Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05621-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05621-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05621-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05621-00
Demandante: HUGO ARIEL REYES VARGAS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO – Se configuró porque durante el trámite del proceso de tutela se superó
el hecho que dio lugar a la solicitud de amparo. / INEXISTENCIA DE
VULNERACIÓN – No se acreditó que las autoridades demandadas hubieran
desconocido el derecho fundamental de petición, pues quedó demostrado que
respondieron en forma oportuna las peticiones.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Hugo Ariel Reyes Vargas
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de
la República.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 18 de octubre de la presente anualidad1, el señor Hugo Ariel Torres Sánchez
interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República 23 , por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición. Formuló las siguientes
pretensiones:
1
Se advierte que, el 14 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Conviene precisar que, si bien la parte actora mencionó a la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional y al «ponente en la cámara», como parte accionada, lo cierto es que, revisado el
expediente de tutela, se tiene que la petición en mención fue radicada, entre otros, ante el referido
Ministerio y el Congreso de la República, razón por la cual la Sala observa que la acción de tutela va
dirigida contra estas últimas autoridades, entendiendo que la Dirección General y la otra referida
persona hacen parte de aquellas.
3
A pesar de que radicó la petición ante otras autoridades, la parte accionante únicamente dirige su
inconformidad contra las aquí señaladas.
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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
1) Que se declare que los TUTELADOS, que “me ha vulnerado” mi derecho
fundamental de petición y del “acceso” a la administración pública y de
justicia, para “los fines” que tiene la invocación de los “art 144, y 161 núm.
4) de la Ley 1437 de 2011, que “fue enviado” por vía digital el día diecinueve
(19) de septiembre del 2024; y a la fecha, “no ha recibido” ninguna
comunicación que debe ser de fondo acorde a lo solicitado, y no se arguya
que soy “reiterativo”, como respondieron, en reclamación que hice para
departamentos de Bolívar, y Magdalena, violándome el “art 19”, segundo
párrafo de la Ley 1755/2015, como “excepción”, cuando lo que “se reclama”,
por tener la condición de ser “imprescriptibles”, no “soy reiterativo, ni
temerario”, como en el presente asunto de una deuda fiscal, de la Nación,
con los que defiendo en esta acción.
2) Que consecuencia de las declaraciones, de las vulneraciones, al “derecho
de petición”, (art 23 cn); y del acceso a la administración pública y de justicia,
para los fines que tiene la invocación de los “art 144, y 161 núm. 4)- de la
ley 1437/2011, para que adoptara las medidas, necesarias de protección del
derecho patrimoniales (arts. 1005, 2359, 2360 del cód. civil) y los colectivos
desde la cn/1991, que se violan al departamento de Boyacá y los otros, de
parte de las entidades públicas de la presidencia, el DAPRE, el Ministerio
de Hacienda, y la Dirección Nacional de Presupuesto y por el ponente en el
Cámara, que deben todos, cumplir las leyes de indemnizaciones, y hacerlas
cumplir cada año, como deudores fiscales que son, por la omisión
administrativa, en apropiar las partidas, necesarias, para cumplir las
obligaciones fiscales adeudadas, que son imprescriptibles, hasta que se
suscriban los convenios especiales de la ley 15 del 10 de abril de 1903, a
fin de poder interponer una acción popular, por afectaciones al patrimonio
del departamento de Boyacá y otros
3) Se le ordene a cada entidad(es) pública a quien van dirigidas las peticiones
que sean respondidas de fondo, en lo particular de los “art 144 y 161” núm.
4)- de la ley 1437/2011, que mi impiden presentar la acción popular,
relacionada con el derecho de “acceso a la administración de justicia (art
228, 229 cn); y acorde a lo invocado, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, que se sirva usted proferir en mi favor.
2. Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:
3. El 19 de septiembre de 2024, con el fin de agotar el requisito establecido en el
artículo 144 y el numeral 4 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, solicitó a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Congreso de la República, que adoptaran las medidas necesarias de protección de
derechos colectivos vulnerados por las entidades públicas nacionales que «como
deudores fiscales, por omisión administrativa» no han apropiado las partidas para
cumplir las obligaciones fiscales emanadas de las leyes «artículos 31, 188 y 202 de
la Constitución de 1886, por no cumplirlas en 84 años, con detrimento patrimonial
del Departamento de Boyacá, el Municipio de Muzo y la Universidad Pedagógica de
Tunja».
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4. Argumentó que a la fecha de presentación de la solicitud de amparo no han sido
contestadas sus solicitudes, a pesar de haber transcurrido más de 15 días desde la
presentación.
Trámite impartido e intervenciones
5. Mediante auto del 28 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Congreso de la República, como parte demandada, y ordenó
que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo,
se negó la medida provisional solicitada.
6. El secretario general (e) del Senado de la República informó que, mediante
Oficio SGE-CS-5096-2024, se brindó respuesta al accionante al correo electrónico
suministrado en la solicitud.
7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la petición del
accionante fue respondida el 26 de septiembre de 2024. Expuso que como la
solicitud es reiterativa, pues ya se había pronunciado sobre lo pedido el 10 de marzo
y 26 de octubre de 2021, no existía vulneración alguna al derecho de petición y pidió
que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.
8. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señaló
que, mediante Oficio OFI24-00192614/GFPU 13150000 del 26 de septiembre de
2024, contestó la solicitud y la redirigió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anterior, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema jurídico
9. La Sala deberá determinar si la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República vulneraron el derecho
fundamental de petición del actor, por haber omitido su deber de responder la
petición presentada el pasado 19 de septiembre.
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10. De hallarse acreditado lo anterior, la Sala concederá el amparo deprecado; en
caso contrario, esto es, de estimarse que las accionadas resolvieron en su
integridad la solicitud presentada por el accionante, habrá de negarse.
Análisis de la Sala
El derecho fundamental de petición
11. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
ha sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»4 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por
tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»5.
12. Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad
que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.
13. En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.
4
MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
5
Ibid., p. 174.
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14. Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido6.
15. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser:
(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente7.
16. Recientemente, la Corte Constitucional 8 reiteró la anterior postura
jurisprudencial e insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:
[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la
autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud
de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea
favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
17. En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:
[…] debe ser de fondo, esto es9: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii)
precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin
información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii)
congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
6 Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7
Sentencia T- 610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8
Sentencia T-192 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
9
Cita original: Sentencia T-490 de 2018.
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si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”10.
18. Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 11.
Caso concreto y solución del problema jurídico
19. En el caso bajo estudio, el accionante afirmó que las entidades accionadas
vulneraron su derecho fundamental de petición, por no haber dado respuesta de
fondo a la solicitud que presentó ante ellas el pasado 19 de septiembre.
20. En efecto, se advierte que, el 19 de septiembre de 2024, el accionante radicó la
siguiente petición de información dirigida a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la República:
1. Me precise qué acciones se tomarán para incluir las partidas que están
adeudadas desde 1939, y las partidas que deben incluir en el presupuesto
presentado al Congreso para el año 2024 y que tramitan los ponentes, para
que se cumplan las normas aquí explicadas, que sustentan la “Obligación
fiscal”, de las “rentas de indemnización” y “se ordene” que se expida una ley
adicional, para que sean apropiadas, como les correspondía.
2. Que me indique cuándo cumplirán el pago de las obligaciones emanadas
de las leyes explicadas, que están vigentes y las leyes que decretaron sus
aumentos (que nunca las cumplieron-deben reliquidarlas).
3. Qué acciones y medidas adoptarán para hacer efectiva “la autorización”
dada al Gobierno Nacional, mediante el “Art 4” de la Ley de 1905, para
suscribir los “convenios especiales”, son otro de los requerimientos que le
hado, por el “art 144 y 161 núm. 4) de la Ley 1437 de 2011 y de lo previsto
en el segundo párrafo, del primer artículo que dijo “cuando la vulneración de
los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad
pública, podrán demandarse su protección, inclusive cuando la conducta
vulnerante sea un acto administrativo o un contrato.
21. Revisado el expediente, la Sala encuentra que, el 31 de octubre de 2024, la
Secretaría General del Senado, mediante el Oficio SGE-CS5096-2024, respondió
la solicitud en los siguientes términos:
10
Cita original: Ibidem.
11
Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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1.La normatividad vigente restringe la iniciativa legislativa del
presupuesto en el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda
y Crédito Público.
Los artículos 349 y 351 de la Constitución se refieren a la intangibilidad de
las partidas presupuestales, señalando que al tramitarse el proyecto de
presupuesto, el Congreso no podrá aumentar ni el cómputo de las rentas y
recursos de capital ni ninguna de las partidas del presupuesto de gastos
propuestas por el gobierno, ni incluir una nueva, salvo que exista concepto
previo y favorable del gobierno, expresado en un mensaje suscrito por el
Ministro de Hacienda y Crédito Público, o más brevemente, mediante aval
previo del ministro.
(…)
2.Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de
2024 el Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del
Congreso el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en
julio el proyecto de presupuesto.
El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del
PGN es definir si el proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto
Orgánico del Presupuesto. Si así lo consideraban las comisiones, el proyecto
podía devolverse al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto, para que
realizara las enmiendas correspondientes. Esto no aplicó en el trámite para
el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.
3.La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del
Presupuesto, que debe aprobarse antes del 15 de septiembre.
Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron
inconveniente aprobar un Proyecto de presupuesto desfinanciado, por lo cual
no se aprobó el monto antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda
presentó una nueva propuesta de proyecto ante el Congreso, manteniendo
el monto inicial, pero modificando asignaciones específicas. Sin embargo, las
comisiones económicas del Congreso negaron definitivamente el monto del
nuevo proyecto que presentó el gobierno.
4.Lo anterior y, de acuerdo con el Estatuto Orgánico permite que en caso de
que el Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre aprobar por
decreto el proyecto inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. En
este orden, el Congreso de la República a través de sus comisiones
económicas a partir de no haber aprobado el monto del presupuesto para
2025, no ha tenido más injerencia en su aprobación.
Adicionalmente, para que sean consideradas las propuestas que usted
plantea en su solicitud, existe una restricción importante: se requiere el aval
previo del Ministro de Hacienda y Crédito Público. De manera que, en el caso
de que el Gobierno Nacional considerara viables o convenientes tales
solicitudes, o parte de ellas, después de examinar argumentos jurídicos y
financieros, es el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el que podía otorgar
aval, por lo que se concluye que desde el Congreso de la República en su
momento, de manera autónoma no podía acceder a lo pedido y con más
razón porque la competencia para decretar el presupuesto, por lo
comentado, está en cabeza del Gobierno nacional.
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22. En el expediente también obra prueba de que la referida respuesta fue
comunicada, mediante mensaje de datos enviado en la misma fecha al correo
electrónico del accionante.
23. De conformidad con las consideraciones precedentes, la respuesta a una
solicitud elevada por un ciudadano ante una autoridad debe atender a los criterios
constitucionales, legales y jurisprudenciales previstos para ello: claridad,
oportunidad, congruencia y completitud, de lo cual se deriva, entre otras, la
obligación de pronunciarse respecto a todos y cada uno de los aspectos planteados.
24. Así las cosas, se observa que, el 31 de octubre de 2024, luego de notificado el
auto admisorio de la presente petición de amparo, la Secretaría General del Senado
de la República resolvió de fondo la solicitud del demandante, misma que, a
consideración de la Sala, fue clara, en tanto abordó todos los puntos de la consulta,
y congruente con lo pedido.
25. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la
carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez
sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 12 .
Empero, la Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto
no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino
de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la
juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto»13.
26. El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el caso concreto, se encuentra superado el hecho que dio origen
a la interposición de la acción de tutela, pues la Secretaría General del Senado de
la República resolvió de fondo la solicitud del señor Delgado Amaya.
27. En los anteriores términos, la Sala declarará la carencia actual de objeto,
respecto de las pretensiones encaminadas contra el Congreso de la República, por
cuanto, de acuerdo con las circunstancias descritas anteriormente, el hecho
12
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
13
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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generador de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del
accionante fue superado. De modo que resulta intrascendente que el juez del
amparo se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza del derecho
supuestamente conculcado.
28. De otra parte, respecto de la petición que se presentó ante la Presidencia de la
República, se encuentra acreditado que, mediante Oficio OFI24-00192604/GFPU
13150000 del 26 de septiembre de 2024, le informó al accionante que dio traslado
de la petición al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por considerar que es la
autoridad competente de resolver la solicitud. Asimismo, quedó demostrado que la
petición se remitió a aquella autoridad y también se puso en conocimiento del
accionante. En esas condiciones, no se advierte que la Presidencia de la República
hubiera vulnerado el derecho fundamental de petición del actor, pues dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 201114, al remitir
la solicitud a la autoridad que consideraba competente y envió copia del oficio
remisorio al peticionario. Por lo anterior, se negará la solicitud de amparo.
29. Finalmente, en relación con la supuesta vulneración del derecho fundamental
de petición por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se tiene que, el
26 de septiembre de 2024, respondió la solicitud del actor en los siguientes
términos:
En atención a su petición, relacionada con la inclusión en el Presupuesto
General de la Nación de la vigencia 2024, de unas acreencias fiscales a favor
del Departamento del Magdalena, de que tratan una serie de normas sobre las
cuales esta Dirección se pronunció el 10 de marzo y 26 de octubre de 2021, es
pertinente indicar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señala: (…)
En consecuencia, por tratarse de una solicitud que ya fue resuelta y por tanto
resulta reiterativa, se adjunta los Oficios Radicados: 2-2021-012233 del 10 de
marzo y 2-2021-056949 del 26 de octubre de 2021.
30. La anterior respuesta fue puesta en conocimiento del aquí accionante el 26 de
septiembre de 2024.
14
«Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente».
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31. La Sala corrobora que la respuesta del 10 de marzo de 2021, relacionada con
la solicitud de cumplimiento del artículo 3 de la Ley 9 de 1911 y la inclusión en la ley
de presupuesto de las partidas ordenadas fue de fondo y congruente con lo pedido,
pues se refirió a cada una de las normas que consideraba incumplidas el accionante
y le indicó que «no se observa disposición normativa, actualmente vigente, que
obligue a la Nación a pagar una indemnización “indefinidamente”. De conformidad
con lo anterior, no es posible incluir las partidas por concepto de la indemnización a
que se refiere su petición en el Presupuesto General de la Nación y en el
Presupuesto de Regalías, bajo las normas de la Constitución Política de 1991, las
normas orgánicas actuales en materia presupuestal, y las del Sistema General de
Regalías».
32. Asimismo, en la respuesta brindada el 26 de octubre de 2021, se observa que
la autoridad demandada le manifestó al actor que la solicitud era reiterativa y, por
tanto, se remitió a la respuesta del 10 de marzo de 2021. En esa oportunidad, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo lo siguiente «frente a esta nueva
solicitud que resulta reiterativa, dado que si bien la petición anterior se refería al
Departamento del Magdalena, en esta petición para el Departamento de Bolívar se
refiere a las mismas normas, de manera atenta, remitimos la respuesta anterior
enviada».
33. Ahora, es cierto que en la respuesta a la solicitud del 19 de septiembre de 2024
el Ministerio de Hacienda hizo referencia a una petición del señor Reyes Vargas,
relacionada con «la inclusión en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia
2024, de unas acreencias fiscales a favor del Departamento de Magdalena»,
mientras que la radicada por él en esta oportunidad alude al Departamento de
Boyacá y al Municipio de Muzo. Sin embargo, es igualmente cierto que, tal como lo
manifestó la autoridad demandada en el Oficio de respuesta del 26 de octubre de
2021, se trata de peticiones reiterativas en las que dicho ciudadano hace referencia
al mismo sustento fáctico y normativo, esto es, si es procedente incluir en el
Presupuesto General de la Nación unas partidas a manera de indemnización para
los entes territoriales, solicitudes que han sido atendidas en múltiples ocasiones con
la suficiente claridad, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
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34. Sólo a manera de ejemplo, se tiene que el señor Reyes Vargas presentó otras
dos acciones de tutela por la supuesta vulneración a su derecho fundamental de
petición en contra de las mismas autoridades, con fundamento en peticiones
similares, en las que el único cambio que se observa es que en una de esas
solicitudes dijo defender los derechos del Departamento del Magdalena (expediente
11001-03-15-000-2024-05625-00, M.P. Wilson Ramos Girón [e] 15 ) y de los
Departamentos de Bolívar y Atlántico (expediente 11001-03-15-000-2024-05627-
00, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar16).
35. Entonces, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1437 de
201117, cuando se presentan peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad se
encuentra facultada para remitirse a las respuestas anteriores. Así las cosas, la Sala
negará el amparo del derecho fundamental de petición respecto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, toda vez que se demostró que obró en cumplimiento
del deber legal establecido en la Ley 1437 de 2011, pues la respuesta fue
respondida en los estrictos y precisos términos establecidos por el legislador.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado,
en relación con la petición presentada ante el Congreso de la República, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Negar el amparo del derecho fundamental de petición del señor Hugo
Ariel Reyes Vargas, respecto de las pretensiones formuladas contra el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
15
Índice 2 de Samai.
16
Índice 2 de Samai.
17
«Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado
por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane».
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____________________________________
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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