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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00711-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00711-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Adicionar el fallo en el sentido de disponer el descuento del valor de la compensación por muerte, solo en el evento que la entidad acredite haber hecho el pago a los accionantes, de conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00711-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00711-01 (2066-2021)
Demandante: Aura María Rodríguez Ovallos y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: soldado que prestó servicio militar.
Subtema 2: artículo 34 del Decreto 4433 de 2004.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 13 de febrero de 2020, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes en la calidad de padres del soldado que falleció durante la prestación
del servicio militar solicitan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. El
Tribunal ordenó el pago de la pensión regulada en el artículo 34 del Decreto 4433 de
2004. Inconforme con esta decisión, el Ejército Nacional alegó que la muerte no ocurrió
en misión de servicio, de modo que no habría lugar a acceder a las pretensiones.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Los señores Aura María Rodríguez Ovallos y José Julián Becerra Arévalo,
mediante apoderado judicial, presentaron demanda el 25 de julio de 2017, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con las siguientes pretensiones:

Radicación: 54001-23-33-000-2017-00711-01 (2066-2021)
Demandante: Aura María Rodríguez Ovallos y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

2. Declarar la nulidad de la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015, que negó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

3. Declarar la nulidad de la Resolución 1274 del 28 de marzo de 2016, que rechazó
el recurso de reposición contra la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015.

4. Declarar la nulidad de la Resolución 547 del 27 de febrero de 2017, que en
cumplimiento del fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, le reconoció al abogado Luis Alejandro Corzo Mantilla, como apoderado de
los señores José Julián Becerra Arévalo y Aura María Rodríguez Ovallos.

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes de los accionantes, en la calidad de beneficiarios del
soldado regular Ángel Omar Becerra Rodríguez, desde el 28 de noviembre de 2012,
fecha del fallecimiento, cuando estaba prestando servicio militar obligatorio. Asimismo,
reclamó el pago de intereses de mora; que las sumas adeudadas sean actualizadas y
que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del CPACA.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. Ángel Omar Becerra Rodríguez fue soldado regular hasta el 28 de noviembre
de 2012, cuando falleció en «misión de servicio», en el batallón de infantería 13 de
García Rovira en Pamplona (Norte de Santander).

8. El 10 de julio de 2015, los padres del soldado solicitaron, mediante correo
certificado, el reconocimiento de la «sustitución pensional» (pensión de
sobrevivientes), que fue negada en la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015. Los
actores interpusieron recurso de reposición; sin embargo, la Resolución 1274 del 28
de marzo de 2016 rechazó el recurso, porque, supuestamente, el abogado no había
realizado la presentación personal en el escrito. En consecuencia, los interesados
interpusieron una acción de tutela que fue decidida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, y en cumplimiento de lo ordenado, la Dirección Administrativa y la
Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa,
expidieron la Resolución 0547 de 17 de febrero del 2017 que le reconoció personería
al abogado Luis Alejandro Corzo Mantilla para actuar como apoderado de José Julián
Becerra Arévalo y Aura María Rodríguez Ovallos.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. La demanda citó las siguientes normas vulneradas:

2

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00711-01 (2066-2021)
Demandante: Aura María Rodríguez Ovallos y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

De la Constitución Política, los artículos 1°, 2, 4, 13, 29, 48, 83 y 90.
De la Ley 447 de 1998, el artículo 1°.
Del Decreto 4433 de 2004, el artículo 34.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por infracción de las normas en
que debían fundarse, comoquiera que debe garantizarse la reparación integral de los
padres beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del
soldado regular.

11. Señaló que los actos demandados también incurren en el vicio de falsa
motivación, puesto que la muerte del soldado Ángel Omar Becerra Rodríguez, el 28
de noviembre de 2012, sucedió en un acto propio del servicio militar obligatorio y no
hay duda sobre que la pensión de sobrevivientes debe ser reconocida por el Ministerio
de Defensa, con fundamento en la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, en el
valor de 1.1/2 salario mínimo legal mensual vigente1.

2.2. Contestación de la demanda

12. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda.

13. Relató que, mediante la Resolución 161997 del 27 de agosto de 2013, el Ejército
Nacional reconoció una compensación por muerte a los accionantes, en aplicación del
Decreto 2728 de 1968, norma que estaba vigente para la fecha de fallecimiento del
soldado regular.

14. En este sentido, precisó que el soldado falleció en misión del servicio. Por ello,
la norma aplicable es el Decreto 2728 del 2 de noviembre de 1968, que en el artículo
8 reguló la compensación por muerte así: «a la muerte del Soldado o Grumete en
servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán
derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que
en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero».

15. Entonces, contrario a lo afirmado en la demanda, la entidad sostuvo que las
normas aplicables no son la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, las cuales
solo prevén el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando el
fallecimiento ocurrió en los siguientes eventos: i) en combate o como consecuencia de
la acción del enemigo y ii) en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público.

1 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 6, págs. 3 a 17.

3

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Demandante: Aura María Rodríguez Ovallos y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

16. Por otro lado, el Ejército Nacional afirmó que no obra prueba sobre que los
accionantes dependieran económicamente del soldado fallecido2.

17. Propuso la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
Declaró la nulidad de la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015 y a título de
restablecimiento del derecho ordenó al Ministerio de Defensa «reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes en favor de los señores José Julián Becerra Arévalo y Aura
María Rodríguez Ovallos, efectiva a partir del día 29 de noviembre de 2012,
equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, conforme lo
previsto en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004».

19. Como fundamento de la decisión, expuso que el análisis de legalidad se realizaría
solamente frente a la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015, dado que era
innecesario analizar la Resolución 1274 del 28 de marzo de 2016, que rechazó el
recurso de reposición.

20. Ahora bien, el Tribunal consideró que la entidad demandada tomó una decisión
ilegal porque el soldado no murió en misión del servicio, dado que al analizar el Informe
Administrativo por Muerte señala que «para el día 27 de noviembre de 2012, el soldado
Becerra Rodríguez era integrante del 8C-211, se encontraba en la vereda La Mesa del
municipio de Hacarí, y presentaba síntomas de dolor en el pecho y alteración del
pulso», y que por la situación del área de operaciones y, en razón al mal tiempo, había
sido imposible sacarlo. Posteriormente, el día 28 de noviembre a las 2:30 presentó
ahogamiento y pérdida del pulso, y pese a la reanimación murió.

21. En criterio del Tribunal, el soldado falleció «participando en operaciones de
conservación y restablecimiento del orden público», ya que se encontraba en una zona
donde hay presencia de grupos armados y estaba alterado el orden público. Por tanto,
la muerte del soldado regular no ocurrió en misión del servicio, así precisó que
«claramente el informe administrativo señaló que en horas de la noche se presentó la
afectación a la salud del soldado, y que no fue posible evacuarlo o llevarlo a un puesto
de salud cercano, dada la situación del área de operaciones y por el mal tiempo se
imposibilitó sacarlo».

22. Por lo tanto, el fallecimiento sí coincide con el supuesto previsto en el artículo 34
del Decreto 4433 de 2004, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes

2 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12.

4

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

relativo a que el deceso hubiera sucedido «participando en operaciones de
conservación y restablecimiento del orden público».

23. El Tribunal precisó que los padres no deben demostrar el requisito de
dependencia económica, puesto que la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004
no lo exigen.

24. En cuanto a la prescripción, consideró que no se extinguieron las mesadas, ya
que el derecho fue exigible el 29 de noviembre de 2012 y los actores presentaron la
reclamación el 10 de julio de 2015. Adicionalmente, la demanda se presentó el 25 de
julio de 2017, es decir, en el término de tres años.

25. No impuso condena en costas, porque no puede entenderse que se aplican de
manera objetiva a la parte vencida, sino que debe valorarse la temeridad, presupuesto
que no se acreditó3.

2.4. Recurso de apelación

26. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante apoderado,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para que se
revoque el fallo o se ordene el descuento de lo pagado por concepto de la
compensación por muerte, reconocida en la Resolución 161997 del 27 de agosto de
2013.

27. Para la entidad la norma aplicable es el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 que
solamente prevé el pago de 36 meses del sueldo básico. De modo que no asistió la
razón al Tribunal cuando ordenó el reconocimiento según la Ley 447 de 1998 y el
Decreto 4433 de 2004, comoquiera que el deceso ocurrió en misión del servicio.

28. Alegó que el soldado estaba prestando servicio militar obligatorio, pero la causa
de la muerte no fue en combate, ni en operaciones de conservación y restablecimiento
del orden público.

29. Por otro lado, sostuvo que conforme al parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 447
de 1998, la indemnización por muerte fue suprimida, por tanto, la compensación
reconocida a los demandantes mediante la Resolución 161997 del 27 de agosto de
2013 debe descontarse de la condena derivada del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, con el fin de evitar un doble pago por la misma causa.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 9 de junio de 20224, se admitió el recurso de apelación. El auto

3 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 18.
4 Samai, índice 4.

5

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del 4 de mayo de 2023 corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 5.
El Ministerio Público no presentó concepto.

2.6. Alegatos de conclusión

2.6.1. Parte actora

31. Los accionantes expresaron que pretenden el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes con el régimen de las Fuerzas Militares, toda vez que la muerte de
Ángel Omar Becerra Rodríguez ocurrió en actos propios del servicio el 28 de
noviembre de 2012, en una vereda con presencia de grupos armados, «participando
en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público».

32. Citó la sentencia SUJ-010-S2 del 12 de abril de 2018 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, donde se consideró que «el artículo 34 del Decreto 4433 del 31
de diciembre de 2004 reiteró que el fallecimiento de una persona vinculada por razón
de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrido en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, daría lugar al
reconocimiento y pago de una pensión vitalicia a sus beneficiarios, equivalente a un
salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998»6.

33. Así pues, la parte actora reitera que tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, en la calidad de familiares del soldado que falleció durante la
prestación del servicio militar obligatorio7.

2.6.2. Parte demandada

34. La parte accionada solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones, se declare
la prescripción de las mesadas pensionales conforme al artículo 174 del Decreto 1211
de 1990, que prevé la prescripción cuatrienal. Asimismo, pidió que se ordene
descontar la compensación por muerte recibida por José Julián Becerra Arévalo y Aura
María Rodríguez Ovallos, debido a la incompatibilidad entre dicha prestación y el
reconocimiento pensional reclamado8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para

5 Samai, índice 12.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, proceso con radicado 81001-23-33-000-

2014-00012-01 (1321-15).
7 Samai, índice 17.
8 Samai, índice 18.

6

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conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

37. ¿Los padres del soldado fallecido durante la prestación del servicio militar
obligatorio tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes regulada
en el Decreto 4433 de 2004, toda vez que el soldado falleció en misión del servicio?

38. ¿Es procedente descontar de las mesadas pensionales retroactivas el valor
reconocido y pagado a los padres del militar fallecido por concepto de compensación
por muerte?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

39. El artículo 216 de la Constitución Política establece que todos los colombianos
están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, con el
fin de defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Asimismo,
dispone que corresponde a la ley determinar las condiciones que, en todo tiempo,
eximen de la prestación del servicio militar, así como las prerrogativas derivadas de su
cumplimiento.

40. Sobre el alcance de esta obligación, la Corte Constitucional9 ha precisado que la
prestación del servicio militar constituye un deber de naturaleza constitucional,
derivado de las exigencias mínimas que recaen sobre los nacionales en relación con
el sostenimiento y la defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el
mantenimiento del orden público.

41. Debe distinguirse la naturaleza del vínculo que une a los miembros de la Fuerza
Pública con la administración. En el caso de los soldados voluntarios y profesionales,
así como de los oficiales y suboficiales, la relación surge de un vínculo legal y
reglamentario, originado en un acto administrativo de nombramiento y en la posterior
posesión del servidor. En cambio, tratándose de los conscriptos, la incorporación no
obedece a una relación de empleo público, sino al cumplimiento del deber
constitucional de prestar el servicio militar para la defensa de la independencia
nacional y de las instituciones públicas.

9 Sentencia C-511 de 1994

7

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42. Ahora bien, tal como lo explicó el fallo de unificación del 12 de abril de 201810, de
conformidad con el Decreto 2728 del 2 de noviembre de 196811, en el artículo 8, se
clasificó la muerte en servicio activo, así:

Muerte en combate Muerte ocurrida: i) en combate o ii) como consecuencia
de la acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento
del orden público.
Muerte en misión del Muerte ocurrida en actividad por actos del servicio o por
servicio causas inherentes al mismo

Muerte simplemente en Muerte ocurrida en actividad, por causas diferentes a las
actividad enumeradas en las dos hipótesis anteriores.

43. Por consiguiente, a partir de la clasificación de las condiciones del deceso del
militar correspondía el pago de prestaciones, en los siguientes términos:

Tipo de muerte Prestaciones a reconocer
Muerte en 1. Ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo o
combate marinero
2. Reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses
de los haberes correspondientes a dicho grado.
3. Pago doble de la cesantía.
Muerte en Reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del
misión del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo
servicio segundo o marinero.

Muerte El reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de
simplemente sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo
en actividad segundo o marinero.

44. A su vez, la Ley 447 de 199812 reguló el reconocimiento de una pensión vitalicia,
equivalente a un salario y medio mínimo mensual legal vigente, para los beneficiarios
de quienes prestaran el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional «ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en
conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público».

45.Por su parte, el artículo 34 del Decreto 4433 de 200413 dispuso en el caso de
muerte de las personas vinculadas para la prestación del servicio militar obligatorio
«en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, proceso con radicado 81001-23-33-

000-2014-00012-01 (1321-15).
11 «Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y

grumetes de las Fuerzas Militares».
12 «Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante

la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones».
13 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».

8

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o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público»,
que sus beneficiarios tendrían derecho al reconocimiento de una pensión de un salario
y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998.

46. En este orden de ideas, las prestaciones por muerte de quienes se encontraban
prestando el servicio militar obligatorio, fueron expuestas en el referido fallo de
unificación del 2018, así:

Norma Calificación de la muerte Prestaciones
Decreto 2728 Heridas o accidente aéreo en - Ascenso póstumo a
de 1968 combate o por acción directa del cabo segundo o marinero.
enemigo, bien sea en conflicto - Reconocimiento y pago
internacional o en de 48 meses de los haberes
mantenimiento del orden público correspondientes a dicho
grado.
• El pago doble de la
cesantía.
Decreto 2728 Accidente en misión del servicio Reconocimiento y pago de
de 1968 36 meses del sueldo básico
que en todo tiempo
corresponda a un cabo
segundo o marinero
Decreto 2728 En servicio activo o por causas Reconocimiento y pago de 24
de 1968 diferentes meses de sueldo básico que en
todo tiempo corresponda a un
cabo segundo o marinero
Ley 447 de En combate o como Reconocimiento y pago de una
1998 consecuencia de la acción del pensión vitalicia equivalente a
enemigo, en conflicto un salario y medio mínimo
internacional o participando en mensual vigente.
operaciones de conservación o
restablecimiento del orden
público
En combate o como Reconocimiento y pago de una
Decreto 4433 consecuencia de la acción del pensión vitalicia a sus
de 2004 enemigo, en conflicto beneficiarios equivalente a un
internacional o participando en salario y medio mínimo legal
operaciones de conservación o mensual vigente
restablecimiento del orden
público

47. En conclusión, el Decreto 2728 de 1968 no regulaba el reconocimiento pensional
en caso de muerte del conscripto. Posteriormente, esta prestación se estableció en la
Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, pero en determinados eventos, a saber,
«ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público».

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3.4. Hechos probados relevantes

48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

49. Los señores Aura María Rodríguez Ovallos y José Julián Becerra Arévalo eran los
padres de Ángel Omar Becerra Rodríguez, según lo acredita el registro civil de
nacimiento14. Los padres del causante tenían más de 50 años para la fecha de
fallecimiento del soldado, como consta en las cédulas de ciudadanía, toda vez que
nacieron el 20 de abril de 1959 y el 22 de junio de 1953, respectivamente15.

50. Ángel Omar Becerra Rodríguez falleció el 28 de noviembre de 2012, de
conformidad con el registro civil de defunción16. Acorde con el Informativo
Administrativo por Muerte «la muerte del soldado regular (…) ocurrió en misión del
servicio»17.

51. Mediante la Resolución 161997 del 27 de agosto de 2013, proferida por la
Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, se reconoció la
compensación por muerte por el valor de $ 32.125.968. Sin embargo, este monto no
fue pagado a los padres, dado que debían aportar documentos adicionales y se dejó
a salvo en poder de la fuerza18.

52. A través de la Resolución 4505 del 7 de octubre de 2015, expedida por el Ministerio
de Defensa Nacional, se dispuso «declarar que no hay lugar al reconocimiento y pago
de suma alguna por concepto de pensión por muerte, con ocasión del deceso del
soldado regular del Ejército Nacional» a favor de José Julián Becerra Arévalo y Aura
María Rodríguez Ovallos, con fundamento en los siguientes argumentos19:
Que el Soldado Regular del Ejército Nacional, ÁNGEL OMAR BECERRA RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1004903671; y Código Militar No.
1004903671, fue dado de alta el 29 de noviembre de 2011 y de baja el 28° de noviembre
de 2012, por defunción.
Que en la copia del Informativo por Muerte No. 004; de fecha 24 enero de 2013, folio
29, adelantado por el Comandante del (la) BATALLON DE INFANTERIA # 13 GR.
CUSTODIO GARCIA ROVIRA, consta que la muerte del mencionado Soldado Regular
ocurrió en MISION DEL SERVICIO.
[…]
Que de acuerdo con el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968, normas de carácter
especial, de obligatorio cumplimiento y aplicable para la época de ocurrencia de los
hechos, consagra: “El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de

14 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 7, pág. 1.
15 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 7, págs. 7 a 8.

16 Idem, pág. 3.
17 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, pág. 66.
18 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, págs. 79 a 81.
19 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, págs. 14 a 17.

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heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento del orden público será ascendido en forma
póstuma al grado de Cabo Segundo o marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes
a dicho grado y al pago doble de la cesantía. A la muerte de un soldado o grumete
en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus
beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) del
sueldo básico que todo tiempo corresponderá aun Cabo Segundo o Marinero. A
la muerte de un soldado o grumete en servicio por causas diferentes a las enunciadas
anteriormente, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de
veinticuatro (24) meses del sueldo básico que en todo caso corresponda a un Cabo
Segundo o marinero….” (subrayado y negrilla fuera de texto).
[…]
Que el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, consagra: "Muerte en combate del
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio. A la muerte de la
persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus
ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el
Tesoro Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso,
equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos
de la Ley 447 de 1998".
Que en el caso concreto no se cumple el presupuesto normativo contemplado en la
precitada norma, toda vez que el deceso del Soldado Regular BECERRA RODRIGUEZ
ANGEL OMAR, ocurrió en Misión del Servicio.

53. Igualmente, obra en el proceso, la Resolución 1274 del 28 de marzo de 2016 que
rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 4505 del 7 de
octubre de 201520.
54. Así, como la Resolución 0547 del 17 de febrero de 2017 proferida, en cumplimiento
del fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que
le reconoció personería al abogado Luis Alejandro Corzo Mantilla, como apoderado de
los señores José Julián Becerra Arévalo y Aura María Rodríguez Ovallos21.
3.5. Caso concreto

55. En el asunto bajo análisis, los accionantes en la calidad de padres del soldado
fallecido en la prestación del servicio militar solicitan el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes. Esta pensión fue negada por el Ejército Nacional porque la muerte
ocurrió en misión del servicio y el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 regulaba el pago
de una compensación por muerte equivalente a 36 meses de sueldo básico.

20 Idem, págs. 18 a 20.
21 Idem, págs. 21 a 23.

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56. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento de la pensión regulada en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, al
considerar que la muerte del soldado ocurrió en una zona con presencia de grupos
armados «participando en operaciones de conservación y restablecimiento del orden
público». Así, al valorar el Informativo Administrativo por Muerte determinó que el
deceso no ocurrió en misión del servicio.

57. El Ejército Nacional interpuso recurso de apelación para insistir en que la muerte
ocurrió en misión del servicio, de modo que no se configurarían las condiciones
previstas en el citado Decreto 4433 de 2004, el cual exige que el deceso sucediera en
combate, en conflicto internacional o «participando en operaciones de conservación y
restablecimiento del orden público». De forma subsidiaria, solicitó que se ordene el
descuento del valor reconocido por concepto de la compensación por muerte, en la
Resolución 161997 de 2013.

58. Con el objeto de resolver el recurso de apelación en el proceso está acreditado
que los accionantes son los padres de Ángel Omar Becerra Rodríguez22, quien falleció
el 28 de noviembre de 201223 durante la prestación del servicio militar obligatorio y que
según Informativo Administrativo por Muerte «la muerte del soldado regular (…) ocurrió
en misión del servicio»24, así:

LUGAR Y FECHA: Pamplona, 24 de Enero de 2013
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES: SLR. BECERRA RODRÍGUEZ ÁNGEL OMAR
CÉDULA: 1004903671
UNIDAD OPERATIVA MENOR: TRIGÉSIMA BRIGADA
UNIDAD TÁCTICA: BATALLÓN INF No. 13 GARCÍA ROVIRA
LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS: VEREDA LA MESA MUNICIPIO HACARÍ (N/S)
28-NOVIEMBRE-2012

De acuerdo al informe rendido por el señor SV. RESTREPO ALVAREZ OCTAVIO DE
JESUS, identificado con C.C. No. 8463548, el día 27 de noviembre de 2012 el Soldado
Regular, BECERRA RODRIGEZ ANGEL OMAR, integrante del 8C-2011 presentaba
síntomas de dolor en el pecho y alteración del pulso, situación que fue informada al
Señor SV. PEREZ CAMACHO JOSE DANILO, el cual recomienda realizar cualquier
procedimiento a través del enfermero de combate ya que podía ser una taquicardia, el
soldado sigue presentando vómito y continua con el dolor en el pecho y el pulso
alterado, nos sugiere su evacuación o llevarlo a un puesto de salud cercano, pero por
la situación del área de operaciones y por el mal tiempo se imposibilitó sacarlo, por lo
tanto durante la noche se mantiene estable, pero la situación de salud se agrava, ya
que presenta vomito con sangre y tos fuerte, por lo tanto se informa nuevamente a las
22:00 horas al señor Mayor S-3 de la unidad, el cual sugirió mantenerlo controlado con
el enfermero para al otro día proceder a evacuarlo; siendo 02:30 horas del día 28 de
noviembre de 2012 el SLR. BECERRA RODRIGEZ ANGEL OMAR presenta

22 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 7, pág. 1.
23 Idem, pág. 3.
24 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 12, pág. 66.

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ahogamiento y perdida de pulso, de inmediato el enfermero procedió a su reanimación,
informamos de esto al puesto de mando adelantado, nos responde el señor CT. OLAYA
PULIDO FRANK que hagamos todo posible para evitar que pierda los signos vitales
finalmente siendo las 03:30 horas del día 28 de noviembre de 2012 se determina que
el soldado había fallecido.

59. Ahora bien, las circunstancias en que sucedió el deceso de Ángel Omar Becerra
Rodríguez determinan las prestaciones a que tienen derecho sus padres en la calidad
de beneficiarios. El Ejército Nacional calificó el deceso como ocurrido en misión del
servicio y, con fundamento en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, reconoció a sus
beneficiarios una compensación equivalente a 36 meses de sueldo básico. Por su
parte, el Tribunal consideró que el soldado falleció mientras participaba en operaciones
de conservación o restablecimiento del orden público y, en consecuencia, ordenó el
reconocimiento de la pensión prevista en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004.

60. La Sala estima necesario precisar que la calificación consignada en el
informativo administrativo por muerte constituye un elemento de juicio relevante, pero
no excluye la facultad del juez de valorar integralmente las circunstancias del deceso
para establecer si los hechos se subsumen en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004.
Por tanto, el análisis no puede limitarse a la denominación empleada por la autoridad
militar, sino que debe atender a la naturaleza de la actividad en que se encontraba el
conscripto.

61. En este orden de ideas, se destaca que, según el mismo informativo
administrativo elaborado por el Ejército Nacional, el soldado se encontraba en un área
de operaciones; recibió atención de un enfermero de combate; la unidad consultó al
puesto de mando; y la evacuación no pudo realizarse oportunamente por la situación
del área y por las condiciones meteorológicas. Estos elementos permiten sostener que
el fallecimiento no ocurrió simplemente mientras el conscripto se encontraba vinculado
a la institución, sino durante su despliegue con una unidad militar en una zona
operacional.

62. De forma complementaria, y solo para efectos ilustrativos, es dable destacar
que para la época de los hechos, el municipio de Hacarí (Norte de Santander), lugar
donde falleció el conscripto y en el cual se estaban realizando las operaciones
militares, se encontraba inmerso en un contexto de alteración del orden público
derivado de la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la región del
Catatumbo. En efecto, la Fundación Ideas para la Paz, la Usaid y la Organización
Internacional para las Migraciones, en el informe «Dinámicas del Conflicto Armado en
el Catatumbo y su Impacto Humanitario», narró que:

En 2012, las FARC fue la organización armada ilegal que más impacto tuvo en el
Catatumbo en términos de acciones violentas. El grupo hizo presencia a través del
frente 33 (también llamado ‘Mariscal Antonio José de Sucre’), y las columnas móviles
Arturo Ruiz y Resistencia Barí, y la compañía Resistencia del Catatumbo, que tienen
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influencia en El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí
(ver mapa 2). El frente 33, que es actualmente el más activo del Bloque Magdalena
Medio, está al mando de alias ‘Jimmy Guerrero’ y hace presencia en El Carmen, El
Tarra, Tibú, Convención, Hacarí 25.

63. En el mismo sentido, para finales de 2012, el informativo de noticias Caracol
informó que los campesinos se encontraban en zozobra por el fuego cruzado entre los
actores armados «en zonas rurales de los municipios de Hacarí, El Tarra, Teorama y
San Calixto», debido a las acciones contra las Farc y «alias Megateo, por quien el
Gobierno ofrece 2 mil millones de pesos como recompensa»26.Sobre el conflicto en la
zona del Catatumbo, el Centro de Memoria Histórica explicó que «aunque las FARC
se desmovilizaron, el conflicto persiste en el Catatumbo. El ELN y el EPL se
expandieron en la región [...] a este escenario se suma a la presencia y accionar de
Grupos Armados Posdesmovilización. La región presenta hoy grandes desafíos de
cara a la construcción de la paz territorial»27.

64. En este orden de ideas, se resalta lo considerado por el Tribunal cuando estimó
que la muerte del soldado no correspondía a la causal de muerte en misión de servicio,
sino que se encontraba participando en operaciones de conservación y
restablecimiento del orden público, debido a la fuerte presencia de grupos armados
ilegales en el municipio de Hacarí. Adicionalmente, la parte demandada en el recurso
de apelación se limitó a insistir en que el deceso fue en misión del servicio, pero no
desarrolló un ejercicio argumentativo que permita tener los elementos de juicio para
desvirtuar la valoración efectuada por el fallador de primera instancia.

65. Por ello, se reitera que el Informe Administrativo por Muerte del soldado indicó
que el 27 de noviembre de 2012 se recomendó realizar cualquier procedimiento «a
través del enfermero de combate», quien sugirió evacuarlo, pero «por la situación del
área de operaciones» era imposible sacarlo y finalmente falleció al día siguiente. Así
pues, de la lectura del informe es dable determinar que los síntomas de dolor en el
pecho, alteración del pulso, vómito con sangre y tos fuerte, debían ser tratados en un
centro médico. Sin embargo, justamente debido a que estaba ubicado en un área de
operaciones no pudo ser evacuado.

66. Por consiguiente, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el deceso
del soldado Ángel Omar Becerra Rodríguez no fue en misión de servicio, sino
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público. De
donde se colige que sus padres tienen derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes regulada en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, que prevé:

25 https://storage.ideaspaz.org/documents/5b72fe7f2b9d1.pdf

26 https://caracol.com.co/radio/2012/09/22/regional/1348295880_765917.html

27 Memorias de vida desde el Catatumbo - Centro Nacional de Memoria Histórica

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ARTÍCULO 34. Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional
por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus
ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa
Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un salario
y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998.

67. En lo que respecta al descuento del valor reconocido por concepto de la
compensación por muerte, otorgada en la Resolución 161997 del 27 de agosto de
2013, la Sala advierte que el texto de este acto administrativo indicó que no se
realizaba el desembolso de la suma, porque los padres debían aportar documentos
adicionales. En efecto, en el acto acusado se indicó que los interesados debían allegar
la corrección del registro civil de nacimiento del causante.

68. En todo caso, en el evento de que la entidad haya pagado a los padres del
causante la compensación por muerte, es procedente que se realice el descuento del
valor retroactivo que haya lugar a reconocer. En efecto, el parágrafo 1° del artículo 1°
de la Ley 447 de 1998 dispuso «suprímese la indemnización por muerte, que
actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos
casos de pensiones». Por lo tanto, la citada Ley 447 de 1998 suprimió la compensación
para reconocer la pensión, entonces, se concluye que la pensión y la compensación
obedecen a la misma causa y contingencia28.

69. Por consiguiente, solo en el caso que el Ejército Nacional acredite el pago,
procede que realice el descuento de las sumas frente al valor de la condena
correspondiente a las mesadas retroactivas. Sin embargo, en lo que se refiere al
descuento debe seguir las siguientes reglas:

i) verificarse la identidad entre el beneficiario de la compensación por muerte y el
beneficiario de la pensión de sobrevivientes que se reconoce y solo en caso de existir
plena identidad entre ambos total o parcialmente, podrá efectuarse el aludido
descuento; ii) la entidad solo podrá descontar lo pagado por compensación a aquellas
personas a favor de las cuales se reconoció la pensión, y en el porcentaje en que les
haya correspondido la compensación por muerte; iii) no podrá hacerse deducción
alguna del porcentaje de la compensación por muerte que fue pagada a quien no es
beneficiario de la pensión de sobrevivientes; iv) para esta deducción deberán indexarse
tanto el monto de la compensación por muerte como el retroactivo pensional a favor

28 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Rad. 66001-23-33-

000-2012-00060-01 (2681-2013). Consejera ponente doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. Esta providencia
consideró que «frente al argumento planteado por la demandante, referido a que el A quo erró al ordenar descontar
por parte de la entidad accionada lo pagado por concepto de compensación por muerte, la Sala precisa que la
compensación por muerte y la pensión de sobrevivencia cubren la misma contingencia derivada de la muerte, por
lo que fue acertada la decisión de primera instancia frente a este tópico, máxime si se tiene en cuenta que con
posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la incompatibilidad entre las dos prestaciones (parágrafo 1, artículo 1).
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del demandante; v) en aquellos casos donde el valor actualizado de la compensación
por muerte que debe descontarse supere el monto del retroactivo pensional que debe
pagar la entidad, deberá realizarse un acuerdo de pago con el fin de que el beneficiario
de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital29.

70. Esto de conformidad con la sentencia de unificación del 30 de mayo de 2019,
CE-SUJ-016-1930, la cual si bien se refiere a la pensión de sobrevivientes de los
beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional fallecidos en simple
actividad, contiene parámetros que le garantizan el mínimo vital a los accionantes.

71. Por último, en lo que respecta a la prescripción, la norma aplicable al presente
caso es el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que regula un término de tres años,
de modo que, contrario a lo señalado por la entidad, no hay lugar a estudiar la
prescripción cuatrienal.

72. En este orden de ideas, se confirma parcialmente el fallo que accedió a las
pretensiones de la demanda, para adicionar el descuento del valor de la compensación
por muerte, solo en el evento que la entidad acredite haber hecho el pago, de
conformidad con los parámetros expuestos en precedencia.

4. Costas

73. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de mayo de 2019, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2013-02235-01(2602-16), M.P. William Hernández Gómez.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de mayo de 2019, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2013-02235-01(2602-16), M.P. William Hernández Gómez.
31 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

74. El soldado Ángel Omar Becerra Rodríguez falleció mientras se encontraba
integrado a una unidad militar desplegada en un área de operaciones del municipio de
Hacarí, en un contexto de alteración del orden público. Aunque el informativo
administrativo calificó el deceso como ocurrido en misión del servicio, las
circunstancias evidencian que el conscripto participaba en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público y que las condiciones propias del
área impidieron su evacuación oportuna. En consecuencia, se confirmará el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de sus padres.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Adicionar el fallo en el sentido de disponer el descuento del valor de la
compensación por muerte, solo en el evento que la entidad acredite haber hecho el
pago a los accionantes, de conformidad con los parámetros señalados en la parte
motiva.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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