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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05615-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05615-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Declarar improcedente la tutela frente a los defectos procedimental absoluto y sustantivo, en lo atañedero a la presunta omisión de enviar el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administra, conforme a la parte motiva. 3. Denegar las pretensiones de los tutelantes en relación con el principio non reformatio in pejus, de acuerdo con la motivación. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05615-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: BRÍGIDA MARÍA LLORENTE ARTEAGA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B

Tema: Contra sentencia dictada en proceso de reparación directa. Defectos
procedimental absoluto y sustantivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Brígida María Llorente Arteaga y otros1
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de octubre de 20242, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, Brígida María Llorente Arteaga y otros pidieron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de los demandantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de
la sentencia del 19 de abril de 2024, con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, decidió en segunda instancia la
demanda de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01.

2. Pretensiones

Los tutelantes formularon las siguientes pretensiones:

1 Adela Sáenz Durán, Alba Rocío Martín Duque, Álvaro Murcia Parraga, Ana Cecilia Rojas Rojas, Augusto William

Bautista Martínez, Alexis Orjuela Cortés, Blanca Alicia Sandoval Hernández, Blanca Ligia Ávila Reina, Blanca Lucía
Vaca Vaca, Carlos Eduardo Ruiz Grajales, Carmen Josefa Enciso Gómez, Cecilia Quevedo Mejía, Celio Arnulfo Téllez
Aroca, César Augusto Díaz Alvarado, César Augusto Orjuela Bautista, Cielo Patricia Escobar Zamora, Daissy López
Lozano, Daniel Alberto Rondón Socha, Danny Fernando León Jaramillo, Darío Hernando García González, Dilia
Celmira Fresneda Robayo, Édgar Libardo Novoa Jiménez, Edith Yamile Contreras Rojas, Emma Inés Novoa Almanza,
Esperanza Pacheco Posada, Eva Julia Ardila Delgado, Fabiola Suaza de Cleves, Flor Alba Cuestas Pinzón, Francisco
Javier Salamanca López, Francy Helena Medina Rojas, Gelver Orley Cortés Ospina, Germén Leonardo Rocha
Salgado, Glenis Bernal Muñoz, Gonzalo Esquivel Díaz, Héctor Mauricio Correa Tribin, Helia Jaime Cocunubo, Irene
Díaz González, Ivonny Sierra Camargo, Japsy Portilla Mosquera, Johanna Astrid Bejarano Suárez, Jorge Eliécer
Maldonado Avendaño, Jorge Ernesto Urrea Vega, Jorge Hernández Ruiz, José Ferley Díaz Godoy, José Rafael
Bermúdez Piñeros, José Yury Delgado Rodríguez, Julio Andrés Baena González, Julio César Sánchez Barreto, Juan
Antonio Hoyos Araujo, Lida Yineth Parrado Rodríguez, Lizz Yeisy Sánchez Santana, Lucila Ramírez Castillo, Luis
Bernardo Muñoz Gómez, Luis Eduardo Guarín Uribe, Luz Adriana Cárdenas Trujillo, Luz Amparo Moreno Gómez, Luz
Mery Vanegas Soto, María Consuelo Páez De Robayo, María Eugenia Jaimes Tibamoza, Mariela Cano Castillo,
Maribel Cuestas Colorado, Mariela Dimate Jiménez, Marisol Ángel Gómez, Mary Luz Guezguan Cujavante, Mercedes
Rodríguez Pulido, Mireya Gisela León Jiménez, Miriam Pinto Vija, Myriam Marlene Ruiz Villamil, Narelis Taharon
Ahumada, Rosa Yamile Prieto Bogotá, Rosalba Manjarrez de Reyes, Sabina Heredia Velásquez, Sandra Judith Ladino
Ramírez, Sandra Liliana López Castro, Uriel Duarte Sandoval, Yaneth Torres Mendivelso, Yenny Barros Ruidiaz,
Yennys Badu Amaya Moreno, Yolanda Sanabria Duque, María del Pilar Parra Rincón y Magda del Pilar Castillo
Sánchez.
2 Índice 1 de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de los demandantes BRIGIDA MARIA LLORENTE Y OTROS, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Tercera, Subsección B.

2. Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de abril de 2024 por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
medio de reparación directa radicado N°110013343065 20180022601, Demandante: BRIGIDA MARIA
LLORENTE ARTEAGA Y OTROS, Demandado: LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL.

3. Se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Tercera, Subsección
B que profiera sentencia de reemplazo, donde se abstenga de estudiar la caducidad en virtud del
principio de la no reformatio in pejus, o la estudie teniendo en cuenta que el daño causado a los
demandantes fue constante en el tiempo culminando el 29 de septiembre de 2016 y cuyo plazo para
incoar la acción era hasta el 29 de septiembre de 2018; Que estudie de fondo el daño causado a los
demandantes como consecuencia de la declaratoria del juez laboral de declararse competente y seguir
conociendo del proceso luego de declarar la carencia de título ejecutivo, desconocimiento de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Sentencia de Unificación del Consejo Superior de la Judicatura
de obligatoria observancia, donde se concluye que la jurisdicción competente para conocer de los
procesos de sanción por mora de que trata la ley 1071 de 2006 y 244 de 1995, es la jurisdicción
contencioso administrativa y no la ordinaria laboral; Y que estudie de fondo la responsabilidad de la
Nación por el daño causado a los demandantes frente a la omisión de informar sobre la operancia o no
de la prescripción de sus derechos como lo establece el numeral 5 del artículo 95 del CGP, y las
consecuencias generadas por dicha omisión frente a la negativa del envío del expediente a los jueces
administrativos para que no se les prescribiera su derecho por el rompimiento de la cuerda procesal de
ser retirado el expediente directamente por los demandantes como lo había ordenado el juez laboral.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

En condición de docentes de Bogotá, los demandantes3 pidieron al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento de sus cesantías en
atención al artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y al Decreto 2831 de 2005, solicitudes
desatadas después de los 45 días previstos en los artículos 2º de la Ley 244 de 1995 y
5º de la Ley 1071 de 2006.

Los educadores exigieron el pago de las respectivas sanciones moratorias por no
resolverse sus peticiones de cesantías en el mencionado término, consistentes en un día
de salario por cada día de retardo, frente a lo cual la administración guardó silencio, lo
que configuró actos administrativos fictos negativos.

3.2 Proceso ejecutivo

Los docentes reclamantes promovieron demandas ejecutivas en aras de que se les
pagaran las mencionadas sanciones moratorias (acumuladas en el expediente 11001-
31-05-026-2012-00083-00/01), en virtud del artículo 1004 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, para lo cual allegaron las resoluciones a través de las cuales se
les concedieron las cesantías extemporáneamente. Los demandantes indicaron que no
era necesario acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para obtener el
reconocimiento de los emolumentos pretendidos, porque las obligaciones exigidas se
derivaban de los artículos 2º de la Ley 244 de 1995 y 5º de la Ley 1071 de 2006, por lo
que constituían títulos ejecutivos complejos junto con los mencionados actos
administrativos.

3 Junto con otros educadores.
4 «Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en

acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme
[…]».
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

La demanda fue asignada por reparto al Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, que
la remitió al Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de esa ciudad5, el
cual (i) libró mandamiento de pago el 8 de marzo de 2012, (ii) ordenó seguir adelante con
la ejecución de las obligaciones el 11 de julio de 2012 (determinación que no fue recurrida
por la parte ejecutada); (iii) realizó y aprobó la liquidación del crédito por $1.871´899.084
el 15 de agosto de 2013, (iv) fijó las costas en $187´189.908 el 23 de agosto del mismo
año y (v) ordenó la entrega del correspondiente depósito judicial el 29 de abril de 2014.

El expediente fue remitido al Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, que el 20 de
abril de 2015 dejó sin efectos las actuaciones surtidas por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Descongestión de Bogotá, con el argumento de que no existían títulos
ejecutivos, por ende, debía invalidarse el mandamiento de pago en atención a la regla
según la cual «el auto ilegal no ata a las partes», pues el reconocimiento extemporáneo de
las cesantías no generan per se el derecho de acceder a la sanción moratoria, ya que
debe acudirse previamente a la jurisdicción contencioso-administrativa para tal fin,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado6.

La anterior decisión fue apelada por los demandantes, en razón a que los artículos 2º de
la Ley 244 de 1995 y 5º de la Ley 1071 de 2006 constituían títulos ejecutivos complejos
junto con los actos administrativos de reconocimiento extemporáneo de cesantías,
determinación confirmada el 16 de octubre de 2015 por el Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Laboral, al estimar que no concurría una obligación clara, expresa y exigible de
pagarles a los actores las sanciones moratorias reclamadas y las leyes no involucran
títulos ejecutivos ni deudas reconocidas por la administración, lo que impedía asumir que
se reclamara un derecho cierto e indiscutible.

Los actores pidieron aclarar y adicionar la providencia del 16 de octubre de 2015, en el
sentido de que se ordenara enviar las diligencias a la jurisdicción contencioso-
administrativa, con el fin de que decidera sobre el reconocimiento de las sanciones
moratorias y evitar el rechazó de la demanda por caducidad o la prescripción de los
derechos, solicitud desestimada el 18 de enero de 2016 por el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Laboral, porque no se evidenciaban frases en la parte resolutiva de proveído
del 16 de octubre de 2015 que ofrecieran motivos de duda y se desataron todos los
aspectos jurídicos que debían analizarse.

El 16 de febrero de 2016 los demandantes le pidieron al Juzgado 26 Laboral del Circuito
de Bogotá enviar el proceso ejecutivo a la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que
fue desestimado el 7 de abril de ese año, con el argumento de que las obligaciones
reclamadas involucraban acreencias laborales de competencia de la jurisdicción ordinaria
laboral, y la revocatoria del mandamiento de pago se derivó de la falta de títulos
ejecutivos, pero no por falta de competencia, lo que impedía remitir las diligencias a los
juzgados administrativos.

Contra la anterior determinación los accionantes interpusieron recurso de apelación,
comoquiera que esos asuntos debía conocerlos los jueces administrativos, alzada
desatada el 26 de agosto de 2016 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en
el sentido de confirmar el auto de primera instancia, pues se dejó sin efectos el
mandamiento de pago por falta de títulos ejecutivos y no por carencia de competencia,
por tanto, no era dable remitir las diligencias a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El expediente regresó al juzgado de origen, que el 24 de mayo de 2017 ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas, decisión que apelaron los
accionantes, con el argumento de que el Consejo de Estado, Sección Segunda, señaló
en sentencia de unificación del 16 de julio de 2015 que la jurisdicción contencioso-
administrativa era la competente para conocer controversias relacionadas con el

5 En virtud de la medidas de descongestión establecidas en el Acuerdo «PSAA 11-8998».
6 Providencia del 7 de marzo de 2007, M. P. Jesús María Lemus Bustamante, expediente «277/2004».

3

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Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

reconocimiento de las cesantías de los docentes, alzada desatada por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, a través de auto del 12 de diciembre de 2017, en el
que dispuso estarse a lo resuelto en el proveído del 26 de agosto de 2016.

3.3 Proceso de reparación directa

El 15 de junio de 2018 los demandantes, junto con otros docentes7, promovieron
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (al que se le asignó el radicado 11001-33-43-065-2018-00226-
00/01), con el fin de que se le declarara responsable de los perjuicios que sufrieron a
causa de las decisiones emitidas dentro del proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-
00083-00/01 y se le ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios.

En la demanda se indicó que el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, incurrieron en error judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia (i) al dejar sin efectos el mandamiento de
pago, toda vez que esa decisión estaba en firme, por tanto, era inmutable; (ii) al
desconocer que al momento de presentación de la demanda ejecutiva 11001-31-05-026-
2012-00083-00/01 el ordenamiento jurídico señalaba que ese era el instrumento
adecuado para que los docentes reclamaran la sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías; y (iii) al omitir enviar las diligencias a la jurisdicción contencioso-administrativa,
en atención al cambio jurisprudencial sobre la jurisdicción competente para conocer esa
clase de asuntos.

Del proceso de reparación directa conoció en primera instancia el Juzgado 65
Administrativo de Bogotá, que el 20 de septiembre de 2019 denegó las pretensiones de
la demanda, al considerar que en el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-
00/01 no aconteció defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni error
judicial, puesto que se adelantó conforme a las etapas procesales correspondientes y las
decisiones con las que el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Laboral, dejaron sin efectos el mandamiento de pago, entre otras
determinaciones, se ajustaban al ordenamiento jurídico, en particular, al deber del juez
de ejercer control de legalidad sobre las actuaciones que conoce.

Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en razón
a que (i) las decisiones emitidas por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01 estaban
ejecutoriadas, en consecuencia, no podían revocarse, (ii) la demanda ejecutiva era el
medio judicial idóneo para reclamar el pago de la sanción moratoria por el reconocimiento
tardío de las cesantías, ya que los títulos ejecutivos eran los actos administrativos que las
concedieron de manera extemporánea y los artículos 2º de la Ley 244 de 1995 y 5º de la
Ley 1071 de 2006; y (iii) las diligencias debieron remitirse a la jurisdicción contencioso-
administrativa en aras de evitar la configuración de la caducidad y prescripción.

Mediante sentencia del 19 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, modificó la sentencia de primera instancia, para (i)
declarar la caducidad del medio de control frente al auto que dejó sin efectos el
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01, (ii)
negar las pretensiones respecto de los demás proveídos a los que se le atribuyó error
7 Alberto Bacca García, Álvaro Ruiz Rodríguez, Andrés Leonardo Pedreros Torres, Armando Jiménez León, Augusto

Antonio Arregoces Álvarez, Aurora Palacios de Prieto, Adriano Gasgay Abril, Ana Isabel Cabra Vargas, Clara Cecilia
Prieto Piñeros, Clara Inés Marroquín de Martínez, Consejo León León, Diana Patricia Restrepo Osorio, Eduardo Alfredo
Peña Tijo, Fabián Morales Moreno, Fabio Murcia Pardo, Flor de María Bocarejo Puentes, Francy Larrota de Rodríguez,
German Ariel Reina Bogotá, Gilma Esperanza Deaza Tibaquira, Irma Cecilia Garzón Valdés, Jairo Enrique Chaparro
Castañeda, Juan Carlos Páez Segura, Judith Carlota Murillo Salazar, Luis Armando Price Jaime, Luis Roberto Ayala
Mora, Luisa Inés Vera Molina, Luz Mery Gutiérrez Parra, María Amparo Jiménez Sánchez, María Edilsa Palacios
Ovalle, María Eugenia Melo Ávila, María Oliva Huérfano Cagua, María Isabel Briceño González, Melida Parrado Pardo,
Mercedes Lozano Sánchez, Nancy Fabiola Medina Angarita, Nubia Barrera de Osorio, Richard Edgardo Gutiérrez
Parra, Rocío Devia Lozano, Rosa Gladys Cárdenas Carvajal, Sandra Inés Zapata Herrera, Víctor Julio Gómez Muñoz
y William Antolinez Campo.
4

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judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y (iii) condenar a la
parte demandante con 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por
concepto de agencias en derecho.

Que como la solicitud de aclaración del auto del 16 de octubre de 2015 (con el que
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, confirmó el que revocó el mandamiento de
pago) se desató el 18 de enero de 2016, los actores debían promover la demanda de
reparación directa dentro de los 2 años siguientes, lo cual no aconteció, ya que
presentaron la solicitud de conciliación el 20 de marzo de 2018, motivo por el cual se
configuró la caducidad respecto de dicha providencia.

Señaló que no comportaban un daño antijurídico los autos que negaron las solicitudes de
remisión del expediente 11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción
contencioso-administrativa para decidir sobre el reconocimiento de las sanciones
moratorias, comoquiera que cuando ello se solicitó las diligencias habían finiquitado, en
consecuencia, con esas peticiones los actores pretendieron reabrir el asunto, lo cual no
era dable en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Además, no
era posible efectuar dicha remisión, porque no se declaró la incompetencia para conocer
del asunto por parte de la jurisdicción ordinaria laboral, sino que se desestimó porque no
había título ejecutivo.

Que los actores afirmaron que era necesario enviar las diligencias a la jurisdicción
contencioso-administrativa para que no aconteciera la caducidad y la prescripción, sin
embargo, ello no es de recibo, porque las peticiones a través de las cuales se pidió el pago
de las sanciones moratorias no fueron contestadas y esos actos administrativos fictos
podrían demandarse en cualquier momento, conforme al literal d del numeral 1º del artículo
164 del CPACA. Asimismo, prescripción se interrumpió con la presentación de las solicitudes
de reconocimiento de ese emolumento y la formulación de la demanda ejecutiva.

4. Fundamentos de la tutela

La parte demandante adujo que la tutela cumple las exigencias generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y la sentencia judicial censurada
incurrió en los siguientes vicios:

Defecto procedimental absoluto, en razón a que (i) desconoció el principio non reformatio
in pejus al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa frente al auto que
revocó el mandamiento de pago emitido en el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-
00083-00/01, pues no advirtió que era el apelante único y, por ende, no era posible
hacerle más gravosa su situación, y (ii) no aconteció dicho fenómeno procesal, porque el
daño antijurídico permaneció en el tiempo al no enviarse esas diligencias a la jurisdicción
contencioso-administrativa para que decidiera sobre las sanciones moratorias.

Defecto sustantivo, toda vez que la autoridad accionada inobservó el artículo 105
(numeral 4) del CPACA, que imponía al Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá y al
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, remitir proceso ejecutivo 11001-31-05-026-
2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administrativo, y como ello no ocurrió,
aconteció un error judicial por desatención de esa norma que comprometía la
responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Trámite procesal

Por auto del 25 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la tutela la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés (i) al director ejecutivo de administración judicial, (ii) al juez 65

5

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administrativo de Bogotá y (iii) y a los demás demandantes en el proceso de reparación
directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01 que no promovieron la acción de amparo8.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1º y 8
de noviembre de 2024 y mediante aviso a la comunidad publicado el 18 del mismo mes
y año.

6. Intervenciones

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara
improcedente la tutela, en razón a que los actores la emplean como una instancia
adicional al proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01, en aras
de obtener un nuevo pronunciamiento sobre la controversia allí desatada, lo que denota
un uso indebido de este instrumento judicial.

Que en la sentencia cuestionada se efectuó una interpretación razonable del
ordenamiento jurídico y un análisis adecuado de las pruebas que obraban en el aludido
expediente, situación que impide acceder a las pretensiones de los demandantes,
máxime cuando las inferencias están respaldadas en el principio de autonomía judicial.

Adujo que los demandantes le atribuyen la vulneración de sus derechos fundamentales
a la sentencia que decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 11001-
33-43-065-2018-00226-00/01, la cual no emitió, motivo por el cual carece de legitimación
en la causa por pasiva en este trámite constitucional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
aseveró que en la providencia reprochada tuvo en cuenta las normas que regulan la
caducidad del medio de control de reparación directa y la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el particular, la cual indica que cuando el daño antijurídico se la atribuye a
una providencia, el lapso para demandar se contabiliza desde su ejecutoria.

Que el fallo cuestionado no involucra causal específica de procedibilidad alguna, ya que
se advirtió que no se evidenciaba un daño antijurídico por la presunta omisión de remitir
el expediente11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-
administrativa, de manera que era innecesario determinar si acontecieron los demás
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Concluyó que los actores emplean la acción de amparo como una herramienta para
reabrir un debate debidamente finalizado y así obtener un nuevo pronunciamiento sobre
la controversia zanjada a través de la sentencia atacada, lo que desnaturaliza su carácter
excepcional.

El Juzgado 65 Administrativo de Bogotá y los demás demandantes en el proceso
de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01 guardaron silencio, pese a
que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

8 Alberto Bacca García, Álvaro Ruiz Rodríguez, Andrés Leonardo Pedreros Torres, Armando Jiménez León, Augusto

Antonio Arregoces Álvarez, Aurora Palacios de Prieto, Adriano Gasgay Abril, Ana Isabel Cabra Vargas, Clara Cecilia
Prieto Piñeros, Clara Inés Marroquín de Martínez, Consejo León León, Diana Patricia Restrepo Osorio, Eduardo Alfredo
Peña Tijo, Fabián Morales Moreno, Fabio Murcia Pardo, Flor de María Bocarejo Puentes, Francy Larrota de Rodríguez,
Germán Ariel Reina Bogotá, Gilma Esperanza Deaza Tibaquira, Irma Cecilia Garzón Valdés, Jairo Enrique Chaparro
Castañeda, Juan Carlos Páez Segura, Judith Carlota Murillo Salazar, Luis Armando Price Jaime, Luis Roberto Ayala
Mora, Luisa Inés Vera Molina, Luz Mery Gutiérrez Parra, María Amparo Jiménez Sánchez, María Edilsa Palacios
Ovalle, María Eugenia Melo Ávila, María Oliva Huérfano Cagua, María Isabel Briceño González, Melida Parrado Pardo,
Mercedes Lozano Sánchez, Nancy Fabiola Medina Angarita, Nubia Barrera de Osorio, Richard Edgardo Gutiérrez
Parra, Rocío Devia Lozano, Rosa Gladys Cárdenas Carvajal, Sandra Inés Zapata Herrera, Víctor Julio Gómez Muñoz
y William Antolinez Campo.
6

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Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional9 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia con la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, desató en segunda
instancia el proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01, por
presuntamente incurrir en los defectos procedimental absoluto y sustantivo.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto los tutelantes no le atribuyen vulneración de sus derechos
fundamentales.

La Sala advierte que esta autoridad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, más no como demandada. La vinculación no obedeció́ a que las pretensiones de
la tutela estén dirigidas contra la Rama Judicial, sino porque fungió como demandada en
el proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01 y, por lo tanto,
podría resultar afectada con la sentencia que se dicte en este asunto constitucional.

Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta providencia.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Brígida
María Llorente Arteaga y otros para dejar sin efectos la sentencia del 19 de abril de 2024,
con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 11001-33-43-065-2018-
00226-00/01.

La Sala anticipa que (i) declarará improcedente la tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, frente a los defectos procedimental absoluto y sustantivo en lo
atañedero a la omisión de enviar a la jurisdicción contencioso-administrativo el proceso
ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01; y (ii) denegará el amparo en relación con
la presunta afectación del principio non reformatio in pejus, ya que la sentencia
cuestionada no hizo más gravosa la situación de los apelantes únicos en el expediente
11001-33-43-065-2018-00226-00/01.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional (iii) la verificación
del cumplimiento de los requisitos generales y, finalmente, (vi) analizará el caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

9 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

requisitos generales10 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos11 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por los demandantes
cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

Para efectos prácticos, la exigencia de relevancia constitucional de la tutela se
analizará frente a cada cargo, luego de verificar si cumple los demás requisitos generales
de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al requisito de inmediatez, se constata que se satisface porque de acuerdo
con la verificación del expediente de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-
00/01, se constata que la sentencia atacada se notificó el 30 de abril de 202413 y la tutela
se presentó el 18 de octubre siguiente (5 meses y 28 días después), es decir, cuando no
habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el lapso
adecuado para formular la acción de tutela contra determinaciones judiciales.

10 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
11 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
12 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13 Es de anotar que el correo electrónico de notificación de la sentencia cuestionada fue enviado el 26 de abril de 2024,

por lo que se entiende notificada el 30 del mismo mes y año, conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA.
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Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovieron el medio de control de reparación directa y el
fallo cuestionado decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 11001-
33-43-065-2018-00226-00/01, por ende, contra este no procedía recurso ordinario
alguno.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada por incurrir en los defectos
procedimental absoluto y sustantivo.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela pues, como se dijo, los actores atacan una
sentencia dictada en un proceso de reparación directa.

Visto lo anterior, para determinar si la tutela colma el presupuesto de relevancia
constitucional, es necesario advertir que en la solicitud de amparo los demandantes
afirman que la providencia cuestionada incurre en defecto procedimental absoluto,
porque (i) desatendió el principio non reformatio in pejus al declarar la caducidad de la
demanda de reparación directa respecto del auto que revocó el mandamiento de pago
dentro del expediente 11001-31-05-026-2012-00083-00/01, y (ii) no aconteció dicho
fenómeno procesal, porque el daño antijurídico permaneció en el tiempo al no enviarse
estas diligencias a la jurisdicción contencioso-administrativa para que decidiera sobre el
pago de las sanciones moratorias.

Además, los actores señalan que la providencia atacada adolece de defecto sustantivo,
porque desatendió el artículo 105 (numeral 4) del CPACA, el cual imponía al Juzgado 26
Laboral del Circuito de Bogotá y al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, remitir
proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-
administrativo, y como ello no ocurrió, se configuró un error judicial.

De la revisión de los argumentos, la Sala advierte que los relacionados con la presunta
omisión de enviar el expediente 11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción
contencioso-administrativa ya fueron propuestos en el proceso de reparación directa
11001-33-43-065-2018-00226-00/01. Básicamente, en ese trámite contencioso-
administrativo y en la acción de tutela, los tutelantes coinciden en que hubo un error judicial
en el proceso ejecutivo porque allí no se ordenó remitir las diligencias a la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo que imponía acceder a las pretensiones de la demanda de
reparación directa.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que decidió en
primera instancia el proceso de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01
los actores sostuvieron, de acuerdo con lo consignado en la providencia cuestionada, lo
siguiente:

La parte actora presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia citada (fl. 517 a 560),
solicitando que ésta sea revocada y en su lugar se acceda a las pretensiones, reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en la demanda, y resaltando que no está de acuerdo con la
sentencia, porque si bien se puede compartir la tesis de que los operadores judiciales pueden tener
diferentes posturas interpretativas frente a un mismo caso, no se puede permitir que con esa
interpretación: i) se rompa y dejen sin efecto los términos procesales, ii) se violen los parámetros
jurisprudenciales sin justificación razonable, o iii) se desconozca el momento histórico en que se
presentó la demanda que dio pie a esta acción de reparación, o que con ella se genere un daño mayor,
como ocurrió en este caso. Para tal efecto, señaló “la jurisprudencia vigente a la fecha de presentación
de la demanda ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria laboral”.
[…] la parte accionante pretende que se declare que la demandada es administrativa y patrimonialmente
responsable por los supuestos perjuicios causados con el error judicial contenido en la decisión de no
remitir el proceso No. 2012-00082 a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá,
contenidas en las providencias del 7 y 21 de abril de 2016 (fl. 2289 y 2293 a 2296, C. Pbas. 2) del

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Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, y del 2 y del 29 de septiembre de 2016 (fl. 2301 a
2305 y 2317 a 2320, C. Pbas. 2).
Por su parte, en la acción de tutela los actores señalan que las autoridades accionadas
incurrieron en defecto procedimental absoluto y defecto sustantivo, porque no advirtieron
que la omisión del Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá y del Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Laboral, de ordenar la remisión del expediente 11001-31-05-026-2012-
00083-00/01 comportaba un error judicial que hacía imperioso acceder a las pretensiones
de la demanda de reparación directa 11001-33-43-065-2018-00226-00/01, máxime
cuando no se analizó si acontecía la caducidad y la prescripción.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la providencia atacada, así:

[…] la Sala no encuentra que el sub lite se estructure daño alguno a los accionantes, teniendo
en cuenta que el Juzgado Veintiséis Laboral de Bogotá como consecuencia de haber emitido
un pronunciamiento de fondo en el ejecutivo referido según el cual negó el mandamiento de
pago solicitado, decisión que fue confirmada por el Tribunal; tras la solicitud del apoderado
que pretendía reabrir un proceso legalmente concluido, en providencia del 7 de abril de 2016
(fl. 2289, C. Pbas. 2) señaló que no era procedente remitir el asunto a los juzgados
administrativos, toda vez que las razones que sustentaron la decisión de dejar sin efecto los
mandamientos de pago no obedecieron a la falta de competencia; sino a la ausencia del título
perseguido.

[…] en el presente caso el Juzgado 26 Laboral si se consideró competente, profirió decisión,
analizó los requisitos del título y decidió negar el mandamiento, con decisión confirmada en
segunda instancia y que quedó ejecutoriada. Por ende era jurídicamente inviable que el
administrador de justicia una vez terminado el proceso, accediera a la petición del apoderado
de la actora de revivir el proceso y remitirlo a la jurisdicción contencioso-administrativa,
resaltándose que la negativa del juzgado fue debidamente motivada y en ningún momento
restringió el acceso a la administración de justicia.

La Sala resalta que la parte actora también señaló que la decisión de no remitir el proceso a
los juzgados administrativos de Bogotá causo un daño a los demandantes porque se rompió
la cuerda procesal generándose la caducidad de la acción y la prescripción de los derechos.
No obstante, lo anterior no es cierto porque en el presente asunto se encuentra acreditado que
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
no respondió la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria de los docentes,
aquí demandantes, configurándose un acto ficto o presunto por lo cual los accionantes
contaban en principio, con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
cualquier tiempo, de conformidad con el literal d) del numeral 1º del artículo 164 del CPACA.

Ahora, sobre la prescripción se tiene que la presentación de la reclamación administrativa y la
demanda ejecutiva interrumpen el término de prescripción de los derechos pretendidos por los
accionantes hasta cuando quedó ejecutoriada la decisión de dejar sin valor y efecto los
mandamientos de pago dentro del proceso ejecutivo acumulado No. 2012-00082, resaltándose
que los actores contaban con dicho término para presentar la demanda del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Como se ve, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, ya determinó que la negativa de remitir el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-
00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administrativa en aras de decidir sobre el
otorgamiento de las sanciones moratorias allí reclamadas no comportaba un error judicial,
por ende, no había lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado.

En el escenario que propone los demandantes, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir
la exigencia de relevancia constitucional, en lo que respecta al argumento de que la
autoridad accionada inobservó que la omisión de enviar el proceso ejecutivo 11001-31-
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05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administrativa involucraba un
error judicial que comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por otra parte, en relación con el cargo de desconocimiento del principio non reformatio
un pejus, la Sala constata que la tutela colma la exigencia de procedibilidad de relevancia
constitucional, toda vez que de encontrarse demostrada la afectación de dicho precepto
se transgredieran los derechos fundamentales invocados, dado que la agravación de la
situación en segunda instancia del apelante único comporta afectación de las garantías
superiores invocadas14.

En ese orden de ideas, como el único argumento de los accionantes que supera la
exigencia de relevancia constitucional es la presunta afectación del principio non
reformativo in pejus, sobre este cargo se efectuará el estudio de fondo.

6. Análisis del caso concreto

Los actores sostienen que la providencia cuestionada desconoce el principio non
reformatio in pejus, porque a pesar de que el Juzgado 65 Administrativo de Bogotá, en la
sentencia que decidió en primera instancia la demanda de reparación directa no analizó
caducidad, y ellos eran los apelantes únicos, la autoridad accionada declaró este
fenómeno procesal, lo que hizo más gravosa su situación.

Para determinar la procedencia del aludido argumento, es oportuno advertir que el
principio non reformatio un pejus está establecido en el artículo 3115 de la Constitución
Política y en virtud de este la autoridad judicial que desate un recurso de apelación debe
asegurarse de no agravar la situación del apelante único, toda vez que se presume que
controvierte la decisión de primera instancia en lo que le resulte desfavorable.

Dicha prerrogativa del apelante único está señalada en varias normas, dentro de las que
se encuentra el artículo 184 del CPACA, que prevé que «[e]l silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus».

Ahora bien, la caducidad es una figura procesal cuyo propósito es condicionar el tiempo
que tiene una persona para acudir a la jurisdicción con el fin de resolver una controversia,
lo que impide que esté sin solución indefinidamente, ya que ello afectaría el principio de
seguridad jurídica, de ahí que pueda ser declarada de manera oficiosa por el juez
contencioso-administrativo cuando la encontré configurada16.

Visto lo anterior, en el sub lite se constata que si bien en la sentencia atacada se declaró
de manera oficiosa la caducidad de la demanda de reparación directa 11001-33-43-065-
2018-00226-00/01 en relación con la providencia que dejó sin efectos el mandamiento de
pago en el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-2012-00083-00/01, ello no afectó el
principio non reformatio in pejus, pues no hizo más gravosa la situación de los actores en
su condición de apelantes únicos, pues en primera instancia no se les reconoció derecho
alguno.

En ese orden de ideas, la mencionada declaratoria de caducidad no varió la situación de
los accionantes, ya que en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda
de reparación directa, lo que no impedía al tribunal accionado decidir sobre el particular,
de ahí que se infiera que la providencia cuestionada no incurre en defecto procedimental
absoluto por desconocimiento del principio non reformatio in pejus, motivo por el que se
negará el amparo sobre el particular.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-071 de 2022, M. P. Alberto Rojas Ríos.
15 «Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único».
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2023, M. P. Fredy Ibarra Martínez,

expediente 25000-23-36-000-2015-02490-01.
11

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05615-00
Demandantes: Brígida María Llorente Arteaga y otros

En virtud de lo anterior, la Sala (i) declarará improcedente la tutela por carecer de
relevancia constitucional en relación con los defectos procedimental absoluto y sustantivo
en lo concerniente a la presunta omisión de enviar el proceso ejecutivo 11001-31-05-026-
2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administrativo; y (ii) denegará el amparo
en cuanto a la presunta inobservancia del principio non reformatio in pejus.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Declarar improcedente la tutela frente a los defectos procedimental absoluto y
sustantivo, en lo atañedero a la presunta omisión de enviar el proceso ejecutivo
11001-31-05-026-2012-00083-00/01 a la jurisdicción contencioso-administra,
conforme a la parte motiva.

3. Denegar las pretensiones de los tutelantes en relación con el principio non reformatio
in pejus, de acuerdo con la motivación.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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