Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05608-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05608-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05608-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
23 de enero de 2025
Demandante: Jessica Hernández Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Rad: 11001-03-15-000-2024-05608-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05608-01
Demandante: JESSICA HERNÁNDEZ MENDOZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca negativa. Declara
improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia
del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante la cual negó las pretensiones de la solicitud de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
La parte accionante, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela el
18 de octubre de 2024 contra el Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de que
le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.1
Consideró vulneradas las mencionadas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 8 de agosto de 2024, por medio de la cual revoco el fallo del 2 de
mayo de 2024, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo (Sucre), que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado N°
70001 33 33 001 2022 00019 00.
1.2. Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales expuestos en la
presente acción de tutela.
SEGUNDA: ORDENAR al tribunal administrativo de sucre, modificar las
1 También invoco los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
1
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Demandante: Jessica Hernández Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Rad: 11001-03-15-000-2024-05608-01
sentencias de fecha, 08 de agosto de 2024, la cual revoco en su totalidad la
sentencia fecha 02 de mayo de 2024, proferida por el juzgado primero
administrativo del circuito judicial de Sincelejo y decidió negar las pretensiones
de la demanda.
TERCERA: ADVERTIR Que en caso de fallo a mi favor y el mismo no sea
cumplido, se incurrirá en desacato a sentencia de tutela, lo cual será castigado
con multa y arresto, además de compulsar copia a la fiscalía general de la
nación por posible fraude a resolución judicial […].2
1.3. Hechos
La señora Jessica Hernández Mendoza presto sus servicios en el Instituto de
Bienestar Familiar- Regional Sucre, de forma personal, subordinada y continua por
más de tres años, este es, desde el 25 de agosto de 2017 hasta el 16 de julio de
2021, cumpliendo con un horario laboral de lunes a viernes, el cual se materializo
de 8 :00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm, como abogada del grupo jurídico.
Adicional a ello, Todos los contratos celebrados se realizaron a través de los
denominados contratos de prestación de servicio profesionales, sin embargo, la
realidad contractual que se llevó a cabo fue la de un contrato de trabajo.
El 11 de agosto de 2021, en ejercicio del derecho de petición, la accionante impetro
reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de una relación laboral, la
cual fue resuelta de forma negativa a través del acto administrativo Radicado bajo el
N° 202158000000023271 del 22 de septiembre de 2021.
Por consiguiente, la demandante promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con el fin de que se declarara la existencia de una relación
laboral.
En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo-Sucre, mediante providencia del 2 de mayo de 2024, accedió a las
pretensiones de la demanda por considerar que del análisis y valoración de los
medios probatorios que constan en el expediente era posible concluir que la señora
Hernández Mendoza prestó sus servicios en el ICBF y logró acreditar la
concurrencia de los elementos que determinan una relación de carácter laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario.
Por lo anterior, la entidad accionada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de sucre, Sala Tercera
de Decisión, quien revoco la sentencia proferida por el juzgado Primero
Administrativo Oral Del Circuito De Sincelejo-Sucre, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demandada.3
2 Transcripción del texto original con posibles errores
3 El Tribunal Administrativo de Sucre no accedió a las pretensiones de la demanda, puesto que, la
demandante no demostró el elemento de la subordinación, es decir, no fueron probados los
aspectos relacionados con la forma en que la demandante prestó sus servicios durante el tiempo de
la vinculación, ni ello puede inferirse del objeto contractual donde claramente se dejó establecido de
2
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Demandante: Jessica Hernández Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
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1.4 Sustento de la vulneración
La accionante señaló que las autoridad accionada incurrieron en un
desconocimiento de precedente, toda vez que la decisión se fundamentó
indebidamente en una providencia con “patrones fácticos diversos” y en un
pronunciamiento del Consejo de Estado mediante providencia fechada el 5 de junio
de 2020, con N° Radicación 20001-12-33-000-2012-00180-01(1028-15), la cual no
guarda similitud los hechos con el caso; en cambio, no tuvo en cuenta sentencias
de dicha corporación en los que se examinaron casos semejantes.
Por otra parte, alegó una mala interpretación por parte del Tribunal Administrativo
de Sucre, pues el Consejo de Estado, al momento de determinar cómo se puede
demostrar el elemento subordinación en la providencia citada, identificada con N°
de radicación 20001-12-33-000-2012-00180-01(1028-15), 4este utiliza la conjunción
(o) en lugar de (y) lo que permite entender desde el punto de vista gramatical que
se puede probar con cualquiera de los dos elementos ya sea una prueba
documental o una prueba testimonial, caso muy diferente que hubiera empleado la
conjunción (y), con lo cual se dejaría claro que se exigía como requisito para la
probanza de dicho elemento (subordinación) documentos y testimonios.
Seguidamente, sostuvo que se configuró un defecto factico por cuanto no valoró en
debida forma que los testimonios rendidos dentro de la causa ordinaria
determinaban las condiciones generales en las que el ICBF ejercía la
subordinación, así mismo, las funciones que desempeño, el cumplimiento de un
horario de trabajo, la falta de autonomía para llevar acabo sus funciones, teniendo
en cuenta que estas debían ser ejercidas única y exclusivamente en las
instalaciones del ICBF y bajo las directrices del coordinador de área quien era su
jefe inmediato. Finalmente agregó que el ICBF suministraba todos los elementos
para el desarrollo las labores, siendo estas las mismas condiciones del personal de
planta.
Por último, reiteró que el ICBF no aportó material probatorio que permitiera
determinar la autonomía en la ejecución del contrato por parte de la contratista. Por
el contrario, solo aporto como pruebas los contratos que ya reposaban dentro del
expediente.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 22 de octubre de 20245, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la señora Jessica Hernández
Mendoza como demandante, en calidad de demandados a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Sucre, así como al Juzgado Primero Administrativo Oral
que el contrato estaría sujeto a supervisión.
4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B, C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Sentencia del cinco (05) de junio de dos mil
veinte (2020), Radicación No. 20001-12-33-000-2012-00180-01(1028-15), Actor: MERY LEXANDRA
CUELLAR MANDON, Demandado: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
5 Ver en expediente. Auto que admite acción de tutela. Índice 004
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de Sincelejo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como terceros con
interés.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Sucre.
Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la entidad argumentó que no operó la figura de vocación de continuidad,
puesto que, estos no perduraron en el tiempo y mucho menos fueron continuos, por
el contrario, el núcleo mismo de su celebración obedeció a distintas actividades
necesarias y afines con la actividad propia desarrollada por la entidad y en los
lapsos pertinentes
En lo que respecta a la existencia de una relación laboral, refirió que se debe
cumplir con unos requisitos mínimos, tales como la prestación personal del servicio,
el salario y la subordinación.
Seguidamente, precisó que en el presente caso se materializan los elementos de
una relación contractual y no laboral, pues quedó debidamente demostrada la
función para la cual fue contratada guarda conexidad con las actividades que
desarrolla la entidad, además de ello, que la demandante devengaba unos
honorarios como contraprestación a sus servicios y gozaba de autonomía para la
materialización de las tareas encomendadas
Por último, señaló que había lugar a que el tribunal demandado revocara la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negara las pretensiones de la demanda, tal
como había solicitado en el recurso de apelación.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre.
Estimó que, no puede hablarse de subordinación si no de coordinación, natural del
contrato de prestación de servicios, habida cuenta de que el desempeño de las
funciones de la demandante no estuvo totalmente dominado por las directrices
impartidas por la demandada, como quiera que, no ejercía una influencia decisiva
sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual.
Por otra parte, no fueron probados los aspectos relacionados con la forma en que la
demandante prestó sus servicios durante el tiempo de la vinculación, ni ello puede
inferirse del objeto contractual donde se dejó establecido de que el contrato estaría
sujeto a supervisión.
1.7. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta de esta corporación, mediante sentencia del 14 de noviembre de
2024, negó las pretensiones de la acción de tutela; en primer lugar porque no se
configuro el desconocimiento de precedente judicial, de ahí que, no se pasó por alto
ningún pronunciamiento de obligatorio cumplimiento que hubiese fijado reglas
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determinantes para verificar la existencia de la alegada subordinación, pues, como
se vio en el caso objeto de estudio la actora no demostró el referido elemento y, por
el contrario, lo alegado en la solicitud de amparo encaja en una inconformidad
frente al análisis probatorio abordado por el juez natural que en el desconocimiento
de una postura jurisprudencial.
Por otro lado, en lo referente a la configuración de un defecto factico indicó que el
juez natural es autónomo en la valoración del material probatorio allegado al
proceso, siempre que lo haga de manera razonable y conforme con las reglas de la
sana crítica. Así mismo, adujo que el juez debe exponer de forma clara y precisa la
valoración las pruebas que soportan la decisión, como ocurrió en el presente
asunto. Además, indicó que en sede de tutela no se puede reemplazar la valoración
del juez natural, ni dar prevalencia a las alternativas interpretativas propuestas por
las partes. Por tanto, concluyó que no se configuraron los defectos invocados por la
parte actora.
1.8. Impugnación
La parte actora, con memorial enviado por correo el 26 de noviembre de 20246,
impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 21 de
noviembre del mismo año, por los siguientes motivos:
Adujo que, la sentencia impugnada no se ajusta a los hechos ni a lo solicitado en la
acción de tutela y no cumple la finalidad de permitirle el pleno goce de sus derechos
fundamentales, pues el a quo yerra al considerar que no se desconoció ningún
pronunciamiento de obligatorio cumplimiento que fije reglas determinantes para
verificar la existencia de la alegada subordinación. Agrego que, en los procesos
donde se pretenda la declaratoria de un contrato realidad, se utilizan principalmente
los interrogatorios de parte y la prueba testimonial para probar el elemento
subordinación.
Por tanto, refirió que dicha situación no fue tenida en cuenta por el tribunal
accionado, al exigir pruebas documentales para soportar lo dicho por los testigos en
la etapa de interrogatorio, lo que demuestra que el a quo no se dio la tarea de
realizar un estudio excautivo de las pruebas recaudas dentro del proceso ordinario,
pues si así lo hubiera hecho, tendría otra posición frente a la decisión adoptada,
esto teniendo en cuenta que el cargo de desconocimiento del precedente judicial sí
está plenamente determinado por haberle exigido al accionado una tarifa legal que
no resulta necesaria para probar el elemento subordinación en este tipo de asuntos
tal como lo ha sostenido el alto tribunal de lo contencioso administrativo.
Por último, en cuanto al elemento de la subordinación, cito un aparte de un
pronunciamiento del consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, así:
“No existió una verdadera relación laboral; no demostró el elemento
subordinación, como requisito necesario para establecer si bajo la apariencia de
6 Ver en SAMAI, índice 00020.
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un contrato de prestación de servicios, en cuanto simplemente se limitó a allegar
copias de los contratos de prestación de servicios y la agenda concertada para el
cumplimiento del objeto de los mismos, sin que obren otras pruebas tendientes a
demostrar dichas afirmaciones y en este sentido, la parte demandante no cumplió
con la carga que le impone demostrar los supuestos fácticos en que se apoyan
sus pretensiones”.7
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de
1991, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia de acuerdo
con lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará sí teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con el presupuesto de
relevancia constitucional. De ser así, se estudiarán los demás requisitos generales
de procedencia y en caso de acreditarse, se examinará el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
7 Consejo de Estado, Sección segunda. S215542-2020.
8 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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momento Jurisprudencialmente.9
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción
constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y
cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–10.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
9 Ibídem.
10 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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2.4. Requisito de procedibilidad de relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202211, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún
derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que
analizó el juez natural de la causa.
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela
debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
La corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
A su vez, la corporación en mención precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal12
(Énfasis de la Sala).
El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de
11 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante: Darío
José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
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la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Caso concreto
La Sala estima que la carga argumentativa empleada por la parte actora para
cuestionar la sentencia proferida por la autoridad accionada hace referencia a
temáticas materialmente similares, las cuales fueron resueltas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En ese orden, se observa que la señora
Jessica Hernández Mendoza acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir
el debate jurídico y probatorio del proceso ordinario, tendiente a que sea el juez de
tutela quien determine si se configuró el elemento de la subordinación por parte de
la autoridad judicial accionada, el cual es determinante para probar la existencia de
una relación laboral.
En efecto, la divergencia surge del hecho de que el tribunal accionado revocó el
fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral Del
Circuito De Sincelejo-Sucre, en cual se reconocía la relación laboral.
Resulta evidente que la accionante busca un nuevo análisis de aspectos
definidos por los jueces de instancia, pues uno de los argumentos presentados en
esta acción va dirigidos a insistir en que los testimonios aportados en el proceso
determinaban las condiciones bajo las cuales el ICBF llevaba a cabo la
subordinación de la accionante como contratista. Aspecto que, contrario a lo
expuesto por la parte actora fue suficientemente estudiado por los jueces naturales.
En cuanto al desconocimiento de precedente judicial, la accionante argumenta que
la entidad judicial accionada fundamentó su decisión indebidamente en una
providencia con patrones fácticos diversos que no guardan similitud fáctica con el
presente caso.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de
noviembre de 2024 conoció de fondo el defecto en comento y resolvió lo siguiente.
«… si bien, el Tribunal demandado se refirió́ a la mencionada sentencia con la
finalidad de exponer el alcance del concepto de la subordinación como elemento
de la relación laboral y la forma en cómo se puede demostrar, no obstante, no se
basó́ en ella para determinar si existía similitud fáctica como en las funciones o
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cargos desempeñados, ni para establecer que debían aportarse ciertas pruebas
para demostrar el elemento subordinación.»13
Por otra parte, en lo referente a la afirmación de que el tribunal accionado le impuso
una tarifa legal para demostrar la subordinación en la relación laboral. La sección
cuarta indico lo siguiente.
«… se observa que contrario a lo mencionado por la actora, la autoridad judicial
demandada no impuso una carga o tarifa legal, pues del análisis de las pruebas
aportadas al proceso concluyó que la relación entre la actora y el ICBF era una
relación contractual en aplicación del principio de coordinación y no una relación
laboral en la que existiera subordinación, pues, los testimonios de manera
particular no fueron detallados frente a los horarios, órdenes a ejecutar, funciones,
o llamados de atención, ni se contaba con más pruebas distintas a los contratos y
las resoluciones que establecieron el horario de todo el personal de la regional,
que dieran certeza frente a la existencia de la dependencia y subordinación lo cual
no implicaba que el juez exigiera la presencia de otras pruebas, sino que de las
aportadas al proceso no fueron suficientes para demostrar el referido elemento
subordinación.»14
En lo ateniente a la subordinación, la autoridad judicial accionada luego de realizar
un análisis a las pruebas refirió el por qué dicho material probatorio allegado no
lograba determinar la relación subordinada que alegaba la demandante.
«(…) Revisado el dicho del testigo Edgar Daniel Buelvas Vergara se advierte
que señaló haber ingresado al “ICBF” en el año 2019; que encontró a la
demandante prestando sus servicios y que ésta cumplía horarios; no obstante,
no ofrece certeza sobre la existencia de un vínculo subordinado, ya que no
da detalles claros y específicos de cómo era el cumplimiento de las labores
de la demandante a fin de establecer si las mismas permitían o no
independencia y requerían órdenes de algún superior inmediato diferentes
a las de la coordinación propia de las labores contratadas, tampoco
especificó el testigo en qué consistían las órdenes que supuestamente le
impartían a la contratista.
(…) En lo que atañe al testigo Brayan David Mejía Patrón se tiene que éste
también manifestó que el demandante recibía órdenes relativas al cumplimiento
del objeto contractual. Y puntualmente al ser interrogado sobre las supuestas
órdenes recibidas dijo: “Yo lo presencié, como dije anteriormente, yo visitaba
mucho la oficina de jurídica y cuando tenía que hacer las liquidaciones de los
contratos ella yo era el que le llevaba las carpetas por lo que yo estaba en
gestión documental, entonces toda la documentación que se movía en ICBF, yo
era el que la llevaba, entonces en una de esas, en varias de esas incluso,
estando presente en la oficina de ella, ahí delante de mí le daban órdenes”; pero
de dicha afirmación no se puede deducir en qué consistían esas órdenes.
13 Extraído de la sentencia identificada con Radicado Nº 11001-03-15-000-2024-05608-00. MP.
Milton Chaves García.
14 Extraído de la sentencia identificada con Radicado Nº 11001-03-15-000-2024-05608-00. MP.
Milton Chaves García.
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Demandante: Jessica Hernández Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Rad: 11001-03-15-000-2024-05608-01
(…) En lo que respecta al testigo Fabián Andrés Oviedo Navarro se observa que
él igualmente se refirió al cumplimiento de horario e impartición de órdenes, pero
no se refirió a ninguna en específico, no dio detalles concretos de la relación
subordinada que alega la demanda.
(…) No se desconoce la labor desarrollada por la demandante y su
importancia en el objeto misional; sino que, no fueron probados los aspectos
relacionados con la forma en que la demandante prestó sus servicios durante el
tiempo de la vinculación, ni ello puede inferirse del objeto contractual donde
claramente se dejó establecido de que el contrato estaría sujeto a supervisión.
(…) Las labores contratadas, en este caso, profesional abogado, corresponden a
empleos que implican saber intelectivo propio de la formación profesional; sin
que ello signifique que en todos los casos la ejecución y aplicación del mismo se
realice de manera autónoma; pero en el asunto no obra prueba documental,
diferente a los contratos celebrados, que demuestre la subordinación.
(…) En el expediente no se tiene ningún manual de funciones que haya tenido
que seguir el contratista, ni reglamentos internos de trabajo, órdenes o circulares
que logren establecer una subordinación; nótese que las resoluciones aportadas
como prueba, en las que se establece un horario de trabajo para los empleados
de la Regional Sucre, no están dirigidas a ninguna persona en específico.»15
Adicional a ello, la parte accionada argumentó que en el presente caso se presentó
una sincronización de actividades, la cual se conoce en el contrato de prestación de
servicios como coordinación y no subordinación como alega la parte accionante.
«(…) No puede hablarse de subordinación como atrás se explicó si no de
coordinación, natural del contrato de prestación de servicio, habida cuenta de
que el desempeño de las funciones de la demandante no estuvo totalmente
dominado por las directrices impartidas por la demandada tal punto que se
ejerciera “… una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual.»
Los argumentos transcritos anteriormente demuestran que la acción de tutela está
encaminada a reabrir el debate que contó con dos instancias y cuyas conclusiones,
aunque distan del criterio de la parte actora, no pueden ser consideradas alejadas
de los postulados constitucionales invocados.
Es importante recordar que, en este tipo de controversias, el juez natural al efectuar
una valoración probatoria, opera en virtud de de su autonomía e independencia,
pero también determinando la utilidad, pertinencia y procedencia del material
probatorio, a través de criterios objetivos y razonables, de manera que forme su
convencimiento y sustente sus decisiones de manera objetiva.
En ese contexto, se considera que lo pretendido por la parte tutelante es que se
realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez natural, lo
que implica la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por el
15 Transcripción original del texto con posibles errores
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incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional16, dado que, como lo ha
señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado 17, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia18”.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, en tanto que resulta evidente que lo pretendido por el
demandante es que se recabe en el análisis de la controversia en una instancia
adicional, con el fin de que se acceda a las pretensiones formuladas en el marco de
un proceso ordinario, lo cual no resulta viable desde la óptica de la naturaleza y la
finalidad de esta.
La Sala revocará la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, que
negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela, por cuanto no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Declárese improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Jessica Hernández Mendoza, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los días (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
16 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
17 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger)”.
18 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providenciaoficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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