Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00211-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00211-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2024-00211-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 150012333000202400211011
Recursos de apelación contra la sentencia de 13 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Solicitante: HENRY HERNANDO CHACÓN ZAMORA
TESIS: CONCEJAL ELECTO DEL MUNICIPIO DE PESCA (BOYACÁ), ACTUÓ SIN
JUSTIFICANTE DE FUERZA MAYOR Y CON CULPA GRAVE EN LA COMISIÓN
OBJETIVA DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617 DE 2000, ESTO ES POR NO TOMAR
POSESIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE
INSTALACIÓN DE DICHA CORPORACIÓN PÚBLICA, PERÍODO
CONSTITUCIONAL 2024-2027. NI LA RENUNCIA A ESE EMPLEO PÚBLICO NI
SU ACEPTACIÓN EXCULPAN AL ACCIONADO, POR CUANTO LE SUBSISTE EL
DEBER CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE TOMAR POSESIÓN DEL CARGO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 13 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual decretó la
pérdida de investidura del concejal electo del municipio de Pesca
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2024 00211 01
Solicitante: HENRY HERNANDO CHACÓN ZAMORA
(Boyacá), señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ, por hechos
relacionados con el período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano HENRY HERNANDO CHACÓN ZAMORA,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ, concejal electo
del municipio de Pesca (Boyacá), al considerar que incurrió en la
causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20002, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro
de los tres días siguientes a la fecha de instalación de ese Concejo
para el período constitucional 2024-2027, sin que mediara causal
alguna de fuerza mayor.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
Indicó que el señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ fue elegido
concejal del municipio de Pesca (Boyacá) para el período
constitucional 2024-2027, quien, luego de recibir la credencial el
1o. de noviembre de 2023, manifestó renunciar y no tomar
posesión de dicho cargo el 29 de diciembre de 2023.
Señaló que el Concejo Municipal de Pesca (Boyacá) se instaló el 1o.
de enero de 2024 y siete concejales elegidos tomaron posesión de
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2024 00211 01
Solicitante: HENRY HERNANDO CHACÓN ZAMORA
sus cargos, excepto el accionado, tal y como consta en el Acta núm.
001 de igual fecha, en cuyo numeral 9 la Mesa Directiva de esa
corporación tramitó la referida renuncia.
Mencionó que, conforme las actas núms. 001, 002, 003, 004 y 005
de 2024, expedidas por el Concejo Municipal de Pesca (Boyacá), el
accionado omitió tomar posesión del cargo de concejal dentro de
los tres días siguientes a su instalación.
I.3.- El accionado, a través de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de la pretensión de desinvestidura, para lo cual arguyó
que los concejales electos del municipio de Pesca (Boyacá) tomaron
posesión el 1o. de enero de 2024, época en la que ostentaba
incapacidad médica núm. 158578 de 31 de diciembre de 2023,
desde ese día hasta el 4 de enero de 2024, debido a sus
dificultades de salud y lenta recuperación que le iban a impedir el
cabal ejercicio de sus funciones de concejal.
Manifestó que si bien ello configuraría objetivamente la causal de
pérdida de investidura, lo cierto es que habiéndole sido aceptada su
renuncia por parte del Concejo Municipal quedó demostrada una
actuación sin dolo ni culpa grave y sí de buena fe y con confianza
legítima, justamente porque su renuncia fue tramitada y aceptada,
sumado a que no tenía conocimiento de la existencia de causales de
pérdida de investidura, por su falta de experiencia en asuntos
políticos y electorales, y por su profunda e inequívoca convicción de
estar obrando de manera adecuada y conforme al ordenamiento
jurídico.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 13 de junio de 2024, decretó la
pérdida de investidura del señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ,
concejal electo del municipio de Pesca (Boyacá), período
constitucional 2024-2027, para lo cual señaló que sí está
configurado el elemento objetivo de la referida causal, toda vez que
fue el propio accionado quien, al contestar la demanda, aceptó
como ciertos los hechos 5º y 7º y parcialmente cierto el hecho 9º
del escrito introductorio, según los cuales no tomó posesión del
cargo de concejal en el acto de instalación del Concejo Municipal de
Pesca (Boyacá), lo cual además se acredita con el Acta núm. 001
correspondiente a la sesión de la corporación de 1o. de enero de
2024, y con las actas de las sesiones ordinarias posteriores de ese
mismo mes de enero. Y que, sumado a lo anterior, el accionado
radicó renuncia a posesionarse con oficio de 28 de diciembre de
2023, radicado el 29 de ese mes y año.
Adujo que no se demostró una circunstancia constitutiva de fuerza
mayor, es decir imprevisible, irresistible y exterior, para que el
accionado no tomara posesión en el cargo de concejal, en primer
lugar porque alegó incapacidad médica núm. 158578, -desde el 31
de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de 2024-, suscrita por
médico adscrito a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., debido a un esguince de rodilla
causado mientras manipulaba a un semoviente en ejercicio de su
labor como adiestrador de caballos, pero más adelante se
contradijo cuando en sus alegatos afirmó haber sido por un
accidente de moto.
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Sostuvo, en segundo lugar, que en el oficio de 29 de diciembre de
2023, el accionante manifestó razones distintas para presentar su
renuncia y decisión de no posesionarse en el cargo de concejal,
esto es por motivos personales y familiares y por presuntamente
estar incurso en causal de ‘inhabilidad e incompatibilidad del
artículo 179 de la Constitución Política’, aunado a que en el mismo
escrito se informó que desde el 20 de noviembre de 2023 ya había
manifestado su renuncia y no aceptación de la curul ante la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
Ante el argumento traído en los alegatos finales del accionado de su
profunda e inequívoca convicción de estar obrando bien,
supuestamente porque tuvo en cuenta el precedente judicial del
mismo Tribunal, específicamente del fallo de pérdida de investidura
de 12 de octubre de 2023 al interior del proceso 15001-23-33-000-
2023-00317-00, así como de la sentencia de 5 de agosto de 2020,
dentro del proceso núm. 15001-23-33-000-2020-01680-00, entre
otras providencias de otros tribunales del país, mencionó que no
tenía vocación de prosperidad pues es improcedente catalogar,
como precedentes judiciales, las decisiones proferidas por los
juzgados y tribunales del país, sumado a que la sentencia de 12 de
octubre de 2023 se profirió en el marco de hechos sustancialmente
distintos.
A su vez, indicó que al haber sido elegido por voto popular para
desempeñar el cargo de concejal del municipio de Pesca (Boyacá),
para el período constitucional 2024-2027, el accionado tenía la
obligación de asumir el ejercicio del mandato que le confirió el
pueblo a través de su voto, sin tener la posibilidad de no aceptar la
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curul con posterioridad a su elección, menos aun alegando su falta
de experiencia en política y asuntos electorales.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El accionado, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de 13 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el que aduce que si el accidente lo
tuvo en caballo o en una moto, el desenlace y la incapacidad en uno
u otro evento es el mismo, pues de conformidad con la incapacidad
médica núm. 158578 de 31 de diciembre de 2023 que obra dentro
del proceso, el día de instalación del Honorable Concejo Municipal
de Pesca (Boyacá), y dentro de los tres días siguientes, presentaba
imposibilidad física para acudir al recinto y tomar posesión del
cargo, circunstancia que debe ser analizada como evento
constitutivo de fuerza mayor y de forma autónoma e independiente
del oficio radicado el 29 de diciembre de 2023, fecha en la que
exteriorizó su intención de no tomar posesión del cargo.
Manifiesta que trajo a colación las sentencias proferidas en otros
casos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, no como
precedente obligatorio vinculante, -al margen de que su conducta sí
haya configurado objetivamente la causal de desinvestidura
prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 en el caso
concreto-, sino para demostrar que sí actuó con buena fe
cualificada y en presencia de un error invencible, puesto que en
aquellas se denegó la desinvestidura de los accionados.
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Cita, en especial, la sentencia de 12 de octubre de 2023, -
radicación 15001-23-33-000-2023-00317-00-, mediante la cual ese
Tribunal, luego de declarar configurado el elemento objetivo de la
misma causal de pérdida de investidura, exoneró de
responsabilidad a quien había sido declarado electo concejal de
Chiquinquirá (Boyacá), pero no se posesionó, pues aparentemente
había obrado bajo la convicción de la presunción de legalidad del
acto administrativo con el que se le había aceptado su renuncia, lo
mismo que ocurrió en el caso bajo examen.
A su vez, se refiere a la sentencia de 5 de agosto de 2020, también
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco de
un proceso de pérdida de investidura surtido contra un concejal del
municipio de Tinjacá (Boyacá), -radicación 15001-23-33-000-2020-
01680-00-, en la que se decide inaplicar por inconstitucional el
aparte de la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de 2019,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se
establecen medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909
de 9 de julio de 20183, en el sentido de que quienes son llamados a
ocupar el cargo de concejal producto de la aplicación del Estatuto
de la Oposición Política, tienen un tratamiento distinto respecto al
deber de tomar posesión, pues únicamente opera tal condición
frente a quien accede a la curul a través del voto.
También invoca lo decidido en la sentencia de 23 de septiembre de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, -
radicación 7600123-33-000-2020-00838-01-, mediante la cual
negó la desinvestidura de un concejal del municipio de El Cerrito
3 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes […]”.
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(Valle del Cauca), toda vez que no se posesionó para evitar una
posible conducta sancionada como falta gravísima, -artículo 48,
numeral 17, del Código Disciplinario Único-.
Sostiene que nunca había incursionado en temas relacionadas con
la política, ni con cargos de elección popular, luego no tenía el
conocimiento suficiente ni la experiencia en temas electorales y
muchos menos de causales de pérdida de investidura de concejales,
lo cual queda acreditado si se tiene en cuenta que, inclusive, todo
el Concejo desconocía tal prohibición y no solo el de Pesca
(Boyacá), por lo que su conducta no se adelantó de forma dolosa ni
gravemente culposa.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El traslado del recurso de apelación previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, interpuesto por el accionado contra la
sentencia de 13 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, no fue descorrido por el solicitante ni por
el agente del Ministerio Público.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
De conformidad con los precisos términos en que fue presentado el
recurso de apelación por el accionado, le corresponde a la Sala
establecer, únicamente, si el concejal electo del municipio de Pesca
(Boyacá), señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ, logra exculparse de la
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comisión objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en
el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, por cuanto (i) tenía
incapacidad médica entre el 31 de diciembre de 2023 y el 4 de
enero de 2024, debido a un esguince de rodilla; (ii) actuó con
buena fe cualificada y en presencia de un error invencible porque
las tres sentencias citadas le otorgaron certeza en torno a la
posibilidad de no posesionarse en su curul, sin incurrir en la causal
de pérdida de investidura; y (iii) desconoció la referida prohibición
legal debido a su inexperiencia en asuntos políticos y electorales.
V.2.- Del caso concreto
V.2.1.- Está demostrado, en el presente asunto, que el señor
EDUARDO GARCÍA PÉREZ fue elegido concejal del municipio de
Pesca (Boyacá), para el período constitucional 2024-2027, en
representación del Partido Alianza Verde, de conformidad con el
Formulario E-26 CON de 1o. de noviembre de 2023, expedido por
los miembros de la Comisión Escrutadora de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
De igual forma, está probado que el accionado radicó escrito que
denominó “Oficio de no posesión y no aceptación curul Concejo
Municipal Pesca-Boyacá período constitucional 2024-2027” el 29 de
diciembre de 2023 ante el Concejo Municipal de Pesca (Boyacá) en
el que manifestó:
“[…] EDUARDO GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.704.094 expedida en Charalá, Santander,
por medio del presente escrito, en mi calidad de concejal
electo del municipio de Pesca para el período 2024-2027,
me permito manifestar libre, voluntaria y sin ningún
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apremio que no acepto y es mi deseo no posesionarme a
la curul del concejo municipal de Pesca, a la cual había
recibido credencial de fecha 01 de noviembre de 2023
por parte de la Registraduría Nacional, a la cual
igualmente radiqué mi renuncia y no aceptación de dicha
curul el día 20 de noviembre de 2023, oportunamente.
Lo anterior, obedece a motivos personales y familiares,
pero en especial me encuentro en curso (sic) en una
inhabilidad e incompatibilidad del artículo 179 de la
Constitución Política, reglamentadas en la ley, por ende,
se me es imposible jurídicamente posesionarme y a su
vez ejercer el cargo de concejal periodo 2024-2027 en el
municipio de Pesca – Boyacá.
Teniendo en cuenta, lo anterior le solicito muy comedidamente
al presidente del concejo municipal encargado el 1 de enero de
2024 tramite la presente solicitud y realice el
procedimiento establecido para la reasignación de la
curul a quien corresponda, conforme lo establezca la ley
y por esta razón adelante las gestiones correspondientes
para tal efecto.
Cordialmente,
EDUARDO GARCÍA PÉREZ […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Según se desprende del Acta número 001 de 1o. de enero de 2024,
contentiva de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Pesca
(Boyacá), el señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ no contestó el
llamado a lista ni tomó posesión en el empleo público de concejal
municipal de Pesca (Boyacá), así como tampoco hay prueba de que
lo hubiera hecho dentro de los tres días siguientes, tal y como
también fue ratificado por la Mesa Directiva de esa corporación a
través de oficio CM-025-2024 de 14 de marzo de 2024, con destino
al actor.
Se observa que en el punto 9 de la citada acta, -asuntos varios-, se
dio lectura al “Oficio de no posesión y no aceptación curul Concejo
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Municipal Pesca-Boyacá período constitucional 2024-2027”,
radicado por el accionado desde el 29 de diciembre de 2023, y
luego de ponerse a consideración de la plenaria, se dejó constancia
de haberse aceptado la citada renuncia y de iniciar los respectivos
trámites consecuencia de ello.
V.2.1.1.- Para resolver los asuntos comprendidos en el problema
jurídico, la Sala pone de presente, en cuanto a lo primero, que
desde el 29 de noviembre de 2023 el accionado ya le había
manifestado al Concejo Municipal de Pesca (Boyacá), su voluntad
libre y consciente de renunciar y no tomar posesión del empleo
público de concejal, para lo cual alegó (i) ‘motivos personales y
familiares’, así como (ii) una supuesta ‘inhabilidad e
incompatibilidad’ prevista en el artículo 179 de la Constitución
Política, lo que le hacía ‘imposible jurídicamente’ posesionarse y
ejercer el citado cargo.
En este caso, ni los motivos personales y familiares, -que no
especificó en qué consistieron-, ni las causales de inhabilidad
establecidas en el artículo 179 Superior, exclusivamente para
congresistas, -que por demás tampoco explicó-, resultan
justificantes de su omisión constitucional y legal porque no solo no
desvirtúan la configuración objetiva de la causal de desinvestidura,
sino que no constituyen fuerza mayor en los términos explicados
por la jurisprudencia contenciosa administrativa, esto es que no
cumplen con su condición de irresistibles, imprevisibles y extraños.
La fuerza mayor es el único supuesto que prevé el artículo 48 de la
Ley 617, como causal eximente de la obligación de tomar posesión
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en el cargo, que está definida en el artículo 64 del Código Civil
como “[...] el imprevisto a que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. [...]”. Para su
configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión
provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e
irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del
deber u obligación de tomar posesión del cargo.
Frente al alcance del referido concepto de fuerza mayor la Sala 4 ha
precisado, entre otras, en providencia de 16 de febrero de 2012, lo
siguiente:
“[…] En consideración a lo anterior, es preciso determinar si en el
asunto sub examine estaban dadas o no las condiciones para
inaplicar la causal 3ª del artículo 48 de la Ley en mención, por el
hecho de haber mediado una situación constitutiva de fuerza
mayor.
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64
del Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1°
de la Ley 95 de 1890, “Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
actos de autoridad ejercidos por un funcionario público,
etc.”
Según se desprende de la anterior definición legal, la
situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho
extraño a quien la alega, totalmente imprevisible e
irresistible, capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. En razón de su carácter
imprevisible e irresistible, la fuerza mayor es considerada
en nuestro ordenamiento jurídico como causa eximente de
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 6 de
abril de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 10 de noviembre de 2017, número único de
radicación 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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responsabilidad, por cuanto viene a justificar el
incumplimiento de la correspondiente obligación.
Al respecto es pertinente citar el siguiente aparte contenido en la
sentencia proferida el 30 de agosto de 2002, dentro del proceso
identificado con el número 8046, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo:
“En otras palabras, ¿qué de imprevisible tiene que una
persona, que se dedica a una actividad única en
determinado municipio, decida también, por su propia
voluntad, participar en una elección para concejal? ¿Y qué
de irresistible tiene no renunciar o mantenerse en un cargo
de elección popular? Siempre que en una decisión
intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta la
imprevisibilidad e irresistibilidad, pues esta supone la
ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir.
Decidir “correr el riesgo” de suministrar el combustible, bajo
la consideración de estar exonerado por ser proveedor
único, conlleva la decisión de asumir las consecuencias que
de ello se derivan, como, por ejemplo, colocarse en una
causal de incompatibilidad. Luego, decidir, voluntariamente,
seguir suministrando el combustible y, al mismo tiempo,
desempeñarse como concejal, no fue un imprevisto al que
es imposible resistir, sino todo lo contrario, una situación, a
todas luces previsibles.”
La imprevisibilidad, que es propia de la figura, se presenta
cuando resulta totalmente imposible visualizar o
contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para
establecer qué es lo previsible, se hace necesario
considerar las circunstancias particulares del caso concreto
a fin de verificar cuáles son las previsiones normales que
habrían de exigirse a quien alega en su beneficio ese
fenómeno liberatorio.
En tratándose de la obligación que asumen las personas que han
sido elegidas por el voto popular como miembros de una
corporación administrativa de carácter territorial, en el sentido de
tomar posesión del cargo dentro del término perentorio establecido
en el artículo 48 de la ley 617 de 2000, el parágrafo de ese
mismo artículo admite como causal exonerativa o
exculpativa de responsabilidad, la ocurrencia de un hecho
de fuerza mayor, en el entendido de que el incumplimiento
de esa obligación no le es jurídicamente imputable ni
puede dar lugar a que se declare la pérdida de la
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investidura, con las gravosas consecuencias señaladas por
el ordenamiento jurídico.
La fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando el
hecho exógeno al concejal elegido es imprevisible e irresistible y se
traduce en la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a la
obligación ya mencionada. En tales circunstancias el hecho de
la falta de posesión dentro de la oportunidad legal no
puede subsumirse en la causal de pérdida de investidura
prevista en el artículo 48 numeral 3° de la Ley 617 de 2000,
por tratarse de una omisión plenamente justificada.
En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación
fáctica constitutiva de fuerza mayor traslada al interesado
la carga de demostrar que el fenómeno por él alegado,
además de corresponder a una causa extraña, imprevisible
e irresistible, le impidió el cumplimiento de la obligación de
tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de la instalación de las sesiones del
Concejo Distrital […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
No debe perderse de vista que esta Sala ha advertido “[…] que la
ocurrencia de una situación fáctica constitutiva de esa fuerza mayor
traslada al interesado la carga de demostrar que, el fenómeno por
él alegado, corresponde a una causa extraña […]”5. En este sentido,
la situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho: (i)
extraño a quien la alega, (ii) totalmente imprevisible (iii) e
irresistible, (iv) capaz de determinar y justificar el incumplimiento o
inejecución de determinado deber u obligación por parte de éste.
Precisamente, por la carencia de imprevisibilidad, irresistibilidad y
exterioridad, las escuetas razones consignadas en la misiva de 29
de diciembre de 2023 claramente no representan un evento de
fuerza mayor exculpatoria de responsabilidad en cabeza del
concejal electo. En ese mismo sentido, la ‘aceptación’ de su
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González (E).
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renuncia en el punto 9º del Acta número 001 de 1o. de enero de
2024 por parte del Concejo Municipal de Pesca (Boyacá), tampoco
configura fuerza mayor, pues así respondió la plenaria a esa
solicitud del acusado, lo que evidentemente no cumple con el
requisito de exterioridad o extrañeza, esto es, como se indicó, que
no puede argüir la fuerza mayor quien ha contribuido con su
conducta a la materialización del hecho adverso alegado en su
favor.
Por su parte, tanto la historia clínica núm. 13704094 de 31 de
diciembre de 2023, como la incapacidad médica identificada con
núm. 158578 de 31 de diciembre de 2023, suscrita por médico del
HOSPITAL SAN BLAS-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., ubicado en la ciudad de Bogotá,
D.C., luego de atender al señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ en
calidad de paciente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR EPS, dan cuenta de su ingreso ese día al centro
hospitalario a las 9:48 p.m. por ‘enfermedad general’, a través del
servicio de ‘CONSULTA URGENCIA ADULTOS’, así como de su salida
ese mismo día con la única indicación médica consistente en
‘analgesia’6. También se le entregó una incapacidad por cinco días,
contados desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de
2024, y se especificó que su causa había sido una contusión en la
rodilla que había provocado un esguince7.
No obstante, para la Sala resulta evidente que el accionado, dos
días antes de su ingreso al referido servicio de urgencias, e incluso
6 Disponible [en línea]: [https://dle.rae.es/analgesia]: “[…] Falta o disminución de las sensaciones
dolorosas, que no afecta a los demás sentidos […]”.
7 Disponible [en línea]: [https://dle.rae.es/esguince?m=form]: “[…] Torcedura brusca y dolorosa
de una articulación, de carácter menos grave que la luxación […]”.
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desde el 20 de noviembre de 2023, -ante la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-, como lo menciona en su carta
de renuncia, ya había decidido no posesionarse en el cargo de
concejal del municipio de Pesca (Boyacá), empleo para el cual había
sido elegido popularmente para ejercer el período constitucional
2024-2027, sin que exista prueba en el expediente de una conducta
distinta a la asumida hasta tres días después de la instalación de
ese concejo.
Está plenamente probado que, en efecto, el accionado hizo lo que
había anunciado en su oficio de 29 de noviembre de 2023, esto es
no tomar posesión del cargo, carta en la que además solicitó que se
adelantara el trámite pertinente para designar su reemplazo, todo
lo cual permite concluir que el posterior esguince de rodilla está
lejos de haber sido la verdadera razón para no posesionarse de
forma oportuna.
Sin perjuicio de lo anterior, y en aras de la discusión, la Sala
observa, de conformidad con las reglas de la sana crítica
probatoria8, que un esguince de rodilla simple, del que no se probó
complicación médica alguna o intervenciones quirúrgicas delicadas,
sino que solamente se trató con analgésicos, no constituye un
8 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 16 de febrero de 2018, magistrado ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado: “[…] Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia
del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la
prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un
conocimiento experimental de las cosas (sentencia C-622 de 1998, magistrado ponente Fabio
Morón Díaz).
En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar
el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la
misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es lógico, por
enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general
mediante un silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la
menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión […]”
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obstáculo lógico y racional para que una persona como el
accionado, hubiese cumplido, de cualquier forma, con la
responsabilidad constitucional y legal de posesionarse como
concejal municipal de Pesca (Santander), mucho menos aún
configura un elemento de fuerza mayor.
V.2.1.2.- En cuanto a lo segundo, esto es que actuó con buena fe
cualificada y en presencia de un error invencible porque las tres
sentencias citadas le otorgaron certeza en torno a la posibilidad de
no posesionarse en su curul sin incurrir en la citada causal de
pérdida de investidura, la Sala encuentra que (i) la sentencia de 12
de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro del proceso de pérdida de investidura con número
único de radicación 15001-23-33-000-2023-00317-00-, negó la
pretensión por cuanto el accionado en ese caso había obtenido la
segunda mayor votación a la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá
(Boyacá), aceptado la curul en el Concejo Municipal que le otorgó el
artículo 25 de la Ley 1909, para luego renunciar a esa curul, no
tomar posesión de esta, ante lo cual el Concejo del Municipio de
Chiquinquirá (Boyacá) le aceptó la renuncia mediante una
resolución expedida por su Mesa Directiva, lo que, sostuvo, lo llevó
a obrar con la convicción propia de la presunción de legalidad de
que gozaba ese acto administrativo.
No obstante, al señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ no le es dable
invocar esta providencia a su favor, ni como precedente ni como
factor de convicción jurídica para ostentar una supuesta buena fe
cualificada o un error invencible, habida cuenta que esta sentencia
de 12 de octubre de 2023 no había cobrado firmeza para la época
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de los hechos en el caso concreto, luego de haber sido apelada por
los actores desde el 2 de noviembre de 2023, recurso que solo se
resolvió con sentencia de 29 de febrero de 20249 y auto de 18 de
abril de 2024, -que denegó solicitudes de aclaración y adición-,
proferidos por esta Sala, mediante los cuales se revocó la decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, se decretó la
pérdida de investidura solicitada al considerarse que ni la renuncia
a la curul asignada por el Estatuto de la Oposición Política ni su
aceptación por parte de ese Concejo, exoneraban de
responsabilidad al accionado10.
(ii) Con relación a la sentencia de 5 de agosto de 2020, también
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco de
un proceso de pérdida de investidura surtido contra un concejal del
municipio de Tinjacá (Boyacá), -radicación 15001-23-33-000-2020-
01680-00-, en la que se decidió inaplicar por inconstitucional el
aparte de la Resolución núm. 2276 de 2019, expedida por el
Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que quienes son
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
febrero de 2024, número único de radicación 15001-23-33-000-2023-00307-02
(acumulado)/15001-23-33-000-2023-00317-00, consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
10 Cit., sentencia de 29 de febrero de 2024, número único de radicación 15001-23-33-000-2023-
00307-02 (acumulado)/15001-23-33-000-2023-00317-00: “[…] Por consiguiente, no le asiste
razón al acusado al considerar que los elementos estructurales de la causal no se configuran en su
caso, ya que, una vez aceptó la designación como concejal, estaba en la obligación de cumplir en
lo sucesivo los deberes que el cargo le impone; uno de los cuales era posesionarse, ya sea dentro
de los tres (3) días siguientes a la fecha de la instalación del concejo, o a la fecha en que fueren
llamados para ello.
En efecto, la Sala advierte que el escrito radicado el 18 de diciembre de 2019 en el que el acusado
manifestó que “me permito informar que por motivos ajenos a mi voluntad no me posesionare al
cargo de elección popular como concejal para el período 2020 – 2023” comprueban que en lugar
de tratarse de un hecho imprevisible, irresistible y externo, el señor Caro Casas decidió no tomar
posesión del cargo como concejal, aduciendo para ello “motivos ajenos a mi voluntad”, sin explicar
cuáles, razón que no constituye por sí sola fuerza mayor.
En ese mismo sentido, la expedición de la Resolución nro. 155 de 2019 tampoco configura una
fuerza mayor, toda vez que, dicho acto se profirió con ocasión del escrito que el acusado presentó
el 18 de diciembre de 2019, por lo que evidentemente no cumple con el requisito de exterioridad o
extrañeza, esto es, como se indicó, no puede alegar la fuerza mayor quien ha contribuido con su
conducta a la realización del hecho alegado […]”.
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llamados a ocupar el cargo de concejal producto de la aplicación del
Estatuto de la Oposición Política tienen un tratamiento distinto
respecto al deber de tomar posesión, la Sala advierte que tampoco
puede ser invocada a favor del accionado, toda vez que esa postura
fue revocada por esta Sala desde el 11 de marzo de 202111, pero
además resulta contraria a lo determinado por su jurisprudencia
reiterada12.
(iii) También invoca lo decidido en la sentencia de 23 de septiembre
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, -radicación 76001-23-33-000-2020-00838-01-, mediante la
cual negó la desinvestidura de un concejal del municipio de El
Cerrito (Valle del Cauca), toda vez que no se posesionó para evitar
una posible conducta sancionada como falta gravísima, -artículo 48,
numeral 17, del Código Disciplinario Único-; sin embargo, como se
logra apreciar de forma simple, aquella no solo es una circunstancia
sustancialmente distinta a la del caso concreto, sino que esa
providencia fue revocada por esta Sala a través de sentencia de 26
de agosto de 2021, pues quedó demostrado que el accionado, de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
marzo de 2024, número único de radicación 15001233300020200168001, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Cit., sentencia de 11 de marzo de 2024, número único de radicación
15001233300020200168001: “[…] En este sentido, no resulta aplicable la excepción de
inconstitucionalidad sobre la expresión «[…] y sin posibilidad de retracto», contenida en el artículo
2° de la Resolución 2276 de 2019 en tanto si bien es cierto que al momento en que se expidió la
sentencia de primera instancia objeto de reproche, la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado no había sido proferida, también lo es que dicho acto administrativos se expidió con
fundamento en las competencias que tenía el Consejo Nacional Electoral, órgano investido de
facultades de reglamentación para regular temas de su competencia (C-1081 de 2005).
Sumado a lo anterior, dicha figura tiene un carácter subsidiario frente al análisis de legalidad que
efectúe esta jurisdicción lo que implica que, lo decidido por la Sección Quinta de esta Corporación
mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020 hace tránsito a cosa juzgada erga omnes en
relación con la causa petendi juzgada y resulta de obligatorio cumplimiento.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada, en cuanto declaró de oficio la excepción de
inconstitucionalidad sobre la expresión «[…] y sin posibilidad de retracto», contenida en el artículo
2° de la Resolución 2276 de 2019, de conformidad con las razones expuestas, como en efecto así
se dispondrá en la parte motiva de esta providencia […]”.
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manera voluntaria, decidió no posesionarse como concejal, tal como
lo manifestó con escrito dirigido al Concejo Municipal de El Cerrito
(Valle del Cauca)13.
Es así como, contrario a lo sostenido por el accionado en su
recurso, no se encuentra razón alguna en las citadas providencias
de primera instancia para aducir una conducta justificativa de la
configuración de la causal de desinvestidura prevista en el artículo
48, numeral 3, de la Ley 617.
V.2.1.3.- Por último, el concejal electo mencionó que nunca había
incursionado en temas relacionadas con la política, ni con cargos de
elección popular, por lo que no tenía el conocimiento suficiente ni la
experiencia en temas electorales y muchos menos de causales de
pérdida de investidura de concejales, lo cual queda acreditado si se
tiene en cuenta que, inclusive, todo el Concejo desconocía tal
prohibición y no solo el de Pesca (Boyacá), por lo que su conducta
no se adelantó de forma dolosa ni gravemente culposa.
Al respecto, para la Sala resulta evidente, distinto a lo manifestado
por el apelante, que las verdaderas motivaciones de su omisión de
posesión, tal como se logró constatar, hayan girado en torno a su
renuncia expresa, libre y espontánea, con suficiente antelación a las
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
agosto de 2021, número único de radicación 76001-23-33-000-2020-00838-01, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López: “[…] En el asunto bajo examen, el hecho que se alega como
constitutivo de fuerza mayor consiste en que el señor Antonio Javier Montoya Idárraga señaló que
conoció que se había promovido en su contra una demanda de nulidad electoral por
presuntamente estar incurso en una causal de inhabilidad que le impedía aspirar al concejo y para
evitar ser sancionado disciplinariamente optó por no tomar posesión del cargo.
Sin embargo, tal hecho no constituye fuerza mayor, porque está acreditado que, de manera
voluntaria, decidió no posesionarse como concejal, lo que se comprueba con el escrito a que se
hizo referencia líneas atrás, que radicó el 2 de enero de 2020, dirigido al concejo municipal de El
Cerrito, Valle del Cauca; en el que, además, omitió indicar los motivos en los que se sustentaba y
que ahora explica, esto es, por la demanda de nulidad electoral que se seguía en su contra […]”.
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fechas indicadas para el cumplimiento del deber constitucional y
legal adquirido con su elección como concejal municipal de Pesca
(Boyacá), en la que se mostró seguro y convencido de su decisión.
El comportamiento del accionado sí estuvo precedido de la falta de
cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia
suelen emplear en sus negocios propios, en la medida en que optó,
conscientemente, por no posesionarse en el empleo público de
concejal municipal de Pesca (Boyacá), período constitucional 2024-
2027, a pesar de haber sido declarado electo y aun así confió en
evitar las consecuencias jurídicas de su acto omisivo con razones
que no la exculpan ni justifican.
Cabe señalar, al tenor del artículo 9º del Código Civil, que la
ignorancia de la ley no sirve para excusar su transgresión, sumado
a que el señor EDUARDO GARCÍA PÉREZ estaba en condiciones
cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia configurativa
de la referida causal de pérdida de investidura, toda vez que se
pudo constatar que el incumplimiento de la obligación de tomar
posesión del cargo fue el resultado de sus actos libres y
conscientes, pero que además ha debido advertir desde los
momentos preparativos de su candidatura a ese cabildo municipal.
Estos hechos, lejos de exonerarlo, evidencian un desinterés
intencional por la curul del Concejo Municipal de Pesca (Boyacá), en
detrimento del pacto político que él había asumido, así como del
principio de representación democrática.
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Una vez elegido, al candidato le asistía el deber de tomar posesión
de su cargo en la respectiva Corporación o, lo que es lo mismo,
prestar el juramento de cumplir y defender la Constitución, por
cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente con sus deberes,
derechos y responsabilidades institucionales, y no hacerlo dentro de
la oportunidad prevista por la ley, -que para el caso de los
concejales debe realizarse en la instalación del concejo o dentro de
los tres (3) días siguientes-, podría acarrearle la pérdida de
investidura, salvo que mediara fuerza mayor en los términos del
artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, concepto sustancialmente
opuesto tanto al escrito de renuncia como a la aceptación de la
renuncia votada en la sesión de 1o. de enero de 2024 durante la
sesión de instalación del Concejo Municipal de Pesca (Boyacá).
Es censurable que, tan pronto como fue declarado electo, no se
hubiera posesionado en el cargo, lo que también afectó el principio
de representación democrática que, por demás, no puede quedar a
su arbitrio, en lo que se evidencia como la comisión de una
conducta gravemente culposa del señor EDUARDO GARCÍA
PÉREZ, sin que tampoco se hubiera probado una causal de fuerza
mayor.
V.2.2.- A partir de las razones expuestas y encontrándose
demostrados los aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista
en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, endilgada al accionado,
la Sala procederá a confirmar la sentencia de 13 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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V.2.3.- Por último, se aceptará la renuncia del doctor JORGE
MARIO IBÁÑEZ ARANGO como apoderado del accionado, señor
EDUARDO GARCÍA PÉREZ, en los términos del escrito y sus
anexos que reposan en el índice 00008 de SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia del doctor JORGE MARIO
IBÁÑEZ ARANGO, como apoderado del accionado, señor
EDUARDO GARCÍA PÉREZ, en los términos del escrito y sus
anexos que reposan en el índice 00008 de SAMAI.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 5 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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