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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05741-01

Fecha
24 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05741-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Luis Enrique González Valcárcel en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones consignadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05741-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-01
Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-01
Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: derecho a las cesantías. Subtema 3:
defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el señor Luis Enrique González Valcárcel en
contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Enrique González Valcárcel presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ocasión de la
sentencia que profirió el 25 de abril de 2024, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 63001-23-33-000-2021-00123-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos probados

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Luis Enrique González Valcárcel presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con la pretensión de que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 294503 del 7 de abril de 2021 y, en consecuencia, se
condenara a la entidad convocada a reconocer y pagar las cesantías definitivas de
manera retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Decreto
1211 de 1990.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que estuvo vinculado con la
entidad demandada en los siguientes periodos y cargos:
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-01
Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

Acto Administrativo Cargo en ascenso
Resolución núm. 303 del 15 de abril de 1997 Cadete
Resolución núm. 7717 del 26 de julio de 1999 Alférez
Resolución núm. 1862 del 1 de diciembre de 2000 Subteniente
Decreto núm. 3697 del 26 de noviembre de 2004 Teniente
Decreto núm. 4513 del 28 de noviembre de 2008 Capitán
Decreto núm. 2775 del 29 de noviembre de 2013 Mayor
Decreto núm. 2175 del 28 de noviembre de 2018 Teniente coronel

4. Agregó que, con Resolución núm. 3549 del 18 de diciembre de 2020, fue retirado
del servicio activo por solicitud propia, y que, con el acto demandado, el Ejército
Nacional ordenó el reconocimiento de sus cesantías con fundamento en el Decreto
1252 de 2000, pese a que le resultaba aplicable el Decreto 1211 de 1990 porque su
vinculación con la institución inició desde el 15 de abril de 1997.

5. El asunto correspondió conocerlo al Tribunal Administrativo del Quindío bajo
radicado núm. 63001-23-33-000-2021-00123-00, autoridad que negó las pretensiones
de la demanda en sentencia del 25 de marzo de 2022. Apelada la anterior decisión, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado la confirmó en fallo del
25 de abril de 20241.

6. El alto tribunal explicó que la vinculación del demandante con la institución no inició
el 10 de enero de 1997, cuando ingresó a la Escuela de Cadetes, sino el 1 de diciembre
de 2000 que ascendió al grado de subteniente, puesto que no existe norma que
permita computar el tiempo de formación para efectos de liquidar las cesantías. Indicó
que, cuestión distinta sería si hubiera iniciado su carrera con la prestación del servicio
militar obligatorio. En ese orden, le era aplicable el Decreto 1252 del 25 de mayo de
2000.

7. Expuso que, si bien en sentencias como la T-166 de 2020 la Corte Constitucional
ha indicado que no existen razones que justifiquen una diferencia entre quienes
acudieron a la Escuela de Formación Militar y los que ingresaron al servicio militar
obligatorio, lo cierto es que dicha consideración fue realizada dentro del contexto de la
aplicación del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, relativa a asuntos pensionales.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso vulnerados por la
PROVIDENCIA JUDICIAL del Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN (A) con
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00123-01 (4719-2023) de fecha veinticinco (25)
de abril de dos mil veinticuatro (2024).
SEGUNDO: Que se modifique la hoja de servicios para el reconocimiento y pago de las
cesantías conforme al régimen retroactivo consagrado en el parágrafo, del artículo 13 de
la Ley 344 de 1996, Decreto 1211 de 1990 del artículo 162 y 1702.

1 Samai, exp. 63001-23-33-000-2021-00123-02, índice 4, certificado núm. 4735D2140E8F07CC
D09DB2A444266445 5425BED81E08AF0C A13BBA927F62E0CC.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

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Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

9. Como fundamento de sus pretensiones, el señor Luis Enrique González Valcárcel
argumentó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió
en los defectos sustantivo y fáctico porque desconoció que el Decreto 1211 de 1990,
en su artículo 1703 reconoce el tiempo de permanencia en la Escuela de Formación
para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales. En ese orden,
afirmó que:

Es claro que, para el cálculo de las cesantías, en su calidad de prestación social, debe
incluirse el tiempo correspondiente a la Escuela de Formación de Oficiales o
Suboficiales, el Ejército Nacional reconoció este tiempo en la Resolución No. 294503 del
7 de abril de 2021, en la cual se indica en el lapso del 01/12/2000 al 31/12/2000, que
supuestamente comprende solo 30 días, no obstante, en cumplimiento del artículo 170
del Decreto 1211 de 1990, el Ejército reconoce un total de dos años de cesantías (760
días), sin embargo, de manera injustificada, toma como referencia la fecha del
01/12/2000 y procede a liquidar las cesantías de forma anualizada, conforme al Decreto
1252 de 2000, cuando debió considerar el tiempo reconocido desde dos años antes, es
decir, a partir del 01/12/1998 y liquidar las cesantías conforme al decreto 1211 de 1990
artículo 162, ya que el decreto 1252 del 2000 empezó a regir a partir de 06 de julio del
20004.

10. Agregó que, de acuerdo con la sentencia T-166 de 2000 de la Corte Constitucional,
la vinculación de una persona a la fuerza pública inicia desde que ingresa como
estudiante de la escuela de formación, motivo por el cual es a partir de ese momento
que comienza el cómputo para efectos de liquidar las prestaciones sociales.

11. Adujo que, en esa oportunidad, el alto tribunal concluyó que el periodo de servicio
militar y de formación de escuelas deben ser reconocidos dentro del sistema de
pensiones y para prestaciones sociales, siempre y cuando no haya interrupciones en
la continuidad de la carrera militar.

2.3. Trámite procesal

12. La tutela correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 25 de septiembre de 20245 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo del
Quindío y al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; requirió el expediente
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho; ordenó las notificaciones de rigor;
y suspendió los términos de la acción constitucional.

2.4. Intervenciones

13.Los señores Camilo Andrés Rey Soler, Robinson Eduardo Durán Serrano y Nelson
Leonardo López García manifestaron tener interés directo en el asunto, en la medida

3 ARTÍCULO 170. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el
Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:
a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de Formació006E de Oficiales, con un máximo de
dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de una Escuela de Formación de Suboficiales,
con un máximo de dos (2) años;
c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.
4 Se transcribe incluso con errores de texto.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05741-00, índice 4, certificado núm. 46677249D885D226
A19E28BE2E79AC33 ADB93F420E4FA839 48A1C9541F57F341.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05741-01
Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

en que se encuentran en una situación jurídica similar a la del señor González
Valcárcel. Indicaron que el régimen especial prestacional de la fuerza pública debe ser
interpretado y aplicado en un marco de respeto por los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad y especialidad, de manera que se garantice la protección integral de
los derechos de sus integrantes. Pidieron que se accediera a las pretensiones de
amparo6.

14.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 12 de diciembre de 20247, en la que declaró improcedente la acción de tutela porque
no superó el requisito de relevancia constitucional. Citó el fallo ordinario y explicó que
los reproches de la solicitud de amparo versan netamente sobre la aplicación de las
normas que regulan las cesantías de las fuerzas militares, asunto que ya fue objeto de
discusión ante los jueces ordinarios.

2.6. Impugnación

16. El señor González Valcárcel presentó recurso de impugnación en contra de la
sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2024, para lo cual, por un lado,
argumentó que la acción de tutela contenía relevancia constitucional y, por otro lado,
reiteró los cargos de la solicitud de amparo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa por activa del señor Luis Enrique González Valcárcel
está acreditada, porque fue el demandante en el proceso que finalizó con la sentencia
del 12 de diciembre de 2024, que confirmó la decisión que negó las pretensiones del
medio de control ejercido, y, por tanto, es el titular de los derechos que consideró
fueron vulnerados.

19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que
emitió, en segunda instancia, la sentencia del 25 de abril de 2024 que, según afirmó el
tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05741-00, índices 12, 13 y 14.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05741-00, índice 15, certificado 664A34EBF51B061F 6CAC528C9C0957D7

0B6B76AEF29EDB10 A0CB8A41E18822AD.

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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

20. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional9.

21.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional12
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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25. La cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos fáctico y sustantivo en los términos expuestos
en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar a la autoridad
accionada que emita una nueva sentencia en la que resuelva las pretensiones de
reconocimiento y pago de cesantías de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1211
de 1990. En este escenario, estarían afectados los derechos fundamentales del señor
González Valcárcel, en particular, el debido proceso, para cuyo amparo acudió a esta
acción constitucional.

26. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

27. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación objeto de
reparos es del 25 de abril de 2024 y la demanda de tutela se presentó el 24 de octubre
de 2024, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
Constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.

28. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

29. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

30. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 12 de
diciembre de 2024 que declaró improcedentes las pretensiones de amparo. Para ello,
deberá establecer si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo con la sentencia del 25 de abril de 2024, al
confirmar la decisión que rechazó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.4.1 Generalidades del defecto sustantivo

31. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 16.

32. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

33. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)17.

3.4.2. Generalidades del defecto fáctico

34. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»19 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

35. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

36. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

16 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso22.

37. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»24.

38. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es
el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si,
por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras,
sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes,
inconducentes o ilícitas]25.

3.5. Caso concreto

39. En el asunto bajo estudio, los reparos de inconformidad del tutelante se reducen
a que, en su concepto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
desconoció que el artículo 170 del Decreto 1211 de 1990 permite computar el tiempo
de permanencia en las escuelas de formación para efectos de liquidar prestaciones
sociales. Además, expuso que, de acuerdo con la sentencia T-166 de 2020, la Corte
Constitucional estableció que la vinculación de una persona con la fuerza pública inicia
desde que ingresa a prestar servicio militar o a las mencionadas escuelas.

22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

40. Al respecto, la Sala revisó la sentencia objeto de reparos y encontró que la
autoridad accionada abordó la regulación del régimen de cesantías del Ejército
Nacional. En ese orden, indicó que los Decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990
reglamentaron las prestaciones sociales y la carrera profesional del personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.

41. De manera concreta, explicó que el artículo 162 del Decreto 1211 de 1990 prevé
que tendrán derecho al pago de un auxilio, por una sola vez, equivalente a «un mes
de haberes correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de seis
(6) meses o más, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158, y a
las indemnizaciones que legalmente le puedan corresponder liquidadas igualmente
conforme al artículo antes citado»26. Ahora bien, el Decreto 1252 de 2000 dispuso lo
siguiente:

Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública,
que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán
derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344
de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun
en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público,
exista un régimen especial que regule las cesantías27.

42. La norma citada anteriormente establece que los servidores que, al 25 de mayo
de 2000 disfrutaran del régimen de cesantías retroactivas, permanecerían en dicho
régimen hasta la finalización de su vinculación.

43. Por otra parte, la Subsección A de la Sección Segunda expuso que las escuelas
de formación de las fuerzas armadas son centros de preparación integral de futuros
oficiales para el cumplimiento de su misión, y que los actos de estas instituciones
están sometidos a sus reglamentos internos, en los términos contenidos en la Ley 30
de 1992.

44. En cuanto al caso concreto, la autoridad accionada revisó las pruebas aportadas
al proceso ordinario y concluyó lo que se cita a continuación:

Para la Sala es claro que la vinculación del demandante al servicio castrense no inició
el 10 de enero de 1997, cuando ingreso a la Escuela de Cadetes, sino el 1º de
diciembre de 2000, cuando ascendió al grado de Subteniente; por manera que, tal
como fue concluido por el Tribunal de Primera Instancia, es beneficiario del régimen de
cesantías anualizadas establecido en el Decreto 1252 del 25 de mayo de 2000.
[…]
A conclusión en contrario se arribaría, si el demandante hubiera iniciado su vida
castrense con la prestación del servicio militar obligatorio […], respeto del cual, el
Legislador en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 […] estableció como derecho para
aquellas personas que hubieren cumplido el aludido servicio que “a) En las entidades
del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para
efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los
términos de la ley (…)” (Resaltado propio). Disposición que fue replicada en el artículo
45 de la Ley 1861 de 201728.

26 Se transcribe incluso con errores de texto.
27 Se transcribe incluso con errores de texto.
28 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Accionante: Luis Enrique González Valcárcel
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
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45. En ese orden, la Sala observa que, en el presente asunto, el tutelante insiste en
el escrito de tutela en que sus cesantías debieron ser liquidadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 170 del Decreto 1211 de 1990. No obstante, la Subsección A
accionada fundamentó su decisión de negar las pretensiones de la demanda ordinaria,
en que el señor González Valcárcel se vinculó al servicio castrense el 1 de diciembre
de 2000, cuando ascendió a subteniente, primer grado de oficiales, y no el 10 de enero
de 1997 que ingresó a la Escuela de Cadetes, es decir, con posterioridad al Decreto
1252 de 2000.

46. En tal sentido, esta Sala advierte que, si bien es cierto el artículo 170 del Decreto
1211 de 1990 incluye para efectos de liquidar las cesantías el periodo de vinculación
con la escuela de formación, lo cierto es que en el caso concreto, la situación del
demandante no estaba reglada por dicha norma, toda vez que el artículo 1 del Decreto
1252 de 2000 determinó que las personas que ingresaran al servicio castrense con
posterioridad al 25 de mayo de ese año, tendrían derecho al pago de cesantías en los
términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998.

47. En relación con la sentencia T-166 de 2020 que se adujo desconocida, se observa
que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado la estudió y aclaró
lo siguiente:

No pasa por alto la Sala que, en sentencias de Tutela, tales como la T-166 de 2020, la
Corte Constitucional ha indicado que no existe fundamentación alguna para diferenciar
entre quienes acudieron a la Escuela de Formación Militar y quienes ingresaron al
servicio militar obligatorio, de cara a las prerrogativas establecidas para estos últimos
en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, pero ello sólo ha tenido cabida para efectos
pensionales.
[…]
A tal postura arribó la Corte teniendo como derroteros, entre otros, el pronunciamiento
de esta Corporación del 9 de abril de 2014 en la cual se concluyó que una de las
finalidades de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los principios de universalidad,
eficiencia y solidaridad, fue “superar esa desarticulación entre los distintos regímenes
pensionales, que no sólo hacía más difícil el manejo general de esta prestación sino que
se traducía en inequidades manifiestas para los trabajadores.”, lo cual hace necesario
que se permita la acumulación de tiempos y semanas trabajadas, incluyendo los
períodos de permanencia en las Escuelas de Formación de la Fuerza Pública.

48. De lo expuesto, resulta claro que el reproche del accionante relacionado con la
sentencia T-166 de 2020 pretende desconocer que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado ha establecido que no existe fundamento para
diferenciar a quienes prestan el servicio militar obligatorio, que sí tienen derecho a que
se les compute ese tiempo de servicio para liquidar cesantías, de los que ingresaron
a la Escuela de Formación Militar, pero solo para efectos pensionales.

49. Por las razones expuestas, la Sala observa que la Subsección A de la Sección
Segunda valoró debidamente las pruebas aportadas al expediente ordinario y
consideró que, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000,
y a que el señor González Valcárcel ingresó a las fuerzas militares el 1 de diciembre
de 2000, no le era aplicable el Decreto 1211 de 1990, y, por ende, no incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo.

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Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, esta Sala modificará la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida
en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente las pretensiones de amparo, para, en su lugar, negar la solicitud de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 que profirió la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por el señor Luis Enrique González
Valcárcel en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por las razones consignadas en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DACJ/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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