Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06488-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06488-00
Demandante: Yuli Cirley Herrera Coy
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06488-00
Demandante: YULI CIRLEY HERRERA COY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Tutela contra providencia judicial – declaratoria de relación
laboral defecto procedimental – desconocimiento del
precedente principios de non reformatio in pejus y
congruencia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio por la señora Yuli
Cirley Herrera Coy contra el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de noviembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Meta por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«Con los fundamentos de Hecho, de derecho y jurisprudenciales, solicito señores
Magistrados de manera respetuosa lo siguiente.
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales invocados en el escrito de la demanda
a favor de YULI CIRLEY HERRERA COY, tal como es el DEBIDO PROCESO.
SEGUNDA: dejar sin valor y efecto la providencia de fecha 16 de mayo de 2024, proferida
por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, mediante la cual revocó la decisión del
Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio.
TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que en ejercicio
de las facultades profiera decisión de segunda instancia conforme a los argumentos
esgrimidos en las apelaciones interpuestas contra la sentencia de primera instancia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con No
50001333300120150031000.»
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Yuli Cirley Herrera Coy presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi [en adelante IGAC], en el
que solicitó la nulidad del oficio, sin número, del 30 de diciembre de 2014, en el que
la entidad negó el reconocimiento de la relación laboral durante el tiempo que se
desempeñó en el cargo de auxiliar técnica grado 1 de la Territorial Meta, mediante
vinculación por contrato de prestación de servicios, en el periodo comprendido entre
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Demandante: Yuli Cirley Herrera Coy
el 29 de febrero de 2008 y el 23 de septiembre de 2014. Solicitó que se declarara la
existencia de una relación laboral y que se ordenará el pago de todos los emolumentos
dejados de percibir.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio, que, en sentencia del 28 de noviembre de 2017
accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto administrativo,
reconoció que entre la demandante y el IGAC existió una verdadera relación laboral
desde el 3 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2014, ordenó el pago de
las cotizaciones adeudadas al sistema general de pensiones, por considerar que del
análisis y valoración de los medios probatorios que constaban en el expediente era
posible concluir que la señora Herrera Coy prestó sus servicios en el IGAC y logró
acreditar la concurrencia de los elementos que determinaron una relación de carácter
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario.
Precisó que, si bien, la demandante prestó sus servicios desde el 3 de mayo de 2008,
debido a que se presentó una interrupción de 1 año y 9 meses entre el 1 de enero de
2011 y el 2 de octubre de 2012, no se cumplió el elemento de la subordinación y, por
ende, debía declarase la existencia del contrato realidad a partir del 3 de octubre de
2012.
Contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación. La
demandante basada en que: i) al margen de las interrupciones entre contratos se
configuró el elemento de la subordinación; ii) había lugar a que se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago no oportuno de las
cesantías; iii) se encontraba probada la existencia de la mala fe por parte de la entidad
demandada, pues, a pesar de que tenía la obligación de vincularla en la forma en la
que vinculó a los empleados públicos de carrera, no lo hizo, lo cual demostró un actuar
contrario a la ley; iv) que, en su caso, no debía aplicarse la prescripción trienal
desarrollada en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016, porque la misma fue proferida luego de que hubiese radicado la demanda.
Indicó que en el periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2010, existió subordinación continuada por parte de la demandada, al
igual que la intención de emplearla de manera permanente, pues, suscribió varios
contratos de prestación de servicios con mínimas interrupciones, sin que ello
significara una relación de tipo ocasional y esporádico.
Explicó que la interrupción de 1 año y 9 meses, que se presentó entre el 31 de
diciembre de 2010 y el 3 de octubre de 2012, no impedía al juez natural el estudio del
periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010,
porque el Consejo de Estado en varios de sus pronunciamientos ha establecido que
las interrupciones que se presenten entre un contrato de prestación de servicios y otro
no desvirtúan el elemento de la subordinación, además, mencionó que contrario a ello,
el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha reconocido la relación laboral de varios
periodos de manera individual y sin importar el tiempo de interrupción de un contrato
a otro, debido a que lo importante es que durante el periodo reclamado se demostraran
los elementos esenciales del contrato laboral, como ocurrió en su caso.
Frente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías, adujo que no había lugar a aplicar la sentencia del 28 de septiembre de
2017 del Consejo de Estado porque no se encontraba vigente al momento de
presentar la demanda, esto es el 19 de junio de 2015.
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El IGAC interpuso recurso de apelación con fundamento en que, a su juicio, existió
ineptitud de la demanda por ausencia de uno de los requisitos de procedibilidad y por
falta de jurisdicción. Al efecto, explicó que como requisito de procedibilidad el actor
debió interponer el recurso de apelación contra el acto administrativo demandado al
ser de contenido particular y concreto, en los términos del artículo 75 del CPACA,
consideró que en atención a que la demandante omitió ejercer el recurso de apelación
en contra del acto administrativo demandando, no se encuentra satisfecho el requisito
establecido en el numeral 2 del artículo 161 ibidem, lo cual le impone a la demanda
el carácter de inepta; situación que además impide el control judicial del acto
administrativo, configurándose también la falta de jurisdicción.
Agregó que se encontraba configurada la ineptitud de la demanda y la falta de
jurisdicción frente algunas pretensiones, porque en la reclamación administrativa
únicamente solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses de
cesantías, la prima de vacaciones, las horas extras dominicales y festivos, las primas
de servicios y extralegales, la prima técnica, las primas de navidad y de vacaciones,
el pago de los aportes a salud, pensión y ARL, la indemnización por el no pago
oportuno de las cesantías y la indexación de las sumas adeudas, mientras que en la
solicitud de conciliación prejudicial y en la demanda, además de estas, pidió el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales, bonificaciones y la devolución de
lo descontado por concepto de retención en la fuente.
De acuerdo con lo expuesto, consideró que debido a que estos conceptos no fueron
incluidos dentro del agotamiento de la vía gubernativa, no podían ser reclamados por
vía judicial, pues, se configura una inepta demanda frente a los mismos, lo cual
también desencadena la falta de jurisdicción.
Finalmente indicó que, contrario a lo establecido por el a quo, la relación contractual
no fue continua e ininterrumpida, puesto que entre la suscripción de los contratos que
fueron objeto de declaratoria del contrato realidad se presentaron dos interrupciones,
una de 2 meses y 9 días y otra de 45 días, lo cual demostró que existió solución de
continuidad en la prestación del servicio y que no existió permanencia en la prestación
de estos.
El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de segunda instancia del 16
de mayo de 2024, en la que revocó la decisión, por considerar que no se encontraban
probados los elementos de la relación laboral, explicó que el hecho de reportar
informes sobre sus resultados no significa, necesariamente, la configuración de un
elemento de subordinación dado que no se demostró un control efectivo del instituto
sobre las actividades de la demandante que denotaran control, vigilancia o imposición,
ni el ejercicio de un poder disciplinario durante el tiempo que prestó sus servicios, al
punto que, desvirtuó el valor probatorio de los informes de gestión presentados,
resaltó que el cumplimiento del horario no se probó porque únicamente existió una
prueba testimonial que así lo afirmaba, sin embargo, ese hecho no fue constatado con
el resto de material probatorio; no se desvirtuó la presunción de temporalidad, porque,
si bien es cierto que, en términos generales, prestó sus servicios como auxiliar de
apoyo en favor de la entidad demandada por alrededor de 6 años, también lo es que
los contratos de prestación de servicios se celebraron por periodos limitados de
tiempo, es decir, de acuerdo con la necesidad del servicio, prueba de ello fue que
entre la finalización de uno y el inicio de otro contrato se presentaran interrupciones,
en la mayoría de los casos, superiores a un mes, además de que no existió prueba de
que la actora hubiese sucedido a otra persona que ejerciera las mismas actividades o
que hubiese sucedido lo mismo cuando finalizó el último contrato de prestación de
servicios que suscribió con la entidad.
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Con respecto a los cargos expuestos por la entidad demandada explicó que no se
configura la ineptitud de la demanda alegada ni la falta de cumplimiento del requisito
de procedibilidad, pues, si bien es cierto que para acudir ante el juez contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se debe ejercer previamente el recurso de apelación contra el acto
administrativo demandando, también lo es que de conformidad con el numeral 2 del
artículo 161 del CPACA, el usuario de la administración de justicia no está obligado a
cumplir con este mandato cuando no se le da la oportunidad de interponer el recurso
procedente, como sucedió en el caso concreto, en el que no se le indicó que contra el
oficio del 30 de diciembre de 2014 procedía el recurso de apelación.
Dicha decisión fue notificada mediante correo electrónico el 28 de mayo de 2024.
3. Argumentos de la acción de tutela
La demandante afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental absoluto y en defecto por desconocimiento del precedente
judicial.
Al efecto indicó que, a su juicio, la decisión tuvo fundamento en argumentos que no
habían sido propuestos en la apelación de ninguna de las partes, e indicó que el
elemento de la subordinación no fue un punto de debate, sin embargo, el tribunal en
segunda instancia entró a debatir sobre este supuesto, el cual no fue recurrido.
Además, destacó que, pese a que el tribunal demandado antes de entrar a estudiar
de fondo el caso advirtió que, únicamente estudiaría los reparos de la apelación, lo
que, aduce, fue contrario a su propia consideración al referirse a puntos que no fueron
objeto de debate.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial indicó que el Consejo de Estado
ha precisado que el principio de no reformatio in pejus consiste en la imposibilidad de
reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante y, en su
caso, el Tribunal Administrativo del Meta hizo más gravosa su situación porque en
primera instancia ya había sido reconocida de manera parcial la relación laboral en la
sentencia de primera instancia y al revocar dicho pronunciamiento desconoció el
derecho fundamental al debido proceso.
Asimismo, explicó que al analizar un tema que no fue propuesto en la apelación
vulneró el principio de congruencia porque, al resolver el recurso de apelación sólo le
era permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la
providencia del inferior y al referirse a otros aspectos desconoció la sentencia del 24
de julio de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
en el proceso con radicación número: 52001-23-31-000-1999-00782- 01(27155);
vigente al momento se presentarse la apelación por la IGAC, en la que indicó que, la
regla general, es que aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían
llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, pero planteó 3 excepciones
a la regla general para pronunciarse frente a estos, así no hayan sido propuestos,
estas son:
i) Las normas o los principios previstos en la Constitución Política.
ii) Los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente
ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos
Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario,
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iii) Las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título
puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe
decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte
impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
Indicó que en su caso no se configuró alguna de las 3 excepciones para pronunciarse
más allá de los argumentos propuestos en la apelación y al referirse al elemento de
subordinación que no fue refutado por ningún apelante hizo más gravosa la situación
de la relación laboral reconocida de manera parcial e incurrió en falta de congruencia.
4. Trámite previo
El 29 de noviembre de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la demandante, a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Meta, en calidad de demandados y al Juzgado Primero Administrativo Oral de
Villavicencio, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi Territorial Meta como de terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Meta manifestó que no incurrió en los defectos
endilgados, pues, dada la naturaleza del asunto, los argumentos de la sentencia de
primera instancia y los reparos de las partes frente a la misma, de conformidad con lo
previsto en el artículo 328 del CGP, se encontraba en el deber de realizar el estudio
de los elementos del contrato realidad, en especial, el de la subordinación, para
efectos de abordar cada uno de los motivos de inconformidad expuestos en los
recursos de apelación.
Precisó que el artículo 328 del CGP, establece que en el evento de que una sentencia
judicial sea apelada por ambas partes, como sucedió dentro del proceso núm. 2015-
00310-00/01 objeto de debate, el superior puede resolver sin límites, lo cual significa
que puede hacer un estudio general de la litis con el fin de adoptar las determinaciones
que estime pertinentes.
Asimismo, indicó que en la sentencia del 16 de mayo de 2024 se consignaron las
razones de hecho y de derecho que se estimaron pertinentes y justificaron la decisión.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio se refirió a las actuaciones
procesales realizadas al interior del proceso y afirmó que, de acuerdo con los hechos
y pretensiones expuestos en el escrito de tutela, se advierte que la inconformidad de
la demandante es contra la providencia del 16 de mayo de 2024, dictada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, decisión sobre la que no tiene ni tuvo
competencia alguna, razón por la que solicitó negar el amparo constitucional, en lo
que tiene que ver con ese Despacho.
El IGAC – Territorial Meta indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva
porque el objeto de la solicitud de amparo está dirigido a cuestionar las actuaciones
del Tribunal Administrativo del Meta frente a las cuales no tiene injerencia, razón por
la que no cuenta con la facultad ni competencia para pronunciarse al respecto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los
derechos fundamentales invocados por la actora, por presuntamente incurrir en
defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial por falta de
congruencia en su decisión y pronunciarse sobre argumentos que no fueron
propuestos en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En síntesis, la demandante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió
en defecto procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque
en el fallo de segunda instancia se pronunció sobre el elemento de la subordinación,
pese a no haber sido un aspecto objeto de apelación por ninguna de las partes, lo que
hizo que su situación fuera más gravosa en desconocimiento de los principios de non
reformatio in pejus y de congruencia.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Asimismo, señaló que, omitió lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado
en la que se ha indicado que la regla general, es que aquellos temas no propuestos
en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad
quem.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los defectos
invocados. Sin embargo, previo a cualquier consideración se analizará la falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada por el IGAC.
De la falta de legitimación en la causa por pasiva
El IGAC solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva por no
tener injerencia en la decisión cuestionada, no obstante, la Sala negará esa petición,
en el entendido que, dicha entidad fue vinculada como parte demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y, fue por esa razón, que se vinculó a esa
entidad como tercero con interés en el proceso.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones
por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi.
Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, en el entendido de
que la decisión de primera instancia del proceso ordinario fue favorable a la
accionante, sin embargo, dicha decisión fue revocada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Meta. Además, en caso de que se configure alguno de los
requisitos especiales de tutela contra providencia judicial, se afectaría el derecho al
debido proceso de la parte actora, en la medida en que se le estaría privando de la
posibilidad de que se reconozca una relación laboral.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, en el entendido que, en esta
oportunidad, para la Sala mayoritaria los argumentos expuestos por la demandante
deben ser estudiados de fondo, por considerar que el recurso extraordinario de
revisión no se constituye en el mecanismo judicial idóneo para invocar la vulneración
de los principios de congruencia y de non reformatio in pejus, razón por la que, en el
presente asunto, se dará por superado el aludido requisito. En igual sentido, el (iii)
Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción
de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue
proferida el 16 de mayo de 2024, notificada mediante correo electrónico el 28 de mayo
de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 26 de noviembre de 2024.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
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actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo anterior, la Sala pasa a analizar de manera conjunta si se configuraron los
defectos procedimental4 y por desconocimiento del precedente judicial5 en la
providencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
Caso concreto
La demandante indicó que el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia del 16
de mayo de 2024 desconoció los principios de congruencia y de non reformatio in
pejus, porque se pronunció sobre aspectos que no fueron planteados en los recursos
de apelación propuestos por las partes, puntualmente, señaló que no había lugar a
que se pronunciara respecto al requisito de subordinación necesario para la
configuración de una relación laboral, porque este no fue objeto de discusión entre las
partes.
Para determinar la procedencia del aludido argumento, es oportuno advertir que el
principio non reformatio un pejus está establecido en el artículo 316 de la Constitución
Política y en virtud de este la autoridad judicial que desate un recurso de apelación
debe asegurarse de no agravar la situación del apelante único, toda vez que se
presume que controvierte la decisión de primera instancia en lo que le resulte
desfavorable.
Dicha prerrogativa del apelante único está señalada en varias normas, dentro de las
que se encuentra el artículo 184 del CPACA, que prevé que «[e]l silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus».
Ahora bien, una vez revisado el caso objeto de estudio se evidencia que no se está
en presencia del apelante único, porque la providencia de primera instancia dictada
en el marco del proceso ordinario fue apelada tanto por el demandante como por el
demandado, por lo cual, de conformidad con el artículo 328 del CGP cuando ambas
4
Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido.
La jurisprudencia constitucional, ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando
el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto,
bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales
a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia .
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
5
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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«Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único».
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06488-00
Demandante: Yuli Cirley Herrera Coy
partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones7.
Es decir que, no existe desconocimiento de los principios de congruencia y de non
reformatio un pejus, en el entendido que el juez de segunda instancia tenía la
posibilidad de pronunciarse sobre la totalidad de los puntos abordados en el proceso,
no únicamente frente a lo expuesto en los recursos de apelación.
En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Meta estaba facultado para
pronunciarse sobre la totalidad de planteamientos expuestos al interior del proceso
ordinario, de ahí que sea posible concluir que la providencia cuestionada no incurrió
en los defectos alegados, cosa distinta es que la decisión fue adversa a los intereses
de la demandante en cuanto le resultó desfavorable en el trámite de segunda
instancia, sin que de ese hecho puede derivarse la vulneración de derechos y
garantías fundamentales.
En suma, en el presente caso no se encuentran configurados los defectos
procedimental ni por desconocimiento del precedente judicial y, en esa medida, se
impone, negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Yuli Cirley
Herrera Coy contra el Tribunal Administrativo del Meta.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud desvinculación del IGAC, conforme con lo expuesto.
2. Negar las pretensiones de tutela interpuesta por la señora Yuli Herrera Coy contra
el Tribunal Administrativo del Meta.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
7
Al respecto, ver sentencia del 5 de diciembre de 2024, expediente número: 11001-03-15-000-2024-05615-00, Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. M.P. Wilson Ramos Girón.
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