Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05678-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
14 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Demandantes: MUNICIPIO DE RIONEGRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD
Síntesis del caso: el municipio cuestionó la providencia proferida en un proceso de revisión
en el cual se declaró la invalidez de un acuerdo municipal. La Sala declarará improcedente
la acción de tutela por falta de subsidiariedad, toda vez que existe otro medio idóneo para
obtener lo que se pretende a través de este mecanismo constitucional.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el municipio de Rionegro, en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por
esa autoridad judicial en el proceso con radicación no. 05001-23-33-000-2024-
00953-00.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
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Mediante escrito del 22 de octubre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción de tutela, la demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) El 27 de junio de 2024, el Concejo de Rionegro aprobó el Acuerdo Municipal no.
006 de 2024, motivo por el cual el 31 de julio de 2024 el gobernador del
departamento de Antioquia presentó solicitud de revisión de dicho acuerdo ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2) En auto de 9 de agosto de 2024, se admitió el proceso, se ordenó notificar a las
partes y se fijó la solicitud en lista el asunto por 10 días para que cualquier persona
pudiera intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del
decreto, término que transcurrió sin intervención alguna.
3) Mediante sentencia de única instancia del 30 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo Municipal no. 006 de
2024 tras considerar que el concejo municipal se excedió en sus competencias y
atribuciones al facultar al alcalde para fusionar, suprimir o crear organismos,
dependencias y/o empleos y delegar sus funciones en materia presupuestal en la
administración municipal.
4) El 8 de octubre de 2024, el presidente y la secretaria del Concejo de Rionegro
solicitaron al tribunal la evidencia sobre la notificación electrónica pues manifestaron
no haber sido notificados personalmente de dicho proceso.
5) En memorial de 11 de octubre de 2024, la secretaria del Tribunal Administrativo
de Antioquia manifestó que el proceso fue fijado en estados por 10 días, no
obstante, el auto no fue notificado personalmente, ni puesto en conocimiento a las
partes, debido a un olvido que se cometió.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
Fundamentos de la vulneración
El municipio demandante alegó que la sentencia de 30 de septiembre de 2024
incurrió en una violación directa de la Constitución pues, al municipio no se le
notificó del proceso ordinario, motivo por el cual nunca tuvo las garantías mínimas
tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, puesto que
no se le permitió presentar escrito de contestación o solicitar pruebas.
Finalmente, precisa que, de no haberse presentado una violación directa del
derecho fundamental del debido proceso, la entidad habría podido exponer sus
argumentos respecto de la legalidad y constitucionalidad del acuerdo atacado y el
juez de conocimiento hubiera tenido más elementos de juicio en los que podría
haber basado su decisión.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, en la acción de tutela la demandante solicitó que se
acceda a las siguientes súplicas:
“Con base en los hechos y fundamentos antes planteados, solicito
respetuosamente:
1. Tutelar el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso que
fuere conculcado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión, con ocasión de la expedición de la sentencia del 30 de
septiembre del año 2024; acotando que de encontrarse que son otros los
derechos fundamentales a amparar, o por unas razones diferentes a las
expuestas, se proceda de conformidad según la posibilidad desde fallar
extra y ultra petita que rigen en sede de tutela.
2. Consecuencia de lo anterior, se solicita dejar sin efecto la providencia
reseñada, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido
proceso constitucional y, se ordene conceder las oportunidades
procesales pertinentes, aplicables al caso en concreto.”. (mayúsculas, del
original - archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto del 24 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela, se notificó
al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Antioquia y se vinculó al gobernador del Departamento de Antioquia, al personero
municipal de Rionegro, al Concejo Municipal de Rionegro y al secretario (a) del
Tribunal Administrativo de Antioquia, entregándoles copia de la demanda y los
anexos, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
Intervenciones de la autoridades demandadas y vinculadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia precisó que el
Decreto Ley 1333 de 1986, que es la norma especial que rige este tipo de
procedimientos para la revisión de acuerdos municipales, no prevé la notificación
personal del auto, sino que, por el contrario, únicamente se refiere a la fijación en
lista para garantizar la participación de cualquier persona interesada en el debate,
motivo por el cual, aunque en el auto admisorio se incluyera por defecto la orden de
notificación personal, ello no configura irregularidad alguna.
De igual forma, precisó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad pues el
municipio demandante cuenta con la solicitud de nulidad por indebida notificación
del auto admisorio, la cual no ha agotado y con la que podría poner de presente
ante el mismo tribunal su falta de notificación para que sea este quien decida lo
correspondiente.
El Concejo de Rionegro afirmó que el memorial del 11 de octubre de 2024 prueba
completamente la omisión en la notificación personal del auto, lo cual constituye una
grave violación del debido proceso constitucional pues, la omisión incide
negativamente en los intereses de las partes involucradas, en tanto que se les privó
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
de la posibilidad de pronunciarse sobre los hechos que configuraron el Acuerdo 004
de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción y
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por esa autoridad judicial en el
proceso con radicación no. 05001-23-33-000-2024-00953-00.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad
con fundamento en lo siguiente:
2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese
a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En su escrito de demanda, el accionante pretende dejar sin efectos la sentencia
de 30 de septiembre de 2024 por la indebida notificación personal del auto admisorio
de la demanda.
2) En esa medida, la Sala advierte que la misma es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que,
a pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso y acceso a la administración de justicia, el demandante no agotó todos los
medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia
de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez
constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes
en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.
3) Así pues, como lo ha decidido esta misma Sala de Subsección en anteriores
oportunidades2, el municipio demandante contaba con posibilidad de presentar una
solicitud de nulidad para que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del
proceso y el juez se pronuncie sobre la supuesta omisión en la notificación del auto
admisorio.
4) Como se explicó anteriormente, la acción de tutela no procede ante la posibilidad
con la que contó el actor de acudir a otros mecanismos judiciales para cuestionar la
providencia que estimó trasgresora de sus derechos constitucionales
fundamentales.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de abril de 2024,
exp. 23001-23-33-000-2024-00017-01 (AC), MP Alberto Montaña Plata; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2024, exp. 11001-
03-15-000-2023-06372-01 (AC), MP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de enero de 2023, exp. 11001-03-15-000-2022-
05691-01 (AC), MP Fredy Ibarra Martínez,
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
5) Ahora bien, para que la acción de tutela proceda como medida transitoria en los
términos reclamados en la impugnación, la parte actora debe demostrar la
inminencia, gravedad y urgencia del perjuicio irremediable, sin embargo, en este
caso, el municipio de Rionegro no acreditó un perjuicio irremediable o de urgencia
que no pueda ser reparado a través de la solicitud de nulidad.
6) Por ende, el municipio debe presentar dicha solicitud para cuestionar esa
supuesta omisión, puesto que ese es el mecanismo idóneo y eficaz previsto por el
legislador para cuestionar la falta de vinculación o notificación a un proceso3.
7) En consecuencia, se declarará improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad porque, como se indicó, el municipio de Rionegro podía
presentar una solicitud de nulidad en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se le notificara del auto admisorio como
aquí lo pretende y con ello otorgar la oportunidad al juez ordinario de pronunciarse
y -de ser el caso- corregir la omisión, de modo que cualquier determinación que se
adopte en ese sentido supondría vaciar de contenido la competencia del juez
ordinario, sin que en este caso ello sea necesario porque no se probó la existencia
de un perjuicio irremediable que requiera de medidas impostergables,
improrrogables y urgentes para conjurarlo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
3
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05678-00
Actora: Municipio de Rionegro
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
4°) Una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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