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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00058-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00058-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado. En su lugar: 1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00058-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

5 de mayo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00058-01
Demandante: ANTONIA MARÍA GUERRERO OSPINO
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE RECHAZÓ POR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
NULIDAD. PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. AVISO A
LA COMUNIDAD.

Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales, con ocasión del auto que rechazó por improcedente la
solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso por la omisión de las publicaciones
correspondientes para notificar a la comunidad de Sitionuevo y a los ciudadanos en general de
la existencia del proceso. Se revoca la decisión de primera instancia que negó el amparo
invocado y, en su lugar, se declara improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 6 de marzo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por Antonia María Guerrero
Ospino en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice
31- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 13 de enero de 2025, la señora Antonia María Guerrero Ospino, por intermedio de
apoderado judicial, presentó proceso de acción de tutela en contra de la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00058-01
Demandante: Antonia María Guerrero Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, a elegir y ser
elegido e igualdad y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“Primero. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso en
conexidad con primacía del derecho sustancial sobre lo formal, acceso a la
administración de justicia, derecho a la igualdad de la accionante ANTONIA
GUERRERO OSPINO domiciliada en Sitionuevo, Magdalena, ciudadana en
ejercicio, sufragante de los comicios electorales celebrados el pasado 29 de
octubre de 2023, registrado en el censo electoral del municipio de Sitionuevo,
Magdalena, mayor de edad, identificada con la CC No. 57.455.341 de
Sitionuevo (Magdalena), conforme a poder especial amplio y suficiente
otorgado, en su calidad de TERCERO CON INTERÉS, vulnerados por el
accionado, al proferir auto que rechazo por improcedente la solicut (sic) de
nulidad interpuesta por la comunidad en la cual la accionante aparece como
suscribiente.

Segundo. Que en consecuencia se declare la nulidad de lo actuado en el
proceso desde la notificación del auto admisorio de la acción de nulidad
electoral, quedando comprendida la obligación del A quo de informar la
admisión de la demanda a la comunidad al tenor de lo previsto en el numeral
5to del artículo 277 del CPACA

Tercero. Remitir el expediente que contiene el proceso de Nulidad Electoral
contra la elección como alcalde de Sitionuevo, Magdalena, para el periodo 2024
– 2027, del señor Alfredo Navarro Manga, ante acción instaurada por la señora
KAREN JUDITH GUTIERREZ GARIZABALO.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) La señora Karen Judith Gutiérrez Garizabalo promovió demanda de nulidad electoral
en contra del acto E26 ALC, mediante el cual se declaró la elección de Alfredo Navarro
Manga como alcalde del municipio de Sitionuevo (Magdalena) para el período
constitucional 2024-2027, por cuanto, a su juicio, se configuraron los elementos de la
doble militancia en la modalidad de apoyo.

2) El 16 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena1 admitió la demanda
y su reforma y, en ese sentido, en el numeral sexto ordenó informar a la comunidad del
municipio de Sitionuevo (Magdalena) de la existencia del proceso, en los términos
establecidos en el ordinal 5 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

1 Proceso con radicación no. 47001-23-33-000-2023-00293-00/03.

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3) El 10 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones
de la demanda2, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación con
similares argumentos a los de la demanda.

4) El 7 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección del señor
Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo (Magdalena) para el período
2024-2027, en la medida que se encontraba acreditado que realizó muestras de apoyo
claras y concretas hacia el candidato al Concejo Municipal de Sitionuevo (Magdalena)
Harold Gutiérrez Parejo, que se enmarcan en la prohibición de doble militancia.

5) El 15 de noviembre de 2024, el abogado Luis Javier Cepeda Visbal, como apoderado
judicial de los señores Amaury Enrique Sánchez Rosales y otros 3, solicitó declarar la
nulidad de todo lo actuado, debido a que no se realizaron las publicaciones idóneas para
notificar a la comunidad política de Sitionuevo y a los ciudadanos en general, con el fin
de que cualquier residente de ese municipio pudiera intervenir y actuar en el medio de
control (índice 2, SAMAI).

6) Por auto del 3 de diciembre de 20244, la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó por improcedente la solicitud de nulidad por no sustentarse en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011; además, porque la
solicitud se radicó con posterioridad a la expedición del fallo del 7 de noviembre de 2024,
por lo cual su formulación solo podía versar sobre nulidades originadas en la sentencia,
tal como lo dispone el artículo 134 del Código General del Proceso, sin que la referida
omisión sea una de ellas.

2 Por cuanto no se demostró que el señor Alfredo Antonio Navarro Manga se encontrara incurso en la

prohibición de doble militancia, puesto que, del video, las fotos, capturas de pantalla y declaraciones de
terceros rendidas en el periodo probatorio no era posible extraer el apoyo, asistencia o acompañamiento
que requiere la materialización de esta conducta.
3 Los señores Vidal Antonio Altamar Ayala, Rafael Antonio Vergara Torrado, Luis Antonio Camargo Mejía,

Jorge Eliécer Charris Cervantes, Melquisedec Rosales Navarro, Carmen Fonseca Manga, Omar Díaz
Gutiérrez, Alfonso De la Cruz Valera, Alcira María Díaz Ruiz, Eduardo Manga Gastillo, Fanny Luz Suárez
Suárez, Rosmery Rodríguez Toledo, Luz Dary Rodríguez Samper, Marbiluz de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Elmer Retamozo Osorio, Laudith Paola Ayala Niebles, Andrés Mauricio Guerrero Fontalvo, Luis Fernando
Bolaño Cervantes, Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez y «cientos de personas más de las comunidades
políticas de la cabecera municipal y corregimientos Palermo y Buenavista del municipio de Sitionuevo en
número superior a las 1200 personas», dentro de los cuales no se encontró la señora Antonia María
Guerrero Ospino.
4 Decisión que se notificó el 15 de enero de 2025.

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7) El 6 de diciembre de 2024, el abogado Luis Javier Cepeda Visbal solicitó la aclaración
y adición de la anterior decisión, en atención a que se emplearon inadecuadamente
algunas frases y, por cuanto la solicitud de nulidad tenía una pretensión subsidiaria que
no fue objeto de análisis.

8) A su vez, mediante escrito separado, interpuso recurso de súplica por estimar
desacertada la motivación en la cual se sustentó la providencia.

9) Mediante auto del 14 de enero de 2025, se negó la solicitud de aclaración y adición y,
adicionalmente, se rechazó por improcedente el recurso de súplica propuesto.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales, con ocasión del auto proferido el 3 de diciembre de 2024,
por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto procedimental, en la medida que no se
informó a la comunidad de la existencia del proceso de nulidad electoral, tal como lo
dispuso el admisorio, lo cual le impidió, como votante de las elecciones a alcalde
municipal del municipio de Sitionuevo, hacer uso de las facultades previstas en el artículo
228 de la Ley 1437 de 2011, como impugnante o coadyuvante del demandado.

Es procedente que se declare la nulidad de todo lo actuado en el medio de control de
nulidad electoral y se integre en debida forma el contradictorio, con el fin de garantizar su
derecho del debido proceso y el principio de legalidad.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 24 de enero de 20255 la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de
la Sección Quinta del Consejo de Estado, a los señores Karen Judith Gutiérrez
Garizabalo, Alfredo Antonio Navarro Manga, Amaury Enrique Sánchez Rosales, Jorge
Eliecer Charris Cervantes, Luis Antonio Camargo Mejía, Melquisedec Rosales Navarro,
Rafael Antonio Vergara Torrado, Vidal Antonio Altamar Ayala y, además, a la
Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, al Consejo Nacional

5 Índice 2 SAMAI.

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Electoral, a la Procuraduría 155 Judicial II y a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
quienes actuaron en el medio de control de nulidad electoral, para que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción, y, además, negó las
medidas provisionales solicitadas.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de
marzo de 20256 negó el amparo invocado, en atención a que se demostró que, si bien la
Secretaría del tribunal no informó a la comunidad de la existencia del proceso, ello no
produjo el efecto que la parte demandante pretendía atribuirle, puesto que con dicha
intervención los miembros de la comunidad no actuarían de forma independiente sino
para coadyuvar los argumentos de la parte demandada.

En esa medida, consideró que no se acreditó que la omisión del Tribunal Administrativo
del Magdalena de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA tuviera la
capacidad de alterar el resultado del proceso, pues siempre se garantizaron los derechos
de la parte demandada, quien participó de manera activa en la defensa de su elección
como alcalde del municipio de Sitionuevo (Magdalena).

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 31 de marzo de 20257.

Reiteró que está acreditado que no obra en la acción de tutela ni en el proceso ordinario
la constancia que demuestre que la secretaria del Tribunal Administrativo del Magdalena
informó a la comunidad de la existencia del medio de control de nulidad electoral,
conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 277 del CPACA, por lo cual de ninguna
manera se podía proferir sentencia sin cumplir con esa exigencia legal.

Las normas procesales son de derecho público y de orden público y, por consiguiente,
de obligatorio cumplimiento, por lo cual, en ningún caso podrán ser derogadas,

6 Índice 2 SAMAI.

7 Índice 2 SAMAI.

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modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa
de la ley.

Insistió en que es procedente declarar la nulidad del proceso ordinario y rehacer la
actuación, para que el juez de conocimiento integre en debida forma el contradictorio,
con el objeto de que se permita a todos los miembros de la comunidad participar en el
desarrollo del medio de control.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con

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ocasión del auto proferido el 3 de diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en
un defecto procedimental.

En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación negó el amparo invocado, debido a que no se acreditó que la omisión del
Tribunal Administrativo del Magdalena tuviera la capacidad de alterar el resultado del
proceso, pues siempre se garantizaron los derechos de la parte demandada, quien
participó de manera activa en la defensa de su elección como alcalde del municipio de
Sitionuevo (Magdalena).

En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que se encontraba acreditado
que no obraba en la acción de tutela ni en el proceso ordinario la constancia que
demostrara que la secretaria del Tribunal Administrativo del Magdalena informó a la
comunidad de la existencia del medio de control de nulidad electoral, lo cual impedía
proferir sentencia sin cumplir con esa exigencia legal.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará el fallo de
primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que
procederán a exponerse:

2.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja

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el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el presente asunto se advierte que la demandante señaló que se vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales, con ocasión del auto proferido el 3 de
diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto procedimental, en la
medida que no se informó a la comunidad de la existencia del proceso de nulidad
electoral, lo cual le impidió, como votante de las elecciones a alcalde municipal del

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municipio de Sitionuevo, hacer uso de las facultades previstas en el artículo 228 de la
Ley 1437 de 2011.

2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto de
examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales, la demandante no agotó todos los medios de defensa judicial
que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte
medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente
materialización o mitigarlo.

3) En efecto, como lo ha reiterado esta Sala en anteriores oportunidades8, cuando se
pretende debatir la supuesta falta de notificación y vinculación a un proceso las partes
cuentan con la posibilidad de invocar la nulidad de lo actuado con el fin de ser
debidamente vinculados, de conformidad con los artículos 1339 y 13510 del Código
General del Proceso, para subsanar las irregularidades procesales.

4) En este punto, advierte la Sala que, si bien dentro del expediente de nulidad electoral
obra una solicitud de nulidad presentada por el abogado Luis Javier Cepeda Visbal, una
vez revisadas las piezas procesales, se observa que la señora Guerrero Ospino no le

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de diciembre de 2024, exp. 11001-

03-15-000-2024-04618-01 (AC), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de
abril de 2024, exp. 23001- 23-33-000-2024-00017-01 (AC), MP Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-06372-
01 (AC), MP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19
de enero de 2023, exp. 11001-03-15-000-2022-05691-01 (AC), MP Fredy Ibarra Martínez.
9 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes

casos:
(…).
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado.”.
10 “Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener
legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
(…).
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada
por la persona afectada.”.

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otorgó poder alguno a dicho profesional del derecho, motivo por el cual no puede
entenderse que haya ejercido de manera válida y personal la solicitud de nulidad y el solo
hecho de haber participado como votante en las elecciones para alcalde de Sitionuevo
(Magdalena), para el período 2024-2027, no la habilita para presentar la acción de tutela
sin haber agotado los mecanismos de defensa idóneos y eficaces que tiene a su alcance.

5) Así pues, como la demandante puede hacer uso del incidente de nulidad que
constituye el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para ventilar la inconformidad que
ahora expone, resulta acertado declarar la improcedencia de la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

6) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora
de derechos fundamentales.

7) Así las cosas, la Sala estima que la presente acción de tutela es improcedente, puesto
que la parte demandante cuenta con otros mecanismos de defensa eficaces para el
amparo de sus derechos fundamentales y no ha demostrado, siquiera, haber intentado
acudir a ellos, por lo que no es dable pretender ejercer la acción de tutela como un medio
alternativo de protección ius fundamental que, lejos de proteger un derecho vulnerado,
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que fueron
encomendadas a los jueces constitucionales por mandato de la Constitución.

8) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

9) En consecuencia, la Sala revocará el fallo de primera instancia que negó el amparo
invocado y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

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Demandante: Antonia María Guerrero Ospino
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado. En su lugar:

1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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