Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05560-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de enero de 2025
Demandante: José Julián Becerra Arévalo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05560-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05560-01
Demandante: JOSÉ JULIÁN BECERRA ARÉVALO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela de fondo. Presunta mora en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Confirma negativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el actor.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor José Julián Becerra Arévalo, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la tardanza
de la autoridad judicial accionada en resolver el recurso de apelación que se
interpuso contra la sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
54001-23-33-000-2017-00711-00.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
efectivo y preferente a la administración de justicia, los cuales están siendo
vulnerados por el accionado.
1 Mediante escrito radicado el 15 de octubre de 2024 a través del buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido al día siguiente a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
1
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Demandante: José Julián Becerra Arévalo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05560-01
SEGUNDO: En consecuencia, señor Juez le solicito que ordene a la ENTIDAD
ACCIONADA, para que, de MANERA INMEDIATA, procedan a RESOLVER en
debida forma el recurso de apelación que se adelanta bajo el radicado No.
540012333000-2017-00711-01 la cual se encuentra en el despacho para sentencia
desde el (26) de julio de 2023, con el fin de garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en
procesos administrativos y judiciales.
TERCERO: Que, de no cumplirse con la orden emitida por su bien servido
Despacho dentro de los términos ordenados, sin mayor dilación, en virtud de los
derechos que me corresponden, se proceda a adelantar el respectivo INCIDENTE
DE DESACATO, y se SANCIONE A LA ACCIONADA, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2951 de 1991 y demás normas concordantes y
complementarias.2
1.3. Hechos
El accionante fundó su escrito de tutela, en síntesis, así:
Indicó que radicó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual pretende que se declare la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes, a la que considera tiene derecho por la muerte
de su hijo Ángel Omar Becerra Rodríguez.
Explicó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, bajo el radicado 54001-23-33-000-2017-00711-00, y que
mediante sentencia de 13 de febrero de 2020 la autoridad de primer grado accedió
a las súplicas de la demanda.
Manifestó que contra dicha decisión la parte demandada interpuso el
correspondiente recurso de apelación, el cual fue asignado al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, donde se encuentra para fallo desde el 26 de
julio de 2023.
Señaló que a la fecha de interposición de esta acción constitucional no se ha
resuelto el recurso de apelación que fue presentado contra la sentencia de 13 de
febrero de 2020.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
constitucionales, con ocasión de la demora injustificada en tramitar el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de 13 de febrero de 2020, proferida en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 54001-23-33-000-2017-00711-00.
Explicó que debido a su delicado estado de salud y el de su esposa, la señora
Aura María Rodríguez Ovalles, dado que sufren de diabetes tipo II, de gastritis y
de limitaciones para moverse, radicaron un impulso procesal el 21 de junio de
2023, sin que este haya tenido algún impacto.
2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
2
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Comentó que acude a la presente acción constitucional con el fin de lograr un
trámite más ágil y con tratamiento preferencial debido a su condición y la de su
esposa.
Expuso que el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011 establece que el recurso de
apelación debe ser decidido en el término de 3 meses contados desde su
interposición. No obstante, indicó que ese plazo no se ha cumplido, dado que
desde el 26 de julio de 2023 el proceso se encuentra al despacho para sentencia.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 25 de octubre de 2024, la magistrada ponente de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y
ordenó la notificación de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, integrante de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de parte
accionada.
1.6. Contestación
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentó el
siguiente pronunciamiento:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
La magistrada3 que tiene a su cargo el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 54001-23-33-000-2017-00711-00 solicitó que se niegue el amparo
invocado por el actor.
En primer lugar, manifestó que se posesionó en su cargo el 7 de octubre de 2024
y que desde ese momento ha inventariado los expedientes que tiene al despacho
con el din de atender los asuntos a la mayor brevedad posible. No obstante,
informó que de acuerdo con lo reportado por el Sistema de Gestión Judicial a la
fecha existe un alto volumen de trabajo, dado que cuenta con 2.371 procesos
pendientes de realizar algún trámite.
Luego, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario y
concluyó que se ha seguido el trámite dispuesto para el recurso de apelación en el
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo que consideró que no se puede predicar una mora judicial.
Finalmente, destacó lo siguiente:
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que desde la entrada del expediente al
Despacho para fallo la parte demandante no ha presentado alguna solicitud en la
que exponga una situación que justifique dar prelación a su caso para emitir
sentencia, y, que conforme lo dispone el artículo 63A de la Ley 270 de 1996,
modificada por la Ley 2430 de 2024, los asuntos deben ser fallados de conformidad
con los órdenes de turnos cronológicamente establecidos, salvo que el proceso sea
de aquellos que deban ser resueltos con preferencia.
3 Doctora Elizabeth Becerra Cornejo.
3
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1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 25 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el tutelante, al
considerar que la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación no ha
incurrido en una tardanza injustificada en el proceso 54001-23-33-000-2017-
00711-00.
Como fundamento de la decisión, hizo un recuento de las actuaciones que ha
surtido el expediente luego de que le fuera asignado a ese despacho el 7 de julio
de 2021, y concluyó que el trámite que se le ha impartido al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ha estado entre los términos razonables, sin que
evidenciara alguna circunstancia atribuible a la autoridad judicial demandada que
haya paralizado el curso normal del proceso.
Señaló que no pasa por alto la condición de adulto mayor que aduce el
accionante, así como las posibles afectaciones a su salud; sin embargo, precisó
que el análisis y evaluación de estos factores para alterar el turno del fallo
corresponde al juez de la causa. Además, manifestó que no se observaba una
verdadera solicitud de prelación presentada por el demandante en la que alegara
las circunstancias que se ponen de presentes en esta acción de tutela.
1.8. Impugnación
El 3 de diciembre de 20244, el tutelante impugnó el fallo de 25 de noviembre de
2024, sin expresar las razones por las cuales reprocha la providencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 25 de noviembre de 2024, proferido por la Subsección A Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 25 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección A Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo solicitado
por el señor José Julián Becerra Arévalo.
4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 3 de diciembre de 2024 y
el recurso se interpuso el mismo día.
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, (iii) la mora judicial justificada,
y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución6, del derecho fundamental al
debido proceso7 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia8.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»9.
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
7 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso».
8 Sentencia T-006 de 1992.
9 Sentencia T-476 de 1998.
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Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»10.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”11, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»12.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia13 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»14.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12 Ibídem.
13 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes15.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»16. En esa línea
esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial17, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las partes.
2.6. Caso concreto
En el sub examine, el señor José Julián Becerra Arévalo alegó que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró sus garantías constitucionales
por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en proferir el fallo
de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 54001-23-33-000-2017-00711-00.
15 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
16 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Por su parte, la autoridad judicial accionada en su escrito de contestación informó
que a la fecha «tiene 2.371 procesos pendientes de realizar algún trámite, entre
temas especiales, constitucionales y ordinarios, lo cual permite evidenciar el alto
volumen de trabajo existente y la congestión judicial».
Por lo tanto, teniendo en cuenta la contestación de tutela, se advierte que en el
presente caso no hay una dilación injustificada, con fundamento en que la
magistrada que tiene a su cargo el proceso del cual la parte actora predica la
presunta mora judicial, expuso de manera clara y detallada las razones por las
cuales a la fecha de radicación de la solicitud de amparo no se ha emitido la
sentencia de segunda instancia.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento
de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y
(iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.
Al respecto, se advierte que en el subjudice ésta última circunstancia, esto es, la
falta de motivo razonable sobre la demora, no se presenta, pues la tardanza de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado está justificada y
plenamente motivada y no es atribuible a su negligencia u omisión en el ejercicio
de sus funciones, comoquiera que la autoridad judicial accionada adujo que ello
obedece a la carga de procesos que se encuentran a su cargo.
Ahora, si bien se observa un memorial radicado por el apoderado del actor de 14
de septiembre de 2022, lo cierto es que este se trata de un impulso procesal y no
de una solicitud de prelación en el que se expongan las razones por las cuales el
despacho judicial accionado debe fallar sin sujeción al orden cronológico de
turnos, en los términos del artículo 63A de la Ley 2430 de 2024.
En ese orden de ideas, esta Sección encuentra que el incumplimiento del término
procesal para dictar la providencia que resuelve el recurso de apelación en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se entiende justificado,
pues se demostró que esto se debe a la congestión laboral de la autoridad judicial
accionada.
Por lo tanto, se confirmará la sentencia de 25 de noviembre de 2024, por medio de
la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado por el señor José Julián Becerra Arévalo contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de noviembre de 2024, por medio de
la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado por el señor José Julián Becerra Arévalo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
9
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