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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08224-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08224-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 23 de febrero de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por Masisa Colombia S.A.S., pero por las razones expuestas. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-08224-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08224-01
Demandante: MASISA COLOMBIA S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 23 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar
el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 19 de diciembre de 20251, Masisa Colombia S.A.S.,
actuando a través de apoderado judicial2, promovió acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad.

La compañía accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida
por la autoridad judicial accionada que confirmó la providencia del 9 de junio de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante Dian),
identificado con el radicado 25000-23-37-000-2015-00928-00/01.

1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
Índice 2 de Samai de primera instancia. Poder debidamente otorgado por mensaje de datos al
abogado Juan Camilo de Bedout Grajales.
1

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] se deje sin efecto la sentencia del 26 de octubre de 2023 con expediente No.
25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047) proferida por Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

C. En su lugar, respetuosamente ruego se ordene al honorable Consejo de Estado,
Sección Cuarta, profiera una nueva providencia con arreglo a los términos del fallo
de tutela, a través del cual se garantice la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de MASISA COLOMBIA
S.A.S.3.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 9 de abril de 2012, Masisa Colombia S.A.S. presentó la declaración del impuesto
sobre la renta para el periodo gravable 2011, mediante el formulario 110260003515
y número interno 9100013212556-1, determinando un saldo a favor de
$1.825.164.000.

El 11 de diciembre de 2012, la compañía corrigió la declaración por medio de
formulario 9100016000521-3, manteniendo el saldo a favor determinado
inicialmente.

El 17 de diciembre de 2012, la Dian notificó a la empresa requerimiento especial
3122382012000164, a través del cual propuso modificar la declaración del impuesto
sobre la renta del período gravable 2011. La administración en su proceso de
fiscalización acudió a la presunción establecida en el artículo 757 del Estatuto
Tributario, denominada presunción por diferencia de inventarios, la cual indica que
habrá lugar a la adición de ingresos cuando se compruebe que los inventarios son
superiores a los contabilizados o registrados, dado que se asume que esa diferencia
representa ventas gravadas omitidas en el año anterior.

El 12 de septiembre de 2013, la autoridad tributaria profirió la liquidación oficial de
revisión 312412013000077, mediante la cual determinó oficialmente el impuesto
sobre la renta para el período gravable 2011, en el que adicionó ingresos por valor
de $35.964.325.000 e impuso una sanción por inexactitud de $18.989.163.000.
Frente a ello, Masisa Colombia S.A.S. interpuso recurso de reconsideración.

Por medio de Resolución 900.316 del 9 de octubre de 2014, la Dian resolvió el

3
Transcripción literal que puede contener errores.
2

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recurso, confirmando en totalidad la liquidación oficial.

En consecuencia, la empresa presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dian, con el fin de que se
estudiara la legalidad de la liquidación oficial de revisión y la Resolución 900.316
del 9 de octubre de 2014.

El 9 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados,
únicamente en lo que respecta a la liquidación de la sanción por inexactitud.
Consideró que la administración desplegó una labor diligente para determinar la
veracidad del costo declarado y la accionante no logró desvirtuar la diferencia que
el fisco encontró en su inventario, lo que originó la adición de ingresos conforme a
lo dispuesto en el artículo 757 del Estatuto Tributario4.

En cuanto a la sanción por inexactitud, adujo que no se configuró una diferencia de
criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable, porque las
pretensiones de la demanda se despacharon parcialmente desfavorables por falta
de comprobación de la veracidad de la diferencia que halló la entidad demandada
entre los créditos de la cuenta contable PUC 1435-Inventarios y los débitos de la
cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas. Así, demostró con pruebas directas
que las cifras declaradas por la actora no eran reales.

Pese a lo anterior, determinó que, en aplicación del principio de favorabilidad, se
debía disminuir la tarifa de la sanción por inexactitud impuesta del 160% al 100%
conforme a la modificación realizada por el artículo 282 de la Ley 1819 de 20165 al

4
«ARTICULO 757. PRESUNCIÓN POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. Cuando se constate que
los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá presumirse que tales
diferencias representan ventas gravadas omitidas en el año anterior.
El monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá como el resultado de incrementar la
diferencia de inventarios detectada, en el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente
en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. Dicho porcentaje
se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 760.
Las ventas gravadas omitidas, así determinadas, se imputarán en proporción a las ventas
correspondientes a cada uno de los bimestres del año; igualmente se adicionarán a la renta líquida
gravable del mismo año.
El impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno».
5
«ARTÍCULO 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y
favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio
establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo […].
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales: (…)
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable
no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en
firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el
tipo sancionatorio correspondiente.
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto
concurran las siguientes condiciones:
3

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artículo 647 del Estatuto Tributario.

En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 26
de octubre de 2023, confirmó la decisión del a quo, frente a la cual afirmó que
contrario a lo aducido por la parte demandante, el dictamen presentado por ésta
demostraba que las pruebas allegadas por Masisa Colombia S.A.S. no permitían
verificar que las compras y las «desasignaciones» ascendían al mismo valor, así
como que existían errores en la técnica contable aplicada y que las operaciones de
«desasignación» no provenían de hechos reales.

Por lo tanto, era dable concluir que le asistía razón a la parte demandada para
confirmar la liquidación oficial de revisión con fundamento en el dictamen rendido
por uno de sus funcionarios, sin que fuera posible afirmar que la administración
tergiversó o interpretó de forma errónea los planteamientos del contador público que
rindió el informe técnico, puesto que, del material probatorio revisado, resultaba
evidente que la administración había efectuado un estudio exhaustivo de las
pruebas arrimadas por la contribuyente a lo largo del proceso.

Finalmente, confirmó la imposición de la sanción por inexactitud calculada a la tarifa
del 100% por el a quo en aplicación del principio de favorabilidad, tras encontrar que
se incurrió en el hecho sancionable de omisión de ingresos.

El 25 de octubre de 2024, la compañía presentó recurso extraordinario de revisión,
en el que alegó: i) la falta de congruencia interna y externa de la sentencia; ii) la
transgresión al principio de legalidad; iii) la violación al derecho del debido proceso
al abstenerse de valorar el material probatorio aportado; iv) la violación al principio
constitucional de igualdad y, v) el desconocimiento del precedente jurisprudencial.

El 29 de agosto de 2025, la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado
declaró infundado el recurso, al no encontrar acreditados los requisitos para la
prosperidad de la causal quinta de revisión6.

Dicha decisión fue notificada por estado y comunicada el 8 de septiembre de 20257.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Cuarta incurrió en un
defecto fáctico en la sentencia del 26 de octubre de 2023, al pretermitir los hechos
debidamente probados en el proceso ordinario, a través de los siguientes medios
de prueba: i) el certificado del revisor fiscal; ii) las declaraciones de importación; iii)

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable
no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en
firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el
tipo sancionatorio correspondiente […].
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05803-00.
7
Índices 28 y 29 de Samai en el proceso 25000-23-37-000-2020-00369-02.
4

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el registro de entrada y salida de inventario; iv) la copia del auxiliar mensual de la
cuenta 143510; v) el dictamen técnico de diagnóstico; vi) el concepto técnico de
contadores públicos; vii) la certificación expedida por el gerente de Planificación y
Logística de Masisa Andina; viii) dictamen técnico aportado por la Dian en la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración que fue demandada. Frente a
cada uno de ellos, se realizó una argumentación extensa dedicada a fundamentar
la indebida valoración alegada.

Al respecto, relató que en la decisión enjuiciada se puso de presente una presunta
carencia del material probatorio para demostrar que la diferencia de
$28.976.456.570 no correspondía a una disparidad de inventarios, sobre la cual se
presumía la existencia de ventas gravadas en los términos del artículo 757 del
Estatuto Tributario; no obstante, a su juicio, la Sección Cuarta no realizó una
valoración integral del material probatorio aportado, puesto que, si bien se pronunció
sobre los medios de prueba, no se realizó en el marco de las reglas de la sana
crítica.

Asimismo, destacó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente de
la misma Corporación, al omitir que la presunción de ingresos por diferencia en los
inventarios consagrada y regulada detalladamente en el artículo 757 del Estatuto
Tributario exige para su configuración la constatación física de inventarios reales
superiores a los contabilizados, lo cual no se acreditó a partir de un simple cotejo
contable de los valores registrados en las cuentas 1435- inventarios y 6135-costo
de ventas.

Para sustentar lo anterior, citó apartes de las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia del 26 de junio de 1992. Expediente 4055. En esta se determinó
que para la aplicación de la presunción por diferencia en inventarios debía
verificarse que el inventario final del período gravable era física y
cuantitativamente superior al valor contabilizado o registrado en los libros, lo
cual fue desconocido de forma infundada en la providencia objeto de la
presente acción de tutela.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia del 28 de octubre de 1994. Expediente 5776. Resolvió que la forma
en la que la autoridad tributaria pretendió aplicar la presunción por diferencia
en inventarios resultaba errada, al no haber constatado la existencia física de
inventario superior al contabilizado.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia del 22 de septiembre de 2000. Expediente 10429. Reiteró la
subregla relacionada con el supuesto de hecho exigible para la aplicación de
la presunción consagrada en el artículo 757 del Estatuto Tributario y resolvió
que para la procedencia de la mencionada presunción se debía verificar que
los inventarios físicos, reales, eran superiores a los contabilizados o
registrados en los libros.
5

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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia del 16 de junio de 2022. Expediente 23712. Se resolvió que para
verificar la configuración del presupuesto de hecho consagrado en el artículo
757 del Estatuto Tributario la autoridad tributaria podía acudir a cualquier
medio de prueba.

Sobre las providencias en mención, la empresa accionante señaló los elementos
fácticos y jurídicos a partir de los cuales se debía aplicar un tratamiento jurídico
análogo, en el que debió haber constatado la existencia física de mayores
inventarios frente a los contabilizados o registrados en los libros, en atención a que:

1. La controversia tributaria recayó sobre la aplicación de la presunción por
diferencia en inventarios consagrada en el artículo 757 del Estatuto Tributario
por parte de la autoridad tributaria.
2. La litis de las controversias versó sobre el supuesto de hecho exigido para la
materialización de la presunción por diferencia en inventarios consagrada en
el artículo 757 del Estatuto Tributario, el cual consagró que se debía constatar
la existencia de inventarios mayores a los contabilizados o registrados en los
libros.
3. En todos los casos se evaluó la forma en la que la autoridad tributaria aplicó
la presunción por diferencia en inventarios, concluyendo que se debía
verificar la existencia física y cuantitativa de mayores inventarios frente a los
contabilizados.

En consecuencia, manifestó que la administración de justicia le otorgó un
tratamiento desigual a su caso, a pesar de que se trataba de situaciones jurídicas y
fácticas similares a las expuestas anteriormente, en las que se compartieron las
siguientes similitudes: i) se juzgó el tratamiento tributario en el impuesto sobre la
renta del valor de los inventarios registrados, ii) el objeto en controversia fue la
aplicación de la presunción consagrada en el artículo 757 del Estatuto Tributario
relacionada con la diferencia en inventarios y, iii) al evaluar la aplicación de la
mencionada presunción se concluyó que se debía estudiar la existencia de mayores
inventarios físicos, reales, frente a los valores contabilizados o registrados en los
libros.

Por otra parte, la empresa actora planteó la configuración de un defecto sustantivo,
en atención a que la Sección Cuarta del Consejo de Estado aplicó la presunción por
diferencia en inventarios sobre presupuestos diferentes a los consagrados en la
normativa preexistente determinada en el artículo 757 del Estatuto Tributario.

Finalmente, refirió una falta de congruencia interna y externa de la sentencia, en
razón a que incurrió en una «disparidad entre la parte motiva y resolutiva», así como
que omitió «resolver sobre todos los extremos del asunto».

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1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
providencia del 14 de enero de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante8 y, como parte demandada, al Consejo de Estado, Sección
Cuarta9.

Además, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso a la Dian10 y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A11.

A su vez, le reconoció personería para actuar al abogado Juan Camilo de Bedout
Grajales como apoderado judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A

En informe recibido el 9 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente del fallo
enjuiciado manifestó que en cada una de las etapas procesales del medio de control
se respetó el derecho al debido proceso del contribuyente.

Explicó que en la decisión se concluyó que los inventarios de Masisa Colombia
S.A.S. eran superiores a los registrados contablemente. Ello se fundamentó en que,
si los movimientos de la cuenta 1435 y sus contrapartidas reflejaran fielmente la
realidad económica de la empresa y los registros del Kárdex, el saldo contable debía
coincidir con el inventario físico existente en bodega, lo cual no ocurrió en el caso
examinado.

Asimismo, precisó que, aunque el inventario físico existente al momento de la
investigación no correspondía al de la vigencia fiscalizada, era posible establecer la

8
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
litigiostributarios@phrlegal.com, juan.debedout@phrlegal.com y juan.gonzalez@phrlegal.com.
9
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: lruizh@consejodeestado.gov.co,
llopezr@consejodeestado.gov.co, notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co,
yacevedoa@consejodeestado.gov.co, sladinoc@consejodeestado.gov.co,
notifwramos@consejodeestado.gov.co, notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co,
mherrerat@consejodeestado.gov.co, vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co,
nosorior@consejodeestado.gov.co, notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co y
dvalbuenan@consejodeestado.gov.co.
10
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón electrónico:
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co.
11
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web:
rmemorialespcsec04tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co y
scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
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diferencia mediante el análisis de los registros contables. Al contraponer las cuentas
1435 y 6135, se evidenció que el inventario final resultaba inferior a lo que debía
reflejarse conforme a la relación entre inventario inicial, compras y ventas, lo que
evidenció inconsistencias en la contabilización del costo de ventas. Se advirtió que
parte del inventario fue retirado en una proporción superior a la reflejada en el costo
de los bienes vendidos, sin que existiera registro de ingresos asociados. Dichos
bienes fueron contabilizados en cuentas no previstas en el «PUC», situación que se
consideró contraria a la normativa contable colombiana y que afectó la confiabilidad
de la información financiera presentada por la sociedad.

Con base en el acervo probatorio y en las actuaciones desplegadas durante la
investigación, la Sala concluyó que la Dian actuó de manera diligente al verificar la
veracidad del costo de ventas declarado. Pese a los requerimientos, cruces de
información y visitas practicadas, la sociedad no logró justificar la diferencia de
inventarios detectada, ni aportar soportes contables idóneos para su aceptación.
Por tanto, se señaló que, ante las inconsistencias encontradas, correspondía a la
accionante desvirtuar los hallazgos en virtud de la carga de la prueba, y al no hacerlo
de forma adecuada, resultó procedente la aplicación de la presunción legal del
artículo 757 del E.T, sin que se evidenciara indebida motivación en los actos
administrativos demandados.

No obstante, y en garantía del principio de favorabilidad, se modificó la tarifa de la
sanción de inexactitud del 160% al 100%, lo que conllevó declarar la nulidad parcial
de los actos de determinación fiscal demandados, y así acceder parcialmente a las
pretensiones de la hoy accionante en primera instancia.

Ahora bien, comentó que el juez de segundo grado determinó que contrario a lo
afirmado por la demandante, el dictamen técnico concluyó que las pruebas
aportadas no permitían verificar que las compras y las denominadas
«desasignaciones» correspondieran al mismo valor. Además, se evidenciaron
errores en la técnica contable aplicada, operaciones sin respaldo en hechos reales
y posibles fallas en la parametrización del sistema «SAP», las cuales desconocían
la normativa contable colombiana. En ese contexto, se concluyó que la
administración actuó conforme a derecho al confirmar la liquidación oficial de
revisión, apoyándose en el dictamen rendido por uno de sus funcionarios. Agregó
que no fue posible establecer que la Dian hubiera tergiversado o interpretado
erróneamente las conclusiones del informe técnico elaborado por el contador
público.

En consecuencia, adujo que el juez ordinario previsto para la resolución de la
discusión derivada de los actos administrativos demandados ya se había
pronunciado sobre la situación de la empresa, de manera que lo pretendido con el
ejercicio de esta acción de tutela era reabrir un debate ya concluido y convertirla en
una instancia adicional, lo que a todas luces desatendía la naturaleza excepcional
del mecanismo de amparo.

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Finalmente, solicitó la desvinculación al no haber incurrido en la vulneración de
garantía fundamental alguna.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Cuarta

Mediante informe allegado el 9 de febrero del año en curso, la magistrada indicó
que asumió como Consejera de Estado el 12 de agosto de 2025, en reemplazo del
Magistrado Ponente que dictó la sentencia enjuiciada.

Sobre la controversia advirtió que no se encontraba acreditado el requisito de
inmediatez, dado que la providencia cuestionada había sido notificada el 30 de
octubre de 2023 y la acción tutelar se había presentado el 19 de diciembre de 2025,
por lo que se encontraba superado el término por un poco más de 2 años.

Igualmente, puso de presente que no era posible hacer el conteo desde la
notificación del fallo que resolvió el recurso extraordinario de revisión, puesto que
ambos procesos por su naturaleza eran autónomos e independientes.

A su vez, afirmó que no se encontraba cumplido el requisito de subsidiariedad, en
atención a que se invocó el desconocimiento del principio de congruencia, ni se
configuraban los defectos alegados.

Respecto al fondo, indicó que la Sección Cuarta valoró el material probatorio al que
hizo alusión la sociedad, sin embargo, se consideró que no se demostró con
suficiencia y claridad que las operaciones de «asignación» y «desasignación» de
los inventarios en el sistema contable «SAP» explicaban la diferencia entre las
partidas crédito de la cuenta de inventarios y las partidas débito de la cuenta del
costo. En la providencia también se advirtió que: i) los valores certificados por el
revisor fiscal no concordaban con la suma cuestionada por la Dian; (ii) algunas de
las pruebas versaban sobre periodos gravables distintos a aquel objeto de
discusión; iii) que la empresa pretendió hacer valer a su favor experticias técnicas
basadas en supuestos y situaciones hipotéticas, más no en su realidad económica
y, iv) existían pruebas aportadas por el fisco que restaban validez a los argumentos
de la contribuyente.

Así las cosas, explicó que la valoración de las pruebas se realizó con respeto de las
reglas de la sana crítica, que exigen al juez un análisis lógico, técnico y basado en
la experiencia, dentro del ámbito de la autonomía que caracteriza la actividad
judicial, sin que la conclusión probatoria pudiera ser calificada como vulneradora de
derechos fundamentales. Adujo que la valoración representaba el resultado de un
ejercicio racional y ponderado de la totalidad del caudal probatorio allegado al
proceso, a pesar de que el sentido de la decisión fuera contrario a los intereses del
recurrente y al salvamento de voto con que contó la decisión objeto de
cuestionamiento.

9

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-01

1.6.3. Dian

Con memorial del 6 de febrero del presente año, el apoderado de la entidad solicitó
denegar la acción de tutela, por carecer de relevancia constitucional en tanto se
encontraba reiterando los mismos hechos y era evidente la inconformidad con la
interpretación normativa realizada por la autoridad judicial.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 23 de
febrero de 2026, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por no acreditar
el requisito de inmediatez.

Señaló que la acción de tutela no cumplía con la exigencia, dado que la providencia
atacada había quedado ejecutoriada el 7 de noviembre de 2023 y el mecanismo
constitucional se había instaurado el 19 de diciembre de 2025, es decir, luego de 2
años, 1 mes y 11 días.

Sobre el conteo del término desde la notificación de la providencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión, adujo que se trataba de un trámite distinto e
independiente el cual no había sido reprochado.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 10 de abril de 202612, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado.

Puntualmente manifestó su inconformidad con el conteo de la inmediatez, puesto
que este solo podía efectuarse después de la notificación de la providencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión, por ser el momento en que se agotaron
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios, cumpliendo con la
exigencia del requisito de subsidiariedad.

Asimismo, precisó que la acción tutelar no solamente se incoaba por la
configuración del defecto fáctico como lo había expuesto el a quo, sino también, por
el desconocimiento del precedente, el yerro sustantivo y la incongruencia interna y
externa de la sentencia.

1.9. Trámite en segunda instancia

La Magistrada Ponente del presente trámite manifestó impedimento para conocer
del asunto el 19 de mayo de 2025, por haber conformado la Sala 23 Especial de
Decisión del Consejo de Estado que resolvió el recurso extraordinario de revisión
dictado el 29 de agosto de 2025.

12
El fallo de primer grado fue notificado el 7 de abril de 2026.
10

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No obstante, mediante auto del 28 de mayo del año en curso, fue declarado
infundado, por lo que el expediente regresó al Despacho el 10 de junio de 2026.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por Masisa Colombia S.A. contra la sentencia del 23 de febrero de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021
y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de
marzo de 201913.

2.2. Solicitud de desvinculación

Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A solicitó su desvinculación desde la contestación allegada en primera
instancia, el a quo omitió referirse frente ello.

En ese orden, este juez de segunda instancia anuncia que la petición será negada,
en tanto la autoridad judicial fue vinculada al presente trámite como tercero por
presentar interés en la decisión que se adopte en este trámite, y no como la parte
contra la cual se alega la vulneración de las garantías fundamentales.

2.3. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 23
de febrero de 2026 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para
lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró las garantías fundamentales
de la parte actora en la providencia del 26 de octubre de 2023 dictada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 25000-23-37-000-2015-00928-01?

13
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
11

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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente,
iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia16.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12

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Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202217, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la

17
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
13

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cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional20[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales22”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal24. (Resaltado de la Sala)

2.5.2. Inmediatez

Al respecto, se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo
razonable25, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo26.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección27 ha considerado como plazo prudencial
el de seis meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la

20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-128 de 2021.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
24
Ib.
25
Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
27
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
14

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ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta y cuando se sobrepasa dicho límite se declara
su improcedencia.

No obstante, en cada asunto se analiza si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado. Sobre aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015,
cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar indicó que la acción de
tutela será procedente, cuando:

[…] i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]28.

En el presente caso, la Sala considera que no debe evaluarse de forma restrictiva
desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia del 26 de octubre de 2023,
sino a partir del agotamiento de todos los recursos con los que contaba el accionante
desde el punto de vista procesal.

En este sentido, el cómputo del término razonable para promover la acción de
amparo tuvo que iniciarse desde la ejecutoria del auto que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión; esto es, desde el 12 de septiembre de 202529 .
Lo anterior, pues fue esa decisión judicial la que puso fin a la controversia sobre la
admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, cerrando definitivamente la
posibilidad de que pudiese controvertirse en la jurisdicción la sentencia de la
autoridad judicial accionada.

Por lo tanto, al presentarse la acción de tutela el 19 de diciembre de 2025, se
considera que el mecanismo constitucional fue incoado dentro del término que la
Sala considera razonable.

de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
28
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
29
Notificación realizada por estado el 9 de septiembre de 2025.
15

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2.6. Caso concreto

Masisa Colombia S.A.S. consideró vulnerados sus derechos al debido proceso, a la
igualdad y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la sentencia del 26 de octubre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la que se confirmó
la nulidad parcial de los actos administrativos del 12 de septiembre de 2013 y 9 de
octubre de 2014 expedidos por la Dian, a través de los cuales se modificó la
declaración del impuesto sobre la renta presentada por sociedad accionante
correspondiente al año gravable 2011.

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente e incongruencia interna y
externa de la sentencia. Sobre el primero, adujo que los medios de prueba
aportados al plenario demostraban que la diferencia advertida por la Dian en
inventarios era inexistente, por lo cual se había dado una indebida valoración
probatoria. En específico, mencionó las siguientes pruebas: i) el certificado del
revisor fiscal; ii) las declaraciones de importación; iii) el registro de entrada y salida
de inventario; iv) la copia del auxiliar mensual de la cuenta 143510; v) el dictamen
técnico de diagnóstico; vi) el concepto técnico de contadores públicos; vii) la
certificación expedida por el gerente de Planificación y Logística de Masisa Andina;
viii) el dictamen técnico aportado por la Dian en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración que fue demandada.

Asimismo, resaltó el desconocimiento del precedente de la misma Corporación, al
omitir que la presunción de ingresos por diferencia en inventarios consagrada y
regulada detalladamente en el artículo 757 del Estatuto Tributario exige para su
configuración la constatación física de inventarios reales superiores a los
contabilizados, lo cual no se podía acreditar a partir de un simple cotejo contable de
los valores registrados en las cuentas 1435- inventarios y 6135-costo de ventas.

Para sustentar ello, expuso 4 providencias dictadas por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, sobre las que manifestó que la administración de justicia le
otorgó un tratamiento desigual a su caso, a pesar de que se trataba de situaciones
jurídicas y fácticas similares, en las que se compartieron las siguientes similitudes:
i) se juzgó el tratamiento tributario en el impuesto sobre la renta del valor de los
inventarios registrados, ii) el objeto en controversia fue la aplicación de la presunción
consagrada en el artículo 757 del Estatuto Tributario relacionada con la diferencia
en inventarios y, iii) al evaluar la aplicación de la mencionada presunción se
concluyó que se debía estudiar la existencia de mayores inventarios físicos, reales,
frente a los valores contabilizados o registrados en los libros.

Ahora bien, respecto del yerro sustantivo señaló que se aplicó la presunción por
diferencia en inventarios sobre presupuestos diferentes a los consagrados en la
normativa preexistente determinada en el artículo 757 del Estatuto Tributario.
Finalmente, argumentó la falta de congruencia interna y externa de la sentencia.

16

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De la revisión de la sentencia enjuiciada, se observa que el Consejo de Estado,
Sección Cuarta planteó tres premisas para resolver la controversia planteada por la
empresa Masisa Colombia S.A., así como el recurso de apelación formulado por el
extremo pasivo, en los siguientes términos: i) si la Dian debía realizar un cotejo
presencial del inventario físico frente al inventario registrado en la contabilidad para
que procediera la presunción de ingresos; ii) si la sentencia apelada incurrió en una
falta de valoración probatoria; iii) si la actora cometió una inexactitud sancionable o,
si por el contrario, se trató de una diferencia de criterios entre las partes que la exime
de su imposición.

En primer lugar, la autoridad judicial accionada revisó el contenido del artículo 757
del Estatuto Tributario y citó una providencia dictada por la misma Sección en la que
se resolvió una discusión similar30. De lo expuesto explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia reiterada, para aplicar la presunción contenida en el artículo 757 del
E.T la autoridad tributaria podía valerse de los medios probatorios previstos tanto
en la normatividad tributaria como en el Código General del Proceso, en cuanto
estas fueran compatibles. Adicionalmente, recalcó que la presunción admitía prueba
en contrario, de modo que el contribuyente podía aportar los medios que estimara
necesarios para demostrar la realidad de sus ingresos y las razones que justificaran
la diferencia planteada por la autoridad tributaria. Por lo tanto, la autoridad procedió
a revisar el acervo probatorio obrante en el expediente para resolver la presunta
valoración indebida del a quo.

A su vez advirtió que cuando la administración pretendiera modificar los factores
positivos de la base gravable como son los ingresos u operaciones sometidas a
tributación, tendría la carga de probarlo, por tratarse de un hecho que invocaba a
su favor. Por lo que, una vez demostrada la procedencia en el aumento de la base
imponible declarada por el contribuyente, este último debía desvirtuar los hallazgos
obtenidos por el fisco.

En consecuencia, expuso que la Dian en uso de sus facultades de fiscalización llevó
a cabo visitas a la demandante en distintas fechas, en las que le solicitó, entre otras,
información relacionada con los costos de ventas declarados en el denuncio
rentístico del año gravable 2011. Asimismo, puso de presente que a lo largo del
proceso en sede administrativa y judicial la sociedad demandante explicó que el
procedimiento de «desasignación» consistió en un ajuste automático que efectuó el
sistema «SAP», en el que por medio de un registro crédito y luego débito a la cuenta
1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa, Masisa Colombia S.A.
«desasignaba» la mercancía comprada a sus compañías ubicadas en Chile o
Venezuela, toda vez que en el momento en que era facturada por el proveedor
quedaba a nombre de la demandante como cliente, por lo que se hacía necesario
asignarlo al inventario de libre utilización, para que pudiera ser vendido a sus
clientes en Colombia.

30
Sentencia del 16 de junio de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23712, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez. Que reitera: Sentencia del 3 de marzo de 2022. Sección Cuarta del Consejo
de Estado. Exp. 24880, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17

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Por consiguiente, aseguró que como lo expresó la autoridad tributaria en los actos
administrativos objeto de control, el registro que realizó la compañía en su
contabilidad no correspondía a ninguna de las operaciones económicas que
generaban movimientos de naturaleza de débito o crédito en la cuenta 1435-
Inventario de mercancía no fabricada por la empresa que describía la normativa
contable vigente para la época de los hechos.

Del material probatorio revisado por la autoridad judicial, se realizó un análisis
acerca de los siguientes medios probatorios: i) el certificado del revisor fiscal de
Masisa; ii) las declaraciones de importación del periodo 2011; iii) el registro de
entrada y salida de inventario – Kárdex de la compañía; iv) copia del auxiliar
mensual de la cuenta 143510; v) el dictamen técnico de diagnóstico; vi) el concepto
técnico de Masisa; vi) la certificación expedida por el gerente de Planificación y
Logística de Masisa Andina; vii) la certificación de proceso Intercompany y, viii) el
dictamen técnico aportado por la Dian en la resolución demandada.

Del extenso estudio realizado frente a cada medio de prueba, la Sección Cuarta
concluyó que, contrario a lo aducido por la parte demandante, el dictamen informaba
que las pruebas allegadas por el extremo activo no permitían verificar que las
compras y las «desasignaciones» ascendían al mismo valor, que existían errores
en la técnica contable que aplicó la demandante y que las operaciones de
«desasignación» no provenían de hechos reales. Igualmente, encontró que lo
sucedido podía tratarse un error en la parametrización del sistema contable «SAP»
que desconocía la legislación contable colombiana.

Por consiguiente, precisó que le asistía razón al extremo pasivo al confirmar la
liquidación oficial de revisión con fundamento en el dictamen rendido por uno de sus
funcionarios, sin que fuera posible afirmar que la administración tergiversó o
interpretó de forma errónea los planteamientos del contador público que rindió el
informe técnico.

Además, determinó que la Dian efectuó un estudio exhaustivo del material
probatorio arrimado por la contribuyente a lo largo del proceso, asunto distinto era
que éste no llevara al convencimiento del hecho que la empresa pretendía probar,
esto es, que los créditos de la cuenta 1435-Inventario de mercancía no fabricada
por la empresa por valor de $28.976.456.570 no correspondían a ventas omitidas
en la declaración que implicaran que los ingresos incluidos en el denuncio rentístico
del año en discusión eran menores a los que efectivamente recibió Masisa Colombia
S.A.S.

Así las cosas, la Sección accionada señaló que la falta de comprobación por parte
de la empresa demandante, de un hecho que alegaba como justificativo de la
diferencia hallada por el fisco, no podía interpretarse como un vacío probatorio que
debiera resolverse a su favor en los términos del artículo 745 del Estatuto Tributario,

18

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máxime si la compañía tenía la carga probatoria de desvirtuar la presunción de
ingresos aplicada por la autoridad tributaria.

Revisados los fundamentos de la providencia cuestionada, se evidencia que la
empresa tutelante reprodujo los argumentos expuestos en la demanda ordinaria,
frente a lo cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta resolvió en su integridad. Por
lo tanto, en principio, no es procedente cuestionar sus decisiones vía acción de
tutela; sobre todo cuando se evidencia, como en el presente caso, que el debate
planteado por la parte accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia del proceso natural.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, así como una argumentación bien fundamentada, no se
encuentran razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Máxime cuando no se observa, a primera vista, la vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, la competencia del juez constitucional se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

Aunado a ello, se observa un descontento con la forma en que la Sección Cuarta
realizó el análisis probatorio en la manera en que la Dian realizó la liquidación oficial
de revisión, puntualmente acerca de la diferencia entre el crédito de la cuenta
contable PUC 435-Inventarios y el débito de la cuenta contable PUC 6135-Costos
de ventas, puesto que a juicio de la parte actora, no se generaba una diferencia
entre el inventario físico y el contabilizado; sin embargo, se recuerda que la
administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones y se evidencia que lo que pretende
el extremo tutelante es que el juez constitucional nuevamente evalúe los medios
aportados al ordinario; aspecto que desfigura por completo el mecanismo
constitucional, al usarlo como una tercera instancia.

Asimismo, se evidencia que los defectos alegados en el presente trámite también
fueron conocidos por la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado que
resolvió el recurso extraordinario de revisión, en el que consideró que ninguno de
los argumentos expuestos resultaba constitutivo de causal de nulidad originada en
la sentencia, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

Así, se observa que la autoridad judicial accionada valoró todos los medios
probatorios señalados en el escrito de tutela, sin embargo, llegó a una conclusión
distinta a la deseada por la empresa actora; hecho que no tiene la virtualidad de
permitir que el juez constitucional revise de nuevo todo el acervo, en cuanto no se
observa una vulneración prima facie de los derechos fundamentales.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-01

En lo que respecta al desconocimiento del precedente, se reitera, como ya fue
expuesto en párrafos anteriores, que la autoridad judicial sustentó su decisión en
pronunciamientos recientes de la misma Sección para sustentar su razonamiento,
las cuales reflejan el entendimiento jurisprudencial vigente sobre la materia. Por su
parte, las providencias invocadas como desconocidas corresponden a decisiones
anteriores, que no comportan criterios de unificación, ni fijan una regla
jurisprudencial vinculante cuya observancia resultara exigible en el caso en
concreto. En ese contexto, el planteamiento propuesto no trasciende el ámbito de
la mera discrepancia interpretativa, por lo que carece de relevancia constitucional y
no habilita el examen de una vulneración del derecho a la igualdad ni la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente.

Finalmente, salta a la vista que con la insistencia en aplicación de sentencias
señaladas como desconocidas lo pretendido por la entidad accionante es reabrir el
debate zanjado por los jueces naturales de la causa, pues se limita a iterar su
inconformismo sobre análisis legal y probatorio agotado en el proceso ordinario.

Por las razones expuestas, se confirmará la improcedencia decidida por el a quo,
pero por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 23 de febrero de 2026 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró la improcedencia de la
acción de tutela instaurada por Masisa Colombia S.A.S., pero por las razones
expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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