Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05514-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05514-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05514-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de febrero de 2025
Demandante: Celsia S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05514-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05514-01
Demandante: CELSIA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado, el 26 de noviembre de 2024. En ese fallo se declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La compañía Celsia S.A., actuando a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado1. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la «tutela judicial efectiva» e
igualdad.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia
del 16 de mayo de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada. En dicha
decisión se confirmó la providencia del 20 de octubre de 2023 proferida por la Sala
de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control2.
1.2. Pretensiones
1
La solicitud de amparo fue radicada 10 de octubre de 2024 a través de correo electrónico.
2
Ello al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
08001-23-33-000-2023-00090-01.
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Demandante: Celsia S.A.
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
A. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, defensa y
contradicción, y se de aplicación a los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con ocasión de la Sentencia del
16 de mayo de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del proceso con radicado número 08001-23-33-000-2023-00090-01 (28318), como
resultado de desconocer abiertamente el precedente judicial y vulnerar directamente
la Constitución Política.
B. Que, como consecuencia de lo anterior, se profiera una orden judicial con destino
a la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado para que:
a) Deje sin efecto la Sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado
número 08001-23-33-000-2023-00090-01 (28318).
b) Dicte una sentencia de reemplazo que revoque la Sentencia del 20 de
octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro
del proceso con radicado número 08001-23-33-000-2023-00090-00, a partir
de la cual se declare no probada la caducidad del Medio de Control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por la Compañía contra la
liquidación oficial de revisión GGI-FI-LR-50687-22 del 22 de octubre de 2022
(en adelante, la “Liquidación Oficial de Revisión”) expedida por la Secretaría
de Hacienda del Distrito de Barranquilla (en adelante, la “Autoridad Distrital”)
(la “Demanda”) y, en tal virtud, se estudie y resuelva de fondo el mencionado
Medio de Control]. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. El 27 de febrero de 2019, la compañía Celsia presentó la declaración del
impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2018.
6. La Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla, a través de la Gerencia
de Gestión de Ingresos, profirió requerimiento especial FFI-FI-RE-60084-21 el 3 de
agosto de 2021. Ello, con el propósito de modificar la declaración privada del
impuesto de industria y comercio referida en el numeral anterior.
7. El 31 de mayo de 2022, Celsia presentó respuesta al requerimiento referido
previamente y reportó sus direcciones físicas y electrónicas a efectos de
notificaciones.
8. El 22 de octubre de 2022, la Secretaría de Hacienda Distrital expidió la
Liquidación Oficial de Revisión GGI-FI-LR-50687-22. Allí, modificó de manera oficial
la declaración privada del impuesto de industria y comercio presentada por la parte
actora por el año gravable 2018.
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9. Ello fue notificado a la parte actora el 4 de noviembre de 2022 a la dirección
física registrada en la base de datos de «Consulta General de Contribuyentes
(INDCA)», que a su turno coincidía con la reportada por la compañía el 31 de mayo
de 2022.
10. A través de mensaje de datos del 8 de marzo de 2023, la Secretaría de
Hacienda Distrital invitó a la compañía Celsia a normalizar su situación tributaria.
Esto, dado que se había expedido la Liquidación Oficial de Revisión 50687-22,
notificada el 4 de noviembre de 2022, contra la cual no interpuso recurso alguno.
11. En razón a lo anterior, el 14 de marzo de 2023 Celsia instauró el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito de
Barranquilla. La demanda tenía como fin que: i) se anulara la Liquidación Oficial de
Revisión GGI-FI-LR-50687-22, ii) se declarara en firme la declaración privada
presentada, ii) se declarara que no había lugar a pagar mayor impuesto, ni sanción,
por inexactitud.
12. En sentencia del 20 de octubre de 2024, la Sala de Decisión Oral C del
Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada la excepción de caducidad
propuesta por la entidad territorial demandada. Al respecto, la Corporación explicó
que la Liquidación Oficial fue notificada el 4 de noviembre de 2022; por lo tanto, el
plazo para instaurar la demanda fenecía el 5 de marzo de 2023, lo cual no ocurrió
pues se presentó hasta el 14 de marzo de 2024.
13. En relación con la notificación, adujo que, si bien la notificación de la
Liquidación Oficial no fue remitida a su correo electrónico, si lo fue a su dirección
física la cual hace las mismas veces.
14. Inconforme con lo resuelto por el a quo, la parte actora interpuso recurso de
apelación. Sustentó la alzada en que la notificación realizada el 4 de noviembre a
su dirección física no era eficaz, toda vez que existía un buzón electrónico, en el
cual se le tuvo que haber dado a conocer la Liquidación Oficial.
15. En providencia del 16 de mayo de 2024, la Sección Cuarta de esta
corporación confirmó la decisión de primera instancia. Como fundamento de su
decisión, estimó que la parte actora había informado 2 direcciones procesales con
ocasión de la respuesta al requerimiento especial; una física y una electrónica. De
ahí que, era posible inferir que autorizó a la administración para que se le notificara
en cualquiera de las dos.
16. Expuso que, si bien la dirección electrónica es preferente sobre la física de
conformidad con lo estipulado en la Resolución de la DIAN 0038 de 2020, lo cierto
es que ello no implica la invalidez de la notificación efectuada a la física, informada
de manera simultánea por el obligado tributario, dado que tal consecuencia no está
prevista en la Ley.
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17. Al tiempo, indicó que la guía de la empresa de mensajería GD26163, no
reportó ninguna novedad en el trámite de notificación a la empresa demandante, de
manera que se logró su cometido. En ese sentido, no podía simplemente ignorarse
o desconocerse, máxime cuando el demandante no presentó objeción alguna al
reporte de esta, teniendo la oportunidad procesal para ello.
1.4. Sustento de la vulneración
18. La parte accionante afirmó que la Sección Cuarta de esta corporación
transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la «tutela judicial efectiva» y a la igualdad, al darle plena
validez a una notificación realizada a su dirección física, cuando la única dirección
procesal existente era una electrónica. En su sentir, tal apreciación implicó que el
fallador de instancia incurriera en los defectos que se describen a continuación.
19. En primer lugar, defecto fáctico, pues estimó que la sentencia carece de
fundamento probatorio para aplicar la regla jurídica que sustentó la decisión. No se
explica por qué la dirección física fue tenida en cuenta como la procesal de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 564 del Estatuto Tributario (en adelante ET)3.
20. Refirió que en el auto admisorio de la demanda ordinaria se le ordenó a la
autoridad distrital allegar los antecedentes administrativos del proceso de
determinación del impuesto de industria y comercio del periodo gravable 2018 a
cargo de la empresa Celsia, los cuales fueron debidamente aportados, pero no se
valoraron. En particular, la consulta realizada por el demandado en la base de datos
«Consulta General de Contribuyentes (INDCA)» de su dirección física. Adujo que, la
ausencia de análisis de tal elemento de convicción condujo a que se encontrara
probada la excepción de caducidad de la demanda.
21. En su sentir, también se configuró el desconocimiento del precedente
judicial relacionado con la prevalencia de la dirección electrónica sobre las demás
direcciones para notificaciones, contenido entre otras, las sentencias del 30 de abril
de 2014 - expediente 19553, del 6 de septiembre de 2017 - expediente 21282 y del
4 de noviembre de 2021 - expediente 24858, proferidas por el Consejo de Estado y
la SU-017 de 2024 por la Corte Constitucional.
22. Se destaca que, en relación con la última, mencionó que el distrito de
Barranquilla debió advertir que, como la dirección física registrada en la base de
datos consultada de la autoridad distrital correspondió a la dirección física informada
3
«ARTICULO 564. DIRECCIÓN PROCESAL. <Artículo modificado por el artículo 46 del Decreto
Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Las decisiones o actos administrativos proferidos
dentro de un proceso de determinación y discusión del tributo, pueden ser notificados de manera
física o electrónica a la dirección procesal que el contribuyente responsable, agente retenedor o
declarante señalen expresamente.
La notificación a la dirección procesal electrónica se aplicará de manera preferente una vez sea
implementada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)».
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por la compañía en la Respuesta al Requerimiento Especial, esta NO podía
considerarse como una dirección procesal en los términos de los artículos 564 del
Estatuto Tributario Nacional (ETN) y 229 del Estatuto Tributario Distrital (ETD). Por
el contrario, debió haber tenido la electrónica como la de notificaciones, pues no
coincidía la reportada en la respuesta con la contenida en la base de datos.
23. Acto seguido, elaboró una línea jurisprudencial del Consejo de Estado
respecto de la interpretación de la prevalencia de la dirección «procesal» frente a
otras direcciones de notificación.
24. De otro lado, alegó la configuración de un defecto sustantivo, por el grave
error de interpretación de los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del ET. Para el efecto,
iteró que la notificación de la Liquidación Oficial de Revisión debía realizarse en la
dirección procesal electrónica informada expresamente por la compañía en la
respuesta al Requerimiento Especial y no en la registrada en la base de datos
«Consulta General de Contribuyentes (INDCA) del Distrito de Barranquilla».
25. Agregó que, de una lectura integral de las disposiciones en cita, se podía
inferir que la notificación electrónica constituye el mecanismo principal de
notificación de los actos administrativos proferidos por la entidad encargada de los
tributos.
26. Finalmente, violación directa de la Constitución Política al haber
interpretado de manera errada el marco normativo aplicable y el precedente judicial
sobre la materia. Situación que, a su juicio, implicó una transgresión absoluta de sus
garantías fundamentales con la decisión de caducidad de la acción, privándolo de
la tutela judicial efectiva, en la medida que se cercenó su derecho de acceso a la
administración de justicia al no poder someter su controversia ante la jurisdicción y
obtener un pronunciamiento de fondo.
27. Por último, la parte actora efectúo un recuento normativo y jurisprudencial de
los derechos fundamentales que considera como transgredidos y mencionó que en
el sub judice concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela.
28. Se destaca que, en relación con el de relevancia constitucional adujo que la
controversia plantea múltiples transgresiones de sus garantías constitucionales en
virtud de una interpretación de la normativa procedimental. Puntualmente, expuso
que la disputa gira en torno a la posible violación del debido proceso en un trámite
de determinación del impuesto de industria y comercio, aunado al hecho de que la
cuestión tiene un impacto incuestionable en la estructura del Estado, su capacidad
de gestión y campo de acción, comoquiera que versa sobre un asunto tributario.
1.5. Trámite de primera instancia
29. En auto del 17 de octubre 2024, el magistrado ponente de primera instancia
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admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado como entidad accionada. Adicionalmente, vinculó al
Tribunal Administrativo del Atlántico y al distrito de Barranquilla como terceros con
interés.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C
30. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la declaratoria de
improcedencia de la solicitud de amparo, en procura de preservación de los
principios de autonomía e independencia judicial, según los cuales, el juez de tutela
debe abstenerse de adoptar medidas que contradigan las medidas proferidas por
las autoridades competentes. Adujo que esta no podía convertirse en una instancia
adicional.
1.6.2. Distrito de Barranquilla
31. Por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela por no acreditarse el requisito general de la
subsidiariedad o, en su defecto, la negativa de las pretensiones. Para el efecto,
adujo que la empresa accionante contó con los medios de defensa judiciales
dispuestos en la ley, por lo que le extraña que en su «recurso» no hubiera
mencionado lo que ahora pretende ventilar ante el juez constitucional.
32. Aunado a lo anterior, expuso que la Alcaldía Distrital de Barranquilla no ha
vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, pues actúo en procura del
respeto de sus derechos fundamentales.
33. Refirió que la notificación física realizada guarda plena validez y fue
efectuada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 del ETD y 565 del
ET. Mencionó que dicha dirección fue reportada por la parte actora junto con una
electrónica, por lo tanto, podía optar por cualquiera de las dos. Además, precisó que
tal postura ha sido respaldada por la jurisprudencia de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en sentencia 25000-23-37-000-2013-00604-01.
34. De igual manera, mencionó que la dirección física le permitió al contribuyente
ejercer su derecho de defensa en tiempo hábil, por lo que no se le vulneró el debido
proceso. En este punto reiteró las consideraciones tomadas por las autoridades
judiciales en relación con el conteo de los términos y la configuración del fenómeno
de la caducidad.
35. De otro lado, refirió que el procedimiento administrativo tributario se surtió
con respeto de todas las garantías constitucionales y legales. Por ende, lo
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pretendido es que se revise nuevamente la actuación desplegada por dicha entidad
territorial, lo que vulneraría sus derechos de defensa y al debido proceso.
1.6.3. Sección Cuarta del Consejo de Estado
36. El magistrado ponente de la decisión enjuiciada señaló que la acción de tutela
es improcedente porque no acredita el requisito de la relevancia constitucional, en
la medida que se pretende hacer de este instrumento, una instancia adicional al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en lo que respecta a la
configuración del fenómeno de la caducidad.
37. Refirió que la Sala de Decisión analizó los planteamientos que fueron
propuestos por la parte demandante; específicamente, en lo atinente a la
prevalencia de la notificación. En este punto, mencionó que en la providencia se fijó
como criterio que, al haberse suministrado dos direcciones procesales con ocasión
de la respuesta al requerimiento especial -una física y otra electrónica-, se autorizó
a la administración para que usara cualquiera de las dos.
38. Adujo que el accionante también presenta cuestionamientos que no fueron
objeto del recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. En concreto,
mencionó que no se formuló como reparo que la dirección física no configurara una
dirección procesal por ser coincidente con la indicada en el registro INDCA y en la
última autoliquidación del ICA presentada.
39. En todo caso, expuso que la Corte Constitucional ha establecido que la tutela
es improcedente en relación con asuntos en los cuales el único interés sea de
naturaleza económica, como se configura con la presente demanda, pues en
últimas se busca que se deje sin efectos la decisión de caducidad para que adelante
un proceso judicial en el que se discuta la legalidad del acto que modificó su
declaración del ICA del período 2018.
40. Señaló que, si en gracia de discusión se considera que la tutela es
procedente, se debe tener presente que, en el escrito de contestación del
requerimiento especial la demandante informó expresamente que las notificaciones
«[l]as recibiré en la carrera 43 A 1 A Sur 143 Piso 5 del municipio de Medellín o al
correo electrónico notificacionesjudicialescelsia@celsia.com».
41. Aunado al hecho de que guardó silencio frente a la existencia de vicios en la
nomenclatura o en cualquier otra situación que hubiera podido afectar la
notificación. Tampoco presentó oposición a la constancia de entrega de la
notificación allegada por la empresa de mensajería.
42. Bajo el anterior derrotero, mencionó que la decisión no transgredió el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, pues la caducidad del medio de control solo
le es atribuible a la propia actora. Por ende, se deben negar las pretensiones.
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43. Posteriormente, allegó memorial en el que indicó que la contestación de la
acción de tutela fue presentada el 22 de octubre de 2014, visible a índice 14 Samai.
Por lo tanto, fue radicada dentro del término otorgada para tal efecto.
1.6.4. Celsia S.A.
44. Por intermedio de su apoderado judicial, manifestó que la contestación de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado fue extemporánea, dado que el auto
admisorio de la tutela se notificó el 18 de octubre de 2024 y la contestación fue
allegada hasta el martes 23 de octubre del mismo año. Por lo anterior, solicitó que
no se tuviera en cuenta su intervención.
45. De otro lado, se pronunció frente a la contestación del distrito de Barranquilla.
Al respecto, mencionó que no se acreditó que el poder conferido por el ente
territorial a la apoderada que lo representa en esta actuación se hubiera otorgado
mediante mensaje de datos, pues no se observaba la antefirma de la abogada, ni el
«texto» del poder especial.
46. Mencionó que, aún si se analiza la argumentación del distrito de Barranquilla,
se advierte que la misma está fundamentada en premisas fácticas y jurídicas
inexistentes. Al respecto, iteró los argumentos contenidos en su escrito de tutela y
refirió que, si se acreditan cabalmente los requisitos generales de la tutela contra
providencia judicial relativos a la relevancia constitucional, subsidiariedad,
inmediatez y que se identificaron de manera razonable los hechos generaron la
vulneración de los derechos invocados.
47. Con tales consideraciones, pidió que se desestimara la petición incoada por
el ente territorial vinculado y se tuviera por no contestada respecto de la autoridad
judicial accionada.
1.7. Sentencia de primera instancia
48. En sentencia del 26 de noviembre de 20244, la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional. Esto, porque el escrito contentivo de la solicitud de
amparo se evidenciaba el interés de la parte demandante de revivir una discusión
que ya fue analizada y resuelta en la providencia cuestionada.
49. Al respecto, el a quo consideró que los fundamentos de la solicitud de amparo
son una reiteración de los argumentos que Celsia utilizó tanto en la demanda como
en el escrito de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida el 20
de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Planteamientos que
4
Esta decisión fue notificada el 12 de diciembre de 2024. Cfr. Índice SAMAI N. º31. Exp. 11001-03-
15-000-2024-05514-00.
8
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fueron debidamente abordados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 16
de mayo de 2024.
50. Mencionó que allí se evaluaron tanto los elementos de juicio como las
disposiciones del ET invocadas por la parte actora y se concluyó en un claro
ejercicio de autonomía judicial que, aunque la notificación electrónica tenía
preferencia, la física fue realizada de manera válida, efectiva y cumplió con su
finalidad de informar al contribuyente.
51. Además, hizo énfasis en que ni siquiera la parte actora procuró cuestionar o
no la realización de la notificación física, sino en el hecho de que debió prevalecer
la electrónica.
1.8. Impugnación
52. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Solicitó
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos
fundamentales.
53. Adujo que el juez de la primera instancia pretermitió el análisis de los cargos
debidamente detallados en el escrito de la demanda. Esto es, los defectos fáctico,
sustantivo, violación del precedente y violación directa de la Constitución, al señalar
que el único argumento fue la dirección electrónica informada por Celsia en la
respuesta al requerimiento.
54. Consideró que demostró por qué la autoridad accionada incurrió en los vicios
aducidos. Especialmente, en el sustantivo por indebida interpretación de los
artículos 563, 564, 565 y 566 del ET como reglas jurídicas existentes y atadas al
debido proceso, comoquiera que permitían establecer si en su caso existía una
dirección procesal física o no.
55. Acto seguido indicó que la tutela se centró en determinar qué puede
considerarse como una dirección procesal conforme al artículo 564 del ET y al
precedente de las altas cortes y cuáles eran las consecuencias jurídicas a la luz del
derecho fundamental al debido proceso. Por el contrario, estimó que en el medio de
control no se abordó la discusión de lo que constituye dirección procesal, sino que
se enfocó en determinar si prevalecía la electrónica sobre la física en aplicación de
los artículos 563, 564 y 566-1 del ETN y la Resolución 000038 de 2020 de la DIAN.
56. Con ello, hizo énfasis en que la presente herramienta judicial si reviste
relevancia constitucional al involucrar la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial y la igualdad, así como los principios
constitucionales relacionados, pues trasciende de una discusión netamente legal al
tratarse de la garantía de ser notificado en debida forma y conocer de manera
oportuna el contenido de los actos administrativos proferidos por las autoridades
judiciales.
9
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
57. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de noviembre de
2024 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
58. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
59. La Sala advierte que la sociedad Celsia S.A., está legitimado en la causa por
activa. Esto porque integró el extremo accionante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.
60. Por su parte, esta Colegiatura advierte que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problema jurídico
61. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación el 26 de noviembre de 2024.
62. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la
Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 16 de
mayo 2024 que confirmó la providencia del 20 de octubre de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Atlántico que declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control?
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
63. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
10
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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
64. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
65. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
11
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iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
66. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
67. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
68. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
69. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional11.
70. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
71. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
72. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».
73. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
74. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto
75. Previo a verificar si la controversia suscitada en sede constitucional por
Celsia S.A. acredita el requisito de la relevancia constitucional, es necesario
esclarecer que, aunque la parte actora alegó que la Sección Cuarta de esta
colegiatura incurrió en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
13
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judicial y violación directa de la Constitución, en realidad el sustento de los cargos
está encaminado a la indebida interpretación de las disposiciones contenidas en el
ET a propósito de las notificaciones proferidas por los agentes retenedores.
76. Concretamente, la parte actora tanto en su escrito de demanda como en la
impugnación advirtió que el principal supuesto de hecho que motivó el ejercicio de
la presente tutela es que no se determinó cuál fue la dirección procesal de la
compañía conforme lo establece el artículo 564 del ET. En el recurso de
impugnación presentado contra el fallo de tutela del 26 de noviembre de 2024,
señaló expresamente:
Con fundamento en lo anterior, se demostrará no solo que a partir de la acción de
tutela mi representada no pretende revivir una discusión que ya fue analizada, pues
precisamente el asunto relacionado con la existencia de una dirección procesal
nunca ha sido estudiado por la Sección Cuarta en el proceso ordinario, sino
también que sendo asunto sí es de relevancia constitucional, debido a que se
trata de una interpretación errónea del artículo 564 del ETN y el criterio
jurisprudencial aplicable que derivó en una vulneración crasa de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de la
Compañía, a partir de lo cual resulta evidente que se cuestiona la validez
constitucional de la sentencia objeto de la acción de tutela y no meramente la
correcta aplicación de una norma de rango legal. [Sic a toda la cita].
77. Por lo tanto, la Sala advierte que los argumentos presentados por la parte
actora en realidad están dirigidos a demostrar la configuración del defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 564 del ET. Bajo esa óptica es que
adelantará el estudio del requisito de la relevancia constitucional.
78. En principio podría afirmarse que el debate jurídico propuesto en la tutela de
la referencia gira en torno al contenido de las garantías fundamentales de acceso a
la administración de justicia y debido proceso, pues como fue visto, se pretende la
revisión de la providencia que declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido en contra el acto de
liquidación oficial proferido por la Secretaría de Hacienda del Distrito de
Barranquilla.
79. Luego, el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiese advertido que
la demanda se presentó por fuera del plazo legalmente establecido para hacerlo,
implicaría prima facie una distorsión del derecho a acceder al sistema de
administración de justicia y a obtener una respuesta del Estado.
80. No obstante lo anterior, también es de conocimiento que el derecho de acción
del cual son titulares todos los ciudadanos se concibe como una garantía limitada y
no absoluta. Una conclusión en contrario «conduciría a la parálisis absoluta del
aparato encargado de administrar justicia»12.
12
Corte Constitucional, sentencia C-418 de 1994.
14
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81. La manifestación quizás más latente de ello, la constituye el hecho de que el
legislador hubiese establecido un límite temporal para su ejercicio, so pena de que
fenezca la posibilidad de que el Estado decida la controversia. En ese evento, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en precisar que, cuando la demanda
se presenta por fuera el término previsto «[e]s imposible que pueda desconocerse
o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo,
renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su
integridad demanda»13.
82. Lo anterior permite concluir que la declaratoria de caducidad de la acción no
implica per se un debate de naturaleza ius fundamental y, por tanto, un asunto de
marcada relevancia constitucional. Por el contrario, el debate planteado debe
permitir inferir una notoria relación con el contenido de algún derecho y no referirse
a un asunto de naturaleza netamente legal, de manera que se emplee como una
instancia adicional para verificar la aplicación de la norma.
83. Al descender al caso concreto, se encuentra que el presente asunto recae
justamente en una mera inconformidad de la parte actora con la interpretación de
las disposiciones relativas a la notificación de las decisiones tributarias, pues en su
sentir, le fueron aplicadas en sentido desfavorable a sus intereses. De ahí que, a
juicio de esta colegiatura, el asunto no supera el juicio de la relevancia
constitucional.
84. Al analizar con detenimiento los supuestos fácticos que originaron este
mecanismo, se advierte que, con ocasión de un requerimiento que la Secretaría de
Hacienda le hizo a la accionante, esta le proporcionó su dirección tanto física como
electrónica para efectos de notificaciones.
85. Valiéndose de dicha respuesta y de las consultas realizadas en su base de
datos, el ente territorial le notificó el acto de Liquidación Oficial a la dirección física.
Actuación procesal que para Celsia S.A. no era válida dado que, en su sentir, se
debió haber realizado a través del medio electrónico. Así lo expuso en su escrito de
apelación en contra del fallo de primera instancia del 20 de octubre de 2023
proferido por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
86. Por su parte, la Sección Cuarta de la corporación, al resolver la alzada, indicó:
[…] la actora informó dos direcciones procesales con ocasión de la respuesta al
requerimiento especial, una física y una electrónica, con lo cual, entiende la Sala,
autorizó a la Administración para que se le notificara en cualquiera de las dos, lo
que se denota con la conjunción «o» que empleó al señalarlas. Igualmente se
advierte que la notificación remitida a la dirección procesal física fue surtida
efectivamente, como lo pone de presente la guía de la empresa de mensajería
GD26163, en la que no se reporta ninguna novedad en el respectivo trámite.
13
Corte Constitucional, sentencia C-351 de 1994.
15
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Así contextualizada la situación, para la Sala, si bien la dirección procesal
electrónica es preferente sobre la procesal física, acorde con la Resolución
DIAN 0038 de 2020, lo cierto es que esto no implica la invalidez de la
notificación efectuada en la dirección procesal física informada de manera
simultánea por el obligado tributario a efectos de las notificaciones dentro del
proceso y que derivó en el acto acusado, pues tal consecuencia no fue prevista en
la ley, no pudiendo entonces ser simplemente desconocida, menos aun cuando se
encuentra acreditado que la misma fue efectivamente practicada, cumpliéndose así
la finalidad de la notificación, que no era otro que darle a conocer al contribuyente
el acto oficial de determinación proferido por la Administración en su contra, en
garantía del debido proceso y del derecho de defensa. [Énfasis de la Sala]
87. Luego, la empresa actora manifestó en su escrito de tutela que el análisis
realizado por el fallador de instancia fue inadecuado, pues debió tener en
consideración, por las particularidades del caso, que la dirección electrónica debía
ser tomada como la de notificaciones de manera preferente. Aspecto que reiteró en
su escrito de impugnación, en donde afirmó que la solicitud de amparo se dirige a
«determinar qué puede considerarse como una dirección procesal conforme al
artículo 564 del ETN»14.
88. Por lo anterior y sin necesidad de mayor ilustración, resulta evidente que lo
pretendido por la empresa Celsia es que el juez de tutela dirima cuál es la dirección
que se entiende por la procesal, de conformidad con las disposiciones contenidas
en el ET, máxime cuando ella misma habría proporcionado un canal tanto físico
como electrónico para tales fines y no procuró atacar la legalidad y veracidad de la
entrega su notificación por la empresa de mensajería.
89. Esta situación, sin lugar a duda, escapa de la lógica con la que el
constituyente diseñó este instrumento judicial, dado que está encaminada a que se
le imponga a la autoridad de la causa, una manera única de surtir las notificaciones
y una interpretación exclusiva del ET.
90. Ello, máxime cuando se habría logrado el cometido de la notificación, que fue
poner en conocimiento del obligado tributario, el contenido de los actos
administrativos de los cuales era destinatario y aun cuando el órgano colegiado
reconoció en su providencia que, si bien la notificación electrónica es la preferente,
ello no significaba que era excluyente de las demás.
91. Es decir, el accionante no está alegando un indebida o errónea notificación a
la dirección física que suministró previamente a la administración, lo que a su vez
podía vulnerar sus derechos fundamentales a la defensa y acceso a la
administración de justicia. Lo que en realidad propone la sociedad actora es que
este juez de tutela intérprete el 564 del ET para establecer qué dirección debe
prevalecer en el evento que se haya suministrado tanto una física como una
electrónica en los procedimientos tributarios.
92. En este punto, se recuerda que:
14
Cfr. Índice SAMAI N. º32. Exp. 11001-03-15-000-2024-05514-00.
16
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[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto […]. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como
las altas cortes son tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la
unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento
jurídico”15.
93. Con tales apreciaciones, mal haría esta colegiatura en irrumpir el principio de
autonomía judicial que irradia el sistema de administración de justicia e imponerle a
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, órgano de cierre en la materia, una única
lectura del artículo 564 del ET. Máxime, cuando no se advierte una vulneración
palmaria de los derechos fundamentales de la parte actora, hasta esta instancia
porque, se insiste, la notificación física fue realizada correctamente y los argumentos
son una reiteración de los empleados en el recurso de apelación al interior del medio
de control.
94. Por lo anterior, la sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto
de relevancia constitucional dado que el debate planteado es de mera legalidad y
con el mismo se pretende que el juez de tutela establezca una interpretación del
artículo 564 del ET, cuestión que es propia del órgano de cierre de la materia, la
Sección Cuarta de esta corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024 proferida por
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
18
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