Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00246-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00246-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00246-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00246-00
Accionante: Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Lesión causada a civil.
Valoración probatoria. NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Yosmeris
Arelys Ortiz Chavarro, Yendry Michell Álvarez Ortiz, María Camila Gutiérrez Ortiz,
Efraín Antonio Álvarez Barrios, Angie Michel Álvarez Álvarez, Carlina Judith
Chavarro Pérez, Carlos Arturo Ortiz Muñoz, Hercilia Judith Ortiz Chavarro, Carlos
Arturo Ortiz Chavarro y Hercilia Pérez de Chavarro en contra del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, con ocasión de la sentencia
del 11 de julio de 2025 proferida en el medio de control de reparación directa, al que
le fue asignado el radicado 08001-33-33-015-2022-000222-01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la reparación integral de las víctimas, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Los accionantes narraron que el 12 de julio de 2020, a las 19:30 horas, la señora
Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro estaba en su residencia ubicada en el barrio
Primero de Mayo del municipio de Soledad, Atlántico, en compañía de su esposo
Efraín Antonio Álvarez Barrios y sus tres hijas, cuando llegaron varios policías y
dispararon indiscriminadamente en su contra, lo que les causó lesiones,
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especialmente a la señora señalada, quien sufrió un politraumatismo en su rostro y
pérdida de visión en su ojo izquierdo.
Que por lo anterior, el 5 de octubre de 2022, instauraron demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, para
obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios causados por las lesiones que
sufrió la víctima directa.
Que el 29 de noviembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla profirió sentencia, en la que accedió a las pretensiones porque
determinó que el daño fue consecuencia de la conducta apresurada e imprudente
por parte de los agentes policiales en la utilización de armas no letales, por lo cual
la parte demandada interpuso recurso de apelación.
Que el 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó las súplicas, pues
no encontró demostrado que el daño fuera causado con arma de dotación oficial ni
por un uso excesivo de la fuerza pública.
Consideran que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales:
i) defecto fáctico, por descartar la prueba testimonial con base en supuestas
contradicciones que no resultaban relevantes, como el número de
uniformados, la clase de vestimenta y el medio de transporte, lo que
equivalió a la imposición de un estándar de coincidencia absoluta que resulta
contrario a las reglas de la sana crítica, a la lógica y a la jurisprudencia,
máxime cuando los testimonios fueron coherentes con los medios
documentales y periciales;
ii) desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, según el
cual, en casos de violencia institucional y uso de la fuerza por parte de la
Policía Nacional, la responsabilidad estatal no se desvirtúa por la
imposibilidad de individualizar plenamente al agente agresor ni por
divergencias menores en los testimonios, si del análisis conjunto del material
probatorio puede concluirse razonablemente que el daño fue causado en
desarrollo de una actuación estatal, con lo cual el Tribunal introdujo un
estándar más gravoso para las víctimas, puntualmente, aludió a la sentencia
del 22 de julio de 2009, rad. 05001-23-31-000-1995-00036-01 (16911); y
iii) defecto sustantivo porque aplicó de forma errónea las normas y criterios que
gobiernan la responsabilidad extracontractual del Estado, especialmente la
imputación fáctica del daño, en los términos del artículo 90 constitucional, al
exigir la plena identificación del agente agresor y desconocer el carácter
anónimo de la falla del servicio en operativos policiales; y
iv) «decisión judicial con motivación insuficiente», pues no explicó por qué las
pruebas valoradas por el juez de primera instancia dejaron de ser idóneas ni
por qué el precedente debía ser inaplicado en el caso; y
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v) violación directa de la Constitución, por la incursión de los defectos
anteriores, puntualmente de los artículos 2, 13, 29 y 90 superiores.
PRETENSIONES
Solicitan que se deje sin efectos la sentencia del 11 de julio de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, y, en consecuencia,
se ordene a la autoridad judicial i) dictar una decisión de reemplazo, en la que realice
una valoración integral, razonable y conjunta del acervo probatorio, acorde con las
reglas de la sana crítica; aplique el precedente judicial del Consejo de Estado; se
abstenga de exigir estándares probatorios desproporcionados; y efectúe una debida
motivación, respetuosa de sus derechos fundamentales; y ii) que en lo sucesivo
observe estrictamente el precedente judicial y las reglas constitucionales de
valoración probatoria en casos como el presente.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 23 de enero de 2026, se admitió la demanda; se vinculó a la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, como tercero con interés; y se corrió el traslado
respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, afirmó que la
tutela es improcedente porque no se cumplen los requisitos generales ni específicos
de procedencia y lo pretendido es utilizar la tutela como una instancia adicional, lo
que desnaturalizaría la finalidad para la que fue creada.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Policía Nacional expuso que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por los accionantes y que en el proceso no se logró acreditar un
menoscabo a la integridad personal de la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro
por parte de los miembros de la Policía Nacional, debido a las inconsistencias de
los relatos de los testigos y a las sospechas evidenciadas.
Ello, sumado a que no se aportaron documentos que soportaran el procedimiento
de Policía en el que resultó lesionada la accionante y el hecho fue denunciado seis
meses después de ocurrido lo que debilitaba aún más las afirmaciones consignadas
en la demanda e impidió confirmar la decisión de acceder a las pretensiones.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que no se configura un perjuicio
irremediable, solicitó no conceder las pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
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Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos alegados por los accionantes; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la sentencia discutida se notificó mediante mensaje de datos
enviado el 17 de julio de 2025 y esta acción fue instaurada el 16 de enero de este
año; iii) se agotaron los medios judiciales con los que se contaba; iv) se identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados
como transgredidos; v) se alegó una irregularidad procesal que podría tener
incidencia en la decisión; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al estudio de los desacuerdos expuestos por la
accionante únicamente respecto a la sentencia de segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser la que puso fin al litigio.
En la sentencia discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral C, concluyó que no estaba suficientemente demostrado que la
lesión física sufrida por la señora Yosmeris Arelys Ortiz Chavarro hubiera sido
causada por agentes de la Policía Nacional.
Para llegar a la anterior conclusión, evidenció que las declaraciones rendidas por la
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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víctima directa, así como por los señores Angie Michel Álvarez y Carlos Arturo Ortiz
Chavarro eran sospechosas, al tratarse de los demandantes y ser familiares entre
sí, según el artículo 211 del Código General del Proceso, por lo que debían ser
corroboradas con las demás pruebas. En ese entendido, observó que los testigos
Lina María Miranda Núñez y Carolina Isabel Molina Flórez, quienes manifestaron
presenciar los hechos, no fueron coincidentes respecto a aspectos como la
vestimenta y el medio de transporte, lo que restaba credibilidad a sus afirmaciones.
Sobre el particular, la autoridad judicial precisó que, contrario a lo definido por el
Juzgado, dichas inconsistencias eran especialmente relevantes para establecer si
la agresión provino de agentes policiales; sumado a que desde la fecha de
ocurrencia de los hechos transcurrieron más de 5 meses hasta cuando se denunció
el hecho, lo que resultaba discordante con la gravedad de la lesión padecida por la
demandante.
Además, la Sala advirtió que si bien dos policiales que ejercían funciones de
vigilancia en el cuadrante donde estaba ubicada la vivienda de la actora afirmaron
tener conocimiento de la presencia de grupos de apoyo de la institución y del
Ejército en el sector, lo cierto es que en la investigación penal adelantada por los
hechos también se aludió a grupos delincuenciales que operaban y ejercían poder
de mando en esa área.
Igualmente, encontró que para el día del insuceso no existía registro dentro de las
minutas SIIC2 y de guardia sobre los hechos donde resultó herida la víctima ni
anotaciones acerca del apoyo a grupos o especialidades brindados a la unidad; y
que en la minuta de armamento constaba que los uniformados pertenecientes al
comando no reclamaron o usaron armas de letalidad reducida.
Efectuado el recuento de los razonamientos de la autoridad judicial accionada, esta
Subsección observa que en la sentencia discutida la Sala analizó la totalidad de las
pruebas en su conjunto y no basó su decisión exclusivamente en las diferencias
advertidas respecto a los testimonios, como lo pretenden hacer ver los accionantes.
En efecto, el análisis efectuado se fundamentó tanto en dichas inconsistencias
testimoniales como en la tardanza en la formulación de la denuncia, la demostración
de la existencia de grupos delincuenciales en la zona y la ausencia de registro de
los hechos y de retiro de armamento en las minutas, aspectos que generaron dudas
en la Sala y que impidieron confirmar la decisión de acceder a las pretensiones.
A juicio de esta Subsección, el análisis probatorio efectuado no solo fue minucioso,
sino que atendió a las reglas de la sana crítica y a los principios de autonomía e
independencia judicial, lo que desvirtúa la configuración del defecto fáctico invocado
e impide la intervención de este juez constitucional.
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Tampoco se encuentra acreditada la estructuración de un desconocimiento del
precedente judicial, si se tiene en cuenta que este se fundamentó en la
imposibilidad, de un lado, de descartar la responsabilidad estatal por las
divergencias entre los testigos, lo cual, como se vio, no fue la única razón para
adoptar la decisión, y, de otro, ante la imposibilidad de individualizar al agente
agresor, a pesar de que ese no constituyó uno de los motivos para la negativa en el
asunto examinado.
En todo caso, se aclara que en la sentencia del 22 de julio de 2009 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. 05001-23-31-000-1995-00036-01
(16911), señalada por los accionantes, sí se encontró demostrado que el daño
antijurídico era imputable al Estado, lo que no se presentó en el caso bajo estudio.
Adicionalmente, no se observa que la Sala aquí accionada haya aplicado de forma
errónea el artículo 90 constitucional, pues analizó los elementos de la
responsabilidad acorde con lo acreditado en el proceso y con la carga que le
correspondía a las partes procesales, y justificó de forma razonable y suficiente la
conclusión a la que llegó, lo que desvirtúa los demás defectos alegados, esto es, la
decisión sin motivación, la violación directa de la Constitución, por la transgresión
de garantías fundamentales, y el defecto sustantivo, respecto al cual únicamente se
mencionó la norma constitucional señalada.
En esa medida, se resalta que la sola inconformidad de la parte actora con la
determinación judicial no implica la vulneración de derechos fundamentales que
haga procedente la salvaguarda en sede constitucional. En consecuencia, se
negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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