Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05611-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05611-00
Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05611-00
Demandante: LUZ ESPERANZA FORERO DE TORRES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión gracia. Defecto fáctico por
omisión de valoración probatoria
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
presentada por la señora Luz Esperanza Forero de Torres, quien actúa en nombre
propio, contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que nació el 22 de septiembre de 1956, razón por la cual el
22 de septiembre de 2006 cumplió 50 años de edad. Así mismo, que prestó sus
servicios como docente territorial y nacionalizada en el departamento de
Santander, que resumió en 3 etapas así:
• Mediante el Decreto 1351 del 10 de julio de 1978, fue nombrada por el
gobernador del departamento de Santander como docente de primaria para
prestar sus servicios en el grupo urbano del municipio de Bucaramanga y
tomó posesión mediante acta 927.del 21 de julio de 1978 y finalizó el 3 de
septiembre de 1978.
• Por medio del Decreto 2666 del 12 de septiembre de 1979, fue nombrada
por el gobernador del departamento de Santander para desempeñar sus
funciones como maestra del Instituto de Retardo Mental, adscrito al grupo
urbano del municipio de Bucaramanga, cargo del cual tomó posesión
mediante acta 1349 del 19 de septiembre de 1979, hasta el 30 de octubre
de 1979.
• A través del Decreto 0036 del 12 de febrero de 1990, fue nombrada por el
gobernador del departamento de Santander – presidente de la junta
administradora FER, para prestar sus servicios como docente nacionalizada
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Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
en la escuela rural Mirabuenos del municipio de la Paz, desde el 15 de
marzo de 1990 hasta el 8 de agosto de 2018.
En ese orden de ideas, aseguró que cumplió los 20 años de servicio docente el 21
de diciembre de 2009, completando los requisitos para hacerse beneficiaria de la
pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP), con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 9 de
febrero de 2019, accedió a las pretensiones de la tutela, en tanto consideró que
“estuvo vinculada, por nombramiento del Gobernador de Santander - Secretaría de
Educación Departamental, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto en, en el
periodo comprendido del 21/07/1978 al 03/09/1978 (1 mes y 13 días) y del 19/09/1979
hasta el 30/10/1979 (1 mes y 12 días), como maestra de un grupo urbano del municipio
de Bucaramanga, lo que permite predicar su vinculación con carácter territorial”, a lo que
agregó que esa autoridad judicial no desestimó ningún tiempo de servicio.
Por último, sostuvo que con ocasión del recurso de apelación que presentó la
entidad demandada, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado por sentencia del 26 de junio de 2024, revocó lo resuelto por el a quo, para
en su lugar negar las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que “el
periodo comprendido entre el 19/09/1979 a 30/10/1979 (Acta de posesión 1349 del 19 de
septiembre de 1979 y el Decreto 2266 del 12 de septiembre de 1979) no es válido, al
considerar de que se trata de una institución que no cumple con la naturaleza de las que
resulten ser beneficiarias de la pensión gracia1”.
2. Fundamentos de la acción
La actora interpuso acción de tutela con el fin de que el juez constitucional proteja
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la
administración de justicia, seguridad social y derechos adquiridos con justo título,
los cuales considera vulnerados con la sentencia del 26 de junio de 2024,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo que accedió a las
pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP, con el fin de que se
1 Esa decisión contó con un salvamento de voto, en el que se indicó que, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, la demandante “sí acreditó su vinculación a una institución oficial antes del 31 de
diciembre de 1980 la demandante sí acreditó su vinculación a una institución oficial antes del 31 de diciembre
de 1980, como se pasará a explicar. Obra en el expediente el Decreto 2666 del 12 de septiembre de 1979
expedido por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander en el cual se nombró a Luz
Esperanza Forero de Torres «de 2a. Cat. en pria. Maestra de un grupo urbano del municipio de
BUCARAMANGA anexo al Instituto de Retardo Mental», así como el acta de posesión 1349 del 19 de
septiembre de 1979 expedida por la jefatura de personal de la Gobernación de ese departamento”. Así mismo,
se expuso que en el fallo se aseguró que los “actos fueron expedidos por la entidad territorial, no obstante, la
Sala llegó a la conclusión de que la demandante prestó sus servicios a una institución de naturaleza privada”,
situación sobre la cual no existió certeza. Finalmente, se resaltó que en el expediente obran otros actos
administrativos, a través de los cuales se demostró que la demandante tuvo otra vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, en tanto fue vinculada como maestra en una institución del municipio de Bucaramanga por
medio del Decreto 1351 del 10 de julio de 1978 y se posesionó a través del acta 927 del 21 de julio de 1978,
actos administrativos que fueron expedidos por autoridades del régimen territorial, motivo por el cual debía
estudiarse si la actora cumplía con los demás requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.
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declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.
Hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
de tutela contra providencias judiciales, de donde resaltó que cumple con el de
relevancia constitucional, en tanto alega la vulneración de sus derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada que omitió la valoración
de los actos administrativos que aportó y se apartó del precedente judicial. Así
mismo, agotó los recursos ordinarios y extraordinarios y cumplió con el requisito
de inmediatez.
A su juicio, la providencia objetada incurre en (i) defecto fáctico, por omitir la
valoración de las pruebas aportadas al proceso, específicamente, las relacionadas
con las vinculaciones que tuvo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en los
periodos comprendidos “(i) entre el 21/07/1978 a 03/09/1978 (Decreto 1351 de 10 de
julio de 1978 y el acta de posesión 927 de 21 de julio de 1978) y (ii) entre el 19/09/1979 a
30/10/1979 (Acta de posesión 1349 del 19 de septiembre de 1979 y el Decreto 2266 del
12 de septiembre de 1979).”
A partir de lo anterior, relató que a través del Decreto 1351 del 10 de julio de 1978
fue nombrada por el gobernador de Santander como docente territorial en el grupo
urbano del municipio de Bucaramanga, cargo del cual tomó posesión mediante
acto 927 del 21 de julio de 1978.
Aseveró que, posteriormente, tuvo un nuevo nombramiento mediante Decreto
2266 del 12 de septiembre de 1979 como docente de primaria en el Instituto de
Retardo Mental, por lo que demostró, en “dos etapas laborales”, vinculaciones como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, a lo que agregó que “en
gracia de discusión si en la sentencia del 26 de junio de 2024 el Consejo de Estado
desestimó mi segunda etapa laboral comprendida entre el 19/09/1979 a 30/10/1979,
queda vigente mi primera etapa laboral comprendida entre el 21/07/1978 a 03/09/1978
(Decreto 1351 de 10 de julio de 1978 y el acta de posesión 927 de 21 de julio de 1978), la
cual es válida para que me sea reconocida mi pensión gracia, comprobando con ello mi
vinculación anterior al 31/12/1980”.
De otra parte, alegó la configuración de un defecto por (ii) decisión sin
motivación, por incurrir en una “falacia jurídica” al analizar únicamente una de las
dos etapas laborales que demostró con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
pese a que ambas son válidas y, aun cuando la autoridad judicial decidiera
descartar el periodo en el que fungió como docente de primaria en el Instituto de
Retardo Mental, con la primera vinculación que ostentó cumplía el requisito de
tener una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
Así mismo, indicó la configuración de un tercer defecto por (iii) desconocimiento
del precedente judicial, conforme con el cual la autoridad judicial accionada
omitió la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado2, en la que se estableció que
para la prueba de la calidad de docente territorial, la autoridad judicial debía
“ceñirse a lo consagrado en los actos administrativos de nombramiento y posesión para
definir el tipo de vinculación del docente”, y no en indagaciones realizadas en internet,
debido a que no pueden determinar con certeza el tipo de vinculación, información
2 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01.
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que reposa en los actos de nombramiento y posesión aportados al proceso que,
en efecto, dan claridad de su vinculación como docente territorial.
Para finalizar, manifestó la configuración de un defecto por (iv) violación directa
de la Constitución, al considerar que la negativa al reconocimiento de sus
vinculaciones como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la
administración de justicia, seguridad social y derechos adquiridos con justo título.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, Expediente No. 68001-23-33-000-2019-00605-01 (N.I.: 3588-2023) LA
SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, Consejero Ponente Dr. Jorge Portocarrero Banguera al revocar la
sentencia del 09 de febrero de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de
Santander y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de
mi pensión gracia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la
jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión gracia, el
acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás
que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 26 de junio de 2024,
notificada el 24 de julio de 2024, con radicación No. 68001-23-33-000-2019-00605-01
(N.I.: 3588-2023) carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere
prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva
sentencia evaluando de manera integral las pruebas documentales que obran en el
expediente, especialmente lo relacionado en mis 2 etapa laborales antes del 31 de
diciembre de 1980 comprendidas: (i) entre el 21/07/1978 a 03/09/1978 (Decreto 1351
de 10 de julio de 1978 y el acta de posesión 927 de 21 de julio de 1978) y (ii) entre el
19/09/1979 a 30/10/1979 (Acta de posesión 1349 del 19 de septiembre de 1979 y el
Decreto 2266 del 12 de septiembre de 1979), mismas que son válidas para acreditar el
tiempo de servicio para pensión gracia y de las cuales se infiere que el tipo de
vinculación corresponde al tipo TERRITORIAL.
CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el
fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional”.
4. Trámite procesal
Por auto del 4 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador dispuso la
admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la
autoridad judicial demandada. Además, se ordenó vincular al Tribunal
Administrativo de Santander y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas N.º
302316 a 302323 del 9 de diciembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión3
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente la presente acción de tutela, al considerar que no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, en tanto lo pretendido por la accionante es
constituir una instancia adicional, ya que se limita a expresar un desacuerdo con
los fundamentos expuestos en el fallo cuestionado.
Agregó que en caso de considerarse que el presente mecanismo constitucional es
procedente, solicitó negar las pretensiones de la demanda, debido a que no se
demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados, por cuanto en
la providencia que hoy se cuestiona, se especificó con claridad los motivos por los
cuales la demandante no cumplió con los requisitos para hacerse beneficiaria de
la pensión gracia, teniendo en cuenta que advirtió “que la demandante prestó sus
servicios como docente de primaria en una plaza nacionalizada, en la que acreditó más
de 20 años de servicios, pero lo cierto es esa vinculación fue posterior al año 1980. Por su
parte, en lo que corresponde a la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 no puede
ser tenida en cuenta, dado que se trata de una vinculación que no cumple con los
presupuestos para los cuales fue creada la pensión gracia reclamada.”
En ese orden de ideas, afirmó que en el fallo cuestionado se sustentaron los
motivos legales que sirvieron de fundamento para concluir que la demandante no
cumplió los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, en tanto no demostró una vinculación como docente antes del 31 de
diciembre de 1980.
5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander
El 1º de diciembre de 2024, la magistrada ponente del fallo de primera instancia,
rindió informe en el que adujo que no era de su competencia pronunciarse sobre
los defectos alegados en la presente acción de tutela, debido a que los
fundamentos se encuentran dirigidos contra la sentencia del 26 de junio de 2024,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
Así las cosas, adujo que el trámite de la primera instancia se surtió sin ninguna
irregularidad que invalidara la actuación, en tanto atendió las garantías procesales
y profirió la decisión con fundamento en la normativa y la jurisprudencia aplicable.
5.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
El subdirector de defensa judicial pensional rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la decisión proferida
3 Folio 9 Samai.
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por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado no incurrió en
los defectos alegados por la demandante, contrario a ello, estuvo ajustada a las
normas que regulan le pensión gracia y el análisis de las pruebas allegadas al
proceso.
Aseguró que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia, para que sea revisada la decisión que adoptó el juez natural,
quien agotó todo el procedimiento establecido por la ley, motivo por el cual
considera que no es factible acceder a las pretensiones de la tutela consistentes
en que se ordene el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante, en
tanto no cumple con los requisitos exigidos.
Así mismo, aseveró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
solicitar prestaciones económicas, en tanto es de naturaleza residual y subsidiaria,
a lo que agregó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable,
aunado a que ya se pronunció el juez competente.
Para finalizar, sostuvo que no existió vulneración al debido proceso de la
demandante, por cuanto sus derechos de defensa y contradicción fueron
respetados, aunado a que se configuró la cosa juzgada debido a que ya se
discutió y resolvió que la demandante no tenía derecho a la pensión gracia, de
conformidad con el análisis de las pruebas allegadas al proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente
asunto.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
La Sala precisa que si bien la accionante alega la configuración de una decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, como quiera que todos los fundamentos se orientan al mismo
argumento, es decir, a controvertir la omisión probatoria en que presuntamente
incurrió la autoridad judicial accionada, en tanto no se pronunció respecto de los
actos administrativos que aportó como prueba para demostrar su vinculación
como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, el análisis se
realizará bajo la caracterización del defecto fáctico por omisión de valoración
probatoria.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 26 de junio
de 2024 dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado
que revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, negó las
pretensiones encaminadas a que se ordenara el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, incurrió en defecto fáctico, por omitir la valoración de las pruebas
aportadas al proceso ordinario, específicamente, las relacionadas con las
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vinculaciones que la demandante ostentó con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.
La Sala anticipa que accederá al amparo constitucional de los derechos
fundamentales de la accionante, por cuanto la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución16.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron al accionante los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la
administración de justicia, seguridad social y derechos adquiridos con justo título,
con la sentencia del 26 de junio de 2024, mediante la cual la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión favorable de primera
instancia, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la UGPP.
9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
16 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Del expediente ordinario allegado como prueba se observa que los alegatos que
fundamentan el defecto alegado no fueron planteados en el proceso ordinario,
dada la particularidad del caso, en el que el fallo de primera instancia fue favorable
a la demandante, por lo que este no tuvo oportunidad de promover en sede
ordinaria la discusión por la que reclama la vulneración de sus derechos
fundamentales en la presente acción, derivada de los fundamentos de la sentencia
de segunda instancia ordinaria.
De igual forma, se observa que en el caso no se propone un debate de estricta
legalidad, sino que la discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico por omisión en la valoración de algunas
pruebas aportadas al proceso, lo que conllevaría, de encontrarse acreditados, la
vulneración de garantías iusfundamentales.
De otra parte, (ii) la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues el
proceso ordinario se agotó con el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada contra la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, y no se configura alguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo
electrónico el 24 de julio de 2024 y la acción de tutela se presentó el 18 de octubre
de 2024, esto es, dos (2) meses y veintidós (22) días después, dentro del
término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional ; (iv)
se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.
4.2. En el caso bajo estudio la sentencia objetada incurrió en la
configuración del defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio
4.2.1 La señora Luz Esperanza Forero de Torres, quien actúa a nombre propio,
considera que la sentencia del 26 de junio de 2024 proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que revocó la decisión favorable
de primera instancia, incurre en un la vulneración del derecho al debido proceso,
en tanto incurrió en un defecto fáctico, por omitir la valoración de las pruebas
aportadas al proceso, específicamente las relacionadas con las vinculaciones que
ostentó con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Del expediente ordinario, se observa que la señora Luz Esperanza Forero de
Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UGPP, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP
013450 del 30 de abril de 2019 y RDP 0198793 del 4 de julio de 2019, por medio
de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento de la pensión
gracia. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago
de esa prestación, al considerar que estaban cumplidos los requisitos para
hacerse beneficiaria.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante demostró que
“estuvo vinculada, por nombramiento del Gobernador de Santander- Secretaría de
Educación Departamental, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto en, en el
periodo comprendido del 21/07/1978 al 03/09/1978 (1 mes y 13 días) [primera vinculación]
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y del 19/09/1979 hasta el 30/10/1979 (1 mes y 12 días) [segunda vinculación], como
maestra de un grupo urbano del municipio de Bucaramanga, lo que permite predicar su
vinculación con carácter territorial”, por lo que declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la
demandante.
Con ocasión del recurso de apelación presentado por la UGPP, la Subsección “B”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió revocar la decisión
favorable de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que la demandante no acreditó el requisito de ostentar
una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
4.2.2. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución19, o cuando da por establecidas circunstancias sin que
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exista material probatorio que respalde su decisión .
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia21 ha sostenido que
esta situación se presenta cuando la autoridad judicial “a pesar de que en el proceso
existen elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto
jurídico debatido variaría sustancialmente” y, en ese orden de ideas, dicha omisión
19 Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Sentencias T-23 de 2017. MP Iván Humberto Escrucería Mayolo, T-442 de 1994 MP Antonio Barrera
Carbonell,
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afecta la justicia material y puede llegar a desconocer los derechos de las
personas que acuden a la jurisdicción.
Con todo, el defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio se presenta
cuando el juez, a pesar de contar con elementos de prueba acreditados en el
expediente, no los tiene en cuenta al momento de fundamentar la decisión.
4.2.3 Así las cosas, la Sala procederá a realizar una breve reseña de las
actuaciones relevantes en la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por la actora contra la UGPP, en el que
se dictó la providencia objeto de reproche constitucional.
La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado al realizar el
análisis del caso concreto indicó que la demandante nació el 22 de septiembre de
1956, por lo que para el 17 de enero de 2022 contaba con más de 50 años de
edad, motivo por el cual cumplió con el requisito establecido en el numeral 6 del
artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
Así mismo, sostuvo que encontró probado que la señora Forero de Torres se
desempeñó con honradez y consagración y, por ende, cumplió con lo previsto en
el numeral 1 de la norma referenciada.
Ahora bien, advirtió que si bien la maestra acreditó 20 años de servicio como
docente nacionalizada, no ostentó una vinculación válida con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, en tanto para demostrar el cumplimiento de dicho requisito,
aportó el acta de posesión 927 del 21 de julio de 1978 y el Decreto 1351 del 10 de
julio de 1978, que dispuso:
“[…] Árt» 6o- A partir del diez (10) de Julio del presente año» según certificado
Médico del Instituto de Seguro Social de Santander» concédase cincuenta. y seis
(56) días de licencia remunerada por maternidad» a la señora ROSARIO PATINO
DE ESCOBAR de primera categoría maestra de un grupo urbano del municipio de
BUCARAMANGA y en su remplazo mientras dura la licencia concedida» nómbrese
a la señora LUZ ESPERANZA FORERO TORRES de segunda categoría […]”.
Así como allegó el Decreto del 12 de septiembre de 1979 y el acta de posesión
1349 del 19 de septiembre de 1979, en la que se indicó lo siguiente:
“Art. 1o.- A partir del 1º de septiembre del presente año, concédase 60 días de
licencia sin remunerar a la Sra. FRANCISCA JOSEFA GALVIS DE GONZALEZ de
la. Cat. en Pria. Maestra de un grupo urbano en el municipio de BUCARAMANGA
anexo al INSTITUTO DE RETARDO MENTAL”.
Sobre el particular, explicó que realizó una revisión vía internet para determinar si
el Instituto de Retardo Mental de Bucaramanga figuraba la “Asociación
Santandereana Pro niño con retardo Mental- ASOPORMEN”, verificación que le
permitió concluir que dicha institución se creó el 12 de noviembre de 1965 y el 30
de julio de 1996 se le reconoció personería jurídica como asociación sin ánimo de
lucro.
Bajo ese contexto, concluyó que al tratarse “de una institución que no cumple con la
naturaleza de las que resulten ser beneficiarias de la pensión gracia, a pesar que la
entidad territorial haya designado un docente para prestar sus servicios en la misma”, la
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prestación del servicio docente realizado por la demandante en esa institución no
es válida para acreditar la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
por lo que resolvió revocar la decisión favorable de primera instancia y en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
4.2.4 De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, a pesar de que la
autoridad judicial accionada referenció como hecho probado el nombramiento de
la accionante como docente territorial del grupo urbano del municipio de
Bucaramanga, efectuado a través del Decreto el Decreto 1351 del 10 de julio de
1978 y del acta de posesión 927 del 21 de julio de 1978 -primera vinculación- e
hizo mención de estos actos administrativos al momento de realizar el análisis de
fondo, lo cierto es que únicamente se pronunció respecto de su segunda
vinculación realizada a través del Decreto del 12 de septiembre de 1979 y del acta
de posesión 1349 del 19 de septiembre de 1979.
Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 previó que,
para probar la calidad docente territorial, en necesario el análisis de los actos
administrativos, a través de los cuales se pueda determinar el vínculo y la plaza a
ocupar.
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico por cuanto no valoró los actos administrativos -
Decreto 1351 del 10 de julio de 1978 y el acta de posesión 927 del 21 de julio de
1978- y, en consecuencia, omitió pronunciarse sobre la primera vinculación de
la demandante en la que se demostró que fue nombrada por el Gobernador del
departamento de Santander, para cubrir una licencia de maternidad de una
maestra de un grupo urbano del municipio de Bucaramanga y, en la que no se
hizo referencia al “Instituto de Retardo Mental del municipio de
Bucaramanga”.
Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
señora Luz Esperanza Forero de Torres, quien actúa a nombre propio. En
consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia del 26 de junio de 2024 (exp. No.
68001-23-33-000-2019-00605-01) y se dispondrá que dentro del término de veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia dicte una decisión de
reemplazo, en la que se analice el nombramiento que ostentó la accionante a
través del Decreto Decreto 1351 del 10 de julio de 1978, del cual tomó posesión
mediante acta 927 del 21 de julio de 1978 -primera vinculación-, para establecer
si, de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, acredita la naturaleza jurídica del vínculo territorial y, en caso
afirmativo, proceda a verificar los demás requisitos para establecer si a la
demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero.- AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz
Esperanza Forero de Torres, quien actúa en nombre propio. En consecuencia,
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
señora Luz Esperanza Forero de Torres (exp. No. 68001-23-33-000-2019-00605-
01).
Tercero.- ORDENAR a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta providencia dicte una decisión de reemplazo, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
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