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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00123-02

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00123-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío el 25 de marzo de 2022, por lo dicho en la parte motiva. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número: 88001-23-31-000-2011-00053-01(1364-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 63001-23-33-000-2021-00123-01 (4719-2023) Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2021-00123-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00123-01 (4719-2023)
Demandante: Luis Enrique González Valcárcel
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Cesantías Retroactivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Quindío, que
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

ANTECEDENTES

El señor Luis Enrique González Valcárcel, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló
las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 294503 del 7 de abril de 2021 por medio de la
cual se reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas con fundamento en el
expediente No. 74180904 de 2021.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a reconocer y pagar
las cesantías definitivas de manera retroactiva de conformidad con lo establecido en el artículo
162 del Decreto 1211 de 1990; así mismo, la diferencia entre lo causado y lo reconocido en el
acto administrativo acusado y, la indemnización por mora prevista en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Que se ordene el pago indexado de todas las sumas de dinero que se reconozcan, así mismo
de los intereses moratorios, acorde a lo establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, mediante Resolución No. 303 del 15 de abril de 1997, el demandante fue vinculado a las
Fuerzas Militares en el cargo de cadete de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional.

Que, durante el tiempo de su servicio, ascendió a los cargos que se enlistan a continuación, a
través de los siguientes actos administrativos:

Acto Administrativo Cargo en ascenso
Resolución No. 7717 del 26 de julio de 1999 Alférez
Resolución No. 1862 del 1 de diciembre de 2000 Subteniente
Decreto No. 3697 del 26 de noviembre de 2004 Teniente
Decreto No. 4513 del 28 de noviembre de 2008 Capitán
Decreto No. 2775 del 29 de noviembre de 2013 Mayor

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Decreto No. 2175 del 28 de noviembre de 2018 Teniente coronel

Que, mediante Resolución No. 3549 del 18 de diciembre de 2020, fue retirado del servicio
activo por solicitud propia.

Que, en Resolución No. 294503 del 7 de abril de 2021, se ordenó el reconocimiento y pago de
sus cesantías definitivas; decisión que le fue notificada el día 13 de ese mes y año.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 27 de agosto de 2021, se admitió la demanda; decisión que fue notificada
al demandado el 3 de septiembre de 2021.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirmó que el demandante no le
asiste el derecho reclamado toda vez que el 1º de diciembre de 2000 fue ascendido al grado
de Subintendente (primer grado de Oficial), esto es con posterioridad a la entrada en vigencia
del Decreto 1252 de 2000 que, al tenor literal dispone: “Artículo 1°. Los empleados públicos,
los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del
Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso
(…)”; consecuente con lo cual, no le es aplicable el artículo 162 del Decreto 1211 de 1990;
norma que, además, “no expresa sanción moratoria, por el pago de las Prestaciones Sociales”.
Por último, aseveró que no es procedente la condena en costas, al no encontrarse acreditadas.

En auto del 31 de enero de 2022 se ordenó imprimir el trámite de sentencia anticipada y correr
traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 25 de marzo de 20221, el Tribunal Administrativo de Quindío2 negó las
pretensiones de la demanda por considerar que el derecho a disfrutar de las cesantías
definitivas por retiro del servicio del demandante no se consolidó en vigencia del Decreto 1211
de 1990, por lo tanto, no es dable aplicar para su liquidación de cesantías dicha normativa.

Que, s
.u derecho a gozar de dicha prestación se causó en el momento que cumplió los 20 años de
servicio como requisito para su retiro, es decir en el año 2020 y, para la fecha en que ingresó
al Ejército en vigencia del Decreto 1211 de 1990 (como cadete el 10 de enero de 1997 y como
alférez el 24 de julio de 1999) aún no cumplía con los presupuestos para ser beneficiario del
derecho reclamado, teniendo para dicho momento sólo una expectativa sobre el
reconocimiento de sus cesantías.

Que, a lo anterior se suma, que su vinculación como suboficial del ejército subteniente (que es
el momento donde entra a disfrutar de las prestaciones sociales que su cargo le otorga) fue
en diciembre de 2002 y ya se encontraba vigente el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 y
por ello sus cesantías como oficial son anualizadas.

Que no se viola la favorabilidad, pues no existe conflicto entre fuentes del derecho y, no puede
pretenderse aplicar el tema de la asignación de retiro (que sí tiene norma expresa que
consagra que el tiempo de formación hace parte del tiempo para su reconocimiento) cuando
las cesantías se causan al ingresar al escalafón como oficial, lo que ocurre en el grado de
subteniente en diciembre de 2002, pues su ingreso anterior lo hace como estudiante en el
grado de cadete y alférez, lo que no son oficiales (artículo 5 del Decreto 1211 de 1990).

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

1
Notificada el 28 de marzo de 2022
2
Con salvamento de voto del Dr. Juan Carlos Botina Gómez.

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RECURSO DE APELACIÓN

El extremo activo afirmó que el demandante permaneció en servicio activo y adquirió
derechos laborales desde su ingreso como alumno de la Escuela de Oficiales hasta el 14 de
enero de 2021, cuando se retiró, de forma tal, que las cesantías definitivas que reclamada
deben reconocerse conforme lo dispuesto en el artículo 162 del Decreto 1211 de 1999
“aplicando los principios constitucionales pro homine y de favorabilidad normativa en carácter
laboral, debe privilegiarse esta norma por ser la más garantista o favorable para el titular del
derecho, aunado que cuando inicio su vínculo al servicio con el Ejército Nacional era la Norma
vigente y bajo esa condición ingresó al régimen especial.”

Que, no existe una razón por la cual el tiempo de servicio en escuela de formación no puede
considerarse para efectos de determinar el inicio del periodo de vinculación como oficial de las
fuerzas militares, el cual es aceptado para reconocer ciertos y específicos efectos jurídicos,
como es el caso de la pensión, pero para otros derechos laborales no, de haberse aceptado,
su prestación se hubiera liquidado por el régimen retroactivo.

Que la postura de la entidad brinda un trato diferente y discriminatorio entre los oficiales y
alumnos de la escuela de formación, lo cual infringe el Decreto 1252 de 2000, que no hace
diferencias y emplea el término vinculación, presupuesto que cumple el demandante y lo hace
acreedor a percibir cesantía retroactiva.

TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico se resume en determinar si el demandante tiene derecho a que se efectúe
la liquidación de sus cesantías definitivas en aplicación del régimen retroactivo teniendo en
cuenta para ello la fecha en la cual ingresó en el cargo de cadete de la Escuela Militar de
Cadetes del Ejército Nacional.

Régimen de Cesantías en el Sector Público:

La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales,
el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y,
proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal a), de dicha norma, consagró
que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente.

El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías se toma
como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos
meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en
todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que
estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el
auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores oficiales» 3, y «proteger dicho auxilio
contra depreciación monetaria» 4. Con tales finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención
determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos
y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al
Fondo. Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar,

3
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
4
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la citada norma empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta
prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la
liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el
reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año,
sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación
anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo
siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que estableció el
régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador
que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con
los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

Por su parte, la Ley 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las
cesantías5, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al
igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo6. Además, en los artículos 6.º
y 7.º, se fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder
adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre l as
cesantías.

5
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
6
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la liquidación anual del
auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus
artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de
Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría
respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas
anteriores7.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos8 se acogieran al régimen
anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita
en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la
solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada
por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a
favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de
deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que
se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para
su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías
se les sigue garantizando éste, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.º del Decreto 1252
de 20009 y 3.º del Decreto 1919 de 200210.

Régimen de Cesantías miembros del Ejército Nacional.

La Ley 66 de 1989 le otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para
reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de oficiales, suboficiales, agentes
y civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En ejercicio de tal facultad, se expidieron los Decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990 por
medio de los cuales reguló las prestaciones sociales y la carrera profesional del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; del personal de
Agentes de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, respectivamente.

Concretamente, el Decreto 1211 del 8 de junio de 1990, reformó el Estatuto de Personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares contemplado en el Decreto 95 de 1987 y, en
su artículo 162 reguló lo relacionado con las cesantías de quienes se retiren o sean retiradas
del servicio activo por cualquier causa, indicando que tendrán derecho a que el Tesoro Público
les pague, por una sola vez, un auxilio igual a un mes de haberes correspondientes a su grado

7
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el
Decreto 1160 de 1947.
8
Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
9
«Artículo 2.- Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán
en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad
prestacional.»
10
«Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán
disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»

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por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 158.

Dicho decreto fue modificado por el Decreto Ley 1790 de 2000 y posteriormente, fue derogado
y subrogado parcialmente por el Decreto Ley 4433 de 2004 en el cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

El Decreto 1252 de 200011, expedido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, en su artículo 1º,
estableció: “Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza
pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto,
tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990,
344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun
en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista
un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas,
incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los
servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo”.

Y a continuación, en el artículo 2º, previó: “Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000,
disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la
terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha
modalidad prestacional”.

Sobre el alcance de la norma, el Departamento Administrativo de la Función Púbica, en
concepto 458681 de 2021, concluyó:

“(…) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado, se concluye que, el régimen
retroactivo de cesantías cesó en las entidades públicas con la expedición de la Ley 344 de 1996,
toda vez que mediante esta Ley se ordenó que las personas que se vinculen a partir de su
vigencia se regirían por el sistema de liquidación anual de cesantías. Es decir que, con la
evolución normativa en la actualidad el régimen de reconocimiento y pago de cesantías
retroactivas beneficia a algunos servidores públicos vinculados con anterioridad a la vigencia de
la Ley 344 de 1996.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1252 de 20009dispuso que los servidores públicos
que a 25 de mayo de 2000 disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas, se les debería
mantener en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en la entidad
que aplicara dicha modalidad; es decir, a partir de su expedición los servidores públicos que
se vincularon a la administración se regirían por las disposiciones de las Leyes 50 de
1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según sea el caso.

Así las cosas, los miembros de la fuerza pública (miembros militares de las fuerzas armadas y la
policía nacional) se beneficiaron del régimen de las cesantías retroactivas hasta la expedición
del Decreto 1252 de 2000; mientras que el personal civil mantuvo el régimen hasta la expedición
de la Ley 344 de 1996.

Las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares.

La Corte Constitucional 12 ha establecido que “las escuelas de formación de las Fuerzas
Armadas son entes estatales orientadas "a la preparación integral de los futuros oficiales, para
el cabal cumplimiento de la misión institucional, cual es la defensa de la soberanía, el
mantenimiento de la seguridad interna y externa y el apoyo al desarrollo de país. Dentro de
dicha misión se destaca igualmente la integralidad de la formación del oficial en sus aspectos
humano, ético, científico, físico, militar, y cultural con un profundo respeto por la persona y los
valores humanos13"14.

11
Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública.
12
Sentencia T-465/03
13
ST-438/92 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-503/92 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez); ST-582/92 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz; ST-361/93 (M. Eduardo Cifuentes Muñoz).
14
Sentencia T-596 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Galvis. En esta sentencia, la Corte Constitucional conoció de una tutela interpuesta
por un accionante despedido de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" debido a que había cometido una falta

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Los actos de este tipo de instituciones "se encuentran sometidos a los reglamentos internos
que rigen la institución y a los propios de una escuela de formación de oficiales, conforme a la
Ley 30 de 1992, que dispuso que las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, en su organización, funcionamiento y régimen de personal, se rigen por las
normas especiales que como unidades militares tienen y en lo relacionado con los programas
de educación superior que ofrecen, se someten a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en sus
normas reglamentarias”15

En efecto, el artículo 137 de la norma en cita, establece que “"[…] las Escuelas de Formación
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior,
[…] funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán
conforme lo dispuesto en la presente ley".

Conforme con lo cual, las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas están regida por los
respectivos reglamentos, "que atienden la singularidad e identidad propia de la institución,
disposiciones a los que están sometidos uno y otras, siempre y cuando, como lo ha señalado
reiteradamente esta Corporación el contenido de las mismas no vulnere o desconozca los
principios y derechos fundamentales que garantiza la Constitución Política"16.

Resolución al caso concreto

Con la prueba recaudada se encuentra acreditado:

Que, en Resolución No. 8549 del 18 de diciembre de 2020, se retiró del servicio al actor de las
Fuerzas Militares – Ejército Nacional, por solicitud propia, con novedad fiscal 14 de enero de
2021, al señor Gonzáles Valcárcel; fecha para la cual se encontraba en el cargo de Teniente
Coronel en el Comando Octava Brigada ubicado en la ciudad de Armenia (Quindío)

Que, en Resolución No. 294509 del 7 de abril de 2021 la Dirección de Prestaciones Sociales
del Ejército Nacional reconoció y ordenó el pago de la suma de $5.962.418 a favor del
demandante por concepto de cesantías definitivas. Acto administrativo que le fue notificado el
5 de agosto de 2021.

Que, conforme expedido por la Dirección de Persona del Ejército Nacional, para efectos de
liquidar las cesantías definitivas antes mencionadas, se tuvo en cuenta el tiempo de servicios,
discriminado así:

Concepto Inicio Final
Alumno Oficial Cadete 10/01/1997 23/07/1999
(3 años, 10 meses y 20 Alférez 24/07/1999 30/11/2000
días)
Subteniente 01/12/2000 02/12/2004
Teniente 03/12/2004 04/12/2008
Oficial Capitán 05/12/2008 08/12/2013
(20 años, 1 mes y 13 Mayor 09/12/2013 09/12/2018
días) Teniente coronel 10/12/2018 14/01/2021

Para la Sala es claro que la vinculación del demandante al servicio castrense no inició el 10
de enero de 1997, cuando ingreso a la Escuela de Cadetes, sino el 1º de diciembre de 2000,
cuando ascendió al grado de Subteniente; por manera que, tal como fue concluido por el
Tribunal de Primera Instancia, es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas
establecido en el Decreto 1252 del 25 de mayo de 2020.

disciplinaria. La Corte analizó en esa oportunidad el ámbito de autonomía de la que disponen las escuelas de formación de las
Fuerzas Armadas.
15
Sentencia T-596 de 2001, ya citada.
16
Sentencia T-596 de 2001, ya citada.

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Lo anterior, es así, toda vez que no existe norma alguna que indique que el tiempo en que el
demandante permaneció en la Escuela de Formación es computable para efectos del
reconocimiento de las cesantías definitivas y, mucho menos, que el inició de su formación,
sirva como punto de partida para determinar el régimen que le era aplicable.

A conclusión en contrario se arribaría, si el demandante hubiera iniciado su vida castrense con
la prestación del servicio militar obligatorio, definido como “una obligación de naturaleza
constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto
a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público” 17 y, respeto del cual, el Legislador en el
artículo 40 de la Ley 48 de 1993 -reglamentada por el Decreto 2048 del 11 de octubre de 1993-
se estableció como derecho para aquellas personas que hubieren cumplido el aludido servicio
que “a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será
computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en
los términos de la ley (…)” (Resaltado propio). Disposición que fue replicada en el artículo 45
de la Ley 1861 de 2017.

En este sentido, se establecen diferencias entre quienes ingresan a las Escuelas de Formación
y quienes prestan el servicio militar obligatorio que, han sido marcadas por la corte
Constitucional 18 así: “(i) el carácter expreso de la prerrogativa que tienen quienes prestan el
servicio militar obligatorio, en contraste con la situación de los estudiantes de estas escuelas,
para quienes ese tiempo solo cuenta para el reconocimiento de la asignación de retiro; (ii) la
obligatoriedad en la prestación del servicio militar y la voluntariedad en el adelantamiento de
estudios al interior de estas escuelas y (iii) las tareas que se cumplen en desarrollo del servicio
militar, que son inherentes al servicio, lo que se diferencia del carácter de estudiantes
universitarios de los cadetes”.

No pasa por alto la Sala que, en sentencias de Tutela, tales como la T-166 de 2020, la Corte
Constitucional ha indicado que no existe fundamentación alguna para diferenciar entre quienes
acudieron a la Escuela de Formación Militar y quienes ingresaron al servicio militar obligatorio,
de cara a las prerrogativas establecidas para estos últimos en el artículo 40 de la Ley 48 de
1993, pero ello sólo ha tenido cabida para efectos pensionales.

En efecto, se sostuvo en la sentencia en cita:

“para resolver cuál debía ser la interpretación aplicable para definir si había lugar a acumular los
tiempos de permanencia en las escuelas de cadetes, la Corte en la referida sentencia hizo uso el
principio pro-homine, que permite que, entre dos o más posibles interpretaciones, se prefiera la
más garantista, es decir, aquella que permita que se aplique de forma más amplia un derecho
fundamental19. En desarrollo de este principio la Sala consideró que la prerrogativa contenida en
el literal 1) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que permitía el cómputo del tiempo de servicio
militar para efectos pensionales, también era extensiva a los cadetes de las Escuelas de
Formación Militar y de Policía, pero por razones distintas a las invocadas por el Consejo de Estado
en el año 2014.

(…)

4.6.7. En suma, la jurisprudencia de esta Corporación en la actualidad admite que los tiempos de
vinculación a las Escuelas de Cadetes de la Fuerza Pública se computen para efectos de validar
la densidad de semanas requeridas para acceder al reconocimiento y pago de una pensión
de vejez en el régimen general de pensiones. Ello por cuanto, como se dijo, es la interpretación

17
Corte Constitucional Sentencia C-511 de 1994.
18
T-166 de 2020
19
Sobre este principio y la seguridad social, se puede consultar la Sentencia T-716 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), en
la que se resolvió una controversia sobre el reconocimiento y pago de pensiones de sobrevivientes a favor de parejas del mismo
sexo, cuando el causante había fallecido antes de la expedición de la Sentencia C -336 de 2005. Para resolver el caso, la Corte
señaló que la seguridad social como derecho constitucional debe interpretarse de manera compatible con el principio pro-homine,
“lo que proscribe entendimientos incompatibles con la vigencia de los derecho fundamentales o que infrinjan tratos discriminato rios
por motivos sospechoso”, lo que la llevó a concluir que los efectos de la referida sentencia de constitucionalidad “no son
constitutivos de una prestación económica particular, sino declarativos de una discriminación injustificada contra las parejas del
mismo sexo”.

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que permite una aplicación más amplia del derecho a la seguridad social, sumado a que no se
encontró por parte de esta Corporación una razón que justifique un trato diferente, al que
constitucional, jurisprudencial y legalmente se le ha dado a quienes prestan el servicio militar
obligatorio, en lo que hace referencia a esta prerrogativa”. (Destacado propio).

A tal postura arribó la Corte teniendo como derroteros, entre otros, el pronunciamiento de esta
Corporación del 9 de abril de 201420 en la cual se concluyó que una de las finalidades de la
Ley 100 de 1993, en desarrollo de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, fue
“superar esa desarticulación entre los distintos regímenes pensionales, que no sólo hacía más
difícil el manejo general de esta prestación sino que se traducía en inequidades manifiestas
para los trabajadores.”, lo cual hace necesario que se permita la acumulación de tiempos y
semanas trabajadas, incluyendo los períodos de permanencia en las Escuelas de Formación
de la Fuerza Pública.

A lo anterior se suma, que, a diferencia del derecho pensional, las cesantías constituyen un
“ahorro” del trabajador, a ser reclamado al terminar su relación laboral, con el objeto de cubrir
la contingencia de quedar cesante, esto es, es producto de un emolumento -prestación-
causado a su favor durante ese vínculo, el cual no sucede durante la permanencia en la
Escuela de Formación Militar.

En suma, el demandante no tiene derecho a que la liquidación de sus cesantías definitivas se
efectúe con el régimen retroactivo y en tal sentido, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera
instancia.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A
del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el ar. 188
de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de
mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección A
aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de la
nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado
en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los fundamentos del
alegados a lo largo del trámite procesal por el extremo demandado no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Y, en estos mismos
términos no se condenará en costas en segunda instancia, en tanto no se encuentran
probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío el 25
de marzo de 2022, por lo dicho en la parte motiva.

20
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número: 88001-23-31-000-2011-00053-01(1364-13). C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.

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Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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