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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05452-00

Fecha
13 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05452-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones formuladas por las señoras Paulina Isabel Illera Guzmán, Mónica Patricia Illera Guzmán y el señor José Ramón Visbal Illera en la acción de tutela, por los motivos expuestos en el presente proveído. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05452-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05452-00
Accionante: Paulina Isabel Illera Guzmán y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 18

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela porque no se
configuraron los defectos endilgados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por las señoras Paulina Isabel Illera Guzmán, Mónica
Patricia Illera Guzmán y el señor José Ramón Visbal Illera, quienes actúan por
intermedio de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión núm. 18, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 18 de marzo
de 2024 dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000-2017-01249-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Rodolfo Palacio Iguarán, en calidad de representante legal de la
Comunidad de Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de indígenas de
Tubará – Atlántico, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, demandó el acto administrativo del 10 de abril de 1996, por medio
del cual se negó una solicitud de exploración y explotación de petróleo, y del 26
de junio del mismo año, que confirmó dicha decisión, los cuales fueron proferidos
por el Ministerio de Minas y Energía.

El proceso correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que mediante providencia del 16 de marzo de 2015 negó las
pretensiones de la demanda.

Con posterioridad, esto es, el 17 de mayo de 2017, la parte demandante interpuso
recurso extraordinario de revisión.

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Acción de Tutela
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Accionante: Paulina Isabel Illera Guzmán y otros

El Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 18, mediante providencia
del 18 de marzo de 2024 declaró probada la excepción de caducidad respecto
del recurso extraordinario de revisión.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante considera que el Consejo de Estado, Sala de Decisión núm.
18, en la providencia del 18 de marzo de 2024 incurrió en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo al aplicar la Ley 1437 de 2011, en lugar del artículo
57 de la Ley 446 de 1998, el cual establecía que el recurso extraordinario
de revisión podía interponerse en el término de dos años. Lo anterior, en
razón de que la demanda se instauró con anterioridad a la entrada en vigor
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

• Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en cuanto declaró
la caducidad del recurso extraordinario de revisión por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales.

• Violación directa de la Constitución Política: Al desconocer lo
preceptuado en el artículo 228 de la Constitución relacionado con la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
se ordene la ineficacia de la caducidad decretada y que se continúe el
trámite del proceso ordenando la práctica de las pruebas pedidas a fin
de que el proceso termine en sentencia que conozca real y
efectivamente el contenido de la acción o recurso de revocatoria
directa».

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 12 de noviembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sala de Decisión núm.
18 como accionado y a la Nación, el Consejo de Estado, Sección tercera,
Subsección C, el Ministerio de Minas y Energía y a la empresa Allied Energy
Colombia Corporation como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. La magistrada ponente de la decisión, indicó que la acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se fundamenta en
la inconformidad de la parte accionante frente a la declaración de la excepción
de caducidad respecto del recurso extraordinario de revisión, situación que lejos
de vulnerar derechos fundamentales, garantiza la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.

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2.4.2. El Ministerio de Minas y Energía sostuvo que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte
accionante no indicó las actuaciones u omisiones de la autoridad judicial
accionada que vulneraron el derecho fundamental invocado.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 18 incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y violación
directa a la Constitución, al proferir la sentencia del 18 de marzo de 2024.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección

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de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos
de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»1.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como
ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado,
ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por
error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance
de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que
pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final
de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

1
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.

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(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que
la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y
el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen
efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»2.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5. Del defecto procedimental

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre
cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo
para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones
generan una denegación de la justicia3. Este defecto procedimental puede llegar
afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la
administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii)
se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando
a ello hay lugar4.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa
ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por

2
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
4
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de
2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012.

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la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se
vulneren derechos fundamentales5.

3.6. Análisis de los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto en el caso concreto

La parte accionante considera que, en la providencia cuestionada, el Consejo de
Estado, Sala de Decisión núm. 18, desconoció el contexto en el que se presentó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para el momento
de su interposición, esto es, para el 10 de abril de 1996, se encontraba vigente
el Decreto 01 de 1984.

Pese a ello, al analizar el recurso extraordinario de revisión, la Sala Especial de
Decisión se basó en lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 que establece un (1)
año para la interposición del recurso, en lugar del artículo 57 de la Ley 446 de
1998, el cual prevé un término de dos (2) años para su presentación.

Al respecto, en la providencia objeto de la acción de tutela se afirmó lo siguiente:

(…)
«A efectos de resolver entonces si operó el fenómeno de caducidad del
recurso extraordinario de revisión, observa la Sala que el Consejo de
Estado ha indicado que este tipo de recursos constituyen una nueva
instancia procesal y por lo tanto se erige de manera independiente al
proceso que le da origen, pues es producto de la inconformidad del
recurrente con los argumentos expuestos en las decisiones que
definieron con el carácter de cosa juzgada el litigio en primera y segunda
instancia de acuerdo a las causales que establece el orden jurídico».

(…)

De cara al caso bajo examen, es entonces claro que, como el recurso
extraordinario de revisión fue interpuesto después del 2 de julio de 2012,
esto es, el 17 de mayo de 2017, le son aplicables las disposiciones de
la Ley 1437 de 2011.

(…)

«Así, como el recurso no invoca los supuestos del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, el término aplicable para interponerlo es de un año
contado desde la ejecutoria de la sentencia.

Revisado el expediente se advierte que en este caso la sentencia
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación quedó
ejecutoriada el 15 de mayo de 2015 y que el recurso fue interpuesto el
17 de mayo de 2017, esto es, más de un (1) año después de haber
precluido el término para su presentación oportuna, por lo que
encuentra asidero la excepción planteada por el accionado en el sentido
de que operó la caducidad, como en efecto se declarará en la parte
resolutiva de esta sentencia».

5
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-
770 de 2014.

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Debe tenerse en cuenta que la interpretación normativa de la Sala de Decisión
se fundamentó en la providencia de unificación del 25 de junio de 2014, en la que
se analizó la entrada en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Además, en la providencia objeto de reproche, se justificó de forma argumentada
las razones por las cuales el término de caducidad se rige por lo dispuesto en la
Ley 1437 de 2011, sin que se pueda considerar que las razones sean arbitrarias
o caprichosas.

En ese orden de ideas, esta Sala no encuentra configurados los defectos
aludidos, pues el razonamiento desplegado por la autoridad judicial accionada en
la providencia del 18 de marzo de 2024 se acoge a la normativa vigente y a la
jurisprudencia aplicable, garantizando los derechos de los involucrados en el
proceso.

3.7. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura,
entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que
desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en
perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras
palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una
disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión
judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la
Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados
superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las
partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran
el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite,
sino que también desconocen la supremacía de la Constitución Política
en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus
mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A este
respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de
modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa
por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados».6

3.8. Análisis de la violación directa de la Constitución en el caso concreto

La parte accionante, argumentó que el Consejo de Estado, Sala de Decisión núm.
18, incurrió en la violación directa de la Constitución al desconocer el artículo 228

6
Corte Constitucional, sentencia T-587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos.

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de la Carta Política en relación con la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas procesales.

En relación con los reproches realizados en este aspecto, se advierte que no se
dejó de aplicar ninguna disposición constitucional de forma directa, ni que hubiera
lugar a aplicar alguna excepción de inconstitucionalidad al caso concreto. Por el
contrario, la decisión se adoptó con base en la interpretación que de la caducidad
ha hecho la Sala Plena del Consejo de Estado, por lo que tampoco se puede
afirmar válidamente que se haya desconocido directamente la Constitución
Política.

En ese orden de ideas, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones formuladas por las señoras Paulina Isabel Illera
Guzmán, Mónica Patricia Illera Guzmán y el señor José Ramón Visbal Illera en
la acción de tutela, por los motivos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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