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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05625-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05625-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el representante a la Cámara Wilmer Yair Castellanos Hernández. Segundo.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Hugo Ariel Reyes Vargas, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05625-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

12 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05625-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05625-00
Demandante: HUGO ARIEL REYES VARGAS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE
REPRESENTANTES –COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE– REPRESENTANTE
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ Y
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho de petición.
Solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización establecida
en el artículo 4º de la Ley 15 de 1905

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Hugo Ariel Reyes Vargas, quien actúa en nombre propio,
contra la Presidencia de la República –Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Congreso de la República –Presidencia, la Cámara de Representantes – Comisión
Tercera Constitucional Permanente –representante Wilmer Yair Castellanos
Hernández y el departamento del Magdalena1.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante refirió que el 19 de septiembre de 2024, en ejercicio del derecho de
petición y con el fin de agotar el requisito establecido en el artículo 144 y el numeral
4 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, les solicitó a las autoridades accionadas
que adoptaran medidas para la protección de los derechos patrimoniales del
departamento de Magdalena contenidos en los artículos 1005, 2359 y 2360 del
Código Civil, concernientes a la apropiación de los recursos asignados dentro del
plan de presupuesto anual y pago de la indemnización consagrada en el artículo 4º
de la Ley 15 de 1905.

1
La acción de tutela se presentó el 18 de octubre de 2024.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05625-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

Sostuvo que se superó el término establecido para que dieran respuesta a su
solicitud, a lo que agregó que si bien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
través de oficios del 26 de septiembre y 2 de octubre de 2024 adujo otorgar una
respuesta a lo pedido, la misma no es de fondo ni coherente con lo solicitado.

Para terminar, solicitó que “se Tenga en Cuenta los Fallos de Tutela, que SOBRE La
MATERIA del Derecho de Petición y del Acceso a la Administración de Justicia, Han
expedido, para que por el derecho a la igualdad, y al precedente jurisprudencial
abundante en esta materia, sean el soporte jurídico de su decisión, A FIN de PODER
CESAR La VULNERACIÓN COMETIDA al SUSCRITO, como Defensor de OFICIO, del
“Departamento del MAGDALENA”, ya que SU OMISION, Vulnerar Mis Derechos
Fundamentales invocados, y se configuran además en Vías de Hecho, que me causan
perjuicios, por lo que REQUIERO Sean Tutelados”.

2. Fundamentos de la acción

El demandante presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la República, la Cámara de
Representantes – Comisión Tercera Constitucional Permanente – representante
Wilmer Yair Castellanos Hernández y el departamento del Magdalena, en defensa
de sus derechos fundamentales de petición y “de acceso a la administración pública
y de justicia”, supuestamente vulnerados con la falta de respuesta a la solicitud
presentada el 19 de septiembre de 2024, en la que pidió a las autoridades
accionadas lo siguiente: i) informen qué medidas adoptarán para la protección de los
derechos patrimoniales del departamento de Magdalena, “Cuando “No APROPIAN”, Los
Recursos Necesarios en el proyecto de Ley de Presupuesto Presentado al Congreso para el año
2024, para CUMPLIR, con las “Rentas” que son parte del Situado fiscal”; ii) indiquen cuándo se
dará el pago de las partidas por concepto de la indemnización y iii) comuniquen
cómo se hará efectiva la autorización para suscribir los convenios especiales del
pago de la indemnización consagrada en el artículo 4º de la Ley 15 de 1905.

Trajo a consideración los artículos 23 y 86 de la Constitución Política, así como el
artículo 14 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, el artículo 144 y numeral 4º del
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia T-799 de 2011 de la Corte
Constitucional.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

[sic a toda la cita] “1)-Que Se declare que Los TUTELADOS, que “Me ha Vulnerado” mi
derecho fundamental de Petición y del “Acceso” a la administración pública y de justicia,
para “Los FINES” que Tiene la INVOCACION de los “ART 144, y 161 Num 4)- de la Ley
1437/2011, que “Fue ENVIADO” por Vía Digital el dia Diecinueve (19) de Septiembre del
2024.; y A La FECHA, “No ha Recibido” Ninguna comunicación Que DEBE SER de Fondo
Acorde a lo Solicitado, Y No SE ARGIUYA que “Soy reiterativo”, como respondieron, en
reclamación que hice para departamentos de bolívar, y magdalena, Violándome el “Art
19”, Segundo parraf de la Ley 1755/2015, como “Excepción”, cuando lo que “SE
RECLAMA”, por tener la condición de ser “imprescriptibles”, No “Soy Reiterativo, Ni
Temerario”, como en el presente asunto de una deuda fiscal, de la Nación, con los que
defiendo en esta Acción.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05625-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

2)-Que consecuencia de las Declaraciones, de las Vulneraciones, al “Derecho de
Petición”, (Art 23 cn); y del Acceso a la Administración Publica y de Justicia, para los Fines
que Tiene la INVOCACION de los “ART 144, y 161 Num 4)- de la Ley 1437/2011, para que
ADOPTARA Las Medidas Necesarias de PROTECCIÓN del DERECHO PATRIMONIALES
(Arts 1005, 2359, 2360 del Cod Civil) y Los Colectivos desde la cn/1991, que Se VIOLAN
al “Departamento del Magdalena”, de parte de las ENTIDADES Públicas de la
PRESIDENCIA, el DAPRE, el Ministerio de Hacienda, y la Dirección Nacional de
Presupuesto y por el PONENTE en el CAMARA, que DEBEN TODOS, cumplir las leyes
de indemnizaciones, y Hacerlas Cumplir cada año, Como DEUDORES FISCALES que
son, por la OMISIÓN ADMINISTRATIVA, en APROPIAR las Partidas, Necesarias para
CUMPLIR las Obligaciones FISCALES adeudadas, que son imprescriptibles, hasta que se
suscriban los convenios especiales de la Ley 15 del 10 de abril de 1903, A FIN de PODER
INTERPONER Una ACCION POPULAR, por afectaciones al Patrimonio del Departamento
del Magdalena.

3)- Se Les ORDENE a Cada entidad(es) PUBLICA a quien VAN DIRIGIDAS Las
Peticiones que Sean RESPONDIDAS de FONDO, en Lo Particular de los “ART 144 y 161”
Num 4)- de la Ley 1437/2011, que Mi Impiden Presentar la ACCION POPULAR,
relacionada con el DERECHO de “ACCESO A La ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA (Art
228, 229 cn); y ACORDE A Lo Invocado, DENTRO de las 48 horas Siguientes a la
Notificación del Fallo de Tutela, que se sirva usted proferir en Mi favor”.

4. Trámite procesal

Por auto del 22 de octubre de 2024, el despacho sustanciador requirió a la parte
actora con el fin de que indicara con claridad y precisión las autoridades o
entidades demandadas. A través de memorial presentado el 24 del mismo mes y
año, el demandante atendió el requerimiento efectuado en el sentido de precisar
las autoridades demandadas.

Por auto del 7 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades accionadas -
Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República –
Presidencia, Cámara de Representantes – Comisión Tercera Constitucional
Permanente – representante Wilmer Yair Castellanos Hernández y departamento
del Magdalena-. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 287856 a 287864
del 12 de noviembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Senado de la República

El secretario general rindió informe en el que solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela y puso en conocimiento que el accionante promovió el
mecanismo constitucional en dos oportunidades adicionales, alegando los mismos
hechos y situación jurídica, que fueron conocidas por la corporación bajo los

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Índice 14 Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05625-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

radicados No. 11001-03-15-000-2024-05621-00 y 11001-03-15-000-2024-05625-
00, lo que, a su juicio, configura una conducta temeraria.

Aludió que no desconoce que la solicitud presentada debe contar con una
respuesta de fondo y oportuna, sin embargo, precisó que ello no habilita que la
misma se otorgue de manera favorable a lo pedido.

5.2. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La subdirectora jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo y se le desvincule del trámite
constitucional, por considerar que a la solicitud presentada por el accionante se le
dio respuesta mediante oficio No. 2-2024-051483 del 26 de septiembre de 2024,
en el sentido de informarle que ya se le había otorgado respuesta por
comunicados No. 2-2021-012233 del 10 de mayo y 2-2021-056949 del 26 de
octubre de 2021, por lo que consideró que en el caso se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado.

5.3. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

La coordinadora del grupo de defensa judicial se pronunció sobre los hechos que
dieron origen a la solicitud de amparo y solicitó que se nieguen las pretensiones
de la solicitud de tutela debido a que se otorgó respuesta a la petición elevada el
19 de septiembre de 2024.

Sostuvo que una vez verificado el sistema de gestión documental se encontró que
por medio de oficio OFI24-00192604/GFPU 13150000 del 26 de septiembre de
2024, se dio respuesta a lo pedido y se remitió por competencia el asunto con
destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5.4. Respuesta del representante a la Cámara Wilmer Yair Castellanos
Hernández

El representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de
Boyacá solicitó la desvinculación del trámite constitucional y refirió que el 20 de
septiembre de 2024 se brindó respuesta a la solicitud presentada por el
demandante ante la oficina de atención al usuario del Congreso de la República,
por lo que no existió vulneración a los derechos fundamentales de los que se
pretende el amparo. Agregó que en calidad de ponente del proyecto de ley del
presupuesto general de la Nación para el año 2025, desde el 24 de septiembre de
2024 perdió competencia en todo lo relacionado con el presupuesto, por no haber
sido aprobado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 348 de la
Constitución Política.

5.5. El departamento del Magdalena, a pesar de haber sido notificado en
debida forma del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

4

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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el representante a la Cámara Wilmer
Yair Castellanos Hernández solicitaron la desvinculación del presente trámite,
debido a que consideraron que no han vulnerado los derechos fundamentales
alegados por el accionante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
debido a que se observa que el accionante presentó la solicitud del 19 de
septiembre de 2024 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la oficina de
atención al ciudadano del Congreso de la República, última que remitió el asunto
al representante a la Cámara Castellanos Hernández, por lo que es respecto de
quienes se alega la vulneración de los derechos fundamentales.

3. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la República – Presidencia, la Cámara
de Representantes – Comisión Tercera Constitucional Permanente – representante
Wilmer Yair Castellanos Hernández y el departamento del Magdalena, vulneraron los
derechos fundamentales de petición y “de acceso a la administración pública y de
justicia”, con la supuesta falta de respuesta a la solicitud presentada el 19 de
septiembre de 2024, en la que pidió que se adoptaran medidas para la protección de
los derechos patrimoniales del departamento de Magdalena contenidos en los
artículos 1005, 2359 y 2360 del Código Civil, concernientes a la apropiación de los
recursos asignados dentro del plan de presupuesto anual.

La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto se
logró establecer que las accionadas dieron respuesta a la solicitud del 19 de
septiembre de 2024 con antelación a la presentación de la acción de tutela, por lo
que no se vulneró el derecho fundamental de petición.

3
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
5

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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

4. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse

4
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20115.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Hugo Ariel Reyes Vargas presentó acción de tutela en defensa de los
derechos fundamentales de petición y “de acceso a la administración pública y de
justicia”, los cuales considera vulnerados por la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la República, la Cámara de
Representantes – Comisión Tercera Constitucional Permanente – representante
Wilmer Yair Castellanos Hernández y el departamento del Magdalena, por la
supuesta falta de respuesta a la solicitud presentada el 19 de septiembre de 2024,
en la que pidió a las autoridades accionadas lo siguiente: i) informen qué medidas
adoptarán para la protección de los derechos patrimoniales del departamento de
Magdalena, “Cuando “No APROPIAN”, Los Recursos Necesarios en el proyecto de Ley de
Presupuesto Presentado al Congreso para el año 2024, para CUMPLIR, con las “Rentas” que son
parte del Situado fiscal”; ii) indiquen cuándo se dará el pago de las partidas por
concepto de la indemnización y iii) comuniquen cómo se hará efectiva la
autorización para suscribir los convenios especiales del pago de la indemnización
consagrada en el artículo 4º de la Ley 15 de 1905.

5
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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5.2. Según el informe rendido por el Senado de la República, el demandante ha
presentado dos acciones de tutela de manera previa, por lo que se hace necesario
verificar si la parte actora ha incurrido en una actuación temeraria con la
presentación de una nueva solicitud.

Conforme con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, “cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con aquel precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de
protección constitucional efectúe el juramento de no haber presentado otra acción
idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica
que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así como
mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no puedan
discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez que dicho
principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y
6
coercitivas” .

La Corte Constitucional ha definido la temeridad que deriva de lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 como “el resultado de un ejercicio abusivo del
derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer
intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de los
7
derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la jurisdicción” .

En ese contexto, se advierte que el accionante ha presentado distintas acciones
de tutela encaminadas a obtener el amparo de los derechos fundamentales de
petición y “de acceso a la administración pública y de justicia” por la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 19 de septiembre de 2024, (expedientes
Nos. 11001-03-15-000-2024-05621-00 y 11001-03-15-000-2024-05627-00). Sin
embargo, analizadas las documentales que reposan en cada uno de los asuntos
referidos se advierte que las solicitudes presentadas están relacionadas con las
medidas para la protección de los derechos patrimoniales de los departamentos
de Boyacá y Bolívar, contrario a lo ventilado en el caso bajo examen que
corresponde al departamento del Magdalena, sin que la parte actora hubiese
incurrido en un actuar temerario, por cuanto no existe identidad de pretensiones,
motivo por el cual se continuará con el estudio del asunto.

5.3. Según las pruebas documentales allegadas al expediente de tutela, se
evidencia que la petición del 19 de septiembre de 2024 se remitió a las siguientes
direcciones electrónicas: contacto@presidencia.gov.co,
relacionciudadano@minhacienda.gov.co,
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co,
notificacionesjudiciales@camara.gov.co, contactenos@magdalena.gov.co,
juridica@magdalena.gov.co, procuradora@procuraduria.gov.co,
cgr@contraloria.gov.co y ventanillaunica@contraloriadelmagdalena.gov.co, en la
que se pidió lo siguiente:

6
Sentencia T-644 de 2014. M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez.
7
Sentencia SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
8

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“1)-SEÑORES (AS) Funcionarios(as); ME INFORME, Que MEDIDAS y ACCIONES,
Se ADOPTARA para la PROTECCIÓN del DERECHO Adquiridos, del Departamento
del Magdalena, Como Parte que es de LA NACIÓN, por el “Art 6” de la Ley 110 de
1912, Emanadas de las OBLIGACIONES del Contrato ESTATAL de Fecha Trece (13)
de Noviembre de 1885, “No Cumplido” desde 1938 que se Relaciona Con Los
DERECHOS PATRIMONIALES, VIOLADOS, por la Misma Autoridad que los Debía
CUMPLIR Cuando “No APROPIAN”, Los Recursos Necesarios en el proyecto de Ley
de Presupuesto Presentado al Congreso para el año 2024, para CUMPLIR, con las
“Rentas” que son parte del Situado fiscal del Departamento del Magdalena.

“2)-Que ME INDIQUE Cuando Lo CUMPLIRAN, EL PAGO de las Obligaciones
emanadas del Contrato del Trece (13) de Noviembre de 1885, Y Pendientes de
Liquidarse y APROPIARSE desde el año 1939, y ORDENE que se DEBEN Cumplir
las Normas Vigentes de INDEMNIZACIONES Y Liquidar Sus AUMENTOS (que
Nunca los cumplieron).

3)-Que Medidas adoptara, para HACER EFECTIVAS LAS AUTORIZACIONES, del
“Art 4” de la Ley 15 de 1905, Para SUSCRIBIR Los “CONVENIOS ESPECIALES”,
Para Efectos del REQUERIMIENTO Previo del “Art 144” de la Ley 1437/2011, y de lo
PREVISTO en Segundo Párrafo, que dijo; “Cuando la VULNERACIÓN de los
derechos e intereses colectivos PROVENGA de la ACTIVIDAD de Una ENTIDAD
PÚBLICA, PODRÁ DEMANDARSE su PROTECCIÓN, inclusive cuando La
CONDUCTA VULNERANTE SEA un acto administrativo O Un CONTRATO ....”.

En ese sentido, se observa que a la anterior solicitud se le dio respuesta por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de oficio No. 2-2024-051483
del 26 de septiembre de 2024, en el sentido de reiterar lo dicho en las misivas del
10 de marzo y 26 de octubre de 2021, con fundamento en lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 1437 de 2011.

En esta última oportunidad se le indicó al demandante, entre otras cosas, lo
siguiente:

“De manera atenta, se emite respuesta a su petición en la cual solicita que se incluya
en la Ley de Presupuesto las partidas ordenadas para el Departamento del Magdalena
desde 1944, en cumplimiento de las siguientes Leyes:

LEY 110 DE 1912 (noviembre 23) Por el cual se sustituyen el Código Fiscal y las leyes
que lo adicionan y reforman

(...)

Esta norma señala que existen dos tipos de Haciendas: la Nacional y la Territorial, por
lo cual no se observa en qué consiste el incumplimiento inminente de esta norma. Por
otra parte, esta norma fue expedida bajo la Constitución de 1886 que fue derogada
expresamente por el artículo 380 de la Constitución Política de 1991, en los siguientes
términos:

“Artículo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus
reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación.”
(...)

LEY 15 DE 1905 (abril 10) “Por la cual se ratifican algunos decretos de carácter
legislativo (del Ramo de Hacienda)”

(...)

Esta norma se refiere a una indemnización. Al respecto, la Corte Constitucional ha
manifestado en sentencia C-840 de 20011, señala que “el resarcimiento del perjuicio,
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debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado mas no
puede superar ese límite. Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por
encima del monto se produciría un enriquecimiento sin causa, desde todo punto de
vista reprochable.

En virtud de lo anterior, no es posible determinar en su petición si la indemnización
impuesta por la norma, no cumplió con su objeto resarcitorio.

(...)

LEY 15 DE 1912 (septiembre 18) “adicional a la número 9 de 1911”
(...)

Este artículo establece el valor de una indemnización, sobre la cual no se establece si
ya cumplió su objeto resarcitorio el cual estaba sujeto a “Mientras el Poder Ejecutivo
celebra con los Departamentos de Bolívar, Atlántico, y Magdalena los contratos a que
se refiere el Artículo 2°. de la Ley 9 de 1911.” Adicionalmente, se enmarca dentro de un
convenio de 1885.

Por otra parte, estas normas fueron expedidas bajo la Constitución de 1886 que fue
derogada expresamente por el artículo 380 de la Constitución Política de 1991, en los
siguientes términos:

(...)

La norma no establece que esta indemnización sea indefinida y en su comunicación no
se observa si el daño, después de más noventa años (90) ya fue resarcido.

Por otra parte, estas normas fueron expedidas bajo la Constitución de 1886 que fue
derogada expresamente por el artículo 380 de la Constitución Política de 1991.

Actualmente, en materia de Hacienda Pública rigen normas orgánicas como el Decreto
111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.

Así mismo, el Sistema General de Regalías ha evolucionado y actualmente rige el Acto
Legislativo 05 de 2019 que modificó el artículo 361 de la Constitución Política de 1991,
y la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del
sistema general de regalías”.

(...)

De la indemnización

En atención en que varias leyes respecto a las cuales aduce incumplimiento,
establecen una indemnización, es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha
manifestado en sentencia C-840 de 20017, lo siguiente:

(...)

Por tanto, un requisito sine qua non para indemnizar es determinar la magnitud del
daño causado, y su resarcimiento no puede superar ese límite.

En virtud de lo anterior, no es posible determinar en su petición si la indemnización
impuesta en las leyes que reclama cien años después, no cumplieron con su objeto
resarcitorio en las cinco décadas de presupuestaciones anteriores. Adicionalmente, en
el caso planteado no se observa disposición normativa, actualmente vigente, que
obligue a la Nación a pagar una indemnización “indefinidamente”.

De conformidad con lo anterior, no es posible incluir las partidas por concepto de la
indemnización a que se refiere su petición en el Presupuesto General de la Nación y en
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el Presupuesto de Regalías, bajo las normas de la Constitución Política de 1991, las
normas orgánicas actuales en materia presupuestal, y las del Sistema General de
Regalías”.

De igual forma, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
por medio de oficio No. OFI24-00192604/GFPU13150000 del 26 de septiembre de
2024, le comunicó al accionante que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 1437 de 2011, remitió por competencia la solicitud al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público. Según se evidenció dicha remisión fue efectuada por medio de
oficio No. OFI24-00192614/GFPU13150000 del 26 de septiembre de 2024,
notificada por correo electrónico al peticionario y enviada a la autoridad
competente a la siguiente dirección: relacionciudadano@minhacienda.gov.co, esto
es, en los términos previstos en la referida disposición.

Por su parte, el representante a la Cámara Wilmer Yair Castellanos Hernández
con antelación a la presentación de la acción de tutela, mediante correo
electrónico enviado el 7 de octubre de 2024, a la dirección informada por el
accionante -hugoareyesv2022@gmail.com-, le indicó:

“Reciba un cordial saludo, acuso recibo a su amable comunicación que hace
llegar a través de participación ciudadana del congreso de la República,
acusamos recibo a la solicitud y le informo que nos abstenemos de darle
traslado a la petición ya que este correo viene con copia para la presidencia de
la república, para el DAPRE, el ministerio de Hacienda, para el director
nacional de presupuesto, el presidente del senado y para la gobernación de
Magdalena, le informo que junto a mi equipo de trabajo quedaremos atentos
para atender los comentarios que se formulen frente a este u otro asunto que
en el futuro considere”.

Y con el informe rendido a este trámite constitucional refirió que “en su calidad de
ponente del proyecto de ley del presupuesto general de la Nación 2025, desde el 24 de
septiembre de 2024 perdió competencia en todo lo relacionado con el presupuesto, pues
este no fue aprobado por el Congreso, con la consecuencia establecida en el texto
constitucional que en su artículo 348 señala que en caso de no aprobación se entrega la
competencia al gobierno para expedir el presupuesto por decreto”.

De la anterior respuesta, la Sala entiende que el representante a la Cámara Wilmer
Yair Castellanos Hernández manifestó que carece de competencia para absolver lo
solicitado por el accionante y omitió de manera razonable dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, tras encontrar que el
accionante presentó la solicitud de la que solicita el amparo ante las autoridades
competentes.

5.4. Como se vio, el actor presentó solicitud ante las autoridades accionadas con
el fin de que se le informe qué medidas se adoptarán para la protección de los
derechos patrimoniales del departamento del Magdalena, concernientes al
reconocimiento y pago de la indemnización consagrada en el artículo 4º de la Ley
15 de 1905.

En virtud de la respuesta emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la Sala observa que al actor se le indicaron los fundamentos y razones por las
cuales no resultaba del caso acceder a lo pedido, para lo que se efectuó una
explicación de la normatividad vigente, sin que se advierta que la respuesta
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emitida no atendió de manera clara lo solicitado por el accionante. Si bien la
comunicación emitida el 26 de septiembre de 2024, se remitió a las respuestas
brindadas el 10 de marzo y 26 de octubre de 2021, lo cierto es que las mismas
abarcan lo pedido el 19 de septiembre de 2024, en razón a que guardan relación
con la finalidad de la petición presentada por el accionante.

En ese escenario, la Sala encuentra que la autoridad accionada dio aplicación a lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, sobre peticiones reiterativas, el cual faculta a la entidad a
remitirse a respuestas anteriores cuando lo solicitado ya hubiese sido resuelto.

Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-394 de 2018, indicó que
“cuando una autoridad se enfrente a una petición reiterativa ya resuelta, ésta puede
remitirse a las respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento
que estudie el fondo de la cuestión debatida. Esto, se sustenta en los principios de
eficacia y economía en la labor judicial”.

Al respecto, esa corporación judicial ha sido reiterativa en señalar que aunque la
respuesta brindada a una solicitud no acceda a lo pedido, esto no puede significar
que exista una vulneración al derecho fundamental de petición. Así lo señaló en la
sentencia SU-191 de 2022, al sostener que “el deber de dar respuesta no implica
acceder a lo que el peticionario requiere”.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la autoridad competente para
informar sobre la ejecución y seguimiento del presupuesto -Ministerio de Hacienda
y Crédito Público-, brindó respuesta de fondo a la petición remitida el 19 de
septiembre de 2024, en la que se dejó en evidencia que no es factible acceder al
reconocimiento y pago de la indemnización solicitada por el accionante, de
manera puntual porque la normatividad invocada no resulta aplicable por
encontrarse derogada, por lo que no se demostró la vulneración del derecho
fundamental de petición, sino una inconformidad del actor ante la negativa de la
entidad en acceder a su solicitud.

En lo referente a la vulneración al derecho fundamental “de acceso a la
administración pública y de justicia”, la Sala advierte que de las pruebas aportadas y
lo narrado por el accionante no se encontró que con el actuar de las autoridades
accionadas se vulnerara, esto sumado a que el debate propuesto se circunscribió
a la falta de respuesta a la solicitud del 19 de septiembre de 2024.

Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto
no se demostró la vulneración alegada por el accionante en relación con el
derecho fundamental de petición.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

FALLA

Primero.- NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el representante a la Cámara Wilmer Yair Castellanos
Hernández.

Segundo.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Hugo Ariel Reyes Vargas, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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