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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05699-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05699-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia del amparo solicitado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05699-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de febrero de 2025

Demandante: José Julián Betancur Montoya
Demandados: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05699-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05699-01
Demandante: JOSÉ JULIÁN BETANCUR MONTOYA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia de
la acción por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 12 de diciembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta. En esa providencia se declaró la
improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor José Julián Betancur Montoya, actuando por medio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de los autos proferidos el 20 de abril de 2023 y el 27 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, respectivamente. Mediante las
referidas providencias cuestionadas, se decidió, en primera y segunda instancia,
el incidente de regulación de perjuicios en el proceso contencioso de reparación
directa con radicado 05001-23-31-000-2004-00258-00/01/02.

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Demandante: José Julián Betancur Montoya
Demandados: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05699-01

1.2. Pretensión

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

Se TUTELE el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO por vía de hecho,
previsto en el artículo 29 y acceso a la administración de justicia artículo 228 de
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA por medio del también derecho
fundamental a la TUTELA previsto en el Artículo 86 de la misma carta, el cual se
encuentra reglamentado por el decreto 2591 de 1991 y que, en
CONSECUENCIA: se ordene la presentación de un nuevo incidente de
regulación de la condena en abstracto, acompañado de un dictamen pericial
sobre el avalúo del inmueble, que refleje su valor real comercial, ajustado a los
requisitos exigidos mediante la sentencia de segundo grado proferida por la H.M
Dra. María Adriana Marín con fecha junio 19 de 2020.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:

5. El señor José Julián Betancur Montoya presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional y del municipio de Puerto Berrío, con el fin
de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios
materiales derivados de la falla del servicio en que presuntamente incurrieron al
no «hacer efectivo el lanzamiento y posterior restitución del inmueble» del cual
era propietario.

6. El conocimiento del caso correspondió al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que remitió el expediente a la Sala de
Descongestión. Esta última, mediante sentencia, resolvió: (i) declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional; (ii) declarar administrativamente
responsable al municipio de Puerto Berrío por los perjuicios sufridos por el
demandante debido a la invasión del predio; y (iii) condenar a dicha entidad
territorial al pago de $297.637.8651.

7. Frente a esta decisión, ambas partes procesales interpusieron recurso de
apelación. El accionante sostuvo que también debía condenarse a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, mientras que el municipio de
Puerto Berrío alegó la caducidad de la acción y argumentó que la ejecución del
lanzamiento correspondía a la Policía Nacional, la cual no lo efectuó debido a la
falta de personal.

1 En su argumentación, la autoridad judicial concluyó que el municipio incurrió en una falla del

servicio al no adoptar medidas eficaces para prevenir la invasión y al no ejecutar oportunamente
el lanzamiento de los ocupantes.

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8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante
sentencia del 19 de junio de 2020, modificó el fallo de primera instancia y
determinó que el municipio de Puerto Berrío solo era responsable por la invasión
del 50% del predio, correspondiente a la parte efectivamente perdida por el
demandante y sobre la cual debía calcularse la indemnización. No obstante,
impuso la condena en abstracto, ya que no obraban en el expediente elementos
suficientes para su liquidación.

9. En consecuencia, el actor promovió un incidente de regulación de
perjuicios, cuyo trámite correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión. Mediante auto del 20 de abril de 2023, dicha corporación
desestimó las pretensiones, argumentando que el dictamen pericial presentado
no establecía el valor comercial del bien en la fecha de causación del daño y se
basaba en criterios distintos a los fijados en la providencia respectiva2.

10. Ante esta decisión, el señor Betancur Montoya interpuso recurso de
apelación. Indicó que el dictamen aportado cumplía con los parámetros
necesarios para la liquidación de la condena y que, en caso de dudas, el tribunal
debió solicitar su aclaración, lo cual no ocurrió.

11. Mediante providencia del 27 de junio de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión de primera instancia y
estableció el monto de la condena. Precisó que, aunque el dictamen pericial no
permitía determinar con exactitud el valor del inmueble ni cumplía con los
requisitos establecidos en el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, resultaba procedente tomar como referencia el avalúo
catastral del predio y aumentar su valor en un 50%, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil.

12. Posteriormente, el tutelante solicitó la aclaración de la providencia,
alegando que la decisión modificaba la condena impuesta en la sentencia del 19
de junio de 2020, la cual había sido mayor. Sin embargo, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, desestimó su petición al considerar que su
intención era controvertir la decisión del 27 de junio de 2024, lo que resultaba
improcedente.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte accionante mencionó que en el debate planteado se acreditan las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales.

14. Asimismo, señaló que los autos proferidos el 20 de abril de 2023 por el

2Sentencia del 19 de junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A

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Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y el 27 de junio de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrieron en
un defecto fáctico y procedimental absoluto.

15. Además, argumentó que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, cometió un error al liquidar la condena en abstracto con
fundamento en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, al basarse en
una prueba inadecuada para determinar el avalúo comercial del inmueble, pues
no tuvo en cuenta factores como ubicación, topografía y uso del suelo.

1.5. Trámite de la tutela

16. Por medio del auto del 19 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad
de accionados al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

17. Igualmente, dispuso la vinculación como tercero con interés del alcalde del
municipio de Puerto Berrío – Antioquia quien fungió como demandado en el
proceso de reparación directa.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

18. Afirmó que la tutela carecía de relevancia constitucional, pues se utilizó
como un mecanismo adicional para revaluar asuntos que ya habían sido
decididos en los fallos de reparación directa y en el incidente de regulación de
perjuicios.

19. Además, sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas eran
razonables y fundamentadas en una correcta interpretación de la normativa y las
pruebas, sin que existiera una vulneración de derechos fundamentales.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

20. Señaló que, el accionante pretendió reabrir un debate jurídico y probatorio
ya resuelto por los jueces naturales, lo que hace improcedente la tutela, dado que
las discrepancias en la valoración probatoria no constituyen un defecto de la
providencia judicial.

21. Además, aclaró que el proceso debía regirse por el Código Contencioso
Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, ya que se inició antes de la
entrada en vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

22. Asimismo, explicó que el trámite del incidente de liquidación de condena

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siguió las normas aplicables, incluyendo el traslado a la parte demandada, la
apertura de pruebas y la citación del perito para interrogatorio. Resaltó que la
parte demandada no presentó objeciones al dictamen pericial.

23. Aseguró que las decisiones cuestionadas fueron razonables y ajustadas a
derecho, sin vulneración del debido proceso ni de otros derechos fundamentales.

1.6.4. Municipio de Puerto Berrío

24. La entidad territorial guardó silencio, pese a que se le notificó el auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia.

1.7. Sentencia de primera instancia

25. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que
el accionante no expuso un verdadero debate de derechos fundamentales, sino
una inconformidad económica. Al respecto, indicó que, al tratarse de una decisión
del Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa
administrativa, los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales eran más estrictos.

1.8. Impugnación

26. La parte actora reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela
e insistió en que los autos proferidos el 20 de abril de 2023 y el 27 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, respectivamente, incurrieron
en un defecto fáctico y procedimental absoluto.

27. Asimismo, presentó nuevos argumentos al afirmar que la providencia
cuestionada desconoció el precedente judicial, ya que las autoridades
accionadas no analizaron el caso en detalle conforme al marco establecido en la
sentencia T-531 de 2010. Además, señaló que incurrieron en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto

28. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la providencia impugnada y, en
su lugar, el acogimiento de las pretensiones planteadas en la acción de tutela.

1.9. Manifestación de impedimento de la Magistrada Gloria María Gómez
Montoya

29. Mediante escrito enviado el 18 de febrero de 2025, la magistrada Gloria
María Gómez Montoya manifestó su impedimento para conocer y decidir el
presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada
en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

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30. Expuso que sostiene una relación de amistad íntima y entrañable con los
magistrados Martha Cecilia Madrid Roldán y Daniel Montero Betancur, quienes
hacen parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión y
suscribieron la providencia de primer grado del incidente de regulación de
perjuicios, con fecha del 20 de abril de 2023 y, con la consejera María Adriana
Marín, quien dictó en segunda instancia el 27 de junio de 2024, la decisión
enjuiciada al interior de la presente acción de tutela.

31. Mediante auto del 20 de febrero de 2025, la sala conformada por los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y el
ponente de esta decisión declararon infundado el impedimento manifestado por
la referida consejera de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra sentencia proferida en primera instancia el 12 de diciembre
de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión Previa

33. Resulta importante indicar que la parte actora adjudica tanto al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, como al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, la vulneración de sus garantías
constitucionales, con ocasión de las de las providencias del 20 de abril de 2023,
de primera instancia y del 27 de junio de 2024, de segunda instancia,
respectivamente.

34. No obstante, es del caso señalar que el análisis y los reproches efectuados
por la parte actora en el presente trámite se limitará a la providencia del 27 de
junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, comoquiera que fue la que puso fin al medio de control con radicado 05001-
23-31-000-2004-00258-00/01/02.

35. Por su parte, por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el
problema jurídico a resolver, esta Sala advierte desde ya que con la impugnación
se trajo a colación un nuevo yerro que no fue puesto de presente en el escrito
inicial de tutela, por lo cual, esta Colegiatura se abstendrá de pronunciarse al
respecto, con el fin de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de la
parte pasiva, comoquiera que esta no tuvo la oportunidad de ejercer la
contradicción frente al particular y el juez a quo, por la misma razón, no pudo
pronunciarse sobre su contenido y alcance.

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2.3. Legitimación en la causa

36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

37. La Sala advierte que el señor José Julián Betancur Montoya está
legitimado en la causa por activa, porque es la parte actora en el proceso de
reparación directa y, en particular, en el incidente de liquidación de perjuicios, en
el que se profirió la providencia aquí cuestionada. Por tanto, es el titular de los
derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión del 27 de junio
de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al
tasar los perjuicios en la suma de dinero allí establecida.

38. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

14. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

15. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante, con ocasión del
auto proferido el 27 de junio de 20243?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de

3 En dicha providencia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, liquidó la
indemnización de perjuicios a favor del señor José Julián Betancur Montoya.

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criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque, hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia, se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.

40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declarará improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

45. En la sentencia del 29 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los
cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o
económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de
fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional7.

46. De esta manera, esta Sala de Decisión se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional8 en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que
este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

47. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

48. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional la SU-573 de 2019.

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términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

49. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

50. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.7. Estudio del cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
en el caso concreto

51. En este caso, la Sala advierte que la parte actora cuestionó el auto
proferido el 27 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante el cual se realizó la liquidación de indemnización de
perjuicios.

52. A juicio de la parte tutelante, la providencia reprochada incurrió en un
defecto fáctico y procedimental absoluto. En este sentido, señaló que, la
autoridad accionada se equivocó al aplicar el artículo 516 CPC para determinar
el valor de la liquidación de perjuicios, ya que, a su parecer, dicha valoración
debía considerar factores como la ubicación del predio, su topografía, destinación
y uso del suelo.

53. Ahora bien, es fundamental señalar que la simple afirmación de que el
artículo 516 CPC no debió aplicarse para la tasación de perjuicios no constituye,
por sí sola, la acreditación de un defecto específico y, menos aún del defecto
fáctico alegado. Del mismo modo, el actor no identificó ninguna prueba omitida
por la autoridad accionada ni argumentó la existencia de un error en su
valoración. Esta imprecisión impide establecer con claridad los hechos u
omisiones que habrían generado la supuesta vulneración de derechos
fundamentales en la providencia cuestionada.

54. De acuerdo con lo expuesto, si bien el accionante manifestó su
inconformidad con lo decidido en la providencia reprochada, lo cierto es que no
cumplió con la carga argumentativa necesaria para evidenciar la configuración

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Demandante: José Julián Betancur Montoya
Demandados: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05699-01

de los derechos que reprocha y, por contera, la vulneración de sus derechos
fundamentales.

55. En este punto, la Sala considera pertinente señalar que, si bien la
inconformidad del actor frente a las decisiones judiciales censuradas se
fundamenta en el monto de la indemnización fijada en el incidente de regulación
de perjuicios, el cual calificó de «irrisorio», los argumentos expuestos no
configuran un verdadero debate constitucional, pues se limitan a
cuestionamientos de índole económica y legal sin evidenciar la transgresión de
derechos fundamentales.

56. Al respecto, es preciso reiterar lo señalado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en cuanto a que la providencia cuestionada no
transgrede el ordenamiento jurídico ni adolece de errores. Como lo afirmó la
autoridad accionada, la solicitud de amparo del señor Betancur Montoya se funda
en que la decisión judicial que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios,
lo hizo conforme a lo dispuesto en el artículo 516 CPC, sin incorporar otros
elementos que, según el criterio de la parte accionante, debían ser considerados.

57. En este sentido, los señalamientos de la parte accionante reflejan su
desacuerdo con la decisión adoptada por la accionada, al considerar que dicha
autoridad no aplicó los criterios adecuados para determinar el valor de la
liquidación de perjuicios. Para el accionante, esto se tradujo en que el valor de la
reparación ordenado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado fue menor al que reconoció la Sala de Descongestión del Tribunal de
Antioquia, al resolver la primera instancia en el proceso de reparación directa.

58. Lo anterior evidencia que el verdadero propósito de la parte accionante al
interponer esta acción constitucional no es la protección de derechos
fundamentales, sino cuestionar o impugnar los fundamentos de una decisión
judicial que resultó adversa a sus intereses. Sus cuestionamientos giran en torno
aspectos de interpretación económica y legal, buscando obtener una decisión
favorable a sus pretensiones, sin plantear un debate con relevancia constitucional
que justifique la intervención del juez de tutela.

59. En otras palabras, la Sala encuentra que el accionante no presentó
argumento alguno que demostrara por qué este asunto debía trascender las
instancias ordinarias ya agotadas para ser revisado por el juez de tutela. No
aportó fundamentos con la suficiente entidad para permitir un estudio de fondo
desde una perspectiva constitucional.

60. En conclusión, la Sala determina que la presente acción de tutela y los
cargos expuestos por el actor carecen de la carga argumentativa mínima
requerida para superar el requisito de relevancia constitucional. Por ende, la Sala
confirmará el fallo de tutela de primera instancia que declaró la improcedencia de
la acción constitucional por no superar el requisito de relevancia constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05699-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia del amparo
solicitado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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