República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07721-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07721-01 (2620)
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: privación de la libertad. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente y error inducido.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Anderson Murillo Hurtado contra la sentencia del 30
de enero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A.
1. Síntesis del caso
El señor Anderson Murillo Hurtado, por conducto de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 76111-33-33-001-2014-00312-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
La Fiscalía General de la Nación, en el año 2006, inició actuación penal por las
conductas punibles de concierto para delinquir y hurto de combustibles. En
1
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Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desarrollo de la referida causa penal, la Fiscalía Quinta Especializada de
Guadalajara de Buga, mediante Resolución núm. 003 del 15 de enero de 2008,
dispuso la detención de un sujeto de nombre Anderson Murillo Hurtado, sin
identificarlo e individualizarlo, por lo que el accionante fue capturado el 13 de
octubre de 2008.
3. El Juzgado Tercero Penal Especializado de Guadalajara de Buga, a través de
providencia del 8 de noviembre de 2008, decretó la libertad inmediata e
incondicional del señor Anderson Murillo Hurtado y aclaró que el actor identificado
con la cédula de ciudadanía núm. 1.028.500.415, no es la misma persona vinculada
al proceso.
4. A su turno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Sala de Decisión
Penal, por medio de la providencia del 10 de octubre de 2011, en el proceso con
radicado núm. 76111-31-07 003- 2008-00015-00, resolvió cancelar las órdenes de
captura que obraban en contra del hoy tutelante, dado que se había omitido la
cancelación de las mismas por parte del juzgado.
5. El tutelante fue nuevamente capturado el 7 de septiembre de 2013 y puesto en
libertad el 10 de septiembre siguiente, puesto que estaban vigentes las órdenes de
captura, en razón a que no se había materializado la decisión del mencionado
Tribunal.
6. El señor Anderson Murillo Hurtado, junto con su grupo familiar, presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, la Fiscalía General
de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
morales y materiales causados con ocasión de la privación de la libertad a la que
estuvo sometido.
7. El Juzgado Primero Administrativo de Buga, mediante sentencia del 15 de
marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Esto, por
cuanto declaró la caducidad del derecho de acción con relación a la privación de la
libertad que se produjo en el año 2008 y, se pronunció favorablemente a las
peticiones de los demandantes, respecto de la detención ocurrida en el año 2013.
Contra dicha decisión las dos partes del litigio presentaron recurso de apelación.
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 10 de
julio de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el daño alegado por la parte actora
no era atribuible a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, como quiera
que existía prueba de que la orden de captura en contra del tutelante fue
debidamente cancelada y se libraron los oficios correspondientes a las autoridades
de policía judicial; sin embargo, estas no fueron demandadas.
2
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Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor ANDERSON MURILLO HURTADO.
2. Revocar la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
3. Ordenar al Tribunal confirmar la sentencia de primera instancia del juzgado 01
Administrativo de Guadalajara de Buga, Sentencia No. 26 del 15 de marzo de
2018.
4. Ordenar actualización y depuración inmediata de antecedentes de no haberse
hecho. […]2.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
decisión objeto de tutela incurrió en un defecto fáctico, porque realizó una valoración
defectuosa de las piezas procesales del expediente penal que fue aportado al
proceso contencioso, toda vez que justificó su decisión en una ficción, al considerar
que «la orden fue cancelada», cuando los documentos muestran lo contrario.
11. En este sentido, explicó que la autoridad judicial accionada omitió examinar en
debida forma el trámite de la cancelación de la orden de captura en su contra, pues
se limitó a indicar que los oficios fueron enviados, sin verificar si estos realmente se
recibieron y tuvieron efectividad, por lo que, en su criterio, se configuró un error
inducido, dado que el Tribunal tomó una decisión con información incompleta o
errónea.
12. Asimismo, indicó que en la providencia acusada se configuró un defecto
sustantivo, debido a que se efectuó una interpretación sesgada del artículo 350 de
la Ley 600 de 2000, al no tener en cuenta que era un deber de las autoridades
judiciales demandadas comunicar la decisión que canceló la orden de captura en
contra del tutelante a las entidades de policía judicial, para evitar situaciones que
pudieran afectar el derecho a la libertad de las personas. De manera que, no era
posible desconocer el deber legal que le asistía a las accionadas.
13.
Por otro lado, expuso que la sentencia cuestionada desconoció el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la providencia T-310 de 2003, en la cual se
establece que: «La función de registrar, actualizar y cancelar órdenes de captura es
una obligación del Estado a través de la Rama Judicial, que debe comunicar
oportunamente las decisiones».
14.Adicionalmente, expresó que la decisión del Tribunal accionado no tuvo en
cuenta que las autoridades de policía judicial cumplen una función de auxiliar y
subordinada conforme las sentencias C-024 de 1994 y T-310 de 2003. Además, la
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06609-00, índice 2, certificado núm. 1ADC62B2CCE3BC2 CB8BA4AC05FDA8E6
FE5E8F41A9D58C26 91B21999E686F980.
2
Se transcribe incluso con errores
3
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Fiscalía General de la Nación tiene una potestad de dirección respecto de las
actividades desarrolladas por las instituciones de policía, conforme las sentencias
C-025 de 1994 y C-285 de 1996.
2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 5 de diciembre de 20253, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, puso en
conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Primero Administrativo de Buga, a la
Nación, Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público
y a los señores Sandra Patricia Mosquera Palacios, Juana María Hurtado Luna,
Deydis Antonio Hurtado Luna, Carlos Andrés Murillo Hurtado, Dagny Hurtado Luna,
Herlyn Hurtado Luna y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación
directa con radicado núm. 76111-33-33-001-2014-00312-01, en su condición de
tercero con interés.
2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 solicitó que se declare
improcedente la tutela, pues los fundamentos del escrito de amparo se dirigen a
reabrir el debate jurídico y probatorio que ya fue resuelto al interior del proceso
ordinario, lo cual excede el alcance de este mecanismo constitucional.
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 afirmó que la solicitud de
amparo es improcedente, por cuanto el accionante pretende revivir un debate
definido para modificar una decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, la
cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada, máxime
cuando la acción de tutela está prevista para la protección de derechos
fundamentales y no como una instancia adicional de los procesos ordinarios.
18.
Asimismo, expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que la entidad por su naturaleza técnica y administrativa, no tiene injerencia en las
decisiones judiciales adoptadas por los jueces y magistrados, razón por la cual, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es la autoridad llamada a responder por
la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el actor.
19.Por otro lado, refirió que la entidad no desplegó ninguna acción u omisión que
hubiese podido vulnerar los derechos invocados por el accionante, por lo que pidió
que se negara el amparo de tutela.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 4, certificado núm. ADEE5BC83E628D50 5E01796D3B608F4F
106D51A1AB6F681B 21F09E4A0DB7A5EE.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 13, certificado núm. 16EEE986C456D459 F4E64481C513F16B
7618C3857F49DE6E 2299B1EA9F07378D.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 9, certificado núm. 58E18DE8F15BDA2F 1581D656102F3AFE
9633615DD97F7863 31C1515CE8AF907B.
4
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20.El Juzgado Primero Administrativo de Buga6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.
21. La Fiscalía General de la Nación7 manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela está dirigida a cuestionar una
providencia judicial adoptada en un proceso de reparación directa, en cuya
expedición no tuvo injerencia alguna, por lo que no existe una relación de causalidad
con sus funciones que permita atribuirle una responsabilidad en los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su desvinculación.
22.
Los demás sujetos procesales vinculados al trámite constitucional guardaron
silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
23. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
30 de enero de 20268, declaró improcedente la tutela, al considerar que no cumplía
con el requisito de relevancia constitucional.
24. Al respecto, indicó que el actor presentó argumentos que buscan reabrir un
debate sustantivo y adjetivo que se produjo dentro de las dos instancias del proceso
contencioso administrativo, en cuya actuación judicial se estudió cuál fue autoridad
que incurrió en la falla en el servicio que llevó a que el actor fuese privado de la
libertad equivocadamente por cuenta de la homonimia.
25. Destacó que el escrito de tutela se limitó a plantear una discrepancia de criterio
con el fallo atacado. En efecto el accionante propuso una interpretación alternativa
a la que adoptó el Tribunal accionado que le es favorable a sus pretensiones, pero
no desarrolló una carga argumentativa suficiente para demostrar que la decisión
judicial cuestionada es contraria a la Constitución.
26.
Resaltó que, contrario a lo expuesto por el tutelante, la providencia cuestionada
abordó correctamente el tema y explicó las razones por las que no era posible
atribuir el daño a la Nación, Rama Judicial, dados los límites de sus obligaciones
respecto a la cancelación de la orden de captura y los motivos por los cuales la
autoridad de policía judicial debía ser demandada por no actualizar las bases de
datos.
27.Insistió en que el tutelante no expresó las razones por las que la providencia
censurada incurrió en los defectos alegados, pues se limitó desarrollar afirmaciones
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índices 10, certificados núm. D36936A984693C8A 0F106E609C887E47
A575C320C69F0447 A438370B0B466A46.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 14, certificado núm. 76FBC95433537826 B92A9512E9B236E9
E520338922D76E1E 091D51F674BCA8CC.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00 índice 17, certificado núm. 7C31EE602D2A7228 1CF81EA7EE50A46F
4C0900F6D2ED5684 940E168D0E3D415E.
5
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
genéricas, globales e indeterminadas, propias de un proceso judicial ordinario, sin
que evidencien que la decisión atacada plantea una eventual vulneración con una
garantía constitucional.
28. Sobre este particular, expresó que el actor sustentó su argumento sobre la
actualización de las órdenes de captura en una interpretación personal de la Ley
600 de 2000, lo que constituye un asunto legal y no constitucional, por lo que no
corresponde ser discutido en una acción de tutela.
29. Finalmente, concluyó que la solicitud de amparo es empleada para reabrir una
discusión legal que se surtió al interior del proceso ordinario e insiste en argumentos
descartados, sin mostrar razones que evidencien que el fallo es contrario a la
Constitución.
2.6. Impugnación
30. La parte actora presentó impugnación9 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su escrito, insistió en los argumentos
expuestos en la tutela en los que sustentó su inconformidad contra la providencia
cuestionada.
31. En este sentido, consideró que existe una obligación compartida entre las
autoridades de la Rama Judicial y los organismos de policía judicial para registrar
las cancelaciones de las órdenes de captura, por lo que, en su criterio, resulta
evidente que el fallo de objeto de tutela fue proferido con desconocimiento los
parámetros establecidos en la sentencia T-310 de 2003, sobre la materia.
32. Así pues, el fallo impugnado no tuvo en cuenta que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció preceptos constitucionales como el
debido proceso y el principio de confianza legitima en las instituciones con la
detención irregular a la que estuvo sometido, lo cual revela el defecto de violación
directa de la Constitución.
33.
Por otro lado, adujo que en el escrito de tutela no se quiso reabrir el debate
probatorio que se surtió en el proceso contencioso-administrativo, pues lo que se
buscaba era revelar las irregularidades ocurridas en la actuación judicial que no
permitieron acceder al resarcimiento de los perjuicios derivados de un error judicial.
34. Con fundamento en lo anterior, pidió que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 11, certificado núm. 6459B7A90702A4EA 88085E3A5BE011B8
0FD68BF4A0FFE65C 9CC5D35F775A85DB.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 30 de
enero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
36.
La legitimación en la causa por activa del señor Anderson Murillo Hurtado está
acreditada, porque fue el demandante en el proceso de reparación directa en el que
fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
37. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la
decisión, objeto de estudio.
38. Por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación, al considerar que
no estaban llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante.
39. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades participaron como sujetos demandados y vinculados
dentro del proceso ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos
y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses.
Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. Impedimento del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera
40. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó su impedimento para conocer
de la presente acción de tutela, con fundamento en el numeral 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, que dispone lo siguiente:
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial […].
41.
Una vez revisada la decisión objeto de tutela, la Sala Dual encuentra que, en
efecto, fue suscrita por el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat como
integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, se
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configura la causal de impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del
C.P.P., debido a que dicho magistrado es el padrino de uno de los hijos del
magistrado Portocarrero Banguera.
42. Por las anteriores razones, se declarará fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera y se le separará del
conocimiento del presente trámite constitucional.
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
43. Por otra parte, se observa que, el accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) fáctico, ii)
sustantivo, ii) erro inducido y iii) desconocimiento del precedente.
44. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad de la accionante se concreta en la valoración
probatoria desarrollada por la autoridad accionada, así como la interpretación que
hizo sobre el artículo 350 de la Ley 600 de 2000 y los criterios jurisprudenciales
aplicados en la decisión cuestionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto
bajo una posible configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
45. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.
46.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8
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47. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
48. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
49. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
50. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
51.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
9
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Accionante: Anderson Murillo Hurtado
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una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
52. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.
53. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, fue notificada el 18 de julio siguiente18, y la demanda de tutela se
presentó el 3 de diciembre de 202519, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como
razonable.
54. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
55. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
56. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
57.
Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 10 de julio de 2025,
mediante la cual se revocó la providencia de primera instancia22, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por
el tutelante?
18
Samai, exp. 76111-33-33-001-2014-00312-01, índice 26.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Sentencia del del 15 de marzo de 2018, expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga.
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58. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto fáctico
59. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»23. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión24» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
60.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»25. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»26.
61. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso27.
62. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial28, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»29.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
28
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
29
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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63. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]30.
3.5.2. El defecto sustantivo
64. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado31.
65. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
66. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
30
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 32.
67. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
68. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).33
3.5.3. El desconocimiento del precedente judicial
69. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas34.
70. Al respecto, la Corte Constitucional35 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
32
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
35 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales36.
71. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia37.
72. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar
si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»38.
73. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela39.
74. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior
de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el
marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación40.
75. Finalmente, resulta oportuno advertir que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
36 Se transcribe incluso con errores.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
39 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
40 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.6. Caso concreto
76. En el asunto bajo estudio, el señor Anderson Murillo Hurtado y su grupo familiar
presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación, Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, con la pretensión
de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el tiempo en que estuvo
privado de la libertad.
77. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Buga, mediante
providencia del 15 de marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
78. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
emitió providencia el 10 de julio de 2025 en la que revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó las peticiones de la parte demandante.
79. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia objeto de tutela, incurrió en defecto
fáctico, porque realizó una valoración defectuosa de las piezas procesales del
expediente penal que fue aportado al proceso contencioso, toda vez que omitió
verificar el trámite que se les impartió a los oficios de cancelación de la orden de
captura en su contra.
80. Asimismo, indicó que en la providencia acusada se configuró un defecto
sustantivo, debido a que se efectuó una interpretación sesgada del artículo 350 de
la Ley 600 de 2000, al no tener en cuenta que era un deber de las autoridades
judiciales demandadas comunicar la decisión que canceló la orden de captura en
contra del tutelante a los organismos de policía judicial.
81.
Por otro lado, expuso que la sentencia cuestionada desconoció el precedente
fijado por la Corte Constitucional en la providencia T-310 de 2003, en la cual se
establece que: «La función de registrar, actualizar y cancelar órdenes de captura es
una obligación del Estado a través de la Rama Judicial, que debe comunicar
oportunamente las decisiones».
82. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela
(sentencia del 10 de julio de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca efectuó una relación de los hechos de acuerdo con las piezas
procesales obrantes en el expediente del proceso penal que se le siguió al señor
Anderson Murillo Hurtado.
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83. En este sentido, el Tribunal accionado puso de presente que el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, ante la solicitud de libertad
promovida por el señor Murillo Hurtado, profirió providencia el 7 de noviembre de
2008, mediante la cual se decretó «la libertad inmediata e incondicional» del
implicado.
84. De igual manera, la autoridad judicial accionada examinó el contenido de la
sentencia del 20 de mayo de 2010, proferida por el referido juzgado, en la cual se
dispuso absolver de los cargos al homónimo del hoy tutelante, esto es, el señor
Anderson Murillo Hurtado, quien pese a no tener documento de identidad, fue
individualizado como: «[…] hijo de FRANCY MURILLO y LIBIA HURTADO, nacido
el 20 de marzo de 1984 en Juradó Chocó, estado civil soltero, grado de escolaridad
tercero bachillerato, […] estatura 1.60 mts, piel negra, cabello ensortijado negro, […]
ojos medianos […]».
85. La providencia objeto de tutela, también destacó que la anterior decisión fue
revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión
Penal, a través de providencia del 29 de julio de 2011, en el sentido de condenar al
referido Anderson Murillo Hurtado, como coautor de las conductas punibles de
concierto para delinquir y hurto de hidrocarburos.
86. Asimismo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca destacó que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión Penal, mediante
auto del 10 de octubre de 2011, ordenó a la Secretaría de la corporación expedir los
oficios correspondientes para informar la cancelación de las órdenes de captura
vigentes en contra de Anderson Hurtado Murillo, quien, pese a haber sido
desvinculado del trámite judicial, continuaba con una orden de aprehensión en su
contra.
87. Además, la corporación judicial accionada valoró el contenido del oficio 775
del 20 de octubre de 2011, expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, con el cual constató que la referida autoridad penal, a través de dicho
documento les solicitó a las autoridades de policía judicial «CTI, DAS, DIJIN, Policía
Nacional y Centro De Sistemas de Fiscalía Seccionales» la cancelación de la orden
de captura que obraba en contra del Anderson Murillo Hurtado.
88. Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca verificó en
el acta del 7 de septiembre de 2013 y la boleta de encarcelación núm. 584 del 9 de
septiembre de 2013, que el señor Anderson Murillo Hurtado fue nuevamente
detenido.
89. A partir de este contexto probatorio, la autoridad judicial accionada advirtió
que en el expediente de reparación directa estaba demostrado que el señor
Anderson Murillo Hurtado fue capturado en dos ocasiones, por estar, en un principio,
vinculado a una investigación relacionada con los delitos de concierto para delinquir
y hurto de hidrocarburos. En dichos momentos, «las autoridades no se percataron
de realizar una correcta identificación e individualización, que les permitiera verificar
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que la persona aprendida era realmente la persona involucrada en el proceso penal,
quien en todo el curso de este aparecía como indocumentada».
90. En este orden, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que el
señor Murillo Hurtado, estuvo privado de la libertad durante los siguientes periodos,
del 13 de octubre al 11 de noviembre de 2008, por orden proferida por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga y, del 7 al 10 de septiembre de
2013. De manera que, a juicio de la autoridad judicial, se demostró el daño causado
al demandante.
91. Con base en lo anterior, el Tribunal accionado consideró que las pretensiones
frente a la privación de la libertad ocurrida entre el 13 de octubre de 2008 y el 11 de
noviembre de 2008, había operado la figura de la caducidad, debido a que la
solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 27 de marzo de 2014. No
obstante, con relación a los hechos y peticiones relacionados por la captura que se
presentó el 7 de septiembre de 2013, la demanda se habría interpuesto
oportunamente, dentro del término estipulado en el artículo 164 del CPACA.
92. En este orden, la corporación judicial accionada analizó la procedencia de los
perjuicios reclamados por el accionante, en los siguientes términos:
Pese a lo anterior, para la Sala los perjuicios causados con esta última detención no
resultarían atribuibles a las entidades aquí demandadas, como quiera que existe
prueba que la orden de captura emitida en contra del señor ANDERSON HURTADO
MURILLO, fue debidamente cancelada por parte del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga – Sala Penal, mediante providencia del 10 de octubre de 2011,
librándose los oficios correspondientes a CTI, DAS, DIJIN, POLICIA NACIONAL y
CENTRO DE SISTEMAS DE FISCALIA SECCIONALES.
De acuerdo con el artículo 350 de la Ley 600 de 2000, norma aplicada al proceso
penal en debate, autoridad judicial tiene la obligación de comunicar a los organismos
de policía judicial la cancelación de las órdenes de captura:
ARTICULO 350. ORDEN ESCRITA DE CAPTURA. La orden de captura deberá
contener los datos necesarios para la identificación o individualización del
imputado y el motivo de la captura.
Proferida la orden de captura, el funcionario judicial enviará copia a la dirección
de fiscalía correspondiente y a los organismos de policía judicial para que se
registren y almacenen los datos. A su vez, la dirección de fiscalía
respectiva informará al sistema central que lleve la Fiscalía General de la
Nación.
De igual forma debe darse la comunicación cuando por cualquier motivo pierda
su vigencia, para así descargarla de los archivos de cada organismo.
Sobre el alcance de esta función, la Corte Constitucional41 dijo:
41
Sentencia T310/03
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De todo lo anterior se deduce que le corresponde a la Fiscalía General de la
Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a la Dirección
Central de Policía Judicial -DIJIN-, directamente y por intermedio de sus
dependencias seccionales, cumplir de acuerdo a la normatividad reseñada, la
función de llevar de manera organizada y armónica, el registro sobre órdenes
de captura y antecedentes judiciales y hacer las cancelaciones respectivas,
previa orden judicial. Así mismo, tienen la obligación de hacer uso de todos los
instrumentos legales que permitan el cumplimiento a cabalidad de esta función,
celebrar convenios entre las mismas, a fin de procurar la constante
actualización de la información que reposa en sus bases de datos.
No obstante, como se ha venido sosteniendo, a pesar de que estas tres
entidades cuentan con mecanismos legales suficientes que les autorizan para
obtener de diferentes fuentes la información que deben recolectar y registrar, la
ley procesal penal obliga a las autoridades judiciales competentes, jueces y
fiscales, a comunicar la expedición de las órdenes de captura, su cancelación y
demás decisiones susceptibles de ser registradas como anotación o
antecedente penal.
[…]
93. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que, para el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, la detención a la que fue sometido el señor Anderson Murillo
Hurtado entre el 7 y el 10 de septiembre de 2013 no resultaba atribuible a las
entidades demandadas, en la medida en que la parte actora no demostró que los
despachos de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación hubiesen sido
los causantes de la referida captura.
94. En efecto, a juicio de la autoridad judicial accionada, existía prueba de que la
orden de captura emitida en contra del señor Anderson Hurtado Murillo había sido
debidamente cancelada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala
Penal, mediante providencia del 10 de octubre de 2011. Asimismo, el 20 de octubre
de 2011 se expidió el oficio respectivo dirigido a las autoridades de policía judicial
(CTI, DAS, DIJIN, Policía Nacional y Centro de Sistemas de Fiscalía Seccionales).
Es decir, dicha cancelación ocurrió con anterioridad al hecho dañoso alegado por el
demandante.
95. En atención a lo expuesto, el Tribunal concluyó que la actualización de las
bases de datos es una función que debe articularse entre las distintas entidades de
policía judicial, las cuales no fueron llamadas a responder en el proceso de
reparación directa. Por tal razón, no era posible acceder a la prosperidad de las
pretensiones del accionante.
96. En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de tutela
desarrolló un análisis apropiado de las circunstancias y los hechos que dieron lugar
a la privación de la libertad del accionante, lo cual le permitió evidenciar que las
pretensiones indemnizatorias relacionadas con por el periodo de entre el 13 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2008 no podían estudiarse de fondo,
debido a que había operado la figura de la caducidad.
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97. Así pues, se tiene que la autoridad accionada centró el análisis de la
demanda en la reclamación formulada por el actor por el daño alegado con ocasión
del tiempo en que estuvo privado de la libertad entre el 7 y el 10 de septiembre de
2013. Frente a ello, efectuó una valoración integral de las decisiones y de los oficios
expedidos en el proceso penal, a partir de lo cual concluyó que no era posible
imputar responsabilidad a las entidades demandadas, en tanto estaba demostrado
que, con anterioridad al hecho dañoso, las autoridades judiciales habían adoptado
las decisiones pertinentes para garantizar la libertad del actor.
98. En concreto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió, de manera
acertada, que no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda, dado
que se demostró que las autoridades de policía judicial encargadas de la
actualización de las bases de datos, cuya circunstancia que eventualmente pudo
dar lugar a la causación del menoscabo, no fueron demandadas en el asunto
estudiado, aun cuando el daño alegado por la parte actora se encontraba
acreditado.
99. Contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la autoridad
accionada haya realizado una valoración defectuosa de las pruebas aportadas al
proceso ordinario, pues resulta evidente que examinó el contenido de la demanda,
y sus anexos para precisar que existían elementos de juicio que no permitían
atribuirle una responsabilidad a las autoridades demandadas.
100. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»42.
101.
En atención a lo anterior, se observa que la autoridad accionada realizó un
análisis adecuado de los elementos probatorios allegados al expediente de
reparación directa, por lo que no es posible colegir que la decisión cuestionada
efectuó una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas obrantes en la
actuación judicial, que constituya un defecto fáctico, como lo plantea la parte
accionante.
102. Adicionalmente, se advierte que el Tribunal se apoyó en el artículo 350 de la
Ley 600 de 2000 para referirse a los requisitos formales de la orden de captura y
precisar el procedimiento mediante el cual estas decisiones se hacen efectivas y se
cancelan. En ese sentido, resaltó que dicha norma establece que «[…] el
funcionario judicial enviará copia a la dirección de fiscalía correspondiente y a los
organismos de policía judicial para que se registren y almacenen los datos. […] De
igual forma debe darse la comunicación cuando por cualquier motivo pierda su
42
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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vigencia, para así descargarla de los archivos de cada organismo».
103. De igual manera, conviene destacar que la providencia objeto de tutela se
sustentó en el contenido de la sentencia T-301 de 2003, proferida por la Corte
Constitucional, para definir el alcance del artículo 350 de la Ley 600 de 2000. En
dicha línea, se indicó que corresponde a los organismos de policía judicial,
directamente y por intermedio de sus dependencias seccionales, cumplir la función
de llevar de manera organizada y armónica el registro de las órdenes de captura y
de los antecedentes judiciales, así como efectuar las cancelaciones respectivas,
previa orden judicial.
104. Por lo expuesto, la Sala advierte que la accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
105. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
106. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis
arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de
tutela.
107.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 30 de enero de 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su
lugar, se negará el amparo de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07721-01 (2620)
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Falla:
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para conocer la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en esta providencia. En consecuencia, queda separado
del trámite constitucional.
Segundo: Modificar la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía
General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
conforme las razones expuestas en esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Anderson Murillo Hurtado
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Con impedimento
Jorge Edison Portocarrero Banguera
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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