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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05056-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05056-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05056-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05056-01
Accionante: Rubiela Marín Uribe y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – DECLARA
IMPROCEDENCIA – Relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en contra
de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 14 de agosto de 20251, los señores Rubiela Marín Uribe y Mauricio Edwar Posso
Marín, promovieron acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Buga
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, honra, buen nombre, dignidad
humana, libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital y acceso a la administración
de justicia2.

2.
Solicitaron que se dejaran sin efectos las sentencias de 26 de abril de 2021 y 21 de
enero de 2022, emitidas dentro del proceso de reparación directa iniciado por la
señora Rubiela Marín, Miguel Ángel Posso Marín 3, Miguel Ángel Posso Márquez4,
Esperanza y Blanca Edilia Jaramillo Marín, y Adriana María López Arévalo quien actuó
en nombre propio y representación de las menores Valentina y Valeria López Arévalo,
en contra de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. En dicha
demanda se pretendía obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la
privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Miguel Posso Marín entre
el 24 de octubre de 2012 y el 12 de mayo de 2016.

1 Se precisa que la parte actora interpuso la acción de tutela mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2025

a las 5:09 p.m., por lo que se entiende presentada al día siguiente, esto es, el 14 de agosto de dicha anualidad.
2 También se invocaron los principios a la sana crítica y congruencia.
3 Q.E.P.D.
4 Q.E.P.D.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05056-01
Accionante: Rubiela Marín Uribe y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 21 de enero
de 2022 confirmó la decisión del A quo de negar las pretensiones de la demanda.
Consideró que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable, adecuada y
proporcional, pues la evidencia que el ente investigador puso en conocimiento del juez
de control de garantías permitía inferir que el acusado podía ser el autor de la conducta
investigada, además que de no imponerle detención intramural se podía concretar un
peligro mayor para la víctima del intento de sicariato, que expresamente lo señaló
como autor del punible.

4.
Contra las anteriores decisiones judiciales, los accionantes interpusieron recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue declarado infundado en
providencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera – Subsección
B del Consejo de Estado5.

5.
La parte actora sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron que durante
el inicio y desarrollo del proceso penal se probó que la medida de privación de la
libertad se adoptó teniendo en cuenta las afirmaciones de la Fiscalía General de la
Nación relativas a que, contaba con elementos materiales probatorios suficientes para
demostrar que el señor Posso y su hermano participaron en el ataque de sicariato, y
que hacían parte de la estructura criminal de “Los Rastrojos”. No obstante, al alegar
de conclusión, el ente investigador solicitó su absolución, por falta de pruebas sobre
su responsabilidad en los hechos delictivos. Ello denotaba que su captura y
encarcelamiento fue infundada.

6.
Resaltó que la propia Fiscalía reconoció que el señor Evaristo Sierra, víctima del
atentado y quien inicialmente había señalado al señor Miguel Posso como uno de los
sujetos que disparó en su contra en reiteradas ocasiones, se retractó de su dicho.
Sumado a que, escuchados los testimonios de algunos agentes de policía, no se pudo
establecer con certeza si hacían o no parte de algún grupo armado.

7.
Además, el juez de primera instancia dio un alcance distinto a lo dispuesto por el
Consejo de Estado en sentencia del 5 de febrero de 20216 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se habían definido los
elementos para condenar al Estado en casos de privación injusta de la libertad.
Desconoció que los hermanos Posso no dieron lugar a la orden de captura ni al inicio
del proceso penal, ni fueron capturados en flagrancia y, en todo caso, fueron
absueltos, lo que denota el carácter injusto de su encarcelamiento y la necesidad de
reparar el daño causado.

B. Sentencia de primera instancia

5 Con radicado: 11001-0326-000-2022-00192-00. M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
6 Con radicado: 47001-23-33- 000-2013-00269-01(56906). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Accionante: Rubiela Marín Uribe y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

8.
Mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de
inmediatez, toda vez que, la sentencia del 21 de enero de 2022 fue comunicada a las
partes por correo electrónico del 8 de febrero de ese mismo año y, en atención a lo
dispuesto en el numeral 2° del artículo 205 del CPACA, se entendía debidamente
notificada a las partes el 10 de febrero siguiente, mientras que la acción de tutela se
interpuso pasados 3 años, 6 meses y tres días después, término que supera el plazo
razonable previsto para la Sala Plena de esta Corporación, sin que se advirtiera o se
hubiera expuesto por la parte actora alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar que
justificara la demora en la solicitud de amparo.

9.
Precisó que el término de inmediatez no podía contarse desde que fue decidido el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia porque no conformaba una
unidad con el proceso judicial de origen. Finalmente, declaró la falta de legitimación
en la causa por activa del señor Mauricio Edwar Posso, en razón a que no fue parte
en el proceso de reparación directa.

C. La impugnación

10.
La parte accionante indicó que el a quo erró al declarar la falta de inmediatez de la
tutela, puesto que la demora en su interposición tuvo como causa la tardanza en la
decisión sobre el recurso extraordinario interpuesto. Además, pasó por alto que en la
jurisprudencia constitucional se establecieron algunas circunstancias que permiten
flexibilizar el cumplimiento del requisito, las cuales se concretaron en el caso concreto,
a saber: (i) la ocurrencia de un hecho nuevo, que en este caso fue la decisión adoptada
por el Consejo de Estado en providencia del 13 de febrero de 2025 sobre el recurso
extraordinario de unificación presentado contra la providencia objeto de tutela, y (ii) la
señora Marín Uribe es analfabeta, tiene 68 años, es viuda, “desamparada”, campesina
y habita en una zona donde se ve perturbado el orden público por la presencia de
grupos guerrilleros y paramilitares, de manera que es evidente que ostenta la calidad
de sujeto de especial protección ante la situación de debilidad manifiesta en que se
encuentra.

11.
Pidió que se profundice en su teoría del caso, en favor de la demandante y declarar
la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de sus hijos, los
hermanos Posso, para lo cual reitera los yerros judiciales enlistados en el escrito de
tutela.

II. CONSIDERACIONES

D. Análisis del caso concreto

12. La Sala discrepa del a quo en lo atinente al estudio del requisito de inmediatez. Sin

embargo, confirmará la declaratoria de improcedencia, en tanto la tutela no supera el
presupuesto de relevancia constitucional.

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13. Esta Subsección no pasa por alto que el recurso extraordinario de unificación de

jurisprudencia no constituye una unidad con el proceso judicial de origen. El Consejo
de Estado y la Corte Constitucional lo han definido como un mecanismo de naturaleza
correctiva o un instrumento procesal, cuyo trámite “se debe entender como una nueva
actuación”7, que procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia
por los tribunales administrativos, a fin de que dichas decisiones judiciales se adecúen
a lo que, sobre la materia de que se trate, haya establecido el Consejo de Estado en
una sentencia de unificación.

14. Es así como, en principio, el tiempo que tarde su trámite hasta que sea decidido

de fondo no tiene injerencia alguna en la revisión del requisito general de procedencia
de inmediatez de las acciones de tutela que se interpongan contra las decisiones
adoptadas en el proceso judicial de origen. No obstante, esta Subsección ha
considerado que su interposición habilitaría la posibilidad de flexibilizar el término de
inmediatez respecto al estudio de la causal específica de desconocimiento del
precedente, debido a que se entiende que el accionante acudió a ese mecanismo
judicial con la firme convicción de que aquel resultaba idóneo y eficaz para tramitar
esa inconformidad8.

15. El accionante sustentó la acción de tutela alegando, entre otras cosas, que el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia proferida el 26 de
abril de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buga en la
que se hizo una aplicación indebida de lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 5 de febrero de 2021, Rad. 56.906, que reiteró las reglas
jurisprudenciales para declarar la responsabilidad del Estado en casos de privación
injusta de la libertad.

16. De acuerdo con lo anterior, el estudio del requisito de inmediatez debe tenerse en

cuenta la fecha en la que se adoptó decisión de fondo sobre este medio exceptivo,
pues obró como mecanismo principal para remediar la situación que ahora se alega
ante el juez de tutela

17. Al respecto, en el aplicativo SAMAI consta que en providencia del 13 de febrero de

2025, la Sección Tercera de esta Corporación declaró infundado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Dicha providencia se notificó vía
correo electrónico el 26 de febrero de la misma anualidad, y en atención a lo dispuesto
en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021,
se entiende debidamente notificado a las partes hasta el 28 de febrero siguiente, por
lo que, al haberse interpuesto la tutela el 14 de agosto de 2025, se entiende que fue
ejercida dentro del plazo que la jurisprudencia estima razonable.

7 Corte Constitucional. Sentencia T-308 de 2023 y Consejo de Estado. Sala Plena. Auto del 16 de febrero de 2016

(expediente AG – 2005-01762).
8 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 21 de febrero de 2025. Radicado: 11001-03-

15-000-2024-05714-01. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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18.No obstante lo anterior, el presente trámite constitucional debe declararse
improcedente, al no superar el presupuesto de relevancia constitucional.

19. La parte actora no despliega una carga argumentativa de orden constitucional,

suficiente para mostrar los yerros constitucionales que motivaron la presentación de
esta acción. El actor se limita a mencionar una opinión sobre la decisión judicial,
acompañada de calificativos acerca de que obraron de manera incongruente y
contraria a las pruebas aportadas al proceso, pero sin explicar debidamente cuáles
son las deficiencias en dicho estudio. Se hizo referencia a una jurisprudencia
presuntamente desatendida, pero no se explicó de qué modo aquella se desconoció
en las providencias acusadas y cómo tal omisión se proyecta como una verdadera
afrenta a un derecho fundamental.

20. Respecto a la indebida valoración probatoria, se limitó a sustentar dicho yerro en

la forma en la que considera debió analizarse la responsabilidad estatal en el caso
concreto, pero no mencionó, de cara al estudio de pruebas que adelantó la instancia
judicial accionada, cuáles fueron los testimonios policiales indebidamente valorados,
así como tampoco la injerencia de ese error en la decisión adoptada. También pasó
por alto exponer de qué forma se valoraron las declaraciones de la víctima y como
ese análisis pudo contradecir su dicho como factor para decretar una medida de
aseguramiento en su contra.

21. Sobre este presunto defecto fáctico, la Sala diferencia entre la valoración
probatoria para adoptar la decisión con que culminó el proceso penal, de aquella que
en los albores del proceso llevó a la adopción de una medida de aseguramiento, la
cual, por su objeto y fines, es diferente.

22. Al analizar de qué forma se impuso la medida de detención preventiva contra el

señor Miguel Posso Marín, la autoridad judicial tuvo en cuenta las pruebas obrantes
en el expediente. Acto seguido expuso que para la época de los hechos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 103, 340 y 366 del Código Penal, la
detención preventiva en establecimiento carcelario procedía respecto de los delitos
investigables de oficio cuando el mínimo de la pena fuera igual o superior a 4 años,
dentro de los cuales se encontraban las conductas que se le imputaron al señor
Posso.

23. Expuso que la juez de control de garantías analizó las causales invocadas por la

Fiscal, esto es, que existiera una inferencia razonable de la autoría de los crímenes,
y al respecto, mencionó que se contaba con la declaración y el reconocimiento que
efectuó la víctima de los presuntos agresores a quienes señaló en varias ocasiones.
En cuanto al requisito de los fines de la medida señalados en el artículo 308 de la Ley
906 de 2004, expuso que el juez penal determinó que los imputados constituían un
peligro para la víctima, dado que los identificó de forma expresa y al ordenar su
retorno a su residencia, podría configurarse un peligro mayor para el señor Sierra,
además del agravante que las lesiones causadas a la víctima fueron causadas con
un arma de fuego. Sumado a que, dada la gravedad de los delitos endilgados y las
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penas tan altas, podía inferirse lógicamente que los imputados no comparecieran al
proceso y que, en el evento de existir una sentencia condenatoria, no iban asistir a
cumplirla.

24. Así, explicó que a pesar de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de

Buga absolvió de responsabilidad penal al señor Miguel Ángel Posso Marín, ello no
implicaba que aquel no se encontraba llamado a soportar la privación de su libertad,
pues a la luz de la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, esta no fue
desproporcionada, arbitraria o violatoria de los procedimientos legales.

25. Con base en la argumentación del defecto fáctico a la luz de las conclusiones

probatorias a las que arribó el Tribunal accionado, es apenas notorio que el tutelante
pretende imponer su opinión acerca de la manera como debieron valorarse los
elementos probatorios que reposaban en el expediente ordinario, aspecto que por sí
solo no es suficiente para que se habrá un debate constitucional o iusfundamental.

26. Además, la Sala no evidencia arbitrariedad al momento de valorar los elementos

de convicción obrantes en el proceso de reparación directa o de haber incurrido en
alguna omisión frente a tal aspecto. Distinto es que la parte actora opine, que de
aquellos se infería que la medida de aseguramiento carecía de fundamento, mientras
que la autoridad judicial estimó lo contrario. Por ende, el desacuerdo con la valoración
probatoria efectuada por el juez natural de la causa no habilita para que se promueva
esta acción constitucional con el fin de imponer el grado de certeza que debía
otorgársele al material probatorio.

27. Se reitera que el Tribunal accionado precisó que para el momento de imponer la

medida de aseguramiento se contaban con elementos de convicción de los que se
infería una posible responsabilidad en la comisión del delito endilgado, por lo que para
esa época fue legal, razonable y proporcional su imposición, en razón también a la
naturaleza del ilícito y a las circunstancias de la captura. En ese momento no se
estaba resolviendo sobre la responsabilidad penal del encartado. Otra cosa es que,
de manera posterior, basado en el desarrollo del proceso, no se hubiere logrado
desvirtuar la presunción de inocencia del imputado, determinación que no repercute
en la aludida restricción de la libertad. Dicho de otra manera, el estudio que arropó la
medida de aseguramiento se concentraba en corroborar la presencia de indicios de
los que se inferían la posible comisión del hecho punible y de los cuales se desprendía
la razonabilidad de la restricción de libertad, sin ningún análisis adicional respecto de
la existencia o no de responsabilidad penal.

28. En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el

modo cómo se deben valorar los documentos obrantes en el proceso ordinario ni el
grado de certeza de estos, así como tampoco imponer la tesis que defiende la parte
actora para atribuir responsabilidad estatal, cuando no se comprobó que las
conclusiones probatorias de la autoridad judicial involucraran arbitrariedad alguna. Tal
actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de

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avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia o elevarla a
una tercera instancia.

29. Por otro lado, sobre la presunta indebida aplicación del fallo del 5 de febrero de

2021 proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso 47001-23-33- 000-2013-
00269-01(56906), la Sala también considera que dicho alegado carece de la
respectiva carga argumentativa, pues la parte actora se limita a mencionar que en
dicha providencia se establecieron reglas jurisprudenciales para determinar la
responsabilidad estatal en casos de privación injusta de la libertad. Sin embargo, no
mencionó cuáles eran esas reglas, o cómo fueron desconocidas a la luz del análisis
jurídico y probatorio del Tribunal accionado, ni tampoco expuso los hechos,
pretensiones y objeto de dicho asunto, a fin de determinar si en efecto, lo dicho en
esa sentencia no fue debidamente aplicado en su caso concreto.

30. Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de amparo carece de relevancia

constitucional, en la medida en que no se está acompañada ni revela un ejercicio
argumentativo suficiente para demostrar una trasgresión de derechos fundamentales
que ameritara la intervención del juez de tutela. Por tanto, habrá de declararse su
improcedencia.

31. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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