Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05470-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05470-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05470-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05470-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: PEDRO JOSÉ DE LA VEGA CASTILLO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA PRESENTE SOLICITUD DE
AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL
ACCIONANTE ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05470-00
Actor: PEDRO JOSÉ DE LA VEGA CASTILLO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor PEDRO JOSÉ DE LA VEGA CASTILLO, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia y al principio de
seguridad jurídica, los cuales estima vulnerado por el TRIBUNAL y
la SECCIÓN TERCERA al haber proferido las providencias de 30
de julio de 2020 y 19 de febrero de 2024, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 25000-23-36-000-2018-00364-01.
I.2.- Hechos
1
En adelante el Tribunal
2
En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05470-00
Actor: PEDRO JOSÉ DE LA VEGA CASTILLO
Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, con el fin de que
se reconocieran los perjuicios ocasionados con el presunto error
jurisdiccional en el que incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al proferir la sentencia de 26 de mayo de 20163.
Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2018-00364-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, en
sentencia de 30 de julio de 2020, denegó las pretensiones al
considerar que la sentencia de 26 de mayo de 2016 se fundamentó
en las pruebas válidas y oportunamente aportadas al proceso y,
además, lo condenó en costas en primera instancia.
Afirmó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que,
mediante providencia de 19 de febrero de 2024, confirmó la decisión
del a quo y, en consecuencia, lo condenó en costas en segunda
instancia en la suma de 1 SMLMV a su cargo y a favor de la Nación –
Rama Judicial.
3
Sentencia proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 2013-00434-01, promovido por el actor contra la Nación – Policía
Nacional con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima de actividad y subsidio familiar.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto material o sustantivo, pues las
providencias son un quebranto a la seguridad jurídica, comoquiera
que se modificó el parámetro legal de notificaciones y se añadió un
elemento adicional, lo que supuso la pérdida y renuncia de recursos.
Aseveró que la SECCIÓN TERCERA dejó de aplicar los artículos 44
y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo y 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, normas que señalan la eficacia de la notificación en
sede administrativa y dio su propia interpretación ajena a la
literalidad y al espíritu de la ley, así como argumentos que no se
basan en la hermenéutica jurídica y que, por el contrario, contradicen
postulados, principios y normatividad legal.
Sostuvo que el acto administrativo que se cuestionó dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la
demanda de reparación directa no señaló los recursos procedentes,
ni el término para interponerlos, pese a que contra el mismo sí
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procedía el recurso de reposición, por lo que se buscaba el
pronunciamiento de la administración para que se corrigiera el acto
inicial.
Refirió que las demandadas se apartaron del precedente
jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en cuanto a
las notificaciones y caducidad, especialmente, de las sentencias de 6
de junio de 20024 y 4 de abril de 20195, pues se pasó por alto la
eficacia de las notificaciones de actos administrativos como garantía
del derecho de defensa.
Sumado a lo anterior, arguyó que también se incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial de las
sentencias C-085 de 2014, C-980 de 2010 y T-178 de 2010
proferidas por la Corte Constitucional, que reiteran el derecho
fundamental al debido proceso que debe hacerse efectivo en toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de junio
de 2002, C.P. Alberto Arango Mantilla, radicación núm. 17001-23-31-000-1996-00354-01.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de abril de
2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación núm. 11001-03-15-000-2018-03670-01.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en
consecuencia:
“[…] SEGUNDO. - ORDENAR al Tribunal que se dicte auto en
derecho, respetando el debido proceso, el principio de seguridad
jurídica, el derecho a la igualdad, el derecho a la recta
administración de justicia, el derecho al acceso a la
administración de justicia, en particular respetando los
lineamientos señalados en el art. 44 y siguientes del C. C. A. y
67 y siguientes del nuevo código de procedimiento
administrativo.
TERCERO. - en general, cualquier providencia tendiente a
amparar los derechos fundamentales amenazados […]”
(Destacado pertenece al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional, toda vez que no se satisface la carga
argumentativa que justifique suficientemente la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, además, porque lo pretendido es
crear una instancia adicional al proceso que dio origen a la acción de
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tutela.
Indicó que, si bien el actor señala como derechos vulnerados los de
acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa,
igualdad y seguridad jurídica, no se advierte una clara y marcada
importancia constitucional frente a la decisión cuestionada, lo que
evidencia una mera insatisfacción de sus intereses, buscando
convertir al juez constitucional en juez natural de la causa, pues
basta con observar los argumentos de amparo.
Lo anterior, comoquiera que las razones que sustentan el escrito de
tutela permiten evidenciar en el accionante la intención de surtir una
nueva discusión de los hechos valorados en la vía gubernativa y en
la instancia ordinaria por el juez natural de la reparación de daños,
sin poner de presente una verdadera transgresión de índole ius
fundamental.
Destacó que la providencia de 19 de febrero de 2024 estuvo acorde
con los supuestos fácticos y jurídicos formulados en el escrito de
demanda, los cuales permitieron constatar que la sentencia de 26 de
mayo de 2016, no incurrió en los errores judiciales alegados en sede
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de reparación directa, toda vez que se probó que el actor conoció del
oficio de 14 de junio de 2011 en esa misma fecha, notificándose por
conducta concluyente y teniendo la oportunidad de acudir
directamente a la jurisdicción contencioso administrativa.
Igualmente, porque se acreditó que los argumentos presentados
frente a la oportunidad para demandar el pago de la prima de
actividad y el subsidio familiar no fueron expuestos en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, refirió que no se incurrió en los defectos alegados y
que los argumentos expuestos en sede de tutela únicamente
constituyen una tercera instancia para que se reexamine los
supuestos facticos expuestos en el proceso ordinario.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ- adujo que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de
seguridad jurídica y coherencia del ordenamiento jurídico no
permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones
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de los jueces.
Sostuvo que en el caso concreto no se evidencia la ocurrencia de una
situación que lleve a concluir la existencia de un perjuicio
irremediable.
Por último, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, así como también se
despachen desfavorablemente las súplicas por improcedencia de la
solicitud de amparo e inexistencia de las causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
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esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la DEAJ solicitó su desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la DEAJ fungió como parte demandada dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2018-00364-01, objeto del presente estudio, le
asiste interés directo en las resultas del proceso de la referencia,
razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por
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falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
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que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y al
principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, se dejen sin
efectos las providencias de 30 de julio de 2020 y 19 de febrero
de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2018-00364-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
se incurrió en los defectos material o sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues las
autoridades judiciales accionadas modificaron el parámetro legal de
notificaciones y añadieron un elemento adicional, lo que supuso la
pérdida y renuncia de recursos.
Añadió que el acto administrativo que se atacó dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho origen de la demanda de
reparación directa no señaló los recursos procedentes, ni el término
para interponerlos, pese a que contra el mismo sí procedía el recurso
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de reposición, por lo que se buscaba el pronunciamiento de la
administración para que se corrigiera el acto inicial.
Finalmente, sostuvo que se desconoció lo establecido por el Consejo
de Estado6 en cuanto a la eficacia de las notificaciones de los actos
administrativos como garantía del derecho de defensa y por la Corte
Constitucional7, respecto al debido proceso que debe hacerse
efectivo en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas
Es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se presentó contra
el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA, lo cierto es que la sentencia
de 19 de febrero de 2024 confirmó la decisión del a quo y fue la que
puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará únicamente el
análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados a la sentencia proferida por el ad quem.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de junio
de 2002, C.P. Alberto Arango Mantilla, radicación núm. 17001-23-31-000-1996-00354-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de abril de
2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación núm. 11001-03-15-000-2018-03670-01.
7
C-085 de 2014, C-980 de 2010 y T-178 de 2010
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
los defectos material o sustantivo y desconocimiento del
precedente, al haber proferido la providencia de 19 de febrero
de 2024 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2018-00364-01.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
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derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se incurrió en
error jurisdiccional en la providencia de 26 de mayo de 2016, pues
se desconocieron las normas procesales en cuanto a la obligación de
informar los recursos procedentes en vía gubernativa y la notificación
de los actos administrativos.
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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional
ya fueron resueltas de forma admisible por la SECCIÓN TERCERA,
así:
“[…] Es importante precisar que, para el asunto bajo estudio, la
normativa aplicable al procedimiento administrativo está
contenida en el CCA, mientras que la normativa aplicable al
procedimiento contencioso administrativo corresponde al
CPACA, de acuerdo con el régimen de transición y vigencia
establecido en el artículo 308 ibídem.
Entonces, frente al primer error alegado, consistente en que la
providencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, desconoció lo dispuesto en los
artículos 44, 47 y 48 del CCA, pues la Policía Nacional no le
informó sobre la procedencia de los recursos de reposición y
apelación contra lo decidido, ni lo citó para notificarse
personalmente de ese acto administrativo, por lo que, a su
juicio, solo podía tenerse por notificado cuando elevó el recurso
de apelación; se tiene que el auto objeto de reproche, precisó lo
siguiente:
[…]
De lo expuesto, la Sala observa que la providencia acusada
encontró acreditado que el oficio del 14 de junio de 2011,
expedido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
omitió informar cuáles eran los recursos procedentes contra el
mismo.
Al efecto, se tiene que el numeral 2° del artículo 161 del CPACA
dispone que “la presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: […]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
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particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que
de acuerdo con la ley fueren obligatorios […]. Si las autoridades
administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se
refiere este numeral”.
Luego, según lo reseñado, resulta claro que Pedro José De la
Vega Castillo podía acudir directamente ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad
del oficio del 14 de junio de 2011, así como el pago de la prima
de actividad y el subsidio familiar, pues no se había dado la
oportunidad de presentar recursos en contra de dicho acto.
En ese orden de ideas, se advierte que la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional desconoció lo establecido en el artículo 47
del CCA, en el sentido de que “[e]n el texto de toda notificación
o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden
contra las decisiones de que se trate”. Sin embargo, también se
observa que esta circunstancia no le permitía al demandante
considerarse notificado al elevar el recurso de apelación, como
alega equivocadamente en el cargo (hecho probado 7.1.5.),
pues ello tan solo lo facultaba para acudir directamente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a controvertir el
acto.
De otro lado, se advierte que la providencia acusada señaló que
la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho no se presentó dentro de los 4 meses siguientes a
la notificación por conducta concluyente del oficio del 14 de junio
de 2011, efectuada ese mismo día, cuando el apoderado judicial
de Pedro José De la Vega Castillo recibió copia de la decisión y
plasmó su rúbrica en el documento.
En este sentido, es preciso manifestar que, dada la naturaleza
particular del oficio del 14 de junio de 2011, este sólo producía
efectos a través de su notificación personal o, en su defecto, por
medio de la notificación por aviso, tal y como lo preceptuaban
los artículos 44 y 45 del CCA, a menos que se produjera la
notificación por conducta concluyente a que se refiere el artículo
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48 ibídem, el cual señala “[s]in el lleno de los anteriores
requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada,
dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice
en tiempo los recursos legales […]” (resaltado fuera de texto).
Al efecto, la providencia objeto de estudio encontró acreditado
que el 14 de junio de 2011 el apoderado judicial de Pedro José
De la Vega Castillo Castillo recibió copia del oficio de esa fecha
y plasmó su rúbrica en el documento, por lo que en ese momento
el demandante tuvo conocimiento de la decisión y, en
consecuencia, se entendía notificado por conducta concluyente
(hecho probado 7.1.3).
De hecho, el Consejo de Estado18 ha señalado que en la
notificación de los actos administrativos por conducta
concluyente “se busca sanear o convalidar la falta o irregularidad
en que pudo incurrir la administración al publicitar los actos
administrativos y se configura en tanto la parte interesada
manifieste por algún medio que conoce la decisión de la
administración y conviene en ella aceptándola u oponiéndose
mediante la interposición de los recursos respectivos o de la
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa”.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional19 ha aclarado el
alcance de esta forma de notificación, destacando la importancia
de conocer el contenido de la decisión, así: “cuando el
peticionario está en desacuerdo con el contenido de la decisión
administrativa y no ejerce los recursos gubernativos oportunos,
para que opere la notificación por conducta concluyente, se
deben cumplir los siguientes requisitos: i)existencia de un
comportamiento del sujeto afectado por el acto; ii) que se surta
al interior del proceso y; iii) que se pueda deducir
inequívocamente el conocimiento del acto”. En efecto, en el
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 9 de
julio de 2014, Rad.: 29741. En este sentido ver también, Sección Tercera, sentencia del 18 de enero
de 2012, rad.: 42109 y Sección Cuarta, sentencia de 5 de septiembre de 2013, Rad.: 2013.-00082-
01
19
Corte Constitucional, sentencia T-201 de 2010.
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presente asunto, el cumplimiento de los anteriores requisitos
señalados por la Corte Constitucional, están acreditados porque
i) el apoderado de Pedro José De la Vega Castillo recibió copia
del oficio del 14 de junio de 2011 y plasmó su rúbrica en el
documento; (hecho probado 7.1.4.); ii) la actuación anterior se
surtió dentro del proceso administrativo en el cual el
demandante pretendía el pago de la prima de actividad y el
subsidio familiar (hechos probados 7.1.2. a 7.1.4.); y iii) el
demandante recibió a través de su apoderado judicial una copia
del documento que tenía la decisión, lo que permitía inferir
razonablemente que conoció de la misma.
Entonces, es de advertir que Pedro José De la Vega Castillo no
podía entenderse por notificado el 16 de noviembre de 2011,
cuando presentó recurso de apelación contra el oficio del 14 de
junio de 2011 (hecho probado 7.1.5), en tanto para entonces se
encontraba debidamente enterado del asunto, al haber sido
notificado por conducta concluyente.
Así pues, se advierte que no se configuró el error jurisdiccional
alegado, toda vez que Pedro José De la Vega Castillo no podía
tenerse por notificado cuando elevó el recurso de apelación,
pues, si bien la Dirección de Sanidad Militar de la Policía Nacional
no le informó sobre la procedencia de los recursos de reposición
y apelación contra el oficio del 14 de junio de 2011, ni lo citó
para notificarse del mismo, con lo cual desconoció lo dispuesto
en los artículos 44 y 47 del CCA, lo cierto que el demandante
conoció ese mismo día de la decisión, según lo previsto en el
artículo 48 ibídem y, en tal medida, podía, dentro de los términos
establecidos en la Ley, interponer los recursos en vía
administrativa o acudir directamente ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo anterior, el error alegado no tiene vocación de prosperar,
pues se advierte que lo que pretende el demandante, a través
de éste es incluir nuevos argumentos a aquellos que tuvo la
oportunidad de estudiar el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y que no esgrimió de forma
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oportuna.
Entonces, lo que se observa es que el demandante pretende
utilizar como tercera instancia el medio de control de reparación
directa sin el debido uso que se le debe dar cuando se demanda
al Estado por error jurisdiccional, pues busca controvertir
nuevamente la decisión del 26 de mayo de 2016, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue adversa a
sus intereses […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que el actor
pretende que se dé a las normas y a la jurisprudencia dispuesta para
el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial accionada en la
sentencia cuestionada.
Significa lo precedente que lo pretendido por el accionante es que el
juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en la demanda de reparación directa, con la finalidad de
que se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial
accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez
natural del asunto a las normas y la jurisprudencia, en el cual el juez
de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de
tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las
decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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