Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05627-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05627-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05627-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Derecho de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Hugo Ariel Reyes Vargas, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en
los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Hugo Ariel Reyes Vargas promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su
derecho y garantía fundamental de petición, el cual consideró vulnerado con ocasión
de la falta de respuesta al requerimiento presentado el 19 de septiembre de 2024 ante
la Presidencia de la República; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección
General del Presupuesto Público Nacional; los departamentos de Atlántico y Bolívar; y
el Congreso de la República.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) En la fecha referida elevó solicitud de información acerca de las medidas que se han
adoptado para la protección de los derechos adquiridos de los departamentos de
Atlántico y Bolívar, respecto a las rentas periódicas de indemnización, sustentadas en
las obligaciones emanadas del contrato 9 de enero de 1886, que se han omitido
apropiar en la Ley del Presupuesto desde 1939.
ii) A la fecha, pese a que ha recibido algunas respuestas, ninguna es de fondo y se
limitan a calificarlo de «temerario y reiterativo».
1.1.2. Pretensiones
1 Ver índice 2 de Samai del expediente 11001031500020240562700. Archivo denominado
«4ED_DemandaPDF(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1)-Que Se declare que Los TUTELADOS, que “Me ha Vulnerado” mi derecho
fundamental de Petición y del “Acceso” a la administración pública” y de justicia, para “Los
FINES” INVOCACION de los “ART 144, y 161 Num 4)- de la Ley 1437/2011, DE AGOTAR
requisito, Para ACCION POPULAR, que “Fue ENVIADO” por Vía Digital el día 19 Septiembre
2024.; y A La FECHA, “No HE RECIBIDO” Ninguna COMUNICACIÓN, que DEBE SER de
Fondo Acorde a lo Solicitado, Y “No SE ARGUYA” que “Soy Reiterativo”, como Me
Responden, por las Reclamación que hice para los “Departamentos del Atlántico y Bolívar”,
Violándome el “Art 19”, Segundo parraf de la Ley 1755/2015, como “EXCEPCIÓN”, cuando
lo que “SE RECLAMA”, por tener la condición de SER BIENES Fiscales de Propiedad de los
Departamentos, que al Igual que los derechos que la Nación Tiene sobre sus “rentas,
regalías o bienes”, estos Son “IMPRESCRIPTIBLES”, por lo que No “Soy REITERATIVO, Ni
Temerario”, como en el presente asunto, que defiendo en esta Acción.
2)-Que como consecuencia de las Declaraciones, a las Vulneraciones, al “Derecho de
Petición”, (Art 23 cn); Del PUNTO 1)-.y de la Vulneración al Acceso a la Administración
Publica y de Justicia, para los Fines que Tiene la INVOCACION de los “ART 144, y 161 Num
4)- de la Ley 1437/2011, para que ADOPTARA Las Medidas, Necesarias de PROTECCIÓN
del DERECHO PATRIMONIALES (Arts 1005, 2359, 2360 del Cod Civil) y Los Colectivos
desde la cn/1991, que Se VIOLAN al “Departamento del Bolivar”, de parte de las
ENTIDADES Públicas de la PRESIDENCIA, el DAPRE, el Ministerio de Hacienda, y la
Dirección Nacional de Presupuesto y por el PONENTE en el CAMARA, que DEBEN TODOS,
cumplir las leyes de indemnizaciones, y Hacerlas Cumplir cada año, Como DEUDORES
FISCALES que son, por la OMISIÓN ADMINISTRATIVA, en APROPIAR las Partidas,
Necesarias, para CUMPLIR las Obligaciones FISCALES adeudadas, que son
imprescriptibles, hasta que se suscriban los convenios especiales de la Ley 15 del 10 de
abril de 1903, A FIN de PODER INTERPONER Una ACCION POPULAR, por afectaciones
al Patrimonio del Departamento de BOLIVAR.
3)-Se Les ORDENE a Cada entidad(es) PUBLICA a quien VAN DIRIGIDAS Las Peticiones
que Sean RESPONDIDAS de FONDO, en Lo Particular de los “ART 144 y 161” Num 4)- de
la Ley 1437/2011, que Mi Impiden Presentar la ACCION POPULAR, relacionada con el
DERECHO de “ACCESO A La ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA (Art 228, 229 cn); y
ACORDE A Lo Invocado, DENTRO de las 48 horas Siguientes a la Notificación del Fallo de
Tutela, que se sirva usted proferir en Mi favor […]»
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Gobernación del Atlántico2 solicitó se declarara la carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que a través del Oficio 20240710101971 de 31 de octubre
de 2024 la Subsecretaría de Rentas Departamental otorgó respuesta de fondo a la
petición elevada por el demandante, el cual le fue notificado al correo electrónico
aportado para tal fin: hugoareyesv2022@gmail.com.
1.2.2. La Cámara de Representantes, Secretaría General3 solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la petición fue remitida al
correo notificacionesjudiciales@camara.gov.co, correspondiente a la División Jurídica,
más no a esta dependencia, por lo que no tiene conocimiento del trámite impartido.
2 Ver índice 8 de Samai del expediente 11001031500020240562700. Archivo denominado
«15RECIBEMEMORIAL_120240710102201_0000(.pdf) NroActua 8»
3 Ver índice 9 de Samai del expediente 11001031500020240562700. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_Memorial_SG221032024Consejode(.pdf) NroActua 9»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
1.2.3. El Senado de la República, Secretaría General4 solicitó que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la petición fue recibida por la
Presidencia de la corporación, quien la remitió por competencia a la autoridad
pertinente. Actuación informada al peticionario a través del Oficio SGE-CS-5096-2024,
remitido al correo hugoareyesv2022@gmail.com.
1.2.4. La Presidencia de la República5 solicitó que se negara lo pretendido ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que
otorgó respuesta a la petición elevada por el demandante mediante el oficio OFI24-
00192614 / GFPU 13150000 del 26 de septiembre de 2024, en el sentido de redirigirla
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
1.2.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional y el departamento de Bolívar guardaron silencio6.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación en la causa
por pasiva; iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la solicitud de
tutela - el derecho de petición; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7
esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra la
Presidencia de la República y otros.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
4 Ver índice 10 de Samai del expediente 11001031500020240562700. Archivo denominado
«29RECIBEMEMORIAL_Memorial_PRECSCV196990TRASLAD(.pdf) NroActua 10»
5 Ver índice 12 de Samai del expediente 11001031500020240562700. Archivo denominado
«35RECIBEMEMORIAL_OFI2400219486GFPUpdf(.pdf) NroActua 12»
6 Mediante auto del 23 de octubre de 2024 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar como
parte demandada.
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
La Corte Constitucional8 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los
de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar
primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar
el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones
plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”11 Ello obliga,
por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la
demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin
perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]»
La Cámara de Representantes alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que lo pretendido no es de su competencia y que la solicitud tampoco fue
remitida a esa dependencia.
Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de demanda, al ser una de las entidades contra las cuales el demandante elevó
la solicitud y en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que
se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿las entidades demandadas vulneraron el derecho
fundamental de petición de Hugo Ariel Reyes Vargas ante la falta de respuesta al
requerimiento de información radicado ante estas el 19 de septiembre de 2024?
2.4. Procedencia de la solicitud tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
8 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
9 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
11 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único
medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el
mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones
que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Sobre el derecho de petición
Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de petición ha
señalado la Corte Constitucional:
«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos
de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es el acudir
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía gubernativa, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario
acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición
formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la decisión judicial,
ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o no produzca en
forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.
Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar
un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de
tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».
En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[…]Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo implica que la
respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta sea suficiente,
efectiva y congruente.
2.5. Análisis de la Sala
Hugo Ariel Reyes Vargas acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara su
derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordenara a las entidades
demandadas dar respuesta a la solicitud elevada el 19 de septiembre de 2024. Al
respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:
• El demandante radicó petición ante las entidades demandadas, desde el correo
electrónico hugoareyesv2022@gmail.com, en los siguientes términos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
«[…] 1)- SEÑORES (AS) Funcionarios(as); Me INFORME, Que MEDIDAS y ACCIONES, Se
ADOPTARA para la PROTECCIÓN del DERECHO Adquiridos, del Departamento de
BOLIVAR, Como Parte que es de “La NACION”, por el “Art 6” de la Ley 110 de 1912,
Emanadas de las OBLIGACIONES del “Contrato ESTATAL” de Fecha Nueve (9) de Enero
de 1886, “No CUMPLIDO” Sus Obligaciones, desde 1938, que se Relaciona Con Los
DERECHOS PATRIMONIALES, VIOLADOS, por la Misma Autoridad que los Debía
CUMPLIR Cuando “No APROPIAN”, Los Recursos Necesarios en el proyecto de Ley de
Presupuesto Presentado al Congreso para el año 2024, para CUMPLIR, con las “Rentas”
que son parte del Situado fiscal de Departamento de Bolívar.
2)-Que ME INDIQUE Cuando Lo CUMPLIRAN, EL PAGO de las Obligaciones emanadas
del CONTRATO del Nueve (9) de Enero de 1886, Y Pendientes de Liquidarse y
APROPIARSE desde el año 1939, CON SUS AUMENTOS que Ordeno el legislador, y le
REQUIERO, AL DESPACHO, Que ORDENE que se DEBEN Cumplir las Normas Vigentes
de INDEMNIZACIONES Y de Liquidar en Sus AUMENTOS(que Nunca los cumplieron.).
3)-Que Medidas adoptara, para HACER EFECTIVAS Las AUTORIZACIONES, del “Art 4” de
la Ley 15 de 1905, Para SUSCRIBIR Los “CONVENIOS ESPECIALES”, Para Efectos del
REQUERIMIENTO Previo del “Art 144” de la Ley 1437/2011, y de lo PREVISTO en Segundo
Párrafo, que dijo; “Cuando la VULNERACIÓN de los derechos e intereses colectivos
PROVENGA de la ACTIVIDAD de Una ENTIDAD PÚBLICA, PODRÁ DEMANDARSE su
PROTECCIÓN, inclusive cuando La CONDUCTA VULNERANTE SEA un acto
administrativo O Un CONTRATO […]».
Al respecto de los informes rendidos, se tiene que cada una de las entidades atendió la
solicitud en los siguientes términos:
• La gobernación del Atlántico mediante Oficio 20240710101971 del 31 de octubre de
2024 indicó al demandante que su petición debía ser atendida por las autoridades del
nivel central, y en atención a su finalidad ya acreditaría el requisito de la reclamación
administrativa, así:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
• Respuesta que fue notificada al correo el demandante, el 1 de noviembre de
2024, se observa:
• La Cámara de Representantes, Secretaría General afirmó no haber recibido petición
alguna por parte del demandante en la mencionada fecha, por lo que trasladó la
solicitud de amparo al jefe de la división jurídica en los siguientes términos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
• El Senado de la República, Secretaría General mediante el oficio SGE-CS-5096
del 31 de octubre de 2024 dio respuesta a la petición objeto de amparo, en el
siguiente sentido:
• Respuesta notificada al peticionario mediante correo electrónico, como se observa:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
• La Presidencia del Senado de la República mediante el Oficio PRE-CS-CV19-6990
del 8 de octubre de 2024, trasladó por competencia la petición del demandante al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• La Presidencia de la República mediante el Oficio OFI24-00192604 / GFPU 13150000
del 26 de septiembre de 2024 otorgó respuesta al demandante, en los siguientes
términos:
«[…] I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden
los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las
sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los temas
como los que usted menciona en sus comunicaciones.
II. Asunto materia de consulta.
I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público, se
han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden los
ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las
sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los temas
como los que usted menciona en sus comunicaciones.
II. Asunto materia de consulta. Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle
que, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",
modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a sus comunicaciones al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, entidad(es) legalmente facultada(s), para conocer del tema
expuesto por usted en sus misivas, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la
consideración y fines pertinentes.
Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de presentar
alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esas entidades a través de sus
canales de atención o a los siguientes correos electrónicos:
relacionciudadano@minhacienda.gov.co. […]».
• Dicho traslado fue notificado mediante correo electrónico al demandante y a la entidad
competente, como se observa en la guía de trazabilidad:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional, y el departamento de Bolívar no rindieron informe al respecto.
Para concluir, a juicio de la Sala, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente
y ante el silencio de las últimas entidades referidas, se tendrá por cierta la vulneración
alegada en los términos del Decreto 2591 de 1991, que dispone:
Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo
que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
Dicho ello, la ausencia de respuesta a la solicitud elevada por el demandante por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Bolívar configuran
una flagrante vulneración de su derecho fundamental de petición, por lo que, se
accederá al amparo pretendido respecto de estas entidades territoriales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Asimismo, pese a que la Cámara de Representantes adujó que no se ha radicado
ninguna petición a través de sus canales institucionales, lo cierto es que de acuerdo
con las pruebas aportadas se observa constancia de envío al correo electrónico referido
en la página web, razón por la cual también se accederá al amparo frente a esta.
En consecuencia, se les ordenará a las referidas entidades que, en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, atiendan la
petición elevada por el demandante, cuya respuesta de ninguna manera puede
contener demora adicional.
Ahora, en cuanto a la actuación adelantada por la Presidencia de la República de remitir
a la autoridad competente la petición objeto de amparo y comunicárselo al interesado,
esta se ajusta a las disposiciones del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la
Sala negará el amparo pretendido en su contra.
Finalmente, respecto de la gobernación del Atlántico y el Senado de la República, en
atención a que otorgaron respuesta a la petición durante el trámite de la solicitud de
amparo, se evidencia la configuración de una carencia actual de objeto por hecho
superado, pues, finalizó la conducta vulneradora alegada por el demandante.
La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 201912, respecto del fenómeno jurídico
de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:
«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de
tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó
o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional
en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado
[…]»
En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Hugo Ariel Reyes
Vargas, de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
en la solicitud de tutela presentada contra la Gobernación del Atlántico y el Senado de
la República.
Finalmente, la Sala debe precisar que, pese a que en la constancia de envío de la
petición obran como destinatarias más entidades, estas no fueron vinculadas en razón
a que en su contra no se endilgó vulneración alguna ni fueron identificadas como
demandadas, sumado a ello, el demandante fue claro en precisar respecto de cuales
se motivaba la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley
F A L L A:
12 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05627-00
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Cámara de Representantes, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Amparar el derecho fundamental de petición de Hugo Ariel Reyes Vargas
vulnerado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del
Presupuesto Público Nacional; la Cámara de Representantes y el departamento de
Bolívar; de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Ordenar a las referidas entidades que, en el término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, atiendan la petición elevada
por Hugo Ariel Reyes Vargas el 19 de septiembre de 2024, cuya respuesta de ninguna
manera puede contener demora adicional.
Cuarto. Declarar la carencia actual de objeto de hecho superado, respecto de la
Gobernación del Atlántico y el Senado de la República, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Quinto. Negar el amparo respecto de la Presidencia de la República, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
Sexto. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991.
Séptimo. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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