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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05706-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05706-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05706-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de enero de 2025

Demandantes: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05706-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05706-00
Demandantes: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA
S.A. Y OTRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial- Laudo arbitral- Contrato
de Concesión Portuaria- Relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., en adelante SPRB, y
Barranquilla International Terminal Company S.A., en adelante BITCO,
instauraron acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado y el Tribunal Arbitral compuesto para resolver las
diferencias entre las tutelantes y Cormagdalenta, administrado por el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia.

Consideraron lesionadas tales prerrogativas con la expedición de la sentencia
de 24 de abril de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-26-000-2023-00115-00,
correspondiente al recurso extraordinario de anulación; y del laudo arbitral de
24 de abril de 2023, emitido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de comercio de Bogotá D.C., dentro del radicado 117423.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

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Demandantes: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y otro
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«1. Que se declare que el Tribunal Arbitral vulneró los derechos fundamentales
de las Accionantes al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión del Laudo Arbitral.

2. Que se declare que el Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
de las Accionantes al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de Anulación.

3. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
y al acceso a la administración de justicia de las Accionantes.

4. Que se deje sin efectos el Laudo Arbitral.

5. Que se deje sin efectos la Sentencia de Anulación.

6. Que se adopte cualquier otra medida que el Consejo de Estado considere
necesaria, conducente y pertinente con el fin de que se amparen, reparen y
garanticen los derechos fundamentales de las Accionantes».1

1.3. Hechos2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El 11 de noviembre de 1993 SPRB y la Superintendencia General de Puertos,
subrogada luego en la posición contractual por Cormagdalena 3, suscribieron el
Contrato de Concesión Portuaria 008 de 1993, cuyo objeto es el otorgamiento
a favor de la primera de una concesión para la ocupación y utilización temporal
y exclusiva de las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias en territorios
ubicados en el canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla, a cambio
de una contraprestación económica.

En relación con BITCO, el 27 de septiembre de 1994 la Sociedad Carbonera
Milpa S.A. y la Superintendencia General de Puertos suscribieron el Contrato
de Concesión Portuaria 014 de 1994, para otorgar concesión para la ocupación
y utilización de forma temporal y exclusiva de una línea de playa ribereña, en
longitud de 150 metros lineales, con el propósito de construir, administrar y
operar unas instalaciones portuarias de servicio público para movilizar carga al
granel de carbón y sus derivados, a cambio de una contraprestación a favor de
la Nación y del distrito de Barranquilla.

Por su parte, el 27 de diciembre de 2006, la Sociedad Portuaria del Norte S.A.
y Cormagdalena suscribieron el contrato de Concesión 033 de 2006, cuyos
terrenos de concesión están localizados en la misma nomenclatura del área
portuaria adyacente, desarrollada conforme al Contrato de concesión 014 de
1994.

1 Trascripción literal del original con posibles errores.
2 Es de anotar que algunos de los hechos fueros extraídos del expediente, pues en el escrito

de la tutela no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una mayor
comprensión de la decisión que se adoptará.
3 Autorizada mediante Resolución 01220 de 20 de marzo de 2003, proferida por el Ministerio de

Transporte.

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Para efectos de unificar en una zona portuaria los terrenos otorgados en los
contratos de concesión 014 de 1994 y 033 de 2006, el 4 de febrero de 2010 la
Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Cormagdalena suscribieron el contrato de
modificación y unificación 041 de 2010, con el objeto de integrar en un solo
terminal marítimo los dos muelles y revisar las condiciones generales
relacionadas con el cambio de su diseño y construcción, tipo de carga, plan de
inversiones, etc.

A través de la Resolución 205 de 30 de julio de 2010, Cormagdalena autorizó
la cesión de la posición contractual de la Sociedad Portuaria del Norte a favor
de BITCO.

En relación con la regulación contractual del pago de SPRB por
contraprestación de infraestructura, la cláusula décimo primera del Contrato de
Concesión 008 define los montos que debe pagar el concesionario por
utilización temporal y exclusiva de playas, terrenos de bajamar y zonas
accesorias, así como por los activos de la empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, que recibió SPRB en concesión, para lo cual se fijó una suma
equivalente a 2.610.590 USD, contraprestación que debía ser pagada
proporcionalmente al área estimada a utilizar y sujeta a proyecciones de carga
presentadas ante la Superintendencia General de Puertos, subrogada luego
por Cormagdalena.

En la versión original del contrato 008, la contraprestación se fijó en una suma
de $226.473.000 para el primer año de ejecución contractual, y de
$243.861.000 para el segundo año, por lo que a partir del tercer año de
ejecución, dicho valor sería reajustado.

El 20 y 29 de septiembre de 1993, SPRB y la Superintendencia General de
Puertos suscribieron los otrosíes 2 y 4 al contrato en mención, en el sentido de
pactar modificaciones frente al pago de la contraprestación por infraestructura y
con el fin de que a partir del quinto año de ejecución contractual esta fuera
plena.

Tales requisitos fueron posteriormente modificados en Otrosí 4 de 29 de
septiembre de 1993, con el fin de establecer que para que la contraprestación
pudiera ser plena, resultaba necesario que la Superintendencia General de
Puertos contratara un análisis financiero de auditoría externa, y que a partir de
ello se evaluara si la contraprestación podría ser plena, o debía fijarse a través
de acto administrativo.

Los otrosíes en mención también previeron la posibilidad de que la mencionada
contraprestación fuera pagada por SPRB de contado, o en pagos anuales
calculados bajo los criterios del área estimada a utilizar y las proyecciones de
carga.

El 24 de febrero de 2000, la Superintendencia General de Puertos emitió la
Resolución 077, por la cual fijó unilateralmente la contraprestación por
infraestructura plena a cargo de SPRB, por la suma de 8.635.371 USD por la
totalidad del plazo del Contrato de Concesión 008, o en 1.163.240 USD, si el

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concesionario optaba por realizar el pago año a año; decisión contra la cual
SPRB instauró recurso de reposición, resuelto mediante Resolución 00310 de
2001, proferida por el Ministerio de Transporte, en el sentido de confirmar.

El 18 de diciembre de 2001, SPRB instauró demanda de controversias
contractuales contra La Nación- Ministerio de Transporte y Superintendencia
General de Puertos, a través de la cual pidió la nulidad de las resoluciones en
mención, con sustento en que no cumplían con los requisitos acordados en los
otrosíes 2 y 4, toda vez que las entidades no contrataron la auditoría externa
para la realización de los estudios respectivos.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de sentencia de 22 de octubre
de 2008, declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y decidió que la
contraprestación no sería plena sino por el valor de lo acordado en el contrato,
pues solo podría ser plena si se realizaba con apego a la cláusula
modificatoria; esto es, dependiendo del resultado del análisis financiero
realizado por auditoría externa.

Mediante fallo de 16 de agosto de 2018, el Consejo de Estado confirmó la
decisión anterior.

Por otro lado, y haciendo referencia a los arbitrajes solicitados por la parte
actora, se precisó que el 16 de agosto de 2006 SPRB presentó una demanda
arbitral contra Cormagdalena ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., por cuanto se habían realizado dragados
insuficientes en el canal de acceso, lo que generó problemas de sedimentación
y, por ende, hubo graves alteraciones que llevaron a la Capitanía del Puerto de
Barranquilla a restringir el paso de embarcaciones hacia los muelles que
explota la sociedad y, en ocasiones, el cierre temporal del puerto que, a su
turno, hicieron que la SPRB incurriera en gastos imprevistos por concepto de
atención de las naves en fondeo, aligeramiento de naves fuera de la zona de
atraque, traslado de mercancía desde otros puertos vecinos, etc.

Ante dicha situación que ponía en peligro el contrato 008, SPRB adquirió una
draga en el mes de marzo de 2004, la cual realizó labores de dragado en el
canal de acceso; no obstante, Cormagdalena se negó a reconocer a la
sociedad el pago de lo invertido en dicho mecanismo.

Como consecuencia de lo anterior, SPRB elevó pretensiones en el proceso
arbitral, con el fin de que se declare que Cormagdalena incumplió sus
obligaciones contractuales, lo que llevó a la sociedad a realizar dragados por
su cuenta para evitar la parálisis de los servicios en el puerto, por lo cual pidió
que se condenara a Cormagdalena al pago de lo asumido por concepto de
dragado, así como costos indirectos, utilidades dejadas de percibir, costos de
oportunidad, financieros, etc.

El 13 de septiembre de 2007, el Tribunal Arbitral profirió laudo en el que
precisó que Cormagdalena debía realizar actividades de dragado para
garantizar el calado operacional del canal de acceso, y condenó a dicha
autoridad a pagar a SPRB la suma que la sociedad invirtió por concepto de

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dragado.

El 29 de julio de 2019, SPRB presentó una segunda demanda arbitral contra
Cormagdalena, a la cual se adhirió BITCO, con fundamento en la existencia de
un pago en exceso por contraprestación por infraestructura, e incumplimiento
de Cormagdalena de su obligación de mantener la profundidad del canal
navegable del río Magdalena.

En el segundo laudo arbitral, se declaró que SPRB realizó el pago de
contraprestación con fundamento en las resoluciones que se declararon nulas,
se reitera, corresponden a las 077 de 24 de febrero de 2000 y 310 de 25 de
enero de 2001, antes referenciadas, pero denegó las pretensiones de
restitución del valor pagado en exceso a Cormagdalena pues no se probaron.

Sobre el incumplimiento de Cormagdalena de su obligación de mantener la
profundidad del canal navegable de acceso al río Magdalena, el tribunal
denegó tales pretensiones por cuanto no existe una obligación contractual,
legal ni constitucional sobre el particular y, además, en caso de que esta
estuviera, es una obligación de medio, mas no de resultado; agregó que
Cormagdalena actuó con diligencia para mantener la navegabilidad.

El 2 de agosto de 2023, las tutelantes presentaron recurso de anulación contra
dicho laudo arbitral con sustento en las causales 5 y 7 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, en el que argumentaron que el Tribunal de Arbitraje no practicó
las pruebas decretadas y falló en conciencia y/o equidad, cuando debió hacerlo
en derecho.

El 24 de abril de 2024, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado desestimó el recurso en mención, tras argumentar que el tribunal
fundamentó su decisión en las normas vigentes y aplicables al caso, y que las
pretensiones de SPRB no prosperaron por falencias probatorias de estas.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora señaló que la accionada incurrió en defectos fáctico y
sustantivo, toda vez que interpretó irrazonablemente el contrato de concesión
008 y la normativa aplicable al desconocer que el otrosí 2 introdujo un cambio
en el pago de la contraprestación de US 2.610.590, el cual debía pagarse
anualmente pero liquidarse a la tasa representativa del mercado del último día
del mes anterior al a fecha de pago, indicando que durante los cuatro primeros
años el valor sería de US 268.809, pero a partir del quinto año la
contraprestación podría ser plena, para lo cual el Estado fijaría dicha
contraprestación dependiendo del uso de las instalaciones, del análisis
financiero de auditoría externa y de la evaluación realizada por la
Superintendencia General de Puertos.

Adujo que el desconocimiento de dichos valores pactados desconoce las
cláusulas contractuales, que son ley para las partes en los términos del artículo
1602 del Código Civil, y que ante la nulidad de las resoluciones a través de las
cuales Cormagdalena aplicó el valor pleno de la contraprestación a SPRB, se

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debió aplicar como contraprestación la suma pactada en el contrato inicial.

Sostuvo que el Tribunal de Arbitramento accionado despojó de todo efecto
jurídico el acuerdo contractual de las partes y desconoció que de conformidad
con los artículos 7º y 38 de la Ley 1ª de 1991, uno de los elementos esenciales
del contrato de concesión portuaria es la contraprestación a favor del Estado,
ya que interpretó que las partes no acordaron un valor a cargo de la tutelante
por contraprestación, cuando la única interpretación fiel al contrato de
concesión 008 es aquella en virtud de la cual el valor acordado textualmente
por dicho concepto es el que debe pagar SPRB a Cormagdalena, que
corresponde al valor de US2.610.590.

Indicó que el Tribunal Arbitral incurrió en un defecto fáctico al concluir que la
sociedad accionante no probó que pagó dicha suma el 8 de febrero de 2016,
sin valorar las pruebas aportadas al expediente tales como los comprobantes
de pago y el dictamen pericial, que demostraban el pago de la contraprestación
de que se trata, como consecuencia de la nulidad de las resoluciones a través
de las cuales la Administración fijó la contraprestación plena, la cual no tuvo
efectos jurídicos y cuya anulación implica que debía aplicarse el valor de la
contraprestación acordada contractualmente por el valor de US2.610.590.

Por otro lado y, en relación al recurso de anulación proferido por el Consejo de
Estado, objeto de esta acción, manifestó que dicha Corporación incurrió de
igual manera en defecto sustantivo y fáctico, al desconocer la ley aplicable y
las pruebas aportadas al proceso.

Explicó que el tribunal de Arbitramento acreditó el pago de la contraprestación
pero luego argumentó lo contrario, aspecto sobre el cual el Consejo de Estado
no profundizó pues se limitó a afirmar que el conceder algunas pretensiones
arbitrales no implica acceder a la totalidad de ellas.

Aseveró que la conclusión de la alta Corporación, según la cual las
pretensiones de SPRB frente al pago en exceso de la contraprestación no
prosperaron por falencias probatorias, fue el resultado de una interpretación
irrazonable de las cláusulas contractuales y de las pruebas que soportaron el
pago de dicho emolumento.

Frente al incumplimiento de Cormagdalena de garantizar la navegabilidad del
canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla, tanto el Tribunal Arbitral
como el Consejo de Estado incurrieron en defecto sustantivo, ya que
desconocieron que dicha parte no cumplió con sus obligaciones contractuales
pactadas en la cláusula 11.2.1.1. del Contrato de Concesión 008, en
concordancia con los artículos 34 de la Ley 1ª de 1991 y 64 de la Ley 1242 de
2008.

Hizo un recuento sobre la normativa que soporta la obligación descrita a cargo
de Cormagdalena, sustentado en el artículo 2º de la Ley 161 de 1994, que
dispuso su creación y su objeto, el cual será la recuperación de la navegación y
de la actividad portuaria, entre otras, y en el artículo 34, parágrafo, de la Ley 1ª
de 1991, conforme al cual el canal navegable del río Magdalena en el Puerto

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de Barranquilla, así como sus obras complementarias seguirán siendo
construidas, conservadas y mantenidas con recursos del Gobierno Nacional.

En ese mismo orden, aclaró que tales obligaciones fueron reiteradas en la Ley
1242 de 2008, según la cual Cormagdalena tendrá a cargo las obras de
mantenimiento del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, y que
todas esas normas fueron desconocidas por las accionadas, al concluir que no
le asistía obligación a la entidad de realizar el mantenimiento y encauzamiento
del canal navegable, sin ofrecer ninguna razón o explicación al respecto.

De igual forma, invocó la configuración del defecto fáctico por desconocimiento
de los medios de prueba que demuestran la obligación de Cormagdalena de
realizar obras de encauzamiento en el canal de acceso para garantizar la
profundidad necesaria de navegabilidad, los cuales constaban de documentos,
dictámenes y testimonios técnicos.

De otra parte, alegó la configuración de defecto sustantivo por el análisis
realizado por las accionadas en relación a la configuración de la cosa juzgada
frente al laudo arbitral de 2007, dado que desconocieron que las accionantes
demostraron que la obligación de Cormagdalena en torno al mantenimiento y
encauzamiento del canal navegable ya había sido interpretada por el juez del
contrato; sin embargo, en las providencias cuestionadas se concluyó que no
había cosa juzgada frente a dicho aspecto porque no había identidad de objeto
y causa.

Sobre el particular, explicó que en el laudo arbitral de 2007 se definieron las
obligaciones de Cormagdalena a la luz de la Cláusula 11.2.1.1. del Contrato de
Concesión 008, y se concluyó que dicha entidad está obligada a realizar
actividades de dragado que garanticen el calado operacional del canal de
acceso; no obstante, el Tribunal de Arbitramento accionado inaplicó la norma
jurídica aplicable y se limitó a analizar si las pretensiones eran idénticas, sin
efectuar un estudio sobre el derecho reclamado en ambos procesos arbitrales.

Por otro lado, señaló que las accionadas incurrieron en defectos sustantivo y
fáctico al concluir que las obligaciones de Cormagdalena en el canal de acceso
son de medio mas no de resultado, dado que desconoció las pruebas
aportadas al proceso e infirió que existía un vacío sobre la naturaleza de la
obligación.

Agregó que la ausencia de pacto que indique que las obligaciones son de
resultado no significa que se haya acordado que son de medio, por lo cual
debían aplicarse los métodos de interpretación de los contratos contenidos en
el artículo 1618 y siguientes del Código Civil; sin embargo, el tribunal Arbitral
inaplicó la prevalencia de la intención, el sentido que produce efectos, la
naturaleza del contrato, la interpretación sistemática, entre otros, en virtud de
los cuales debía preferirse el sentido de una cláusula que pudiera producir
efectos e interpretar la disposición a la luz de la naturaleza de los contratos.

Por ende, al desestimar dicha interpretación, el tribunal ignoró los medios de
prueba sobre la naturaleza de la obligación pactada de manera que cuadre con

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la naturaleza de los contratos; es decir, que se hubiera concluido que las
obligaciones de Cormagdalena de realizar actividades de mantenimiento y
encauzamiento en el canal navegable que garanticen la profundidad del canal
no eran obligaciones de medio.

Añadió que en varios documentos y contratos se constató que Cormagdalena
entendía que tenía una obligación de resultado, pruebas que fueron ignoradas
por el Tribunal Arbitral, el cual debía analizar si las actividades de
mantenimiento y encauzamiento sí lograban garantizar una profundidad que
permitiera navegar el canal o, si por el contrario, la profundidad de este
continuaba siendo un resultado determinado por el azar. No obstante, la
accionada se limitó a verificar si la sedimentación del canal dependía de
factores naturales, sin estudiar el impacto de las actividades de mantenimiento.

Finalmente, indicó que “… El Consejo de Estado no realizó un análisis de (i) la
literalidad de la ley, según la cual, Cormagdalena debe garantizar la
navegabilidad del Canal de Acceso, (ii) las pruebas aportadas al expediente, de
las cuales se desprende que la obligación de Cormagdalena es de resultado
porque el impacto de las obras de encauzamiento y mantenimiento en el Canal
de Acceso no tienen resultados que dependan del azar, sino por el contrario,
impactan directamente en la profundidad y navegabilidad del Canal…”.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Por auto de 28 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación de los magistrados que integran el Tribunal Arbitral compuesto
por Gonzalo Suárez Beltrán, Ramiro Saavedra Becerra y Saúl Sotomonte
Sotomonte convocado para resolver las diferencias entre la Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla y Barranquilla International Company S.A. contra
Cormagdalena, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá bajo el radicado No. 117423, y del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C; en calidad de accionados.

De igual forma, se dispuso la vinculación de la Corporación Autónoma Regional
del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena, como tercero con interés.

A través de auto de 22 de noviembre de 2024, se ordenó la vinculación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del procurador 127 Judicial
II para asuntos administrativos, como terceros interesados en las resultas del
proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Los señores Gonzalo Suárez Beltrán, Ramiro Saavedra Becerra y
Saúl Sotomonte Sotomonte, en calidad de ex árbitros del Tribunal Arbitral
117.425 constituido para resolver las diferencias entre SPRB S.A., BITCO
S.A. contra Corpomagdalena, aclararon que cesaron en su encargo tras
haber cobrado ejecutoria el laudo arbitral proferido el 24 de abril de 2023, y
señalaron que han garantizado los derechos fundamentales de las partes

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intervinientes en el proceso arbitral, a través de la exhibición de pruebas que
permitió corregir inconsistencia en documentos, y con la realización del control
de legalidad al concluir la etapa probatoria.

Agregaron que las decisiones tomadas en el laudo, además de haber sido
sustentadas en pruebas practicadas en el proceso arbitral, así como en la
normativa aplicable, en la jurisprudencia y en la doctrina, fueron respetuosas
de las garantías fundamentales de las sociedades demandantes, sin que hayan
comportado algún vicio que pudiera afectar la validez de lo actuado.

1.5.2. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de Magdalena,
Corpomagdalena, por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, ya que se pretende convertir este mecanismo en una instancia
adicional a la controversia resuelta por el Tribunal Arbitral y por el Consejo de
Estado a través del recurso extraordinario de anulación.

Citó la sentencia SU-174 de 20027 emitida por la Corte Constitucional, en
relación con el estudio de la acción de tutela contra decisiones arbitrales, el
cual es más estricto que aquel que se realiza frente a otras decisiones
judiciales, dado que el elemento de voluntariedad es determinante en la
medida en que las partes fueron las que decidieron dejar de lado la justicia
ordinaria para dirimir sus controversias para, en su lugar, acudir a un particular.

En relación con la falta de relevancia constitucional, precisó que la parte
tutelante solo pretende reabrir el debate legal y probatorio surtido por el
Tribunal de Arbitramento solo por haber sido adverso a sus intereses
netamente económicos.

1.5.3. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a través
del magistrado ponente de la providencia cuestionada, manifestó que los
cargos formulados en la acción de tutela desconocen el carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario del recurso de anulación, ya que su objetivo no es
otro que revisar la decisión arbitral por configuración de errores in procedendo,
o sea, aquellos que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por
quebrantar las normas procesales, toda vez que las sociedades tutelantes
propusieron reparos relacionados con el estudio de las pruebas y la
interpretación de las normas aplicables a las controversias objeto del laudo
arbitral, examen que comportaría la verificación de errores in judicando, que
hacen referencia a aspectos sustanciales que escapan de la órbita del juez de
anulación.

Indicó que las accionantes no tuvieron en cuenta que la causal establecida en
el artículo 41.7 de la Ley 4563 de 2012, referente al fallo en conciencia o
equidad, no fue dispuesta para habilitar una revisión de la decisión arbitral por
desacuerdo de la parte vencida, razón por la cual no es de recibo que se haya
invocado un defecto sustantivo con el fin de cuestionar los argumentos del
panel arbitral, de manera que la competencia del juez de anulación se limitaba
a verificar si el caso había sido resuelto con base en el ordenamiento jurídico, y
a partir de la valoración de las pruebas con base en la sana crítica.

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Concluyó que por tales motivos la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, ya que comporta una simple inconformidad con lo
decidido en el proceso arbitral, además de que no se cumplió con una carga
argumentativa necesaria en tanto no se sustentó de forma articulada el defecto
sustantivo, ni la interpretación equívoca de una norma.

1.5.4. El procurador 127 Judicial II para asuntos administrativos, pidió que
se denegara la protección solicitada, dado que esta no es una tercera instancia
y, además, el juez de tutela no tiene competencia para reabrir un debate
netamente económico y con contenido exclusivamente patrimonial, que carece
de relevancia constitucional.

1.5.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manifestó que
el presente caso carece de relevancia constitucional, dado que se pretende
convertir este mecanismo en una instancia adicional al proceso ordinario, en
tanto se busca recriminar la manera como las autoridades accionadas aplicaron
las disposiciones legales y contractuales.

Agregó que no se incurrió en defectos fáctico y sustantivo, puesto que no se
desconocieron las cláusulas contractuales que indicaron el valor de la
contraprestación, además que las decisiones controvertidas se basaron en los
elementos probatorios allegados; de igual forma, se analizó la cosa juzgada y
se concluyó que no habían coincidencias fuertes entre ambos procesos
arbitrales, de manera que el hecho de que dicha postura no concuerde con la
expuesta por las tutelantes, no implica que exista violación a los derechos
fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y el Tribunal Arbitral
compuesto para resolver las diferencias entre las tutelantes y Cormagdalenta,
administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C.; lesionaron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de las
sociedades tutelantes.

Lo anterior, con la expedición de la sentencia de 24 de abril de 2024, proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado dentro del
expediente 11001-03-26-000-2023-00115-00, correspondiente al recurso

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extraordinario de anulación; y del laudo arbitral de 24 de abril de 2023, emitido
por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de comercio de Bogotá
D.C., dentro del radicado 117423.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) la acción de tutela contra laudos arbitrales; iii) el estudio sobre los
requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, ivi) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. 5

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

4 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 Destacado por la Sala.

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Acción de tutela contra laudos arbitrales

La Corte Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha precisado que la acción
de tutela procede contra laudos arbitrales bajo los mismos presupuestos de
procedencia que se predican respecto de las providencias judiciales, tales
como la inmediatez, la subsidiariedad, la relevancia constitucional y que no se
trate del ejercicio de dicho mecanismo constitucional en contra de una
sentencia de esa naturaleza.

No obstante, ha aclarado que no se puede equiparar el laudo arbitral a
cualquier otra providencia, por su naturaleza específica de sometimiento a la
justicia arbitral por voluntad de las partes, de manera que el estudio de los
requisitos de procedibilidad deberá ser más exigente.

Al respecto, la alta Corte, en la sentencia SU-33 de 2018, determinó que:

“… Las precitadas condiciones han sido recapituladas con el fin de reiterar que
estas no implican la equivalencia absoluta entre los laudos arbitrales y las
providencias judiciales para efectos de la acción de tutela, ya que el carácter
especial de la justicia arbitral inciden que se deba hacer un examen de
procedibilidad -tanto de los requisitos generales, como especiales-, más
riguroso. En efecto, a partir de la sentencia de unificación SU-500 de 2015, la
Sala Plena de esta Corporación precisó que la razón para realizar un examen
más estricto reside fundamentalmente en que se trata de un escenario en el
cual se ha expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción
ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.

La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un
elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la
decisión adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a

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una posterior ratificación o cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual
las partes expresamente renunciaron…”

En ese sentido, resulta claro que la acción de tutela procede de manera
excepcionalísima cuando se trate de laudos arbitrales y se exige el respeto por
(i) La estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (ii) el carácter excepcional y
transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje; (iii) la voluntad
de las partes de someter sus controversias a un particular específicamente
habilitado para ello y no a los jueces estatales y (iv) el margen de decisión
autónoma de los árbitros, que no debe ser invadido por el juez de tutela y le
impide a éste, pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto sometido a
arbitramento6.

Ahora bien, en relación a la relevancia constitucional en acciones de tutela
contra laudos arbitrales, se ha establecido que “… aunque específicamente la
jurisprudencia constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la tornan carente
en el análisis de procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y
contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de
anulación, importa señalar que en éste último escenario sí ha precisado que se
debe tener en cuenta la naturaleza especial que enmarca al recurso
extraordinario de anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia.

Lo anterior porque es ese el escenario natural para que el juez verifique la
adecuación del laudo a la Constitución respecto de las causales que están
enfocadas en la valoración del derecho al debido proceso por posibles
errores in procedendo, y en ese sentido el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto con
miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio procesal para
reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron objeto del proceso
arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó el fallador dentro de su
ámbito de autonomía…”7. (Destaca la Sala).

2.5. Requisito de relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20228, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-131 de 2022.
8 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.

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En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…”.

La citada corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo
que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

Los reparos formulados por la parte actora consisten en la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo en que presuntamente incurrieron las accionadas,
tanto en el laudo arbitral como en la providencia que resolvió el recurso

9 Sentencia SU 573 de 2019.

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extraordinario de anulación, por los motivos que se sintetizan a continuación:

• Interpretación irracional del contrato de concesión 008 y de la normativa
aplicable al desconocer que el otrosí 2 introdujo un cambio en el pago
de la contraprestación de US 2.610.590, el cual debía pagarse
anualmente pero liquidarse a la tasa representativa del mercado del
último día del mes anterior al a fecha de pago, indicando que durante los
cuatro primeros años el valor sería de US 268.809, pero a partir del
quinto año la contraprestación podría ser plena, para lo cual el Estado
fijaría dicha contraprestación dependiendo del uso de las instalaciones,
del análisis financiero de auditoría externa y de la evaluación realizada
por la Superintendencia General de Puertos.

Sobre este punto, el Tribunal de Arbitramento consideró:

“… Así las cosas, para el Tribunal es claro que la Demandante estructura
todo su petitum en tres supuestos errados y en relación con los cuales no
hay pruebas en el expediente, a saber: (i) que el valor de la contraprestación
es US$2.610.590, lo que, como se ha indicado, fue objeto de pretensión en
el proceso adelantado ante la jurisdicción contenciosa y no fue concedido;
(ii) que en el hipotético caso de que este fuera el valor de la contraprestación
total a pagar, éste efectivamente fue pagado el día 8 de febrero de 2006, y
(iii) que todo lo pagado después del 8 de febrero de 2006 es pago en
exceso. Nótese como, todo ello ignora que el porcentaje de uso de la
infraestructura era una variable a tener en cuenta para establecer el
valor de la contraprestación a pagar.

Y es que, de conformidad con lo acordado por las partes en el numeral
11.2.2. de la Cláusula Décima Primera del Contrato de Concesión No. 008
de 1993, como fuera modificado por la Cláusula Segunda del Otrosí No. 4,
se ha debido probar en el presente proceso arbitral: i) que los valores
pagados por la contraprestación por infraestructura por parte de la SPRB y a
favor de la Nación (así como de CORMAGDALENA) efectivamente se
constituyeron en un exceso, sin tener como valor máximo que se podría
haber pagado el monto de US$2.610.590; ii) el valor anual del terminal
marítimo; iii) las proyecciones en relación con el porcentaje de utilización de
tales activos y iv) las estimaciones de los niveles de carga, tal y como es
explicado por el Consejo de Estado en la Sentencia del 16 de agosto de
2018…

Ahora bien, si en gracia de discusión, el Tribunal tomara todos los pagos
realizados por concepto de contraprestación por infraestructura a favor de la
Nación, los cuales, como se dijo, sí están probados, tendría que partir de
otro supuesto para determinar el presunto pago en exceso y es realizar
nuevamente todos los cálculos de los valores con base en el otrosí 4, que
supone el porcentaje de utilización real de la infraestructura, la estimación
de niveles de carga y tener como valor mínimo el pagado en los cuatro
primeros años, para compararlo con lo efectivamente pagado por la SPRB.
Nótese cómo, en el tantas veces mencionado anexo 5 del dictamen pericial,
ese incremento en los pagos trimestrales pareciera haber ocurrido a partir
de febrero de 2003, lo que sin embargo, no hizo parte ni de lo pretendido, ni
de lo probado por el dictamen adjuntado como soporte de las pretensiones y
no se podría deducir solo de los anexos adjuntados a la pericia.

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Adicionalmente, tampoco se probó cual era el uso efectivo de la
infraestructura, que era parámetro para calcular el precio anual, ni mucho
menos se correlacionó con estimaciones de niveles de carga…”.

• Indebida valoración de las pruebas que demostraban que la sociedad
accionante pagó la contraprestación pactada inicialmente, como
consecuencia de la nulidad de las resoluciones a través de las cuales la
Administración fijó la contraprestación plena.

Al respecto, en el laudo arbitral se indicó que “… Ahora bien, del estudio de los
dos dictámenes con sus respectivos soportes se advierte que no está en
controversia que la SPRB pagó valores correspondientes a la contraprestación
por infraestructura en pesos Colombianos, suma que asciende a
COP$18.630.543.375, el cual a la TRM de la fecha anterior al pago equivale a
US$9.334.385, tal como lo confirma el mismo dictamen de contradicción. (este
valor incluye el porcentaje de la contraprestación pagada a favor de la Nación y
el porcentaje pagado a favor del Distrito)…”.

• Desconocimiento del incumplimiento de Cormagdalena de garantizar la
navegabilidad del canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla,
en los términos de las obligaciones contractuales pactadas en la
cláusula 11.2.1.1. del Contrato de Concesión 008, en concordancia con
los artículos 34 de la Ley 1ª de 1991 y 64 de la Ley 1242 de 2008, así
como de todas las demás normas y pruebas que imponían a
Cormagdalena la obligación de realizar el mantenimiento y
encauzamiento del canal navegable como parte del contrato.

En relación con este reparo, el Tribunal Arbitral consideró que:

“…El debate jurídico se centra en la cláusula 11.2.1.1247, cuya lectura no
permite deducir ninguna obligación sobre la profundidad. Solo se hace
mención a que los recursos para que se construyan, se conserven y se
mantengan las obras en el río deben provenir del gobierno nacional, en
concordancia con lo dispuesto por la ley 1 de 1991 en su artículo 34.

Por otro lado, el contrato reconoce que la autoridad marítima sería la
encargada de determinar las áreas de fondeo, expresión que permite
entender que será la DIMAR la entidad encargada de señalar los parámetros
técnicos para desarrollar la actividad portuaria.

Dicho lo anterior, es indudable que en el contrato no hay cláusulas que
permitan establecer responsabilidades frente a la profundidad del canal de
acceso y con ello se puede entender que la navegabilidad o las exigencias
para hacer el río navegable hasta el momento de la firma de este contrato
no tenían precisiones relacionadas con el tema de la profundidad del río.

… no existe una obligación legal impuesta a CORMAGDALENA para que
garantice los niveles de profundidad adecuados para la navegación y la
actividad portuaria, de forma que se les asegure a los titulares de las
concesiones que esta misma entidad otorga, el desarrollo de sus
operaciones de acuerdo con las proyecciones acordadas en su respectivo
contrato de concesión, como lo plantea la Parte Convocante.”.

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• Indebido análisis de la figura de la cosa juzgada frente al laudo arbitral
de 2007, dado que se desconoció que las accionantes demostraron que
la obligación de Cormagdalena en torno al mantenimiento y
encauzamiento del canal navegable ya había sido interpretada por el
juez del contrato.

Sobre el particular, en el laudo arbitral se indicó:

“… Visto lo anterior, no es procedente el argumento sostenido por la Parte
Convocante en sus alegatos de conclusión, según el cual en el caso de
autos existe cosa juzgada en relación con el incumplimiento de
Cormagdalena de mantener el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

Ello es así porque si bien es cierto que hay identidad entre las partes del
conflicto, no es menos cierto que no ocurre lo mismo en relación con el
objeto, la causa y los hechos que se formularon, analizaron y decidieron en
el referido proceso arbitral.

En el caso, no se verifica la identidad de objeto ya que lo decidido en el
Laudo Arbitral del 13 de septiembre de 2007 no coincide con la pretensión
que formula la sociedad portuaria convocante en el proceso que aquí se
decide. En aquella oportunidad, el Tribunal Arbitral, basándose en el contrato
y en la legislación vigente para la época, se pronunció sobre la obligación
que tenía Cormagdalena de dragar el canal de acceso al Puerto de
Barranquilla…”.

• Desconocimiento de la normativa y de las pruebas que soportaban que
las obligaciones de Cormagdalena en el canal de acceso son de medio
mas no de resultado, dado que la ausencia de pacto que indique que las
obligaciones son de resultado no significa que se haya acordado que
son de medio, por lo cual debían aplicarse los métodos de interpretación
de los contratos contenidos en el artículo 1618 y siguientes del Código
Civil.

Al respecto, el Tribunal Arbitral argumentó que:

“… El tercer criterio implica que si hay influencia del acreedor en la
consecución del resultado, la obligación será de medio. En este caso,
aunque la SPRB y BITCO no tenían participación en las obras de
mantenimiento y encauzamiento, esto no varía la naturaleza aleatoria de la
obligación y por tanto no es suficiente argumento para considerar que la
obligación de ejecutar las obras de mantenimiento y encauzamiento implica
garantizar una profundidad.

Finalmente, no hay duda de que las obras de mantenimiento y
encauzamiento tienen la virtualidad de ser graduadas, por lo tanto deben
concebirse como obligaciones de mera prudencia y diligencia.

Dicho esto, en el hipotético caso de que se aceptara que CORMAGDALENA
tenía la obligación que se le reclama en el presente proceso, la misma sería
de medio y en el proceso está suficientemente demostrado que la entidad
actuó con diligencia y prudencia para mantener la navegabilidad del Río
Magdalena…”.

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Por otro lado, la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, al
resolver el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral objeto de
controversia, argumentó que el Tribunal Arbitral tuvo en cuenta las cláusulas
contractuales y concluyó que “… el panel arbitral no desconoció las
disposiciones contractuales que indicaban que el valor de la referida
contraprestación era de US$ 2.610.590 (dos millones seiscientos diez mil
quinientos noventa dólares americanos). Cosa distinta es que haya seguido la
misma línea de motivación del referido fallo para concluir, al igual que en
aquella oportunidad, que dicha suma era una referencia, y que para determinar
su valor era necesario tener en cuenta elementos adicionales, tales como, el
porcentaje del uso de la infraestructura, entre otros…”.

De igual manera, desestimó las pretensiones relacionadas con la obligación de
Cormagdalena de garantizar la navegabilidad y encauzamiento del canal
navegable, al considerar que “… la resolución de la controversia sobre el
“incumplimiento de Cormagdalena de su obligación de garantizar la
navegabilidad en el canal navegable de acceso al Puerto de Barranquilla”
estuvo fundamentada en las pruebas aportadas al proceso, en argumentos
jurídicos y, particularmente, en una interpretación de las normas que, según la
parte recurrente, fueron inaplicadas y omitidas. El laudo cumplió así con los
presupuestos de un fallo en derecho, pues las apreciaciones y conclusiones de
la decisión cuestionada son producto de un ejercicio juicioso de interpretación
y aplicación de la ley…”

Como se puede observar del extenso pronunciamiento del Tribunal de
Arbitramento accionado, y de la sentencia de la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado, la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, en tanto dichas autoridades resolvieron
en detalle cada una de las controversias planteadas por las tutelantes y
sometidas a la justicia arbitral, por desacuerdos en la resolución de los
conflictos contractuales que versaron sobre el Contrato de Concesión 008.

En ese sentido, revisados todos los argumentos de las accionantes, se
advierte que estos contienen un contenido netamente económico y legal; es
decir, no comportan un estudio que conlleve a efectuar un alcance sobre los
derechos fundamentales presuntamente transgredidos con las providencias
cuestionadas.

Se precisa que el defecto relacionado con el pago de la contraprestación
contractual, que es uno de los reparos principales, se circunscribe netamente a
si el valor acreditado mediante unas pruebas cuya falta de valoración echan de
menos las tutelantes, es el que debe tenerse en cuenta para efectos de un
reconocimiento patrimonial, y los argumentos relacionados con este yerro son
de origen netamente probatorio, pues se limitan a controvertir la apreciación de
la justicia arbitral y del juez natural de la controversia sobre los diversos
dictámenes y documentos de tales emolumentos.

De igual manera, frente al otro yerro principal que tiene relación con el
desconocimiento de las obligaciones de Cormagdalena frente al
mantenimiento y encauzamiento del canal objeto del contrato de concesión, la

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carga argumentativa se dirige únicamente a aspectos legales que regulan la
interpretación del contrato y también al análisis de las cláusulas contractuales
realizado por el juez ordinario.

Por consiguiente, la totalidad de los fundamentos de la acción de tutela
pretenden cuestionar las providencias tuteladas por haber sido adversas a las
pretensiones económicas y patrimoniales de la parte actora, y su carga
argumentativa se limitó netamente a dichos aspectos y a controvertir la
interpretación de las pruebas, de las cláusulas del contrato y la aplicación de la
normativa vigente, pero no demuestra que con ocasión de ello exista una
tensión con algún derecho de raigambre constitucional. Es así como no es
posible, a partir de los argumentos de las sociedades actoras, estudiar los
defectos invocados bajo una óptica de derecho fundamental, dado que el
debate que ya fue surtido ante el juez ordinario no toca la órbita de los bienes
jurídicos constitucionales.

Cabe señalar que, además de lo anterior, un eventual estudio de fondo de esta
controversia comprometería seriamente el objeto de la justicia arbitral y la
voluntad de las partes de someterse a la misma, pues se recuerda que en
sentir de la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, la procedencia
de la acción de tutela contra laudos arbitrales es excepcional y su análisis
debe ser estricto; es decir, la tensión entre los derechos fundamentales cuya
protección se pretende y los defectos alegados debe tener la entidad suficiente
para estudiar el alcance de los primeros, lo cual no ocurre en el presente caso.

Así las cosas, se concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, razón por la cual se declarará su
improcedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05706-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

20
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