RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05621-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05621-01

Fecha
12 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05621-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la solicitud de tutela presentada por Hugo Ariel Reyes Vargas, contra el Congreso de la República, la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05621-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Demandado: Presidencia de la República y otros

Temas: Tutela derecho de petición para saber sobre varias solicitudes
realizadas a las entidades demandadas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Hugo Ariel Reyes Vargas, en contra
de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Hugo Ariel Reyes Vargas promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara
su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado con ocasión de la
ausencia de una respuesta de fondo y real a su requerimiento de información
presentado el 19 de septiembre de 2024, ante la Presidencia de la República y otras
entidades.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El 19 de septiembre de 2024, elevó solicitud de información acerca de las medidas
que se han adoptado para la protección de los derechos adquiridos del
departamento de Boyacá, respecto a las rentas periódicas de indemnización,
sustentadas en las obligaciones emanadas del contrato del 9 de enero de 1886, que
se han omitido apropiar en la Ley del Presupuesto desde 1939.

ii) Su derecho fundamental fue vulnerado por las entidades demandadas, en la
medida en que no ha obtenido respuesta alguna frente a la referida petición

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

«[…] 1) Que se declare que los TUTELADOS, que “me ha vulnerado” mi derecho
fundamental de petición y del “acceso” a la administración pública y de justicia, para “los
fines” que tiene la invocación de los “art 144, y 161 núm. 4) de la Ley 1437 de 2011, que
“fue enviado” por vía digital el día diecinueve (19) de septiembre del 2024; y a la fecha,
“no ha recibido” ninguna comunicación que debe ser de fondo acorde a lo solicitado, y
no se arguya que soy “reiterativo”, como respondieron, en reclamación que hice para
departamentos de Bolívar, y Magdalena, violándome el “art 19”, segundo párrafo de la
Ley 1755/2015, como “excepción”, cuando lo que “se reclama”, por tener la condición de
ser “imprescriptibles”, no “soy reiterativo, ni temerario”, como en el presente asunto de
una deuda fiscal, de la Nación, con los que defiendo en esta acción.

2) Que consecuencia de las declaraciones, de las vulneraciones, al “derecho de
petición”, (art 23 cn); y del acceso a la administración pública y de justicia, para los fines
que tiene la invocación de los “art 144, y 161 núm. 4)- de la ley 1437/2011, para que
adoptara las medidas, necesarias de protección del derecho patrimoniales (arts. 1005,
2359, 2360 del cód. civil) y los colectivos desde la cn/1991, que se violan al departamento
de Boyacá y los otros, de parte de las entidades públicas de la presidencia, el DAPRE,
el Ministerio de Hacienda, y la Dirección Nacional de Presupuesto y por el ponente en el
Cámara, que deben todos, cumplir las leyes de indemnizaciones, y hacerlas cumplir cada
año, como deudores fiscales que son, por la omisión administrativa, en apropiar las
partidas, necesarias, para cumplir las obligaciones fiscales adeudadas, que son
imprescriptibles, hasta que se suscriban los convenios especiales de la ley 15 del 10 de
abril de 1903, a fin de poder interponer una acción popular, por afectaciones al patrimonio
del departamento de Boyacá y otros

3) Se le ordene a cada entidad(es) pública a quien van dirigidas las peticiones que sean
respondidas de fondo, en lo particular de los “art 144 y 161” núm. 4)- de la ley 1437/2011,
que mi impiden presentar la acción popular, relacionada con el derecho de “acceso a la
administración de justicia (art 228, 229 cn); y acorde a lo invocado, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, que se sirva usted proferir en mi favor. […]».
(sic).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Senado de la República1 comunicó que, mediante Oficio SGE-CS-5096-
2024, se brindó respuesta al demandante al correo electrónico suministrado en la
solicitud.

1.2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público2 solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que la petición del
demandante fue respondida el 26 de septiembre de 2024, por lo que no se vulneró
su derecho fundamental, pese a las reiteraciones presentadas posteriormente.

1.2.3. La Presidencia de la República3 pidió negar las pretensiones de la demanda
al señalar que, mediante Oficio OFI24-00192614/GFPU 13150000 del 26 de
septiembre de 2024, dio respuesta y redirigió la solicitud del demandante al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.

1 Ver índice 9 de Samai.
2 Ver índice 10 de Samai.
3 Ver índice 12 de Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

1.3 Sentencia de primera instancia4

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con sentencia del 25 de
noviembre de 2024 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a la petición presentada ante el Congreso de la República, y negó el amparo
respecto de las pretensiones formuladas contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

1.4. Escrito de impugnación5

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió
en los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial, además de exponer que
las autoridades demandadas están en la obligación de responder de fondo su
solicitud en razón a sus competencia, lo cual le resulta necesario para agotar el
requisito de procedibilidad correspondiente para promover una eventual acción
popular, respecto a la obligación de hacer las respectivas apropiaciones
presupuestales en favor de los departamentos de la Nación.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico; iii) procedencia de la solicitud de tutela – el derecho de petición; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿en el presente asunto se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado, con ocasión de la respuesta rendida por el Congreso de
la República, mediante Oficio OFI24-00192614/GFPU 13150000 del 26 de
septiembre de 2024?

4 Ver índice 20 de Samai.
5 Ver índice 24 a 27 de Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

Asimismo, ¿si en el presente asunto se vulneró el derecho fundamental de petición
de Hugo Ariel Reyes Vargas ante la presunta falta de respuesta a su solicitud, por
parte de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público?

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Sobre el derecho de petición

Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de petición
ha señalado la Corte Constitucional:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición,
como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la
vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la
respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se
adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud
formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho
de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción
de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».

En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[t]oda persona tiene

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo
cual no solo implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley,
sino que esta sea suficiente, efectiva y congruente.

2.4. Análisis de la Sala

Hugo Ariel Reyes Vargas acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara su
derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordenara a las autoridades
demandadas resolver de fondo la solicitud de información presentada.

Al respecto, de las pruebas obrantes se observa que el demandante presentó
petición el 19 de septiembre de 2024 ante la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la República en los
siguiente términos:

«[…] 1. Me precise qué acciones se tomarán para incluir las partidas que están
adeudadas desde 1939, y las partidas que deben incluir en el presupuesto presentado
al Congreso para el año 2024 y que tramitan los ponentes, para que se cumplan las
normas aquí explicadas, que sustentan la “Obligación fiscal”, de las “rentas de
indemnización” y “se ordene” que se expida una ley adicional, para que sean apropiadas,
como les correspondía.

2. Que me indique cuándo cumplirán el pago de las obligaciones emanadas de las leyes
explicadas, que están vigentes y las leyes que decretaron sus aumentos (que nunca las
cumplieron-deben reliquidarlas).

3. Qué acciones y medidas adoptarán para hacer efectiva “la autorización” dada al
Gobierno Nacional, mediante el “Art 4” de la Ley de 1905, para suscribir los “convenios
especiales”, son otro de los requerimientos que le hado, por el “art 144 y 161 núm. 4) de
la Ley 1437 de 2011 y de lo previsto en el segundo párrafo, del primer artículo que dijo
“cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad
de una entidad pública, podrán demandarse su protección, inclusive cuando la conducta
vulnerante sea un acto administrativo o un contrato. […]».

2.4.1. En cuanto al Congreso de la República.

Con Oficio SGE-CS5096-2024 del 31 de octubre de 2024, el Congreso de la
República respondió la solicitud de la siguiente manera:

«[…] 1. La normatividad vigente restringe la iniciativa legislativa del presupuesto en el
Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Los artículos 349 y 351 de la Constitución se refieren a la intangibilidad de las partidas
presupuestales, señalando que al tramitarse el proyecto de presupuesto, el Congreso no
podrá aumentar ni el cómputo de las rentas y recursos de capital ni ninguna de las
partidas del presupuesto de gastos propuestas por el gobierno, ni incluir una nueva,
salvo que exista concepto previo y favorable del gobierno, expresado en un mensaje
suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o más brevemente, mediante aval
previo del ministro.
[…]

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

2. Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de 2024 el
Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del Congreso el
Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en julio el proyecto de
presupuesto.

El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del PGN es
definir si el proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Si así lo consideraban las comisiones, el proyecto podía devolverse al Ministerio de
Hacienda antes del 15 de agosto, para que realizara las enmiendas correspondientes.
Esto no aplicó en el trámite para el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.

3. La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del Presupuesto,
que debe aprobarse antes del 15 de septiembre.

Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron inconveniente
aprobar un Proyecto de presupuesto desfinanciado, por lo cual no se aprobó el monto
antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda presentó una nueva propuesta de
proyecto ante el Congreso, manteniendo el monto inicial, pero modificando asignaciones
específicas. Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso negaron
definitivamente el monto del nuevo proyecto que presentó el gobierno.

4. Lo anterior y, de acuerdo con el Estatuto Orgánico permite que en caso de que el
Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre aprobar por decreto el proyecto
inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. En este orden, el Congreso de la
República a través de sus comisiones económicas a partir de no haber aprobado el
monto del presupuesto para 2025, no ha tenido más injerencia en su aprobación.

Adicionalmente, para que sean consideradas las propuestas que usted plantea en su
solicitud, existe una restricción importante: se requiere el aval previo del Ministro de
Hacienda y Crédito Público. De manera que, en el caso de que el Gobierno Nacional
considerara viables o convenientes tales solicitudes, o parte de ellas, después de
examinar argumentos jurídicos y financieros, es el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, el que podía otorgar aval, por lo que se concluye que desde el Congreso de la
República en su momento, de manera autónoma no podía acceder a lo pedido y con
más razón porque la competencia para decretar el presupuesto, por lo comentado, está
en cabeza del Gobierno nacional. […]». (sic)

Así las cosas, en la medida en que el Congreso de la República atendió la petición
presentada por el demandante mediante el oficio SGE-CS5096-2024 del 31 de
octubre de 2024, el cual fue comunicado en la misma fecha, en el presente asunto
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, durante el
trámite de la solicitud de amparo, la mencionada autoridad adelantó las gestiones
pertinentes para hacer cesar la conducta vulneratoria del derecho de petición de
Hugo Ariel Reyes Vargas.

La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 20198, respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:

«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u

8 M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado […]»

En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por el demandante,
de forma que la Sala confirmará la decisión de declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada en cuanto al Congreso de
la República.

2.4.2. En cuanto a la Presidencia de la República

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto por el a quo, respecto a la Presidencia
de la República se observa que actuó en el marco de lo establecido en el artículo
21 de la Ley 1437 de 2011, pues dio traslado de la petición al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público a través de Oficio OFI24-00192604/GFPU 13150000 del 26 de
septiembre de 2024, por considerarlo competente para resolver los requerimientos
del demandante, además de poner en su conocimiento la respectiva remisión.

De tal manera, en cuanto a la competencia de la Presidencia de la República para
pronunciarse de fondo sobre los requerimientos del demandante, debe precisarse
que, más allá de que la respuesta de fondo a las peticiones no siempre implique un
contenido favorable a lo pedido, se debe tener en cuenta que el poder, la
competencia y las funciones estatales son sujeto de figuras como la
desconcentración, descentralización y delegación, razón por la cual la capacidad de
respuesta de las autoridades se encuentra supeditada a las potestades otorgadas
en la Constitución Política y la ley.

En este orden de ideas, en la medida en que la Presidencia de la República explicó
los motivos por los cuales la competencia para resolver las solicitudes presentadas
por el demandante se encuentra en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, efectuó la respectiva remisión y le informó al peticionario, se debe negar el
amparo invocado en cuanto a esta entidad.

2.4.3. En cuanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asimismo, se evidencia que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio
respuesta a la petición del demandante, en los siguientes términos:

«[…] En atención a su petición, relacionada con la inclusión en el Presupuesto General
de la Nación de la vigencia 2024, de unas acreencias fiscales a favor del Departamento
del Magdalena, de que tratan una serie de normas sobre las cuales esta Dirección se
pronunció el 10 de marzo y 26 de octubre de 2021, es pertinente indicar que el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala: (…)

En consecuencia, por tratarse de una solicitud que ya fue resuelta y por tanto resulta
reiterativa, se adjunta los Oficios Radicados: 2-2021-012233 del 10 de marzo y 2-2021-
056949 del 26 de octubre de 2021. […]». (sic)

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

Ahora bien, al remitirnos a los mencionados oficios con los que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público dio respuesta de fondo a la petición del demandante en
una ocasión anterior, se evidencia que aquella se encuentra relacionada con el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.° de la Ley 9 de 1911 y la inclusión de
las partidas ordenadas en la ley de presupuesto, respecto de las cuales el ente
ministerial señaló que: «[…] no se observa disposición normativa, actualmente vigente,
que obligue a la Nación a pagar una indemnización “indefinidamente”. De conformidad con
lo anterior, no es posible incluir las partidas por concepto de la indemnización a que se
refiere su petición en el Presupuesto General de la Nación y en el Presupuesto de Regalías,
bajo las normas de la Constitución Política de 1991, las normas orgánicas actuales en
materia presupuestal, y las del Sistema General de Regalías […]». (sic)

Sumado a esto, debe destacarse que en la respuesta a la solicitud del 19 de
septiembre de 2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se refirió a una
petición de Hugo Ariel Reyes Vargas, relacionada con «la inclusión en el Presupuesto
General de la Nación de la vigencia 2024, de unas acreencias fiscales a favor del
Departamento de Magdalena», pero la que trata el presente asunto se refiere al
departamento de Boyacá y al municipio de Muzo.

Sin embargo, tal como lo manifestó la autoridad demandada en el oficio de
respuesta del 26 de octubre de 2021, no se puede desconocer que se trata de
peticiones reiterativas en las que el ciudadano hace referencia al mismo sustento
fáctico y normativo, esto es, si es procedente incluir en el Presupuesto General de
la Nación unas partidas a manera de indemnización para los entes territoriales, las
cuales han sido atendidas en múltiples ocasiones con la suficiente claridad, de
acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011.

Tan es así que el demandante presentó otras 2 solicitudes de tutela con el mismo
objeto en las que el único cambio que se observa son algunas de las entidades
demandadas, pues en el expediente 11001-03-15-000-2024-05625-00 dijo defender
los derechos del departamento del Magdalena; y en el 11001-03-15-000-2024-
05627-00, conocido por el despacho sustanciador del presente asunto en ocasión
anterior, a los departamentos de Bolívar y Atlántico.

Situación que fue advertida por el juez de tutela en esta oportunidad y que, si bien
en principio pudiera configurar cosa juzgada por tratarse de una causa idéntica, se
soslaya precisamente porque el demandante actúa con el convencimiento que al
presentar la misma solicitud en favor de distintos entes territoriales la naturaleza del
amparo difiere entre unos y otros, máxime si se tiene en cuenta que en esta
oportunidad el demandante no presentó la solicitud de amparo contra autoridades
del nivel territorial, más allá de mencionarlas, por lo que fueron vinculadas, punto
respecto del que no se manifestó inconformidad alguna.

Así las cosas, en la medida en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
resolvió los requerimientos del demandante, conforme a los términos del artículo 19
del C.P.A.C.A. en tratándose de peticiones reiterativas, se confirmará la decisión de
negar el amparo invocado en cuanto a la autoridad mencionada.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05621-01
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas

3. Conclusión

En este orden de ideas, esta Sala de decisión confirmará el pronunciamiento del
juez de primera instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la solicitud presentada ante el Congreso de la República;
y negó el amparo del derecho de petición de Hugo Ariel Reyes Vargas en cuanto a
la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la solicitud de tutela
presentada por Hugo Ariel Reyes Vargas, contra el Congreso de la República, la
Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAV/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.