Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05741-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05741-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05741-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de diciembre de 2024
Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05741-00
Demandante: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ VALCÁRCEL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por
no superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Luis Enrique González Valcárcel contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 23 de octubre de 20241, el señor Luis Enrique González Valcárcel, a través de
apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en la que pretende el amparo del derecho fundamental
al debido proceso.
El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con ocasión
de la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada, que confirmó la providencia del 25 de marzo de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Quindío, en el curso del medio de control de nulidad y
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Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 13033.
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Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-00
restablecimiento del derecho, iniciado por el actor contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, que se identificó con el radicado 63001-23-
33-000-2021-00123-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Que se modifique la hoja de servicios para el reconocimiento y pago
de las cesantías conforme al régimen retroactivo consagrado en el parágrafo, del
artículo 13 de la Ley 344 de 1996, Decreto 1211 de 1990 del artículo 162 y 1702.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Mediante Resolución 303 del 15 de abril de 1997, el señor Luis Enrique González
Valcárcel fue vinculado a las Fuerzas Militares en el cargo de cadete de la Escuela
Militar de Cadetes del Ejército Nacional.
Durante el tiempo de servicio ascendió a los siguientes cargos, a través de los
respectivos actos administrativos:
Cargo Acto administrativo
Alférez Resolución 7717 del 26 de julio de 1999
Subteniente Resolución 1862 del 1 de diciembre de 2000
Teniente Decreto 3697 del 26 de noviembre de 2004
Capitán Decreto 4513 del 28 de noviembre de 2008
Mayor Decreto 2775 del 29 de noviembre de 2013
Teniente coronel Decreto 2175 del 28 de noviembre de 2018
Por medio de la Resolución 3549 del 18 de diciembre de 2020, fue retirado del
servicio activo por solicitud propia. En consecuencia, con Resolución 294503 del
7 de abril de 2021, se ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,
de acuerdo con el régimen anualizado de liquidación de cesantías conforme con
lo dispuesto en el Decreto 1252 de 2000.
El señor González Valcárcel presentó demanda en ejercicio del medio de control
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Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional con el fin de que le fueran reconocidas las cesantías
definitivas de manera retroactiva de acuerdo con el artículo 162 del Decreto 1211
de 1990.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Quindío en providencia del 25
de marzo de 2021, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que su
derecho a disfrutar de las cesantías definitivas por retiro del servicio no se
consolidó en vigencia del Decreto 1211 de 1990, por lo tanto, no era aplicable la
normativa en su caso.
Además, se indicó que el derecho a gozar de dicha prestación se causó cuando
cumplió los 20 años de servicio como requisito para su retiro, es decir en el año
2020 y, para la fecha en que ingresó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto
1211 de 1990 aún no cumplía con los presupuestos para ser beneficiario del
derecho reclamado, teniendo para dicho momento sólo una expectativa sobre el
reconocimiento de sus cesantías.
Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante
sentencia del 25 de abril de 2024, confirmó la decisión del a quo, tras concluir que:
«[…] la vinculación del demandante al servicio castrense no inició el 10 de enero de 1997,
cuando ingreso a la Escuela de Cadetes, sino el 1º de diciembre de 2000, cuando
ascendió al grado de Subteniente; por manera que, tal como fue concluido por el Tribunal
de Primera Instancia, es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas establecido en
el Decreto 1252 del 25 de mayo de 2020».
Dicho fallo fue notificado personalmente el 8 de mayo de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A en el fallo del 25 de abril de 2024, incurrió en un defecto sustantivo
al no considerar que el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 170 reconoce que el
tiempo de Escuela de Formación sirve para ser computado para efectos de
reconocimiento de cesantías definitivas, como se observa:
ARTÍCULO 170. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás
prestaciones sociales, el Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:
a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de Formación de
Oficiales, con un máximo de dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de una Escuela
de Formación de Suboficiales, con un máximo de dos (2) años;
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c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.
PARÁGRAFO 1o. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en el Artículo
181 del Decreto 2337 de 1971 y disposiciones legales anteriores sobre la misma
materia, se hayan reconocido o se reconozcan por servicios prestados con
anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en cuenta para la
liquidación de las prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos
con tales reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán computables
para el reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de
empleado civil.
PARÁGRAFO 2o. Las fracciones mayores de seis (6) meses se consideran como
año completo para la liquidación del auxilio de cesantía, pero no para las demás
prestaciones sociales.
Así las cosas, señaló que debía incluirse el tiempo correspondiente a la Escuela
de Formación de Oficiales o Suboficiales del Ejército Nacional para calcular las
prestaciones sociales.
Expuso que de acuerdo con la sentencia T-166 de 2020, la Corte Constitucional
estableció que la vinculación de una persona a las Fuerza Pública se da desde el
momento en que ingresa como estudiante a la respectiva escuela de formación,
esto implica que, desde dicho instante, el tiempo que transcurre en formación debe
ser tenido en cuenta para efectos de prestaciones sociales y derechos laborales.
Aseguró que, en la misma providencia la Alta Corte concluyó que los periodos de
servicio militar y de formación en las escuelas militares son susceptibles de ser
reconocidos dentro del sistema de pensiones y prestaciones sociales, siempre y
cuando exista continuidad en la carrera militar sin interrupciones.
Explicó que si bien le fueron reconocidas sus cesantías definitivas, como fecha de
inicio se tomó el 1º de diciembre de 2000, fecha que no corresponde a la realidad,
pues debía contarse el periodo anterior en el que estuvo en formación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 25 de noviembre de 2024, la magistrada ponente admitió la
acción constitucional y ordenó notificar a la parte demandante3 y, como parte
demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A4.
3
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada a los buzones web: erikaleyguarin@hotmail.com
y kikegova@gmail.com.
4
Índice 7 de Samai. La notificación se realizó a los siguientes correos electrónicos:
notifjduque@consejodeestado.gov.co; despacho401@consejodeestado.gov.co;
notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co.
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Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, del Ejército Nacional5; Ministerio de Defensa Nacional6 y del
Tribunal Administrativo del Quindío7.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Camilo Andrés Rey Soler
En documento allegado el 29 de noviembre del presente año, por medio de
apoderada, el señor Rey Soler manifestó encontrarse en una situación similar a la
del actor, pues su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con radicado 11001-33-42-056-2023-00052-00, conocida por el Juzgado 56
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se encontraba en curso. Por lo tanto,
tenía un interés jurídico directo en el asunto.
Expresó que existía una necesidad jurídica de interpretar y aplicar correctamente
la ley en lo relativo a la liquidación de cesantías de los miembros de las Fuerzas
Militares.
1.6.2. Nelson Leonardo López García
El 29 de noviembre del año en curso, el señor López García solicitó que se
accediera a lo solicitado por el accionante, pues se encontraba en condiciones
jurídicas similares a las expuestas en la acción con su demanda tramitada en el
Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, identificado con
radicado 05001-33-33-033-2024-00249-00.
Pese a que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Ejército
Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Administrativo del
Quindío fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.
5
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
ceoju@buzonejercito.mil.co.
6
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada al buzón web:
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
7
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a los correos electrónicos:
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadmin02qnd@notificacionesrj.gov.co.
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Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Luis Enrique González Valcárcel de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sección analizará lo
siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró el derecho
fundamental al debido proceso en la sentencia del 25 de abril de 2024, al
incurrir en un defecto sustantivo?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró su
procedencia10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202211.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
11
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional14.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
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de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal15”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales16”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal18. (Resaltado de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Caso concreto
El señor Luis Enrique González Valcárcel alegó la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de la providencia del 25 de abril de
2024, en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó
la negativa de reconocerle las cesantías definitivas en consideración de lo
dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.
El actor precisó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, al no considerar que el artículo 170 del decreto en mención, reconoce
que el tiempo de Escuela de Formación sirve para ser computado para efectos de
reconocimiento de cesantías definitivas.
Al revisar la sentencia enjuiciada, se observa que previo a hacer el análisis de
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
18
Ibid.
9
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fondo del caso en concreto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A hizo un recuento del régimen retroactivo de cesantías de miembros del Ejército
Nacional.
Sobre el Decreto 1211 de 1990, mencionó que «[…] en su artículo 162 reguló lo
relacionado con las cesantías de quienes se retiren o sean retiradas del servicio activo por
cualquier causa, indicando que tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague, por
una sola vez, un auxilio igual a un mes de haberes correspondientes a su grado por cada
año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 158».
Seguido de ello, indicó que el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000 dispuso: «Los
empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se
vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho
al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996
o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el
evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista
un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas,
incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de
los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo».
Posteriormente, la autoridad judicial accionada explicó lo establecido por la Corte
Constitucional en torno a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares para
fundamentar su decisión.
Al respecto, señaló que la vinculación del demandante al servicio castrense no
inició el 10 de enero de 1997 cuando ingresó a la Escuela de Cadetes, sino el 1º
de diciembre de 2000 cuando ascendió al grado de Subteniente; por manera que,
era beneficiario del régimen de cesantías anualizadas establecido en el Decreto
1252 del 25 de mayo de 2000, ya que no existía norma que indicara que el tiempo
que el señor González Valcárcel permaneció en la Escuela de Formación era
computable para efectos de reconocimiento de cesantías definitivas.
Además, resaltó que cosa distinta habría sido si el actor hubiera comenzado su
vida castrense con la prestación del servicio militar obligatorio, pues entre ambas
figuras existían marcada diferencias expresadas por la Corte Constitucional, como
se evidencia:
(i) el carácter expreso de la prerrogativa que tienen quienes prestan el servicio
militar obligatorio, en contraste con la situación de los estudiantes de estas
escuelas, para quienes ese tiempo solo cuenta para el reconocimiento de la
asignación de retiro; (ii) la obligatoriedad en la prestación del servicio militar y la
voluntariedad en el adelantamiento de estudios al interior de estas escuelas y (iii)
las tareas que se cumplen en desarrollo del servicio militar, que son inherentes al
servicio, lo que se diferencia del carácter de estudiantes universitarios de los
10
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cadetes19.
Inclusive, puso de presente que si bien en la sentencia T-166 de 2020 la Corte
indicó que no existía fundamentación alguna para diferenciar entre quienes
acudieron a la Escuela de Formación Militar y quienes ingresaron al servicio militar
obligatorio, de cara a las prerrogativas establecidas para estos últimos en el
artículo 40 de la Ley 48 de 1993, ello sólo ha tenido cabida para efectos
pensionales.
Finalmente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A diferenció los
conceptos de cesantías y derecho pensional, pues mencionó que el primero se
trataba de un ahorro del trabajador a ser reclamado al terminar su relación laboral,
«[…] con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante, esto es, es producto de
un emolumento -prestación- causado a su favor durante ese vínculo, el cual no sucede
durante la permanencia en la Escuela de Formación Militar».
Con ocasión de lo referido anteriormente, resulta claro que la parte actora pretende
a través de este mecanismo de protección que se retome una discusión que ya fue
abordada por los jueces naturales en el marco del proceso ordinario, escenario
natural del debate, y que culminó con la decisión adoptada en segunda instancia.
Es decir que, la controversia propuesta por el extremo accionante versa netamente
sobre la aplicación de una norma de orden legal, lo que dista del fin de la acción
de tutela, que no es otro que el de proteger garantías fundamentales cuando se
vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en este caso.
En conclusión, la petición tutelar no supera el examen de procedencia general en
los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen de
interpretación legal y no en el alcance de un derecho fundamental ni la aplicación
o desarrollo de la Constitución Política.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia T-166 de 08.06.20.
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Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-00
FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor Luis Enrique González Valcárcel.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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