Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01188-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01188-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01188-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01188-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de marzo de 2025
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01188-00
Demandantes: PATRICIA TORRES HERNÁNDEZ Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN 7
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. Los señores Patricia y Gustavo Torres Hernández, sucesores procesales
de la señora María Cristina Hernández de Torres, por medio de apoderado
judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Bolívar,
Sala de Decisión 72. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de su
derecho fundamental al debido proceso «constituido por el principio de legalidad,
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y el principio universal de favorabilidad
laboral».
2. La anterior garantía constitucional la estimaron vulnerada con ocasión de
la sentencia del 29 de abril de 2024, dictada por el tribunal accionado al interior
del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-31-010-2010-00034-00/01/02.
Mediante esta decisión se revocó la providencia del 31 de octubre de 2022
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, y, en su lugar,
declaró probada la excepción de pago propuesta por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante, CREMIL).
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Radicada el 3 de marzo de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Con fundamento en los hechos relacionados y teniendo en cuenta que el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE DECISIÓN No. 7,
vulneró los derechos fundamentales de mis representados, por configurarse VÍA
DE HECHO, que transgrede el derecho al DEBIDO PROCESO, constituido por
el principio de legalidad, de la seguridad jurídica, de igualdad, buena fe, principio
universal de favorabilidad laboral, al incurrir en DEFECTO SUSTANTIVO,
VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, y DEFECTO FACTICO,
POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, valoración de
las pruebas, solicito respetuosamente a los Señores Magistrados de tutela, dejar
sin efecto la providencia proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR, SALA DE DECISIÓN No. 7, de fecha 29 de abril de 2024, notificada a
las partes con fecha 06 de septiembre de 2024. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. En sentencia proferida el 5 de diciembre de 2011 por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, se ordenó a CREMIL el reajuste
de la asignación de retiro del señor Gustavo Torres Hernández, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-31-
010-2010-00034-003.
6. A través de la Resolución 4287 del 30 de abril de 2012, CREMIL resolvió
lo siguiente: (i) reajustar la asignación de retiro del señor Torres Hernández para
el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre
de 2004 de conformidad con el IPC, (ii) ordenar que la nueva base prestacional
se reajustará con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, según el principio
más favorable entre el principio de oscilación y el IPC y, (iii) reconocer que, a
partir del 10 de febrero de 20124 se pagarán, con cargo al rubro de la asignación
de retiro del mes subsiguiente a la ejecutoria del acto administrativo, los valores
que se causen con ocasión del cumplimiento de la sentencia del 5 de diciembre
de 2011.
3En la providencia se ordenó, entre otras cosas, lo siguiente: «Tercero: Ordénese a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a realizar los reajustes de la Asignación de Retiro del
señor GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ, con aplicación del porcentaje del Índica de Precios al
Consumidor, para los años correspondientes a 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. Los valores
que resulten serán tenidos en cuenta para aplicar los incrementos que deban realizarse con
posterioridad. Cuarto: las sumas que resulten a favor del señor GUSTAVO TORRES
HERNÁNDES, se actualizarán en su valor, de conformidad con la fórmula y términos señalados
en la parte considerativa del presente fallo».
4 Fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
7. A su vez, mediante Resolución No. 2646 del 4 de mayo de 2012, ordenó
el pago de los haberes dejados de cobrar por el causante hasta el 7 de marzo de
2012, así como el reconocimiento y pago de la «pensión de beneficiarios»
causada por el fallecimiento del señor Gustavo Torres Hernández, a partir del 8
de marzo de 2012, a favor de la señora María Cristina Hernández de Torres.
8. Posteriormente, la señora Hernández de Torres, promovió un proceso
ejecutivo contra CREMIL, con el fin de hacer efectivo el título ejecutivo contenido
en la sentencia del 5 de diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena, al considerar que la entidad demandada cumplió
parcialmente con la condena.
9. Al proceso se le asignó el radicado 13001-33-31-010-2010-00034-02 y fue
conocido por el referido juzgado. Esa autoridad judicial, mediante auto del 19 de
febrero de 2020, libró mandamiento de pago por la suma de $52.666.461 más
los intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2012, hasta que se
efectuara el pago total de la obligación.
10. Mediante escrito del 11 de marzo de 2020, CREMIL propuso la excepción
de pago total de la obligación. Sostuvo que dio cumplimiento a la sentencia
condenatoria mediante la Resolución No. 4287 de 2012. Al respecto, indicó que
la sentencia del 5 de diciembre de 2011, proferida por ese juzgado, ordenó el
reajuste de la asignación de retiro del señor Torres Hernández durante el periodo
del 1.º de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004 y aplicó el fenómeno
de la prescripción extintiva de las mesadas pensionales generadas en dicho
lapso.
11. No obstante, precisó que desde esa última fecha entró en vigencia la Ley
923 de 2004, en la que se dispuso que la asignación de retiro debía reajustarse
con base en el principio de oscilación y no de conformidad con el IPC. En ese
orden, reconoció y pagó el valor de $4.648.006 por concepto de reajuste de la
asignación de retiro entre 1997 y 2004, y aplicó la prescripción de dichas
mesadas pensionales.
12. Por auto No. 663 del 31 de octubre de 2022, el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena declaró no probada la excepción propuesta por la
entidad demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución. Consideró que
CREMIL desconoció que la sentencia declarativa delimitó la prescripción de las
mesadas pensionales causadas entre el 1.º de enero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2024.
13. Por lo anterior, la entidad demandada presentó recurso de apelación,
mecanismo que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 7, en sentencia del 29 de abril de 20245. Mediante dicha decisión revocó
5 Notificada el 6 de septiembre de 2024.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de
pago propuesta por CREMIL.
14. Sostuvo que la entidad ejecutada realizó el reajuste de la asignación de
retiro del causante aplicando el IPC para los periodos correspondientes a 1997,
1999, 2001, 2003 y 2004, de conformidad con el título ejecutivo contenido en la
sentencia judicial. Refirió que, debido a que en los años en los cuales se ordenó
realizar el reajuste, la prestación fue incrementada por decreto cuyo valor
resultaba inferior al IPC, razón por la cual, con fundamento en el principio de
favorabilidad, aplicó el régimen ordinario.
15. No obstante, a partir del año 2005, el reajuste debía liquidarse con base
en el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, por medio del cual se estableció
el principio de oscilación para el reajuste de las asignaciones de retiro de los
miembros de la fuerza pública. En ese orden, concluyó que CREMIL no podía
realizar el reajuste con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, máxime cuando
el título judicial contenido en la sentencia no lo ordenó.
16. Mediante escrito allegado 8 de febrero de 2025, los accionantes le
informaron al Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena sobre el fallecimiento
de la señora María Cristina Hernández de Torres. Por lo anterior, por auto del 22
de febrero de 2025, fueron reconocidos como sucesores procesales dentro del
proceso ejecutivo.
1.4. Sustento de la vulneración
17. La parte actora indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 7, incurrió en un defecto fáctico, debido a que no analizó la fórmula
contenida en el título ejecutivo, pues la sentencia aportada como título ejecutivo
ordenó el reajuste del IPC concedido para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003
y 2004, el cual debía verse reflejado en la base de la asignación de retiro, a partir
del 1.º de enero de 2005 en adelante.
18. Refirió que incurrió en un defecto sustantivo, debido a que la autoridad
judicial accionada no realizó correctamente las operaciones matemáticas,
teniendo en cuenta lo plasmado en el título ejecutivo y en la demanda. Al
respecto, agregó un cuadro que, en su sentir, contiene la sumatoria correcta del
reajuste en la asignación de retiro.
19. Indicó que la providencia reprochada no tomó en consideración el artículo
422 de la Ley 1564 de 2012, que establece que pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles, que consten en
documentos que provengan del deudor o en una sentencia judicial. En ese orden,
consideró que el título ejecutivo aportado cumple con dichos requisitos.
20. Sostuvo que se desconoció el precedente jurisprudencial del máximo
órgano de lo contencioso administrativo, «comoquiera que los reajustes de las
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
asignaciones de retiro, toman como referente el IPC para los años 1997 y 2004,
esto implica una variación en la base salarial hasta el 31 de diciembre de 2004,
la cual continúa proyectando sus efectos a partir del 1 de enero de 2005, con
fundamento en el principio de oscilación».
21. En ese sentido, indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó que a partir de la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, al
reajuste ya no le aplica el incremento con base en el IPC, sino el principio de
oscilación. No obstante, la base de la asignación de retiro hasta el 31 de
diciembre de 2004 debía incluir el reajuste a que se hubiese tenido derecho con
fundamento en la variación porcentual del IPC desde 1997 hasta 2004, pero la
base de la asignación a 31 de diciembre de 2004 debía incluir el reajuste al que
hubiese tenido derecho con base en el IPC6.
22. Finalmente, citaron extractos de diversas sentencias de la Sección Cuarta
y la Sección Segunda, las cuales consideraron que resultaban aplicables a su
caso.
1.5. Trámite de la tutela
23. Por medio del auto del 4 de marzo de 2025, el Despacho ponente de esta
decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionado al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7. Además,
vinculó como tercero con interés al Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena
y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Igualmente, vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar
24. El magistrado ponente de la decisión reprochada, luego de hacer un
recuento del trámite impartido al proceso ejecutivo, refirió que la solicitud de
amparo es improcedente debido a no cumple con los requisitos específicos de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
25. Sostuvo que la entidad ejecutada cumplió con la orden contenida en la
sentencia del 5 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena, debido a que realizó el reajuste de la asignación de
retiro aplicando el porcentaje del IPC para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003
y 2004, ordenado en el título ejecutivo y dando aplicación al principio de
favorabilidad, por cuanto los años que habían sido reajustados inicialmente, de
conformidad con los «decretos» expedidos por el Gobierno, resultaban inferiores
al IPC.
6Consejo de Estado, Sección Segumda. Radicado núm. 25000-23-25-000-2010-00511-01.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
26. Sin embargo, indicó que la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004
volvió a establecer el principio de oscilación para el reajuste de las asignaciones
de retiro de los miembros de la fuerza pública, por lo que, a partir de enero de
2005, el reajuste se realiza de conformidad con el referido decreto. En ese orden,
reiteró que tal como lo estableció la sentencia del 5 de diciembre de 2011
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, el reajuste con
base en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 solo se efectúa hasta el 31 de
diciembre de 2004.
1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
27. La entidad refirió que los accionantes, reconocidos como sucesores
procesales dentro del proceso ejecutivo mediante auto del 25 de febrero de 2025
proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, aceptaron el
proceso en las condiciones en las que se encontraba.
28. En ese orden, indicó que el proceso culminó mediante la sentencia de
segunda instancia proferida el 29 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión 7. No obstante, solo hasta febrero de 2025
solicitaron su vinculación como sucesores procesales debido a que dentro de la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-05512-00/01 se declaró su
falta de legitimación en la causa por activa, debido a que no fueron parte dentro
del proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión 7. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Cuestión previa: inexistencia de cosa juzgada y temeridad
30. La Sala advierte que los accionantes presentaron una tutela con un objeto,
al parecer, similar al que se discute en este proceso. Al respecto, en el informe
de CREMIL se advirtió de la existencia de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2024-05512-00/01. En esa oportunidad, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2025, la Sección Primera de esta Corporación declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de los accionantes por no haber sido parte del
proceso ordinario.
31. Para la Sala, la presentación de esa solicitud de amparo previa no
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
configura cosa juzgada ni temeridad en este caso. Esto, comoquiera que la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción
por falta de legitimación por activa de los accionantes, dado que para ese
entonces aún no habían sido reconocidos como sucesores procesales de la
señora María Cristina Hernández de Torres.
32. Pues bien, en virtud de lo anterior, mediante escrito del 8 de febrero de
2025, los señores Patricia y Gustavo Torres Hernández informaron sobre el
fallecimiento de su madre y solicitaron al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena su reconocimiento como sucesores procesales. Y,
mediante auto del 22 de febrero de 2025, el juzgado aceptó dicha solicitud.
33. En tales términos, los accionantes superaron la causal de improcedencia
que fue declarada dentro de la referida acción de tutela. Esto los habilitó para
presentar nuevamente una acción de tutela para controvertir la sentencia
proferida el 29 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 7, en su condición de sucesores procesales de la señora Hernández de
Torres.
2.3. Legitimación en la causa
34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
35. La Sala advierte que los señores Patricia y Gustavo Torres Hernández
están legitimados en la causa por activa, porque fueron reconocidos como
sucesores procesales de la parte demandante en el proceso ejecutivo en el que
se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.
36. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión 7 está legitimado en la causa por pasiva, por haber proferido la
decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.
2.4. Problema jurídico
37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7 vulneró el
derecho fundamental al debido proceso «constituido por el principio de legalidad,
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y el principio universal de favorabilidad
laboral» con ocasión de la sentencia proferida el 29 de abril de 2024?
39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
46. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional12.
47. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
48. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
49. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
50. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez, y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
51. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso en concreto
52. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
por no superar el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte
actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del
proceso, con lo que pretende reabrir etapas procesales y probatorias ya zanjadas
por el juez natural de la causa, por las razones que pasan a explicarse.
53. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora reprocha la sentencia del 19 del de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7. Mediante dicha providencia se
revocó la decisión del 31 de octubre de 2022 dictada por el Juzgado Décimo
Administrativo de Cartagena, que ordenó seguir adelante con la ejecución y, en
su lugar, declaró probada la excepción de pago total de la obligación.
54. A juicio de la parte tutelante, la providencia reprochada mediante esta vía
incurrió en un defecto fáctico, debido a que no analizó la fórmula contenida en el
título ejecutivo. Asimismo, señaló que se configuró un defecto sustantivo debido
a que el tribunal accionado no realizó correctamente las operaciones
matemáticas, teniendo en cuenta lo plasmado en la sentencia condenatoria y en
la demanda ejecutiva. En ese sentido, indicó que desconoció el artículo 422 de
la Ley 1564 de 201213.
55. A su vez, citó diversos extractos de sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación, que, a su juicio, fueron desconocidas por el
tribunal. En ellas, el máximo órgano de lo contencioso administrativo determinó
que a partir de la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, el reajuste de la
asignación de retiro de los militares ya no le aplicaba el incremento con base en
el IPC, sino el principio de oscilación. No obstante, la base de la asignación de
retiro a 31 de diciembre de 2004 debía incluir el reajuste al que se hubiese tenido
derecho con base en el IPC.
13 ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el
curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 184.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
56. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, si bien la parte
actora sostiene que fue vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
con ocasión de la providencia por medio de la cual se declaró probada la
excepción de pago total de la obligación propuesta por CREMIL, la Sala no
considera que este caso supere el requisito de relevancia constitucional. Esto,
porque el asunto objeto de la acción de tutela tiene un carácter netamente legal
y patrimonial.
57. Primero, es importante señalar que este caso no involucra una
controversia sobre el derecho fundamental a la seguridad social de los actores.
En efecto, el carácter ius fundamental de la asignación de retiro se predica
respecto de sus beneficiarios: los señores Gustavo Torres Hernández, titular
original, y su cónyuge, la señora María Cristina Hernández de Torres, a quien le
fue reconocida la sustitución correspondiente. Por el contrario, los accionantes
no están reclamando ser titulares de la prestación en sí misma, sino de las
resultas de un proceso ejecutivo por las «diferencias» entre la liquidación
efectuada por CREMIL y la que ellos consideran correcta.
58. Segundo, la naturaleza legal y patrimonial del caso sub examine también
se evidencia de la simple lectura del escrito de tutela. Los accionantes pusieron
de presente su inconformidad frente a la interpretación y alcance que el tribunal
de instancia le dio al título ejecutivo, con el fin de que se adoptara una decisión
favorable a sus intereses, comoquiera que están en desacuerdo con el pago
realizado por CREMIL. Esta discusión no supone una cuestión de relevancia
constitucional.
59. Además, sus pretensiones persiguen un fin económico que se escapa de
la órbita de la acción de tutela, pues lo que se observa en el presente caso es la
existencia de un interés patrimonial más allá de una aparente vulneración de
derechos fundamentales.
60. Se reitera que, pese a que la parte demandante refirió que existía una
vulneración de sus garantías constitucionales, lo cierto es que los argumentos
planteados no resultan suficientes para que el juez constitucional realice algún
tipo de pronunciamiento de fondo en la presente controversia. Por lo tanto, no se
advierte la necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya
fue resulto por el juez natural de la causa, quien puso de presente las razones
por las cuales consideró que el título ejecutivo fue pagado en debida forma y, en
consecuencia, declaró probada la excepción de pago total de la obligación
propuesta por CREMIL.
61. Asimismo, la Sala destaca que los sucesores procesales asumen el litigio
en el estado en que se encontraba su antecesor, aceptando sus derechos, cargas
y obligaciones14. En ese contexto, se advierte que la providencia cuestionada fue
proferida el 29 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
14 Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 2012.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
Decisión 7. Sin embargo, no fue sino hasta el 8 de febrero de 2025 que fueron
reconocidos como sucesores procesales dentro del proceso ejecutivo. En
consecuencia, no es de recibo que, a través de la presente acción de tutela,
pretendan controvertir la providencia que puso fin al proceso antes de su
reconocimiento como sucesores procesales de la demandante en el proceso
ordinario.
62. Ahora bien, los argumentos formulados por los accionantes para explicar
los defectos alegados tampoco cumplen con la carga argumentativa requerida.
63. Frente al presunto defecto fáctico, la parte accionante refirió que el
operador judicial accionado no interpretó correctamente el título ejecutivo
contenido en la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2011 por el Juzgado
Décimo Administrativo de Cartagena. A su juicio, aunado con el defecto
sustantivo, consideró que, pese a que ciertas mesadas pensionales fueron
declaradas prescritas, el reajuste de dichos valores debía verse reflejado en la
asignación de retiro que devengó la señora Torres de Hernández desde el 1.º de
enero de 2005 en adelante, con el incremento del IPC. Para sustentar su dicho,
adjuntó una tabla con los valores que, a su juicio, debieron ser pagados por
CREMIL.
64. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
sostuvo que la entidad ejecutada realizó el reajuste de la asignación de retiro del
causante aplicando el IPC para los periodos correspondientes a 1997, 1999,
2001, 2003 y 2004, de conformidad con el título ejecutivo contenido en la
sentencia judicial. No obstante, también indicó que, a partir del año 2005, el
reajuste debía liquidarse con base en el Decreto 4433 del 31 de diciembre de
2004, por medio del cual se estableció el principio de oscilación para el reajuste
de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública. En ese orden,
concluyó que CREMIL no podía realizar el reajuste con posterioridad al 31 de
diciembre de 2004, máxime cuando el título judicial contenido en la sentencia no
lo ordenó.
65. En ese orden, se evidencia que los reproches de la parte accionante son
una mera inconformidad con lo analizado por el juez ordinario, pues no media un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental, razón por la cual estos
cargos carecen de relevancia constitucional.
66. Lo anterior, debido a que la competencia de este juez de tutela se restringe
a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal y/o económico o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales. Lo contrario supondría convertir
la acción de tutela en una instancia adicional para resolver los procesos
ordinarios.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
67. En relación con el presunto desconocimiento del precedente judicial,
de acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente15. Aunado a ello,
esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que el concepto de
precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico.
68. Es decir, la ratio decidendi, no está atada al número de decisiones, dado
que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o sub-regla
de derecho. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad
se aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con
la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
69. Sin embargo, aunque la parte actora indica las providencias que alude
como desconocidas en la providencia objeto de análisis y señaló el sentido de la
decisión, no esbozó los argumentos que tienden a demostrar por qué esa
sentencia resultaba aplicable a su situación particular. Por el contrario, se limitó
a citar apartados.
70. En ese orden de ideas, se advierte que del escrito tutelar no se hace
referencia a esa regla de derecho determinante para el sentido de la decisión en
el caso en concreto, ni tampoco se hace referencia a la ratio decidendi que
justifica la decisión adoptada en sede de tutela, y ni siquiera, se señaló obiter
dicta. Como se indicó en líneas precedentes, los actores se limitan a citar
extractos de las decisiones, las cuales versan sobre el reconocimiento del
reajuste en las asignaciones de retiro de las fuerzas militares, sin desarrollar las
similitudes fácticas entre los casos.
70. Con tales precisiones, se tiene que, este cargo tampoco supera el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga
argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los
derechos fundamentales de la parte accionante, y, consecuencia, se haga
necesario el estudio de fondo de este cargo respecto a las sentencias
reprochadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Patricia Torres Hernández y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01188-00
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.