestrictamente del reconocimiento pensional de su
fallecido compañero. Ello, a pesar de haber existido un pronunciamiento judicial al
respecto, pues como se vio, lo debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 25000234200020130074600/01, que accedió a las pretensiones de la
entonces demandante María Odis Osorio, se circunscribió a los requisitos para el
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

reconocimiento de la sustitución pensional contenidos en la Ley 100 de 1993, y no
sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión de jubilación primigenia.

3.7. Conclusión de la decisión

62. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
Aurelio de Jesús Angarita Cárdenas no tuvo derecho a la pensión de jubilación que le
fue reconocida por Fonprecon con fundamento en el régimen especial de congresistas,
por lo que se confirma la sentencia apelada.

3.8. Costas

63. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario51 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

64. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandada, y en esta instancia recurrente, haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 24 de septiembre
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Fonprecon.

Tercero: No condenar en costas.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
51
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-06096-02
Demandante: Fonprecon

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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