Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05560-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05560-00
Demandante: José Julián Becerra Arévalo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05560-00
Demandante: JOSÉ JULIÁN BECERRA ARÉVALO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – No se configura la mora porque el proceso se
ha tramitado dentro de términos razonables, si se considera la problemática generalizada de
congestión y que la autoridad judicial demandada tiene a su cargo un cúmulo de procesos
con trámite prioritario, dada su antigüedad o especialidad.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por José Julián Becerra Arévalo contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 16 de octubre de la presente anualidad, el señor José Julián Becerra Arévalo, a
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló
las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que, el 6 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05560-00
Demandante: José Julián Becerra Arévalo
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
efectivo y preferente a la administración de justicia, los cuales están siendo
vulnerados por el accionado.
SEGUNDO: En consecuencia, señor Juez le solicito que ordene a la ENTIDAD
ACCIONADA, para que, de MANERA INMEDIATA, procedan a RESOLVER en
debida forma el recurso de apelación que se adelanta bajo el radicado No.
540012333000-2017-00711-01 la cual se encuentra en el despacho para
sentencia desde el (26) de julio de 2023, con el fin de garantizar la debida
diligencia y el tratamiento preferencial a la tramitación, resolución y ejecución de
las decisiones en procesos administrativos y judiciales
TERCERO: Que, de no cumplirse con la orden emitida por su bien servido
Despacho dentro de los términos ordenados, sin mayor dilación, en virtud de los
derechos que me corresponden, se proceda a adelantar el respectivo INCIDENTE
DE DESACATO, y se SANCIONE A LA ACCIONADA, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2951 de 1991 y demás normas concordantes y
complementarias.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3.El 15 de noviembre de 2017, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, José Julián Becerra Arévalo y Aura María Rodríguez
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de se
ejerciera el control de legalidad de las resoluciones 4505 del 7 de octubre de 2015,
1274 del 28 de marzo de 2016 y 0547 del 17 de febrero del 2017, por medio de las
cuales se les negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con
ocasión del deceso de su hijo Ángel Omar Becerra Rodríguez, ocurrido el 28 de
noviembre de 2012, mientras se encontraba prestando sus servicios en el Batallón de
Infantería No.13 García Rovira, en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander.
4. Al proceso se le asignó el radicado 540012333000-2017-00711-00 y, correspondió,
por reparto, a la Sala de Decisión Oral 004 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el que, mediante sentencia del 13 de febrero de 2020, declaró la nulidad
de la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015 y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de
los entonces demandantes.
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Demandante: José Julián Becerra Arévalo
5. Inconforme con la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
interpuso recurso de apelación. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, por considerar que el juez de primera instancia erró al aplicar las
disposiciones previstas en la Ley 447 de 1998 y en el Decreto 4433 de 2004. A su
juicio, la muerte del soldado Ángel Omar Becerra Rodríguez no ocurrió bajo ninguno
de los supuestos de hecho previstos en la referida normatividad, de modo que no era
procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
6. Para dar trámite al recurso de alzada, el 7 de julio de 2022, el proceso se repartió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo el radicado
54001-23-33-000-2017-00711-01.
7. El 14 de septiembre de 2022, los demandantes radicaron memorial con impulso
procesal, con el fin de obtener un pronto pronunciamiento dada su condición de
adultos mayores y el delicado estado de salud en que se encuentran.
8. Narra la demanda que, pese a que el proceso pasó al Despacho para elaborar
proyecto de sentencia desde el 26 de julio de 2023, la Sala de conocimiento, sin
motivo o justificación alguna para la «dilación del proceso», aún no ha resuelto el
recurso de apelación, lo que vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
Trámite impartido e intervenciones
9. Mediante auto del 25 de octubre de 20242, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado3 , a través de
la magistrada sustanciadora del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
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SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 8.
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Demandante: José Julián Becerra Arévalo
con radicado 540012333000-2017-00711-01, rindió el informe correspondiente.
Solicitó que se negara el amparo solicitado, por considerar que no vulneró los
derechos fundamentales del accionante.
11. Adujo que se posesionó como magistrada de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el pasado 7 de octubre, y que desde entonces ha
adelantado las gestiones necesarias para consolidar un inventario de los expedientes
que se encuentran a cargo del despacho del que es titular.
12. Precisó que, de acuerdo con el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, el despacho
que dirige tiene 2.371 procesos pendientes por realizar algún trámite, entre temas
especiales, acciones constitucionales y ordinarios, lo que evidencia el alto volumen
de trabajo que existe y la situación de congestión judicial.
13. Por último, luego de realizar un recuento sobre las actuaciones procesales que se
han adelantado en el proceso, señaló que al mismo le ha dado el trámite pertinente,
atendiendo a las etapas previstas en el artículo 247 del CPACA, sin que pueda
predicarse que por la fecha de ingreso del expediente para fallo exista una mora
judicial injustificada, pues es preciso tener en cuenta que en el caso de estudio no se
ha expuesto la existencia de alguna circunstancia que justifique alterar el orden para
fallo que existe en el despacho para que se resuelva el asunto con prelación.
14. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
15. Teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, la Sala deberá examinar si
está acreditada o no la vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
por la supuesta mora judicial en que incurrió la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al no haber proferido la sentencia de segunda instancia en el
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Demandante: José Julián Becerra Arévalo
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 540012333000-
2017-00711-01.
Análisis de la Sala
De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
16. Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas,
esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos
para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones estructurales
como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas4.
17. Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta5:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la
congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios
judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a
las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza
o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial
injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia6.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-15-
000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
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En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió desproporcionadamente
el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación
para justificar la demora.
18. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar i)
la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de la
autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el turno en
el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 446 de 19987.
19. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20208,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
Caso concreto y solución del problema jurídico
20. A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la mora
judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado cierto
plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza alegada
se encuentra o no objetivamente justificada.
21. De modo que para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la demora,
la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de los
7 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal».
8 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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funcionarios judiciales dentro del proceso. Así, el simple hecho de sobrepasar los
términos legales dispuestos para fallar no configura per se la mora judicial, ya que
deben analizarse otras circunstancias particulares.
22. Siendo así, de entrada, conviene poner de presente la real situación de dificultad
que para la decisión oportuna genera la congestión procesal, que no tiene, en la
mayoría de los casos, el alcance de mora judicial atribuible a los funcionarios, como
ocurre en el presente evento.
23. En el caso particular, una vez consultado el sistema de información judicial,
respecto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
540012333000-2017-00711-01, la Sala observa que el proceso ingresó al Despacho
que ahora dirige la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo el 7 de julio de 2021 y que,
a partir de allí, se han surtido las siguientes actuaciones:
• En auto del 9 de junio de 2022, se admitió el recurso de apelación, providencia
notificada el 28 de junio siguiente.
• El 1 de septiembre de 2022, el expediente ingresó al Despacho para proveer.
• Mediante proveído del 4 de mayo de 2023, se corrió traslado a las partes por
el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión, notificado,
por estado, el 16 de junio de 2023.
• El 26 de julio de 2023, el expediente ingresó al Despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
24. De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, en el caso particular, no se
evidencia la mora judicial alegada, pues el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se ha cumplido dentro de términos razonables y, como
se observa, en el mismo se han surtido oportunamente diversas actuaciones, sin que
exista circunstancia alguna, atribuible a la autoridad judicial demandada, que hubiera
paralizado o ralentizado el curso normal del proceso.
25. A esto se suma el cúmulo de procesos asignados a la autoridad judicial accionada,
que, de acuerdo con lo informado en la demanda asciende a 2.371, muchos de ellos
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con prioridad, dada su antigüedad o especialidad, de modo que mal podría hablarse
de la configuración de una mora judicial injustificada, por cuanto, se insiste, esta no
surge con el simple paso del tiempo, sino que debe obedecer a una negligencia
probada de la autoridad judicial accionada que retarde la toma de decisiones al interior
de cada proceso, circunstancia que en este caso no se presenta.
26. La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin embargo,
tampoco puede pasar por alto las condiciones estructurales de congestión que se
presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el interior de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
27. Bajo este contexto, considera la Sala que, si bien aún se encuentra pendiente una
actuación por parte del despacho accionado, tendiente a proferir la sentencia de
segunda instancia, lo cierto es que en el presente asunto no se evidencia la
configuración de la alegada mora judicial, así como tampoco, hasta el momento,
pueda reprochársele negligencia alguna a la autoridad demandada en su trámite.
28. Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente caso no es de aquellos en los que
se evidencia una mora judicial injustificada, único escenario que habilitaría la
intervención del juez del amparo, la Sala tampoco pasa por alto la condición de adultos
mayores que aducen los demandantes en la tutela o las posibles afectaciones a su
salud; no obstante, el análisis y evaluación de las mismas para alterar el turno de fallo
deben producirse ante el juez natural.
29. Tal juicio corresponde, de manera exclusiva a la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, que es la autoridad judicial indicada para examinar tales
circunstancias, previa solicitud de prelación de fallo, a fin de determinar si están o no
dadas las condiciones para alterar el orden del turno para fallo.
30. Así las cosas, en el caso en concreto, se observa que, el 14 de septiembre de
2022, la parte actora presentó solicitud de impulso procesal. Sin embargo, el proceso
ingresó al despacho para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente el 26 de
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julio de 2023, sin que se observe que se haya presentado una verdadera solicitud de
prelación de fallo en la que se pongan de presente las circunstancias aquí alegadas
por los demandantes para que el juez natural las estudie a fin de determinar, se reitera,
si es procedente saltarse el estricto orden en que, conforme lo prevé el artículo 18 de
la Ley 446 de 1998, deben ingresar los expedientes al despacho para proferir
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por José Julián Becerra Arévalo, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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