Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05512-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05512-00
Demandante: Gustavo Torres Hernández y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05512-00
Demandante: GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
porque no se cumplió los requisitos generales de procedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple con la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar
providencias judiciales y, se pretende utilizar la tutela como tercera instancia del proceso
ejecutivo.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Gustavo y Patricia Torres
Hernández, en calidad de herederos de la señora María Cristina Hernández de Torres,
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 11 de octubre de 20241, los señores Gustavo y Patricia Torres Hernández, en
calidad de herederos de la señora María Cristina Hernández de Torres2, mediante
apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar.
2. Los demandantes cuestionan la sentencia de segunda instancia, dictada el 29 de
abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso
ejecutivo con radicado 13001-33-33-010-2010-00034-01.
3. Formularon la siguiente pretensión (transcripción textual):
1 Se advierte que, el 30 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Los señores Gustavo y Patricia Torres Hernández afirmaron tener vocación hereditaria respecto de su
madre, María Cristina Hernández de Torres y sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, los que consideran vulnerados por la sentencia de
segunda instancia, dictada en el marco de un proceso ejecutivo que esta última promovió y, por ende,
transmisibles, en tanto que no son personalísimos. En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta los
precedentes de la Corte Constitucional (sentencias T-437 de 2000, T-180 de 2019 y T-262 de 2020) y de
esta Corporación (auto del 15 de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023- 03859-00, M.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas), se dio curso a la acción de tutela instaurada por las referidas personas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05512-00
Demandante: Gustavo Torres Hernández y otra
Con fundamento en los hechos relacionados y teniendo en cuenta que el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN No. 7, vulneró
los derechos fundamentales de mis representados, por configurarse VIA DE
HECHO, que transgrede el derecho al DEBIDO PROCESO, constituido por el
principio de legalidad, de la seguridad jurídica, de igualdad, buena fe, principio
universal de favorabilidad laboral, al incurrir en DEFECTO SUSTANTIVO, POR
VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, y DEFECTO FACTICO,
POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, valoración de las
pruebas, solicito respetuosamente a los Señores Magistrados de tutela, dejar sin
efecto la providencia proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR,
SALA DE DECISIÓN No. 7, de fecha 29 de abril de 2024, notificada a las partes
con fecha 06 de septiembre de 2024.
4. Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
5. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en adelante CREMIL, reconoció
asignación de retiro a favor del señor Gustavo Torres, quien en vida efectuó la
respectiva reclamación administrativa y judicial para que su prestación se reajustara
conforme al IPC durante los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
6. Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2011, ejecutoriada el 10 de febrero de
2012, el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena condenó a CREMIL a realizar el
reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC, durante los años reclamados, pero,
con prescripción de las mesadas causadas entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2004.
7. Con Resolución 4287 del 30 de julio de 2012, CREMIL dio cumplimento «parcial» a la
condena, dado que reconoció $4.648.006, suma que, a juicio de los accionantes, no
corresponde a la ordenada en la providencia judicial.
8. Al fallecimiento del señor Gustavo Torres, su esposa la señora María Cristina
Hernández de Torres ejerció la acción ejecutiva contra CREMIL, en la que solicitó librar
mandamiento ejecutivo por $42.131.123,9.
9. El conocimiento del proceso ejecutivo, en primera instancia, correspondió al Juzgado
«Doce» Administrativo de Cartagena, que se abstuvo de librar el mandamiento de pago
mediante auto del 15 de septiembre de 2015. Apelada la decisión, el Tribunal
Administrativo de Bolívar la revocó con providencia del 16 de diciembre de 2016, en la
que ordenó al a quo realizar un nuevo estudio de procedencia.
10. En virtud de lo anterior, el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena profirió el
auto del 19 de febrero de 2020, mediante el cual, libró mandamiento de pago por
$52.666.461, más los intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2012
hasta que se efectuara el pago total de la obligación.
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Demandante: Gustavo Torres Hernández y otra
11. Surtido el trámite procesal correspondiente, mediante sentencia del 31 de octubre
de 2022, se resolvió declarar no probada la excepción de pago propuesta por CREMIL
y se ordenó seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de la obligación, por el
valor consignado en el mandamiento de pago.
12. En el término legal, CREMIL apeló la decisión y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en sentencia del 29 de abril de 2024, notificada el 6 de septiembre siguiente, la
revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago y terminó el proceso.
Además, condenó en costas, en ambas instancias, a la parte accionante.
13. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes defectos:
14. Fáctico. Dado que no analizó en debida forma el título ejecutivo y desconoció lo
razonado por el mismo Tribunal en auto del 16 de diciembre de 2016, mediante el cual
se revocó la decisión del a quo que negó el mandamiento de pago y, en su lugar,
ordenó hacer un nuevo estudio, considerando que en la sentencia aportada como título
de recaudo se ordenó que el reajuste del IPC concedido para los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004, debía verse reflejado en la base de la asignación de retiro, a
partir del 1º de enero de 2005 en adelante.
15. Reprocha que el Tribunal accionado no hubiera realizado operación aritmética
alguna, a fin de tener certeza del cumplimiento de la obligación por parte de CREMIL,
máxime si en el auto del 16 de diciembre de 2016 ya se habían dejado claros los
términos en que operó la prescripción de cara a la sentencia aportada como título
ejecutivo.
16. Sustantivo. La providencia censurada incurre en vía de hecho por desconocimiento
del artículo 422 del Código General del Proceso, que establece que pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles, que consten
en documentos que provengan del deudor o en una sentencia judicial y, en el proceso
ejecutivo de origen, se aportó como documento de recaudo una sentencia que contiene
la obligación clara, expresa y exigible a CREMIL, consistente en reajustar la asignación
de retiro percibida en vida por el señor Gustavo Torres, desde 1997 a 2004,
incrementando la base de la prestación a partir del 1º de enero de 2005, sin que haya
operado prescripción alguna.
17. Señaló que, mediante la Resolución 2646 de 4 de mayo de 2012, CREMIL ordenó
el pago de los haberes dejados de cobrar por el causante hasta el 7 de marzo de 2012
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y reconoció la pensión de beneficiarios a partir del 8 de marzo de 2012, a favor de la
señora María Cristina Hernández de Torres, pero ello no significa que con esos dineros
se haya dado cumplimiento a la sentencia condenatoria, como lo malinterpretó la
autoridad judicial accionada, puesto que ese pago correspondió a las mesadas
atrasadas cuya cancelación se ordenó a favor de la cónyuge supérstite.
18. Asimismo, considera que se desconocieron los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en razón a la condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho, dado que la demanda ejecutiva se presentó bajo el amparo de
una sentencia condenatoria que reúne los requisitos de un título de recaudo.
Trámite impartido e intervenciones
19. Mediante auto del 18 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Sala de Decisión Séptima del
Tribunal Administrativo de Bolívar, como accionados. En calidad de tercero con interés,
se dispuso la vinculación del director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
CREMIL, toda vez que la entidad que representa intervino en el proceso ejecutivo con
radicado 13001-33-33-010-2010-00034-01.
20. Igualmente, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
21. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por intermedio del magistrado ponente de
la providencia censurada, intervino oportunamente y se refirió detalladamente al trámite
adelantado en el proceso ejecutivo, a fin de concluir que mediante la providencia
censurada se revocó la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante la
ejecución, porque la Sala no estuvo de acuerdo con lo decidido por el a quo, en tanto
se probó la excepción de pago. Es decir, se determinó que la entidad ejecutada
cumplió la obligación con la expedición de la Resolución No. 4287 de 2012.
22. Del mismo modo, señaló que en esa oportunidad se dejó claro que, aunque
CREMIL incurrió en un yerro al afirmar que «Todo lo anterior al 10 de febrero de 2012
se encontraba prescrito», lo cierto es que la entidad cumplió con la obligación
contenida en la sentencia que se pretendía ejecutar, dado que, reajustó la asignación
de retiro con el IPC para los años 1997 a 2004.
23. Agregó que con la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, en enero de 2005, la
asignación de retiro no se puede reajustar con el IPC, conforme a lo establecido en el
artículo 14 de la ley 100 de 1993, sino con fundamento en el precitado decreto, razón
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por la cual el reajuste ordenado sólo tenía que efectuarse hasta el 31 de diciembre de
2004.
24. No obstante lo anterior, explicó que, como la «(…) asignación de retiro es una
prestación periódica, entonces al resultar procedente el reajuste de la base con
fundamento en el IPC, hace que se incremente el monto de manera cíclica y a futuro de
manera ininterrumpida, por lo que las diferencias reconocidas a la base pensional sí
deben ser utilizadas para el reajuste de las mesadas posteriores, lo cual no implica que
se vayan a pagar las diferencias causadas en esas mesadas futuras a la parte actora,
si no que se verán reflejadas en la asignación de retiro, donde este pago de la
asignación de retiro reajustado solo es efectivo a partir de la ejecutoria de la sentencia
del 5 de diciembre de 2011, esto es, el 10 de febrero de 2012, tal como se indicó en la
Resolución No. 4287 del 30 de julio de 2012 y hasta la fecha del ingreso de ésa
novedad a nómina».
25. De otra parte, replicó que no les asiste razón a los accionantes en endilgar la
supuesta violación al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
buena fe y confianza de los ciudadanos en las autoridades, toda vez que al proceso de
origen se le impartió el trámite procesal pertinente, y para su decisión se realizó el
análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos expuestos por la accionante, sin
que se avizore transgresión alguna.
26. CREMIL sostuvo que no se advierte vulneración alguna de los derechos invocados
por los accionantes, habida cuenta de que tuvieron a su disposición los mecanismos
ordinarios para la protección de sus garantías, los cuales ejercieron oportunamente, y
el solo hecho de que no se haya accedido a sus pretensiones favorablemente, no es
óbice para reclamar la intervención del juez de tutela, que no tiene competencia para
examinar actuaciones procesales surtidas en instancias ordinarias y reabrir el debate
surtido y zanjado ante el juez natural de la causa.
27. Indicó que frente a las pretensiones de los accionantes operó el fenómeno de la
cosa juzgada, por cuanto, existe una sentencia legalmente ejecutoriada en la que se
negó el pago reclamado.
28. Bajo las anteriores consideraciones, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción.
29. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
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II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
30. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad accionada incurrió en los defectos endilgados y,
por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Análisis de la Sala
Relevancia constitucional
31. En sentencia del 5 de agosto de 2014 (exp. 2012-02201-01 [IJ], M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez), la Sala Plena de esta Corporación señaló que este requisito tiene
como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De
ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
32. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
33. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
34. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
instancia adicional a las establecidas por el legislador.
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35. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en
el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
Caso concreto y solución del problema jurídico
36. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional. Se trata, pues, de una solicitud de
amparo sin la suficiente carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional
para cuestionar providencias judiciales.
37. En efecto, aunque la parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de
segunda instancia, proferida el 29 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, lo cierto es que no explicó con claridad suficiente en qué consiste la vulneración
a los derechos fundamentales invocados.
38. Pese a que señaló los defectos sustantivo y fáctico, como causales específicas de
procedencia, en las que supuestamente incurrió la providencia objeto de reproche, lo
cierto es que sus afirmaciones son generales y no se preocupó por descender el
análisis al caso concreto.
39. Como se sabe, el defecto material o sustantivo se caracteriza, principalmente, por
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene origen en el
proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que gobiernan el
asunto puesto en conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa falencia dé lugar a
la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe evidenciarse una
irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se profiera una decisión
que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas iusfundamentales4.
40. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la decisión censurada, a fin de que el juez
3 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
4 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
41. En este caso, la parte actora alega que la autoridad judicial accionada desconoció el
artículo 422 del Código General del Proceso, porque, a su juicio, la sentencia del 5 de
septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena,
constituye un título suficiente y con el lleno de los requisitos legalmente exigidos para
seguir adelante la ejecución, sin embargo, los accionantes, más allá de afirmar que se
trata de una providencia que contiene una obligación clara, expresa y exigible contra
CREMIL, no se preocuparon por explicar en qué erró el Tribunal al concluir lo contrario,
en especial, al determinar que la obligación perseguida no es exigible porque ya se
satisfizo (recuérdese que declaró probada la excepción de pago).
42. De otra parte, se alega que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico porque no valoró el material probatorio; sin embargo, en criterio de la Sala, no
bastaba con señalar en abstracto que se presentó una falencia en la valoración
probatoria, sino que lo determinante era precisar cuáles fueron los medios de prueba
que no se analizaron, explicar cómo la falta de valoración arrojó un resultado distinto y
por qué la conclusión del juez de la ejecución estuvo desprovista de cualquier rigor o
fundamento, pero, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la
decisión tomada en la providencia cuestionada.
43. Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela
el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que
es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea
producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como
se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la
acción de tutela contra las providencias judiciales5.
44. Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro sistema
se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la apreciación razonada
de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su convencimiento
sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e
integral de los elementos probatorios, pero sujeto a las reglas de la lógica y de la
experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen
los medios de prueba.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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45. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas
que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa carga procesal
de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no exige el estudio
individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo que se echen de
menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la decisión, al punto que den
lugar a una resolución distinta a la emitida, circunstancia que, como se vio, no se
presenta en este caso.
46. En esta ocasión, los accionantes se limitaron a señalar que el Tribunal demandado
no tuvo en cuenta el análisis realizado en el auto del 16 de diciembre de 2016, como si
esta providencia se tratara de un medio de prueba, cuando lo cierto es que es una
decisión adoptada al inicio del proceso, al momento de resolver sobre la procedencia de
librar o no el mandamiento de pago solicitado, la cual, dicho sea de paso, no contiene
una situación inamovible, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado esta
corporación.
47. En efecto, en providencia del 28 de noviembre de 2018, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado6, discurrió:
A su turno, el Consejo de Estado en diversas oportunidades ha analizado la
anterior disposición, en consonancia con el artículo 430 del Código General del
Proceso y la facultad de saneamiento prevista en el artículo 42 ibidem,
concluyendo que el mandamiento de pago no se convierte en una situación
inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta
providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de
adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título
ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.
48. Aunado a lo anterior, los accionantes reprochan que la autoridad judicial accionada
no haya realizado operación aritmética alguna, a fin de tener certeza del cumplimiento
de la obligación por parte de CREMIL, sin embargo, tampoco realizaron un ejercicio
aritmético en el que muestren que actualmente la entidad adeuda algún valor por
concepto de la condena contenida en la sentencia que se presentó como título de
recaudo.
6 Sentencia 00136 de 28 de noviembre de 2018, Radicado 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Entre otras que reiteran la tesis, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6
de agosto de 2015, radicación: 0663-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Consejo de Estado, Sección
Cuarta, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 4 de octubre de 2017, expediente: 41001-23-
33-000-2017-0016101(AC); Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Álvaro Namén
Vargas, concepto de 29 de abril de 2014, expediente: 11001-03-06-000-2013-00517-00 (2184); Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de diciembre de 2017, M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, expediente: 11001-03-15-000-2017-02763-00 (AC).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05512-00
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49. En ese orden de ideas, para la Subsección, no se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida en estos casos y, de todas formas, se advierte que la
parte actora pretende revivir la controversia zanjada por el juez natural de la causa en
segunda instancia, y con ello convertir este valioso mecanismo constitucional en una
tercera instancia del proceso de origen.
50. Nótese que los accionantes buscan reabrir la discusión del proceso ejecutivo, en
torno a si la sentencia condenatoria proferida el 5 de septiembre de 2011, por el
Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, contiene una obligación expresa, clara y
actualmente exigible a CREMIL, esto es, si constituye un título suficiente para seguir
adelante la ejecución, cuestión que fue dilucidada por la autoridad judicial accionada en
la providencia cuestionada, al concluir que la entidad cumplió cabalmente con la
obligación.
51. Sumado a lo anterior, en criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de
fundamento a la decisión censurada resultan razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta no significa que por ese motivo la autoridad hubiera incurrido en los defectos
alegados, ni habilita al juez constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción
de tutela en una instancia adicional.
52. De otra parte, en relación con la condena en costas, la Sala debe señalar que dicha
inconformidad, en últimas, tiene un móvil económico, pues, como se sabe, la condena
en costas procesales implica el reconocimiento a favor de la parte contraria de los
gastos en que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de
abogado (agencias en derecho).
53. En este caso, los accionantes controvierten la condena en costas, circunstancia
que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por
ende, escapa al ámbito de protección del juez de tutela. Así las cosas, la acción de
tutela también carece de relevancia constitucional, porque las pretensiones
encaminadas a que condene en costas están desprovistas del carácter iusfundamental,
lo que impide su estudio de fondo.
54. En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque no satisface la
exigencia de relevancia constitucional. Los señores Gustavo y Patricia Torres
Hernández no cumplieron con la carga argumentativa mínima y, además, buscan revivir
una discusión que ya fue razonablemente decidida en la providencia censurada, con el
claro propósito de crear una instancia adicional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05512-00
Demandante: Gustavo Torres Hernández y otra
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores
Gustavo y Patricia Torres Hernández, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
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