Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07721-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: ANDERSON MURILLO HURTADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia. Improcedencia por no superar el requisito de
relevancia constitucional. Se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, Anderson Murillo Hurtado formuló acción de tutela
contra la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que puso fin, en sede de segunda instancia, al proceso de
reparación directa identificado con el número 76111-33-33-001-2014-00312-01. Lo
anterior con base en los siguientes fundamentos fácticos.
Antecedentes del proceso de reparación directa
2. Del escrito de tutela y sus anexos se desprenden los siguientes antecedentes.
3. En el año 2006, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal contra
una persona que se identificaba como Anderson Murillo Hurtado, homónimo del
tutelante. Resultado de ello, el actor fue equivocadamente capturado y estuvo
restringido de la libertad entre el 15 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de
2008. Mediante providencia del 8 de noviembre de 2008, el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga resolvió la solicitud de libertad
presentada por el demandante, aclarando que el señor Anderson Murillo Hurtado,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.028.500.415, no es la misma persona
que se encuentra vinculada en el proceso y decretó su libertad inmediata.
4. A pesar de que dentro del proceso penal se había reconocido la homónima entre
el tutelante y otra persona, el actor fue nuevamente capturado entre el 7 de
septiembre de 2013 y puesto en libertad el 10 de septiembre siguiente, puesto que
estaban vigentes órdenes de captura. En criterio del actor, la negligencia del
desarrollo del proceso penal, puntualmente, que se haya librado una orden de
captura contra una persona que no fue adecuadamente individualizada e
identificada ocasionó en el actor, además de la privación injusta de la libertad,
afectación a su derecho al buen nombre y honra e imposibilidad de vincularse
laboralmente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
5. El daño antijurídico se concentró en señalar que, a pesar de que, desde el año
2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buga se percató de Anderson Murillo
Hurtado (identificado con C.C. 1028600415) no era la misma persona vinculada al
proceso penal, quien tenía el mismo nombre, pero se relacionaba como
indocumentada, y que mediante providencia del 10 de octubre de 2011, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal, había ordenado que se realizaran
las cancelaciones de captura, este fue nuevamente capturado el 7 de septiembre
de 2013.
6. Demandó a la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación-Consejo
Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por la
anterior situación.
7. En sede de primera instancia, en sentencia del 15 de marzo de 2018, el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga accedió parcialmente a las
pretensiones. En primer lugar, declaró la caducidad del derecho de acción en
relación con la privación de la libertad que se produjo en 2008. No obstante,
respecto a la privación de la libertad que se produjo en el año 2013, estimó que la
demanda de reparación directa se ejerció de manera oportuna. Respecto a este
evento, la providencia examinó los hechos desde la perspectiva de la falla en el
servicio, y verificó que la misma sí se presentó, era imputable a las entidades
demandas y se relacionaban causalmente con el daño antijurídico, pues se libró una
orden de captura con una incorrecta individualización e identificación de la persona.
La providencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda e indemnizó
el daño causado a bienes constitucionalmente protegidos.
8. La providencia fue apelada por las dos partes. En providencia de 10 de julio de
2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones. La autoridad judicial estimó que las pretensiones
relacionadas con la privación de la libertad que había ocurrido entre el 13 de octubre
de 2008 y el 11 de noviembre del mismo año estaban caducas, pues la solicitud de
conciliación se presentó el 27 de marzo de 2014, fuera del término bienal previsto
en la ley 1437 de 2011. Situación contraria respecto de la privación de la libertad
que ocurrió en septiembre de 2013.
9. En relación con esa situación se concluyó que la demanda sí se ejerció
oportunamente y existió el daño antijurídico, no obstante se determinó que el mismo
no era atribuible a las entidades demandadas, “como quiera que existe prueba que
la orden de captura emitida en contra del señor ANDERSON HURTADO MURILLO,
fue debidamente cancelada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga – Sala Penal, mediante providencia del 10 de octubre de 2011, librándose
los oficios correspondientes a CTI, DAS, DIJIN, POLICIA NACIONAL y CENTRO
DE SISTEMAS DE FISCALIA SECCIONALES”. Se determinó:
“Conforme lo anterior y dado que en el presente asunto se encuentra
comprobado que las órdenes de captura fueron debidamente canceladas por la
autoridad judicial competente, el daño causado por la privación de la libertad del
demandante no podría ser imputable a las entidades aquí demandadas, pues
conforme lo dicho anteriormente, la actualización de las bases de datos, es una
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
función que debe ser articulada entre las diferentes entidades de policía judicial,
que no fueron llamadas a responder en el presente proceso”.
10. En definitiva, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que, la
entidad que había incurrido en la falla en el servicio eran las autoridades de policía
y no la rama judicial ni la fiscalía general de la nación, y puesto que las autoridades
de policía no fueron demandadas, correspondía revocar la sentencia de primera
instancia y denegar las pretensiones.
Fundamento del escrito de amparo
11. En el escrito se afirma que la providencia de segunda instancia incurrió en los
defectos de desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional,
puntualmente de la Sentencia T-310 de 2003 y violación directa de la Carta Política.
12. Para el actor, en la sentencia de la Corte Constitucional invocada, se explica
que las autoridades judiciales tienen responsabilidades de verificar ante las policías
judiciales que se efectivicen adecuadamente las decisiones judiciales de
cancelación de órdenes de captura. En criterio del tutelante, la decisión judicial
cuestionada se equivocó, pues no verificó que las autoridades judiciales debían
revisar si las otras entidades como la Policía, cumpla de manera efectiva sus
órdenes, “es decir, son garantes de función registral las órdenes de captura”1.
13. La violación directa de la Constitución se presentó, puesto que se desconoció el
contenido del artículo 2 Superior que señala que las autoridades públicas están
instituidas para proteger a las personas, y en el caso del actor, al contrario, sin
justificación “se le vulnero (sic) el principio de confianza legitima”. Adicionalmente,
mencionó la configuración de un defecto fáctico, ya que se presentó una omisión
determinante y un defecto sustantivo por irrazonable interpretación del artículo 350
del CPP (Ley 600 de 2000). Adicionalmente, se mencionó un defecto por error
inducido, el cual consistió en que “el Tribunal dio por cierta la cancelación de la
orden de captura basándose únicamente en: La existencia de oficios enviados en
2011. Pero ignoró hechos posteriores que demostraban la ineficacia de dichos
oficios, donde La Corte Constitucional ha dicho que existe error inducido cuando:
Un juez toma decisiones apoyado en información incompleta o errónea”.
Trámite de la acción de tutela.
14. Una vez admitida la acción de tutela, se vinculó al trámite a la entidad accionada,
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, a la Nación-Rama Judicial,
al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración
judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio público y a Patricia
Mosquera Palacios, Juana María Hurtado Luna, Deydis Antonio Hurtado Luna,
Carlos Andrés Murillo Hurtado, Dagny Hurtado Luna, Herlyn Hurtado Luna y a los
demás intervinientes dentro del medio de control de reparación directa radicado
núm. 76111-33-33-001-2014-00312-01.
1
Folio 5 del escrito de tutela.
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Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
15. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 indicó
que el escrito de tutela busca reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción
excediendo el alcance constitucional y excepcional del amparo. La tutela pretende
convertir el trámite de la referencia en una tercera instancia motivo por el cual se
solicitó que se declare improcedente.
16. La asistente legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3
intervino con el fin de solicitar que se declare improcedente el amparo en relación
con dicha autoridad, esto por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.
En todo caso solicitó que se niegue el amparo por no existir vulneración alguna a
un derecho fundamental.
17. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga4 puso a disposición
del trámite constitucional el expediente digital del proceso ordinario.
18. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación5 solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.
CONSIDERACIONES
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
20. En el asunto de la referencia, la Sala debe establecer si la acción de tutela es
formalmente procedente, puesto que se trata de una acción constitucional ejercida
contra una providencia de segunda instancia proferida dentro de un proceso de
reparación directa por una supuesta privación injusta de la libertad de una persona
que fue víctima de un caso de homonimia, y la orden de captura, a pesar de haber
sido cancelada por las autoridades judiciales, no fue adecuadamente tramitada por
las instancias de policía judicial, motivo por el cual, el actor fue capturado a pesar
de haber sido desvinculado del proceso penal. En caso de concluir que la tutela es
formalmente procedente, se formulará el problema jurídico de fondo. En segundo
lugar, se estudiará la procedibilidad formal en el caso concreto.
2
Índice samai 13.
3
Índice samai 9.
4
Índice Samai 10. En el índice samai 12 se allegó copia de la notificación que realizó el juzgado
primero administrativo del circuito a todos los sujetos procesales dentro del proceso de reparación
directa.
5
Índice samai 14.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
21. Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto, en primer lugar, se
reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.
22. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 20056, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
23. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
24. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales13.
25. En las sentencias SU-033 de 201814, SU-128 de 202115 y la SU-215 de 202216,
la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela es improcedente cuando
es utilizada para cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de
índole legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial
ordinario y es utilizada como una tercera instancia para reabrir debates probatorios
ya precluidos17. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
26. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.
27. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
28. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.
Análisis de procedencia formal en el caso concreto
29. En el sublite, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. En primer lugar, el actor presentó
argumentos que buscan reabrir un debate sustantivo y adjetivo que se produjo
dentro de las dos instancias del proceso contencioso administrativo. En efecto, en
la actuación judicial identificada con radicado el 76111-33-33-001-2014-00312-01,
se estudió qué autoridad pública incurrió en la falla en el servicio que llevó a que el
actor fuese privado de la libertad equivocadamente por cuenta de la homonimia.
13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
14 M.P. Alberto Rojas Ríos.
15 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
16 M.P. Natalia Ángel Cabo
17 SU-128 de 2021.
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
30. Se trata de un asunto que se surtió en el marco de las dos instancias del
proceso, motivo por el cual, el actor, en su escrito de tutela, se limita a plantear una
discrepancia de criterio con el fallo atacado. El tutelante muestra una valoración
diferente, pero ello no significa que esto tenga el alcance de plantear un debate de
índole constitucional. El accionante señaló una interpretación alternativa a la que
adoptó el tribunal accionado y que le es favorable a sus pretensiones, pero sin
mostrar las razones constitucionales por las cuales, la decisión judicial cuestionada
es contraria a la Carta de 1991.
31. El actor únicamente cuestiona que, en virtud de una sentencia de tutela de la
Corte Constitucional, en su criterio, la Rama Judicial es titular de un deber
constitucional de garantizar que la policía judicial cumpla sus órdenes, motivo por el
cual, en el caso concreto, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca debía concluir que la Nación-Rama Judicial era responsable por la
falla en el servicio que llevó a la privación de la libertad que vivió en septiembre de
2013. Este argumento no tiene relevancia constitucional, puesto que ello fue
discutido dentro del proceso judicial, no implica directamente la vulneración de un
parámetro constitucional y, por el contrario, a criterio de esta Sala, utiliza esta acción
de amparo como una instancia adicional para presentar una discrepancia de criterio
con la decisión judicial que le fue adversa.
32. Este aspecto fue adecuadamente abordado en la sentencia atacada, pues el
Tribunal accionado explicó las razones por las cuales, no resultaba jurídicamente
posible imputar el daño antijurídico a la Nación-Rama Judicial y los límites de sus
obligaciones respecto a la cancelación de la orden de captura, además de las
razones por las cuales, debió ser demandada la autoridad de policía judicial que no
actualizó sus bases de datos respecto de órdenes de captura vigentes. El reclamo
que el tutelante hace en sede constitucional, fue adecuadamente examinado y
resuelto en la sentencia cuestionada.
33. Adicional a lo anterior, respecto a la identificación de las causales específicas
de procedencia formal, el actor enuncia algunos de ellos, tales como el defecto de
desconocimiento del precedente, defecto fáctico, sustantivo, o de violación directa
a la constitución. Sin embargo, el tutelante no explica de manera, al menos somera,
la manera en la que la providencia censurada incurrió en los mencionados yerros.
Se limita, además de enunciar los defectos, a plantear, en torno a cada uno de ellos,
sus propias interpretaciones o discrepancias de criterio con el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En esa medida, las afirmaciones del peticionario
son genéricas, globales, indeterminadas y de naturaleza infraconstitucional, propias
de un proceso judicial ordinario, sin que evidencien que la decisión atacada plantea
una eventual vulneración con una garantía constitucional.
34. Resulta de especial relevancia que, el actor deriva una obligación de las
autoridades judiciales en relación con la actualización de las bases de datos de las
órdenes de captura en cabeza de las autoridades de policía judicial, a partir de su
propia hermenéutica de una norma procesal penal contenida en la Ley 600 de 2000,
código vigente para el momento de los hechos. Esta argumentación, evidentemente,
es de rango legal y no plantea una discusión propia de una acción de tutela.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07721-00
Accionante: Anderson Murillo Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
35. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela se utiliza como instancia
adicional para reabrir una discusión procesalmente estudiada en dos instancias del
proceso ordinario de reparación directa. Puesto que el escrito de tutela planea una
diferencia de criterio con las providencias cuestionadas, utiliza la acción de tutela
como una instancia adicional para insistir en los argumentos que fueron estudiados
y descartados en las instancias, y dado que, no muestra las razones
constitucionales por las cuales, el fallo censurado es contrario a los mandatos de la
carta política de 1991 se declarará improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Anderson Murillo Hurtado por las razones contenidas en la providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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