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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07369-01

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07369-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07369-01 (2725)
Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: ausencia de responsabilidad del Estado, culpa de
las víctimas. Subtema 3: defecto fáctico

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Huberney Ortiz Torres y otros contra la sentencia
del 5 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

1. Síntesis del caso

Los señores Huberney Ortiz Torres, Elida González González y otros1, por conducto
de apoderado, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a los que denominaron «[…] culturales,
territoriales y de subsistencia de las comunidades afrodescendientes[…]», que
consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del expediente de
reparación directa identificado con el radicado núm. 19001-33-33-005-2016-00243-
01.

1 De acuerdo con el escrito de tutela, la parte accionante se conforma por las siguientes personas: Huberney

Ortiz Torres, Elida González González en nombre propio y en representación de sus hijos menores V.S.O.G. y
Y.O.G., Ernestina Torres Lucumí, María Derly Ortiz Torres, Ana Berleny Ortiz Torres, María Nemis Ortiz Torres,
José Leiber Ortiz Torres, Ana Julia Lucumí de Torres, Angelina Ortiz Carabalí, José Lewinson Ortiz Carabalí,
María Olfani Carabalí Carabalí, Angy Liceth Lucumí Carabalí, Luz Dalia Nazarith, Lina Marcela Nazarith Antero,
Aureliano González Carabalí, José Heiro González, Narvei González González, Enilsa González González,
Edier González González, Romalsy González González, Paulina González y Ana Jesús González.
Se conserva la reserva de la identidad de los menores que acudieron a este mecanismo constitucional, como
una medida de protección de los derechos de los niños. Al respecto, se tiene la sentencia T-566 de 2023 de la
Corte Constitucional.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07369-01 (2725)
Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. Los señores Huberney Ortiz Torres y José Liber González, el 30 de abril de
2014, se encontraban realizando labores como «[…] barequeros […]» en la mina
ilegal de extracción de oro denominada «[…] El Palmar […]» ubicada en el municipio
de Santander de Quilichao, cuando de manera repentina fueron sepultados por un
alud de tierra que le ocasionó lesiones a Huberney Ortiz Torres y la muerte a José
Liber González.

3. Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra el Ejército
Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Fiscalía General
de la Nación, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional
del Cauca y el municipio de Santander de Quilichao, para que se declararan
administrativamente responsables por los perjuicios morales y materiales
ocasionados por las lesiones que padeció Huberney Ortiz Torres y la muerte de
José Liber González.

4. El Juzgado Segundo Administrativo de Popayán, a través de providencia del 6
de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte
actora no demostró que el daño fuera atribuible a las demandadas, pues, ello se
produjo mientras las víctimas realizaban una actividad ilegal, como es la extracción
de oro sin contar con los permisos respectivos. De modo, que el menoscabo era
atribuible a los sujetos afectados. Contra dicha decisión la parte actora presentó
recurso de apelación.

5. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 8 de mayo de
2025, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que en el presente
asunto se configuró culpa exclusiva de la víctima en el hecho que ocasionó el daño
alegado por la parte demandante.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

3.1. Declarar la configuración de defecto fáctico en el que incurrió el Tribunal
Administrativo del Cauca al expedir la sentencia de segunda instancia nro. 084 del 8
de mayo de 2025, notificada el 20 de mayo de 2025.

3.2. Tutelar los derechos fundamentales de la parte accionante.

2
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759D3FF5AB0D794F 3782E7BDC2D5FE8E.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07369-01 (2725)
Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

3.3. Dejar sin efectos la sentencia núm. 084 del 8 de mayo de 2025, notificada el 20 de
mayo de 2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

3.4. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca para que, en un término
improrrogable de 15 días posteriores a la notificación del fallo de tutela, expida una
nueva sentencia de segunda instancia conforme a las indicaciones del juez
constitucional en materia de acción de tutela.

3.5. Vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a las demás entidades demandadas en el
proceso de instancia. […]3.

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
decisión objeto de tutela incurrió en un defecto fáctico porque realizó una valoración
defectuosa de las piezas procesales allegadas al proceso de reparación directa,
pues consideró que las entidades demandadas cumplieron sus deberes legales y
reglamentarios, sin tener en cuenta que no existía prueba de las actuaciones
desarrolladas en contra de la minería ilegal en el sector de «El Palmar» del municipio
de Santander de Quilichao (Cauca), con anterioridad al 30 de abril de 2014.

8. En este sentido, explicó que la autoridad judicial desconoció que los
documentos obrantes en el proceso evidencian que la Policía Nacional no adelantó
gestión alguna dirigida a prevenir y suspender las actividades mineras ilegales en
el lugar de los hechos, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por el
municipio de Santander de Quilichao, la Corporación Autónoma Regional del Cauca,
la Agencia Nacional de Minería y la información de inteligencia de las autoridades
de policía que confirmaban la explotación ilícita a gran escala en la zona.

9. Resaltó que el estudio probatorio efectuado por la autoridad accionada solo
demostraba que las actuaciones de la Policía Nacional correspondían a operaciones
posteriores al 30 de abril de 2014 y no a controles previos al hecho dañoso, lo que,
a su juicio, configuraba una falla en el servicio por omisión.

10. Así pues, para la parte actora, en el proceso ordinario se demostró que las
entidades administrativas y de policía no cumplieron sus deberes legales, conforme
lo dispuesto en la Ley 685 de 2001 y en el Decreto 1035 de 2014, lo que contribuyó
de manera determinante en el resultado dañoso del 30 de abril de 2014.

11.
Adicionalmente, afirmó que la providencia cuestionada efectuó un estudio
indebido de los testimonios de los señores Juan Ibarra, Huberney Ortiz, Bibiana
Caicedo Solís y Lina María Carabalí, con los cuales se demostraba que las víctimas
ejercían la labor de barequeo ancestral y, que ,«[…] si bien se mencionó la presencia
de maquinaria pesada en la zona, quedó demostrado que la misma no pertenecía
a los demandantes ni a los barequeros, quienes trabajaban con herramientas
rudimentarias tradicionales», como pala, barra, almocafre y batea.

12. Asimismo, expuso que la sentencia objeto de tutela no realizó una adecuada
valoración de las declaraciones del alcalde del municipio de Santander de Quilichao,

3
Se transcribe incluso con errores
3

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Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

del secretario general de la entidad territorial ni del gobernador del Cauca en las
que se manifestó que la vereda «El Palmar» es una zona de gran explotación
aurífera en donde se desarrolla minería ancestral y en el que actúan grupos
armados al margen de la ley, que ejecutan esta actividad de manera ilegal.

13. Finalmente indicó que el Tribunal accionado desestimó el contexto estructural,
territorial y étnico en el que ocurrieron los hechos, y desconoció que el riesgo no fue
creado por las víctimas, sino por la actividad mecanizada a gran escala y por la
omisión de las autoridades encargadas de suspenderla, por lo que no era
procedente concluir que el daño fue causado de forma exclusiva por estas.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto del 18 de diciembre de 20254, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación al Tribunal Administrativo del Cauca y, puso en conocimiento el escrito
de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía
Nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Agencia Nacional de Minería, a la Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC), al municipio de Santander de Quilichao y al Juzgado Segundo Administrativo
de Popayán, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional5 solicitó que se nieguen las
pretensiones de los tutelantes, porque en la providencia cuestionada se efectuó un
análisis adecuado de los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia
aplicable al concluir que las víctimas tuvieron injerencia directa en el daño
ocasionado. De modo que no se advierte ninguna irregularidad procesal o sustancial
que amerite la intervención del juez de tutela.

16. La Fiscalía General de la Nación6 manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela está dirigida a cuestionar una
providencia judicial adoptada en un proceso de reparación directa, en cuya
expedición no tuvo injerencia alguna, por lo que no existe una relación de causalidad
con sus funciones que permita atribuirle una responsabilidad en los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su desvinculación.

17. Además, advirtió que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues los argumentos de la tutela están dirigidos a insistir
en el debate legal y probatorio que se surtió al interior del proceso ordinario.

4
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5
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6
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4

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Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

18. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional7 solicitó que se niegue el
amparo de tutela, porque la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, en tanto realizó un análisis adecuado
y razonable de los elementos probatorios aportados al expediente de reparación
directa, por lo que no es posible identificar una actuación arbitraria de la autoridad
judicial accionada.

19. El Juzgado Segundo Administrativo de Popayán8 requirió que se declare
improcedente el amparo constitucional, por cuanto la parte tutelante no acreditó la
configuración de alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales.

20.
La Agencia Nacional de Minería, ANM9 afirmó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que los argumentos de la tutela están dirigidos a
cuestionar una actuación judicial, en la cual la entidad no tuvo participación alguna,
por lo que no se observa un hecho concreto que involucre una acción u omisión de
esta.

21. Adicionalmente, expuso que la solicitud de amparo tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues no es posible inferir una actuación que amenace o
vulnere gravemente los derechos invocados por los tutelantes.

22. Los demás sujetos procesales vinculados al trámite constitucional guardaron
silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

23. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 5 de febrero de
202610, negó la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y de
la Agencia Nacional de Minería y declaró improcedente la tutela al considerar que
no cumplía con el requisito de relevancia constitucional.

24.
Al respecto, precisó que, si bien la parte actora adujo que le fueron
desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no demostró que la
providencia controvertida haya incurrido en una arbitrariedad judicial que requiera
la intervención del juez de tutela.

25.
Resaltó que la sentencia cuestionada valoró las pruebas recaudadas en el
proceso, lo que le permitió concluir que los señores José Liber González y Huberney
Ortiz Torres decidieron trasladarse de manera voluntaria al municipio de Santander
de Quilichao para dedicarse a la extracción de oro de manera ilegal.

7
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8
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9
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10
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5

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Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

26. En este sentido, explicó que, de conformidad con los principios de libre
apreciación de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230
de la Constitución Política), los jueces gozan de facultades para valorar las pruebas
dentro del proceso. Que el juez natural es a quien le corresponde determinar el
estudiar cada elemento probatorio, bajo las reglas de la sana crítica, por lo que no
se puede en sede de tutela efectuar dicho análisis.

27. Por lo anterior, consideró que la posibilidad de cuestionar una providencia
judicial por una inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida
cuando la decisión contenga graves errores, que desconozcan los respectivos
principios procesales.

28. En el caso bajo estudio, la parte tutelante pretende utilizar la tutela como una
tercera instancia, pues se limitó a plantear un descontento con la interpretación de
las pruebas que efectuó el Tribunal accionado sin proponer un argumento de orden
constitucional.

2.6. Impugnación

29. La parte actora presentó impugnación11 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera. En su escrito, afirmó que el asunto tiene relevancia
constitucional, por cuanto los argumentos de la tutela exigen que el juez
constitucional se pronuncie sobre los parámetros para una valoración racional,
integral y objetiva de la prueba, así como el deber de motivación suficiente, que
garantice el derecho al debido proceso de las partes en litigio.

30. Insistió en los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, especialmente,
los relacionados con la indebida interpretación que el Tribunal accionado le otorgó
a los documentos y a los testimonios aportados al proceso ordinario, con los que
dio por acreditado que las entidades estatales cumplieron con sus deberes de
control frente a la minería ilegal en la vereda «El Palmar», sin tener el debido
sustento probatorio.

31. Destacó que, si bien los jueces cuentan con un amplio margen de apreciación
probatoria, lo cierto es que esta labor se debe restringir a verificar la realidad para
evitar construcciones subjetivas, que puedan despojar de eficacia el principio de
sana crítica y vulnerar directamente el derecho fundamental al debido proceso.

32. Finalmente, indicó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las
comunidades afrocolombianas son sujetos de especial protección constitucional, lo
cual impone al juez de tutela el deber de flexibilizar el análisis del requisito de
relevancia constitucional.

11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07369-00, índice 31, certificado BEB0270A029568E1 C8F0E8747A8836EC
C0864AB0A82D26A5 941AC419607E28BE.
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Accionantes: Huberney Ortiz Torres y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

33. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y,
en su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 5 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa por activa de los señores Huberney Ortiz Torres,
Elida González González y los demás accionantes está acreditada, porque fueron
los demandantes en el proceso de reparación directa en el que fue expedida la
providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

36. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de estudio.

37. Por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación y la Agencia
Nacional de Minería solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban
llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

38. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades participaron como sujetos demandados dentro del
proceso ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se confirmará la decisión del a quo en tal sentido.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional13.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

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40.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

42. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución15.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

43.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

44.
Así pues, la Corte Constitucional17 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal

14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

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y/o económico»18 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»19;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

45. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

46. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

47. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
fue notificada el 22 de mayo siguiente20, y la demanda de tutela se presentó el 21
de noviembre de 202521, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.

48. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

49.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

50.De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con la causal del defecto fáctico y, en ese

18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20
Samai, exp. 19001-33-33-005-2016-00243-01, índice 15.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07369-00, índice 1.
22
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9

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orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Cauca
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Huberney Ortiz Torres, Elida
González González y los demás accionantes, e incurrió en un defecto fáctico, al
proferir la sentencia del 8 de mayo de 2025, mediante la cual confirmó la providencia
del 6 de junio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán,
que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la
parte tutelante?.

52.Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

53. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

54. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.

55. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente

24
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 28.

56. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»30.

57.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.

3.5. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, el señor Huberney Ortiz Torres y su grupo familiar
presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, el
Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y otros, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte de
José Liber González y las lesiones sufridas por Huberney Ortiz Torres, ocurridas el
30 de abril de 2014, por el colapso de la mina denominada «El Palmar», ubicada
en el municipio de Santander de Quilichao.

59. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán,
mediante providencia del 6 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca emitió providencia

28
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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el 8 de mayo de 2025 en la que confirmó el fallo de primera instancia.

60. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia objeto de tutela, incurrió en defecto fáctico porque
realizó una valoración defectuosa de las piezas procesales del expediente del
proceso de reparación directa, debido a que reconoció el cumplimiento de los
deberes legales por parte de las entidades demandadas sin contar con pruebas que
demostraran las acciones contra la minería ilegal en el sector «El Palmar» antes del
30 de abril de 2014.

61. Asimismo, refirió que los documentos aportados al plenario daban cuenta que
las entidades administrativas y de policía no cumplieron con sus obligaciones
legales previstas en la Ley 685 de 2001 y el Decreto 1035 de 2014, pues solo
actuaron después del hecho dañoso, lo que evidenciaba una omisión del servicio,
que contribuyó al resultado perjudicial para la parte demandante.

62. Además, afirmó que el Tribunal realizó una valoración indebida de los
testimonios y declaraciones e ignoró el contexto estructural, territorial y étnico, y el
hecho de que el riesgo fue generado por la actividad mecanizada y la omisión de
las autoridades, por lo que no era posible atribuirle una responsabilidad a las
víctimas, quienes se encontraban ejerciendo una labor de barequeo ancestral con
herramientas rudimentarias tradicionales, como pala, barra, almocafre y batea.

63. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 8 de mayo de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo del Cauca
desarrolló un análisis de las circunstancias en las que se produjo el hecho que causó
el fallecimiento del señor José Liber González y las lesiones de Huberney Ortiz
Torres, con el fin de establecer el nexo de causalidad entre el daño y la actividad de
las entidades demandadas.

64.De esta manera, la autoridad accionada valoró el contenido de los siguientes
documentos:

i) El oficio del 14 de marzo de 2013, expedido por el secretario de gobierno del
municipio de Santander de Quilichao.

ii) El Decreto 041 de 9 de abril de 2013, por medio del cual el municipio de
Santander de Quilichao ordenó la suspensión de la extracción de minerales
mediante el sistema de barequeo en toda la jurisdicción del ente territorial, que
no cuente con autorización.

iii) El oficio del 10 de abril de 2023, con el que el Grupo de Atención Regional
del Cali de la Agencia Nacional de Minería requirió al ente territorial para que
inicie actuaciones administrativas dirigidas a erradicar la explotación ilegal de
oro en la vereda «El Palmar».

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iv) Oficios remitidos por el referido municipio a las autoridades administrativas y
de policía.

v) El Auto del 8 de noviembre de 2013, por el cual el municipio de Santander de
Quilichao avocó el conocimiento de una solicitud de explotación minera sin título
en la vereda «El Palmar».

vi) La Resolución del 12 de noviembre de 2013, por medio de la cual el municipio
de Santander de Quilichao ordenó la suspensión del uso de dragas,
retroexcavadoras y buldócer en la explotación minera en la vereda «El Palmar».

65. Con base en estos elementos probatorios, la providencia objeto de tutela
consideró que las autoridades locales conocían que en la jurisdicción del municipio
de Santander de Quilichao se estaban desarrollando actividades de minería ilegal
y, en el marco de sus competencias legales, adelantaron las gestiones necesarias
para contrarrestar dicho flagelo. Al respecto, el Tribunal accionado explicó lo
siguiente:

Sobre ello, se destaca la actividad de gestión desarrollada por la alcaldía de Santander
de Quilichao, especialmente, a través de la Secretaría de Gobierno, dependencia que,
según se pudo establecer, cruzó información con la Agencia Nacional de Minería e hizo
varios requerimientos a otras autoridades, como a la Fiscalía, la gobernación del Cauca
y la Policía, a las que les pidió su acompañamiento y el adelantar las gestiones
necesarias para procurar detener la minería ilegal. Incluso, se demostró que la
Secretaría de Gobierno adelantó varios procesos administrativos con el fin de realizar
el cierre de algunos lugares en los que se estaba adelantando esa actividad ilícita y,
del mismo modo, se destaca que el alcalde del municipio de Santander de Quilichao,
ante las denuncias de la comunidad, expidió el Decreto 041 del 9 de abril de 2013, por
el cual ordenó la suspensión de todas las actividades de minería que no contaran con
los permisos respectivos.

En ese sentido, lejos de establecerse que hubo pasividad de las entidades estatales
para contrarrestar el delito de la minería ilegal, se pudo comprobar que sí se
adelantaron acciones para enfrentarla y, aunque es claro que a pesar de ello no se
logró controlar de modo absoluto el ejercicio irregular de esa actividad, ello de ninguna
manera puede entenderse como la configuración de una falla en el servicio por la
omisión del cumplimiento de las obligaciones que le asistían a las demandadas,
especialmente, cuando no se demostró que existieran denuncias concretas por el
funcionamiento de la mina denominada “Agua Clara”, donde ocurrieron los hechos por
los que aquí se demanda.

Es decir, además de que se probó que las autoridades estaban ejerciendo diferentes
actuaciones para controlar la minería ilegal en el municipio de Santander de Quilichao,
la parte actora no adujo pruebas que permitieran inferir que existían denuncias
concretas sobre el funcionamiento de la mina “Agua Clara”, por lo que no se puede
hablar de una omisión frente a los deberes de inspección y vigilancia respecto de ese
lugar en concreto.

66. En efecto, para el Tribunal accionado los elementos probatorios aportados al
expediente demostraban que con antelación al hecho que causó el daño reclamado
por los demandantes, las autoridades accionadas ejercieron sus deberes de control
y vigilancia para evitar la explotación ilegal de minerales en la vereda «El Palmar».

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67. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada examinó el contenido del oficio
del 15 de mayo de 2018, emitido por el gerente del Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas de la Agencia Nacional de Minería y el oficio del
16 de mayo de 2018, expedido por el representante de Catastro y Registro Minero
de la mencionada agencia, en los cuales se indicaba que los señores José Liber
González y Huberney Ortiz Torres se encontraban registrados como barequeros
durante el período 2013-2014. Además, el lugar donde ocurrió el hecho dañoso no
cuenta con un título o contrato de concesión minera otorgado por la entidad.

68. De igual manera, se advierte que el Tribunal accionado constató con los
testimonios de los señores Huberney Ortiz Torres, Nestor Alfonso Pardo García,
Juan Ibarra González y Lina María Carabalí, que las víctimas, el 30 de abril de 2014,
se trasladaron por cuenta propia a la mina ubicada en la vereda «El Palmar» con el
propósito de extraer oro.

69. Así pues, respecto a la labor desarrollada por los señores José Liber González
y Huberney Ortiz Torres y los instrumentos de trabajo empleados por estos en el
momento de la ocurrencia del hecho dañoso, la autoridad judicial accionada expuso
lo que sigue:

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse que, aunque en el recurso de
apelación se alegó que al momento del accidente las víctimas estaban en ejercicio de
la labor de barequeros y, por tanto, estaban amparados por la ley, lo que se deduce de
las pruebas, e incluso de la misma demanda, es que ellos participaban de la extracción
aurífera bajo una modalidad ilegal. En efecto, para ello debe apreciarse que la actividad
de barequeo fue regulada en el Código de Minas, contenido en la ley 685 de 2001, que
en sus artículos 155 y 156 contempló al respecto:

[…]

Como se ve, la norma señala que la extracción minera por la modalidad de barequeo
implica que no se use ninguna ayuda de maquinaria o medio mecánico; sin embargo,
como lo reconoció la parte actora desde la misma narración de los hechos de la
demanda y conforme lo atestiguó Lina María Carabalí, José Liber González y Huberney
Ortiz Torres participaban de la extracción de oro en una mina donde se usaba una
máquina retroexcavadora para hacer socavones en la tierra, cavidades en las que se
internaban para extraer el metal precioso, con la mala fortuna de que un costado cedió
y se les vino encima, con los lamentables resultados ya conocidos.

Luego, además de que quedó claro que ni la mina denominada “Agua Clara” ni las
víctimas contaban con permiso para la extracción de oro, también se pudo establecer
que la actividad que estos ejercían no era artesanal y, por el contrario, se desarrollaba
con el uso de maquinaria que atentaba contra los recursos ambientales.

En adición a lo anotado, aunque la parte demandante sugirió que dicha actividad la
hacían con presión de grupos armados irregulares, la declaración de la testigo Lina
María Carabalí también permite descartar tal afirmación, pues, ella reconoció que José
Liber González y Huberney Ortiz Torres se trasladaron desde el municipio de Suárez
hasta la municipalidad de Santander de Quilichao para dedicarse a la extracción de
oro, lo que hace inferir que fueron ellos quienes decidieron dejar su lugar de residencia
para participar de la actividad de extracción de oro de forma irregular en un lugar lejano,
esto es, que no fueron presionados o compelidos para ello, sino que lo hicieron
voluntariamente.

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70. De acuerdo con lo anterior, se observa que, contrario a lo expuesto por los
accionantes, la providencia cuestionada sí analizó el contexto social y la labor de
barequeo32.

71. En concreto, advirtió que esta actividad se encuentra regulada en el Código de
Minas (Ley 685 de 2001), que en sus artículos 155 y 156 prevé que la extracción
minera por dicha modalidad implica que no se use ninguna ayuda de maquinaria o
medio mecánico; no obstante, como lo reconoció la parte actora en la narración de
los hechos de la demanda y conforme el testimonio de Lina María Carabalí, los
señores «José Liber González y Huberney Ortiz Torres participaban de la extracción
de oro en una mina donde se usaba una máquina retroexcavadora para hacer
socavones en la tierra, cavidades en las que se internaban para extraer el metal
precioso, con la mala fortuna de que un costado cedió y se les vino encima».

72. De este modo, el Tribunal accionado puso de presente que en el trámite
procesal quedó demostrado que las víctimas no contaban con permiso de las
autoridades competentes para la extracción del oro y que la actividad que
desarrollaban no era completamente artesanal, pues se podía constatar el uso de
maquinaria pesada en el momento de los hechos.

73. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que las
autoridades locales de Santander de Quilichao adelantaron labores de vigilancia y
control de la minería ilegal en coordinación con otras instituciones y entidades.
Además, los señores José Liber González y Huberney Ortiz Torres, de forma
voluntaria y consciente se trasladaron desde otro municipio a la referida localidad
para extraer oro de modo ilegal con el uso de maquinaria pesada sin un mínimo de
seguridad, contexto que dio lugar a que resultaran afectados por un deslizamiento
de tierra, por lo que el daño se produjo por cuenta de la culpa de las víctimas.

74. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 8 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, no incurrió en defecto
fáctico, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia33, que negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por los tutelantes,
estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso.

75. En efecto, se observa que la providencia cuestionada realizó una valoración
integral de los documentos y testimonios aportados al expediente ordinario, con el
cual desarrolló un análisis apropiado de las circunstancias y los hechos que
causaron la muerte de José Liber González y las lesiones de Huberney Ortiz Torres
y le permitió advertir que el daño reclamado por la parte demandante no era
imputable a las entidades demandadas.

76. Lo anterior, debido a que los demandantes no demostraron que las autoridades
accionadas omitieron deberes legales y reglamentarios de vigilancia y control de la

32 Que ejerce la minería de forma artesanal.
33
Sentencia del 6 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán.
15

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actividad de minería en el municipio de Santander de Quilichao, por lo que no era
posible inferir la existencia de una falla del servicio.

77. Contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la autoridad
accionada haya realizado una valoración defectuosa de las pruebas aportadas al
proceso ordinario, pues resulta evidente que analizó cada uno de los documentos y
testimonios obrantes en el expediente de reparación directa con los que se
demostraban que el comportamiento de los señores José Liber González y
Huberney Ortiz Torres influyó de manera directa en el daño ocasionado a estos. En
consecuencia, no era posible atribuirles una responsabilidad a las autoridades
demandadas.

78.
A juicio de la Sala, los accionantes lejos de mostrar alguna situación indebida
por acción u omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y
apegado al contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo
que no es posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho.
Distinto es que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que la tutelante
pretendía que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.

79. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»34.

80. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no
resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido
sus garantías constitucionales.

81.
De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

82. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca no vulneró los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos

34
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
16

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jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el
defecto fáctico, que exija la intervención del juez de tutela.

83. En consecuencia, se modificará la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, se negará el amparo
de tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía
General de la Nación y la Agencia Nacional de Minería, conforme las razones
expuestas en esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Huberney Ortiz Torres y
otros en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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