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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06609-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06609-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros contra la
sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

1. Síntesis del caso

Los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José
Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado Fiscal,
María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio
Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego, por conducto de apoderado,
presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión de las sentencias del 26 de
septiembre de 2024 y 27 de junio de 2025, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 76111-33-
33-001-2016-00278-00/02.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El 23 de junio de 2008, el comandante del Batallón de Artillería núm. 3 Batalla
Palacé de Buga informó que, en el marco de la operación táctica «Jonas», que se
realizó en el corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí, fueron dados de baja
presuntos integrantes del sexto frente de las FARC, identificados como Rodrigo
Delgado Fiscal y Dagoberto Collazos Rodríguez. Además, se recuperó material de
guerra en el procedimiento.

3. El dictamen médico legal determinó que el señor Rodrigo Delgado Fiscal falleció
a causa de 10 impactos de proyectil de arma de fuego perteneciente al Ejército
Nacional. En consecuencia, se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía
38 de Derechos Humanos de Santiago de Cali, bajo el radicado núm. 76111-6000-
165-2008-01437.

4. En el proceso penal se formuló acusación contra los presuntos implicados por
el delito de homicidio en persona protegida, el 14 de junio de 2019. Luego, en la
audiencia de acusación, los miembros del Ejército Nacional no aceptaron los cargos
y solicitaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz1.

5. Los señores Gustavo Adolfo Delgado Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José
Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado Fiscal,
María Elena Delgado Fiscal, María Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio
Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado Gallego presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con
ocasión del fallecimiento del señor Rodrigo Delgado Fiscal.

6.
El Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga, mediante sentencia
del 26 de septiembre de 2024, declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa, por considerar que los demandantes tenían
conocimiento del daño desde el año 2008, cuando ocurrió la operación militar y se
adelantaron las investigaciones penales contra los miembros del Ejército Nacional.
Contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 27 de
junio de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, con el
argumento de que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso el 23
de junio de 2008, por lo que el plazo que contaban para acudir a la jurisdicción

1
En adelante JEP.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

venció el 24 de junio de 2010; sin embargo, la demanda se radicó el 19 de diciembre
de 2016.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO (artículo 29
C.N.), DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (artículo 229) y DERECHO
A LA IGUALDAD (artículo 13 C.N.) - CONFIGURACIÓN DE DEFECTOS FÁCTICO Y
DE EXCESO RITUAL MANIFIESTO y a la reparación integral a las víctimas derivada
de la responsabilidad patrimonial del Estado, emitidas por los accionados en la
sentencia No. 70 de fecha 26 de septiembre de 2024 emitida por el señor Juez
HERVERTH FERNANDO TORRES OREJUELA del Juzgado Primero Administrativo
de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, con número de radicación
76111333300120160027800 y sentencia sin número de fecha 27 de junio de 2025,
notificada vía virtual, para el día 6 de agosto de 2025, emitida por el H. Magistrado Dr.
FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ, del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por una supuesta
caducidad de la acción.

SEGUNDO: ORDENAR Que conforme a lo indicado en el punto anterior se ordene
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga Valle del
Cauca y al H. Tribunal Administrativo del Valle del homicidio Cauca, conforme a lo
decidido en esta Acción de Tutela, se les reconozca a la totalidad de mis mandatarios
judiciales AURA LILIA FISCAL DE DELGADO, JOSÉ GILBERTO DELGADO FISCAL,
MARTHA LUCIA DELGADO FISCAL, JESÚS GABRIEL DELGADO FISCAL, MARÍA
ELENA DELGADO FISCAL, MARÍA VIRGINIA DELGADO FISCAL, RICARDO
ANTONIO DELGADO FISCAL Y GUSTAVO ADOLFO DELGADO FISCAL y CARLOS
AUGUSTO DELGADO GALLEGO, la totalidad de los perjuicios morales y materiales
(Daño emergente y lucro cesante), contenidos en la demanda inicial, en contra de la
NACION-MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, por los daños y
perjuicios ocasionados a raíz de la omisión por el homicidio del señor RODRIGO
DELGADO FISCAL en hechos ocurridos en el Corregimiento de Sonso, en jurisdicción
del municipio de Guacarí Valle del Cauca, para el día 22 de junio de 2008 […]3.

9. Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes manifestaron que las
providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, por
cuanto se fundamentó en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin atender la evolución
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en las sentencias SU-312
de 2020, SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024, en las cuales se establece una
interpretación flexible y «pro víctima» en casos de delitos de lesa humanidad.

10. En este sentido, explicaron que la Corte Constitucional en la sentencia SU-439
de 2024 precisó que la caducidad debe contabilizarse a partir de dos supuestos: (i)

2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 2, certificado núm. 1ADC62B2CCE3BC2 CB8BA4AC05FDA8E6
FE5E8F41A9D58C26 91B21999E686F980.
3
Se transcribe incluso con errores
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

desde que los demandantes tuvieron conocimiento del menoscabo por parte del
Estado y (ii) desde que se encontraban en capacidad material de imputarle el daño
al Estado ante el aparato judicial.

11. Agregaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de tutela
del 12 de febrero de 20154, consideró que el daño antijurídico, en casos de personas
muertas en combate con desconocimiento de las hostilidades, debía estudiarse bajo
la teoría del daño descubierto, según la cual la caducidad no se cuenta desde el
acaecimiento del hecho, sino desde el momento en que las víctimas conocieron su
existencia.

12. Así pues, precisaron que, si bien el deceso del señor Delgado Fiscal se conoció
el 23 de junio de 2008, en ese momento no era posible establecer que se trataba
de una ejecución extrajudicial, lo cual solo se evidenció con la imputación de los
delitos realizada el 1 de noviembre de 2018.

13. Por otro lado, expusieron que las decisiones cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico porque realizaron una inadecuada valoración del acervo probatorio,
especialmente en lo relativo a las entrevistas dadas por los familiares de la víctima
directa en el proceso penal, toda vez que se tomaron por ciertos hechos que no se
desprendían de ese elemento de prueba y se pasó por alto que los demandantes
tuvieron certeza sobre la participación del Estado en el fallecimiento de Rodrigo
Delgado Fiscal con la imputación penal realizada el 1 de noviembre de 2018, la cual
posteriormente culminó en acusación el 14 de junio de 2019.

14. Refirieron que actualmente los militares que participaron en la operación táctica
«Jonás» se acogieron a la JEP, en cuyo escenario esperan turno para revelar la
verdad sobre los hechos ocurridos el 23 de junio de 2008.

15. Adicionalmente, expresaron que las sentencias objeto de tutela incurrieron en
defecto sustantivo, debido a que efectuaron una interpretación rígida del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, sin tener en cuenta los principios «pro actione» y «favor
victimae» o «pro damnato», al analizar el presupuesto procesal de la caducidad del
medio de control judicial de reparación directa. De manera que existió un exceso
ritual manifiesto por la aplicación formalista de las reglas procesales.

16. Finalmente, mencionaron que la caducidad debía contabilizarse desde el
momento en que las víctimas tuvieron certeza jurídica de la participación del Estado
y que el asunto se presentó en término oportuno, en un contexto en el que la
jurisprudencia mayoritaria admitía que dichos delitos no estaban sujetos a
caducidad.

4
Expediente de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2014-00747-01.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
auto del 6 de noviembre de 20255, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga y, puso en conocimiento el escrito de tutela
a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, en su condición de
tercero con interés.

18.Posteriormente, con auto del 10 de diciembre de 20256 se requirió a la JEP para
que informara sobre el estado de los expedientes de los miembros del Ejército
Nacional que participaron de los hechos ocurridos el 23 de junio de 2008 en el
municipio de Guacarí.

2.4. Intervenciones

19.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga7 remitieron, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

20. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP8 informó que la
corporación mediante el expediente núm. 9002671-65.2019.0.00.0001 tramita el
sometimiento de los señores Alex Mauricio Arboleda Vanegas, Eduin de Jesús
López Caro, Edwin Andrés Burgos Insausti, Gustavo Caicedo Riascos, Luis Alfonso
Aguilar Obando y Jarlin García Caicedo.

21. Indicó que, el 19 de diciembre de 2019, se asumió el conocimiento del asunto y
los comparecientes aceptaron los hechos relacionados con el homicidio en persona
protegida de los señores Dagoberto Collazos y Rodrigo Delgado Fiscal, el 30 de
marzo de 2022. Además, agregó que el proceso se encuentra actualmente activo y
aportó copia de las actuaciones surtidas en este.

22.
El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

23.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 5 de febrero de
20269 negó la solicitud de amparo, al considerar que no se configuraban los defectos
alegados por la parte tutelante en el escrito de tutela.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 12, certificado núm. 8835A0B6A8507A1 7D561E497FB1778D
BBE947A71EB31D13 D762E0485E8E443B.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 22, certificado núm. 1897695C5669F145 F99E7A52C8239C1F
2A45D27A1C6F8B28 A87F8CC5F3151204
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índices 17 y 18, certificados núm. 19E0A582BBB17A06
20DACC57EEB3B73B 3ED9CA0B9AFF7E5A D72D44162156D03 y, F696FB8898093D7D 3421448EBA79E343
F4B858027AE018CE A9B4A04B4652A6F5.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 27, certificado núm. F5F7ACA54DEC13A7 BD1B9B04DDCFB6EF
DDDAD26C0348B5C0 A4695E3ECFE869A8.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-0609-00 índice 34, certificado núm. E96DC43A6282750D D133063AA3DB63FC
8EE55569706F3557 50A79BB81711DEF8.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

24. Al respecto, indicó que las autoridades judiciales estudiaron todas las pruebas
disponibles y determinaron que la parte demandante pudo conocer el carácter
antijurídico del daño desde el mes de junio de 2008, tal como se advertía en los
testimonios e informes del Ejército Nacional, en los que se expresaba que la muerte
de Rodrigo Delgado Fiscal ocurrió durante la operación «Jonás». Además, desde el
año 2009, el apoderado de las víctimas manifestó dudas sobre las circunstancias
del fallecimiento, al mencionar que no estaba vinculado a grupos ilegales y al hacer
referencia a los casos de «falsos positivos».

25. Agregó que la sentencia del Tribunal accionado se fundamentó en la
jurisprudencia vigente, especialmente en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 29 de enero de 2020, en la cual se indicó que la caducidad debe
computarse «desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial».

26. Asimismo, expuso que en el recurso de apelación los demandantes no
justificaron ni demostraron su imposibilidad de acudir a la justicia antes de 2016,
según las reglas de unificación de la sentencia del 29 de enero de 2020.

27. Por otro lado, expresó que las providencias de la Corte Constitucional citadas
por la parte actora guardan relación con la tesis establecida en la sentencia del 29
de enero de 2020, proferida por esta corporación, de manera que no puede inferirse
que las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente judicial.

28. De este modo, resaltó que la postura de la Corte Constitucional avala la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y precisa que el término de caducidad en casos de delitos
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra está sujeto a lo previsto en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

29.
Afirmó que, en el asunto objeto de estudio, las autoridades judiciales analizaron
los informes, los testimonios, la declaración del apoderado en el proceso penal en
el año 2009, así como los documentos y solicitudes, para constatar que los
demandantes tuvieron certeza del daño desde que se dio a conocer el resultado de
la operación «Jonás», el 23 de junio de 2008, por lo que no se demuestra el
desconocimiento alegado.

30. De otra parte, destacó que el literal i) artículo del 164 de la Ley 1437 de 2011 le
es aplicable a los casos de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra, para lo cual la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 precisó que
dicho plazo se computa desde el momento en que los afectados conocieron o
debieron conocer la participación, por acción u omisión, del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial respectiva, por lo que no era
posible inferir un exceso ritual manifiesto, como se planteó en la tutela.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

31. En este orden, concluyó que las decisiones judiciales cuestionadas no
incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo ni en desconocimiento del precedente,
pues valoraron adecuadamente las pruebas y aplicaron la sentencia de unificación
de esta corporación, cuyas reglas resultaban acordes con los parámetros definidos
por el máximo tribunal constitucional.

32. Además, aclaró que la situación estudiada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado era distinta, en la medida en que, en el asunto analizado por las
providencias acusadas, podía deducirse razonablemente que los accionantes
conocieron el daño desde el 23 de junio de 2008, cuando se informó el fallecimiento
de Rodrigo Delgado Fiscal durante la operación «Jonás». Por tanto, el conocimiento
del menoscabo y de la posible responsabilidad del Estado se tuvo desde el primer
momento, a diferencia de otros casos en los que existía incertidumbre.

33. Por lo anterior, concluyó que la decisión que declaró la caducidad del medio de
control judicial obedeció a un estudio razonable y coherente del asunto, por lo que
no era posible advertir alguna irregularidad.

2.6. Impugnación

34. La parte actora presentó impugnación10 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Cuarta. En su escrito insistió en los argumentos expuestos en
la solicitud de amparo, relacionados con el desconocimiento del precedente, el
defecto fáctico y el defecto sustantivo en que incurrieron las providencias
cuestionadas.

35. En este sentido, expuso que la providencia impugnada no efectuó un análisis
de fondo sobre el contenido y alcance de las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439
de 2024 de la Corte Constitucional ni revisó con precisión la deficiente valoración
probatoria desarrollada por las autoridades accionadas en las sentencias objeto de
tutela.

36.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 5 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 41, certificado núm. 1A367133F45B054D 12334C7A1F508510
2534D6E91A6B84CD FBD94C4DA17CCE9E.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa por activa de los señores Gustavo Adolfo Delgado
Fiscal, Aura Lilia Fiscal de Delgado, José Gilberto Delgado Fiscal, Martha Lucía
Delgado Fiscal, Jesús Gabriel Delgado Fiscal, María Elena Delgado Fiscal, María
Virginia Delgado Fiscal, Ricardo Antonio Delgado Fiscal y Carlos Augusto Delgado
Gallego está acreditada, porque fueron los demandantes en el proceso de
reparación directa en el que se expidieron las providencias que, a su juicio,
desconocieron sus derechos fundamentales.

39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Guadalajara de Buga y del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, debido a que fueron las autoridades que profirieron las decisiones
objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio
40. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Guadalajara de Buga y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

41. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial promovida Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

42. Por otra parte, se observa que, la parte accionante, en el escrito de amparo,
pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) fáctico, ii)
sustantivo y iii) desconocimiento del precedente.

43. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad de los accionantes se concreta en la aplicación que
hizo la autoridad judicial accionada de una regla jurisprudencial establecida en una
sentencia de unificación de esta corporación con la que se definió la procedencia
de la demanda de reparación directa promovida por los accionantes y, la posible
omisión de los criterios de la Corte Constitucional sobre el tema. Además, se
cuestiona la valoración probatoria desarrollada en la decisión acusada. Por esta
razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de los defectos de
desconocimiento del precedente y defecto fáctico.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional12.

45.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

46. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

47.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

48. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06609-01(2530)
Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

49. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

50. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

51. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

52. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, fue notificada el 6 de agosto siguiente19, y la demanda de tutela se
presentó el 21 de octubre de 202520, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como
razonable.

16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Samai, exp. 76111-33-33-001-2016-00278-02, índice 16.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10

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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

53. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

54. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

55. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales de los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

56. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, al proferir la
sentencia del 27 de junio de 2025, mediante la cual se confirmó la providencia del
26 de septiembre de 2024, expedida por el Juzgado Primero Administrativo de
Guadalajara de Buga, que declaró la caducidad de la demanda de reparación
directa promovida por los tutelantes?.

57. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

58. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»23. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión24» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

59. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas

23
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
11

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suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»26.

60. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso27.

61. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»29.

62. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]30.

26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
29
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
12

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3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

63. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas31.

64. Al respecto, la Corte Constitucional32 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios
de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales33.

65.
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia34.

31 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
32 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
33 Se transcribe incluso con errores.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
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66. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»35.

67. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela36.

68. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación37.

69. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

70. En el asunto bajo estudio, el señor Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y su grupo
familiar presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el
fallecimiento de Rodrigo Delgado Fiscal, ocurrido el 23 de junio de 2008.

71. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de
Buga, mediante providencia del 26 de septiembre de 2024 declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por
Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros.

35 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
36 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
37 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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72. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
emitió sentencia el 27 de junio de 2025, en la que confirmó en todas sus partes el
fallo de primera instancia.

73. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia objeto de amparo, incurrió en un defecto fáctico
al otorgar un alcance probatorio distinto a las entrevistas realizadas por los
familiares de la víctima directa en el proceso penal, para concluir que ellos tuvieron
conocimiento de los hechos desde el año 2008.

74. Además, en su criterio, la autoridad judicial accionada desestimó que los
demandantes tuvieron certeza sobre la participación estatal con la imputación penal
realizada el 1 de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado Penal Municipal
Ambulante con Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga, decisión
mediante la cual se resolvió la imputación en contra de integrantes del Ejército
Nacional por el delito de «homicidio en persona protegida» en perjuicio de los
señores Rodrigo Delgado Fiscal y Dagoberto Collazos.

75. Adicionalmente, indicó que la decisión acusada incurrió en desconocimiento del
precedente, por cuanto se fundamentó en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin atender
la evolución jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en las
sentencias SU‑312 de 2020, SU‑167 de 2023 y SU‑439 de 2024, en las cuales se
adopta una interpretación flexible y «pro víctima» en casos de delitos de lesa
humanidad

76. Los accionantes añadieron que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
sentencia de tutela del 12 de febrero de 2015, consideró que el daño antijurídico en
casos de personas muertas en combate debía estudiarse bajo la teoría del daño
descubierto, según la cual la caducidad no se cuenta desde el acaecimiento del
hecho, sino desde el momento en que las víctimas conocieron su existencia.

77. Así pues, precisaron que, si bien el deceso del señor Delgado Fiscal se conoció
el 23 de junio de 2008, en ese momento no era posible establecer que se trataba
de una ejecución extrajudicial, lo cual solo se evidenció con la imputación de los
delitos realizada el 1 de noviembre de 2018.

78. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela38, se
observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164, el medio de control de
reparación directa debe promoverse dentro del término de «dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue

38
Sentencia del 27 de junio de 2025.
15

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en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia».

79. Con fundamento en dicha norma, la sentencia cuestionada indicó que la
caducidad en materia de reparación directa distingue dos escenarios, esto es: i) la
ocurrencia del hecho causante del daño, como regla general o, ii) el conocimiento
de este, siempre que se demuestre que el sujeto afectado no pudo enterarse del
hecho dañoso en el momento de la ocurrencia, lo cual opera a manera excepción.

80. Seguidamente, la providencia acusada explicó que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 202039, precisó
que el término de caducidad en la reparación directa «se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».

81. Asimismo, la autoridad accionada también destacó que la sentencia de
unificación indicó que el término para solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado y reclamar judicialmente una indemnización por daños
derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra es inaplicable en
aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que le hubiesen impedido
a la parte demandante, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de
acción, pues en estos asuntos no es determinante la situación causante del daño,
sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

82. A partir de este contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca señaló que el argumento expuesto por la parte actora en el
recurso de apelación se centró en afirmar que el fallecimiento del señor Rodrigo
Delgado Fiscal constituía un crimen de lesa humanidad, razón por la cual no le era
aplicable término de caducidad alguno y estaban habilitados para demandar en
cualquier tiempo, conforme con la regla fijada en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado

83.
Con el fin de responder la inconformidad de la parte demandante, la autoridad
judicial accionada resaltó que, en el escrito de demanda, los accionantes fueron
enfáticos en indicar que «el señor Delgado Fiscal fue dado de baja el día 23 de junio
de 2008, en el marco de la operación táctica “Jonas”, a manos del Batallón de
Artillería núm. 3 Batalla Palacé, en el corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí,
señalado como presunto integrante del sexto frente de las FARC».

84. Lo anterior, por cuanto existían elementos que permitían inferir que los
accionantes tuvieron conocimiento oportuno de la responsabilidad del Estado en la
muerte del señor Rodrigo Delgado Fiscal desde el año 2008, pues, como lo advirtió
el juez de primera instancia, al expediente del proceso ordinario se aportaron
documentos que permitían inferir tal situación. Entre otros, se allegaron los
siguientes:

39
Sentencia del 29 de enero de 2020, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16

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i) La copia del informe de campo del 28 de octubre de 2008, remitido a la Fiscalía
27 Seccional Unidad de Indagación de Guadalajara de Buga, en el que se
relacionó la entrevista realizada a la señora María Eugenia Delgado Fiscal,
quien declaró que él no tenía antecedentes, ni armas e informó que a su familia
les sorprendió que les dijeran que había muerto en combate con el ejército.

ii) La «denuncia pública» radicada el 25 de junio de 2008 por la señora María
Eugenia Delgado Fiscal ante la Personería de Ginebra (Valle del Cauca), en la
cual informó que resultaba extraña la situación relacionada con la muerte de su
hermano y cuestionó la forma en que había ocurrido el deceso, así como los
calificativos atribuidos por las autoridades militares a su familiar.

iii) El escrito de petición radicado por la familia de la víctima el 25 de julio de
2008, mediante el cual solicitaron al comandante del Batallón de Artillería núm.
3 Palacé de Buga información sobre los hechos en los que fue abatido el señor
Delgado Fiscal, la orden de operación y el informe de las prendas.

iv) Además, los diferentes informes presentados a la prensa y a los órganos de
investigación.

85. En efecto, estos medios probatorios permitían colegir que los familiares del
señor Rodrigo Delgado Fiscal, desde el año 2008, tenían serios reparos frente al
actuar de los militares en el operativo en el que se le habría dado de baja, pues
adelantaron acciones tendientes a esclarecer lo sucedido y a buscar la reparación
del daño y el resarcimiento de los perjuicios ante distintas instancias administrativas.

86.Así las cosas, para el Tribunal accionado consideró que no era procedente
acceder a las inconformidades expuestas por la parte demandante, en el escrito de
apelación, con base en las consideraciones que se citan a continuación:

Deviene entonces, que los hechos en que se fundamenta el presente medio de control
datan del año 2008. Ahora, no está en discusión la ocurrencia del daño, ni mucho
menos la connotación de que el crimen perpetuado en la humanidad del señor Delgado
Fiscal, encaja dentro de los catalogados como crímenes de lesa humanidad, lo que
está en discusión es el tema de la caducidad de la acción.

Al respecto, conviene resaltar que en efecto tal y como lo refiere la parte actora en la
demanda y en el escrito de apelación, con respecto a la posibilidad de demandar en
cualquier tiempo el resarcimiento de los daños causados, como en este caso, con la
conducta omisiva de los agentes del Estado, en delitos de lesa humanidad.

No obstante, como el Consejo de Estado no había asumido un criterio uniforme frente
al tema, dado que la Sección Quinta consideraba que no opera la caducidad en tales
eventos, criterio que era compartido por la Subsección C de la Sección Tercera, pero
no por la mayoría de la Sección, pues el razonamiento que prevalece es aquel según
el cual el bloque de constitucionalidad no impide a los Estados adoptar reglas propias
para el acceso a su sistema judicial, de ahí que en Colombia deban aplicarse las
normas de caducidad internas, incluso en los casos de lesa humanidad.

En virtud de lo anterior, el día 29 de enero de 2020, la Sección Tercera- Sala Plena del
Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Marta Nubia Velásquez Rico, profirió
17

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sentencia de unificación jurisprudencial, en relación con la caducidad de las
pretensiones de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, en los
términos previamente transcritos, concluyendo que en los medios de reparación
directa, por responsabilidad del Estado por un delito de lesa humanidad o un crimen de
guerra, el término de caducidad inicia a partir del conocimiento o de la posibilidad de
conocer las situaciones que permitan deducir que el Estado estuvo involucrado.

En tales circunstancias, y como quiera que la parte actora en su libelo demandatorio,
fue enfática en indicar que ya conocía que Estado en cabeza de la entidad demandada,
estuvo involucrado en el fatídico hecho y, por ende, no existe duda que los accionantes
en el presente asunto ya tenía conocimiento de la presunta responsabilidad estatal que
recaía sobre la entidad demandada, desde el 23 de junio de 2008.

Como corolario, en el presente asunto sí se configura el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control interpuesto, precisándose que éste inicia el 23 de junio
de 2008 y finaliza el 24 de junio de 2010, y como quiera, los familiares del señor Rodrigo
Delgado Fiscal, sólo acudieron ante la Procuraduría General de la Nación en solicitud
de convocatoria a audiencia de conciliación, el 11 de octubre de 2016, se superó con
creces el término a que se contrae el artículo 164, numeral 2, literal i), de la Ley 1437
de 2011, norma que preceptúa que: "cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia...".

Corolario de lo hasta aquí explicado, es que el medio de control entablado no era
procesalmente viable, por haber finiquitado el plazo señalado por la ley para ejercerlo,
circunstancia que conlleva a que esta Sala de Decisión, confirme la decisión de primera
instancia, puesto que como quedó establecido, fue acertada la decisión del a-quo, de
declarar probada la excepción de “Caducidad del medio de control”.

87. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Tribunal, al examinar el contenido
de los hechos descritos en la demanda de reparación directa, destacó que estos
ocurrieron en el año 2008 y que, según los documentos aportados al expediente, no
era materia de discusión la naturaleza del daño ni que el crimen cometido contra el
señor Delgado Fiscal constituyera un delito de lesa humanidad, pues el debate se
centraba en la caducidad del mecanismo judicial.

88.
Asimismo, la autoridad judicial accionada aclaró que, si bien con antelación a la
sentencia de unificación existían pronunciamientos particulares, en los que se
analizaron pretensiones indemnizatorias por daños ocurridos con ocasión de delitos
de lesa humanidad, sin que se aplicara de forma rígida un término de caducidad, lo
cierto es que dicho entendimiento no constituía un criterio pacífico en la corporación.
Por el contrario, en la mayoría de los despachos de la Sección Tercera del Consejo
de Estado se acogía la regla general del plazo para acudir a la jurisdicción, prevista
en el numeral 2, literal i), del artículo 164 del CPACA40.

89. Así pues, con la sentencia del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó la jurisprudencia y determinó que el término de caducidad
en la reparación directa, en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de
guerra, «se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la

40
Anteriormente, el artículo 86 del CCA.
18

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participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial».

90. En efecto, para el Tribunal accionado, la parte actora, con la presentación de la
demanda, reconoció que desde el 23 de junio de 2008 sabía que el Estado estaba
involucrado en la muerte de Rodrigo Delgado Escobar, pero dejó pasar el tiempo y
acudió extemporáneamente a la jurisdicción, sin exponer ni justificar una razón
válida que le hubiese impedido ejercer oportunamente su derecho de acción.

91. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que, en el caso bajo
estudio, se configuraba la caducidad del medio de control judicial invocado, pues el
plazo inició el 23 de junio de 2008 y terminó el 24 de junio de 2010. Sin embargo,
los familiares del señor Delgado Fiscal solicitaron audiencia de conciliación en
octubre de 2016, cuando ya había transcurrido el término legal establecido en el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Dicho lo anterior, resultaba
contradictorio que los demandantes afirmaran haber tenido certeza sobre la
participación del Estado en el daño únicamente a partir de la imputación penal
realizada el 1 de noviembre de 2018, que posteriormente culminó en acusación el
14 de junio de 2019.

92. En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de tutela desarrolló
un análisis adecuado de la figura de la caducidad a partir de una valoración
pertinente de los documentos aportados a la actuación judicial, con los cuales se
evidenciaba que el señor Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y su grupo familiar tuvieron
conocimiento cierto del daño el 23 de junio de 2008. En consecuencia, para la fecha
en que se radicó la demanda (19 de diciembre de 2016), ya se había configurado la
caducidad del medio de control de reparación directa.

93. En efecto, contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la
autoridad accionada haya realizado una valoración defectuosa de los medios
probatorios aportados al proceso ordinario, pues resulta evidente que examinó el
contenido de la demanda y sus anexos para precisar que existían elementos de
juicio que permitían inferir que la familia de Rodrigo Delgado Fiscal, desde el
momento de la ocurrencia de los hechos, tuvo conocimiento de que la muerte del
mencionado señor fue causada por miembros del Ejército Nacional en el desarrollo
de la operación militar «Jonas». Ahora bien, distinto es que el Tribunal no haya
otorgado el valor probatorio que los demandantes pretendían atribuir a los
instrumentos allegados al plenario

94. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume

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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»41.

95. De esta manera, se advierte que el Tribunal accionado, al estudiar el
presupuesto procesal de la caducidad, desarrolló un análisis probatorio pertinente,
en tanto tomó como punto de partida el momento en que los tutelantes tuvieron
conocimiento del daño, tal como se establece en el primer supuesto descrito en el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En consecuencia, no es posible
colegir que la decisión cuestionada haya incurrido en un defecto fáctico, como lo
plantea la parte accionante.

96. Adicionalmente, se observa que la corporación judicial accionada se apoyó en
la sentencia de unificación emitida por esta corporación con relación a la caducidad
del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra, la cual tiene un carácter vinculante para las autoridades de
esta jurisdicción.

97. Sobre el particular, es importante señalar que, contrario a lo expuesto por los
tutelantes, el término legal para acudir a la jurisdicción es un presupuesto de
obligatorio cumplimiento al momento de demandar, pues tal como se afirmó en la
providencia acusada, la jurisprudencia de esta corporación unificó sus criterios, en
el sentido de indicar que las normas que regulan la figura de la caducidad son
aplicables a todos los asuntos de reparación directa, sin importar que se trate de
delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Tal parámetro jurisprudencial
debía tomarse como referente para el caso los accionantes dado que se trataba de
un litigio que aún se encontraba en discusión en sede judicial.

98. Así las cosas, contrario a lo expuesto por la parte actora, no era procedente
determinar el plazo para acudir a la jurisdicción desde una fecha distinta a la
establecida por la autoridad accionada, pues en el expediente del proceso de
reparación directa y en esta acción constitucional los demandantes no alegaron la
existencia de hechos o circunstancias que les impidieran entender o advertir que el
Ejército Nacional podía tener responsabilidad en el fallecimiento del señor Rodrigo
Delgado Fiscal. Por tal razón, no era posible flexibilizar el cómputo del término de
caducidad.

99. En este orden de ideas, es pertinente aclarar que, si bien la Corte Constitucional
en distintos pronunciamientos (sentencias SU-312 de 2020, 167 de 2023 y 439 de
2024) ha flexibilizado la carga probatoria para determinar el término de caducidad
del medio de control de reparación directa en casos de daños derivados de
crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que dichos precedentes se refieren a
asuntos en los que se demostró la existencia de circunstancias o barreras que
dificultaron a los accionantes acudir oportunamente a la administración de justicia.
Tales condiciones no se advierten en el presente caso.

41
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

100. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los

principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

101. De esta manera no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la

acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

4. Conclusión

102. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no

vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por cuanto no
se advierte en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la intervención
del juez de tutela.

103. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida

por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Accionantes: Gustavo Adolfo Delgado Fiscal y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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