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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00120-05

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00120-05

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L LA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00120-05

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00120-05 (0892-2025)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON
Demandadas: Melva Triana de Quiñones y otras

Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad.

ANTECEDENTES

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON instauró
demanda en contra de las señoras Melva Triana de Quiñones1, Laura Quiñonez
Duarte y Tatiana Quiñonez Yepes, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), bajo la
modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 0456 del 08 de julio de 1998,
1174 del 10 de diciembre de 1998, 0797 del 07 de julio de 2008, 1160 del 10 de
septiembre de 2008, 0116 del 22 de enero de 2010 y 1188 del 24 de octubre de
2011, mediante las cuales Fonprecon reconoció una pensión de jubilación en favor
del señor Justiniano Quiñonez Angulo y la sustituyó a nombre de su cónyuge Melva
Triana de Quiñones y sus hijas Laura Quiñonez Duarte y Tatiana Quiñonez Yepes.

1Se advierte que el apellido de la señora Melva en la cédula de ciudadanía registra como de Quiñones, mientras

el apellido de su esposo Justiniano registra en su cédula como Quiñonez.

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Radicado: 25000-2342-000-2014-00120-05 (0892-2025)

A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que el señor Quiñonez
Angulo no tenía derecho a la prestación económica por parte del Fondo
demandante, porque para el 1° de abril de 1994 no ostentaba la calidad de
congresista y, por ende, no era merecedor del régimen especial del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992, que, en consecuencia, la UGPP debía reasumir el pago de la
sustitución pensional por ser la entidad competente para hacerlo.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que a través de Resolución No. 0456 del 8 de julio de 1998, Fonprecon reconoció
una pensión de jubilación a favor del señor Quiñonez Angulo, por un valor de
$3.501.034,05, efectiva a partir del 8 de noviembre de 1994, liquidada con el 75%
de lo devengado por un congresista.

Que por Resolución No. 1174 del 10 de diciembre de 1998, se sustituyó el 100% de
la prestación económica en favor de la señora Triana de Quiñones, efectiva a partir
del 3 de septiembre de 1998, elevando la suma a $7.352.743,04.

Que mediante las Resoluciones 0797 del 07 de julio de 2008, 1160 del 10 de
septiembre de 2008, 0116 del 22 de enero de 2010 y 1188 del 24 de octubre de
2011 se realizaron modificaciones en la sustitución pensional, para asignarles un
porcentaje a las hijas beneficiarias del causante, por lo tanto, se disminuyó lo
otorgado a la cónyuge a un 50%.

Que el señor Quiñonez Angulo fue congresista durante 8 meses y 27 días de forma
discontinua entre 1978 a 1982, período en el que realizó cotizaciones a Cajanal,
pues para la época no existía Fonprecon.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y los artículos 1°, 2°, 3° del
Decreto 1293 de 1994.

Sostuvo que los actos administrativos demandados son contrarios al ordenamiento
jurídico, porque la Corte Constitucional en Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013,
condicionó la interpretación del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, en el sentido de
que no podía extenderse a quienes con anterioridad del 1° de abril de 1994 no se
encontraban afiliados a este régimen.

Que, por lo anterior, no le correspondía al Fondo accionante otorgar la prestación al
causante ni la posterior sustitución a las demandadas, añadiendo que el pensionado
nunca cotizó a Fonprecon sino a Cajanal.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 18 de julio de 20142, y notificada a las demandadas3 y
la UGPP en calidad de tercero con interés directo. Por auto del 23 de noviembre de
2021 se suspendieron provisionalmente las resoluciones cuestionadas y se le
ordenó a la UGPP continuar con el pago de las mesadas pensionales hasta que se
dictara fallo de fondo 4; sin embargo, mediante auto del 15 de septiembre de 20225
está corporación revocó la medida al resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada.

Las demandadas y la entidad vinculada señalaron que el otorgamiento de la
prestación económica, en favor del señor Quiñonez Angulo, se realizó conforme a
la normatividad vigente y que Fonprecon si era la competente para el
reconocimiento.

Propusieron las siguientes excepciones: falta de existencia de la obligación; cobro
de lo no debido; legalidad de los actos demandados; improcedencia de la devolución
de los pagos; caducidad de la acción en relación con la pretensión de reintegro de
los dineros pagados por parte de los beneficiarios contenida en el acápite
denominado “suspensión provisional”; no comprender la demanda todos los
litisconsortes necesarios; cosa juzgada; legalidad del reconocimiento pensional;
prescripción; buena fe, y compensación.

Respecto a la caducidad propuesta se dijo que aun suponiendo que fuera
procedente el reintegro de las mesadas reclamadas, esto iría en contra de lo
establecido en el artículo 164 del CPACA y las normas sobre caducidad porque la
entidad debió instaurar la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la
notificación del acto administrativo de 2011, pero esta se ejerció en 2014.

El 20 de enero de 2022 se surtió el traslado de excepciones 6, la parte demandante
guardó silencio, posteriormente fueron resueltas siendo desestimadas 7. Por auto del
5 de abril de 20228 se prescindió de la audiencia inicial. El 9 de junio de 2022 se
dictó sentencia de primera instancia, donde se accedió parcialmente a las

2 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 03, archivo denominado: 1ERA INST. ADMITE DEMANDA.

LAAP/JJAA.
3 A la señora Triana de Quiñones se le nombró curador ad litem, luego de surtirse el trámite de emplazamiento

en 2017 por el desconocimiento de su ubicación. Por Auto del 8 de octubre de 2020 se suspendieron
provisionalmente las resoluciones cuestionadas y se le ordenó a la UGPP continuar con el pago de las mesadas
pensionales hasta que se dictara fallo de fondo; sin embargo, el Consejo de Estado mediante auto del 27 de
septiembre de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la cónyuge del causante, dispuso
devolver el expediente al Tribunal porque este declaró por auto de 3 de agosto de 2021 la nulidad de la actuación
surtida con respecto a la apelante por indebida notificación.
4 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 153, archivo denominado:
1129_AUTOMEDIDASCAUTELARES(.PDF).
5 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, 25000-23-42-000-2014-00120-03 (1759-2022), índice 16, archivo

denominado: AUTOQUERESUELVEMEDIDACAUTELAR(.pdf).
6 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, índice 166, archivo denominado:
142_AUTOQUEORDENATRASLADODELASEXCEPCIONES(.PDF).
7 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, índice 176, archivo denominado: 151_AUTOQUERESUELVE(.PDF).
8SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 190. Archivo denominado:
164_AUTOTRASLADOPARTES10DIAS(.pdf).

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pretensiones 9; pero, al resolver el recurso de apelación, esta Subsección declaró
nula la sentencia mediante auto del 29 de abril de 2024 10 y ordenó que se vinculara
al litisconsorte necesario, tal como se había dispuesto en auto del 11 de agosto de
202211.

Cumplida la orden anterior, la señora Triana de Quiñones propuso la excepción de
caducidad de la que trata el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Razón por la cual,
se consideró procedente dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 2.º del artículo
175 del C.P.A.C.A., y resolver dicho medio exceptivo mediante sentencia
anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la excepción de caducidad y,
en consecuencia, dispuso la terminación del proceso, en aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024. Resaltó que el Consejo de Estado ha señalado que es un
deber del juez declarar la caducidad si la encuentra probada.

Expresó que el artículo 164 numeral 1° literal c del CPACA establecía que la
demanda contra actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones
periódicas podía ser presentada en cualquier tiempo, por lo que no se consagraba
para la acción término de caducidad, pero que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
estableció que este tipo de acciones no pueden ejercerse luego de 5 años contados
desde el reconocimiento de la pensión, norma que es también aplicable a los
procesos en curso, y debe regir a partir de la sanción de la Ley (julio de 2024), por
no hacer parte del sistema pensional, que regirá desde el 1° de julio de 2025.

Que en el caso estudiado Fonprecon reconoció la pensión en el año 1998, y
presentó la demanda en el año 2014, mucho después de los 5 años permitidos,
razón suficiente para declarar la caducidad de la acción.

RECURSO DE APELACIÓN

Fonprecon interpuso recurso de apelación por considerar que no se tuvo en cuenta
la excepción a la aplicación de la caducidad contemplada en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, referente a delito o fraude. Señaló que la pensión del señor Justiniano
Quiñonez Angulo fue reconocida con base en ingresos no devengados, y bajo un
régimen pensional que no le correspondía.

Que esto configuró un fraude a la ley, por el uso abusivo y desproporcionado de una

9SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 206. Archivo denominado:181_SENTENCIA(.pdf).
10SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Exp: 25000-23-42-000-2014-00120-04 (4979-2022). Índice 20.
Archivo denominado: 21AUTOQUERESUEL_CONAJUSTES49792022NY(.pdf).
11SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Exp: 25000-23-42-000-2014-00120-02 (1754-2022). Índice 18.

Archivo denominado: AUTOQUERESUELVEAPELACIONDEAUTO(.pdf).
• El 19 de agosto de 2021, la señora Triana de Quiñones presentó solicitud de vinculación como
litisconsorte necesario a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares; el Tribunal, por auto de 16 de
septiembre de 2021 (índice 138), negó la petición, lo cual fue revocado por el Consejo de Estado.

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interpretación normativa, y que solo los derechos adquiridos con arreglo a la ley
resultaban susceptibles de protección. Que lo anterior encuentra respaldado en la
sentencia C-258 de 2013, la cual además estableció “que los términos de caducidad
se reanudarían y empezarían a contar a partir de la comunicación de la sentencia”.

Que el Tribunal ignoró el auto del 14 de febrero de 2022, donde resolvió las
excepciones previas, entre ellas la caducidad, que encontró no probadas; por lo
tanto, no podía volver a pronunciarse sobre ese punto, porque la decisión estaba en
firme y regía el principio de que no se puede reabrir lo ya decidido.

Citó la sentencia de 16 de diciembre de 2024 Rad. 25000-23-42-000-2015-06096-
02 (1838-2021), de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la cual se dice que la caducidad debe analizarse conforme al inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual establece que las normas procesales
nuevas no se aplican a actuaciones que ya habían comenzado bajo las reglas
anteriores.

Que la caducidad - al ser una regla de sustanciación y ritualidad del juicio - debe
evaluarse con base en la norma que estaba vigente al momento de presentar la
demanda. Para este caso, el artículo 164.1.c del CPACA permitía demandar en
cualquier tiempo cuando se tratara de nulidad de actos que reconocen prestaciones
periódicas. Añadió que la Subsección B concluyó que la expresión “y que estén en
curso” vulneraba los artículos 29 y 229 de la Constitución, así como los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica, y con base en el artículo 4° constitucional
ordenó su inaplicación por inconstitucionalidad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de mayo de 2025 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se decidirá, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sala determinar si procede revocar la sentencia de primera instancia que
declaró, de oficio, probada la excepción de caducidad con fundamento en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

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La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 12

«(…) La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca.»

El artículo 164, numeral 1. ° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece:

«(…) Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.» (Negrillas para resaltar)

Se advierte que la Ley 2381 de 2024 13 fue sancionada y publicada el 16 de julio de
2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94,
empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Exp: 47001 -

23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros.
13 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte

de origen común, y se dictan otras disposiciones».

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Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil querido
por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha y después de trascurridos 5 años del reconocimiento pensional,
la administración presentara una demanda contra el pensionado, ¿estaría
obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha entrado
en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 199714.

Respecto de su aplicación a procesos en curso, esta Sub-Sección ha sido clara
afirmar en que es procedente15 y aunque no desconoce las decisiones de la
Subsección B, no las comparte, entre otras por las siguientes razones:

La Constitución Política en el artículo 150, consagra al legislador una amplia
competencia para establecer, entre otras, reglas procesales y la Corte
Constitucional las encontrado justificadas en la necesidad de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de
Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica 16.

La interpretación y aplicación que de la norma sobre caducidad ha realizado la

14 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
15 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022,

C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm.
3509 de 2024, 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936 - 2024, exp. núm. 3936-2018 todas del C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Subsección ha dado prevalencia a los derechos reconocidos a la población
pensionada, considerando que la principal razón por la cual el legislador establece
un plazo para presentar acciones judiciales o administrativas que se promueven en
contra de estos derechos adquiridos es proteger principios constitucionales como la
seguridad jurídica y confianza legítima.

Esto significa que, una vez reconocida una pensión por la autoridad competente,
esa decisión debe gozar de estabilidad y no estar sujeta a cuestionamientos
indefinidos en el tiempo. Protección que también refuerza el respeto por la buena fe
de las personas que han cumplido con los requisitos legales para jubilarse, y
contribuye a garantizar sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la
seguridad social y a recibir una pensión que garantice su subsistencia.

Se advierte que a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede
suscitar la redacción del segundo inciso de la disposición, para esta Sala, no es
ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política en
punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 superior,
pues en palabras de esta corporación “(...) para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cortejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultanea” 17

Por lo anterior, para que el Consejo de Estado declare la excepción de
inconstitucionalidad, a través del control de constitucionalidad concreto es necesario
que la contradicción sea manifiesta, lo cual no se evidencia en el presente caso, por
lo que se presume que la norma es constitucional hasta que la Corte Constitucional
decida lo contrario.

De acuerdo con lo anotado, resulta respetable la interpretación y postura que
pretende el recurrente, y más cuando este se fundamenta en una decisión de esta
corporación, sin embargo, se reitera, en virtud del principio de la autonomía el juez
también puede apartarse de esas decisiones siempre y cuando presente las
razones por las cuales lo hace y demuestre con suficiencia que su interpretación
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.

Resolución del caso concreto

Como estudio previo al asunto se advierte que Fonprecon en su apelación mencionó
que el Tribunal debió percatarse que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, consagra
como excepciones a la declaratoria de la caducidad, la ocurrencia de fraude o delito
en el trámite del reconocimiento.

Sobre este punto es importante señalar que, la parte actora en la actuación de
primera instancia no hizo ninguna referencia a ese tema y tampoco se allegaron

17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010. Exp. 66001-23-31-000-2007-

00070-01. C.P. María Elizabeth García González. Demandante: FAMILY COFFEE S.A.

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pruebas que lo sustenten. En todo caso, se observa que la misma entidad admitió
en su demanda que se trató de un error propio al otorgar el derecho pensional,
afirmando en varias ocasiones que “no le era aplicable el régimen especial de
transición de congresista, tal como equivocadamente lo entendió
FONPRECON” 18; por tanto, tal argumento no tiene respaldo probatorio y no sirve de
fundamento para revocar la sentencia de primera instancia.

Frente al argumento de que la caducidad ya fue analizada en el auto que resolvió
las excepciones y se declaró no probada, debe señalarse que el artículo 187 del
CPACA autoriza al superior a estudiar y decidir sobre todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, refiriendo lo siguiente: En la sentencia se decidirá sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

En este caso, además de la posibilidad de aplicar la disposición que se acaba de
citar, no se puede perder de vista que se acudió a una norma que no existía al
momento de resolver las excepciones y las razones para hacerlo, han quedado
suficientemente claras en el texto de esta providencia

Como último punto del recurso de apelación, se solicita que en el análisis de
caducidad se tenga en cuenta la providencia de 16 de diciembre de 2024, proferida
por la Subsección B, en la que se concluyó que tal figura debe estudiarse conforme
a la norma que se encontraba vigente al momento de presentarse la demanda, en
virtud del inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y que se aplique la
excepción de inconstitucionalidad, aspecto que considera la Sala que quedó
esclarecido en acápites anteriores de esta providencia en los que ampliamente se
justifica el por qué se aplica la norma a procesos en curso y por qué no se da
aplicación a la excepción propuesta.

Analizando en concreto la caducidad, se tiene que lo que se cuestiona es el
cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión por parte del señor
Justiniano Quiñonez Angulo la cual se reconoció mediante Resolución No. 0456 del
08 de julio de 1998, pues los demás actos, esto es las Resoluciones 1174 del 10 de
diciembre de 1998, 0797 del 07 de julio de 2008, 1160 del 10 de septiembre de
2008, 0116 del 22 de enero de 2010 y 1188 del 24 de octubre de 2011, no se
refirieron a esos requisitos, sino a la sustitución, de tal manera que la caducidad se
cuenta a partir de la expedición del primero de los actos y conforme a ello, la
administración tenía hasta el 9 de julio de 2003 para presentar la demanda, y según
consta en el expediente digital se radicó y sometió a reparto el 21 de enero de
2014,19 por lo que se concluye que tal como lo consideró el Tribunal, se presentó
con posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.

En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control ejercido.

18 Visible en las pretensiones y hechos de la demanda.
19 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 1, archivo denominado: reparto y radicación del Proceso.

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10
Radicado: 25000-2342-000-2014-00120-05 (0892-2025)

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 20 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión
apelada, en consideración al numeral 3.° del artículo 365 del CGP 21, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en esta instancia, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

F A L LA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
21 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al

recurrente en las costas de la segunda.

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