Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00192-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00192-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00192-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C. trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
Demandadas: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Tema: El recurso se declara infundado porque no se desconocieron las
reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación
invocada por los recurrentes
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por
los demandantes contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó el fallo que negó las
pretensiones de la demanda.
La sala es competente para proferir esta providencia en virtud del artículo 259 del
CPACA.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda de reparación directa
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada por Miguel Ángel Posso
Marín (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por
la privación de la libertad de la víctima directa. En el trámite del proceso penal se
le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado
en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego,
accesorios partes o municiones.
2.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 13 de mayo de 2012 integrantes de la banda <<Los Rastrojos>>
realizaron un atentado contra el señor Evaristo Sierra Ramírez.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
2.2.- El 24 de mayo de 2012, el demandante Miguel Ángel Posso Marín se
presentó voluntariamente a la subestación de policía Naranjal, en donde se le
puso en conocimiento la orden de captura dictada en su contra por su
participación en el atentado realizado contra el señor Sierra Ramírez.
2.3.- El 25 de octubre de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
funciones de control de garantías del municipio de Roldanillo legalizó su captura
y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante
Posso Marín, a quien le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado,
homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia
de armas de fuego, accesorios partes o municiones.
2.4.- En sentencia del 12 de mayo de 2016, el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Buga absolvió al demandante Posso Marín.
B. Sentencia objeto del recurso extraordinario de unificación
3.- En la sentencia del 21 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda con base
en las siguientes consideraciones:
3.1.- <<[A]l efectuarse el análisis de responsabilidad patrimonial del Estado en
los casos de privación de la libertad no puede darse una condena automática, a
partir del título de imputación objetivo, correspondiéndole al fallador verificar,
imprescindiblemente, si la actuación impartida en el proceso penal fue
“abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido
apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”,
incluso en los casos en que se encontró que el hecho no existió, que el sindicado
no cometió>>.
3.2.- Se demostró que la medida de aseguramiento privativa de la libertad dictada
contra la víctima directa cumplió los requisitos legales.
C. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
4.- Los demandantes alegan que el tribunal desconoció la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019 proferida en el proceso 44572 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Alberto
Zambrano Barrera. Fundan su recurso en las siguientes razones:
<<Se insiste, en que el fallo de segunda Instancia, se opone a la SU citada del
Consejo de Estado y su oposición inicia con el Fallo de Primera Instancia que, lo
confirma cuando el A Quo , aborda la sentencia del Consejo de Estado del 5 de
febrero de 2021 – Proceso 47001-23-33- 000-2013-00269-01 (56906), para
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
finalmente exonerar a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
• falla en el servicio por privación injusta de la libertad, contra mis defendidos
presumiendo que ellos, dieron lugar a la investigación, cuando de acuerdo al
recorrido probatorio y las circunstancias de tiempo, modo y lugar no fue como lo
avisto el A Quo.
El A Quo, al tomar la reciente sentencia del Consejo de Estado del 5 de febrero
de 2021, para proferir su fallo, culmino dándole una apreciación diferente a los
hechos, al caudal probatorio, al fenómeno de absolución ocurrido en el caso que
dio origen al Fallo del 5 de febrero de 2021, sin tener en cuenta la gran diferencia
de los hechos, del caudal probatorio y al fenómeno de absolución que se
presentó en el proceso penal de los hermanos POSSO MARIN.
Desconoció el A Quo que, en dicho fallo del 5 de febrero de 2021 del Consejo de
Estado, se señaló por dicha Sala que, los indicios de responsabilidad que existían
hasta esa oportunidad procesal en contra de la demandante llevaban a
considerar razonablemente su participación, a título de coautoría, por lo que la
privación de la libertad a la que fue sometida resulto procedente. (…)
Situación muy diferente que, NUNCA ocurrió NI fue similar al caso de los
Hermanos POSSO MARIN, dado que los indicios de responsabilidad procesal
que existieron para ese momento en contra de los hoy demandantes, no dieron
lugar a considerar razonablemente su participación a título de coautoría por lo
que la privación de la libertad a la que fueron sometidos fue improcedente, injusta
e ilegal, cuando en un comienzo dijo la fiscalía contar con todos los elementos
probatorios para sacar adelante el juicio.
Luego, es claro reiterar que, el Ad Quem, Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como Segunda Instancia, CONFIRMAR el fallo No. 031 del 26 de abril de
2021, mediante Sentencia No. 05 del 21 de enero de 2022, y notificada el día 8
de febrero de 2022, mediante la tesis que, se confirma la sentencia de primera
instancia al determinarse que la medida de aseguramiento impuesta al señor
Miguel Ángel Posso Marín, por parte del Juez Penal Municipal con Función de
Control de Garantías por solicitud de la Fiscalía General de la Nación cumplió
con el lleno de los requisitos establecidos por la legislación vigente a la época de
los hechos. Así mismo, que la preclusión de la investigación no obedeció a la
atipicidad objetiva de la conducta o que el hecho no existió, oponiéndose a la
línea jurisprudencial del Consejo de Estado, como está planteado en la invocada
Sentencia de Unificación. (…)
Luego, lo acertado por el Consejo de Estado; es que no habrá lugar a
responsabilidad extracontractual del Estado, si y solo si, cuando el sindicado
haya dado lugar a la investigación, es decir, la investigación o el proceso penal
No se haya iniciado por culpa suya, y está probado que en el caso que nos
compete de los aquí hermanos POSSO MARIN, eso nunca sucedió, donde más
bien pareciéramos estar frente a un presunto FALSO POSITIVO; pero es más
enfática la Sala en Pleno, y es que aun siendo la medida de aseguramiento de la
que fue objeto, se encontrará ajustada a derecho, habrá lugar a la reparación del
daño.
Y, fue así como está probado que, lo avizoró la Primera y la Segunda Instancia,
es decir, que la medida de aseguramiento a la que fueron sometidos los
hermanos POSSO MARIN, estuvo ajustada a derecho, para negar las
pretensiones de la demanda, siendo esta otra gran razón por la cual, los
cuestionados fallos, controvierten o se oponen a esta sentencia de unificación
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
bajo el RAD: No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), de la Honorable Sala
Plena del Consejo de Estado. (…)>>
D. Oposición al recurso y concepto del Ministerio Público
5.- La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial guardaron silencio durante
el traslado del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
6.- El Ministerio Público solicita que el recurso se declare infundado por los
siguientes motivos:
6.1.- <<La Sala Plena del Consejo de Estado en el expediente 44.572 del 18 de
julio de 2019, unificó su jurisprudencia solo frente a la liquidación de perjuicios
materiales en los casos de privación injusta de la libertad. Por lo que no son de
recibo los argumentos del recurrente cuando dice que hay un desconocimiento
de ésta en su caso concreto, teniendo en cuenta que tanto el Juzgado como el
Tribunal del Valle negaron las pretensiones de la demanda, siendo imposible
liquidar perjuicios materiales y aplicar la Sentencia de Unificación referida>>.
6.2.- <<La Sentencia de Unificación expediente 44.572 del 18 de julio de 2019
invocada no aborda dentro de la ratio decidendi a unificar los títulos de imputación
de la responsabilidad por privación injusta para resolver el caso en concreto>>.
6.3.- <<El recurrente confunde la obiter dicta con la ratio decidendi de la sentencia
de unificación Exp. 44572 de 18 de julio de 2019, pues argumenta su recurso con
la idea de que se deben aplicar los argumentos jurídicos del Consejo de Estado,
en los cuales dijo que, sí había privación injusta de la libertad, siendo equívoco
su análisis, dado que esas consideraciones no hacen parte de la ratio decidendi
de la Unificación>>.
II. CONSIDERACIONES
E. Decisión
7.- La sala declarará infundado el recurso porque no se desconocieron las reglas
jurisprudenciales fijadas en sentencia de unificación invocada por los recurrentes.
8.- Como lo indicó el Ministerio Público, en la sentencia del 18 de julio de 2019,
expediente 44572, la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en relación con
las reglas aplicables para el reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales
en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En
esa providencia no se fijaron reglas de unificación sobre el régimen de
responsabilidad aplicable a este tipo de casos, como erradamente lo insinúan los
recurrentes. En la parte resolutiva de esa providencia se precisó lo siguiente:
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
<<En los términos indicados en la parte motiva de esta providencia, UNIFÍCASE
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en materia de
indemnización del perjuicio material solicitado por quien fue privado injustamente
de la libertad y su familia, criterios que serán aplicables también a los eventos en
los cuales le corresponda al juzgador determinar la existencia y el monto de
perjuicios materiales de la misma clase, los cuales se resumen así:
Respecto del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales
i) Se reconoce el daño emergente por pago de honorarios profesionales
únicamente en favor del demandante que lo haya solicitado como
pretensión indemnizatoria de la demanda y pruebe que fue quien
efectuó ese pago.
ii) Se reconoce si se prueba que el abogado que recibió el pago por
concepto de honorarios profesionales fungió en el asunto penal como
apoderado del afectado directo con la medida de aseguramiento.
iii) La factura –o documento equivalente (artículos 615 y 617 del
Estatuto Tributario)- acompañada de la prueba de su pago,
expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal del
afectado directo con la medida de aseguramiento, será la prueba
idónea del pago por concepto de honorarios profesionales.
iv) La indemnización del daño emergente correspondiente al pago de
honorarios profesionales se hará por el valor registrado en la factura
o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario)
y en la prueba del pago. De no coincidir los valores consignados en la
factura o documento equivalente y en la prueba del pago, se
reconocerá por este concepto el menor de tales valores.
Respecto del lucro cesante
i) Se reconoce el lucro cesante en favor de la persona privada
injustamente de la libertad, siempre que se solicite de manera expresa
por la parte demandante, de modo que no procederá ningún
reconocimiento oficioso al respecto.
Para hacer tal reconocimiento debe haber prueba suficiente que
acredite que, con ocasión de la detención, la persona afectada
con la medida de aseguramiento dejó de percibir sus ingresos o
perdió una posibilidad cierta de percibirlos. Cuando quien se haya
visto privado injustamente de su libertad haya sido una ama de casa
o la persona encargada del cuidado del hogar, tendrá derecho a que
se le indemnice el lucro cesante, conforme a los términos y
condiciones consignados en la sentencia de unificación del 27 de junio
de 2017, proferida dentro del proceso con radicación 50001-23-31-
000-2000-372-01 (33.945).
ii) La liquidación del lucro cesante, que –se insiste- deberá
solicitarse en la demanda-, comprenderá el valor de los ingresos
ciertos que, de no haberse producido la privación de la libertad,
hubiera percibido la víctima durante el tiempo que duró la
detención y, además, podrá comprender, si –se insiste también- se
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
solicita en la demanda, el valor de los ingresos que se acredite
suficientemente que hubiera percibido la víctima después de
recuperar su libertad y que se frustraron con ocasión de la
pérdida de ésta.
iii) El ingreso base para la liquidación será el que se pruebe de
manera fehaciente que percibía el afectado directo con la medida de
aseguramiento.
iv) De no probarse el ingreso, pero sí el desempeño de una actividad
productiva lícita, la liquidación se hará con sustento en el salario
mínimo legal vigente al momento de la sentencia que ponga fin
al proceso de reparación directa. Igual se hará en el caso del ama
de casa o de la persona encargada del cuidado del hogar, conforme
a los términos y condiciones consignados en la sentencia de
unificación del 27 de junio de 2017, proferida dentro del proceso con
radicación 50001-23-31-000-2000-372-01 (33.945).
v) El ingreso base para la liquidación del lucro cesante se
incrementará en un 25% por concepto de prestaciones sociales, sólo
si: a) se pide como pretensión de la demanda y b) se acredita
suficientemente la existencia de una relación laboral
subordinada al tiempo de la detención.>>
9.- En este caso no se desconocieron esas reglas de unificación porque el tribunal
no estudió los perjuicios reclamados por los demandantes debido a que el Estado
fue absuelto.
F. Costas
10.- Teniendo en cuenta que el recurso presentado no prosperó, la parte
recurrente debe ser condenada en costas en virtud del artículo 267 del CPACA,
modificado por el artículo 75 de la Ley 2080 de 2021. Debido a que la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación tenían apoderados, la condena por
concepto de agencias en derecho será de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a favor de cada una de ellas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9
del artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura1.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
1 Esto, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada en el trámite del recurso
de extraordinario.
El ponente aclara que acoge la postura mayoritaria de la sala. Lo anterior, a pesar de que considera que la
fijación de agencias en derecho debe hacerse <<inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva
providencia>>, tal como lo prevé el artículo 366 del CGP.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada el
21 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría,
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Nación —
Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Fiscalía
General de la Nación.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al juzgado de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Ausente con permiso)
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00192-00 (69168)
Demandantes: Miguel Ángel Posso Marín y otros
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
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