Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05714-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05714-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05714-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05714-01
Accionante: Ángel Miguel Acevedo León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / INMEDIATEZ.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024, por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el
amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 23 de octubre de 2024, el señor Ángel Miguel Acevedo León, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, así
como los principios de favorabilidad en materia laboral e irrenunciabilidad de
derechos laborales. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la
expedición del fallo de 24 de marzo de 20221, dictado al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, con el propósito de que se declarara
la nulidad de las resoluciones3 que reconocieron y liquidaron su pensión de vejez.
2.
A través de dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
decisión de primera instancia 4 , para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda. Estimó que el demandante no acreditó los requisitos para acceder al
régimen transicional contenido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003. Indicó que
las normas aplicables a su caso en materia pensional eran las previstas en dicho
decreto y no la Ley 32 de 1986. Bajo estos supuestos, agregó que el IBL aplicable
1 Notificada el 31 de marzo de 2022.
2 Radicado 68679-33-33-002-2017-00430-00/01.
3 La nulidad parcial de la resolución GNR 87510 del 28 de marzo de 2016 en cuanto a su monto pensional y no
en cuanto a derecho; y la nulidad total de las resoluciones SUB-30118 del 04 de abril de 2017 (radicado
2017_1977109) y SUB-106143 del 23 de junio de 2017 (radicado 2017_8211356).
4 El Juzgado 2 Administrativo de San Gil, que accedió parcialmente a las pretensiones.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05714-01
Accionante: Ángel Miguel Acevedo León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
era el contenido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 el cual corresponde al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta para tal efecto
los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, tal como lo hizo la
entidad demandada en los actos acusados.
3.
El 8 de abril de 2022 mediante correo electrónico el demandante radicó recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia; no obstante, no lo sustentó. Por lo
anterior, mediante auto de 30 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Santander lo declaró desierto.
4.
El actor presentó recurso de reposición en subsidio de queja contra el anterior
auto. En proveído de 13 de junio de 2023 el Tribunal decidió no reponer la decisión
recurrida y conceder la queja. El 23 de mayo de 2024 el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A resolvió que la decisión de declarar desierto el recurso
extraordinario interpuesto por el señor Acevedo León contra la sentencia del 24 de
marzo de 2022, fue ajustada a derecho.
5.
La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
6.
Defecto material o sustantivo: al realizar una indebida aplicación de la ley, pues
no tuvo en cuenta que el accionante está cubierto en materia pensional por el cúmulo
normativo que se desprende de Ley 32 de 1986 y el Acto legislativo 01 de 2005 que
modificó el artículo 48 constitucional en el parágrafo 5 transitorio; además, para
aspectos pensionales en cuanto a la liquidación de su monto, está regido por la Ley
4 de 1966 y, los Decretos 1045 de 1978, 407 y 446 de 1994. Por ende, la pensión se
debía liquidar y pagar tomando el 75 % del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios.
7.
Defecto fáctico: por la falta de una valoración probatoria acorde con los
certificados salariales y prestacionales devengados en el último año como servidor
público, los cuales aportó a la demanda.
8.
Violación directa de la Constitución: al vulnerar los artículos 29 y 53 superiores,
el primero, por no aplicar la normatividad propia para efectos de la liquidación
pensional del IBL procedente en su caso y, el segundo, por desconocer los derechos
adquiridos y los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, como los
principios de favorabilidad y retroactividad.
9.
Por otra parte, a pesar de que el actor no lo enmarcó en una causal específica, a
lo largo del escrito de tutela citó de forma extensa las siguientes sentencias: (i) 18 de
mayo de 2023 del Consejo de Estado, radicado 63001 23-33-000-2019-00128-01;
(ii) 22 de octubre de 2020 del Consejo de Estado, radicado 88001-23-33-000-2014-
00006-01 y; (iii) T-012 de 2022.
10.
Advirtió que en su caso no resultan aplicables las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 proferidas por la Corte
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05714-01
Accionante: Ángel Miguel Acevedo León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Constitucional y la sentencia del 28 de agosto del Consejo de Estado (expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01); por cuanto tales decisiones hacen referencia al
ingreso base de liquidación de quienes se benefician de la transición de la Ley 100
de 1993, norma que no es aplicable a su caso.
B. Sentencia de primera instancia
11.
En fallo de 20 de noviembre de 2024, la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo. Explicó que el asunto no
superaba el requisito general de inmediatez, pues la decisión que se cuestiona fue
notificada el 31 de marzo de 2022, y la acción de la referencia solamente fue
instaurada hasta el 23 de octubre de 2024, esto es, transcurridos más de dos años
y seis meses desde dicha comunicación, sin que se advirtiera alguna justificación
para dicha tardanza o el actor haya explicado o mencionado una razón para ello.
12.
Precisó que no puede tenerse en cuenta para efectos de la inmediatez el auto del
23 de mayo del 2024, mediante el cual resolvió el recurso de queja interpuesto en
contra del proveído del 30 de agosto de 2022, por medio del que declaró desierto el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; porque el demandante no
sustentó ese recurso extraordinario, como se exigía en el artículo 261 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, lo que conllevó a que
no fuera conocido de fondo.
C. La impugnación
13.
La parte accionante manifestó que no comparte lo expresado frente al requisito
general de inmediatez, pues no fue sino hasta el auto del 23 de mayo de 2024 que
tuvo certeza del cierre del proceso; por tanto, es desde esta fecha que debe contarse
el término para interponer la acción. Sumado al hecho que en ningún momento
existió inactividad de su parte.
14.
Por otro lado, indicó que no se puede perder de vista la discusión de fondo, en la
que el Tribunal le aplicó un régimen pensional que no es acorde a su situación. Como
sustento de esa afirmación reiteró lo expuesto en el fallo de tutela, y citó las
sentencias T-012 de 2022, la de 18 de mayo de 2023 (radicado 63001 23-33-000-
2019-00128-01) y, la de 22 de octubre de 2020 (radicado 88001-23-33-000-2014-
00006-01).
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05714-01
Accionante: Ángel Miguel Acevedo León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
16. Se anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia, al no encontrarse
superado el requisito general de inmediatez.
17. La sentencia enjuiciada proferida el 24 de marzo de 2022 fue notificada a las
partes el 31 de marzo de esa misma anualidad. No obstante, la demanda de tutela
fue formulada sólo hasta el 23 de octubre de 2024, es decir, más de 2 años después
de conocida; superando considerablemente el término de los 6 meses establecido
en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada de esta Corporación.
18.
En el expediente no se advierte que el accionante presentara alguna solicitud
adicional posterior a la expedición de la sentencia cuestionada que tuviera la entidad
de suspender el término de ejecutoria o incidir decisivamente en el sentido del fallo,
esto, en relación con los argumentos esgrimidos para sustentar los defectos
sustantivo, fáctico y la violación directa de la Constitución Política. La parte
accionante no expuso ninguna situación que lleve a considerar la posibilidad de
flexibilizar la exigencia de inmediatez.
19. Si bien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, cuyo
trámite culminó con un auto del 23 de mayo de 2024 -que resolvió una queja-;
aquella situación sólo habilitaría la posibilidad de flexibilizar el término de inmediatez
respecto al estudio de la causal específica de desconocimiento del precedente,
debido a que se entiende que el accionante acudió a ese mecanismo judicial con la
firme convicción de que aquel resultaba idóneo y eficaz para tramitar esa
inconformidad.
20. No obstante, el actor no invocó la configuración de dicho defecto, y si bien en el
texto de su demanda citó 3 sentencias que se relacionan en los antecedentes de
esta providencia, la Sala no tiene certeza de que sean las mismas que iba a exponer
en su recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, debido a que no lo
sustentó y, por ende, fue declarado desierto; por lo que tampoco es viable la
flexibilización de la inmediatez en relación con ese reparo.
21. En todo caso, el debate planteado en esta acción de tutela no pasa de ser
estrictamente legal, pues redunda en aspectos relativos a la legislación que le
resultaba aplicable, sin destacar la incidencia constitucional de ese asunto. Discusión
que fue abordada en forma razonable por la autoridad judicial.
22. Al respecto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander realizó
un recuento normativo y jurisprudencial, luego de lo cual resolvió el caso exponiendo
de forma clara el motivo de su decisión. Así, tras analizar las normas que regulan la
pensión de jubilación de los miembros del INPEC (Ley 32 de 1986, Decreto 2090 de
2003 y Acto Legislativo 01 de 2005), concluyó que al actor no le era aplicable el
régimen transicional del Decreto 2090 de 2003 por cuanto no cumplía con los
requisitos previstos en el parágrafo del artículo 6° del mencionado cuerpo normativo,
al no tener ni la edad mínima ni el mínimo de años cotizados de acuerdo con el
artículo 36 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, ni ser beneficiario de la Ley 32 de 1986;
en consecuencia era aplicable el IBL de la Ley 100 de 1993 contenido en el Decreto
1158 de 1994.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05714-01
Accionante: Ángel Miguel Acevedo León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
23. Adicionalmente, se observa que la providencia objetada, además del estudio
normativo y de las pruebas aportadas al proceso ordinario, se fundamentó en
decisiones adoptadas por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en las
que se analizó el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 y el régimen pensional
especial de las actividades de alto riesgo.
24.
En los términos precedentes, se estima que el debate propuesto en la demanda
de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún derecho
fundamental. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de
20 de noviembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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