Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06609-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06609-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06609-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06609-00
Accionante: GUSTAVO ADOLFO DELGADO FISCAL Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declaró probada la excepción de caducidad.
Defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de
Delgado, José Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel
Delgado Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo
Antonio Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego, quienes actúan por
intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes pretensiones:
[sic a toda la cita] “PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO (artículo 29 C.N.), DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(artículo 229) y DERECHO A LA IGUALDAD (artículo 13 C.N.) - CONFIGURACIÓN DE
DEFECTOS FÁCTICO Y DE EXCESO RITUAL MANIFIESTO y a la reparación integral
a las víctimas derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, emitidas por los
accionados en la sentencia No. 70 de fecha 26 de septiembre de 2024 emitida por el
señor Juez HERVERTH FERNANDO TORRES OREJUELA del Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, con número de radicación
76111333300120160027800 y sentencia sin número de fecha 27 de junio de 2025,
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notificada vía virtual, para el día 6 de agosto de 2025, emitida por el H. Magistrado Dr.
FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ, del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por una supuesta
caducidad de la acción.
SEGUNDO: ORDENAR Que conforme a lo indicado en el punto anterior se ordene
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga Valle del
Cauca y al H. Tribunal Administrativo del Valle del homicidio Cauca, conforme a lo
decidido en esta Acción de Tutela, se les reconozca a la totalidad de mis mandatarios
judiciales AURA LILIA FISCAL DE DELGADO, JOSÉ GILBERTO DELGADO FISCAL,
MARTHA LUCIA DELGADO FISCAL, JESÚS GABRIEL DELGADO FISCAL, MARÍA
ELENA DELGADO FISCAL, MARÍA VIRGINIA DELGADO FISCAL, RICARDO
ANTONIO DELGADO FISCAL Y GUSTAVO ADOLFO DELGADO FISCAL y CARLOS
AUGUSTO DELGADO GALLEGO, la totalidad de los perjuicios morales y materiales
(Daño emergente y lucro cesante), contenidos en la demanda inicial, en contra de la
NACION-MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, por los daños y
perjuicios ocasionados a raíz de la omisión por el homicidio del señor RODRIGO
DELGADO FISCAL en hechos ocurridos en el Corregimiento de Sonso, en jurisdicción
del municipio de Guacarí Valle del Cauca, para el día 22 de junio de 2008.
TERCERO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la NACION-
MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL”.
2. Hechos
De las pruebas que obran en el expediente de tutela, se encuentran los siguientes:
2.1. Los que dieron origen a la demanda de reparación directa
El 22 de junio de 2008, los señores Rodrigo Delgado Fiscal Escobar y Dagoberto
Collazos Rodríguez (q.e.p.d), fueron contactados por el señor Harold Domínguez
(alías grillo), quien los convenció de desplazarse hacia una finca ubicada en el
corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, para realizar labores agrícolas. Sin
embargo, el propósito del viaje era transportar armas pertenecientes a dicho sujeto,
por lo que salieron alrededor de las 6:00 p.m. hacia el destino.
El 23 de junio de 2008, el comandante del Batallón de Artillería No. 3 Batalla Palacé
informó que, en el marco de la operación táctica "Jonás", realizada en el
corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, fueron dados de baja los presuntos
integrantes del sexto frente de las FARC, identificados como Rodrigo Delgado Fiscal
y Dagoberto Collazos Rodríguez, recuperando supuestamente material de guerra
en el procedimiento.
Según lo manifestó la parte demandante, en el dictamen médico legal se concluyó
que el señor Rodrigo Delgado Fiscal falleció a causa de 10 impactos de proyectil de
arma de fuego, presuntamente ocasionados por miembros del Ejército Nacional. Por
tal motivo, se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía 38 de Derechos
Humanos de Santiago de Cali, bajo el radicado n.° 76111-6000-165-2008-01437.
En el proceso penal se formuló acusación contra los presuntos implicados por el
delito de homicidio en persona protegida el 14 de junio de 2019.
Posteriormente, en la audiencia de acusación, los miembros del Ejército Nacional
no aceptaron los cargos y solicitaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la
Paz.
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2.2. Relacionados con el medio de control de reparación directa
El 19 de diciembre de 2016, los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia
Fiscal de Delgado, José Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal,
Jesús Gabriel Delgado Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado
Fiscal, Ricardo Antonio Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, con el fin de que se
les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y
perjuicios ocasionados por los agentes del Estado con ocasión del fallecimiento del
señor Rodrigo Delgado Fiscal Escobar (q. e. p. d.), en la operación “Jonás”.
El conocimiento del asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara Buga, que mediante sentencia
de 26 de septiembre de 2024 declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa, por considerar que los demandantes tenían
conocimiento del daño desde el año 2008 cuando ocurrió la operación militar y de
las investigaciones penales que se habían promovido en contra de los miembros
del Ejército Nacional.
Contra dicha decisión, el 9 de octubre de 2024, la parte demandante interpuso
recurso de apelación bajo el argumento de que el caso no estaba sujeto al término
de caducidad por tratarse de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad y
ejecuciones extrajudiciales, sumado a que fue hasta el 14 de junio de 2019 cuando
la Fiscalía 94 Especializada de Cali solicitó la formulación de acusación contra
varios militares implicados, que los familiares de la víctima tuvieron claridad sobre
la ilicitud de los hechos.
Finalmente, por medio de sentencia de 27 de junio de 2025, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión que
declaró probada la excepción de caducidad. Para ello, precisó que conforme con la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el término de caducidad previsto
por el legislador resulta aplicable a todos los casos en los que se pretenda la
responsabilidad patrimonial del Estado, incluso en aquellos relacionados con delitos
de lesa humanidad. En consecuencia, consideró que debía valorarse el momento
en que se tuvo conocimiento del hecho dañoso, el cual ocurrió el 23 de junio de
2008, por lo que el plazo con el que contaba la parte demandante para acudir a la
jurisdicción venció el 24 de junio de 2010.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda
vez que: (i) existe relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los mecanismos
ordinarios y extraordinarios; (iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de un
plazo oportuno; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron
la vulneración alegada; y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
Indicó que la vulneración de sus derechos fundamentales es atribuible a las
autoridades judiciales accionadas, en la medida en que las decisiones proferidas en
el marco del medio de control de reparación directa concluyeron que el daño se
conoció desde el 23 de junio de 2008.
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Adujo que se desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional
contenido en las sentencias SU-312 de 2020, SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024,
que ordenan una interpretación flexible y pro víctima en casos de delitos de lesa
humanidad. Por el contrario, la decisión se fundamentó en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, sin atender la evolución jurisprudencial sobre
la materia.
Aludió que en la sentencia SU-439 de 2024, la Corte Constitucional precisó que la
caducidad debe contabilizarse a partir de dos supuestos: (i) desde que los
demandantes tuvieron conocimiento del menoscabo por parte del Estado y (ii) desde
que se encontraban en capacidad material de imputarle el daño al Estado ante el
aparato judicial. Agregó que, en esa oportunidad, se estableció que debía tenerse
en cuenta la entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación.
Citó apartes de la sentencia de tutela proferida el 12 de febrero de 2015 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado1, en la que se consideró que el daño
antijurídico en casos de personas muertas en combate, con desconocimiento de las
hostilidades, debía estudiarse bajo la teoría del daño descubierto, según la cual la
caducidad no se cuenta desde el acaecimiento del hecho, sino desde el momento
en que las víctimas conocieron su existencia. Al respecto, señaló que, si bien el
deceso se conoció el 23 de junio de 2008, en ese momento no era posible establecer
que se trataba de un falso positivo, lo cual solo se evidenció con la imputación de
los delitos realizada el 1° de noviembre de 2018.
Agregó que también se desconoció la sentencia de 30 de agosto de 2021, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relacionada con
la valoración garantista del término de caducidad del medio de control de reparación
directa.
Sostuvo que no se valoró que se trata de un caso de violaciones graves de derechos
humanos, como homicidio en persona protegida -delito de lesa humanidad-, y que,
en consecuencia, se incurrió en defecto fáctico por la inadecuada valoración del
acervo probatorio, especialmente en lo relativo a las entrevistas dadas por familiares
en 2009, se pasó por alto que la certeza sobre la participación estatal se obtuvo con
la imputación penal realizada el 1º de noviembre de 2018, que posteriormente
culminó en acusación el 14 de junio de 2019.
Refirió que actualmente los militares que participaron en la operación táctica “Jonás”
solicitaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde esperan
turno para contar la verdad sobre los hechos ocurridos el 23 de junio de 2008.
Mencionó que se incurrió en defecto sustantivo por la interpretación rígida del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y de los principios pro actione y favor victimae.
Asimismo, consideró que existió un exceso ritual manifiesto por la aplicación
formalista de las reglas procesales.
Por último, expuso que la caducidad debía contabilizarse desde el momento en que
las víctimas tuvieron certeza jurídica de la participación del Estado, y que el asunto
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Expediente de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2014-00747-01.
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se presentó en término oportuno cuando la jurisprudencia mayoritaria admitía que
dichos delitos no tenían caducidad.
4. Trámite procesal
Por auto de 24 de octubre de 2025, se requirió al apoderado judicial de la parte
accionante con el fin de que allegara el poder especial que lo legitimara para
interponer la acción de tutela. Dicho requerimiento fue atendido el 30 del mismo mes
y año.
Por auto de 6 de noviembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a las autoridades judiciales accionadas -Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga-. De igual modo, al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, como
tercero interesado en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
168748 a 168753 de 10 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del
Consejo de Estado con el fin de comunicar la actuación a los terceros interesados.
Por auto de 10 de diciembre de 2025, se requirió a la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), con el fin de que informara el estado actual de los expedientes
relacionados con los exmiembros del Ejército Nacional Alex Mauricio Arboleda
Vanegas, Eduin de Jesús López Caro, Edwin Andrés Burgos Insausti, Gustavo
Caicedo Riascos, Luis Alfonso Aguilar Obando y Jarlin García Caicedo, quienes
participaron en la operación “Jonás”, realizada el 23 de junio de 2008 en el municipio
de Guacarí, y aportara las pruebas que estimara pertinentes.
Mediante memoriales allegados el 14 y 19 de enero de 2026 la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) allegó informe.
5. Oposición
5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga remitieron el enlace del expediente
digital. Sin embargo, no rindieron informe.
5.2. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, guardó silencio.
6. Informe de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción
Especial para la Paz
El magistrado de la SDSJ de la Jurisdicción Especial para la Paz informó sobre el
estado del expediente n.º 9002671-65.2019.0.00.0001 bajo el cual se tramita el
sometimiento de los señores Alex Mauricio Arboleda Vanegas, Eduin de Jesús
López Caro, Edwin Andrés Burgos Insausti, Gustavo Caicedo Riascos, Luis Alfonso
Aguilar Obando y Jarlin García Caicedo.
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Indicó que el asunto se asumió el 19 de diciembre de 2019 y aceptado el 30 de
marzo de 2022 por los comparecientes por el homicidio en persona protegida de los
señores Dagoberto Collazos y Rodrigo Delgado Fiscal, en los hechos acaecidos el
22 de junio de 2008, en el municipio de Guacarí. A lo que agregó que el proceso se
encuentra actualmente activo y aportó copia de las actuaciones surtidas en el
mismo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por los
señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José Gilberto
Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado Fiscal, María
Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio Delgado
Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego, quienes actúan por intermedio de
apoderado judicial, resulta procedente conforme a los requisitos generales para
cuestionar providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecer si la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con
ocasión de la sentencia dictada el 27 de junio de 2025 que confirmó la declaratoria
de caducidad, por tratarse de la decisión que culminó el proceso ordinario.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, porque debe determinarse si el fallo de segunda instancia
proferido en el medio de control de reparación directa que confirmó la decisión que
declaró probada la excepción de caducidad, limita el contenido, alcance y goce de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia de los demandantes, al pasar por alto que se trata de un
asunto derivado de delitos de lesa humanidad como fue calificado por el juez
ordinario y que fue presentado con antelación a la expedición de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación. Asimismo, cuenta con la suficiente carga argumentativa y explicativa.
Adicionalmente, tratándose de asuntos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos, los cuales constituyen una afrenta para la humanidad, dicho
aspecto resulta suficiente para acreditar la relevancia constitucional del caso. En
estas circunstancias, es evidente que la acción de tutela amerita un estudio de
fondo, a fin de establecer si la autoridad judicial demandada incurrió en alguna
causal específica de procedencia que justifique dejar sin efectos la decisión objeto
de reproche constitucional.
En relación con los demás requisitos, se encuentran acreditados, toda vez que (ii)
la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso
se agotó el recurso de apelación contra la sentencia reprochada, y se observa que
no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia inicial objetada fue notificada mediante
correo electrónico enviado el 6 de agosto de 2025 y la acción de tutela se presentó
el 21 de octubre de 2025, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial
Los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José
Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado
Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio
Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego, quienes actúan por intermedio
de apoderado judicial, pidieron al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, por considerarlos vulnerados con ocasión de la sentencia de 27 de junio
de 2025, por medio de la cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de caducidad.
La Sala aclara que efectuará el análisis de los cargos únicamente respecto de la
sentencia de 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca por tratarse de la última providencia emitida en el trámite judicial que
originó la controversia, y aquella que resolvió la situación jurídica particular.
La parte accionante sostuvo que la referida autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial,
al considerar que de los testimonios rendidos en el proceso penal no podía
establecerse el conocimiento del daño con antelación a la imputación del delito de
homicidio en persona protegida, pues solo existía certeza sobre el fallecimiento del
señor Rodrigo Delgado Fiscal Escobar (q. e. p. d.), pero no sobre las causas y
demás circunstancias que rodearon el mismo.
Expuso que la interpretación que se realizó al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
configura un exceso ritual manifiesto, en la medida en que la caducidad para
interponer el medio de control de reparación directa debía contabilizarse a partir de
la certeza jurídica de la participación estatal, sumado a que la demanda se promovió
cuando la jurisprudencia admitía que los delitos de lesa humanidad no caducaban.
Adicionalmente, indicó que se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional establecido en las sentencias SU-312 de 2020, SU-167 de 2023 y
SU-439 de 2024, relacionadas con la valoración probatoria en casos relacionados
con delitos de lesa humanidad. Asimismo, la sentencia de tutela proferida el 12 de
febrero de 2015 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se
consideró que el daño antijurídico en casos de personas muertas en combate, con
desconocimiento de las hostilidades, debía estudiarse bajo la teoría del daño
descubierto, según la cual la caducidad del término se cuenta desde el momento
en que las víctimas conocieron su existencia, y la sentencia de 30 de agosto de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
relacionada con la valoración garantista del término de caducidad del medio de
control de reparación directa.
Conforme a los antecedentes del caso y con el fin de desatar la cuestión ius
fundamental puesta a consideración de la Sala, a partir de los alegatos expuestos
en el escrito de tutela, se tiene que sobre el defecto fáctico, la Corte Constitucional
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ha considerado que se configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas
legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente
practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera
de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos
es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de
acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan
estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se
sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución18, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión19.
Es decir, que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que20: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla judicial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla judicial
que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
18
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas21:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 22.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto23.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
Sobre el defecto sustantivo se tiene que se materializa cuando la decisión que
adopta el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce,
lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en
los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo,
cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se
aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes.
En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La disposición
aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial
da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos
fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
23
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
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o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 24.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que
esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”25.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela y las
actuaciones que reposan en el proceso ordinario, la Sala observa que el 19 de
diciembre de 2016, los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal
de Delgado, José Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús
Gabriel Delgado Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal,
Ricardo Antonio Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego interpusieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, con la pretensión de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia del fallecimiento del señor Rodrigo Delgado Fiscal
Escobar (q. e. p. d.), en la operación “Jonás”.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga, que mediante sentencia anticipada de 26 de
septiembre de 2024 declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa. Dentro de los hechos probados relacionó los
siguientes:
“i. Del folio 40-57, 59 pdf 01 índice 3 SAMAI se visualizan los documentos que acreditan
la relación parental entre los accionantes y el occiso Rodrigo Delgado Fiscal.
ii. Se acredita la muerte de Rodrigo Delgado Fiscal el 22 de junio de 2008 con certificado
de defunción 5466228, anotación por autorización de la policía judicial de Buga. (fl 61 del
pdf 01 índice 3 SAMAI)
iii. Consta recorte de periódico en el cual se refiere al comunicado del comandante del
batallón de artillería Batalla Palace sobre haber dado de baja a dos hombres identificados
como Dagoberto Collazos y Rodrigo Delgado Fiscal, a quienes se incautó material de
guerra. (fl 58 pdf 01 índice 3 SAMAI)
iv. Se rindió declaración notarial en el mes de julio de 2016 por parte de los señores
Blanca Alicia Gaviria Urbano, Gabriel Tascón Rodríguez, Luz Aidé Salazar de Vega y
María Elena Cano Granobles coincidentes en el conocimiento del fenecido y su familia
desde varios años atrás, el impacto moral y psicológico que causó su muerte al grupo
familiar, que él trabajaba en oficios varios, siendo asesinado el 22 de junio de 2008 en
24
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
25
Ibíd.
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un falso positivo de los miembros del Ejército Nacional, cuando tenía aproximadamente
40 años. (fl 62-76 pdf 01 índice 3 SAMAI)
v. La Fiscalía 38 Especializada adscrita a la Dirección Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario de Cali certificó el 28 de octubre de 2016 que se
adelanta investigación con radicado 761116000165200801437, victimas Dagoberto
Collazos y Rodrigo Delgado Fiscal, en hechos ocurridos en la “vereda Santa Rosa
jurisdicción de Buga Valle donde se señala a miembros del batallón Palacé de Buga”. (fl
77 pdf 01 índice 3 SAMAI)
vi. Consta en oficio 001839 del 14 de marzo de 2019 información del comandante del
Batallón de Artillería N°. 3, que en el Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar se adelantó
investigación por la muerte del señor Rodrigo Delgado Fiscal el 22-06- 2008, radicado
085 y mediante auto del 28/11/2011 se ordenó la remisión de la investigación a la Fiscalía
18 Penal Militar por término de instrucción. Además, que se adelanta investigación
disciplinaria N°. 014-2009 por los mismos hechos. (fl 160-161, 163 pdf 01 índice 3
SAMAI)
vii. Aparece documento del 21 de junio de 2008 - misión táctica N°. 108 “JONAS”
fragmentaria a la orden de operaciones “Mágica”, del cual hace parte un “Folleto
derechos humanos”. (fl 164-179 pdf 01 incide 3 SAMAI)
viii. Informe de patrullaje del batallón de artillería N°. 3 batalla de Palacé, unidad Carter
2, fecha inicio “22 junio de 2008 -03:00 horas” en el cual se relata el desarrollo de la
operación desde las 03.00 horas hasta que a las 19:10 horas que visualizan una luz
como a 300 metros, con las miras nocturnas se observa una persona con armamento
largo al parecer un fusil. A las 19:30 horas empezaron a disparar al personal del ejercito
desde una trocha, ante lo que debieron responder, luego haciendo el registro del sitio se
encontraron dos sujetos muertos uniformados tipo camuflado americano y botas de
caucho tendidos en el suelo, con un fusil y una pistola e iniciaron persecución a otros
sujetos sin lograr determinar el número de ellos. A las 23:00 horas llegó el personal del
CTI a hacer inspección y levantamiento de los dos muertos en combate. Además, se
incautó material de guerra (un fusil, proveedor, munición calibre 5.56 mm, pistola Walter,
proveedor para pistola y munición calibre 9 mm).
ix. Del folio 198-223 pdf 01 índice 03 SAMAI reposa documentación relacionada con
inspección y entrega de cadáver e informes del operativo militar del 22 de junio de 2008.
x. Consta en oficio del 14 de noviembre de 2019 que el apoderado de los demandantes
informó a este Despacho que en audiencia realizada por el Juzgado Tercero Penal
Especializado de Buga se aceptó a los militares Alex Mauricio Arboleda Vanegas, Eduin
de Jesús López Caro, Edwin Andrés Burgos Insausti, Gustavo Caicedo Riascos, Luis
Alfonso Aguilar Obando y Jarlin García Caicedo imputados por Homicidio en persona
protegida, para ser remitidos ante la jurisdicción especial para la paz -JEP. (fl 242-243pdf
01 incide 3 SAMAI)
xi. En audiencia de pruebas realizada el 21 de junio de 2021 se recibió el testimonio del
señor BLADIMIR MURILLO, quien declaró sobre el gran impacto en la familia por la
muerte del señor Rodrigo Delgado Fiscal, quien vivió hasta su muerte en la casa
materna. Que la víctima se dedicaba a oficios varios, limpiaba jardines, pagaba recibos,
etc., devengando un salario mínimo. Que sabe que la familia no demandó antes el falso
positivo por temor”.
A partir de lo anterior, el fallador de primera instancia señaló que, desde el día
siguiente al fallecimiento del señor Rodrigo Delgado Fiscal, los demandantes tenían
conocimiento de la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en
dicho suceso, y que existían dudas sobre la colaboración de su familiar en el frente
sexto de las FARC. Así las cosas, valoró el caso con fundamento en la sentencia
de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero
de 2020, para lo cual señaló lo siguiente:
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“A partir de lo probado en el plenario se concluye que el señor Rodrigo Delgado Fiscal
falleció el día 22 de junio de 2008 dentro de un operativo militar adelantado en la vereda
Santa Rosa, Corregimiento de Sonso, Municipio de Guacarí en el Departamento del Valle
del Cauca, siendo informada su familia del deceso al día siguiente, así como las
circunstancias de la muerte.
(...)
Se advierte entonces que desde el mismo año 2008 los demandantes refutaban la
forma como se había dado la muerte y los calificativos dados por las autoridades
militares a su hermano, ya inculpaban en sus manifestaciones a miembros del
Ejército Nacional como responsables, incluso la demandante, María Eugenia
Delgado Fiscal, radicó el 25 de junio de 2008 ante la Personería de Ginebra, Valle
del Cauca “Denuncia pública” por lo que consideró situaciones extrañas en los hechos
que rodearon la muerte de su hermano, señalando: “por estos datos que dio el ejército a
los medios de comunicación y a la familia no estamos de acuerdo ya que lo están tildando
de guerrillero y aquí en nuestra localidad se puede dar fe de su conducta y aún más
investigar sus antecedentes disciplinarios, mi hermano era una persona honrada,
trabajadora, cumplidora de sus deberes y dedicado al oficio de la construcción, les ruego
el favor por su conducto de tramite a investigación y por consiguiente aclaración del como
sucedió la muerte de mi hermano, para que este hecho no quede impune” (fl 330 pdf 22)
Luego, el 25 de julio de 2008 se radicó ante el comandante Batallón Palace derecho de
petición solicitando información sobre los hechos en los que fue abatido su hermano,
orden de operación, informe de las prendas, etc.
De lo hasta ahora relatado con sustento en medios probatorios aducidos en legal forma
al proceso, se evidencia que los familiares del señor Rodrigo Delgado Fiscal ya
imputaban al personal del ejercito la muerte en circunstancias diferentes a los
informes presentados a la prensa y a los órganos de investigación.
Con posterioridad, específicamente el año siguiente, el 6 de febrero de 2009, la madre
del fallecido señora Aura Lilia Fiscal otorga poder a profesional del derecho para que:
“se constituya en PARTE CIVIL dentro del proceso penal, con ocasión del homicidio de
mi hijo RODRIGO DELGADO FISCAL, calidad que acredito con el registro civil de
nacimiento, a manos de tropas del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Palacé
de Buga, en hechos acaecidos el día 22 de junio del año 2008.” (fl 290) Inclusive en
el escrito de constitución en parte civil el togado Gilberto Gómez, ya esboza la
figura del falso positivo como argumento”.
En esa medida, el juez de primera instancia transcribió la declaración realizada por
el apoderado judicial de las víctimas en el año 2009 en el proceso penal en la que
indicó que “la madre del occiso y su familia en general, argumentan que RODRIGO
DELGADO FISCAL, no pertenecía a ninguna organización criminal, que siempre fue un
hombre de sanas costumbres, dedicados a su trabajo y a su familia, razón por la que les
asiste serias dudas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que perdió
la vida y además porque está probado que en Colombia últimamente han existido algunos
hechos a los que han denominado "falsos positivos", donde personas de bien han perdido
la vida a manos de la fuerza pública con el único fin de "mostrar resultados" al Gobierno
Nacional y a los mandos militares y policiales situación que ha sido reconocido por el
Presidente de la República, por el Ministro de Defensa y por el Comandante General de las
Fuerzas Militares”.
A partir de los elementos de la prueba y al realizar una valoración conjunta de los
mismos, el fallador de primera instancia consideró que los demandantes tuvieron
conocimiento del hecho dañoso el 23 de junio de 2008, al día siguiente del
fallecimiento del señor Rodrigo Delgado Fiscal Escobar (q. e. p. d.), cuando se dio
a conocer el resultado de las bajas en la operación denominada “Jonás”. Por lo
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anterior, se concluyó que el término para acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa vencía el 24 de junio de 2010.
En esa oportunidad, se advirtió que en el expediente no existía prueba que
permitiera inferir alguna circunstancia que hubiese impedido acudir dentro del
término señalado. Por el contrario, con ocasión del testimonio rendido en el proceso
penal, la solicitud en ejercicio del derecho de petición encaminada a obtener
información sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del señor Rodrigo
Delgado y Fiscal y, finalmente, en virtud de las declaraciones realizadas en 2009
por el apoderado judicial de las víctimas en las que afirmó que su familiar no
pertenecía a ninguna organización criminal, sumado a que existían hechos que han
denominado “falsos positivos” a las personas de bien que han perdido la vida a
manos de la fuerza pública, la autoridad judicial llegó a la conclusión de que se
tenía conocimiento de la participación estatal en la ejecución del señor
Rodrigo Delgado Fiscal Escobar (q. e. p. d.). Asimismo, se indicó que la
imputación de cargos por el delito de homicidio realizada el 1º de noviembre de 2018
no resultaba suficiente para justificar la presentación extemporánea de la demanda.
Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que alegó
que se realizó una lectura incompleta de la sentencia T-352 de 2016 de la Corte
Constitucional. Señaló que solo hasta el 14 de junio de 2019, cuando se impuso la
acusación por el delito de homicidio a los militares que participaron en la operación
“Jonás”, se tuvo claridad sobre la ilicitud de los hechos. Por ello, sostuvo que el
término de dos años establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 debía
contabilizarse a partir de esa fecha.
Adicionalmente, manifestó que existió una incongruencia al no aplicarse la teoría
del daño descubierto y precisó que se presentaron denuncias y peticiones ante las
autoridades competentes, frente a las cuales se recibieron versiones oficiales que
ocultaban la verdad, lo que impidió un conocimiento pleno y verificable de la
antijuridicidad del fallecimiento. Agregó que los militares implicados acudieron
voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente, citó la sentencia
del 13 de marzo de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que se estableció que el término de caducidad debe
comenzar a contarse desde la remisión del proceso adelantado en la justicia militar
a la ordinaria, por cuanto las versiones oficiales tergiversaban la realidad de los
hechos, impidiendo a las víctimas conocer con certeza su carácter antijurídico.
Mediante sentencia de 27 de junio de 2025, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de alzada y confirmó
la decisión que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa. Para arribar a tal decisión la autoridad judicial accionada indicó
que la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 29 de enero
de 2020 unificó su jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.
De igual manera, la autoridad judicial accionada indicó que se encontraba de
acuerdo con la valoración probatoria realizada por el fallador de primera instancia y
precisó que, en virtud de la sentencia de unificación el término de caducidad para
solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos
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en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de
vista material y el ejercicio del derecho de acción, en tanto para tales efectos no
resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de
quien acude a la administración de justicia.
Indicó que no estaba en discusión la ocurrencia del daño ni que el crimen perpetrado
contra la humanidad del señor Fiscal Escobar encaja dentro de los catalogados
como crímenes de lesa humanidad, sino únicamente lo relativo a la caducidad de la
acción. Señaló que la sentencia de unificación respondió a la falta de criterio
uniforme sobre este tema y a la necesidad de precisar que, tratándose de
responsabilidad del Estado por un delito de lesa humanidad o crimen de guerra, el
término de caducidad inicia a partir del conocimiento -o de la posibilidad de conocer-
las circunstancias que permiten deducir la participación del Estado.
A partir de lo anterior, la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca señaló lo siguiente:
“En tales circunstancias, y como quiera que la parte actora en su libelo demandatorio,
fue enfática en indicar que ya conocía que el Estado en cabeza de la entidad
demandada, estuvo involucrado en el fatídico hecho; y por ende, no existe duda que
los accionantes en el presente asunto ya tenía conocimiento de la presunta
responsabilidad estatal que recaía sobre la entidad demandada, desde el 23 de junio
de 2008.
Como corolario, en el presente asunto sí se configura el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control interpuesto, precisándose que éste inicia el 23 de junio
de 2008 y finaliza el 24 de junio de 2010, y como quiera, los familiares del señor Rodrigo
Delgado Fiscal, sólo acudieron ante la Procuraduría General de la Nación en solicitud
de convocatoria a audiencia de conciliación, el 11 de octubre de 2016, se superó con
creces el término a que se contrae el artículo 164, numeral 2, literal i), de la Ley 1437
de 2011, norma que preceptúa que: "cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia...".
En atención a lo expuesto, se tiene que, con fundamento en los elementos de
prueba obrantes en el proceso ordinario, la autoridad judicial accionada concluyó
que la parte demandante conoció desde el 23 de junio de 2008, que el fallecimiento
del señor Rodrigo Delgado Fiscal, ocurrió como consecuencia de la operación
“Jonás”, y controvirtió las causas en que se dio el mismo señaladas por el Ejército
Nacional relacionadas con que su familiar era un miembro del frente sexto de las
FARC.
Ello, al avalar la valoración probatoria realizada en primera instancia, en la que a
partir de los informes del Ejército Nacional, el testimonio rendido en el proceso
penal, así como las solicitudes administrativas presentadas ante las autoridades
competentes y las afirmaciones sostenidas por el apoderado judicial en el proceso
penal, se tenía certeza sobre la participación del Estado en los hechos que rodearon
el fallecimiento del señor Rodrigo Delgado Fiscal (q.e.p.d), aunado a que, en varios
oportunidades se controvirtió que su familiar no pertenecía al frente sexto de las
FARC.
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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Para la parte actora, la decisión objeto de reproche constitucional incurre en defecto
fáctico al establecer que los testimonios rendidos en el proceso penal podían
señalar que se conocía el daño antijurídico causado por el Estado. Sin embargo, a
su juicio, ello solo era factible a partir de la imputación del delito de homicidio en
persona protegida, con lo que se podía tener certeza de la causa del fallecimiento.
En esos términos, para la Sala no se configura el defecto fáctico alegado, toda vez
que la autoridad judicial accionada valoró de manera conjunta los medios de prueba
obrantes en el proceso ordinario y, con base en ellos, determinó que la parte
demandante tuvo la posibilidad de conocer el carácter antijurídico del daño desde
el 23 de junio de 2008. Se reitera, no solo a partir de los testimonios que se rindieron
en el proceso penal, sino también en virtud de los informes del Ejército Nacional en
los que se sostuvo que la muerte del señor Rodrigo Fiscal ocurrió en la operación
denominada “Jonás”, la solicitud encaminada a esclarecer los hechos, como lo
manifestado por el apoderado judicial en representación de las víctimas en el
proceso penal en el año 2009, en el que dijo que existían dudas sobre las
circunstancias que rodearon la muerte del señor Rodrigo Delgado Fiscal, quien no
pertenecía a un grupo al margen de la ley y debido a los recientes casos de “falsos
positivos”.
Es decir, que de las pruebas alegadas como “indebidamente valoradas” por la parte
demandante -entre ellas, las entrevistas rendidas en el proceso penal- se
evidenciaba el conocimiento del daño por parte del Ejército Nacional desde el
momento de la ocurrencia de los hechos, circunstancia que, conforme lo concluyó
la autoridad judicial accionada, permitía atribuir responsabilidad al Estado. En esa
medida, era plausible que la autoridad judicial accionada arribara a la conclusión
consistente en que había operado el fenómeno de la caducidad del término para
interponer la demanda de reparación directa.
Adicionalmente, la Sala resalta que la autoridad judicial accionada, en el marco del
proceso de reparación directa, profirió sentencia de segunda instancia en la que
confirmó la decisión que declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control, a partir de la jurisprudencia vigente, esto es, la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado26.
En este punto, la Sala destaca que en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante el 9 de octubre de 2024, los actores no expusieron ni acreditaron
razones que justificaran su imposibilidad material de acudir a la administración de
justicia antes del año 2016, conforme a las reglas de unificación fijadas en la
26
Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii)
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. Finalmente, se precisa
que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el
ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para
tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude
a la administración de justicia.
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sentencia del 30 de enero de 2020, circunstancia que permite concluir que el conteo
de la caducidad realizado por la autoridad judicial demandada resulta razonable. Si
bien la demanda fue presentada con anterioridad a la expedición de dicho
precedente de unificación, lo cierto es que los demandantes tuvieron la oportunidad,
con el recurso de apelación, de argumentar y demostrar por qué ejercieron el
derecho de acción únicamente hasta el 2016, a pesar de que los hechos ocurrieron
en junio de 2008, sin que ello hubiera ocurrido.
Así las cosas, la Sala destaca que la Sección Tercera del Consejo de Estado al
encontrar que existían posturas disímiles frente a la valoración de la caducidad del
medio de control de reparación directa en asuntos en los que estuviese de por medio
delitos de lesa humanidad, el 29 de enero de 2020, dentro del proceso con radicado
No. 85001-33-33-002-2014-00144-01, profirió sentencia de unificación sobre la
materia y decidió unificar lo relativo con la caducidad en los eventos en los que se
alegan delitos de lesa humanidad.
Por lo anterior, tal y como lo ha resuelto la Sala en casos con similares contornos
fácticos27, ese argumento resulta suficiente para precisar a los demandantes las
razones por las cuales la autoridad judicial accionada optó por aplicar la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020, pues al momento en que se radicó la
demanda no existía un criterio unificado en el órgano de cierre.
Adicionalmente, la Sala considera importante resaltar que la Corte Constitucional
en sentencia T-044 de 202228, al analizar los efectos temporales de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
manifestó que “para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos retroactivos a
las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie proscrita; segundo,
porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la regla general es que los cambios
en el precedente judicial tienen efectos generales e inmediatos; tercero, debido a que,
según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos prospectivos del cambio
en el precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la respectiva providencia
judicial; y, cuarto, porque, esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala
Plena de la Sección Tercera”. Postura que fue reiterada en la sentencia T-210 de
202229.
Con posterioridad, la Corte Constitucional en sentencia T-024 de 2024 indicó que
los efectos de las reglas establecidas en la sentencia de unificación son generales
e inmediatos frente a los procesos que se encontraran en curso para ese momento,
razón por la cual resulta vinculante a la parte demandante.
Ahora bien, en relación con las providencias de la Corte Constitucional invocadas
por la parte demandante30 de las cuales se alega el desconocimiento, se tiene que
las mismas reconocen el precedente judicial contencioso administrativo, en el
sentido de precisar que “el medio de control de reparación directa está sujeto al término
de caducidad legal, cuando el hecho generador del daño alegado en el mismo constituye
27
Sentencia de 3 de octubre de 2024. Expediente de tutela con radicado n.º 11001-03-15-000-2024-03963-00.
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y Sentencia de 4 de septiembre de 2025. Expediente de tutela con radicado
n.º 11001-03-15-000-2025-01552-01. M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
28
M.P.: Paola Andrea Meneses.
29
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
30
Sentencias SU-312 de 2020, SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024.
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un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, bajo el entendido de que el plazo de
dos años para acudir al sistema judicial se computa desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación, por acción u omisión, del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial respectiva”.
Luego, aunque la decisión proferida en segunda instancia no hace mención expresa
al precedente jurisprudencial invocado por la parte accionante, ello no implica que
haya sido desconocido. De la postura de la Corte Constitucional se desprende que
esta avala la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y precisa que el término de caducidad en
casos de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra está sujeto a
lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Para ello, debe establecerse que, conforme a la sentencia de unificación, la
caducidad se debe computar “desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”. Según se
evidenció, dicho análisis fue realizado por la autoridad judicial accionada al concluir
que, conforme al material probatorio -informes, testimonios, declaración del
apoderado en el proceso penal en el año 2009, documentales y solicitudes-, se tuvo
certeza del daño desde que se dio a conocer el resultado de la operación “Jonás”,
el 23 de junio de 2008, por lo que no se demuestra el desconocimiento alegado.
Además de lo anterior, los accionantes indicaron que se desconocieron las
sentencias de tutela de 12 de febrero de 2015, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la que se consideró que el daño antijurídico en casos de
personas muertas en combate, con desconocimiento de las hostilidades, debía
estudiarse bajo la teoría del daño descubierto y la sentencia del 30 de agosto de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
relacionada con la valoración garantista del término de caducidad del medio de
control de reparación directa.
Frente a la primera, se debe destacar que en esa oportunidad se avaló la teoría del
daño descubierto, la cual no fue analizada en la decisión proferida en segunda
instancia objeto de reproche y que, además, difiere de la situación fáctica
examinada en el presente asunto, en el que no se advierte alguna determinación
proferida por alguna autoridad judicial que llevara al Tribunal accionado a efectuar
una valoración probatoria flexible de los hechos en relación con el conocimiento del
daño, así como también lo relativo a la participación por acción u omisión del Estado
y que se advirtiera la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Sumado
a que, es necesario reiterar que la autoridad judicial accionada decidió aplicar el
criterio unificado del órgano de cierre que se profirió con posterioridad al fallo que
se alega desconocido, por lo que la sentencia de tutela traída a consideración no
resulta vinculante para el presente asunto.
Respecto a la segunda sentencia, no puede ser tenida en consideración debido a
que no se precisó el radicado del expediente en el que fue proferida, lo que impidió
ubicar su contenido en la relatoría de la Corporación con el fin de analizar la
situación allí estudiada.
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Sobre el argumento encaminado a indicar que el asunto está exceptuado de rigor
exegético de lo dispuesto en el literal i) artículo 164 de la Ley 1437 de 201131, se
tiene que el mismo le es aplicable a los casos de delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra, para lo cual la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 estableció que dicho plazo se computa desde el momento en que
los afectados conocieron o debieron conocer la participación, por acción u omisión,
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial
respectiva. En el presente caso, como se indicó, esta circunstancia fue objeto de
análisis por parte del juez natural con base en lo demostrado dentro del proceso.
En esos términos, para la Sala la decisión objeto de reproche constitucional no
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial y sustantivo, al valorar los informes, solicitudes y testimonios rendidos en el
proceso penal y aplicar los efectos de la sentencia de unificación al caso, aun
cuando la demanda fue presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa
de manera previa a que se dictaran las reglas allí establecidas (2016), pues como
se indicó ello se dio en virtud de que no existía un criterio unificado sobre la
valoración de la caducidad en los eventos en los que se alegan delitos de lesa
humanidad.
Se precisa que si bien en un caso anterior analizado por la Sala 32 en el que se
cuestionaba la decisión judicial que declaró la excepción de caducidad en un asunto
de ejecución extrajudicial y en el que se llegó a la conclusión de que se configuró
un defecto fáctico por la valoración que se hizo de las pruebas para determinar el
conocimiento del daño antijurídico y la aplicación de las subreglas de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, el mismo dista de la situación expuesta por
la parte accionante, pues en esa oportunidad existían dudas sobre el lugar de
ejecución, y no se tenía certeza sobre el conocimiento de la participación del
Estado.
Sin embargo, en el caso bajo examen las autoridades judiciales accionadas
concluyeron de manera razonable y al amparo de las sentencias de unificación de
29 de enero de 2020 y la SU-312 de 2020, que los accionantes conocieron el 23 de
junio de 2008 el resultado de la operación “Jonás”, en la cual se informó que su
familiar, el señor Rodrigo Delgado Fiscal, falleció durante dicha operación a causa
de un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional. Es decir, para este caso
concreto es posible concluir que el conocimiento del daño antijurídico causado por
un agente del Estado del que se podía derivar responsabilidad del Estado se tuvo
desde el primer momento, lo que no ocurrió en la sentencia de tutela de 27 de
febrero de 2025 dictada por la sala mayoritaria de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de
Delgado, José Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel
31
ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) i) Cuando
se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
32
Sentencia de 27 de febrero de 2025. Expediente de tutela n.° 11001-03-15-000-2024-05574-00. M.P. Luis
Antonio Rodríguez Montaño. SV. Wilson Ramos Girón y Milton Chaves García.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06609-00
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Delgado Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo
Antonio Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego, quienes actúan por
intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José Gilberto Delgado
Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado Fiscal, María Elena
Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio Delgado Fiscal y
Carlos Augusto Delgado Gallego, quienes actúan por intermedio de apoderado
judicial, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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