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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03303-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03303-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor José Julián Becerra Arévalo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda- Subsección B- SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03303-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03303-00

Accionante: JOSÉ JULIÁN BECERRA ARÉVALO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos.
MORA JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora.
TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Consejo de
Estado-Sección Segunda.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 29 de abril de 2026, José Julián Becerra Arévalo, en nombre propio, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, vida digna, mínimo vital, salud y
protección especial al adulto mayor.

El accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales ante la dilación
injustificada en la resolución del recurso de apelación contra sentencia, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1, el cual busca el reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del soldado Ángel Omar
Becerra Rodríguez.

1 Proceso identificado con número de radicación: 54001-23-33-000-2017-00711-01

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó textualmente:

«PRIMERO: Amparar por medio de la tutela mis derechos fundamentales al
debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital, al acceso a la administración de
justicia y a la protección especial del adulto mayor.
SEGUNDO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO que resuelva, de manera
inmediata, el recurso de apelación radicado bajo el número 540012333000-
2017-00711-01.
TERCERO: Ordenar el trámite preferencial del proceso, atendiendo la condición
de adultos mayores de los accionantes.
CUARTO: En caso de incumplimiento, disponer la apertura del incidente de
desacato, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.constitucional».

2. Hechos relevantes

El 15 de noviembre de 2017 los señores Aura María Rodríguez Ovalles y José Julián
Becerra Arévalo presentan una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
el ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente tras el fallecimiento del
soldado Ángel Omar Becerra Rodríguez, la cual había sido negada mediante varios
actos administrativos. En primera instancia, el 13 de febrero de 2020, se accedió a
las pretensiones de la demanda, pero la decisión fue apelada por la entidad
demandada y el proceso pasó al Consejo de Estado, donde fue radicado en julio de
2021.

A pesar de solicitudes de impulso procesal presentadas en septiembre de 2022
debido a la avanzada edad, estado de salud y situación de vulnerabilidad de los
demandantes, el expediente permanece sin decisión desde julio de 2023. Esta
demora ha generado una dilación injustificada que afecta gravemente sus derechos
fundamentales, ya que, siendo adultos mayores sin ingresos ni pensión, en
condiciones precarias de vivienda y salud, dependen de terceros para subsistir. La
falta de una decisión oportuna pone en riesgo la efectividad del fallo, dado que podría
proferirse cuando ya no puedan beneficiarse de él, vulnerando derechos como la
vida digna, el mínimo vital, la salud, el debido proceso y el acceso a la justicia.

3. Fundamentos de la acción

Los fundamentos de derecho se sustentan en diversas disposiciones
constitucionales que garantizan el Estado Social de Derecho, la igualdad, el debido

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

proceso, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia, así como en
la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales. A
partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se resalta que las personas de
la tercera edad son sujetos de especial protección, lo que implica para el Estado y
las autoridades judiciales el deber de brindarles un trato preferente, evitar cualquier
forma de discriminación y adoptar medidas efectivas que aseguren decisiones
judiciales oportunas y eficaces.

En el caso concreto, se alega que la prolongada demora en resolver el recurso de
apelación dentro del proceso contencioso administrativo, a pesar de haberse
solicitado impulso procesal y encontrarse el expediente para fallo desde julio de
2023, vulnera los derechos fundamentales de los accionantes, quienes son adultos
mayores en delicado estado de salud y en condición de vulnerabilidad. Esta situación
justifica la interposición de la acción de tutela, con el fin de obtener una pronta
decisión judicial que garantice efectivamente sus derechos a la vida digna, la salud,
el mínimo vital, el debido proceso y el acceso real a la administración de justicia.

4. Trámite procesal

El 14 de mayo de 2026 se admitió 2 la acción de tutela y se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, vinculó a Aura María
Rodríguez Ovallos y a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en
calidad de terceros interesados. También se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para su eventual intervención y solicitó a la Secretaría
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que remitiera copia digital del
expediente 54001-23-33-000-2017-00711-01 del proceso de reparación directa.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda 3 informó que
el proceso se encontraba al despacho para proferir sentencia de segunda instancia
en el turno 45. Precisó que el expediente entró en esa corporación el 26 de julio de
2023. Además, indicó que, a partir del 7 de octubre de 2024, la magistrada asumió
el cargo de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un

2 SAMAI, índice 4
3 SAMAI, índice 14.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

despacho con 2523 expedientes. Desde ese momento, ha atendido dichos asuntos
y, a la fecha, se registra en Samai a su cargo, un total de 1192 procesos.

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó 4 la acción de tutela y
solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, dado que no tiene las atribuciones constitucionales y legales para
oponerse jurídicamente a las pretensiones del accionante en sede de tutela.

Las demás autoridades y partes vinculadas al trámite de la presente acción de tutela
guardaron silencio, pues no allegaron pronunciamiento ni formularon oposición frente
a las pretensiones planteadas por la parte actora.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela resulta procedente frente a
la presunta mora judicial en que incurrió el Consejo de Estado-Sección Segunda, al
mantener sin fallo el proceso de reparación directa que cursa en segunda instancia,
pese al tiempo transcurrido desde su ingreso al despacho para sentencia.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado

4 SAMAI, índice 12.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia3. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción5.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 6.

Caso concreto

Al revisar la presunta mora judicial alegada por la parte accionante, la Sala advierte
que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número
54001-23-33-000-2017-00711-01 ingresó al despacho del Consejo de Estado-
Sección Segunda para proferir sentencia de segunda instancia el 26 de julio de 2023.
Sin embargo, también encuentra acreditado que, según el informe rendido por la
autoridad judicial accionada, dicho asunto se ubicó en el turno 45 para fallo, dentro
del orden de ingreso de los expedientes que se encontraban al despacho.

De igual forma, la autoridad judicial accionada explicó que ha evacuado los procesos
conforme al orden de turnos para sentencia de segunda instancia y que no resultaba
procedente alterar ese orden. También indicó que la actual magistrada del despacho

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-

01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6 Sentencia SU-179 de 2021.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

asumió el cargo el 7 de octubre de 2024 y que, desde entonces, ha adelantado
actuaciones en procesos 2523 expedientes.

En ese contexto, la Sala no encuentra demostrado que la tardanza cuestionada
obedezca a una conducta caprichosa, arbitraria o negligente atribuible a la autoridad
judicial accionada. Si bien el numeral 7 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA- previó un término para
dictar sentencia, lo cierto es que la sola superación de ese plazo no conduce, por sí
misma, a concluir la existencia de una mora judicial inconstitucional. Para ello se
requiere constatar que el retardo careció de justificación objetiva y razonable,
presupuesto que no se acreditó en este caso, pues el tribunal explicó que el proceso
se encuentra pendiente de decisión dentro del turno correspondiente y que el
despacho ha continuado evacuando asuntos conforme al orden legal.

Ahora bien, la Sala no desconoce que los señores Aura María Rodríguez Ovalles y
José Julián Becerra Arévalo afirmaron ser adultos mayores, con diagnóstico de
diabetes tipo II, gastritis crónica y limitaciones de movilidad. No obstante, aun a partir
de esas circunstancias, en el expediente de tutela no se acreditó que la autoridad
judicial hubiera desatendido completamente el trámite del asunto o que hubiera
dispensado un trato discriminatorio frente a otros procesos de similar naturaleza. Por
el contrario, el informe rendido mostró que el expediente continuó en curso y sujeto
al sistema de turnos que rige la adopción de sentencias en segunda instancia.

Así las cosas, la Sala concluye que no se configuró una mora judicial injustificada
que habilite la intervención del juez de tutela en el trámite del proceso de reparación
directa. En consecuencia, no resulta procedente impartir la orden solicitada para
alterar el turno del expediente y disponer una sentencia inmediata, pues ello
supondría interferir en la competencia del juez natural y desconocer el orden de
prelación de los asuntos sometidos a su conocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-03303-00
Accionante: José Julián Becerra Arévalo
Acción de tutela-Primera instancia

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor José Julián Becerra
Arévalo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda- Subsección B-

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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