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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00017-01

Fecha
22 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 23001-23-33-000-2024-00017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar se dispone, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Yulis Paola Fuentes Cuadrado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello9. 9 secgeneral@consejodeestado.gov.co 7 de 8 Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01 Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia Decisión: Revoca – declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 23001-23-33-000-2024-00017-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

22 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 22 de abril de 2024

Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con posterioridad al auto admisorio de
la demanda y que se ordenara su vinculación a dicho asunto.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver
la impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia
de 29 de enero de 20242, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, que negó las súplicas de amparo.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 15 de enero de 2024, Yulis Paola Fuentes Cuadrado presentó acción
de tutela en contra del Juzgado 7 Administrativo de Montería y el municipio
de Moñitos (Córdoba), por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y “estabilidad
laboral”, con ocasión de la falta de vinculación al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 23001-33-33-007-2022-00555-00, la
adopción de una medida cautelar dentro de ese proceso y, como
consecuencia de ello, el retiro del cargo que desempeñaba.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “NEGAR la tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

“2.1 PRIMERO: Conceder el amparo para la protección constitucional de los
derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, ESTABILIDAD LABORAL DE
FUNCIONARIO NOMBRADO EN PROPIEDAD, DERECHO DE DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN y POR VIOLACIÓN AL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO
vulnerado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería – Córdoba. Y en
consecuencia.

2.2 SEGUNDO: Se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo de Montería
Córdoba, a declarar la nulidad auto de fecha ocho (8) septiembre del año dos
mil veintitrés (2023), que decreto la medida cautelar y de lo actuado en el
proceso hasta el auto admisorio de la demanda y se proceda a ordenar mi
vinculación al proceso en aras de ejercer mi derecho de defensa y
contradicción.

2.3. TERCERO: Se ordene a la Alcaldía Municipal de Moñitos a reintegrarme al
cargo de gerente de la ESE CAMU MOÑITOS – CORDOBA y pagarme los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Mediante Decreto No. 38 de 28 de marzo de 2022, el alcalde
municipal de Moñitos aceptó la renuncia de María Patricia Rocha Otero al
cargo de Gerente de la ESE CAMU.

5. 2) El 2 de agosto de 2022, a través del Decreto No. 64, el alcalde
municipal de Moñitos nombró, en interinidad, a Yulis Paola Fuentes
Cuadrado en el cargo de Gerente de la ESE CAMU, mientras se desarrollaba
el proceso de selección para un nombramiento definitivo. Mediante
Decreto No. 66 de 15 de noviembre de 2023, la accionante fue nombrada,
en propiedad, en el mismo cargo de gerente.

6. 3) María Patricia Rocha Otero presentó demanda con el objeto de
que se declarara la nulidad del Decreto No. 38 de 28 de marzo de 2022, por
medio del cual el alcalde del municipio de Moñitos aceptó su renuncia al
cargo de Gerente de la ESE CAMU. Adicional a ello y, como consecuencia
de la nulidad, solicitó su reintegro, que se declarara que no existió solución
de continuidad y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
en el tiempo que estuvo desvinculada del mencionado cargo.

7. Adicional a lo anterior, solicitó que se decretara una medida cautelar
consistente en la suspensión provisional del Decreto No. 38 de 28 de marzo
de 2022.

8. 4) El asunto le correspondió al Juzgado 7 Administrativo de Montería
que, mediante Auto de 24 de noviembre de 2022 admitió la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada en contra del municipio
de Moñitos.

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Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

9. 5) El 8 de septiembre de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de Montería
profirió un auto a través del que accedió a la medida provisional de
suspensión del Decreto No. 38 de 28 de marzo de 2022 y ordenó el reintegro
de María Patricia Rocha Otero al cargo de Gerente de la ESE CAMU.

10. 6) José Plaza Murillo, quien manifestó dentro del proceso ordinario que
actuaba en calidad de apoderado del municipio demandado, presentó los
siguientes escritos: (a) el 11 de septiembre de 2023, solicitud de aclaración
del Auto de 8 de septiembre de 2023; (b) el 13 de septiembre 2023, solicitud
de nulidad de lo actuado dentro del expediente; y (c) el 14 de septiembre
de 2023, recurso de apelación contra el decreto de la medida cautelar.

11. 7) El 26 de septiembre de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de
Montería profirió auto mediante el cual decidió tener por no presentadas las
solicitudes de aclaración de auto, nulidad y el recurso de apelación contra
el auto que decretó la medida cautelar, en atención a que el señor Plaza
Murillo no allegó el poder que acreditaba que actuaba en representación
del municipio de Moñitos.

12. 8) El 28 de septiembre de 2023, el municipio de Moñitos presentó una
solicitud de nulidad dentro del proceso ordinario pues, a su juicio, se debió
vincular a Yulis Paola Fuentes Cuadrado como litisconsorte necesaria, en
atención a que era quien ocupaba el cargo de gerente de la ESE CAMU.

13. 9) El 10 de octubre de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de Montería
profirió un auto a través del que negó la solicitud de nulidad tras considerar
que la señora Fuentes Cuadrado no se trataba de una litisconsorte
necesaria en la medida en que su nombramiento en el cargo de gerente se
dio en interinidad y, en consecuencia, su no vinculación no impedía la
adopción de una decisión de fondo en ese asunto.

14. 10) Mediante Decreto No. 3 de 1 de enero de 2024, el municipio de
Moñitos, en cumplimiento de la orden judicial dada mediante Auto de 8 de
septiembre de 2023, ordenó el reintegro de María Patricia Rocha Otero al
cargo de Gerente de la ESE CAMU y, en consecuencia, decretó la
terminación del nombramiento Yulis Paola Fuentes Cuadrado y el
consecuente retiro del cargo.

15. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que,
dentro del proceso judicial objeto de la acción de tutela, se presentó un
defecto procedimental absoluto por la omisión en su vinculación,
notificación y traslado como litisconsorte necesaria, pues era quien
desempeñaba el cargo de gerente de la ESE CAMU, en el momento en que
se profirió la medida provisional. Lo anterior consideró que estaba en

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Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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contravía del trámite dispuesto en el artículo 61 del Código General del
Proceso.

16. Además, puso de presente que, en casos similares, el Consejo de
Estado ha declarado la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario, ante
la falta de vinculación de terceros afectados con las decisiones del juez
natural del asunto. Para sustentar esa afirmación, hizo referencia a la
Sentencia de 16 de marzo de 2011, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, Rad. No. 11001-03-15-000-2011-00090-00.

17. Como consecuencia de lo anterior, consideró que se debía declarar
la nulidad de lo actuado en el asunto con posterioridad al auto admisorio
de la demanda, pero principalmente la nulidad debía recaer sobre al auto
que accedió a una medida cautelar.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

18. A través de Sentencia de 29 de enero de 2024, el Tribunal
Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la acción de tutela.
Para ello indicó que revisado el expediente del proceso judicial objeto de
discusión, evidenció que la relación jurídica en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho era entre la señora Rocha Otero y el municipio
de Moñitos. En ese orden, indicó que el acto de nombramiento y la posesión
de la señora Fuentes Cuadrado fueron actuaciones posteriores a las que son
objeto de debate en el proceso ordinario.

19. Adicionalmente, indicó que, con las pruebas que se allegaron al
expediente, no se demostró que Yulis Paola Fuentes Cuadrado, por su propia
cuenta, realizara actuaciones tendientes a lograr su vinculación al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. Yulis Paola Fuentes Cuadrado impugnó la sentencia de primera
instancia, solicitó su revocatoria y, en consecuencia, que se declarara la
vulneración de derechos fundamentales reclamada. Como sustento de su
recurso mencionó que debió ser vinculada al proceso judicial pues se
trataba de una litisconsorte necesaria, en la medida en que no era posible
dictar una medida cautelar que afectaba su situación, sin permitirle el
ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa.

21. Insistió en los fundamentos planteados en el escrito de tutela,
referentes a la configuración de un defecto procedimental absoluto, pues
el juez accionado se apartó del procedimiento establecido en el artículo 61
del Código General del Proceso y reiteró que el Consejo de Estado en el
asunto con Rad. No. 11001-03-15-000-2011-00090-00 declaró la nulidad de lo

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Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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actuado en el proceso ante la falta de vinculación de terceros que podían
verse afectados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3

22. En el caso bajo estudio, la Sala revocará la decisión de primera
instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales alegados y,
en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

23. Para estudiar el aludido requisito, debe aclararse que lo pretendido
por la parte actora fue que se declarara la nulidad de lo actuado en el
asunto (incluida la medida provisional proferida) en virtud de su falta de
vinculación al proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 23001-33-33-007-2022-00555-00.

24. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6.14 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 865
constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. La Corte Constitucional6 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

26. En ese orden de ideas, en el presente caso, no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque: a) la parte actora no solicitó
la nulidad dentro del proceso judicial ordinario con ocasión de la omisión

3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-66 de 2019.
4 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
5 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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respecto de su vinculación y, b) no se alegó y mucho menos acreditó un
perjuicio irremediable.

27. a) Revisado el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de discusión en la presente tutela, se evidenció que Yulis
Paola Fuentes Cuadrado no ha acudido al proceso judicial ordinario a poner
de presente la nulidad que consideró que se configuraba con la omisión por
su no vinculación a dicho proceso.

28. Lo anterior pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1337
y 1358 del Código General del Proceso, constituye una causal de nulidad la
falta de notificación del auto admisorio a personas determinadas y/o la falta
de emplazamiento de aquellas personas que deban ser citadas como
partes, aspecto que podía ser alegado por la afectada dentro del proceso
judicial antes de que se dictara sentencia.

29. La Sala no desconoce que dentro del proceso judicial se alegó la
nulidad por la falta de vinculación al proceso de la señora Fuentes
Cuadrado por parte del municipio de Moñitos, a pesar de ello, debe
recordarse que el código estableció que la nulidad por indebida
representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser
alegada por la persona afectada. En ese orden, a efectos del estudio de la
subsidiariedad en la acción de tutela, no se puede entender que se ha
cumplido con el requisito, cuando la directamente afectada con la

7 “Artículo 133. Causales de Nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. // 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia. // 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales
legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. // 4.
Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial
carece íntegramente de poder. // 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. // 6. Cuando
se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. // 7. Cuando
la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso
de apelación. // 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley
así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de
acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar
una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia,
salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del
proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código
establece.”
8 “Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para
proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como
excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el
proceso sin proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por
la persona afectada.
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este
capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de
saneada o por quien carezca de legitimación.”

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Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
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aparente omisión en su vinculación, no ha ejercido los mecanismos judiciales
que ha dispuesto la Ley para el ejercicio de su defensa.

30. Así, ante la ausencia de agotamiento del mecanismo judicial ordinario
con el que contaba la señora Fuentes Cuadrado, se advierte que lo que
pretendió fue sustituir ese mecanismo con la acción de tutela, pues no se
evidenció que la demandante iniciara algún tipo de actuación con el fin de
cuestionar el trámite que, aparentemente, lesionaba sus derechos.

31. b) Por otro lado, en el proceso de tutela, la demandante no probó,
siquiera de forma sumaria, la causación de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la tutela como mecanismo transitorio, pues, si bien lo
mencionó en el escrito de tutela, sólo se limitó a indicar su significado sin
desarrollar argumentos que permitieran entender en qué consistía el mismo
o demostrarlo.

2.2. Conclusión

32. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la solicitud de amparo y, en su lugar, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar se dispone, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Yulis Paola Fuentes
Cuadrado, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello9.

9 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 23001-23-33-000-2024-00017-01
Demandante: Yulis Paola Fuentes Cuadrado
Demandados: Juzgado 7 Administrativo de Montería y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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