Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05574-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05574-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05574-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05574-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Demandantes: EVELIA RESTREPO RÍOS, EDISON YEFREY TOBÓN
BEDOYA, MARÍA DEL CARMEN BEDOYA MONÁ, BANER
OVIDIO GIRALDO BEDOYA, MARISOL GIRALDO BEDOYA,
MARTA ELENA VERGARA GIRALDO Y NIDIA STELLA
CARDONA VERGARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por los daños derivados de una supuesta ejecución extrajudicial
en el que se declaró la caducidad del término para interponer la
demanda. Defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Evelia Restrepo Ríos, Edison Yefrey Tobón Bedoya,
María del Carmen Bedoya Moná, Baner Ovidio Giraldo Bedoya, Marisol Giraldo
Bedoya, Marta Elena Vergara Giraldo y Nidia Stella Cardona Vergara, quienes
actúan por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de octubre de 2024, los demandantes pidieron la protección de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, tutela
judicial efectiva, igualdad, reparación integral y vida e integridad personal,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido
proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial
efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia
con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías
Judiciales-); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución);
iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos
humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de
constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores
judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la
Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a
los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las
víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida
(Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de
la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución); iv) el principio pro infans;, todo ello en
conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial No. 41 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, con ponencia del magistrado
Jorge León Arango Franco, del 16 de abril de 2024, dentro del medio de control de reparación directa
con Radicado No. 05001-33-33-022-2018-00387-02, incurrió en defecto material o sustancial,
teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se muestra
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional,
III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, IV) El
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15) y,
el juez se abstiene de hacer una interpretación conforme al principio Pro Infans”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que el 2 de julio de 2004, integrantes del Ejército
Nacional le quitaron la vida a la señora Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y al señor
Leonel de Jesús Hernández Guarín en el municipio de Granada, Antioquia, quienes,
junto a otras cuatro víctimas, fueron reportados como bajas en combate.
Afirmaron que el 7 de septiembre de 2018, en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del
Estado por las ejecuciones sumarias cometidas contra la señora Nubia de Jesús
Bedoya Restrepo y el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín.
Indicaron que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín en
sentencia del 12 de febrero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la muerte de los familiares de los demandantes no fue
como consecuencia de un combate. En relación con la caducidad del término para
acudir al medio de control, señaló que “no ha operado la caducidad del medio de
control, sino que, además, ni siquiera ha tenido lugar el inicio de su conteo, como
quiera que no se ha proferido sentencia de segunda instancia [en el proceso penal
que fue remitido a la JEP], dado que solo a partir de este evento se configura el
conocimiento de la ilicitud del hecho dañoso”.
Finalmente, expresaron que contra la anterior decisión las partes interpusieron
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, mediante sentencia del 16 de abril de 2024, revocó la determinación de
primera instancia, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa
y, en consecuencia, se declaró inhibido con sustento en que la madre de la señora
Nubia de Jesús Bedoya Restrepo tuvo conocimiento que la muerte de su hija había
sido causada por el Ejército Nacional en una declaración rendida el 1 de abril de
2005 y la compañera permanente del señor Leonel de Jesús Hernández Guarín,
tuvo conocimiento del fallecimiento del antes mencionado en declaración del 4 de
marzo de 2014. Por consiguiente, de acuerdo con las reglas desarrolladas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, consideró que la demanda se había presentado por fuera del término
de los dos años.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
3. Fundamentos de la acción
Los demandantes resaltaron que la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia, en tanto no se trata de una decisión dictada en otra
acción de tutela, se presentó en un término razonable, se agotaron todos los medios
de defensa, se identificaron los hechos generadores de la vulneración alegada y el
debate que se propone es de relevancia constitucional.
Luego, mencionaron que en el proceso de reparación directa se aportaron varios
medios de convicción de carácter documental que evidenciaban que la muerte de
la señora Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y el señor Leonel de Jesús Hernández
Guarín fue como consecuencia de una ejecución extrajudicial.
Agregaron que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Descongestión de Antioquia condenó a unos exmilitares a la pena de 480 meses
por los hechos relacionados con los familiares de los demandantes, lo que
demuestra que la muerte de sus familiares obedeció a ejecuciones extrajudiciales.
Aseguraron que en el presente asunto se configuró el defecto “sustantivo o
material (fáctico)”, por la valoración que se hizo al momento de estudiar la figura
de la caducidad, entre lo que resaltó los documentos aportados con la demanda y
la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación.
Afirmaron que el Tribunal accionado acudió a una interpretación no sistemática del
derecho, lo que conllevó el desconocimiento del precedente judicial (vertical y
horizontal), por no aplicar la sentencia T-352 de 2016 de la Corte Constitucional en
la que se indicó que para dar aplicación a la caducidad del medio de control de
reparación directa se debe tener en consideración las circunstancias fácticas que
dieron origen a las demandas, por lo que no puede prevalecer las formalidades
procesales, desconociendo totalmente lo establecido por los instrumentos
internacionales.
Así mismo, la sentencia de tutela del 30 de julio de 2020 emanada de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado (rad. 2019-04842-01), en la cual
se inaplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, que, para los casos
de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra se implemente.
De igual modo, se refirieron a los autos “del 18 de febrero de 2022” y del 28 de junio
de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 61147), en los que se
precisó que la inaplicación de la figura de la caducidad en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad hace parte del ius
cogens internacional.
Igualmente, mencionaron que en la sentencia del 31 de julio de 2019 de la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado (rad. 2018-00109-01) se estableció
que “en casos de graves violaciones a derechos humanos, prevalece el acceso a
un recurso judicial fácil y efectivo para reparar a las víctimas”, es decir que se
incorpora la no caducidad de las acciones de reparación directa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
Indicaron que allegan dos salvamentos de voto presentados por el consejero Alberto
Montaña Plata en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y en el fallo
de tutela del 1 de junio de 2022 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo
de Estado, se indicó que respecto de los delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra no opera la figura procesal de la caducidad en el medio de control de
reparación directa y que la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional no limitó la
competencia del juez natural para llevar a cabo el control de convencionalidad.
Señalaron que la autoridad judicial accionada se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, de acuerdo con lo establecido en la sentencia T-640 de 2015 de la Corte
Constitucional.
Indicaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse al alcance
del control de convencionalidad y el ius cogens, ha señalado que existe la obligación
de inaplicar las normas internas que no sean compatibles con las obligaciones
internacionales sobre derechos humanos propias de la Convención Americana o
Pacto de San José de Costa Rica, por lo que mencionan los casos Órdenes Guerra
vs Chile y Familia Julien Grisonas vs Argentina.
Por último, manifestaron que el artículo 93 de la Convención Americana de
Derechos Humanos hace parte del Bloque de Constitucionalidad, por lo que la
autoridad judicial accionada debió tener en cuenta el control de convencionalidad al
abordar la caducidad en la acción.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 22 de octubre de 2024, el magistrado sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín y a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a los señores Leonel de Jesús Hernández
Guarín y Nubia de Jesús Bedoya Restrepo, como terceros con interés. Igualmente,
que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. El despacho del magistrado ponente encargado registró proyecto de fallo que
se discutió en Sala del 5 de diciembre de 2024, sin alcanzar la mayoría requerida,
por lo que se dictó auto de la misma fecha en el que se dispuso el sorteo de dos
conjueces.
Efectuado el sorteo el mismo día y conforme con el acta, fueron designados los
doctores Lucy Cruz de Quiñonez y Julio Roberto Piza Rodríguez, a quienes se les
comunicó la decisión el 11 de diciembre de 2024.
Sin embargo, con la posesión del magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño el 4
de febrero de 2025, como consejero de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
la Sala adquiere una nueva conformación, razón por la cual los conjueces
designados serán desplazados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
5. Oposición
5.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
Por medio de escrito del 28 de octubre de 2024, la coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional pidió que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela por resultar improcedentes.
Afirmó que en el escrito de tutela no se señalan con claridad los defectos que
supuestamente incurrió la autoridad judicial, además que trae a colación
discusiones probatorias que ya fueron dilucidadas dentro del proceso de reparación
directa, por lo que utiliza la solicitud de amparo como una tercera instancia.
Para terminar, recordó que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
de la Sección Tercera del Consejo de Estado se mantuvo la figura de la caducidad
del medio de control de reparación directa en un término de 2 años.
5.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, el
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín y los señores Leonel
de Jesús Hernández Guarín y Nubia de Jesús Bedoya Restrepo, a pesar de que
se les notificaron en debida forma el auto admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. Los accionantes en el escrito de tutela invocan los defectos por
desconocimiento del precedente judicial, “sustantivo o material (fáctico)”, sin
embargo, al verificar los hechos, fundamentos y pretensiones planteados por la
parte actora, así como en ejercicio de la competencia que ostenta el juez de tutela
para interpretar la acción y formular el problema jurídico1, evidencia que la causal
invocada se refiriere al defecto fáctico y al desconocimiento del precedente judicial,
razón por la cual se abordará el estudio bajo esos dos causales especiales de
procedencia.
Por otro lado, si bien no lo menciona en la demanda, lo cierto es que de los
fundamentos se observa que la parte actora se refiere al defecto por violación
directa de la Constitución, razón por la cual serán estudiados en conjunto.
1
Sentencia SU-245 de 2021. “Esta competencia, evidentemente, no faculta al juez para omitir los problemas de relevancia
constitucional que presentan los accionantes, sino que le confía la misión de defender los derechos de la manera más amplia
posible, permitiéndole superar obstáculos puramente formales o argumentativos”. Además, resaltó que “el juez de tutela
deberá estudiar los cargos que el accionante proponga contra la providencia judicial, siempre que pueda inferir con
claridad las causales a las que se adecuan dichos cargos a partir de los hechos y los elementos de prueba que se
acrediten en el expediente”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, con el fallo del 16 de abril de
2024, que revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa tendiente al resarcimiento
de los perjuicios causados por la muerte de unos familiares a manos del Ejército
Nacional, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la reparación
integral y a la vida e integridad personal, al presuntamente incurrir en los siguientes
defectos:
i) fáctico, por la valoración que se hizo de las pruebas documentales que
aportaron con la demanda de reparación directa y de la investigación
adelantada por la Fiscalía General de la Nación al momento de estudiar la
caducidad del medio de control,
ii) desconocimiento del precedente judicial, pues omitió las sentencias T-
352 de 2016 de la Corte Constitucional, del 30 de julio de 2020 de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y del 31 de julio de 2019 de
la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, así como los
autos del 28 de junio de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y “del 18 de febrero de 2022”, en los que inaplicaron la caducidad del medio
de control de reparación directa o las reglas jurisprudenciales desarrolladas
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, con el fin de
garantizar el acceso a la administración de justicia y al debido proceso, y
iii)
violación directa de la Constitución, toda vez que no aplicó la excepción
por inconstitucional del literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
14
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en
el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se
debe determinar si el fallo de segunda instancia en el que se revocó el fallo favorable
del a quo y, en su lugar, declaró la caducidad de la demanda de reparación directa
de los accionantes tendiente al resarcimiento de los perjuicios causados por la
muerte de un familiar, puede limitar el contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, tutela
judicial efectiva, igualdad, reparación integral y vida e integridad personal, por lo que
no se observa que la solicitud de amparo se promueva como una instancia adicional
o se plantee un asunto de mera legalidad, aunado al hecho con que cuenta con la
carga argumentativa mínima, pues exponen con claridad las razones por las que
consideran que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en el marco de un recurso
de apelación, por lo que los demandantes no cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses17
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional18; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria
4.2.1. Los demandantes, en ejercicio de la acción de tutela, manifiestan que el
Tribunal accionado con el fallo del 16 de abril de 2024, vulneró los derechos
fundamentales invocados, al supuestamente incurrir en los defectos i) fáctico, por
la valoración que se hizo de las pruebas documentales que aportaron con la
demanda de reparación directa y de la investigación adelantada por la Fiscalía
General de la Nación al momento de estudiar la caducidad del medio de control, ii)
por desconocimiento del precedente judicial, pues omitió las sentencias T-352
de 2016 de la Corte Constitucional, del 30 de julio de 2020 de la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado y del 31 de julio de 2019 de la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, así como los autos del 28 de junio
de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y “del 18 de febrero de 2022”,
en los que se inaplicó la caducidad del medio de control de reparación directas y las
17
La última providencia objetada se profirió el 16 de abril de 2024, cuya notificación se surtió el 16 de abril de 2024 y la acción
de tutela se instauró el 16 de octubre de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
reglas jurisprudenciales desarrolladas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de garantizar el
acceso a la administración de justicia y al debido proceso y iii) violación directa de
la Constitución, porque no aplicó la excepción por inconstitucional respecto del
literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
4.2.2. La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la acción de tutela,
porque en la providencia objetada se configuró un defecto fáctico, para lo cual de
manera previa se realizará un breve recuento de las actuaciones relevantes del
proceso ordinario, así:
El 7 de septiembre de 2018, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el
fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por las supuestas ejecuciones
sumarias de la señora Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y el señor Leonel de Jesús
Hernández Guarín, ocurridas el 2 de julio de 2004 en el municipio de Granada,
Antioquia.
El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín en fallo del 12 de
febrero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la muerte de los familiares de los demandantes no fue como
consecuencia de un combate. Destacó que no había certeza de la ilicitud del hecho
dañoso, lo que permitió desvirtuar la caducidad del término para acudir al medio de
control.
Los demandantes interpusieron recurso de apelación con el fin de que se aumentara
la tasación de los perjuicios reconocidos en el fallo de primera instancia. A su turno,
la entidad demandada señaló que se había unificado el tema de la caducidad en los
eventos relacionados con el resarcimiento de perjuicios en los casos de delitos de
lesa humanidad, a lo que agregó que el actuar del Ejército Nacional obedeció a los
informes de inteligencia debido a los continuos delitos que se habían presentado en
el municipio de Granada.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en sentencia del
16 de abril de 2024, revocó la decisión parcialmente favorable de primera instancia
y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, razón
por la cual se inhibió para dictar decisión de fondo. En primer lugar, se refirió al
término de caducidad en los eventos relacionados con delitos de lesa humanidad,
respecto del cual sostuvo que, de conformidad con la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, acudía a la
siguiente regla:
“Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i)
en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de
un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir
frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que
se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la
administración de justicia”.
Luego efectuó el estudio de las pruebas allegadas al proceso ordinario y al resolver
el caso concreto evidenció que la demanda no se presentó dentro del término, así:
“En el caso de Nubia de Jesús Bedoya Restrepo se observa que, su madre Evelia Restrepo Ríos
quien obra como demandante en el proceso, manifestó que tenía conocimiento que la muerte de
su hija había sido causada por el Ejército en declaración rendida ante el Juzgado 23 de Instrucción
Penal Militar el 1 de abril de 2005, en la cual señaló lo siguiente:
(…)
De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que el 1 de abril de 2005 cuando rindió declaración
la señora Evelia Restrepo Ríos madre de Nubia de Jesús Bedoya Restrepo, conoció que se
adelantaba investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial de su hija a manos de miembros
del Ejército Nacional; momento en el cual contaba con los elementos para inferir que el Estado era
el responsable del daño antijurídico que le fue ocasionado con la muerte de su hija, y reclamar los
perjuicios causados. En consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr desde el día
siguiente, 2 de abril de 2005 y fenecía el 2 de abril de 2007, término que no fue suspendido por la
solicitud de conciliación prejudicial, toda vez que la misma fue radicada el 26 de junio de 2018, y
la demanda fue presentada el 7 de septiembre de 2018, esto es, cuando ya se encontraba
configurado el fenómeno de la caducidad.
De otro lado, en el caso de Leonel de Jesús Hernández Guarín se observa que, su compañera
permanente Marta Elena Vergara Giraldo quien obra como demandante en el proceso, rindió
declaración el 4 de marzo de 2014, fecha a partir de la cual se puede inferir que tenía conocimiento
de su muerte a manos del Ejército Nacional. La declarante manifestó lo siguiente:
(...)
De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que el 4 de marzo de 2014 cuando rindió declaración
la señora Marta Elena Vergara Giraldo, conoció que se adelantaba investigación sobre la presunta
ejecución extrajudicial de su compañero a manos de miembros del Ejército Nacional; momento en
el cual contaba con los elementos para inferir que el Estado era el responsable del daño antijurídico
que le fue ocasionado con la muerte de su compañero, y reclamar los perjuicios causados. En
consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr desde el día siguiente, 5 de marzo de
2014 y fenecía el 5 de marzo de 2016, término que no fue suspendido por la solicitud de
conciliación prejudicial, toda vez que la misma fue radicada el 26 de junio de 2018, y la demanda
fue presentada el 7 de septiembre de 2018, esto es, cuando ya se encontraba configurado el
fenómeno de la caducidad”.
De lo antes expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada concluyó que
en las declaraciones rendidas por los familiares de las víctimas directas durante la
instrucción (madre de la señora Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y la compañera
permanente del señor Leonel de Jesús Hernández Guarín), tuvieron conocimiento
de las ejecuciones sumarias cometidas por integrantes del Ejército Nacional, razón
por la cual fue desde ese momento en que tuvieron certeza del daño antijurídico y,
en consecuencia, desde ahí era que se debía contabilizar el término de los dos
años para presentar la demanda de reparación directa, los cuales fueron superados
por los accionantes.
4.2.3. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión20.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.2.4. Descendiendo al asunto bajo examen, los demandantes consideran que la
autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, pues con la valoración que se hizo de
los documentos aportados con la demanda, entre esos, los relacionados con la
investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación por la muerte de los
familiares, conllevó a que se declarara la caducidad del medio de control de
reparación directa en el que se pretendía el resarcimiento de perjuicios causados
por una ejecución extra judicial, lo que vulneró sus derechos fundamentales.
Al respecto, la Sala observa que con la demanda de reparación directa los
accionantes aportaron copia de unas peticiones dirigida a la Fiscalía General de la
Nación – Unidad de Derechos Humanaos y Derecho Internacional Humanitario y la
Procuraduría 124 Judicial II Penal, en las que se solicitó información relacionada
con la investigación adelantada por la muerte de la señora Nubia de Jesús Bedoya
y el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín, así como las respuestas que se
otorgaron con la entidad junto con los documentos referente a la investigación.
Ahora bien, la Sala evidencia que en la sentencia objetada el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, al resolver el recurso de apelación tuvo en
cuenta las diferentes pruebas allegadas al proceso, entre ellas, los documentos que
aportaron los demandantes relacionados con la investigación que adelantó la
Fiscalía General de la Nación y los conceptos rendidos por el Ministerio Público en
la etapa de investigación.
De hecho, a partir de la valoración que la autoridad judicial accionada hizo de los
documentos mencionados en el párrafo anterior decidió revocar la decisión
favorable de primera instancia y declaró la caducidad del medio de control de
19
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
reparación directa con sustento en las subreglas desarrolladas en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en la que se estableció que las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra aplica el término
de caducidad que dispuso el legislador21.
Por consiguiente, al estudiar las particularidades del asunto, consideró que los
demandantes habían ejercido el medio de control de reparación directa cuando se
había superado el término de los 2 años establecido en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior con sustentó en que, la señora madre Evelia Restrepo Ríos, como madre
de Nubia de Jesús Bedoya Restrepo, “manifestó que tenía conocimiento que la
muerte de su hija había sido causada por el Ejército en declaración rendida ante el
Juzgado 23 de Instrucción Militar el 1 de abril de 2005”, para lo cual se refirió a esta
así:
“que el 26 de junio de 2004, luego de entrevistarse con su hija ésta se fue para la casa de una
amiga y que no volvió a saber de ella, hasta cuando algunos conocidos le informaron que NUBIA
había muerto víctima de algunos disparos en momentos en que se encontraba en compañía de un
joven, afirma la declarante que su hija no pertenecía a la guerrilla y que su muerte fue producto de
una confusión. (…)”
“(…) comenta la señora que vivían en la Vereda Santa Bárbara de Granada pero en razón de la
“inseguridad” porque las autodefensas sacaban a las personas de sus casas, se debieron venir
para una vereda llamada La María, que a su hija le tocaba visitar ancianos y niños, que un día salió
de la casa y no regresó, le contó una vecina de nombre CONSUELO GÓMEZ que su hija murió un
día viernes en la vereda El Tablazo con otro muchacho, que iba pasando por una casita. Dice la
declarante que se tuvo que venir desplazada donde unos sobrinos en Rionegro, empezó a buscar
a su hija por Cocorná, Santuario, Granada y Medellín hasta que el CTI de la Fiscalía de Santuario
le dijo que se presentara en el Juzgado, siendo la razón de su comparecencia.
Sobre la actividad de su hija refiere que NUBIA y su hijo vivían con ella y su esposo, que les ayuda
con los oficios de la casa y como estaba recibiendo capacitaciones en salud salía por las veredas
de Granada. Que la última vez que la vio fue el 26 de junio en su casa, cuando NUBIA salió y le
dijo que iba para donde unas amigas a la vereda El Sinai no dijo cuándo regresaba, pero su madre
la esperó hasta el 4 de julio, cuando le comentaron que la habían matado con un hombre en el
tablazo. Dice la testigo que no sabe quién los mató ni por qué razón, que su hija nunca hizo parte
de grupos al margen de la ley. A la señora se le informan las circunstancias en que el ejército dice
que falleció Nubia y la testigo es enfática afirmando que su hija no era ninguna guerrillera y que
tampoco murió en San Luis, porque a ella le dijeron que murió en El Tablazo cuando iba caminando
22
cerca de una casa. El 30 de abril ratificó lo dicho ante la Fiscalía 37 de la UNDH y DIH” .
De la transcripción realizada por el Tribunal accionado, no se evidencia que la
señora Evelia Restrepo Ríos manifestara que fueron integrantes del Ejercito
Nacional quienes habían asesinado a su hija tal como lo señaló la autoridad judicial
accionada en la sentencia objetada. De hecho, lo que dijo fue “que NUBIA había
muerto víctima de algunos disparos en momento en que se encontraba en compañía
de un joven” y que “no sabe quién los mató”. Además, que cuando se le informó las
circunstancias en que el Ejército Nacional había manifestado que ocurrió el deceso
de su hija, esta afirmó que tenía conocimiento de que murió en “El Tablazo” mientras
21
i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
22
Folios 122 a 123 del cuaderno No. 1 del expediente ordinario. Documento expedido por el Fiscal Treinta y Siete de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, en el que se resolvió la situación jurídica
de varios ex integrantes del Ejército Nacional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
que en la diligencia se le indicó que fue en “San Luis”, es decir, que hay dudas de
la veracidad de la información brindada a la señora Restrepo Ríos.
El hecho de que a la señora Evelia Restrepo Ríos le indicaran que su hija murió en
un combate con el Ejército Nacional, a lo que ella niega tajantemente que la víctima
directa fuera guerrillera, es prueba suficiente para demostrar que la señora nunca
podía imaginar que los agentes del Estado pudieran ser responsables de un
homicidio en persona protegida, conductas que ameritan el total rechazo de la
sociedad, siendo los jueces los llamados a resolver sobre la responsabilidad del
Estado con el fin de lograr la materialización de la defensa del Estado Social de
Derecho.
Además, la señora fue desplazada de su hogar “en razón de la ‘inseguridad’ porque
las autodefensas sacaban a las personas de sus casas”, como lo señala en su
declaración, para tener que buscar otro horizonte y sobre todo proteger su vida,
razón por la cual tampoco podía pedírsele que acudiera oportunamente a la
administración de justicia para reclamar los perjuicios demandados.
Por lo anterior, la Sala considera que la valoración que se hicieron de las pruebas
para determinar el conocimiento del daño antijurídico y que este se le pudiera
imputar al Estado en aplicación de las subreglas de la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, por parte de la autoridad judicial accionada frente a la señora
Evelia Restrepo Ríos resulta restrictiva de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues de esta declaración no se
puede concluir en grado de certeza que hubiese manifestado -como lo afirmó el
Tribunal Administrativo de Antioquia-, que tenía conocimiento de la muerte de su
hija y que fue como consecuencia del actuar del Ejército Nacional.
De otro lado, respecto a la configuración de caducidad frente a la señora Marta
Elena Vergara Giraldo en su condición de compañera permanente del señor Leonel
de Jesús Hernández Guarín, el Tribunal consideró que desde el 4 de marzo de 2014
“se puede inferir que tenía conocimiento de su muerte a manos del Ejército
Nacional”, para lo cual, tuvo en cuenta que la señora Vergara Giraldo, en
declaración del 4 de marzo de 201423, manifestó que su compañero “una vez le dijo
que se iba a ir para donde el papá a moler y regresaba viernes o sábado pero no
volvió, y luego de un tiempo le preguntó a don ADÁN por LEONEL y fue cuando le
dio la versión de que lo habían matado cuando se presentó una balacera donde
ellos estaban moliendo por el lado de la ramada y que luego resultó que el ejército
bajó ese día a la ramada y le cogieron los caballos y se fueron con ellos para
Santana”. Además, mencionó que “solo supo lo que le contó el papá y que nunca
preguntó por miedo a ser señalada o estigmatizada por el ejército”.
Al respecto, la Sala no puede inferir que la señora Marta Elena Vergara Giraldo tenía
pleno conocimiento de la participación de integrantes del Ejército Nacional, pues lo
que se deduce es que el papá de su compañero permanente le manifestó que este
había fallecido en “una balacera”, mas no se observa que en dicho enfrentamiento
participó el Ejército Nacional, a pesar que menciona que el día en que ocurrieron
los hechos bajaron integrantes del Ejército por los lados en donde ocurrieron los
hechos.
23
Folios 306 a 307 del cuaderno No. 2 del expediente ordinario. Concepto precalificatorio emitido por la Procuraduría 124
Judicial II Penal ante la Fiscalía Treinta y Siete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Medellín.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
De lo antes expuesto, la Sala considera que de las pruebas documentales aportadas
por los accionantes con la demanda de reparación directa y que valoró el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, para concluir que las señoras
Evelia Restrepo Ríos y Marta Elena Vergara Giraldo tenían conocimiento de que el
daño antijuridico fuese imputado al Ejército Nacional, no se puede arribar
categóricamente a dicha conclusión.
Adicionalmente, llama la atención de la Sala que en la demanda la parte actora, al
referirse a la caducidad, menciona que, en lo relacionado con la muerte de la señora
Nubia de Jesús Bedoya y el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín, no ha sido
posible establecer sí “el Estado desconoció o no, su deber de garante frente al
joven”.
Por consiguiente, no se cumplían los presupuestos desarrollados por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, es decir, que la caducidad se deba computar “desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-378 de 202424, amparó
el derecho fundamental al debido proceso de dos accionantes a quienes se les
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa en el que se discutía
los perjuicios causados por una ejecución extrajudicial en aplicación de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, toda vez que tuvo conocimiento de que el
daño era imputable al Estado una declaración que rindió la madre de la víctima ante
la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, el Tribunal constitucional consideró
que se había configurado el defecto fáctico, por una valoración irregular de las
pruebas, porque la sola manifestación de que su hijo murió a manos del Ejército
Nacional ante el ente investigador, por si sola “no permite inferir la posibilidad de
imputarle responsabilidad al Estado por la muerte del señor Antonio, menos aún por
la configuración de una ejecución extrajudicial”.
Adicionalmente, la Corte Constitucional resaltó que la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha considerado que “en materia de reparación directa el término de
caducidad no corre hasta tanto se cuente con elementos para deducir la
participación del Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial”.
Asimismo, se pone de presente que en el curso del proceso penal bajo radicado No.
05000-31-07-001-2014-00522-00, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Descongestión de Antioquia, en sentencia del 15 de septiembre
de 2015, condenó a varios ex miembros del Ejército Nacional como coautores de
los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas
y municiones de uso privado de las fuerzas armadas, decisión en la que se hace
alusión a los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales de la señora
Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y al señor Leonel de Jesús Hernández Guarín, en
el municipio de Granada.
24
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
En el marco de ese proceso penal, los ex integrantes del Ejercito Nacional
presentaron solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP,
por lo que el 1 de agosto de 2018 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Antioquia dispuso el envío del expediente a la JEP.
Adicionalmente, se verificó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en
Resolución No. 1470 del 10 de abril de 2024, logró identificar como víctimas directas
a la señora Nubia de Jesús Bedoya Restrepo y al señor Leonel de Jesús Hernández
Guarín y como víctimas indirectas a la señora Evelia Restrepo Ríos y al señor
Edison Yefrey Tobón Bedoya como madre e hijo de la señora Bedoya Restrepo y
quienes conforman la parte actora de la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, la Sala encuentra configurado un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria porque el Tribunal accionado valoró las pruebas en forma
parcial, por fuera del contexto en el que ocurrieron los hechos, por lo que se relevará
de abordar lo relativo a los defectos por desconocimiento del precedente judicial y
la violación directa de la Constitución, a lo que se debe agregar que el alcance de
la protección constitucional otorgada se limita a que se realice un nuevo análisis
probatorio en los términos expuestos y se profiera la decisión que bajo las reglas de
la sana crítica y la autonomía judicial disponga la autoridad judicial demandada.
En ese orden de ideas, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, dejará sin efectos la sentencia
del 16 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, y ordenará que en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo, en
la que se haga una nueva valoración de las pruebas al momento de estudiar la
caducidad del medio de control de reparación, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de los señores Evelia Restrepo Ríos, Edison Yefrey
Tobón Bedoya, María del Carmen Bedoya Moná, Baner Ovidio Giraldo Bedoya,
Marisol Giraldo Bedoya, Marta Elena Vergara Giraldo y Nidia Stella Cardona
Vergara, quienes actúan mediante apoderado judicial. En consecuencia,
Segundo.- Dejar sin efectos la sentencia del 16 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en el marco del
medio de control de reparación directa adelantado por los señores Evelia Restrepo
Ríos, Edison Yefrey Tobón Bedoya, María del Carmen Bedoya Moná, Baner Ovidio
Giraldo Bedoya, Marisol Giraldo Bedoya, Marta Elena Vergara Giraldo y Nidia Stella
Cardona Vergara contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
(exp. No. 05001-33-33-022-2018-00387-02).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05574-00
Actor: Evelia Restrepo Ríos y otros
Tercero.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa
radicado con el No. 05001-33-33-022-2018-00387-02, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salva voto
Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
(Firmado electrónicamente)
LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ
Conjuez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.