RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00246-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00246-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00246-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionante: Yosmeris Arleys Ortíz Chavarro y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: responsabilidad del Estado por lesiones personales. Subtema 3:
defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Yosmeris Arleys Ortíz Chavarro y otros contra la
sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

1. Síntesis del caso

Los señores Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, Yendry Michell Álvarez Ortiz, María
Camila Gutiérrez Ortiz, Efraín Antonio Álvarez Barrios, Angie Michel Álvarez
Álvarez, Carlina Judith Chavarro Pérez, Carlos Arturo Ortiz Muñoz, Hercilia Judith
Ortiz Chavarro, Carlos Arturo Ortiz Chavarro y Hercilia Pérez de Chavarro, por
conducto de apoderado, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral, que consideraron vulnerados con
ocasión de la sentencia del 11 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del expediente de reparación directa radicado al
núm. 08001-33-33-015-2022-00222-01.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. La señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, el 12 de julio de 2020, se encontraba
con sus familiares al interior de su vivienda, ubicada en la carrera 52 número 15 –
26, barrio Primero de Mayo de Soledad (Atlántico), cuando algunos integrantes de
la Policía Nacional se acercaron y le solicitaron permiso para ingresar a su
residencia. En el desarrollo de dicho procedimiento, los uniformados golpearon a su
compañero y, de manera indiscriminada, accionaron armas de letalidad reducida,
ocasionándole politraumatismo en el rostro y la pérdida de la visión en el ojo
izquierdo.

3. La señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, junto con su grupo familiar,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
morales y materiales causados con ocasión de las lesiones que sufrió la víctima
directa.

4. El Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia del 29
de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el daño fue consecuencia de la conducta apresurada e imprudente
de los agentes policiales en la utilización de armas no letales. Contra dicha decisión,
la parte demandada interpuso recurso de apelación.

5. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de providencia del 11 de julio
de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las peticiones
de la parte demandante, con el argumento de que no se demostró que el daño fuera
causado con arma de dotación oficial ni por un uso excesivo de la fuerza.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

9.1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso
efectivo a la administración de justicia, seguridad jurídica y reparación integral de las
víctimas, vulnerados a la señora YOSMERIS ARELYS ORTIZ CHAVARRO y a los
demás accionantes, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 11 de julio
de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA DE
DECISIÓN ORAL “C”, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No.
08001-33-33-015-2022-00222-01.

9.2. Como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia proferida el 11 de julio de 2025 por el Honorable TRIBUNAL

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índice 2, certificado núm. 4862764E7AF92179 688A48097D99ABE0
940DD9763C36133C A5FA58E9AFA5829A.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, por haber sido
dictada con defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
y motivación constitucionalmente insuficiente, en los términos expuestos en esta acción
constitucional y en su lugar, ORDENAR al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO – SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, que, dentro de un término
razonable que fije el juez de tutela, profiera una nueva sentencia de reemplazo, en la
que:

i) Realice una valoración integral, razonable y no fragmentada del acervo
probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica;
ii) Observe y aplique el precedente judicial del Consejo de Estado en materia de
uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y anónimo institucional;
iii) Se abstenga de exigir estándares probatorios desproporcionados o
imposibles de satisfacer para las víctimas; y
iv) Emita una decisión debidamente motivada, respetuosa de los derechos
fundamentales de los accionantes.

9.3. PREVENIR al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA
DE DECISIÓN ORAL “C”, para que en lo sucesivo observe estrictamente el precedente
judicial vinculante y las reglas constitucionales de valoración probatoria en casos de
presunta violencia institucional, con el fin de evitar nuevas vulneraciones de derechos
fundamentales. […]2.

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
decisión objeto de tutela incurrió en un defecto fáctico, porque desvirtuó la prueba
testimonial, a partir de criterios que no resultaban relevantes, como el número de
uniformados, la clase de vestimenta y el medio de transporte, lo que condujo a la
imposición de un estándar probatorio, que resulta contrario a las reglas de la sana
crítica, a la lógica y a la jurisprudencia. En su criterio, no se tuvo en cuenta que las
declaraciones fueron coherentes con los medios documentales y periciales.

8. De igual manera, expuso que la providencia cuestionada desconoció el
precedente del Consejo de Estado3, según el cual, en casos de violencia
institucional y uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, la responsabilidad
estatal no se desvirtúa por la imposibilidad de individualizar plenamente al agente
agresor ni por divergencias menores en los testimonios.

9. Así pues, consideró que el Tribunal introdujo un estándar más gravoso para las
víctimas y, pasó por alto que el análisis conjunto del material probatorio permitía
concluir razonablemente que el daño fue causado en desarrollo de una actuación
del Estado.

10. Asimismo, afirmó que el fallo objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo,
porque aplicó de forma errónea las normas y los criterios que gobiernan la
responsabilidad extracontractual del Estado, especialmente la imputación fáctica del
daño, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, al exigir la plena
identificación del agente agresor y desconocer el carácter anónimo de la falla del
servicio en operativos policiales.

2
Se transcribe incluso con errores
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, radicado núm. 05001-23-31-000-1995-00036-01
(16911).
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

11. Por otro lado, manifestó que la sentencia censurada carece de motivación
suficiente, pues no explicó las razones por las cuales las pruebas valoradas por el
juez de primera instancia dejaron de ser idóneas ni por qué el precedente debía
inaplicarse en el caso concreto.

12.Finalmente, alegó que se configuró una violación directa de la Constitución, por
cuanto la providencia cuestionada desconoció los artículos 2, 13, 29 y 90 superiores.

2.3. Trámite procesal

13. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 23 de enero de 20264, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Atlántico y, puso en
conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y al Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla, en su condición de
terceros con interés.

2.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico5 solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela, al considerar que no se cumplían los requisitos
generales ni los específicos de procedibilidad de la acción constitucional. Añadió
que la parte actora pretendía utilizar este mecanismo de amparo como una instancia
adicional, lo cual desnaturaliza su finalidad.

15. La Policía Nacional6 pidió que se niegue el amparo de tutela, debido a que la
decisión cuestionada no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.

16. Afirmó que los demandantes, en el trámite del proceso ordinario, no
demostraron con claridad que el daño sufrido por la señora Yosmeris Arelys Ortiz
Chavarro fuera imputable a los miembros de la Policía Nacional, debido a las
inconsistencias presentes en los relatos testimoniales y a la falta de certeza en las
evidencias.

17. Agregó que la parte demandante no aportó documentos que soportaran el
procedimiento de Policía en el que resultó lesionada la accionante y la denuncia fue
presentada seis meses después de ocurrido el hecho, lo que debilitaba las
afirmaciones consignadas en la demanda e impidió confirmar la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones.

18. Adicionalmente, advirtió que en el presente asunto no se demostró la existencia

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índice 5, certificado núm. F01384C1BAADA7AD 6DFC3AA18A6B4F39
F211BFCE9EEEFF49 810FC0CDB8DFE6D5.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índice 11, certificado núm. 285D94578E3DEAD8 6300853632B06DF9
5823D6BFFB3A39D8 47BE17BF9E5E46BB.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índice 10, certificado núm. 35C86A7DDFA3802B 86E7723AC5887E79
43FDF062693FFBF0 2B9E7F72908235F7
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

de una situación de urgencia o gravedad que revelara un posible perjuicio
irremediable para la parte accionante. De modo que, no se configuró un motivo que
justificara la intervención inmediata del juez de tutela.

19. El Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla7 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

20. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
12 de febrero de 20268, negó la tutela, al estimar que no se acreditaron las
irregularidades que la parte actora pretendía atribuirle a la sentencia cuestionada.

21. Al respecto, indicó que la providencia objeto de tutela efectuó una valoración de
los testimonios recibidos en el proceso ordinario, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 211 del CGP, lo que le permitió concluir que las declaraciones de las
personas que actuaron como testigos no coincidían en detalles relevantes y estaba
afectada su fiabilidad.

22. Expuso que el Tribunal accionado, de manera razonada, consideró como
relevantes las inconsistencias en los testimonios, toda vez que no era posible
determinar con certeza si la agresión fue cometida por policías, pues la víctima se
retrasó más de cinco meses en presentar denuncia, lo cual indicaba una
incongruencia con la gravedad de la lesión.

23. Asimismo, expresó que la autoridad judicial accionada examinó los documentos
aportados al plenario e indicó que, si bien se acreditó la presencia de grupos de
apoyo y del Ejército en el sector, la investigación penal también mencionó la
existencia de grupos delincuenciales con poder de mando en la zona.

24. De igual manera, destacó que la providencia cuestionada señaló que en el
expediente del proceso ordinario no existía registro en las minutas SIIC2 ni de las
de guardia sobre los hechos, el apoyo a grupos o el retiro de armamento. Además,
constató que los uniformados no reclamaron ni utilizaron armas de letalidad
reducida.

25. A partir de lo anterior, el a quo consideró que la decisión judicial analizó todas
las pruebas en conjunto y no se basó únicamente en las diferencias entre los
testimonios, como lo alegó la parte tutelante, por lo que el análisis probatorio fue
minucioso y respetó las reglas de la sana crítica, autonomía e independencia
judicial, sin incurrir en defecto fáctico.

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índices 12, certificados núm. B07ED9030A1FDA46 00D2876FD8813199
BBA643AFD313BE61 9A620CE86FC35C03.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00 índice 17, certificado núm. 678BE4ED652C2818 D506A92B210E5A0E
709CA3B66E08E686 F9B07C2FD1123006.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

26. Por otro lado, refirió que no se configuraba el desconocimiento del precedente
judicial, pues en la sentencia del 22 de julio de 2009 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado se demostró que el daño antijurídico era imputable al Estado,
lo cual no ocurrió en el caso analizado. Además, el fallo cuestionado no se basó
exclusivamente en las divergencias testimoniales ni en la imposibilidad de
individualizar al agresor, como lo pretendía mostrar la parte actora.

27. Adicionalmente, advirtió que no dio una aplicación incorrecta del artículo 90
constitucional, pues el Tribunal accionado analizó los elementos de responsabilidad
conforme a lo acreditado en el plenario y justificó razonablemente la decisión.

28. Con todo, concluyó que la inconformidad de la parte actora con la decisión
judicial no constituye vulneración de derechos fundamentales ni justifica la
intervención constitucional.

2.6. Impugnación

29. La parte actora presentó impugnación9 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su escrito, insistió en los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo en los que sustentó sus
inconformidades en contra de la providencia cuestionada.

30. En este sentido, aseveró que el fallo impugnado no efectuó una valoración
adecuada de las irregularidades en las que incurrió la providencia objeto de tutela,
con relación al análisis de los testimonios y la prueba clínica de la lesión ocular que
sufrió la víctima directa, la cual fue descrita con detalle en las declaraciones
aportadas al proceso.

31. Consideró que las dudas planteadas por el Tribunal accionado sobre los
elementos probatorios no fueron debidamente justificadas en la sentencia
cuestionada.

32. Agregó que, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución solo es necesario
demostrar la existencia del daño y su relación con el Estado, lo cual puede probarse
con indicios y testimonios. De manera que hacer referencia a un elemento
probatorio, como la falta de registros o minutas, para exonerar a la entidad
demandada, era desconocer la integralidad el acervo probatorio.

33. Así pues, discurrió que es desproporcionado que se le hubiese exigido una
prueba de la que no tenía acceso como las minutas SIIC2, dado que esto desconoce
el mandato de reparación integral previsto en la Constitución.

34. Finalmente, expuso que para demostrar la responsabilidad estatal no era
necesario identificar con plenitud al agente, toda vez que los indicios son suficientes
para ello.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07721-00, índice 11, certificado núm. 6459B7A90702A4EA 88085E3A5BE011B8
0FD68BF4A0FFE65C 9CC5D35F775A85DB.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

35. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y,
en su lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 12 de
febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Segunda Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa por activa de Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro,
Yendry Michell Álvarez Ortiz está acreditada, porque fueron los demandantes en el
proceso de reparación directa en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

38. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Atlántico, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. Determinación del defecto objeto de análisis

39. La parte actora pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes
defectos: i) fáctico, ii) sustantivo, iii) desconocimiento del precedente, iv) decisión
sin motivación y v) violación directa de la Constitución.

40. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad se concreta en la valoración probatoria desarrollada
por la autoridad accionada, así como la interpretación de criterios jurisprudenciales
aplicados en la decisión cuestionada. Por esta razón, la Sala analizará el asunto
bajo una posible configuración del defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

42.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

43. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

44. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

45. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

46. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

47. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

48. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa del derecho en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

49. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, fue notificada el 17 de julio siguiente18, y la demanda de tutela se presentó
el 16 de enero de 202619, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

50. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

51. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Samai, exp. 08001-33-33-015-2022-00222-01, índice 9.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00246-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

52. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales del defecto fáctico y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

53. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Atlántico
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al igualdad y a la reparación integral de los accionantes
e incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente, al proferir la
sentencia del 11 de julio de 2025, mediante la cual se revocó la providencia del 29
de noviembre de 2024, expedida por el Juzgado Quince Administrativo de
Barranquilla, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida por la parte tutelante?

54. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

55. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

56. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

57. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de

22
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

58. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

59. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

60. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas30.

26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

61. Al respecto, la Corte Constitucional31 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales32.

62. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia33.

63. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»34.

64. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en

31 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
32 Se transcribe incluso con errores.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela35.

65. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación36.

66. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5 Caso concreto

67. En el asunto bajo estudio, la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro y su grupo
familiar presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como
consecuencia de las lesiones que sufrió la accionante en hechos ocurridos el 12 de
julio de 2020.

68. En primera instancia, el Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla,
mediante providencia del 29 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

69. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió
providencia el 11 de julio de 2025 en la que revocó el fallo de primera instancia y,
en su lugar, negó las peticiones de la parte demandante.

70. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia objeto de tutela, incurrió en defecto fáctico porque
desestimó la firmeza de la prueba testimonial, sin tener en cuenta que las
declaraciones fueron coherentes con los medios documentales y periciales.

71. Asimismo, expuso que la providencia cuestionada desconoció el precedente del

35 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
36 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Consejo de Estado37, según el cual, en casos de violencia institucional y uso de la
fuerza por parte de la Policía Nacional, la responsabilidad estatal no se desvirtúa
por la imposibilidad de individualizar plenamente al agente agresor ni por
divergencias menores en los testimonios.

72. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 11 de julio de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico
realizó una valoración de los documentos aportados al expediente de reparación
directa, con los cuales verificó las actuaciones de la Policía Nacional en los hechos
en los que resultó lesionada la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro.

73. En este sentido, el Tribunal accionado puso de presente que al expediente de
reparación directa se aportaron los siguientes elementos probatorios: i) Las historias
clínicas de la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro expedidas por la ESE HMI de
Soledad (Atlántico), el instituto de la visión del norte en Barranquilla y el informe
pericial de la clínica forense núm. DSATL-03337-2021, y ii) el expediente del
proceso penal núm. 1988, adelantado por el Juzgado 174 de instrucción Penal
Militar.

74. De este último, la autoridad judicial se centró en examinar el contenido de los
siguientes instrumentos documentales:

• Las denuncias presentadas por la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro

• Las deeclaraciones juradas de Efraín Antonio Álvarez Barrios, Lina María
Miranda Núñez, Angie Miguel Álvarez Álvarez, Carolina Isabel Molina Flórez,
Carlos Arturo Ortiz Chavarro y Ercilia Pérez de Chavarro.

• El Oficio núm. GS-2022-089139-MEBAR/SUBCO-CAD 29.25 de julio 28 de
2022, expedido por el jefe del Centro Automático de Despacho o SIES 123
MEBAR, en el que constaba que no se registró el caso de Yosmeris Ortiz
Chavarro en el Boletín Informativo Policial No. 048128 del 12 de julio de 2020.

• El Oficio núm. GS-2023 / DISOL – ESCEH – 29.25 de enero 19 de 2023,
signado por el comandante Estación de Policía Soledad Centro Histórico, con
el que se informó que dentro de la minuta virtual SIVIC 2 y el libro de minuta
de guardia CAI Hipódromo no se evidencian anotaciones concernientes al
apoyo de grupos o especialidades para la el 12 de julio de 2020, además que
verificada la minuta de armamento no se reporta el reclamo de armas de
letalidad reducida.

• La Historia clínica de la tutelante, expedida por la Clínica Porvenir.

37
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, radicado núm. 05001-23-31-000-1995-00036-01
(16911).
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

• La providencia del 23 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado 174 de
Instrucción Penal Militar, mediante la cual se abstuvo de abrir investigación
penal por los hechos denunciados por Yosmeris Ortiz Chavarro.

• Los testimonios rendidos en el presente proceso por Jeyler Smith Vargas
Fontalvo, Deyver Agamez Castro, Lina María Miranda Núñez y Carolina
Isabel Molina Flórez.

• Las declaraciones de parte de Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, Angie Michel
Álvarez Álvarez y Carlos Arturo Ortiz Chavarro.

75. Con base en los referidos instrumentos de prueba, la corporación judicial
accionada afirmó que, en el caso bajo estudio, el daño antijurídico estaba probado
con «el informe Pericial de Clínica Forense núm. UBBAQ-DSTL-03337-2021 del 14
de mayo de 2021 y las historias clínicas del Hospital Materno Infantil Costa Hermosa
y el Instituto de la Visión del Norte, donde se hace constar que Yosmeris Ortiz
Chavarro sufrió pérdida de la visión en su ojo izquierdo, de carácter permanente».

76. Adicionalmente, el Tribunal accionado precisó que el análisis del «juicio de
responsabilidad, ya sea bajo un régimen objetivo, fundado en el riesgo excepcional
o [por] un régimen subjetivo, basado en la falla del servicio, debe determinar, desde
la perspectiva de la imputación, si las lesiones sufridas por Yosmeris Ortiz Chavarro
son atribuibles a la entidad demandada». Esto, por cuanto en la demanda se afirmó
que el daño fue causado con un arma de dotación oficial de letalidad reducida.

77. En este sentido, la autoridad judicial accionada, al examinar el contenido de los
documentos y las declaraciones obrantes en el trámite de la actuación penal,
consideró que estos elementos de prueba no permitían identificar con claridad que
la lesión sufrida por la demandante hubiese sido causada por agentes de la Policía
Nacional.

78.Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Atlántico expuso las siguientes
consideraciones:

Aunque el juez de primera instancia fundamentó el juicio de imputación en los
testimonios obrantes en el expediente, es pertinente destacar, conforme lo reconoce
tanto la doctrina como la jurisprudencia, que la credibilidad de la prueba testimonial
depende en gran medida de que las declaraciones sean responsivas. Esta
característica se cumple cuando los testimonios ofrecen un relato detallado que incluya
las circunstancias modales, temporales y espaciales en que ocurrieron los hechos, así
como una explicación clara de cómo el testigo tuvo conocimiento de los mismos. Todo
ello debe valorarse en conjunto con los demás elementos probatorios que obran en el
proceso38.

38

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Providencia del 9 de agosto de
2023, Rad.: 20001-23-33-000-2016-00367-01 (63.338), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

En este caso las declaraciones rendidas por Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, Angie
Michel Álvarez Álvarez y Carlos Arturo Ortiz Chavarro, se reputan sospechosas, por
ser demandantes y familiares entre sí, según lo dispuesto en el artículo del 211 Código
General del Proceso, de manera que no pueden ser valoradas plenamente, sino que
deben ser corroboradas con los demás elementos de convicción.

Por su parte, las atestiguaciones de Lina María Miranda Nuñez y Carolina Isabel Molina
Flórez, quienes manifestaron presenciar los hechos, no fueron coincidentes en sus
versiones, lo cual resta credibilidad a sus deposiciones. Contrario a lo afirmado por el
A quo, en cuanto esta divergencia obedece “a la percepción personal que cada uno
tuvo frente a los hechos presenciados, en el contexto de la situación”, la Sala considera
que la uniformidad en detalles, como la vestimenta y medio de transporte, era
especialmente relevante para considerar que la agresión provino efectivamente de
agentes policiales, pues son de muy fácil percepción y recordación.

A esto, se suma que desde el 12 de julio de 2020, fecha de ocurrencia de los hechos,
según lo planteado en la demanda, y el 22 de enero de 2021, momento en que fue
denunciado el insuceso - transcurrieron más de cinco (5) meses, plazo que se
considera discordante con la gravedad de la lesión sufrida por la actora.

Ciertamente los policiales Jayler Smith Vargas Fontalvo y Deyver Agamez Castro,
quienes ejercían funciones de vigilancia en el cuadrante donde está ubicada la vivienda
de la actora, expresaron tener conocimiento de la presencia en el sector de grupos de
apoyo de la institución y el ejército, sin embargo, en el marco de la investigación penal
adelantada por los hechos, también refirieron que en el sector también hacían
presencia grupos delincuenciales que operaban y ejercían poder armado.

Asimismo, dentro de la investigación penal reseñada fueron recaudados el oficio No.
GS-2022-126515 MEBAR del 18 de noviembre de 2022 y la comunicación del 19 de
enero de 2023, expedidos por el comandante de Policía Soledad Centro Histórico.
Estos documentos certifican que no existe registro dentro de las minutas virtual SIIC 2
y de guardia, sobre los hechos donde resultó herida Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro,
ni anotaciones concernientes al apoyo de grupos o especialidades brindados a la
unidad, para el 12 de julio de 2020. Además, que la minuta de armamento, evidencia
que para ese día uniformados pertenecientes a dicho comando, no reclamaron o
usaron armas de letalidad reducida.

79. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal accionado puso de
presente que las declaraciones de los señores Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro,
Angie Michel Álvarez Álvarez y Carlos Arturo Ortiz Chavarro no tenían la suficiente
imparcialidad para describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos investigados, por ser parte demandante y familiares de la
víctima directa, de manera que no podían valorarse con absoluta plenitud, conforme
lo previsto en el artículo 211 del Código General del Proceso.

80. En este sentido, la autoridad judicial explicó que los testimonios de Lina María
Miranda Nuñez y Carolina Isabel Molina Flórez no coincidían en sus versiones, dado
que no permitían identificar con certeza las características de los sujetos que
participaron en los sucesos en los que resultó lesionada Yosmeris Arelys Ortiz
Chavarro, lo cual les restaba su credibilidad. A juicio del Tribunal la uniformidad en
16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

los detalles como vestimenta y transporte era crucial para determinar la autoría de
la entidad que ejecutó la agresión sobre la víctima directa.

81. Lo anterior, tenía relevancia, en la medida en que las declaraciones de los
policiales Jayler Smith Vargas Fontalvo y Deyver Agamez Castro permitían inferir
que en el lugar de los hechos también había presencia de otros integrantes del
Ejército Nacional y grupos delincuenciales armados en el sector.

82. Asimismo, la corporación judicial accionada expuso que entre el momento de la
ocurrencia de los hechos 12 de julio de 2020 y la presentación de la denuncia 22 de
enero de 2021, transcurrieron más de cinco (5) meses, plazo que, a juicio del
Tribunal, era inconsistente dada la gravedad de la lesión sufrida.

83. Además, el Tribunal consideró que los documentos oficiales certificaban que no
existía registro en las minutas virtuales ni de guardia sobre los hechos ni sobre el
uso de armas de letalidad reducida por parte de los policías el día de los hechos en
los que terminó afectada Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro.

84. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó
que, si bien se demostró que la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro sufrió
lesiones, lo cierto es que al expediente no se allegó ningún elemento de convicción
que permitiera demostrar que estas fueron causadas con un arma de dotación oficial
perteneciente a la Policía Nacional o a algún miembro de esa institución, ni que al
momento de los hechos se hubiera presentado un uso excesivo de la fuerza. En
consecuencia, consideró que la parte demandante no cumplió con la carga que le
correspondía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP.

85. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 11 de julio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no incurrió en defecto
fáctico, pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia39 y, su lugar,
negar las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por los
tutelantes, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos y las pruebas
aportadas al proceso.

86. En efecto, contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la
autoridad accionada haya realizado una valoración defectuosa de los medios
probatorios aportados al proceso ordinario, pues resulta evidente que examinó el
contenido de las declaraciones obrantes en el plenario para precisar que estas no
tenían las condiciones para garantizar su credibilidad ni permitían identificar con
certeza las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos en los que resultó
lesionada la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro, de modo que no era posible
establecer si la agresión provino de agentes policiales u otros integrantes de distinta
institución o miembros de grupos ilegales que operaban en la zona.

39
Sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Barranquilla.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

87. Lo expuesto tiene relevancia, pues la autoridad accionada constató que para el
día del suceso (12 de julio de 2020) no existía registro dentro de las minutas SIIC2
y de guardia sobre los hechos donde resultó herida la víctima ni obraban
anotaciones acerca del apoyo a grupos o especialidades brindados a la unidad.
Asimismo, la minuta de armamento indicaba que los uniformados pertenecientes al
comando no reclamaron o usaron armas de letalidad reducida.

88. Así pues, se advierte que el análisis realizado por el Tribunal accionado para
desestimar las pretensiones indemnizatorias de los demandantes se fundamentó en
las inconsistencias de los testimonios, la tardanza en la formulación de la denuncia,
la demostración de la existencia de grupos delincuenciales en la zona y la ausencia
de registro de los hechos y de retiro de armamento en las minutas.

89. A juicio de la Sala, el estudio desarrollado en la decisión cuestionada fue
estricto, objetivo y apegado al contenido de las pruebas aportadas a la actuación
judicial, por lo que no es posible inferir que la providencia objeto de tutela fue
contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le haya otorgado el valor que la
parte tutelante pretendía que se les atribuyera a los medios probatorios allegados
al proceso.

90. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»40.

91. Por otro lado, conviene precisar que la Corte Constitucional41 ha definido el
precedente como el mecanismo que le permite a los funcionarios judiciales resolver
los casos, con fundamento en una sentencia o en conjunto de ellas anteriores a la
solución de un nuevo proceso, que «por su pertinencia y semejanza [con] los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo»42.

92. De esta manera, la Corte ha indicado que para reconocer la existencia de
precedente y no un mero antecedente judicial, se requiere verificar que en la ratio
decidend43 del conjunto de fallos judiciales44, o de aquél que tiene la condición de
soporte de una nueva línea jurisprudencial45, se haya fijado una regla de derecho
para resolver controversias subsiguientes con similitud fáctica y de problemas
jurídicos46.
40
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-304-2024.
42
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
43 Fundamento o razón de la decisión.
44
Corte Constitucional, sentencias T-534 de 2010, T-673 de 2011, SU-158 de 2013, T-538 de 2015, SU-428 de 2016 y SU-
499 de 2016.
45
Así ocurrió, entre otras, con las sentencias SU-120 de 2003, T-415 de 1992, y SU-146 de 2020.
46
En la sentencia SU-061 de 2023, se dijo que: “para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituyen
precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios a) que en la ratio decidendi de la decisión
18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

93. En el caso bajo estudio, si bien la parte actora afirmó que el Tribunal
Administrativo del Atlántico desconoció el precedente establecido por el Consejo de
Estado, en la sentencia del 22 de julio de 2009, con radicado núm. 05001-23-31-
000-1995-00036-01 (16911), lo cierto es que dicha providencia analizó la
responsabilidad de la Policía Nacional en hechos relacionados con la muerte de dos
ciudadanos, en los cuales se tenía certeza de la participación de los agentes
estatales. Entre tanto, lo planteado por los tutelantes hace referencia a un evento
de lesiones en el que no se acreditó con claridad la actuación de los servidores de
la institución policial, por ende, lo resuelto por la autoridad accionada no tiene una
similitud fáctica y jurídica con el asunto mencionado por los accionantes.

94. Además, la decisión mencionada, como desconocida por los tutelantes, no
establece una regla de derecho, que hubiese podido ser aplicada a su caso
particular, por lo que tal decisión solo puede considerarse como un antecedente
judicial.

95. Así las cosas, esta Subsección considera que el argumento propuesto por la
parte actora con relación al desconocimiento del precedente jurisprudencial no tiene
vocación de prosperidad, en la medida en que no se observa una situación que
permita evidenciar que la decisión objeto de tutela fue proferida en contravía de una
regla jurídica definida por la jurisprudencia de esta corporación.

96. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas obrantes en el
expediente de reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto
de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

97. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

98. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la intervención
del juez de tutela.

anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; b) que la ratio decidendi resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; c) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.”
19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

99. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00246-01 (3346)
Accionantes: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.