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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05803-00

Fecha
29 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05803-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Masisa Colombia SAS, en contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente a favor de la DIAN. Para el efecto, se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Por Secretaría liquídense las costas. TERCERO: Una vez cumplido el trámite anterior, ARCHIVAR el presente asunto y dejar las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05803-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

29 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Estudio de la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA – No se configura en el
presente asunto.

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta.

El recurrente plantea la configuración de la causal 5° del artículo 250 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

Sentencia objeto del recurso extraordinario

1.
Corresponde a la decisión del 26 de octubre de 20231, con la que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado confirmó en su integridad el fallo que declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos de 12 de septiembre de 2013 y 9 de
octubre de 2014, proferidos por la DIAN, a través de los cuales modificó la
declaración del impuesto sobre la renta presentada por Masisa Colombia SAS,
correspondiente al año gravable 2011.

2.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección
2
A , consideró que no se configuró una falsa motivación en los actos enjuiciados,
toda vez que en virtud del artículo 757 y 760 del Estatuto Tributario, se presume que
las diferencias entre el inventario contable y el registrado fiscalmente, se debe a
unos ingresos gravados omitidos, de ahí que estimó procedente haber efectuado la
aludida modificación. Además, previamente la DIAN realizó diversas actuaciones
que velaron por el debido proceso y la defensa de la Sociedad. No obstante, en
aplicación del principio de favorabilidad ajustó la sanción, por lo que disminuyó la
tarifa del 160% al 100% conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario, modificado
por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016.

Recurso extraordinario de revisión y su trámite

1 Samai índice 2. Anexo 3 del archivo: 2ED_CorreoElectronico_Bl(.pdf) NroActua 2
2 Sentencia de 9 de junio de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

3.
Mediante escrito del 28 de octubre de 20243, Masisa Colombia SAS interpuso
recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5° del artículo 250
del CPACA, esto es, por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

4. La parte recurrente indicó que se configuró la nulidad en la sentencia
impugnada, por las siguientes razones: i) incurrió en falta de congruencia desde una
perspectiva interna y externa, tras contradecirse en la parte motiva frente a la
resolutiva del fallo y por omitir pronunciarse sobre algunos cargos del recurso de
apelación, ii) infringió el principio de legalidad por aplicar una presunción legal sobre
supuestos que no consagraba el artículo 757 del Estatuto Tributario, iii) transgredió
el debido proceso al omitir valorar el material probatorio de conformidad con los
criterios de la sana crítica, iv) no tuvo en cuenta el precedente judicial aplicable por
lo que se vulneraron los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad
jurídica y, v) desconoció las reglas y subreglas jurisprudenciales relacionadas con
la constatación de la existencia de mayores inventarios frente a los contabilizados,
para efectos de observar la presunción legal, con lo cual se transgredió la confianza
legítima.

5. En escrito de 25 de noviembre de 20244, la DIAN solicitó se declare infundado
el recurso. Adujo que el recurrente pretende usar este mecanismo extraordinario
como una instancia adicional, pues es evidente que está controvirtiendo las razones
del fallo, cuestionando la valoración probatoria y reiterando los argumentos de la
demanda y del recurso de apelación. Expuso que el salvamento de voto no
comportaba una descalificación de la decisión adoptada por la mayoría5 y, lo
argumentado en relación con desconocimiento de precedentes judiciales, tampoco
está llamado a prosperar bajo este instrumento judicial.

6.
El Ministerio Público, a través de escrito del 18 de noviembre de 20246, rindió
concepto en el que solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión.
Como sustento, señaló que i) el principio de congruencia está previsto para asegurar
la concordancia entre lo probado y lo solicitado por las partes, ii) la aplicación de la
presunción contenida en el artículo 757 del Estatuto Tributario, procede bajo
cualquier prueba y iii) el juez de instancia analizó todas las pruebas aportadas al
proceso.

7.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

8.
No existiendo razones o motivos que conduzcan a adoptar una medida de
saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.

9.
El presente recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar.

3 Samai, índice 2.
4 Índice 14, Samai.
5 Según sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada el 20 de febrero de 2014 bajo radicado

26.990.
6 Índice 13, Samai.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

10. La causal 5° de revisión determina que la sentencia será anulable cuando sea
portadora de un vicio de nulidad originado en el mismo acto de adopción, y contra
el cuál no proceda recurso de apelación. Sobre esta causal, la Sala Plena del
Consejo de Estado7 ha manifestado que para su estructuración, el vicio debe
configurarse al momento mismo de la expedición de la sentencia, de modo que no
es procedente controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta y
que debieron ser alegadas cuando ocurrieron. Con esta exigencia, se requiere
además que el vicio de cuenta de una irregularidad grave, con capacidad de variar
la decisión en caso de no haber estado presente8.

11. Atendiendo a las anteriores exigencias, se han identificado por el Consejo de
Estado, algunas hipótesis fácticas que estarían llamadas a configurar un vicio con
el contenido y alcance ya referenciado9, a saber, (i) haberse dictado fallo con
sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido proceso, (ii)
haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al
proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado, o (v) faltar al principio de congruencia.

12. En el caso bajo estudio, el recurrente adujo que el fallo en cuestión incurrió en
una falta al principio de congruencia10, desde la perspectiva interna, toda vez que
en la parte considerativa de la sentencia se reconoció de forma expresa y literal que
un registro débito y un registro crédito por el mismo valor en una cuenta contable
generaban un efecto neutro en el saldo total de la cuenta11; sin embargo, en su parte
resolutiva indicó que la compañía no había demostrado la neutralidad de los
movimientos débito y crédito por el mismo valor12. Por ende, al momento de adoptar
la decisión, incurrió en una contradicción13.

7 Ver, entre otras, las siguientes providencias: de 20 de abril de 2004, expediente con número de radicado

11001-03-15-000-1996-0132-01, de 18 de octubre de 2005, expediente con número de radicado 11001-03-15-
000-2000-00239-00, de 7 de febrero de 2006, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-1997-
00150-00, de 9 de marzo de 2010, expediente con número de radicado 1100103150002002-1024-01 y de 31
de mayo de 2011, expediente con número de radicado 1100103150002008-00294-00.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del

13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. C.P. Alberto Montaña Plata.
9 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1 de septiembre de 2020, Exp. 11001-

03-15-000-2020-00266-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
sentencia de 7 de febrero de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV); Sentencia de 8 de mayo de
2018, Exp. 11001-03-15-000-1998-00153- 01 (REV).
10 Cargos del recurso de revisión esbozados en los literales A y B del escrito.
11 Se trascribe conforme obra: “Si bien es cierto, al realizarse un registro débito y crédito por el mismo valor a

una misma cuenta contable, esto genera un efecto neutro en el saldo de la cuenta contable, dicha operación sí
genera un impacto en el saldo débito y en el saldo crédito de la cuenta, considerados de forma individual.
“También es posible afirmar que no obra prueba en el expediente que permita concluir que la actora utilizó
cuentas al margen del Decreto 2650 de 1993 PUC, pues precisamente el centro de la discusión está en las
partidas que registró la actora en la cuenta 1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa, que está
contenida en la norma citada”.
12 A partir de señalar: “Si en gracia de discusión se aceptara que en efecto, el sistema “SAP” esta parametrizado

de manera tal, que realiza la operación de ‘desasignación’ de forma automática, con un débito y un crédito por
el mismo valor a la cuenta 1345 (…), y que esa operación no refleja una salida de inventarios por ventas no
reportadas contable ni fiscalmente, debió demostrar con cifras extraídas directamente de su contabilidad, que
esta operación tuvo un efecto neutro en su información, sin que así haya ocurrido. No prospera el cargo de falta
de valoración probatoria”.
13 Páginas 16 a 21 del recurso extraordinario de revisión.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

13. La falta de congruencia externa fue sustentada en que en la sentencia se
reconocieron 10 cargos del recurso de apelación14; sin embargo, el objeto de la
controversia se planteó inobservando varios de estos argumentos. Así, se omitió
resolver los literales A, B e I del recurso de apelación, esto es, sobre la procedencia
en la aplicación del artículo 757 del Estatuto Tributario (A), desconocimiento del
presente jurisprudencial constituido como doctrina probable (B)15 y la omisión de
pronunciamiento frente a la totalidad de los cargos de nulidad (I)16.

14. La congruencia procesal se ha instituido como un principio que delimita el
ejercicio jurisdiccional, según el cual, la decisión debe reflejar una correlación entre
lo resuelto, las pretensiones, las excepciones y las demás actuaciones surtidas de
manera oportuna en el curso del proceso judicial. Por tanto, la sentencia que
transgreda dicho principio debe ser infirmada en la medida que la coherencia del
fallo se erige como una garantía del derecho fundamental al debido proceso de las
partes en desarrollo de la actuación judicial.

15. Esta Corporación ha sostenido que la congruencia debe cumplirse de manera
interna y externa, respectivamente, i) debe existir correspondencia entre la parte
motiva y resolutiva de la sentencia, la cual exige una armonía y concordancia entre
las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y
jurídicas, contenidas en la parte considerativa, frente a la decisión plasmada en la
parte resolutiva y ii) que la decisión sea concordante con lo pedido en la demanda
y en su contestación, en suma, si aquella se adopta en sede de apelación, con la
sentencia de primer grado y el reproche del recurso17.

16. Frente al cargo de congruencia interna, se tiene que la conclusión anotada
por la Sección Cuarta en la parte resolutiva, fue producto de un estudio de las
pruebas arrimadas al proceso, a través del cual se evidenció que las compras y las
“desasignaciones” no ascendían al mismo valor, es decir, Masisa Colombia SA no
probó que sus registros débitos y créditos tenían el mismo valor, de ahí que, no
podía considerar lo anotado en su parte motiva –que tales valores generaban un
efecto neutro sobre el saldo de la cuenta-, pues precisamente, como lo advirtió esa
sala de decisión, dichos montos no eran equivalentes. No se trata de una
contradicción en la que haya incurrido el juez de instancia, sino que no se dio el
supuesto de hecho de la premisa consignada en la parte motiva de la decisión, que
permitiera llegar a una conclusión en ese sentido, de ahí que no podía estimarse
que los aludidos valores generaban un efecto neutro en el saldo final de la cuenta.
Por tanto, no se evidencia que se haya incurrido en una falta de congruencia de

14 Cargos tomados del recurso de apelación: A. Indebida aplicación del artículo 757 del Estatuto Tributario, B.

Desconocimiento del precedente jurisprudencial constituido como doctrina probable, C. Pretermisión de los
hechos acaecidos, D. Indebida valoración probatoria, E. Falta de valoración del dictamen técnico de diagnóstico
de acuerdo a la sana crítica, F. Inobservancia del alcance y contenido del dictamen técnico aportado como
anexo en la reforma de la demanda, G. Interpretación errada de los movimientos asignados y desasignados, H.
Violación al debido proceso y al derecho de defensa, I. Omisión de pronunciamiento frente a la totalidad de los
cargos de nulidad y J. violación al artículo 647 del Estatuto Tributario y K. Improcedencia de la sanción por
inexactitud.
15 Inicialmente, el recurrente señaló que no se resolvió el cargo de la apelación contenido en el literal c

(pretermisión de los hechos); no obstante, en la sustentación del mismo, se refirió y argumentó aquella
circunstancia sobre el literal B (desconocimiento del precedente jurisprudencial constituido como doctrina
probable).
16 Página 22 a 35 del recurso del recurso extraordinario de revisión.
17Sentencia de 5 de febrero de 2024. Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado. Radicado interno:

68937. C.P: José Roberto Sáchica Méndez.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

manera interna; por el contrario, tal conclusión es consonante con lo anotado en la
parte motiva y la valoración fáctica y jurídica efectuada por el juez de instancia.

17. En relación con el primer cargo aducido para acreditar la falta de congruencia
externa, a saber, la omisión en resolver sobre la procedibilidad de la aplicación del
artículo 757 del Estatuto Tributario (literal a), el recurrente explicó que se aplicó la
presunción de legalidad contenida en la aludida norma, sin que se hubiera
materializado los supuestos fácticos exigidos para el efecto. No obstante, la Sala
encuentra que el problema jurídico planteado en la sentencia, así como los
argumentos empleados para su resolución, se plantearon en los siguientes
términos: i) si la DIAN debía realizar un cotejo físicamente del inventario frente al
registrado en la contabilidad para aplicar la presunción, ii) si se incurrió en falta de
valoración probatoria y iii) si se incurrió en una inexactitud sancionable o se trató de
una diferencia de criterios entre las partes que la exime de su imposición; esto es,
el objeto de la controversia se estructuró en clave de verificar si se cumplía el
supuesto de hecho que da lugar a aplicar la norma en mención, de ahí que, no se
advierta una omisión de pronunciamiento sobre la procedibilidad de la aplicación de
la presunción legal, sino que se trata de una inconformidad con la conclusión
adoptada por el juez, bajo la cual determinó que se configuraba el supuesto de
hecho para tal cometido.

18. Sobre el cargo de la apelación contenida en el literal b (desconocimiento del
precedente jurisprudencial), el recurrente señaló que la presunción legal referida en
el punto anterior resultaba únicamente aplicable bajo los supuestos desarrollados
en las sentencias del 26 de junio de 1992 (rad. 4055), de 28 de octubre de 1994
(rad. 5776) y de 22 de septiembre de 2000 (rad. 70429). Se sustentó este cargo, en
similares términos a los expuestos en el reproche anterior, con el fin de señalar que
se omitió resolver acerca de la viabilidad de dar aplicación a la presunción legal
contenida en el artículo 757 del Estatuto Tributario al caso concreto, bajo los
lineamientos jurisprudenciales que a su juicio son los aplicables. La sentencia
cuestionada, en el título De la presunción por diferencia de inventarios, se pronunció
sobre la configuración del hecho que da lugar a aplicar la misma y sobre la
jurisprudencia más reciente que desarrolla la interpretación de dicha norma18.

19. En cuanto a la última omisión enrostrada a la sentencia por falta de
congruencia externa, se indicó que aquella no resolvió el cargo de la apelación
contenido en el literal I, según el cual, la sentencia de primera instancia no se
pronunció sobre los fundamentos de derecho desarrollados en los literales A, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L y M del escrito de la reforma de la demanda19.

18 Sentencia del 16 de junio de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23712, C.P. Julio Roberto

Piza Rodríguez. Que reitera: Sentencia del 3 de marzo de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.
24880, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19 En síntesis, tales puntos son: a) Los actos administrativos están viciados de nulidad por transgredir la ley,

tras incurrir en una errónea interpretación del artículo 757 del ET, c) Los actos demandados vulneraron el
artículo 757 del ET, por no acreditar la existencia de mayores inventarios sobre los contabilizados, d) Los actos
enjuiciados se profirieron mediante falsa motivación por la razón anterior, e) Nulidad de los actos demandados
por incurrir en una violación legal, inaplicación de los artículos 742 y 743 del ET; 42 del CPACA; 167, 168, 169
y 176 del CGP y 29 de la Constitución Política, al no haberse valorado el material probatorio con base en la
sana crítica, f) Nulidad absoluta de los actos demandados por violación legal al inaplicar el artículo 745 del ET,
g) La DIAN transgredió el artículo 760 del ET, toda vez que Masisa S.A no omitió el registro de compras, h) La
liquidación oficial de la revisión y la que resolvió el recurso de reconsideración, son nulas, toda vez que
inaplicaron los artículos 683 y 742 del ET, 6° Superior, 3° del CPACA, entre otros, I) Se da una prelación formal
sobre lo sustancial con lo cual se desconoce los artículo 228 Superior y la Circular de la DIAN 175 de 2001, J)

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

20. Tales argumentos de la demanda, reiterados en la apelación, se
circunscriben al señalamiento de los vicios y elementos que a juicio del recurrente
configuraban la nulidad de los actos demandados, los cuales si fueron tenidos en
cuenta en el fallo de primera instancia, en la definición del concepto de la violación,
a partir de enunciar las siguientes normas como vulneradas: i) los artículos 6, 29,
83 y 228 de la norma superior; ii) los artículos 560, 683, 720, 732, 742, 743, 745,
757, 760 y 777 del Estatuto Tributario; iii) del Código General del Proceso en los
artículos 166, 167, 168, 169 y 176; (iv) los decretos 2649 y 2650 de 1993 y (v) el
artículo 42 de la Ley 1437 de 201120, de ahí que, la nulidad de los actos demandados
se resolvió a partir de determinar si incurrieron en una indebida motivación frente a:
i) el desconocimiento del material probatorio y ii) la aplicación de la presunción legal
del artículo 757 del ET, conforme al derecho aplicable.

21. En similares términos se estudiaron nuevamente en la sentencia que
resolvió la apelación, teniendo en cuenta que todos los cuestionamientos señalados
en contra de los actos demandados se efectuaron a partir de la inconformidad
originada en la determinación del supuesto de hecho que dio lugar a la aplicación
de la presunción legal mencionada.

22. En ese sentido, es claro que los reproches manifestados bajo la transgresión
del principio de congruencia externa, tampoco están presentes de cara a los
supuestos previstos para su configuración, pues la sentencia no omitió resolver los
reproches del apelante, sino que no se resolvieron en su favor; en suma, se denota
su reiterada inconformidad con la determinación de la aplicación de la presunción
legal contenida en el artículo 757 del ET, de ahí que, se evidencie que los
cuestionamientos efectuados bajo el desconocimiento del principio de congruencia
obedecen a una inconformidad con la decisión adoptada por la Sección Cuarta y no
porque aquella adolezca de una falta de coherencia.

23. En similar sentido, fueron desarrollados los demás argumentos del recurso
de revisión, como pasa a verse.

24. Sobre el reproche de las normas y la jurisprudencia aplicable21, el recurrente
señaló que se transgredió el principio de legalidad, en tanto que se aplicó la
presunción legal del artículo 757 del Estatuto Tributario, tras encontrar una
diferencia entre el valor registrado en los créditos de la cuenta 1435 y los débitos de
la cuenta 6135, sin evaluar el resultado neto de cada cuenta contable22.

la liquidación oficial de revisión y la que resolvió la reconsideración transgredió disposiciones en las que debía
fundarse (artículos 279, 732, 742, 745 y 777 del ET, entre otros ya referidos en cargos anteriores), K) nulidad
de los actos enjuiciados por interpretación errónea de los Decretos 2649 y 2650 de 1993, L) La DIAN desconoció
el mandado legal contentivo del artículo 560 del ET y 6 Superior y M) Los actos demandados transgredieron el
artículo 83 Superior y 746 del ET, al presumir la mala fe y la culpa de Masisa Colombia SA.
20 En la sentencia de primera instancia, se señaló: Como concepto de violación, expone como normas violadas

por la Entidad demandada, las siguientes: i) Constitución Política: Artículo 6, 29, 83 y 228; ii) Estatuto Tributarlo:
Artículo 560, 683, 720, 732, 742, 743, 745, 757, 760 y 777; iii) Código General del Proceso: Artículos 166, 167,
168, 169 y 176; (iv) Decretos 2649 y 2650 de 1993 y (v) artículo 42 de la Ley 1437 de 2011.
21 Argumentos del recurso de revisión esbozados en los literales C, E y F del escrito.
22 Páginas 35 a 40 del recurso extraordinario de revisión.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

25. El desconocimiento del principio de igualdad, tutela judicial efectiva y
seguridad jurídica23 se sustentó en que el fallo en cuestión no tuvo en cuenta el
precedente jurisprudencial aplicable24, por el cual se exige que la presunción legal
consagrada en el artículo 757 del Estatuto Tributario, procede únicamente cuando
se efectúa una constatación física de la existencia de mayores inventarios frente a
los contabilizados o registrados en los libros; sin embargo, la Sección Cuarta estimó
como suficiente efectuar una operación aritmética entre el saldo de crédito y el
débito para hacer uso de la mencionada presunción, con sustento en la sentencia
del 16 de junio de 2022 (23.712), que consagra para el efecto, la posibilidad de
apoyarse en cualquier medio de prueba.

26. En similares términos, se sustentó el cargo de la demanda por la violación al
debido proceso tras desconocer los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, en virtud de inaplicar las reglas y subreglas jurisprudenciales relacionadas
con la constatación de la existencia de mayores inventarios frente a los
contabilizados25.

27. La estimación de la normativa y la jurisprudencia aplicable a un caso
concreto, obedece a la labor de juzgamiento efectuada por el juez, amparada en los
principios de autonomía e independencia judicial; de ahí que su solo enunciado no
constituye una violación al debido proceso sin que, por un lado, se alegue y sustente
una arbitrariedad en la aplicación o grave transgresión de las normas imperativas
que gobiernen la materia, en sus aspectos sustanciales y procesales; por otro, el
desconocimiento de un precedente judicial soportado en una sentencia de
unificación.

28. Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la causal de nulidad
originada en la sentencia no puede alegarse para criticar la fundamentación jurídica
de la decisión26. De no ser así, supondría revisar si las conclusiones del juez fueron
acertadas o no, desarrollo que no corresponde efectuar bajo el recurso
extraordinario de revisión, en tanto que el mismo no se instituyó como una tercera
instancia, de ahí que, no puede instrumentalizarse para cuestionar o insistir en
controversias que ya fueron debatidas y definidas en sede ordinaria.

29. Así las cosas, los argumentos del recurso extraordinario de revisión
direccionados a cuestionar la normativa y jurisprudencia aplicable, no están
llamados a configurar la causal 5° del artículo 250 del CPACA, en tanto que no se
advierte un juicio arbitrario por parte del juez en su determinación y los argumentos
esbozados comportan una crítica a la fundamentación jurídica de la sentencia.

30. En cuanto a la ausencia de valoración probatoria27, el recurrente acude a los
argumentos esbozados en un voto disidente de la providencia cuestionada28, según

23 Página 86 a 93 ibídem.
24 Sentencias del Consejo de Estado del 26 de junio de 1992, expediente No. 4055; de 28 de octubre de 1994,

expediente No. 5776 y sentencia de 22 de septiembre de 2000, expediente No. 10429.
25 Página 94 a 97 del recurso extraordinario de revisión.
26 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia de 19 de marzo de 2020, Radicado: 2018-

02341-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
27 Reproche desarrollado en el literal D de la demanda de revisión. Página 40 a 86
28 Salvamento de voto presentado por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

el cual, la demandante demostró que no existía una omisión de inventarios 29. Hizo
alusión a las consideraciones emitidas por esta Corporación30, en relación con la
configuración de la causal 5° bajo la violación al debido proceso por aspectos
probatorios, mediante el que sostuvo que cuando se deja de valorar el acervo
probatorio o se omite exponer sus argumentos en torno a lo que acreditan los
medios de prueba, el fallador vulnera el derecho de defensa, de ahí que, si bien en
la sentencia objeto de revisión, se pronunció sobre los medios de prueba, no los
valoró de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Como sustento de lo anterior, hizo
un recuento de las consideraciones emitidas en relación con cada medio de
prueba31.

31. En suma, indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que
la compañía omitió demostrar que no recibió ingresos producto del retiro de
inventarios y que no fueron registrados como ventas, sin tener en cuenta la prueba
que la parte aportó para el efecto (concepto técnico contable).

32. Si bien el recurrente aduce que hubo una omisión de pronunciarse sobre
algunas pruebas, lo cierto es que lo argumenta en el sentido de señalar que aquellas
no se valoraron con sustento en la sana crítica. Esta hipótesis no está llamada a ser
considerada bajo la causal 5° de revisión, ni se presenta como una afrenta directa
al artículo 29 Superior, en tanto medió una valoración probatoria por parte de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, precisamente bajo el título De la falta de
valoración probatoria32, a través del cual, se analizaron todos los medios de prueba
indicados en la impugnación, incluso, el concepto técnico contable al que se hace
alusión.

33. La causal de revisión no puede erigirse como mecanismo para reabrir el
debate que originó el proceso respectivo, menos aún, bajo los presupuestos
correspondientes a la valoración probatoria, pues en tal caso se emplea este
mecanismo para que el juez de la revisión se convierta en un juez de instancia.

34. Con todo, es claro que la demanda de revisión se basó en la valoración
probatoria, la legislación y la jurisprudencia aplicable sobre el particular, aspectos
que son ajenos e incompatibles con las razones o motivos que llevaron a consagrar
29 En el voto disidente se señaló: “Así las cosas, en el proceso se observa que la autoridad tributaria estableció

la omisión de inventarios al considerar que el valor de los movimientos créditos de la cuenta de inventarios
Cuenta PUC 143510 debían ser iguales a los movimientos débitos de la cuenta costos de ventas Cuenta PUC
613505, sin embargo, esta inferencia desconoce la dinámica de la contabilidad y el principio de unidad contable
establecido en el artículo 51 de Código de Comercio, que señala que los comprobantes y asientos contables
forman una unidad probatoria y por ello constituyen un todo indivisible y su evaluación debe efectuarse
considerando todos sus elementos, por ello al tomar la actuación administrativa solo los movimientos créditos
de la cuenta de inventarios, omitió las partidas que se reflejan en el movimiento débito de la cuenta y que
obedecen a ajustes contables, (…)
“Advierto que la demandante desplegó su carga probatoria, para lo cual allegó certificado de revisor fiscal,
declaraciones de importación, (…), entre otros, que valorados en conjunto permiten demostrar, que no existía
una omisión de inventarios y que la diferencia bajo la metodología de la DIAN se originó principalmente en el
registro de “asignaciones” que “al corresponder tanto a un débito como a un crédito por el mismo valor a la
cuenta contable PUC 1435-Inventarios, no genera efecto alguno.
30 En sentencia de 29 de septiembre de 2021 emitida por la Sala Cuarta Especial de Decisión, bajo radicado

11001-03-15-000-2021-03909-00.
31 Certificado del revisor fiscal de Masisa, declaraciones de importación, registro de entrada y salida de

inventario -Kárdex de la compañía, copia del auxiliar mensual de la cuenta 143510, dictamen técnico de
diagnóstico, concepto técnico el manejo de cuentas contables, certificación expedida por el Gerente de
Planificación y Logística de Masisa Andina, Certificación del Proceso Intercompany, Dictamen técnico aportado
por la DIAN en la resolución demandada.
32 Páginas 21 a 34 de la providencia cuestionada,

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

el excepcional mecanismo de revisión extraordinario de sentencias que han hecho
tránsito a cosa juzgada.

35.
Bajo esas premisas, no se encuentran acreditados los requisitos para la
prosperidad de la causal quinta de revisión y, en consecuencia, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Condena en costas

36.
El artículo 255 del CPACA, establece que, si se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente. Por su parte, el artículo 365 del
CGP, prevé que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre
y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su comprobación.

37.
En el presente asunto, como se declara infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por Masisa Colombia SAS, se condenará en costas,
comoquiera que se encontraron causadas las agencias en derecho, dada la gestión
ejecutada por el apoderado de la DIAN.

38.
En ese orden, de conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos
del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija
como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente y a favor de la contraparte,
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Masisa Colombia SAS, en contra la sentencia proferida el 26 de
octubre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente a favor de la DIAN.
Para el efecto, se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente. Por Secretaría liquídense las costas.

TERCERO: Una vez cumplido el trámite anterior, ARCHIVAR el presente asunto y
dejar las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05803-00 (9360)
Recurrente: Masisa Colombia SAS
Demandado: Nación -DIAN
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link . Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener
acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF

10

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