Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05617-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandantes: Ovidio Quevedo Muñoz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho contra acto administrativo que negó reliquidación pensional
/ Desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo
Decisión: Revocar decisión del a quo, en su lugar negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Ovidio Quevedo Muñoz, en contra de la
sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Ovidio Quevedo Muñoz promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y seguridad social, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11-001-33-35-014-2021-
00411-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones2 con el fin de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó la
1 Ver índice 2 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«1_DemandaWeb_Demanda_ESCRITOTUTELAYPODERQ(.pdf) NroActua 2»
2
En adelante Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
reliquidación de su pensión, con la incorporación de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.
ii) El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia del
22 de junio de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no tenía
derecho a la reliquidación pensional con inclusión del factor salariar «sobresueldo»,
pues, el régimen especial del INPEC era respecto al tiempo servido para adquirir el
derecho pensional, y que el IBL no es una circunstancia sometida a transición, por lo
que la liquidación debe realizarse según lo ordenado con la Ley 100 de 1993. En contra
de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en
sentencia del 11 de septiembre de 2024 confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar
que, pese a que el demandante es beneficiario del régimen especial establecido en la
Ley 32 de 1986, que le permitió pensionarse con 20 años de servicio sin tener en cuenta
la edad, lo cierto es que, para calcular su IBL se debía aplicar lo establecido en la Ley
100 de 1993, esto es, lo cotizado durante los últimos 10 años.
iv) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el tribunal demandado al incurrir
en desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado3 respecto al
régimen pensional de los empleados del INPEC, el cual indicó que la reliquidación
pensional se deberá efectuar con los factores salariales establecidos en el Decreto 446
de 1994, dentro de los cuales se encuentra el «sobresueldo»; así como de esa misma
corporación4.
En defecto sustantivo al no aplicar lo contenido en el artículo 17 del Decreto 446 de
1994, ni el 48 de la Constitución Política que señala que las pensiones se liquidarán
con los factores sobre los cuales se efectuaron aportes.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] se conceda la presente acción constitucional, por vía de hecho, por los defectos
material sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA SUB-SECCION “C” en
particular la sala precedida por el Doctor CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, decretar
la nulidad de la providencia judicial proferida y en su lugar se ordene la protección de los
derechos demandados, debiendo proferir nueva sentencia procediendo a incorporar el
SOBRESUELDO como factor base de liquidación de la pensión.
3 Al respecto citó: i) sentencia del 2 de febrero de2023, Sección Segunda, C.P: Rafael Francisco Suarez
Vargas, rad. 23001-23-33-000-2016-00445-01 (3423-2018)
4 Al respecto citó la sentencia del 8 de agosto de 2024, MP: Carlos Alberto Orlando Jaiquel, rad.
11001333501620220032101
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
3. Solicito del Honorable consejero, que, como medida cautelar, se ordene a
COLPENSIONES abstenerse de dar cumplimiento a la sentencia proferida TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dentro del radicado 11001-3331-014-2021-
00411-01. Hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela.
4. Solicito del Honorable Magistrado, se ordene la correspondiente notificación a la
accionada, para que haga valer sus derechos y se pronuncie sobre los hechos de la presente
acción […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C5 solicitó que se negara el amparo pretendido ante la inexistencia de vulneración de
derecho fundamental alguno, pues, la decisión se adoptó con fundamento en las
normas aplicables, el material probatorio recaudado y el criterio de la Sala sobre la
materia; contrario a ello, se observó que su verdadera intención es convertir la tutela en
una tercera instancia, para efectos de valorarse su liquidación pensional.
Refirió que se advirtió que no le asistía derecho a reliquidar la pensión con inclusión de
todos los factores devengados durante el último año (sobresueldo), si no se
encontraban en el Decreto 1158 de 1994 y si sobre ellos no se hubiesen realizado
aportes al sistema.
Asimismo, indicó6 que el argumento del presunto desconocimiento de su propio
precedente jurisprudencial no es cierto, en tanto la providencia del 8 de agosto de 2024
dentro del proceso ejecutivo 110013301620220032101, no fue proferida por la Sala,
sino que fue un auto que resolvió un recurso de apelación, por lo que no se trató de
asuntos similares, máxime, cuando en esa ocasión se trató de la ejecución de una
sentencia debidamente ejecutoriada que ordenó liquidar la mesada pensional con la
asignación básica, el cual, al parecer, se encontraba integrada por el sobresueldo.
1.3.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7 solicitó
que se negara el amparo pretendido ante la inexistencia de vulneración de derecho
fundamental alguno y de los defectos de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, pues, se tuvo en cuenta la normatividad aplicable a la materia y la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 28 de agosto de 2018, que concluyó que en el IBL para calcular la mesada pensional
se deben incluir los factores sobre los que se haya realizado el aporte durante los
últimos 10 años de servicio y que estén enlistados en las normas reglamentarias
correspondientes.
5
Ver índice 11 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«17RECIBEMEMORIAL_RV_INFORMEALDESPACHO(.zip) NroActua 11»
6 Ver índice 12 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«21RECIBEPRUEBAS_RTAT2024561700atctas(.pdf) NroActua 12»
7 Ver índice 13 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«21_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20245617InformeTute(.pdf) NroActua 13»
3
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Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
Sentencia en la que, además, se consideró que era aplicable a los regímenes
especiales de alto riesgo, como es el caso, si la pensión se adquiere en vigencia del
Régimen General de Pensiones y no se es beneficiario de un régimen de transición,
máxime, cuando actualmente no existe una sentencia de unificación sobre el IBL de los
ex integrantes del INPEC cobijado por la Ley 32 de 1986, así que se aplicó la tesis que
se consideró más acorde con la jurisprudencia vigente.
1.3.3. Colpensiones8 solicitó que se declarara improcedente lo pretendido,
comoquiera que los fundamentos de hecho y derecho expuestos en sede constitucional
ya fueron objeto de estudio judicial, por lo cual se configuró la cosa juzgada.
1.3 Sentencia de primera instancia9
El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 14 de noviembre de 2024
declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se acreditó el
requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, toda vez que la
verdadera intención del demandante es reabrir la controversia ya definida por el juez
natural.
Que existió una falta de carga argumentativa, pues, respecto al defecto fáctico no indicó
su incidencia en la sentencia, y frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial
referente a la sentencia del 8 de agosto de 2024, evidenció que dicho proceso es un
ejecutivo, controversia totalmente ajena a la de nulidad y restablecimiento del derecho
en cuestión, y en cuanto a las demás sentencias, lo único que ratificó es que no existe
postura unificada relacionada con el IBL de los funcionarios del INPEC, las cuales se
enmarcan dentro de la autonomía judicial.
1.4. Escrito de impugnación10
Ovidio Quevedo Muñoz impugnó la decisión del a quo, al considerar que es errónea la
conclusión a la cual llega el fallador al indicar que es potestativo del operador judicial
acatar el precedente jurisprudencial, pues, con ello se generaría una mayor inseguridad
jurídica.
Que el asunto goza de relevancia constitucional ante la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial y de la ley, pues, en la
decisión enjuiciada no tuvo en cuenta el carácter del sobresueldo de ese factor salarial.
8 Ver índice 14 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«26_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-adjunto_4297539RESP(.pdf) NroActua 14»
9 Ver índice 17 de Samai del expediente 11001031500020240561700. Actuación denominada
«33Sentencia_DECLARAIM_20240561700OVIDIOQUE(.pdf) NroActua 17»
10 Ver índice 17 de Samai del expediente 11001031500020240547000. Actuación denominada
«19_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONTU(.pdf) NroActua 17»
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Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
Asimismo, al no darse aplicación del artículo 17 del Decreto 446 de 1994 se disminuye
el monto de la pensión ya reconocida, y al ignorar la contradicción entre dos fallos
proferidos por la misma Sala de decisión se generó una mayor inseguridad jurídica, al
no decidirse casos similares bajo igual criterio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto
1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es competente
para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en
su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar
si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles
son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica
en aquella decisión.
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo15
adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005
para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a
partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo,
debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales de Ovidio Quevedo Muñoz con ocasión de la sentencia del 11
de septiembre de 2024, a través de la cual confirmó la decisión que negó las súplicas
de reliquidación pensional con inclusión del factor «sobresueldo», con la cual incurrió,
presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por el
a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo
una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos
constitucionalmente amparados.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la
solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
le corresponde a los jueces respetar los precedentes de las altas cortes como un
imperativo derivado del principio de igualdad; y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones
judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Además, el
principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar
la arbitrariedad en las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de
Derecho.
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada en su mayoría por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídico relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido
en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El valor jurídico del
precedente implica entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la
ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas
poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, y que estas sean de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el
orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si,
pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias
de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Por
último, eventos en los que se evidencia una incongruencia en el sentido de decisiones
precedentes, relevan al juez de su obediencia pues, en términos prácticos, no existe un
precedente claro que lo vincule.
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Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, para lo cual
corresponde identificar los precedentes relevantes; de suficiencia, esto es, dar a
conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisar por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y
que, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad
jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto sustantivo
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que
se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma
que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación
de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma
abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es
manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el
alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria
a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y (vi) se
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe
ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de
los sujetos procesales21.
2.4.4. Caso concreto
Ovidio Quevedo Muñoz acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C a través de la cual confirmó la decisión del a quo de
19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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negar las pretensiones de reliquidación pensional con inclusión del factor salarial
«sobresueldo».
Lo anterior, según el escrito de impugnación, al considerar que la referida decisión
judicial incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues, se incurrió en
contradicción respecto de otro fallo proferido por la misma Sala de decisión en la que
se incluyó el «sobresueldo» como factor salarial para tener en cuenta, con lo cual se
generó un escenario de inseguridad jurídica. En defecto sustantivo, ya que al no dar
aplicación del Decreto 446 de 1994 se disminuyó el monto de la pensión ya reconocido.
Ahora bien, la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados en
conjunto, en razón a que ambos van dirigidos a cuestionar la consideración del ad quem
de confirmar la negativa frente a la pretensión de reliquidación pensional con inclusión
del pluricitado factor salarial.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C para negar el
reajuste pensional solicitado, así:
«[…] En ese orden de ideas, se reitera tal y como fue reconocido por la entidad demandada,
el actor es beneficiario del régimen especial que le permite pensionarse con 20 años de
servicio, sin tener en cuenta la edad, en atención a que el régimen aplicable es el
contemplado en la Ley 32 de 1986.
Pensión que fue reconocida a partir del 28 de febrero de 2012, es decir, en vigencia de la
Ley 100 de 1993, al acreditar los 20 años de servicio, la cual fue incluida en nómina, desde
el día 5 de febrero de 2016, por retiro definitivo del servicio.
Reconocimiento que no se discute en el sub examine, dado que el análisis se relaciona con
la liquidación de la prestación con lo devengado en el último año de servicio, en especial el
factor denominado sobresueldo.
Para el efecto, el extremo activo de la litis aporta certificación en la que se indica que el
demandante se le retribuyó por los servicios prestados entre otros emolumentos el
mencionado como sobresueldo. Concepto, según lo obrante en el expediente y lo
argumentado por el actor, se realizó aportes a pensión.
Ahora bien, sobre la interpretación que debe otorgarse al inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, efectuada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, proferida dentro del expediente No.52001-23-33-000-2012-00143-01, C.
P. Dr. César Palomino Cortés, considera la Sala lo siguiente:
“(…) la interpretación que debe otorgarse al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, (…) respecto a que el IBL no es un elemento del régimen de transición, no tiene
incidencia en el régimen especial de los miembros del INPEC; además por disposición
expresa del Acto Legislativo 01 de 2005, dichos servidores públicos anterioridad al 28 de
julio de 2003, se encuentran beneficiados por un régimen especial de pensiones contenido
en la Ley 32 de 1986, por lo que en materia de IBL no se debe acudir a lo establecido en la
Ley 100 de 1993, de cuya aplicación están expresamente exceptuados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
No obstante lo anterior, el precedente jurisprudencial antes reseñado, sí resulta aplicable en
cuanto indicó que el ingreso base de liquidación de las pensiones se obtiene de los aportes
efectuados por el trabajador; es por ello que los factores salariales a incluir en la cuantía
pensional de los miembros del INPEC, son únicamente los taxativamente enlistados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en concordancia con el Decreto 446 de 1994, y sobre
los cuales se hayan efectuado cotizaciones […]
En relación con ésta decisión, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
Sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022, dentro del expediente con Radicado
No.76001-33-33-005-2014-01135-01, C.P. César Palomino Cortés, determinó que el IBL del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, hace parte del régimen de transición especial de los
servidores del INPEC que realizan actividades de alto riesgo y solo se incluyen los factores
salariales sobre los que se hayan efectuado los/aportes o cotizaciones al Sistema General
de Pensiones […]
Bajo este panorama jurisprudencial, para obtener el ingreso base liquidación de la pensión
del demandante, se debe aplicar lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 —lo
cotizado en los últimos 10 años— y se tomaran los factores establecidos en los artículos 18
y 19 ibidem como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre los mismos se
hubieren efectuado aportes al Sistema General de Pensiones
Por lo analizado, el señor Ovidio Quevedo Muñoz no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, pues el precedente jurisprudencial acogido, prevé que por la fecha
de su estatus pensional le asiste su liquidación con el “promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación
del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
En este punto, si bien es cierto para la fecha en que se dictó la decisión por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”29 —9 de agosto de
2018—, la posición de la jurisdicción no previa acoger el ingreso base de liquidación previsto
en la Ley 100 de 1993, para las pensiones reconocidas bajo el régimen de la Ley 32 de 1986
y Decreto 407 de 1994, no es menos cierto, que el Consejo de Estado ha replanteado la
tesis, desde la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 […]» [sic].
A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración jurídica y
probatoria acorde con las circunstancias que rodearon el reconocimiento pensional y la
reliquidación de la pensión vejez de Ovidio Quevedo Muñoz, situación distinta es, que
considerara que, de cara con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para
obtener el IBL se debía tomar «los factores establecidos en los artículos 18 y 19 ibidem22
como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre los mismos se hubieren
efectuado aportes al Sistema General de Pensiones» y aplicar el contenido del artículo 21
de la Ley 100 de 1993, esto es, lo cotizado en los últimos diez años, pues, su derecho
pensional fue reconocido a partir del 28 de febrero de 2012, es decir, bajo su vigencia.
En concordancia con lo anterior, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado,
lo cierto es que se dio aplicación al criterio jurisprudencial imperante actualmente en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
22 Ley 100 de 1993.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez
natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, ni defecto sustantivo, debido a que fue
proferida de conformidad con las normas que regulan la materia, la jurisprudencia
existente en el momento y el material probatorio aportado al proceso contencioso, lo
cual permitió concluir que al demandante no le asistía el derecho alegado, pues, su
pensión fue reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que solo se le podía
reliquidar su pensión con los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, si estos se encontraban incluidos en el Decreto 1158 de 1994 y se hubiesen
efectuado los respectivos aportes al sistema.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta
con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la sentencia del a
quo, para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Ovidio
Quevedo Muñoz en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Ovidio Quevedo Muñoz, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05617-01
Demandante: Ovidio Quevedo Muñoz
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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