Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05611-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05611-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05611-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05611-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ ESPERANZA FORERO DE TORRES
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO. LA DECISIÓN
CUESTIONADA OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS
RELACIONADOS CON LA VINCULACIÓN DE LA ACTORA COMO DOCENTE
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el magistrado Jorge
Portocarrero Banguera, integrante de la SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “B” DEL CONSEJO DE ESTADO1, contra la
sentencia de 6 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
1
En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05611-01
Actora: LUZ ESPERANZA FORERO DE TORRES
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 accedió al amparo
solicitado.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora LUZ ESPERANZA FORERO DE TORRES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados
por la SECCIÓN SEGUNDA al haber proferido la providencia de 26
de junio de 2024, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 68001-23-33-000-2019-00605-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que mediante el Decreto núm. 1851 de 1978 fue
nombrada por el departamento de Santander como docente de
primaria al servicio del grupo urbano del Municipio de
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En adelante la Sección Cuarta.
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Bucaramanga, cargo que desempeñó desde el 21 de julio de 1978
hasta el 3 de septiembre de ese año, con el fin de suplir una
licencia de maternidad.
Mencionó que, por medio del Decreto núm. 2666 de 12 de
septiembre de 1979, fue nombrada por el departamento de
Santander como maestra del grupo urbano del municipio de
Bucaramanga anexo al Instituto de Retardo Mental, cargo que
desempeñó desde el 19 de septiembre de 1979 hasta el 30 de
octubre de 1979.
Indicó que, con posterioridad, a través del Decreto núm.0036 de 12
de febrero de 1990 fue nombrada como docente nacionalizada al
servicio del departamento de Santander, en el que laboró tiempo
completo por más de veinte años de servicio.
Aseguró que solicitó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES -UGPP3- el reconocimiento y pago de la pensión
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En adelante UGPP.
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gracia, petición que fue resuelta de manera desfavorable a través
de la Resolución RDP núm.013450 de 30 de abril de 2019.
Indicó que dicho acto administrativo fue objeto de recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la UGPP que, mediante la
Resolución núm. RDP 0198793 de 4 de julio de 2019, confirmó la
decisión.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 68001-23-33-000-2019-00605-00 y le correspondió por
reparto en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER que mediante sentencia de 9 de febrero de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, declaró
la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la UGPP
reconocer la pensión gracia a partir del 21 de diciembre de 2009,
en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
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salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación del status pensional.
Advirtió que inconforme con lo anterior, la UGPP formuló recurso
de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante
providencia de 26 de junio de 2024, revocó la decisión del a quo
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico, toda vez que omitió otorgar valor probatorio i) al
Decreto núm. 1851 de 1978, expedido por el departamento de
Santander, mediante el cual fue nombrada como docente de
primaria al servicio del grupo urbano del municipio de
Bucaramanga, cargo que desempeñó desde el 21 de julio hasta el 3
de septiembre de 1978 y; ii) al Decreto núm. 2666 de 12 de
septiembre de 1979, expedido por el departamento de Santander,
mediante el cual fue nombrada como maestra del grupo urbano del
municipio de Bucaramanga anexo al Instituto de Retardo Mental,
cargo que desempeñó desde el 19 de septiembre hasta el 30 de
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octubre de 1979.
Aseguró que dichos actos de nombramiento acreditaban su
vinculación como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980, condición sine qua non para acceder a la pensión gracia.
Manifestó que, a su juicio, la SECCIÓN SEGUNDA expidió la
providencia cuestionada sin motivación, pues desestimó las
etapas laborales anteriores al 31 de diciembre de 1980, las cuales
son válidas para acreditar el cómputo del tiempo de servicios para
el reconocimiento de la pensión gracia.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente jurisprudencial de la sentencia de unificación –SUJ-
S11-11-2018 del Consejo de Estado, en la que se indicó que el
operador jurídico debe ceñirse a la verificación de los actos
administrativos en los que conste de manera inequívoca el tipo de
vinculación del docente; sin embargo, resaltó que la SECCIÓN
SEGUNDA argumentó su decisión en una investigación realizada en
internet y esto no permitió dilucidar con certeza su vinculación
como docente.
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Finalmente, aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución, pues al desconocer las
etapas laborales anteriores al 31 de diciembre de 1980 vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, a los derechos adquiridos con justo título como la
seguridad social integral y la seguridad jurídica, lo cual justifica la
presente acción constitucional.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia, dispuso:
“[…] PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, Expediente No. 68001-
23-33-000-2019-00605-01 (N.I.: 3588-2023) LA SUBSECCIÓN
“B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO
DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. Jorge Portocarrero
Banguera al revocar la sentencia del 09 de febrero de 2023
emitida por el Tribunal Administrativo de Santander y negar las
pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi
pensión gracia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad
frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el
régimen especial de la pensión gracia, el acceso de la
administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título
y demás que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 26 de
junio de 2024, notificada el 24 de julio de 2024, con radicación
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No. 68001-23-33-000-2019-00605-01 (N.I.: 3588-2023) carece
de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los
términos que considere prudente el señor Juez Constitucional, la
Corporación accionada profiera nueva sentencia evaluando de
manera integral las pruebas documentales que obran en el
expediente, especialmente lo relacionado en mis 2 etapa
laborales antes del 31 de diciembre de 1980 comprendidas: (i)
entre el 21/07/1978 a 03/09/1978 (Decreto 1351 de 10 de julio
de 1978 y el acta de posesión 927 de 21 de julio de 1978) y (ii)
entre el 19/09/1979 a 30/10/1979 (Acta de posesión 1349 del 19
de septiembre de 1979 y el Decreto 2266 del 12 de septiembre
de 1979), mismas que son válidas para acreditar el tiempo de
servicio para pensión gracia y de las cuales se infiere que el tipo
de vinculación corresponde al tipo TERRITORIAL.
CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que el Honorable
Tribunal Corporativo considere necesarias para restablecer los
derechos fundamentales vulnerados con el fallo de segundo
grado, objeto de la controversia constitucional […]”. (Destacado
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA señaló que la solicitud de amparo
debe declararse improcedente por falta de relevancia constitucional,
pues la discusión planteada contra el fallo se limita a un evidente
desacuerdo con el resultado, constituyéndose así una instancia
adicional a las surtidas dentro del proceso ordinario.
Igualmente indicó que, contrario a lo afirmado por la actora, en la
decisión judicial cuestionada sí se consignaron las razones legales
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que respaldaron la decisión de revocar el fallo de primera instancia,
por cuanto la actora no cumplió con los requisitos exigidos por el
legislador para acceder al beneficio pensional.
I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, señaló que no hay lugar a
concluir la trasgresión de los derechos fundamentales por parte de
dicha Corporación, por cuanto la decisión judicial de primera
instancia se profirió de conformidad con las reglas del debido
proceso, sin que se advirtiera una actuación irregular o irrespetuosa
de las garantías procesales.
Además, recalcó que “[…] la presunta configuración de los defectos
antes aducidos se predica en relación con la decisión de segunda
instancia, frente a la cual, esta Corporación no tuvo participación o
injerencia alguna, toda vez que tal providencia, revocó en su
integridad la decisión de primera instancia […]”
I.5.3.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la
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acción de tutela, por cuanto la decisión judicial cuestionada no
incurrió en los defectos alegados por la actora.
Aseguró que la providencia cuestionada se ajustó al ordenamiento
legal aplicable al asunto; y que, de acuerdo con el análisis
efectuado en cada instancia, se logró concluir que no había lugar a
conceder la pensión gracia a la actora.
Recalcó que la presente solicitud de amparo se pretende utilizar
como una tercera instancia del trámite ordinario, máxime cuando se
efectuó un pronunciamiento del juez natural de la causa y el mismo
hizo tránsito a cosa juzgada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 6 de febrero de
2025, concedió el amparo solicitado y, en consecuencia, dejó sin
efectos la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA y ordenó dictar la correspondiente sentencia
de reemplazo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la
parte considerativa de su decisión.
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Consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
fáctico, por cuanto la providencia cuestionada incurrió en
vulneración del debido proceso al omitir la valoración de las pruebas
aportadas, específicamente, las relacionadas con las vinculaciones
que ostentó con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Advirtió que si bien la autoridad judicial accionada referenció como
hechos probados el nombramiento de la actora como docente
territorial del grupo urbano del municipio de Bucaramanga,
efectuado a través del Decreto 1351 (sic) del 10 de julio de 1978 -
primera vinculación- e hizo mención de estos actos administrativos
al momento de realizar el análisis de fondo, también lo es que la
SECCIÓN SEGUNDA únicamente se pronunció respecto de la
vinculación realizada a través del Decreto de 12 de septiembre de
1979.
En ese sentido, para el a quo la SECCIÓN SEGUNDA sí incurrió en
un defecto fáctico, por cuanto no valoró debidamente el Decreto
1351 (sic) de 10 de julio de 1978 y el acta de posesión 927 de 21
de julio de 1978, en tanto omitió pronunciarse sobre la primera
vinculación de la actora quien fue nombrada por el gobernador del
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Departamento de Santander para cubrir una licencia de maternidad
de una maestra de un grupo urbano del municipio de Bucaramanga.
Así las cosas, amparó el derecho fundamental al debido proceso y
ordenó a la SECCIÓN SEGUNDA proferir una sentencia de
reemplazo en la que se analice el nombramiento que ostentó la
actora en la vinculación efectuada a través del Decreto 1351 (sic)
de 10 de julio de 1978, en aras de establecer si se acredita el
vínculo territorial y la verificación de los demás requisitos para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia solicitada.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El doctor Jorge Portocarrero Banguera, en calidad de magistrado
integrante de la SECCIÓN SEGUNDA, impugnó la sentencia
proferida por la SECCIÓN CUARTA manifestando su desacuerdo
con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la providencia
cuestionada sí realizó una valoración probatoria adecuada y
suficiente de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación.
Señaló que, en efecto, la decisión sí tuvo en cuenta las pruebas de
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las que se predica la omisión, pues efectuó una valoración integral
de los elementos de convicción de la cual concluyó que la razón de
la decisión no fue la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980,
sino que la misma no hubiese sido en una institución oficial
departamental, distrital o municipal, elemento que no fue probado
debidamente por la accionante.
Finalmente, recalcó que la decisión impugnada replicó un error a
partir de una confusión que se originó en el escrito de tutela, en el
que se afirmó que en el expediente existía el Decreto núm. 1351 de
1978, pero al revisar el contenido del expediente dicho acto en
realidad obedece al Decreto núm. 1851 de 1978.
Así las cosas, solicitó que: “[…] en el asunto de marras, sea
revocada la sentencia de instancia y, en consecuencia, se declare
improcedente por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, como se manifestó en la contestación inicial,
subsidiariamente, se suplica que se nieguen las pretensiones,
considerando que la tutela contra providencia judicial no es un
juicio de corrección, sino uno validez […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de
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la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
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cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
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llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 26 de junio de 2024,
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 68001-23-33-000-2019-00605-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su
juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
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judicial y violación directa de la Constitución.
Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico, toda vez que omitió
otorgar valor probatorio: i) al Decreto núm. 1851 de 1978 expedido
por el departamento de Santander, mediante el cual fue nombrada
como docente de primaria al servicio del grupo urbano del
municipio de Bucaramanga y; ii) al Decreto núm. 2666 de 12 de
septiembre de 1979 expedido por el departamento de Santander,
mediante el cual fue nombrada como maestra del grupo urbano del
municipio de Bucaramanga anexo al Instituto de Retardo Mental.
A juicio de la actora, dichos actos de nombramiento acreditaban su
vinculación como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980, condición sine qua non para acceder a la pensión gracia.
Manifestó que la SECCIÓN SEGUNDA expidió la providencia
cuestionada sin motivación, pues desestimó las etapas laborales
anteriores al 31 de diciembre de 1980, las cuales son válidas para
acreditar el cómputo del tiempo de servicios para el reconocimiento
de la pensión gracia.
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Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció
el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación -SUJ-S11-11-2018 del Consejo de Estado, por cuanto la
SECCIÓN SEGUNDA fundamentó su decisión en una investigación
realizada en internet y esto no permitió dilucidar con certeza su
vinculación como docente.
Finalmente, aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución, pues al desconocer las
etapas laborales anteriores al 31 de diciembre de 1980 vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, a los derechos adquiridos con justo título como la
seguridad social integral y la seguridad jurídica, lo cual justifica la
presente acción constitucional.
Precisado lo anterior, se tiene que acción de tutela bajo examen fue
resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que,
mediante sentencia de 6 de febrero de 2025, concedió el amparo
solicitado y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 26 de
junio de 2024 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA y ordenó dictar
la correspondiente sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta los
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argumentos expuestos en la parte considerativa de su decisión.
Inconforme con lo anterior, el magistrado ponente del fallo
cuestionado impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
CUARTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la
decisión, pues, a su juicio, en la providencia objeto de tutela sí se
realizó una valoración probatoria adecuada y suficiente de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corporación.
Señaló que, en efecto, la decisión sí tuvo en cuenta las pruebas de
las que se predica la omisión, pues, efectuó una valoración integral
de los elementos de convicción, en virtud de la cual concluyó que la
razón de la decisión no fue la vinculación previa al 31 de diciembre
de 1980, sino que la misma no hubiese sido en una institución
oficial departamental, distrital o municipal, elemento que no fue
probado debidamente por la demandante.
Dicho lo anterior, el problema jurídico se circunscribirá al estudio de
los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, para lo
cual la Sala deberá determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
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verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico invocado.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia
(artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un
plazo razonable4 y, por último, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados.
Visto que el presente asunto cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala hará mención del marco jurídico del defecto
fáctico, para enseguida efectuar el estudio del fondo del asunto.
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20135, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el
juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
5
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos
ocupa, debe examinarse lo decidido en la sentencia de 26 de junio
de 2024 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, aquí cuestionada,
en la cual se indicó lo siguiente:
“[…] 2.3. Caso concreto.
La señora Luz Esperanza Forero de Torres acude en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la anulación
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del acto administrativo por el cual se le negó el reconocimiento de
la pensión gracia.
El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la accionante ha
prestado sus servicios en calidad de docente territorial, como lo
certificó la Secretaría de Educación de Santander, vinculación que
ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 (21 de julio de 1978),
desempeñando el cargo con honradez y buena conducta; por lo
que es destinataria de la pensión gracia.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, en el que insiste en que en la vinculación de la
actora con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es de carácter
nacional.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
embargo, como se vio, la demandante pretende el reconocimiento
de la pensión gracia a la que se puede acceder previo el
cumplimiento de unos requisitos concurrentes, por ello, la Sala
considera que debe determinar si estas exigencias se cumplen en
su totalidad en el presente asunto.
Pues bien, la demandada en los argumentos del recurso de
apelación centró su inconformidad en que hubo una errónea
apreciación del material probatorio arrimado al proceso, en
concreto en los formatos para la expedición de la historia laboral,
en los que según señala la vinculación de la docente era nacional,
no obstante, la Sala entrará a revisar el cumplimiento de los
requisitos para establecer si le asiste razón jurídica a la actora de
reclamar la pensión gracia de la demandada.
Visto lo anterior, y de conformidad con los antecedentes
normativos expuestos, se observa que la pensión gracia beneficia
a los docentes que hubiesen prestado sus servicios en
establecimientos públicos por 20 años con nombramientos del
orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado, sin que
les sea dable acumular tiempos en el orden nacional.
Ahora bien, la actora nació el 22 de septiembre de 1956; por lo
que, el 17 de enero de 2022 contaba con más de 50 años. Por
tanto, cumple con el requisito contemplado en el numeral 6 del
artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
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También, acreditó que desempeñó el empleo con honradez y
consagración; por lo tanto, cumplió con el requisito previsto en el
numeral 1 de la norma antes referida.
Sin embargo, en el sub examine se advierte que la demandante
prestó sus servicios como docente de primaria en una plaza
nacionalizada, en la que acreditó más de 20 años de servicios,
pero lo cierto es esa vinculación fue posterior al año 1980. Por su
parte, en lo que corresponde a la vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980 no puede ser tenida en cuenta, dado que se
trata de una vinculación que no cumple con los presupuestos para
los cuales fue creada la pensión gracia reclamada.
En efecto, para acreditar el cumplimiento de este requisito se
aportó el acta de posesión 927 del 21 de julio de 1978 y el
Decreto 1851 del 10 de julio de 1978, de la Gobernación de
Santander, en el cual se dispuso: […]
Así mismo, el acta de posesión 1349 del 19 de septiembre de
1979 y el Decreto 2266 del 12 de septiembre de 1979, en el cual
se expuso: […]
Al respecto, resulta oportuno aclarar que luego de una revisión
exhaustiva sobre esta institución por la Web se pudo evidenciar
que con este nombre de Instituto de Retardo Mental del Municipio
de Bucaramanga figura la Asociación Santandereana Pro niño con
retardo Mental- ASOPORMEN16 y, de la lectura de la historia de
esta institución, se puede evidenciar que «fue creada en
Bucaramanga, el 12 de Noviembre de 1965 por un grupo de
ciudadanos visionarios y conscientes de las necesidades y ajustes
razonables de la población con discapacidad de Santander y el 30
de julio de 1966 se le otorgó la personería jurídica por medio de
la Resolución 0124 como Asociación sin ánimo de lucro y desde
esta fecha ha venido funcionando ASOPORMEN de forma
ininterrumpida».
Por consiguiente, se concluye que se trata de una institución que
no cumple con la naturaleza de las que resulten ser beneficiarias
de la pensión gracia, a pesar de que la entidad territorial haya
designado un docente para prestar sus servicios en la misma y,
por ello, este tiempo no puede ser contabilizado para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, en la media en que se
requiere que la vinculación sea en establecimientos oficiales para
primaria o bachillerato.
El a quo sostuvo que este tiempo sí puede ser contabilizado para
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el reconocimiento deprecado, porque en que los formatos para la
expedición de historia laboral indican que la docente se vinculó en
interinidad en julio de 1979, como docente de primaria, pero lo
cierto es que se encuentran los actos de nombramiento y
posesión para acreditar esta exigencia, en los que se evidencia
que la actora fue vinculada a un establecimiento no oficial de
primera o bachillerato.
Acerca del tema, esta Colegiatura, en sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2)17, fijó, entre otras reglas, la
siguiente: […]
Por consiguiente, se concluye que la docente Luz Esperanza
Forero de Torres no cumplió con los requisitos exigidos por el
legislador para tener derecho a la gracia de la pensión; ya que,
no laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980 en
establecimientos educativos oficiales del orden departamental,
distrital o municipal destinatarios de esta prestación que fue
concebida como una prerrogativa especial, que no es conceda a
todo tipo de maestros; motivo por el cual, la sentencia objeto de
apelación será revocada […]” (Destacado pertenece al texto).
De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada al resolver el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en segunda instancia,
elaboró un recuento del marco normativo y jurisprudencial
relacionado con la pensión gracia y, a partir de dicho análisis,
concluyó que para acceder al beneficio prestacional mencionado los
docentes debían acreditar el cumplimiento de 20 años de servicio y
la vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31
de diciembre de 1980.
Al realizar el análisis de las pruebas aportadas al expediente, señaló
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que la actora sí cumplió con el requisito de edad para acceder al
reconocimiento de la pensión, por lo que el 17 de enero de 2022
contaba con más de 50 años y, además, acreditó el desempeño del
cargo con honradez y consagración, por lo que cumplió con el
requisito previsto en el numeral 1 del artículo 4° de la Ley 114 de
19136.
Sin embargo, la SECCIÓN SEGUNDA consideró que la actora no
demostró su vinculación como docente antes del 31 de diciembre
de 1980 a una institución educativa oficial del orden territorial, pues
al valorar el contenido del Decreto 2266 del 12 de septiembre
de 1979, advirtió que la actora laboró al servicio del Instituto de
Retardo Mental del municipio de Bucaramanga -Asociación
Santandereana Pro niño con retardo Mental- ASOPORMEN-,
institución que no cumple con la naturaleza oficial y territorial para
ser beneficiaria de la pensión gracia y, por ende, concluyó que no
había lugar a contabilizar dicho tiempo de servicio para acceder al
reconocimiento de la prestación pensional.
En ese sentido, para la SECCIÓN SEGUNDA no resultó válido
6
“Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.”
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acceder al reconocimiento de la pensión gracia, dado que la actora
no logró probar que laboró como docente con vinculación territorial
o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que, conforme lo
consideró el a quo, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en el defecto
fáctico alegado, pues no efectuó un análisis integral e individual del
acto administrativo contenido en el Decreto núm. 1851 de
19787, expedido por el departamento de Santander, mediante el
cual fue nombrada como docente de primaria al servicio del grupo
urbano del municipio de Bucaramanga, cargo que desempeñó
desde el 21 de julio de 1978 hasta el 3 de septiembre de 1978, que
la actora echa de menos.
Del estudio de la providencia cuestionada, la Sala advierte que si
bien la SECCIÓN SEGUNDA hizo mención del contenido del
Decreto núm. 1851 de 1978, también lo es que no realizó una
valoración individual de este acto administrativo, pues las
consideraciones de la decisión cuestionada se limitaron al estudio
7
Acto administrativo visible en el expediente digital obrante en el índice núm. 2 del aplicativo de
consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6800123330002019006
05011100103
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del Decreto 2266 de 12 de septiembre de 1979 y a explicar los
motivos por los que el tiempo de servicio que prestó la actora como
docente en el Instituto de Retardo Mental no podía tenerse en
cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, pero omitió la
valoración del contenido de la vinculación que antecedió cuando la
actora laboró como docente de primaria al servicio del grupo
urbano del municipio de Bucaramanga, cargo que, en efecto,
desempeñó desde el 21 de julio de 1978 hasta el 3 de septiembre
de 1978, en virtud del citado Decreto núm. 1851 de 1978.
Por lo tanto, para la Sala le asistió razón al a quo al conceder el
amparo solicitado por la actora, en tanto la SECCIÓN SEGUNDA
deberá proferir una nueva decisión en la que se estudie el
contenido del Decreto núm. 1851 de 1978 otorgándole el valor
probatorio que corresponda y, una vez efectuada dicha valoración,
proceda a verificar si la actora reúne los demás requisitos para
acceder a la prestación pensional.
Por último, cabe resaltar que la SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión
de la orden de amparo y en aras de dar cumplimiento a lo allí
dispuesto, mediante auto de 29 de mayo de 2025 ofició al
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departamento de Santander y a su Secretaría de Educación para
que allegaran los actos administrativos que sustentaran la
prestación del servicio de docencia oficial de la actora en el grupo
urbano del municipio de Bucaramanga anexo al Instituto de Retardo
Mental, con la indicación de los nombres de las instituciones de
educación oficial en las que, efectivamente, ejerció y los
documentos que permitieran constatar su naturaleza jurídica.
Una vez allegada dicha documentación, la SECCIÓN SEGUNDA
dictó la sentencia de 8 de julio del presente año, en la que confirmó
la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander
el 9 de febrero de 2023, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda elevadas por la actora, en los
siguientes términos:
“[…] Verificación de la naturaleza de las vinculaciones en
la docencia oficial
La copia del Decreto 1851 del 10 de julio de 1978, acredita que
Luz Esperanza Forero de Torres fue nombrada maestra de
segunda categoría en «un grupo urbano del municipio de
Bucaramanga», para cubrir una licencia remunerada por
maternidad. El acto de nombramiento fue dictado por el
gobernador y suscrito por el secretario de educación y por el
director de planeación departamental17.
De acuerdo con el acta 927 de 1978, incorporada al
expediente, la demandante tomó posesión del empleo docente
el 21 de julio de 1978.
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Por medio del Decreto 2666 de 12 de septiembre de 1979, el
gobernador de Santander nombró a la actora en el cargo de
maestra de «un grupo urbano del municipio de Bucaramanga
anexo al Instituto de Retardo Mental», para reemplazar a la
titular del empleo durante una licencia concedida a partir del 1
de septiembre de ese año. El acto de nombramiento fue
suscrito por el gobernador encargado, el secretario de
educación y el director de planeación departamental. De
acuerdo con la copia del acta de posesión 1349, la actora
asumió el cargo docente a partir del 19 de septiembre de 1979,
diligencia en la que presentó constancia de «estar asimilada» a
segunda categoría en el escalafón de enseñanza primaria.
Mediante Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, el
gobernador de Santander, «en ejercicio de las facultades que le
confiere el parágrafo del artículo 1 de la Ley 43 de 1975»,
nombró a Luz Esperanza Forero de Torres, como maestra de la
Escuela Rural Mirabuenos del municipio de La Paz, en
reemplazo de la docente que fue transferida por Decreto 0536
del 3 de noviembre de 1989. El acto de nombramiento aparece
suscrito por el gobernador, el secretario de educación y el
delegado del Ministerio de Educación Nacional.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), mediante el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral suscrito por el coordinador de
talento humano el 17 de diciembre de 2018, certificó que la
actora prestó el servicio docente desde el 21 de julio hasta el 3
de septiembre de 1978, por un tiempo total de 1 mes y 14
días, y del 19 de septiembre hasta el 30 de octubre de 1979,
esto es, un periodo de un mes y 12 días. En las casillas de la
certificación que describen la «situación laboral» consta que la
demandante ejerció el cargo en el nivel primaria, que fue
nombrada en provisionalidad y que el último «plantel
educativo» en el que prestó el servicio fue «Bucaramanga».
También obra en el expediente el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral expedido por el
FOMAG, dictado por el secretario de educación del
departamento de Santander el 8 de agosto de 2018, conforme
con el cual la actora prestó servicios como docente de
educación básica desde el 15 de marzo de 1990 hasta el 30 de
diciembre de 2009, en la Escuela Rural Los Medios (sic) del
municipio de La Paz hasta el 6 de mayo de 1990, en el colegio
Técnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz en Matanza
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(Santander) hasta el 19 de abril de 2006, en el colegio Luz de
la Esperanza hasta el 6 de marzo de 2007 y en el Centro de
Comercio de Piedecuesta hasta el 30 de diciembre de 2009.
Las pruebas documentales referidas demuestran que la señora
Luz Esperanza Forero de Torres prestó servicios en la docencia
oficial en virtud de los actos de nombramiento dictados por el
gobernador del departamento de Santander en los años 1978,
1979 y 1990, en los siguientes periodos y planteles educativos:
[…]
El análisis en conjunto de los medios de prueba aportados al
expediente, esto es, los actos de nombramiento y los formatos
para la expedición de historia laboral, permiten establecer, en
primer lugar, que la demandante acreditó dos vinculaciones en
«provisionalidad», antes del 31 de diciembre de 1980,
realizadas mediante actos administrativos dictados por el
gobernador del departamento de Santander, para ejercer el
cargo de maestra del nivel primaria durante las licencias
concedidas a los titulares del cargo, en el «Plantel educativo
Bucaramanga.
En cuanto a la naturaleza de estas vinculaciones, que la
entidad demandada desestima para acceder al derecho
pensional por considerarlas de carácter nacional, la Sala
encuentra demostrado que los decretos de nombramiento 1851
de 1978 y 2666 de 1979 fueron dictados por el gobernador del
departamento de Santander para que la actora ejerciera el
cargo de maestra interina en un «grupo urbano del municipio
de Bucaramanga». Los certificados de historia laboral coinciden
con la información contenida en los actos de nombramiento, al
identificar el número de los decretos y el lapso de cada una de
las vinculaciones. Además, precisan que la demandante prestó
el servicio docente en el nivel primaria en el plantel educativo
de «Bucaramanga».
Así, el argumento de la entidad apelante según el cual la
información reportada en el certificado de historia laboral sobre
el régimen de cesantías y de pensiones del docente en el que
se indica que es nacional no desvirtúa la naturaleza de la
vinculación docente, pues esta se demuestra con los actos de
nombramiento o, en su defecto, con las certificaciones de
tiempo en las que conste la clasificación del vínculo, aspecto
que no tiene relación con el régimen de pensiones.
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[…]
Frente a la naturaleza jurídica de los planteles educativos en
los que la actora prestó el servicio durante poco más de un
mes en los años 1978 y 1979, resulta pertinente precisar que
la entidad apelante no presentó reparo alguno. Por tanto, la
clasificación de la vinculación docente en los planteles
educativos en los que prestó servicio se funda en lo
evidenciado en los actos administrativos y en los certificados
de historia laboral en los que consta que la demandante fue
designada por el gobernador de Santander como maestra en
un «grupo urbano del municipio de Bucaramanga» donde
prestó el servicio de docencia oficial en el nivel primaria, grupo
que en el año 1979 fue descrito como «anexo al Instituto de
Retardo Mental»25.
Entonces, tanto los actos administrativos de nombramiento
como los certificados de historia laboral demuestran, de
manera inequívoca, que las vinculaciones de la demandante
fueron realizadas por el gobernador, para el desempeño del
cargo de maestra oficial en planteles educativos oficiales, sin
que exista prueba en el expediente que desvirtúe esa
categorización.
En este orden, la respuesta al primer problema jurídico es
afirmativa, dado que los actos administrativos incorporados al
expediente acreditan la vinculación de la actora a la docencia
oficial antes del 31 de diciembre de 1980, que le permitió
mantener la expectativa de acceder al derecho a la pensión
gracia al cumplir los requisitos previstos en la ley, pues los
nombramientos fueron dictados por la entidad territorial a
través de su representante, el 10 de julio de 1978 y el 12 de
septiembre de 1979, para prestar el servicio en el nivel
primaria, en planteles educativos oficiales de Bucaramanga que
se entienden nacionalizados de acuerdo con lo previsto en la
Ley 91 de 1989.
En lo atinente a la naturaleza de la vinculación realizada por el
gobernador de Santander mediante el Decreto 0036 de 12 de
febrero de 1990, a través del cual nombró a la demandante
«como maestra de la Escuela Rural Mirabuenos del municipio
de la Paz», el acto administrativo da cuenta de que fue dictado
por el representante de la entidad territorial «en ejercicio de
las facultades que le confiere el parágrafo del artículo 1 de la
Ley 43 de 1975», según el cual, el «nombramiento del personal
en los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o
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se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
Así las cosas, el acto de nombramiento de la actora como
docente oficial, dictado el 12 de febrero de 1990, determina de
manera clara e inequívoca que la autoridad nominadora
(gobernador de Santander) ejerció dicha facultad para proveer
una plaza en un plantel nacionalizado. Por tanto, el tiempo
prestado en virtud de dicha vinculación resulta válido para
acceder al derecho a la pensión gracia.
Sobre este aspecto, es del caso reiterar que el reparo
presentado por la entidad apelante para desvirtuar esa
categorización carece de fundamento, dado que el régimen de
pensiones «nacional», señalado en el certificado de historia
laboral, no tiene relación con la naturaleza del vínculo docente
que se acredita con los actos administrativos de
nombramiento, a partir de los cuales se encuentra plenamente
demostrado que la señora Luz Esperanza Forero de Torres
ocupó un empleo docente que se encontraba vacante, dado
que fue nombrada en reemplazo de quien «pasó a otro cargo
según decreto No. 0530 del 3 de noviembre de 1989», tal y
como consta en el Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, por
lo que no se trató de una plaza nueva.
También consta en dicho acto, que la designación fue realizada
por el gobernador de Santander, en el nivel de educación
básica primaria, conforme con las atribuciones conferidas por la
Ley 43 de 1975, en específico, la facultad nominadora del
personal docente en planteles nacionalizados.
Por tanto, la respuesta al segundo problema jurídico es
afirmativa, porque el acto de nombramiento dispuesto en el
Decreto 0036 de 12 de febrero de 1990, demuestra la
naturaleza nacionalizada del vínculo docente de la
demandante, hecho probado que evidencia la validez del
tiempo de servicio prestado para acceder al derecho a la
pensión gracia […]”.
Como quedó visto, la SECCIÓN SEGUNDA logró constatar que el
tiempo laborado por la actora como docente oficial, de conformidad
con los decretos dictados por el departamento de Santander en los
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años 1978, 1979 y 1990, era válido para acceder al reconocimiento
y pago de la pensión gracia reclamada, al evidenciar la naturaleza
jurídica de su vínculo docente y la designación en plazas
nacionalizadas.
Así las cosas, para la Sala en este caso no podría arribarse a la
conclusión de que existe un hecho superado frente a las
pretensiones de la actora, pues aun cuando ya cesó la vulneración
de sus derechos fundamentales en atención al cumplimiento de un
fallo judicial, no se puede señalar que la orden de amparo
carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a
derecho, lo que corresponde es confirmarla.
En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la providencia
impugnada, que amparó los derechos fundamentales de la actora
por encontrarse configurado el defecto fáctico, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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