Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00246-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00246-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00246-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00246-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00246-01
Accionante: MANUEL DE JESÚS MORENO RIVEROS
Autoridad: JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes. RECURSO DE SÚPLICA- Procede contra los autos dispuestos
por el artículo 246 CPACA. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para subsanar omisiones propias de las partes.
La Sala decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 16 de abril de 2026,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la tutela por
falta del requisito de subsidiariedad.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Manuel de Jesús Moreno Riveros, en nombre propio, formuló acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la protección especial que le asiste como
adulto mayor; que consideró vulnerados por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Bogotá, al haber proferido la sentencia del 12 de diciembre de 2025 y el auto del 28 de
febrero de 2025 mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto
2
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
contra el auto de pruebas1 adelantado en contra de Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de
Movilidad y el concesionario GYP Bogotá S.A.S., situación que ha generado afectaciones
a sus derechos fundamentales, al impedirle el acceso efectivo a la segunda instancia y
consolidar una decisión judicial edificada sobre una base probatoria incompleta, pese a
su condición de adulto mayor de 90 años.
En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:
«1- Que se CONCEDA el amparo constitucional de mis derechos fundamentales,
al evidenciarse que la providencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, así como las
actuaciones procesales que la antecedieron, constituyen una vía de hecho por la
concurrencia de defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que vulneraron
de manera grave y directa mi derecho al debido proceso.
2- Como consecuencia de lo anterior, se sirva DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida dentro del medio de control de reparación directa promovido por el
suscrito, en tanto la misma se edificó sobre una omisión probatoria estructural, una
indebida valoración del acervo probatorio y una interpretación errónea del régimen
jurídico aplicable.
3- De manera consecuencial, se sirva DEJAR SIN EFECTOS todas las
actuaciones procesales que dieron lugar a la configuración de los defectos
identificados, particularmente aquellas relacionadas con: (i) la prescindencia de
pruebas esenciales en audiencia, (ii) la renuncia al recaudo del expediente penal
(SPOA), y (iii) la restricción del derecho a la segunda instancia mediante la
declaratoria de desierto del recurso de apelación.
4- Se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
que, dentro de un término perentorio, proceda a proferir una nueva decisión de
fondo, en la cual: (i) se garantice el recaudo y valoración integral del material
probatorio, (ii) se tenga en cuenta el expediente penal omitido, (iii) se practiquen
las pruebas necesarias, incluso de oficio, para el esclarecimiento de los hechos,
(iv) se valore adecuadamente el daño autónomo derivado de la maniobra de
extracción, y (v) se aplique correctamente el régimen de responsabilidad estatal y
el contenido del contrato de concesión.
5- De considerarlo necesario el despacho constitucional, se ordene la reapertura
de la etapa probatoria, con el fin de garantizar la práctica de las pruebas
indebidamente omitidas, en particular: el recaudo del expediente penal (SPOA), el
testimonio del señor Andrés Fernando Rivera, el interrogatorio del representante
del concesionario GYP Bogotá S.A.S., y cualquier otra prueba que el juez
considere necesaria en ejercicio de sus facultades oficiosas.
6- Que respetuosamente se ordene al despacho judicial accionado que, en
adelante, garantice el derecho a la doble instancia, absteniéndose de imponer
exigencias formales desproporcionadas, especialmente aquellas relacionadas con
la exigencia de copias físicas en procesos de naturaleza digital, conforme a lo
dispuesto en la Ley 2213 de 2022.
1 Proceso identificado con el radicado: 11001-33-36-034-2021-00280-00.
3
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
7- Se disponga que en la nueva decisión judicial se aplique un enfoque diferencial
reforzado, teniendo en cuenta mi condición de adulto mayor de 90 años,
garantizando un acceso efectivo a la justicia, una valoración probatoria integral y
la eliminación de barreras formales que puedan generar indefensión.
8- Finalmente, se solicite que el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
tutela se realice de manera inmediata y efectiva, bajo los principios de celeridad y
eficacia, en garantía de la protección real y no meramente formal de mis derechos
fundamentales.»
2. Hechos relevantes
El señor Manuel de Jesús Moreno Riveros, adulto mayor de 90 años de edad, promovió
demanda de reparación directa en contra de Bogotá D.C.–Secretaría Distrital de
Movilidad y el concesionario GYP Bogotá S.A.S., con ocasión de los daños ocasionados
a su vehículo de placas BFF-815 durante una maniobra de extracción realizada por una
grúa oficial, luego de un accidente de tránsito ocurrido el 6 de marzo de 2020 en la ciudad
de Bogotá.
Señala que, si bien su vehículo resultó afectado inicialmente por el impacto ocasionado
por un tercero, este no se encontraba en pérdida total después del accidente, pues
conservaba su estructura esencial, su eje y demás componentes estructurales. Afirma
que la destrucción total del automotor ocurrió posteriormente, cuando el vehículo quedó
bajo custodia de la Secretaría Distrital de Movilidad y fue sometido a una maniobra
ejecutada por operarios del concesionario GYP Bogotá S.A.S., durante la cual el
automotor cayó en múltiples ocasiones desde una altura aproximada de siete metros al
canal del río Fucha, generándose daños estructurales irreversibles.
El proceso fue conocido por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que mediante auto del 28 de febrero de 2025, declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de pruebas al considerar que la apoderada de la parte
demandante no acreditó oportunamente la gestión necesaria para tramitar el recurso,
particularmente el suministro de las copias y expensas requeridas dentro del término de
5 días previsto en el artículo 324 del Código General del Proceso, pese a que dicha carga
le fue informada durante la audiencia inicial en la que se concedió la alzada.
Posteriormente, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2025 negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se acreditó una falla en el servicio atribuible a la
4
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá o a GYP Bogotá S.A.S., ni la existencia de un
nexo causal entre las maniobras de rescate del vehículo y la pérdida total del automotor.
Señaló que no se probó que las maniobras hubiesen sido ejecutadas de forma
antitécnica, negligente o contrariando protocolos específicos, y concluyó que los daños
estructurales del vehículo se originaron principalmente en la colisión inicial causada por
un tercero.
El auto del 28 de febrero de 2025 y la sentencia de primera instancia, dieron lugar a la
interposición de la presente acción de tutela por parte del señor Moreno Riveros.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante, sostuvo que se configuró un defecto fáctico, debido a que el
despacho judicial omitió recaudar y valorar pruebas esenciales para el esclarecimiento
de los hechos, pese a haber decretado de oficio algunas de ellas, como el expediente
penal identificado con SPOA No. 1100160000162021. Señaló que, durante la audiencia
del 29 de julio de 2025, el despacho desistió injustificadamente de pruebas
determinantes, como el testimonio del señor Andrés Fernando Rivera y el interrogatorio
del representante legal del concesionario GYP Bogotá S.A.S., sin ejercer sus facultades
oficiosas para garantizar su práctica efectiva. Asimismo, afirmó que la sentencia omitió
valorar integralmente las fotografías, videos y registros del sistema MDVR que, según
sostiene, evidenciaban que el vehículo no había quedado en pérdida total con el
accidente inicial, sino como consecuencia de la maniobra realizada bajo custodia estatal,
lo que condujo a una valoración probatoria arbitraria y al desconocimiento de la verdad
material.
También indicó que se incurrió en un defecto sustantivo, al calificar la actividad de
extracción del vehículo como una obligación de medio y no de resultado, desconociendo
el contenido del Contrato de Concesión No. 2018-114, particularmente las cláusulas
relacionadas con el deber de custodia, responsabilidad y preservación de la integridad
del vehículo durante la maniobra de rescate.
De igual forma, señaló la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, debido a que el recurso de apelación fue declarado desierto por no aportar
copias físicas del expediente, pese a tratarse de un proceso tramitado íntegramente en
5
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
formato digital, actuación que consideró contraria a la Ley 2213 de 2022 y constitutiva de
una barrera desproporcionada para el acceso a la segunda instancia.
Sostuvo que el despacho desconoció el principio de carga dinámica de la prueba, al
exigirle acreditar aspectos técnicos que se encontraban bajo el control exclusivo de la
administración y del concesionario, así como el enfoque diferencial y la protección
constitucional reforzada que debía otorgársele en razón de su condición de adulto mayor
de 90 años.
Finalmente, señaló que incurrió en una violación directa de la constitución debido a su
condición como adulto mayor, sujeto de especial protección constitucional conforme al
artículo 13 de la constitución política.
4. Trámite de primera instancia
El 6 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de
tutela 2 formulada por el señor Manuel de Jesús Moreno Riveros contra el 34
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Así mismo, ordenó la notificación al
accionante y a la autoridad judicial accionada, así como a la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá y a la sociedad GYP Bogotá S.A.S., en calidad de terceros
interesados. Igualmente, requirió al Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá para que allegara copia completa del expediente del medio de control
En su escrito de contestación3, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la parte
accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios, pues no interpuso los recursos
procedentes contra las decisiones cuestionadas ni apeló la sentencia del 12 de diciembre
de 2025. Así mismo, indicó que la tutela pretende subsanar omisiones procesales
atribuibles a la apoderada judicial del actor.
Asimismo, en su escrito de contestación 4 , el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público sostuvo que las inconformidades planteadas por el
accionante recaen sobre decisiones adoptadas por el Juzgado 34 Administrativo del
2 SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 9.
4 SAMAI, índice 11.
6
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso de reparación directa, razón por la cual la
acción de tutela no puede utilizarse para reabrir debates probatorios ni sustituir los
mecanismos judiciales ordinarios.
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá contestó la acción de tutela5 y mencionó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las presuntas
vulneraciones alegadas derivan de decisiones judiciales adoptadas por el Juzgado 34
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y no de actuaciones administrativas
atribuibles a dicha entidad.
En su escrito de contestación 6 , la Sociedad GyP Bogotá S.A.S. solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que las inconformidades del accionante
recaen sobre decisiones adoptadas por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá dentro del proceso de reparación directa. Así mismo, sostuvo que la acción de
tutela no puede utilizarse para controvertir la valoración probatoria realizada por el juez
natural ni para reabrir etapas procesales ya agotadas.
El Consorcio Circulemos Digital, concesionario de la Secretaria Distrital de Movilidad de
Bogotá D.C. contestó la acción de tutela7 y mencionó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que dentro de sus funciones únicamente se encuentra la
prestación de servicios administrativos relacionados con los registros distritales de
tránsito y transporte. Igualmente, indicó que no recibió peticiones por parte del accionante
relacionadas con los hechos objeto de la tutela y solicitó su desvinculación del trámite
constitucional.
El 16 de abril de 20268, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante no agotó los
mecanismos ordinarios de defensa judicial a su alcance dentro del proceso de reparación
directa, pues no interpuso los recursos procedentes contra el auto que declaró desierto
el recurso de apelación ni apeló la sentencia del 12 de diciembre de 2025. Así mismo,
señaló que la acción constitucional no puede utilizarse para reabrir un debate judicial ya
5 SAMAI, índice 13.
6 SAMAI, índice 15.
7 SAMAI, índice 16.
8 SAMAI, índice 17.
7
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
concluido ni para subsanar omisiones procesales atribuibles a la parte actora y a su
apoderada judicial.
Posteriormente, la parte accionante, en su escrito de apelación9, señaló que la sentencia
de primera instancia incurrió en una valoración errónea del requisito de subsidiariedad,
pues sí ejerció los mecanismos ordinarios de defensa judicial dentro del proceso de
reparación directa. En particular, sostuvo que interpuso recurso de apelación contra el
auto que resolvió sobre las pruebas en la audiencia inicial del 14 de enero de 2025 y que
la declaratoria de desierto obedeció a una exigencia formal desproporcionada
relacionada con la remisión de copias del expediente digital. Así mismo, indicó que las
irregularidades advertidas comprometían gravemente sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la protección especial
reforzada como adulto mayor.
Finalmente, el 28 de abril de 2026, se concedió el recurso de apelación10.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
16 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
declaró improcedente la tutela por falta del requisito de subsidiariedad.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
9 SAMAI, índice 20.
10 SAMAI, índice 22.
8
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental11. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela12.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados13.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
13Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia14.
Caso concreto
El señor Manuel de Jesús Moreno Riveros, en nombre propio, promovió acción de tutela
contra el auto del 28 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado 34 Administrativo del
Circuito de Bogotá, al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la protección especial que le asiste como adulto mayor.
La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Moreno Riveros será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad. Esto, pues la
Sala observa que el accionante no agotó todos los recursos que tenía a su disposición
dentro del proceso ordinario para controvertir la providencia.
Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, el accionante sostiene que la
providencia del 12 de diciembre de 2025 incurrió en defectos fácticos, sustantivos y
procedimentales, debido a que se omitió la valoración de pruebas relevantes y al auto del
28 de febrero de 2025, que declaró desierto el recurso de apelación por una exigencia
formal desproporcionada, lo que codujo a que se presentaran dichos defectos. Asimismo,
manifestó que se vulneró la protección constitucional reforzada que le asiste como adulto
mayor de 90 años.
Sin embargo, de los documentos aportados al proceso, la Sala advierte que la acción de
tutela interpuesta no satisface los requisitos de procedencia previstos para este
mecanismo constitucional frente a providencias judiciales.
En primer lugar, como ya lo mencionó el juez de primera instancia de la tutela, se constató
que, en la audiencia de pruebas celebrada el 14 de enero de 2025, la parte accionante
14 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
10
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación frente a las pruebas negadas,
frente a lo cual, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá concedió el recurso
de apelación y precisó lo siguiente:
«Para lo cual la apoderada de la parte actora deberá descargar de SAMAI la
totalidad del expediente y remitirlo a través del mismo sistema dentro del plazo
establecido por la ley para su posterior envió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
El despacho aclara que el recurso de apelación se confiere en el efecto devolutivo
frente a la negación de las pruebas solicitadas por la parte actora, más no frente a
lo decidido frente a las pruebas de oficio lo cual no es susceptible de ningún
recurso».
De la revisión del expediente se advierte que, lo anterior no fue cumplido por la parte
accionante dentro del término de 5 días, por lo tanto, mediante auto del 28 de febrero de
2025, el despacho declaró desierto el recurso de apelación. Contra esa decisión
procedían los recursos de reposición o de queja, medios procesales que el actor dejó de
utilizar.
Asimismo, frente a la sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2025, que
negó las pretensiones de la demanda, procedía recurso de apelación, no obstante, al
revisar el expediente y la plataforma de SAMAI, se observa que, tampoco fue interpuesto
dicho recurso contra la misma.
Así las cosas, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela se dirigió a controvertir
decisiones judiciales adoptadas dentro de un trámite ordinario en el que existieron medios
de defensa judicial idóneos y suficientes, los cuales no fueron ejercidos en la oportunidad
legal por la parte actora. Bajo esa perspectiva, la acción incumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la inconformidad debió plantearse de forma directa y oportuna
mediante los recursos de reposición o queja contra la providencia que declaró desierto el
recurso de apelación y mediante el recurso de apelación contra la providencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, escenario procesal en el que
correspondía al juez natural valorar los argumentos. En este contexto, la Sala precisa que
no es posible alegar la propia culpa como fundamento de la vulneración reclamada, toda
vez que hubo incumplimiento de las cargas procesales atribuibles al accionante, quien
no interpuso los recurso procedentes contra el auto del 28 de febrero de 2025 y la
sentencia del 12 de diciembre de 2025.
11
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
En consecuencia, existió una inobservancia de los deberes procesales de la propia parte
demandante al no agotar los medios de defensa idóneos para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
De otra parte, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el
amparo como mecanismo transitorio. El actor tuvo a su disposición las instancias
judiciales previstas por la ley, sin que se demostrara una afectación grave y actual de sus
derechos fundamentales que hiciera procedente la intervención del juez constitucional.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez constitucional reevalúe las decisiones
adoptadas en el trámite ordinario, frente a las cuales se prevén, en el ordenamiento
jurídico, mecanismos procesales de contradicción. La acción de tutela no constituye una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso
ordinario ni está prevista para desconocer la autonomía funcional de los jueces en la
aplicación del ordenamiento jurídico.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, en virtud del
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la tutela por falta del requisito
de subsidiariedad.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
12
Radicación:11001-03-15-000-2026-00246-01
Accionante: Manuel de Jesús Moreno Riveros
Acción de tutela–Segunda instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.