Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05609-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05609-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05609-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05609-01
Demandante: Eduardo García Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05609-01
Demandante: EDUARDO GARCÍA PÉREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de pérdida de
investidura. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25
de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de octubre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Eduardo García Pérez pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
13 de junio de 2024 y del 5 de septiembre de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y el Consejo de Estado, Sección Primera, respectivamente, que accedieron a
las pretensiones de la demanda con radicado No. 15001-23-33-000-2024-00211-00/01 y
decretaron la pérdida de investidura del actor como concejal electo del municipio de
Pesca, departamento de Boyacá.
2. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
Tutelar los derechos fundamentales del debido proceso, derecho al trabajo y demás que se consideren
se deje sin efectos la providencias Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado de Primera
y Segunda Instancia.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Henry Hernando Chacón Zamora presentó demanda de pérdida de investidura contra
Eduardo García Pérez, como concejal electo del municipio de Pesca, departamento de
Boyacá, al considerar que había incurrido en la causal prevista en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617 de 20021, relacionada con que no tomó posesión del cargo dentro de
1 Artículo 48. Perdida de Investidura de Diputados, Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05609-01
Demandante: Eduardo García Pérez
los tres días siguientes a la fecha de instalación del Concejo Municipal, sin que mediara
una causal de fuerza mayor.
Explicó que el 1 de noviembre de 2023 el actor recibió su credencial como concejal del
municipio de Pesca para el periodo constitucional del 1° de enero de 2024 al 31 de
diciembre de 2027. Que el señor Eduardo García Pérez presentó su renuncia y la decisión
de no tomar posesión del cargo el 29 de diciembre de 2023, ante el mencionado concejo
municipal.
Que el 1 de enero de 2024 el Concejo Municipal de Pesca se instaló y el hoy demandante
no tomó posesión de su cargo, de acuerdo con el acta No. 001 de esa misma fecha. Que
el concejo municipal dio trámite a la renuncia presentada por el señor García Pérez antes
de iniciar el periodo y sin haber tomado posesión.
La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-23-33-000-2024-00211-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá que por sentencia del 13 de junio de
2024, accedió a las pretensiones, al estimar que, se habían configurado los elementos
objetivos y subjetivos para la declaratoria de pérdida de investidura del señor Eduardo
García Pérez.
Explicó que el señor García Pérez había sido elegido concejal, que no se posesionó en
el cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo o a la
fecha en la que estaba llamado a posesionar y que la falta de posesión no era atribuible
a un caso de fuerza mayor.
Además, que el elemento subjetivo estaba acreditado, debido a que el señor García
Pérez de manera intencional se abstuvo de tomar posesión como concejal del municipio
de Pesca, que esa fue una decisión libre, voluntaria y deliberada.
Inconforme, el señor García Pérez apeló y argumentó que con la incapacidad No. 158578
de 31 de diciembre de 2023, acreditaba una circunstancia de fuerza mayor que le impidió
tomar posesión del cargo. Que esa prueba debía ser analizada de forma autónoma e
independiente al oficio por medio del cual informó al Concejo Municipal de Pesca su
intención de no tomar posesión.
Que había señalado algunas sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con supuesto fácticos similares, para demostrar que actuó de buena fe y que no
se acreditaba el elemento subjetivo.
Que nunca había incursionado en temas políticos ni había sido electo popularmente, que,
por ello, no tenía conocimiento ni experiencia en temas electorales o de pérdida de
investidura y que su conducta no fue dolosa.
Por sentencia del 5 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera,
confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora no identificó los defectos
que alegaría, la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la incapacidad médica suscrita por
un médico del Hospital San Blas – Subred Integrada al Servicio de Salud Centro Oriente
E.S.E., con la que, a juicio del demandante, se acreditaban las circunstancias de fuerza
mayor que le impidieron tomar posesión del cargo como concejal del municipio de Pesca.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o
concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
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Demandante: Eduardo García Pérez
Manifestó que su incapacidad médica era una causa objetiva que constituía una
circunstancia de fuerza mayor que le impidió posesionarse. Que en el expediente
ordinario no se aportó otro medio de convicción que permitiera desvirtuar su incapacidad
médica
Desconocimiento del precedente fijado en:
i) La sentencia T-1026 de 2010 dictada por la Corte Constitucional que, según el
demandante, señala que a los jueces no les corresponde determinar si es grave o no una
enfermedad y si las incapacidades impiden o no el traslado de determinados pacientes.
ii) La sentencia del 16 de octubre de 2014 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-00868-01, en la que, según
el actor, se dijo que las incapacidades médicas constituyen prueba suficiente para
acreditar una circunstancia de fuerza mayor, que impida la declaratoria de pérdida de
investidura.
5. Intervenciones
La magistrada del Consejo de Estado, Sección Primera, ponente de la sentencia del 5
de septiembre de 2024, dictada en el proceso de pérdida de investidura con radicado No.
15001-23-33-000-2024-00211-01, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela o que se denegara la solicitud de amparo.
Sostuvo que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional porque
la parte actora la utiliza para reanudar una discusión que fue resuelta en el proceso
ordinario. Que el demandante propone alegatos jurídicos de instancia con los que
pretende contradecir el análisis realizado por la autoridad judicial.
Que no incurrió en los defectos alegados y reiteró el análisis realizado en la sentencia del
5 de septiembre de 2024.
El magistrado el Tribunal Administrativo de Boyacá, ponente de la sentencia del 13 de
junio de 2024 dictada en el proceso de pérdida de investidura con radicado No. 15001-
23-33-000-2024-00211-00, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo
o que se desestimara las pretensiones del demandante.
Manifestó que el actor pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional
del proceso ordinario y que las decisiones cuestionadas no están viciadas de ningún
defecto.
El señor Henry Hernando Chacón Zamora, demandante en el proceso de pérdida de
investidura, dijo que a través de la presente acción de tutela no se pueden revocar las
sentencias acusadas.
Que el señor García Pérez presentó su renuncia al cargo de concejal del municipio de
Pesca, porque había sido designado simultáneamente como consejero directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en esa designación había informado que
no tenía inhabilidades ni incompatibilidades. Que su intención siempre fue la de no ejercer
el cargo de elección popular al que había sido electo.
Que no podía renunciar a un cargo al que no había tomado juramento.
6. Intervenciones del demandante
El 25 de octubre de 2024, el accionante allegó memorial con el que aportó copia de su
cédula de ciudadanía y los registros civiles de sus dos hijas, para señalar que con las
sentencias cuestionadas también se trasgredía el derecho al mínimo vital de sus hijas.
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Demandante: Eduardo García Pérez
7. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2024, declaro improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no
cumplía con el requisito general de relevancia constitucional. Explicó que los argumentos
del demandante estaban dirigidos a cuestionar la valoración probatoria realizada por la
autoridad judicial, sin demostrar que se contrariaron las reglas de la sana crítica o que
las sentencias acusadas fueron caprichosas o arbitrarias.
Además, señaló que no se pronunciaría sobre el memorial aportado por el actor el 25 de
octubre de 2024, porque fue allegado luego de que se rindieran los correspondientes
informes de las autoridades demandadas y de los terceros con interés.
8. Impugnación
La Sala debe señalar que, la parte actora, en principio, presentó memorial de
impugnación el 4 de diciembre de 2024 en el que solo mencionó que presentaba el
correspondiente recurso de impugnación y que, posteriormente, allegaría memorial con
el que presentaría los argumentos en contra de la decisión impugnada.
El 13 de diciembre de 2024, el demandante allegó memorial con los argumentos de la
impugnación y señaló que en la sentencia del 25 de noviembre de 2024 no se precisó
cuál era la causal de falta de relevancia constitucional en la que se incurría.
Que no se señaló si la falta de relevancia constitucional estaba relacionada con que la
controversia se trataba de un asunto meramente legal o económico, o que, si la discusión
no giraba en torno a un derecho fundamental o que se pretendía reabrir un debate
resuelto por el juez ordinario, de acuerdo con la sentencia T – 075 de 2023 dictada por la
Corte Constitucional.
Luego, reiteró los argumentos propuestos en el escrito de tutela, para manifestar que la
relevancia sí se encuentra acreditada porque la valoración probatoria realizada en el
proceso ordinario fue arbitraria, caprichosa y se entrometió indebidamente en el campo
de la medicina.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, puesto que la acción de tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza para insistir en
que no se debió declarar su pérdida de investidura como concejal del municipio de Pesca.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
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Demandante: Eduardo García Pérez
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-002, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de pérdida de investidura. Básicamente,
en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la parte actora señala que no se debió
declarar su pérdida de investidura, porque no pudo posesionar al cargo de concejal del
municipio de Pesca, debido a una circunstancia de fuerza mayor, relacionada con una
incapacidad médica.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 13 de junio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se lee lo
siguiente:
Se quiere significar con lo anterior, que de acuerdo con las incapacidades médicas que obran como
prueba dentro del presente proceso, con absoluta certeza se acredita que para el día de instalación del
Honorable Concejo Municipal de pesca y para los tres (3) días sub siguientes, mi cliente se encontraba
con una imposibilidad física contenida en una legal incapacidad médica No. 158578, de fecha 31 de
diciembre de 2023 que le impidió acudir al recinto del Concejo Municipal de pesca para tomar posesión
del mismo, circunstancia que debe ser analizada como supuesto autónomo e independiente del oficio
radicado el día 29 de diciembre de 2023 fecha en la que exteriorizó su intención de tomar posesión del
cargo.
La anterior circunstancia se erige como un evento de fuerza mayor configuradora en este caso de un
eximente de responsabilidad por cuanto dicha afectación de salud se tornó imprevisible e irresistible
para mi representado; así lo sostuvo el Honorable Consejo de Estado en providencia de fecha 28 de
mayo de 2019, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, dentro del medio de control
de perdida de investidura identificado con No. de radicación 11001-03-15-000-2018-03883-01 (PI), con
ponencia del Honorable Consejero WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ, quien frente al fenómeno de la
fuerza mayor en un caso de supuestos facticos y jurídicos similares al que ocupa nuestra atención
manifestó:
(…)
2 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Eduardo García Pérez
En el presente evento se tiene entonces que mi representado, no podía resistirse al accidente que
ocasionó su lesión, pues fue producto del ejercicio de su actividad como adiestrador de caballos,
actividad que no está por demás es peligrosa y a pesar de haber guardado la debida prudencia y
diligencia no pudo controlar; tornándose entonces imprevisible, pues si hubiese sabido de la ocurrencia
del mismo con anterioridad a su materialización, hubiera optado por no manipular el semoviente a esa
hora cuando ocurrió el accidente y por último, fue un hecho ajeno o externo a mi representado ya que
si bien como adiestrador de caballos conoce el riesgo que ello implica, es decir ese riesgo le era extraño,
esto no permite suponer que la causa del accidente fue producto de su voluntad pues las reglas de la
experiencia muestran que a pesar de ser un adiestrador de caballos, los accidentes con animales
domesticados suceden y nadie se accidenta a voluntad propia salvo contadas excepciones de personas
con problemas o intenciones suicidas.
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora argumenta
lo siguiente:
CUARTO: Teniendo en cuenta los Fallos de Primera Instancia y Segunda Instancia frente a la valoración
de la “incapacidad médica” generada al suscrito entre el 31 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de
2024, suscrita por médico del HOSPITAL SAN BLAS-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C, debido a un esguince de
rodilla; respecto a la “fuerza mayor” como único supuesto que prevé el artículo 48 de la Ley 617, como
causal eximente de la obligación de tomar posesión en el cargo de Concejal de Pesca – Boyacá, se
incurre en una vía de hecho y trasgrede el derecho al debido proceso por realizar juicio de valor frente
a la incapacidad puesta a su consideración pues según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del mismo Consejo de Estado, el Juez no puede reemplazar al profesional de la medicina y determinar
cuándo una enfermedad es grave o no, y en el presente asunto el Consejo de Estado contrario a su
mismas providencias indicó: (...)
(…) en el presente asunto frente al tema de “pérdida de investidura del cargo de Concejal”, el mismo
Consejo de Estado sostuvo que la presentación de “incapacidades medicas” constituye prueba
suficiente de la “fuerza mayor” que impide la declaratoria de pérdida de investidura del cargo de Concejal
lo cual configura el eximente establecido en el parágrafo del artículo 48 (numeral 2º) de la Ley 617 del
2000, lo cual lo adujo la Sección Primera mediante Sentencia 2013-00868 de octubre 16 de 2014 MP
MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ y al respecto indicó lo siguiente:
(...)
Fíjese de lo anterior, a groso modo con la identificación de la patología del esguince de rodilla, sus
consecuencias, sus dolores y su tratamiento, en el presente asunto un Juez, Magistrado de Tribunal y/o
Consejo de Estado no es el profesional idóneo para determinar si un “esguince es leve” por el solo
hecho de diagnosticarse analgésicos para su tratamiento y no practicarse una cirugía púes como se
puede observar el tratamiento de un esguince así sea “leve”, requiere reposo y la inmovilización de las
actividades en las cuales el tejido tenga tiempo de curarse, por ello, es que el médico otorgo una
incapacidad tan larga de cinco (5) días, precisamente para inmovilizarme de toda actividad física
“Caminar” incluso el traslado de un viaje largo (Bogotá – Pesca Boyacá) que son 5 o 6 horas
aproximadas de camino entre la Ciudad capital y el Municipio, que pueden ser más teniendo en cuenta
el “tiempo, modo y lugar de la fecha de la incapacidad”; es decir, en época navideña como lo fue un 31
de diciembre de 2023 y primero 1º de enero 2024, que todo mundo viaja desde la ciudad de Bogotá y
es una época congestionada en tráfico hacia el Departamento de Boyacá (alumbrado navideño) -
Municipio de Pesca; por ello, el reposo debía ser absoluto y elevar el pie, lo que contrario a la “sana
crítica” que realizó el Consejo de Estado; si es lógico, que se me impidió “clínicamente físicamente”
trasladarme dese la ciudad de Bogotá a realizar la posesión del Cargo de Concejal máximo que dicha
posesión era de manera presencial en una acto público ante la comunidad del municipio de Pesca,
donde requería un esfuerzo físico para el primero de enero de 2024, lo cual se me dificulto así como en
los días siguientes debido a la quietud que debía ostentar para mi recuperación.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera,
en la sentencia del 5 de septiembre de 2024, en la que consideró:
67. En el presente asunto, en cuanto al cumplimiento de este presupuesto, consistente en que la falta
de posesión no sea atribuible a un caso de fuerza mayor, considera la Sala que este se acreditó pues,
contrario a lo aducido por la defensa en la contestación de la demanda y en los alegatos finales, no se
demostró una circunstancia imprevisible, irresistible y exterior, constitutiva de fuerza mayor para que el
señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ no tomara posesión en el cargo de concejal del Municipio de Pesca,
para el que fue elegido por voto popular.
68. Sea lo primero señalar que, en la contestación de la demanda, específicamente en la contestación
al hecho 4º, el señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ, por intermedio de su apoderado judicial, adujo que
su falta de posesión, como Concejal del Municipio de Pesca, el 1º de enero de 2024, fue debido a que
se encontraba en incapacidad médica, la cual inició el 31 de diciembre de 2024 (sic) y terminó el 4 de
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Demandante: Eduardo García Pérez
enero de 2024, señalando además que esa fue precisamente la razón de ser del oficio [radicado el 29
de diciembre de 2023], en virtud de las dificultades de salud y su lenta recuperación, que le impediría el
cabal ejercicio de las funciones (sic).
69. Como prueba de la contestación de la demanda se allegó copia de la incapacidad médica No.
158578 expedida el 31/12/2023 por médico adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E., siendo el paciente, el hoy demandado EDUARDO GARCÍA PÉREZ, por el termino de 5
días, teniendo como fecha inicial el 31 de diciembre de 2023 y fecha final el 04 de enero de 2024,
señalando que el origen de la incapacidad es común por “Esguince rodilla” (fl. 12 índice 11 ED-SAMAI).
70. Memora la Sala que, en las alegaciones finales, la defensa del señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ
afirmó que ese quebranto de salud – contusión en la rodilla – es el evento de fuerza mayor, eximente
de responsabilidad, en tanto se tornó imprevisible e irresistible (sic), y fue justamente lo que justificó el
oficio presentado ante el Concejo Municipal de Pesca el 29 de diciembre de 2023, aduciendo
textualmente dificultades de salud y una lenta recuperación, lo que le impedía el ejercicio de las
funciones (sic).
71. La Sala no puede pasar por alto que, en el resumen de alegaciones finales presentado por la defensa
del señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ, existe una contradicción y/o imprecisión de la causa del
accidente que le ocasionó la contusión de rodilla y que generó la incapacidad médica para los días 31
de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024, fecha ésta en que debía posesionarse en el cargo de
Concejal del Municipio de Pesca, como quiera que inicialmente informó que se accidentó cuando estaba
manipulando un semoviente en el ejercicio de su actividad como adiestrador de caballos (sic) y más
adelante señala que fue por un accidente en moto (sic).
72. Adicionalmente, considera la Sala las afirmaciones efectuada por el demandado son carentes de
prueba, teniendo en cuenta que conforme lo expuesto en el oficio fechado el 28 de diciembre de 2023
y radicado ante el Concejo Municipal de Pesca el 29 del mismo mes y año, del que se hizo alusión en
acápite anterior, las razones que justificaron la supuesta “renuncia” e intención de no posesionarse y de
no aceptar la curul, no tenían nada que ver con alguna afectación de salud padecida por el demandado,
y menos por la contusión de rodilla que conllevó a que se le diera incapacidad médica por los días 31
de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024, pues en dicho escrito se adujeron motivos personales y
familiares y, por presuntamente, estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad (sic), aunado
a que en el mismo escrito se informó que desde el 20 de noviembre de 2023 ya había manifestado su
renuncia y no aceptación de la curul.
73. Evidenciando entonces la Sala que la intención de no tomar posesión por parte del señor EDUARDO
GARCÍA PÉREZ, para ejercer el cargo de Concejal del Municipio de Pesca, frente al que fue elegido
por voto popular, no se debió a la circunstancia de fuerza mayor alegada por la defensa, esto es, por
encontrarse en incapacidad médica durante los días de instalación del Concejo Municipal de Pesca,
para el periodo constitucional 2024-2027, esto es, 1º de enero de 2024 y los tres (3) días siguientes,
sino que fue producto de una decisión deliberada y previa de no posesionarse como concejal.
74. Considerando entonces la Sala que, las razones invocadas en el escrito radicado el 29 de diciembre
de 2023 no tienen la característica de ser imprevisible, en primer lugar, por cuanto no se explican los
motivos personales y familiares que lo llevaron a optar por la “renuncia” a la curul y no tomar posesión
del cargo, y además por cuanto, quien aspira a un cargo de elección popular debe conocer previamente
si está incurso o no en alguna causal de incompatibilidad o inhabilidad para el ejercicio del cargo, y de
estarlo, le corresponde el deber constitucional de no presentarse a la contienda electoral.
75. Tampoco comporta el requisito de irresistible, dado que las situaciones que invocó en el escrito del
29 de diciembre de 2023 - de índole personal y familiar y la supuesta incursión en inhabilidad o
incompatibilidad, no hacía imposible cumplir el deber legal de tomar posesión del cargo, más aún
cuando no se demuestra lo contrario.
76. Así como tampoco se trató de un hecho extraño, pues se insiste que, el concejal electo, decidió
voluntariamente no tomar posesión del cargo, según informa desde el 20 de noviembre de 2023, cuando
supuestamente presentó un escrito de renuncia y de no aceptación de la curul (sic), del que no se allegó
prueba al plenario, conforme a lo afirmado en el escrito radicado ante el Concejo Municipal de Pesca el
29 de diciembre de 2023. En este sentido, fue la voluntad del concejal electo, presentada de manera
explícita y previa la causa de la no toma de posesión, no existiendo relación entre el alegado accidente
y la configuración de la causal de pérdida de investidura.
77. Por las razones anteriores, considera la Sala Plena que, se encuentran acreditados los presupuestos
objetivos de la causal invocada en la demanda para declarar la pérdida de investidura del señor
EDUARDO GARCÍA PÉREZ, quien fue elegido concejal del Municipio de Pesca, para el período
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Demandante: Eduardo García Pérez
constitucional 2024-2027, quien no tomó posesión del cargo, sin que mediara una circunstancia de
fuerza mayor que lo justificara.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que explicó que, en el caso concreto, la incapacidad
presentada por el señor García Pérez no constituía una circunstancia de fuerza mayor
que le impidiera posesionarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación
del concejo del municipio de Pesca o a la fecha en que había sido llamado a
posesionarse.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si la
incapacidad médica presentada por el actor en el proceso de pérdida de investidura
adelantado en su contra podía ser considerada como una circunstancia de fuerza mayor.
Máxime si se tiene en cuenta que, como se vio, su intención libre y espontánea había
sido no posesionar al cargo al que había sido electo popularmente.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Finalmente, con relación al precedente fijado en las sentencias T-1026 de 2010 dictada
por la Corte Constitucional y del 16 de octubre de 2014 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-00868-01,
la Sala debe señalar que no resultan aplicables al caso concreto porque se trata de
supuestos fácticos distintos a los estudiados en esta acción de tutela.
En la sentencia T-1026 de 2010 se estudió una acción de tutela presentada por una
persona a la que su abogado no asistió a una audiencia en un proceso penal, celebrada
el 27 de enero de 2010, en la que se decretó la nulidad de todo lo actuado por falta de
competencia, sin embargo, posteriormente, el 10 de febrero de 2010, el apoderado
presentó una incapacidad médica junto con un recurso reposición contra el auto que
decretó la nulidad.
Señaló que, con fundamento en la incapacidad médica, el recurso no debía ser rechazado
porque los términos debían reabrirse, no obstante, la autoridad judicial rechazó el recurso
de reposición.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05609-01
Demandante: Eduardo García Pérez
En esa ocasión, la Corte Constitucional dijo, con relación a la incapacidad médica, que el
juez no puede entrar a controvertir lo gravosa o no de una situación calificada por un
profesional de la medicina, que, sin embargo, quedaba dentro de su ámbito de valoración
el considerar si esa situación podría ser una causa que justifique la reapertura de términos
ante la ausencia de un sujeto procesal.
Por otro lado, en la providencia del 16 de octubre de 2014 se decidió la pérdida de
investidura de un concejal del municipio de Venecia, departamento de Antioquia, por la
presunta inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco reuniones plenarias o de
comisión en las que se hubiere votado proyectos de ordenanza o acuerdo.
En esa decisión, la Sección Primera de esta Corporación denegó las pretensiones de la
demanda, al estimar que el demandado había acreditado una circunstancia especifica de
fuerza mayor que le impedía acudir a las sesiones, relacionada con una incapacidad
médica por lipotimia. Explicó que ese diagnóstico consistía en: << una pérdida breve del
conocimiento debida a una anoxia cerebral global, es decir, que no llega suficiente oxígeno a todo
el cerebro debido a una disminución transitoria del aporte sanguíneo del mismo>>, que, por la
gravedad de la incapacidad, al demandado le resultaba imposible acudir a sesionar, lo
que, a su juicio, constituía una circunstancia de fuerza mayor.
Como se vio, las sentencias antes mencionadas estudiaron casos con supuestos fácticos
y jurídicos distintos a los de la presente acción de tutela.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada de declarar improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Demandante: Eduardo García Pérez
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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