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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00605-01

Fecha
8 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00605-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 9 de febrero de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Luz Esperanza Forero de Torres contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Comunicar esta decisión a la Sección Cuarta y a la Sección Primera de esta corporación, en condición de jueces de tutela del expediente radicado bajo los números 11001-03-15-000-2024-05611-00 y 11001-03-15-000-2024-05611-01. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00605-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

8 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00605-01(3588-2023)
Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Asunto: sentencia de cumplimiento a lo ordenado en fallo de tutela dictado por la Sección Cuarta de
esta corporación el 6 de febrero de 2025. Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1:
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Subtema 2: naturaleza de la plaza. Subtema 3:
presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Tiempo de servicio válido.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a dictar
sentencia de reemplazo, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sección Cuarta de esta
corporación en el fallo de tutela dictado el 6 de febrero de 2025, en el expediente
radicado bajo el número 11001-03-15-000-2024-05611-00, por medio del cual amparó
el derecho al debido proceso de Luz Esperanza Forero de Torres.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luz Esperanza Forero de Torres presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. La
UGPP negó la solicitud al considerar que el tipo de vinculación de la docente era de
carácter nacional. La demandante afirma que los actos administrativos que negaron
su petición son nulos, porque los documentos aportados acreditan que prestó el
servicio en plazas territoriales o nacionalizadas. El Tribunal Administrativo de
Santander accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció el pago de las
mesadas a partir del 17 de enero de 2016, por prescripción trienal. La entidad apeló la
decisión, con el argumento de que la vinculación docente fue de carácter nacional, por
lo que el tiempo laborado no resulta válido para acceder al derecho pensional
reclamado.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Luz Esperanza Forero de Torres, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, gestión otros procesos, índice 35, link expediente digital.

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00605-01(3588-2023)
Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

(i) Declarar la nulidad de las resoluciones núm. RDP 013450 del 30 de abril de
2019, notificada el 8 de mayo de 2019, y RDP 019793 del 4 de julio de 2019,
notificada el 10 de julio de 2019, mediante las cuales la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la docente Luz Esperanza
Forero de Torres.

(ii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión de gracia a la señora
Luz Esperanza Forero de Torres, a partir del 19 de diciembre de 2009, en
un monto mensual equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios
y factores salariales devengados entre el 2008 y el 2009, año anterior al de
adquisición del estatus pensional.

(iii) Condenar a la entidad demandada a aplicar los aumentos anuales
automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, con la actualización de los
valores objeto de condena de acuerdo con la variación del índice de precios
al consumidor (IPC), tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA.

(iv) Ordenar al ente demandado cumplir la sentencia en los términos señalados
en los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) La señora Luz Esperanza Forero de Torres prestó servicios en la docencia
oficial del departamento de Santander mediante vinculaciones de carácter
territorial, desde el 21 de julio hasta el 3 de septiembre de 1978, del 19 de
septiembre al 30 de octubre de 1979 y del 15 de marzo de 1990 al 19 de
diciembre de 2009 (Decreto 363, por medio del cual fue incorporada a la
planta municipal).
(ii) Nació el 22 de septiembre de 1956, por lo que cumplió 50 años el 22 de
septiembre de 2006.
(iii) Solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el 17 de enero
de 2019.
(iv) La UGPP le negó la solicitud de reconocimiento pensional mediante la
Resolución RDP 013450 del 30 de abril de 2019, al considerar que el tipo de
vinculación docente fue de carácter nacional.
(v) Presentó recurso de apelación contra la decisión anterior el 13 de mayo de
2019, la cual fue confirmada mediante la Resolución RDP 019793 del 4 de
julio de 2019.
(vi) Cumplió el estatus pensional el 19 de diciembre de 2009, fecha en la que
completó 20 años de servicio.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículos 25 y 53; la Ley 114 de 1913, artículos 1, 3 y 4; la Ley 116 de 1928,

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00605-01(3588-2023)
Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

artículo 6; la Ley 37 de 1933, artículo 3; el Decreto-Ley 2277 de 1979, artículos 1, 2, 3
y 5, y la Ley 91 de 1989, artículo 15.

4. En el concepto de violación, la actora afirmó que los actos administrativos
demandados violaron el régimen especial docente por falsa motivación al desconocer
el derecho legítimo que le asiste de acceder a la pensión gracia por haber laborado
más de 20 años en la docencia oficial en plazas territoriales, contrario a lo que afirma
la entidad en el sentido de que el tipo de vinculación era de carácter nacional al
desestimar de manera equivocada los tiempos de servicios, los cuales se encuentran
acreditados con los actos de nombramiento y las certificaciones laborales.

5. Al respecto, precisó que la Ley 91 de 1989 permite que docentes
departamentales o municipales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 accedan
a la pensión gracia con la demostración del ejercicio de la labor docente en plazas
territoriales, hecho que se acredita con los actos administrativos expedidos por el ente
territorial o la certificación de la autoridad nominadora, sin que el origen de los recursos
sea relevante para determinar la naturaleza jurídica del vínculo.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la UGPP se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de legalidad de los actos, inexistencia de la
obligación, falta de título y causa, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe2.

7. La entidad afirmó que la actora no cumple los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia establecidos en la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989, porque
no acredita una vinculación al 31 de diciembre de 1980 como docente territorial ni 20
años de servicio como docente oficial con esa naturaleza. Lo anterior, porque la
mayoría del tiempo laborado lo fue en condición de docente nacional, el cual es
incompatible para acceder al derecho a la pensión gracia creada exclusivamente para
los docentes territoriales y, con posterioridad, extendida a los docentes nacionalizados.

8. Además, destacó que los períodos laborados por la demandante en «educación
especial para adultos» no son válidos para acceder al derecho pensional, porque no
están catalogados como educación docente formal. Por tanto, solicitó preservar la
legalidad de los actos administrativos que negaron el derecho reclamado por no
encontrarse demostrado el requisito de tiempo de servicio válido para acceder a la
pensión gracia (20 años).

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 9 de febrero de
2023, declaró la nulidad de los actos demandados que negaron el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a la docente Luz Esperanza Forero de Torres. Condenó a
la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 21 de diciembre de 2009, en
cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, y ordenó el pago de las mesadas causadas desde

2 Samai, gestión otros procesos, índice 35, link expediente digital.

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00605-01(3588-2023)
Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

el 17 de enero de 2016, por prescripción trienal, actualizadas conforme al IPC. No
impuso condena en costas3.

10. Al motivar la decisión, el tribunal expuso que la actora acreditó los requisitos
para acceder a la pensión gracia porque cumplió 50 años el 22 de septiembre de 2006
y trabajó como docente en el departamento de Santander desde el 21 de julio hasta el
3 de septiembre de 1978, del 19 de septiembre al 30 de octubre de 1979 y desde el
15 de marzo de 1990, por lo menos hasta la fecha de expedición de la certificación de
servicios (8 de agosto de 2018), esta última de naturaleza nacionalizada conforme a
la Ley 43 de 1975, tal y como consta en el acto de nombramiento 0036 del 12 de
febrero de 1990.

11. Frente al primer periodo laborado precisó que, aunque dicho nombramiento se
realizó en la sección de educación especial y adultos, las pruebas documentales
demostraron que la demandante desempeñó funciones como docente de primaria,
dirigidas a niños con necesidades especiales en educación, por lo que resulta válido
para el reconocimiento de la pensión gracia.

12. Adicionalmente, aclaró que la vinculación a partir de febrero de 1990 no cambió
de naturaleza por motivo de la incorporación de la plaza a la planta docente del
municipio de Piedecuesta, realizado a partir del 1 de enero de 2010, en el marco del
proceso de descentralización de la educación durante el cual el ente territorial fue
certificado para administrar el servicio educativo. Además, «no existe prueba en el
expediente que evidencie que los nombramientos de la aquí demandante hayan
mutado o cambiado de territorial o nacionalizada a nacional».

13. En cuanto a la prescripción de las mesadas, puso de presente que la
reclamación de reconocimiento de la pensión gracia fue radicada ante la
administración el 17 de enero de 2019, motivo por el cual consideró que el pago
efectivo procede a partir del 17 de enero de 2016, pues transcurrieron más de tres
años desde la adquisición del estatus pensional y la solicitud.

2.4 . Recurso de apelación

14. La entidad demandada adujo, en primer lugar, que el tiempo laborado por la
actora desde el 27 de julio de 1978 no es válido para acceder al derecho pensional,
porque corresponde a una vinculación de carácter nacional, por ende, no cuenta con
un nombramiento de carácter territorial o nacionalizado anterior al 31 de diciembre de
1980 que le hubiera permitido mantener la expectativa de acceder al reconocimiento
de la pensión gracia al cumplir los requisitos dispuestos en la ley4.

15. En este contexto, afirmó que «frente al caso es necesario expresar que existe
una equivocación en la interpretación de la prueba, toda vez que el juez en su fallo
señala» que frente al periodo comprendido entre el «21/07/1978 al 03/09/1978 (1 mes
y 13 días) y del 19/09/1979 hasta el 30/10/1979 (1 mes y 12 días), la entidad lo
descarta como válido para acceder a la pensión porque «fue prestado en la sección
educación especial y adultos de la secretaría de educación departamental, no
contemplándose la pensión gracia a favor de maestros de educación especial para

3 Samai, gestión en otros despachos, índice 38.
4 Samai, gestión en otros despachos, índice 41.

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adultos». En realidad, el reparo se sustenta en el hecho de que la naturaleza de las
vinculaciones es nacional, por las siguientes razones:

De manera que, respecto a los tiempos laborados entre el 15/03/1990 hasta el
27/08/2018, 21/07/1978 al 03/ 09/1978 y 19/09/1979 hasta 30/10/1979, (…) no se podrá
tener en cuenta para el estudio de la prestación puesto que las normas respecto a la
pensión gracia no lo contemplan, pues la Ley 114 de 1913 contempló esta dádiva a
docentes de Primaria, ampliándose únicamente a Inspectores de Trabajo Supervisores
de Educación), de Escuelas Normales de Educación como profesores o empleados y los
de educación Secundaria, pero nunca a maestros de Educación Nacional, por ende,
dichos períodos deberán ser desestimados a la hora de evaluar el cumplimiento de los
requisitos para adquirir el derecho.

16. Asimismo, afirmó que el tiempo laborado a partir del 15 de marzo de 1990,
tampoco es válido para acceder al derecho a la pensión gracia porque se sustentó en
una vinculación del orden nacional, tal y como consta en los certificados expedidos por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues, según la
jurisprudencia, los periodos laborados bajo ese tipo de nombramiento no son
compatibles para acceder al reconocimiento pensional.

17. Para sustentar la anterior afirmación, el apoderado de la entidad incorporó al
escrito de apelación la imagen de los certificados expedidos por el FOMAG en los que
aparece la descripción de la «situación laboral» de la docente en los siguientes
términos: «1. Régimen de cesantías anual. 2. Régimen de pensiones nacional»,
clasificación que resaltó.

2.5 . Trámite procesal en segunda instancia

18. El despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió el recurso de
apelación mediante auto del 22 de marzo de 2024, conforme al artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67-5 de la Ley 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación
de alegatos de conclusión porque las partes no presentaron solicitud probatoria en
esta instancia5.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según el inciso
primero del artículo 150 del CPACA.

3.2 . Problemas jurídicos

20. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada, que habilita al superior pronunciarse «únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante»6, la Sala procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:

5 Samai, índice 7.
6 CGP, artículo 320. «Fines de la apelación». Artículo 328. «Competencia del superior».

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21. ¿El tiempo de servicio prestado por Luz Esperanza Forero de Torres como
docente en el departamento de Santander antes del 31 de diciembre de 1980, le
permitió mantener la expectativa de acceder al derecho a la pensión gracia al cumplir
los requisitos? Si la respuesta es afirmativa, procederá la Sala a responder el siguiente
cuestionamiento:

22. ¿El tiempo de servicio docente prestado a partir del 15 de marzo de 1990 es
válido para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamado por la
actora, en el entendido de que se trató de una vinculación territorial o nacionalizada?

3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

23. La Ley 114 de 19137 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres8; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

24. La Ley 116 de 19289 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193310 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

25. La Ley 43 de 197511 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas
en materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán dé cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

26. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales

7 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 Derogado por la Ley 45 de 1931.
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento

de pensiones.
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
6

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beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.

27. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.

28. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197512, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

29. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del

12 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
7

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

30. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación
de los docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de
nombramiento interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional. Lo anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía
directamente de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban
los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de
Participaciones. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas
jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
14 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: Luz Esperanza Forero de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

31. En sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda unificó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder
a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, de
donde explicó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:

[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.

Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].

2.5. Regla de unificación

[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
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32. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, nombrados antes
del 31 de diciembre de 1980, que cumplan 20 años de servicio mediante vinculaciones
de naturaleza territorial o nacionalizada, sin que sea posible acumular tiempos del
orden nacional.

3.4. Análisis de la Sala

33. En esta oportunidad, el estudio de la Sala se dirige a dar cumplimiento al fallo
proferido por la Sección Cuarta de esta corporación, que amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Luz Esperanza Forero de Torres y dejó
sin efectos la sentencia del 26 de junio de 2024, al encontrar acreditado un defecto
fáctico por no valorar los actos administrativos que acreditaban la primera vinculación
de la actora en la docencia oficial, mediante nombramiento dictado por el gobernador
del departamento de Santander, «en la que no se hizo referencia al “Instituto de
Retardo Mental del municipio de Bucaramanga”»15.

34. La precisión dispuesta en la sentencia de amparo se sustentó en el hecho de
que el fallo cuestionado se circunscribió a afirmar que la institución educativa a la que
fue designada la actora mediante el acto de nombramiento del 12 de septiembre de
1998 era de carácter privado, sin estudiar la naturaleza del vínculo.

35. Al respecto, se observa que la sentencia objeto de tutela sustentó esta
afirmación en lo siguiente: «luego de una revisión exhaustiva sobre esta institución por
la Web se pudo evidenciar que con este nombre de Instituto de Retardo Mental del
Municipio de Bucaramanga figura la Asociación Santandereana Pro niño con retardo
Mental- ASOPORMEN (…), que no cumple con la naturaleza de las que resulten ser
beneficiarias de la pensión gracia, a pesar que la entidad territorial haya designado un
docente para prestar sus servicios en la misma y, por ello, este tiempo no puede ser
contabilizado para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en la medida en
que se requiere que la vinculación sea en establecimientos oficiales para primaria o
bachillerato»16.

36. En este contexto, la Sala procede al estudio del caso concreto con fundamento
en los reparos presentados por la entidad en el recurso de apelación, concernientes a
la naturaleza de las vinculaciones que le permitían a la docente conservar la
expectativa de acceder a la pensión gracia al cumplir los requisitos legales y computar
el tiempo laborado para acreditar 20 años de servicio, presupuesto que la UGPP
considera no cumplido por haber sido prestado en una plaza nacional.

15 Samai, consulta de procesos, acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05611-00.
16 Samai, índice 12, con salvamento de voto visible en el índice 17. Mediante auto del 8 de mayo de 2025, el

magistrado a cargo del cumplimiento del fallo de tutela dispuso remitir el expediente al despacho que sigue en
turno, por lo siguiente: «El Consejero sustanciador, presentó proyecto de decisión, el cual fue derrotado en la Sala
del 20 de marzo de este año. En estas circunstancias, por la Secretaría de la Sección, REMÍTASE, el asunto de la
referencia a la Consejera Elizabeth Becerra Cornejo, quien sigue en turno, para lo de su cargo» (índice 21 de
Samai).
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3.4.1. Verificación de la naturaleza de las vinculaciones en la docencia oficial

37. La copia del Decreto 1851 del 10 de julio de 1978, acredita que Luz Esperanza
Forero de Torres fue nombrada maestra de segunda categoría en «un grupo urbano
del municipio de Bucaramanga», para cubrir una licencia remunerada por maternidad.
El acto de nombramiento fue dictado por el gobernador y suscrito por el secretario de
educación y por el director de planeación departamental17.

38. De acuerdo con el acta 927 de 1978, incorporada al expediente, la demandante
tomó posesión del empleo docente el 21 de julio de 197818.

39. Por medio del Decreto 2666 de 12 de septiembre de 1979, el gobernador de
Santander nombró a la actora en el cargo de maestra de «un grupo urbano del
municipio de Bucaramanga anexo al Instituto de Retardo Mental», para reemplazar a
la titular del empleo durante una licencia concedida a partir del 1 de septiembre de ese
año. El acto de nombramiento fue suscrito por el gobernador encargado, el secretario
de educación y el director de planeación departamental. De acuerdo con la copia del
acta de posesión 1349, la actora asumió el cargo docente a partir del 19 de septiembre
de 1979, diligencia en la que presentó constancia de «estar asimilada» a segunda
categoría en el escalafón de enseñanza primaria19.

40. Mediante Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, el gobernador de Santander,
«en ejercicio de las facultades que le confiere el parágrafo del artículo 1 de la Ley 43
de 1975», nombró a Luz Esperanza Forero de Torres, como maestra de la Escuela
Rural Mirabuenos del municipio de La Paz, en reemplazo de la docente que fue
transferida por Decreto 0536 del 3 de noviembre de 1989. El acto de nombramiento
aparece suscrito por el gobernador, el secretario de educación y el delegado del
Ministerio de Educación Nacional20.

41. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), mediante
el formato único para la expedición de certificado de historia laboral suscrito por el
coordinador de talento humano el 17 de diciembre de 2018, certificó que la actora
prestó el servicio docente desde el 21 de julio hasta el 3 de septiembre de 1978, por
un tiempo total de 1 mes y 14 días, y del 19 de septiembre hasta el 30 de octubre de
1979, esto es, un periodo de un mes y 12 días. En las casillas de la certificación que
describen la «situación laboral» consta que la demandante ejerció el cargo en el nivel
primaria, que fue nombrada en provisionalidad y que el último «plantel educativo» en
el que prestó el servicio fue «Bucaramanga»21.

42. También obra en el expediente el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral expedido por el FOMAG, dictado por el secretario de educación del
departamento de Santander el 8 de agosto de 2018, conforme con el cual la actora
prestó servicios como docente de educación básica desde el 15 de marzo de 1990
hasta el 30 de diciembre de 2009, en la Escuela Rural Los Medios (sic) del municipio
de La Paz hasta el 6 de mayo de 1990, en el colegio Técnico Agropecuario Nuestra
Señora de la Paz en Matanza (Santander) hasta el 19 de abril de 2006, en el colegio
17 Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, página 52.
18 Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, página 53.
19
Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, páginas 54 y 55.
20 Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, página 58.
21 Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, página 45.

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Luz de la Esperanza hasta el 6 de marzo de 2007 y en el Centro de Comercio de
Piedecuesta hasta el 30 de diciembre de 200922.

43. Las pruebas documentales referidas demuestran que la señora Luz Esperanza
Forero de Torres prestó servicios en la docencia oficial en virtud de los actos de
nombramiento dictados por el gobernador del departamento de Santander en los años
1978, 1979 y 1990, en los siguientes periodos y planteles educativos:

Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha inicio Fecha
vinculación finalización
vinculación
Plantel educativo Docente de Nombramiento 21/07/1978 03/09/1978 1 mes y 14 días
«Bucaramanga» primaria Decreto 1851
10/07/1978
Plantel educativo Docente de Nombramiento 19/09/1979 30/10/1979 1 mes y 12 días
«Bucaramanga» primaria Decreto 2666
12/09/1979
Escuela Rural Docente Nombramiento 15/03/1990
Mirabuenos La Paz Básica Decreto 0036
(Santander) Secundaria 12/02/1990
Colegio Técnico Docente Traslado 30/05/1997
Agropecuario
Nuestra Señora de
La Paz
Colegio Luz de la Docente Traslado 18/08/2006 8/08/2018* 28 años, 4 meses y
Esperanza 19 días
Centro de Comercio Docente Traslado 8/03/2007
Piedecuesta
Incorporación a 30/12/2009
planta,
Secretaría de
Educación de
Piedecuesta
• Fecha de expedición del certificado de historia laboral

TOTAL: 28 años, 7 meses y 15 días

44. El análisis en conjunto de los medios de prueba aportados al expediente, esto
es, los actos de nombramiento y los formatos para la expedición de historia laboral,
permiten establecer, en primer lugar, que la demandante acreditó dos vinculaciones
en «provisionalidad», antes del 31 de diciembre de 1980, realizadas mediante actos
administrativos dictados por el gobernador del departamento de Santander, para
ejercer el cargo de maestra del nivel primaria durante las licencias concedidas a los
titulares del cargo, en el «Plantel educativo Bucaramanga».

45. En cuanto a la naturaleza de estas vinculaciones, que la entidad demandada
desestima para acceder al derecho pensional por considerarlas de carácter nacional,
la Sala encuentra demostrado que los decretos de nombramiento 1851 de 1978 y 2666
de 1979 fueron dictados por el gobernador del departamento de Santander para que
la actora ejerciera el cargo de maestra interina en un «grupo urbano del municipio de
Bucaramanga». Los certificados de historia laboral coinciden con la información
contenida en los actos de nombramiento, al identificar el número de los decretos y el
lapso de cada una de las vinculaciones. Además, precisan que la demandante prestó

22 Samai, gestión otros despachos, índice 35, link expediente digital, archivo 001, página 49.

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el servicio docente en el nivel primaria en el plantel educativo de «Bucaramanga».

46. Así, el argumento de la entidad apelante según el cual la información reportada
en el certificado de historia laboral sobre el régimen de cesantías y de pensiones del
docente en el que se indica que es nacional no desvirtúa la naturaleza de la vinculación
docente, pues esta se demuestra con los actos de nombramiento o, en su defecto, con
las certificaciones de tiempo en las que conste la clasificación del vínculo, aspecto que
no tiene relación con el régimen de pensiones.

47. Al respecto, resulta oportuno precisar que la categorización del vínculo se
determina a partir del análisis del acto de nombramiento en los términos previstos en
la Ley 91 de 1989, conforme con la cual «el personal nacional: son los docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», mientras que el personal
nacionalizado es el vinculado «por nombramiento de entidad territorial antes del 1. º
de enero de 1976» y el vinculado «a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada».
Por otra parte, el personal territorial es aquel vinculado mediante «nombramiento de
entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197523»24.

48. En línea con lo anterior, la sentencia de unificación de 2018 señaló que lo
«esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar». Así, para acreditar dicha circunstancia se «requiere
copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial».

49. Frente a la naturaleza jurídica de los planteles educativos en los que la actora
prestó el servicio durante poco más de un mes en los años 1978 y 1979, resulta
pertinente precisar que la entidad apelante no presentó reparo alguno. Por tanto, la
clasificación de la vinculación docente en los planteles educativos en los que prestó
servicio se funda en lo evidenciado en los actos administrativos y en los certificados
de historia laboral en los que consta que la demandante fue designada por el
gobernador de Santander como maestra en un «grupo urbano del municipio de

23 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
24 Corte Constitucional, sentencia SU-014-2020. «86. Se debe indicar que si bien la Ley 43 de 1975 entre los años

1976 y 1980 nacionalizó la educación prestada por las entidades territoriales, siguiendo la línea argumentativa
desarrollada en precedencia (supra, 72 a 82), dicha circunstancia no derivó en que los profesores pasaran de plano
a ser educadores con un régimen laboral y prestacional del orden nacional o equivalente a este, pues ello solo
ocurrió a partir de la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, pese a que los recursos para el sostenimiento de los planteles
nacionalizados podían tener su origen en la Nación, esto no implicaba la conversión del vínculo docente; tampoco
la intervención del FER en el acto administrativo demostraba la dependencia de la Nación.
Con mayor razón, el cargo que ocupó la señora Pérez Acevedo se encontraba vacante, evidenciándose que su
nombramiento no obedeció a la creación de una nueva plaza; a su vez, su designación dependía de la Secretaría
de Educación del Distrito y el pago de su nómina se efectuaba de los recursos provenientes del Situado Fiscal,
circunstancias que permiten advertir que ciertamente se trataba de una docente de primaria vinculada en un cargo
inicialmente territorial, pero que conforme a la Ley 43 de 1975, fue nacionalizado».

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Bucaramanga» donde prestó el servicio de docencia oficial en el nivel primaria, grupo
que en el año 1979 fue descrito como «anexo al Instituto de Retardo Mental»25.

50. Entonces, tanto los actos administrativos de nombramiento como los
certificados de historia laboral demuestran, de manera inequívoca, que las
vinculaciones de la demandante fueron realizadas por el gobernador, para el
desempeño del cargo de maestra oficial en planteles educativos oficiales, sin que
exista prueba en el expediente que desvirtúe esa categorización.

51. En este orden, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa, dado que
los actos administrativos incorporados al expediente acreditan la vinculación de la
actora a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, que le permitió mantener
la expectativa de acceder al derecho a la pensión gracia al cumplir los requisitos
previstos en la ley, pues los nombramientos fueron dictados por la entidad territorial a
través de su representante, el 10 de julio de 1978 y el 12 de septiembre de 1979, para
prestar el servicio en el nivel primaria, en planteles educativos oficiales de
Bucaramanga que se entienden nacionalizados de acuerdo con lo previsto en la Ley
91 de 1989.

52. En lo atinente a la naturaleza de la vinculación realizada por el gobernador de
Santander mediante el Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, a través del cual
nombró a la demandante «como maestra de la Escuela Rural Mirabuenos del
municipio de la Paz», el acto administrativo da cuenta de que fue dictado por el
representante de la entidad territorial «en ejercicio de las facultades que le confiere el
parágrafo del artículo 1 de la Ley 43 de 1975», según el cual, el «nombramiento del
personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan
nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que
actualmente ejerzan dicha función».

53. Así las cosas, el acto de nombramiento de la actora como docente oficial,
dictado el 12 de febrero de 1990, determina de manera clara e inequívoca que la
autoridad nominadora (gobernador de Santander) ejerció dicha facultad para proveer
una plaza en un plantel nacionalizado. Por tanto, el tiempo prestado en virtud de dicha
vinculación resulta válido para acceder al derecho a la pensión gracia.

54. Sobre este aspecto, es del caso reiterar que el reparo presentado por la entidad
apelante para desvirtuar esa categorización carece de fundamento, dado que el
régimen de pensiones «nacional», señalado en el certificado de historia laboral, no
tiene relación con la naturaleza del vínculo docente que se acredita con los actos
administrativos de nombramiento, a partir de los cuales se encuentra plenamente
demostrado que la señora Luz Esperanza Forero de Torres ocupó un empleo docente
que se encontraba vacante, dado que fue nombrada en reemplazo de quien «pasó a
otro cargo según decreto No. 0530 del 3 de noviembre de 1989», tal y como consta en
el Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, por lo que no se trató de una plaza nueva.

25 El despacho ponente, mediante auto para mejor proveer dictado el 29 de mayo de 2025, requirió a la Gobernación

de Santander y a la secretaría de educación departamental para que indicaran el nombre y naturaleza jurídica de
los planteles educativos en los que efectivamente la actora prestó el servicio de docencia oficial. Las entidades
guardaron silencio frente a los dos requerimientos realizados el 4 y el 17 de junio del presente año (Samai, índices
29, 33 y 38).
14

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55. También consta en dicho acto, que la designación fue realizada por el
gobernador de Santander, en el nivel de educación básica primaria, conforme con las
atribuciones conferidas por la Ley 43 de 1975, en específico, la facultad nominadora
del personal docente en planteles nacionalizados.

56. Por tanto, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa, porque el
acto de nombramiento dispuesto en el Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990,
demuestra la naturaleza nacionalizada del vínculo docente de la demandante, hecho
probado que evidencia la validez del tiempo de servicio prestado para acceder al
derecho a la pensión gracia.

3.5. Conclusión

57. De lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que el tiempo laborado por la
actora en la docencia oficial, mediante los actos de nombramiento dictados por el
gobernador de Santander en los años 1978, 1979 y 1990, es válido para acceder al
derecho a la pensión gracia, al evidenciar la naturaleza jurídica del vínculo docente y
su designación en plazas nacionalizadas.

4. Costas

58. Respecto a la condena en costas, la presente providencia acoge, por razones
de seguridad jurídica e igualdad, el criterio de interpretación mayoritario 26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe.

59. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la UGPP haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
15

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander el 9 de febrero de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Luz Esperanza Forero de Torres contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Comunicar esta decisión a la Sección Cuarta y a la Sección Primera de
esta corporación, en condición de jueces de tutela del expediente radicado bajo los
números 11001-03-15-000-2024-05611-00 y 11001-03-15-000-2024-05611-01.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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