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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-00928-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-00928-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2015-00928-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

26 de octubre de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: MASISA COLOMBIA S.A.S.
Demandado: DIAN

Temas : Impuesto sobre la renta año gravable 2011. Presunción de
ingresos por omisión en el registro de compras. Valoración
probatoria. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” que declaró la nulidad parcial de los
actos demandados y no condenó en costas.

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente 1:

“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión
No. 312412013000077 del 12 de septiembre de 2013 y la Resolución No.
900.316 del 9 de octubre de 2014, proferidas por la Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes – DIAN, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento TÉNGASE como
liquidación la efectuada por la Sala en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas. […]”

ANTECEDENTES

Masisa Colombia S.A. presentó declaración del impuesto sobre la renta del año
gravable 2011, el 9 de abril de 2012 con un saldo a favor de $1.825.164.0002.

1 Índice 43 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Folio 459 del c.a.3.

1

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

El 29 de mayo de 2012, la actora presentó solicitud de devolución de dicho saldo a
favor 3, trámite suspendido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en
adelante DIAN – mediante Auto 1957 del 9 de agosto de 2012 4.

La demandante corrigió su denuncio rentístico del año gravable 2011, el 11 de
diciembre de 2012, sin modificar el saldo a favor inicialmente declarado5.

El fisco profirió el Requerimiento Especial 312382012000164 del 14 de diciembre de
2012, en el que propuso adicionar los ingresos brutos operacionales e imponer
sanción por inexactitud 6.

La compañía presentó respuesta al acto preparatorio el 15 de marzo de 2013, en la
que atacó las glosas propuestas por la autoridad tributaria7.

La DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412013000077 del 12 de
septiembre de 2013, en la que adicionó ingresos brutos operacionales por
$35.964.325.000 e impuso sanción por inexactitud de $18.989.163.000, para un total
saldo a pagar de $29.032.226.000 8.

Contra el acto anterior la accionante interpuso recurso de reconsideración el 12 de
noviembre de 2013, desatado mediante la Resolución 900.316 del 9 de octubre de
2014 que confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido9.

DEMANDA

La actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
formuló las siguientes pretensiones 10:

“Las siguientes son las pretensiones de esta Demanda:

A. A TÍTULO DE NULIDAD.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, como
consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los Actos
Administrativos Demandados, se sirva declarar la Nulidad Absoluta de (i) la
Liquidación Oficial de Revisión No. 312412013000077 del 12 de septiembre
de 2013 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes integrante de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; y de (ii) la Resolución
No. 900.316 del 9 de octubre de 2014 proferida por la Subdirectora de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del Nivel
Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por
medio de las cuales la Autoridad Tributaria modificó en forma errada y sin
sustento probatorio y jurídico alguno, la declaración privada del impuesto
sobre la renta del periodo gravable 2011 presentada por la Compañía.

3 Folio 458 a 472 del c.a.3.
4 Folio1621 del c.a.9.
5 Según los hechos descritos en los actos administrativos, en la demanda y su contestación.
6 Folios 1643 a 1661 del c.a.9.
7 Folios 1669 a 1695 del c.a.9.
8 Folios 2529 a 2538 vto. del c.a.13.
9 Folios 2539 a 2574 y 2639 a 2648 del c.a.13.
10 Índice 2 del SAMAI. Reforma de la demanda.

2

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

En caso que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por la
Compañía durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su
Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos
Administrativos demandados, derivada de los fundamentos aceptados.

B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia
de la Nulidad de los Actos Administrativos Demandados, se decrete como
Restablecimiento del Derecho la firmeza de la de declaración de renta
presentada por Masisa con ocasión del respectivo impuesto del año gravable
2011, mediante formulario No. 9100016000521 de fecha 11 de diciembre de
2012, y en consecuencia se ordene la devolución del saldo a favor solicitado
por la Compañía desde el pasado 29 de mayo de 2012, junto con los
intereses corrientes y moratorios a que haya lugar al momento de su decisión
de conformidad con los artículo 863 y 864 del Estatuto Tributario.

Adicionalmente solicito a su Honorable Despacho se sirva archivar
definitivamente el proceso de investigación adelantado en contra de mi
poderdante con relación al periodo gravable 2011, el cual como se demuestra
a partir del presente Medio de Control carece de fundamento y sustento, y
como corolario de lo anterior, decrete que la Compañía se encuentra a paz y
salvo, y no adeuda las sumas cuestionadas por la Autoridad Tributaria con
relación al impuesto de renta del período gravable 2011.

En caso que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por la
Compañía durante la presente Demanda de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, y se decrete la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos
Demandados, le solicito respetuosamente a su Honorable Despacho,
determine el importe parcial que efectivamente debe asumir la Compañía con
relación al impuesto de renta del período gravable 2011.

C. COSTAS DEL PROCESO Y AGENCIAS EN DERECHO.

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en
cuenta que los Actos Administrativos demandados contradicen el
ordenamiento jurídico en forma flagrante, se condene en costas a la parte
demandada, como consecuencia de la declaratoria de Nulidad Absoluta o
Parcial de los Actos Administrativos Demandados.

Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el
contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365 y 366
del Código General del Proceso, y en concordancia con los numerales 3.1.,
3.1.2., y 3.1.3., del Acuerdo 1887 de 2003.”

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

 Artículos 6, 29, 83 y 228 de la Constitución Política.
 Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 176 del Código General del Proceso.
 Artículos 3 y 42 de la Ley 1437 de 2011.
 Artículos 560, 647, 683, 720, 732, 742, 743, 745, 746, 757, 760 y 777 del Estatuto
Tributario.
 Decreto 2649 de 1993.
 Decreto 2650 de 1993.

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

El concepto de la violación se sintetiza así:

A. Interpretación errónea del artículo 757 del E.T.

Del sentido literal del artículo 757 del Estatuto Tributario se desprende que la
autoridad tributaria debe comprobar que un contribuyente posee una mayor cantidad
de inventarios físicos frente a los registrados en la contabilidad, toda vez que el
análisis exclusivo de la contabilidad, no permite establecer si los registros
corresponden con el inventario real y materialmente existente.

Resaltó que conforme al dictamen técnico contable anexo, una diferencia entre el
crédito de la cuenta contable PUC 1435- Inventarios y el débito de la cuenta contable
PUC 6135-Costos de ventas, no genera necesariamente una diferencia entre el
inventario físico y el contabilizado, a partir del cual se pueda generar una presunción.

Comentó que en las visitas que el fisco le efectuó, no verificó los inventarios, ni los
registros de entradas y salidas de inventarios. Enfatizó que la actora justificó y
concilió la diferencia señalada por la DIAN, la cual no es constitutiva de ninguna
presunción o adición de ingresos.

B. Falsa motivación de los actos enjuiciados

Alegó que la administración incurrió en falsa motivación al considerar que, de la
verificación de la contabilidad de la compañía, era posible jurídica y fácticamente
concluir que la demandante poseía un inventario en su almacén mayor al
contabilizado, sin que resultara necesario realizar ninguna verificación o inspección
adicional.

1. Registro de entrada y salida de inventario – Kárdex de la compañía

Puntualizó que determina su costo bajo el sistema de inventario permanente o
continuo, el que permite llevar un control constante de los inventarios, al registrar
cada unidad que entra y sale del inventario, de modo que, en todo momento se
puede conocer el saldo exacto del inventario y el valor del costo de venta.

Afirmó que la compañía poseía únicamente los bienes que registró en su contabilidad
y que previamente había importado.

2. Declaraciones de importación del periodo 2011

Expresó que la compañía registró en su contabilidad todas las importaciones que
constituyen inventario, para lo cual, la demandante allegó las declaraciones de
importación. Comentó que el inventario físico primero se registraba en la contabilidad
y luego se desasignaba.

3. Dictamen técnico de diagnóstico

Dijo que solicitó la elaboración de un dictamen técnico de diagnóstico a una
institución especializada e idónea, respecto del sistema de registro de las
operaciones de compra intercompañía, en el que se constató que el inventario físico
de la sociedad no era superior al contabilizado y que la diferencia entre los créditos

4

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

de la cuenta contable PUC 1435- Inventarios y los débitos de la cuenta contable PUC
6135-Costos de ventas obedecía a un movimiento de “asignación” y “desasignación” de
inventarios.

Explicó que con el dictamen técnico de diagnóstico se evidencia que en la operación
de compras entre compañías vinculadas se genera un movimiento dual en el débito y
crédito de la cuenta contable PUC 1435-Inventarios, que es meramente contable, con
un efecto neutro que no deriva en la existencia de mayores inventarios físicos en
relación con los contabilizados.

Desarrolló el proceso de compra paso por paso y con sus respectivos impactos
contables y financieros. Alegó que la operación debe analizarse conforme a cada
subproceso, pues si se omite la “asignación” y “desasignación”, se desnaturaliza la
operación y deriva en una falsa motivación, pues el fisco se fundó en hechos ajenos
al proceso y dejó de lado los realmente materializados.

4. Certificado del revisor fiscal de Masisa

Señaló que el revisor fiscal de la compañía certificó que no existían inventarios no
contabilizados, pues los saldos mensuales de las cuentas de productos terminados,
costo de ventas, donaciones, publicidad propaganda y promoción, diferencia en
cambio y provisión de gastos de importación, coinciden con la información del libro
mayor, lo que evidencia que la conclusión de la demandada es falsa.

5. Dictamen técnico aportado por la DIAN en la resolución demandada

Declaró que en la resolución del recurso de reconsideración la propia administración
dijo que no todos los registros de la compañía en la cuenta contable PUC 1435-
Inventarios obedecían a ventas, por lo que debían restarse de la tasación de ingresos.
Luego de transcribir apartes del citado acto administrativo destacó que la DIAN
consideró que la diferencia aritmética estaba conciliada y no obedecía a la venta de
inventarios no contabilizados, sino a un efecto neutro automático y numérico.

C. Falsa motivación. Inexistencia de una diferencia injustificada

Argumentó que la DIAN omitió las explicaciones y los soportes aportados por la
contribuyente y a partir de los cuales se demostró la inexistencia de una diferencia
injustificada entre el valor crédito de la cuenta contable PUC 1435-Inventarios y el
débito de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas y que dicha diferencia,
obedece a un registro contable neutro y no a la existencia de inventarios reales
superiores a los contabilizados.

Indicó que la contabilidad de la compañía se limitó a las cuentas previstas en el PUC,
por lo que estimó que los argumentos esgrimidos por la entidad demandada carecen
de fundamento. Adicionalmente, el registro dual en la cuenta de inventarios no
implica una trasgresión del principio contable de partida doble.

Sostuvo que al analizar el movimiento contable completo, y no limitarse a observar
de forma aislada y errada las designaciones, se evidencia que las presuntas
diferencias están conciliadas, lo cual incluso fue avalado por el revisor fiscal.

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FALLO

D. Falta de valoración del material probatorio aportado

Aseveró que presentó los soportes pertinentes que demuestran que los inventarios
contabilizados coinciden con el inventario físico, pues en el expediente obra una
certificación del revisor fiscal que da fe de ese hecho, que se sustenta de igual modo
en los registros kárdex y en el contenido de la resolución del recurso de
reconsideración.

E. Inaplicación del artículo 745 del E.T.

Señaló que, aunque la demandada indicó que el libro mayor y los balances en todos
los meses del año gravable 2011, así como en el consolidado estaban conciliados y
concordantes con los valores declarados, concluyó que no existían registros
contables adicionales que permitieran establecer sin lugar a duda su veracidad.

Puso de presente que en la resolución del recurso de reconsideración la entidad
demandada precisó que tenía dudas respecto a las pruebas que la demandante
aportó, no obstante, resolvió esas dudas en contra de la contribuyente y confirmó la
liquidación oficial de revisión, en transgresión del artículo 745 del Estatuto Tributario.

Cuestionó que los actos administrativos demandados se fundaran en una prueba
contable, y a la vez rechazaran las pruebas contables que desvirtuaban su legalidad.

F. Inaplicación del artículo 760 del E.T.

Enfatizó que el fisco no demostró que existió un exceso de inventarios ni la omisión
de registros de compras en el inventario. Agregó que el revisor fiscal certificó que la
totalidad de las operaciones y de los registros de la compañía cuentan con los
respectivos soportes que los respaldan.

G. La DIAN exigió más de aquello exigido por la ley para demostrar que no
poseía un mayor número de inventarios que aquellos contabilizados

Consideró que aun cuando la demandante demostró por todos los medios
probatorios que poseía que los inventarios físicos no eran superiores a los
contabilizados, la demandada negó el alcance a dichas pruebas sin controvertirlas, y
se limitó a afirmar que la resta aritmética demostraba indefectiblemente que no se
habían registrado contablemente la totalidad de los inventarios.

H. Prelación de lo formal sobre lo sustancial

Especificó que la sociedad realizó una serie de movimientos contables dentro de la
cuenta contable PUC 1435-Inventarios, que tuvieron un efecto neutro contable y
fiscalmente, como la propia administración lo reconoció. Sin embargo, el fisco otorgó
prelación a una operación aritmética sobre las pruebas y argumentos jurídicos y
fácticos que controvierten el resultado de la resta de créditos y débitos.

I. Infracción de las normas en que debería fundarse

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FALLO

Alegó que la accionada no estudió el recurso de reconsideración, es decir, que negó
el derecho de defensa de la actora. Advirtió que la administración no demostró que
sus afirmaciones son ciertas, de modo que la decisión final carece de fundamento.

Estimó que los soportes contables mes por mes, los auxiliares contables mensuales
de la cuenta contable PUC 1435- Inventarios, los registros Kárdex detallados y
resumidos, el certificado del revisor fiscal, las declaraciones de importación y los
dictámenes técnicos prueban el efecto neutro de la operación que cuestiona la
administración.

Añadió que al pretender que la compañía obtenga un ingreso por un registro contable
que no constituyó una venta, ni un retiro de inventario, supone que se le exija lo
imposible, máxime si se tiene en cuenta que la actora jamás tuvo mayores
inventarios físicos frente a los registrados en la contabilidad.

J. Interpretación errónea de los Decretos 2649 y 2650 de 1993

Insistió en que la actora no creó cuentas ajenas a la normativa contable. Alegó que la
supuesta diferencia entre la contabilidad de la demandante y la normativa contable
no está respaldada en elementos fácticos y jurídicos, sino que se dio por sentada su
existencia.

En contraposición, indicó que el certificado del revisor fiscal y el dictamen técnico
prueban que la actora utilizó las cuentas contables determinadas para las
operaciones que llevó a cabo, es decir, que la contabilidad se llevó conforme a la
normatividad vigente, que obran los soportes respectivos de cada operación y que
los registros neutros no tienen la facultad de desnaturalizar el Plan Único de
Cuentas.

Adicionalmente, destacó que la DIAN no llevó a cabo ninguna investigación o
proceso sancionatorio relacionado a la forma de llevar la contabilidad y son
precisamente los libros contables el único y exclusivo fundamento de la autoridad
tributaria para proferir los actos demandados.

K. No se realizó el comité técnico previsto en el artículo 560 del E.T.

Explicó que aunque solicitó que se llevara a cabo el comité técnico establecido en el
parágrafo del artículo 560 del Estatuto Tributario, en el expediente no se evidencia
que se haya llevado a cabo la evaluación por parte de dicho comité y tampoco le fue
posible a la actora conocer lo que allí se debatió, si es que este trámite se surtió.

L. La DIAN presumió la mala fe de la sociedad demandante

Señaló que la administración vulneró los principios de buena fe y de presunción de
inocencia, ya que no constató que la compañía tuviera inventarios físicos reales
superiores a los contabilizados, y se sustentó en una operación aritmética que de
forma reiterada la jurisprudencia ha vedado, sumado a que no valoró el material
probatorio existente en el expediente.

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FALLO

M. Violación del artículo 647 del E.T.

Consideró que la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados no es
procedente ante la ausencia de hecho sancionable, ya que la información que la
compañía registró en su denuncio rentístico es veraz, correcta y completa.

Puntualizó que la aplicación de una presunción que no está demostrada no
constituye una inexactitud sancionable y no puede concluirse que la declaración
privada contiene datos o factores falsos, incompletos, equivocados o desfigurados.

Aseguró que el fisco impuso la sanción por inexactitud con fundamento en criterios
meramente objetivos. Además, estimó que existe una diferencia de criterios entre las
partes que exime a la demandante de la imposición de la sanción, lo que se
evidencia en el hecho que, con fundamento en las mismas normas, las partes
arribaron a conclusiones diferentes.

Planteó un desconocimiento del principio de lesividad por parte del fisco, ya que la
única forma de demostrar una afectación en el recaudo del Estado era verificando
que existían inventarios físicos sin contabilizar, lo que no ocurrió. Aunado a lo
anterior, la diferencia aritmética que halló la demandada derivó de un movimiento
contable automático que no genera una modificación de las cargas tributarias de la
demandante.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 11:

A. Inaplicación del artículo 757 del E.T.

Comentó que al verificar la contabilidad de la demandante estableció una diferencia
de $28.976.456.570 entre los créditos de la cuenta contable PUC 1435- Inventarios
($75.827.480.093) y los débitos de la cuenta contable PUC 6135- Costos de ventas
($46.851.023.523), que evidencia un retiro de inventarios y en consecuencia, una
venta que se estimó como una omisión de ingresos en los términos del artículo 757
del Estatuto Tributario. Así, se liquidó un ingreso presunto de $35.964.324.938.

Indicó que le solicitó una explicación de la diferencia a la contribuyente, quien
mediante correo electrónico del 30 de julio de 2012 argumentó que la diferencia
deriva de movimientos denominados “desasignación”, “liquidación diferencia de precios”
y por reclasificación de cuentas. De esa información, el fisco tomó los meses de
mayo y julio por ser los más representativos y en mayo encontró una diferencia de
$3.448.849.009, que según la actora corresponde a “desasignaciones” por valor de
$3.989.869.961, lo que demuestra que no existe una explicación válida ni siquiera en
cuanto al valor.

Explicó que para verificar la realidad de la operación de designación, le solicitó a la
accionante que contabilizara algunos de los productos de inventario a los que les
aplica ese método, y se observó que se realizan unos movimientos débito y crédito

11 Índice 2 del SAMAI. Contestación de la demanda y contestación de la reforma de la demanda.

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

que generan un efecto neutro, lo que demuestra que el inventario “se distrajo y
desapareció”12.

Destacó que en la cuenta contable PUC 1435- Inventarios también se realizan otros
movimientos denominados “cargo por diferencia de precio”, “cargo abono material por
diferencia de precio” y “salida de inventario por muestras” de los que no aportó auxiliar.

Aseguró que la demandante tuvo la oportunidad de probar que el retiro de la cuenta
contable PUC 1435-Inventarios por $28.976.456.570 no fue una venta y que por tanto
no omitió ingresos, pero no suministró la documentación correspondiente. Señaló
que el revisor fiscal de la actora aceptó que la compañía vende productos que no
pasan por el inventario, lo que evidencia una omisión en el registro de compras.

Estimó que la operación contable de “desasignaciones” no corresponde con lo
dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pues no existe una uniformidad en
el registro de las operaciones económicas, y está prohibido que los valores de las
mercancías migren hacia otras cuentas inexistentes en el PUC o al margen de este.

Dijo que la accionante pretende soportar la diferencia cuestionada con cálculos al
margen de la contabilidad y que los auxiliares de los registros de “desasignación” son
unos listados que carecen de soporte de las salidas de inventario que permitan
establecer el alcance del movimiento contable y la trazabilidad de la operación
económica.

Cuestionó que se haya aplicado de forma indebida el artículo 757 del Estatuto
Tributario, ya que como lo dijo anteriormente, el revisor fiscal de la sociedad admitió
que hay inventarios que afectan el costo de ventas, pero que no ingresan al
inventario. Además, aclaró que en este caso consideró que no era indispensable
verificar físicamente las existencias de inventario, porque está demostrado que
muchos productos se entregan directamente al comprador sin que entren al
inventario de la sociedad.

B. Falsa motivación de los actos enjuiciados

Afirmó que los actos administrativos sometidos a control se fundaron en el análisis de
los argumentos expuestos por la contribuyente tanto en la respuesta al requerimiento
especial como en el recurso de reconsideración y de conformidad con el material
probatorio que obra en el expediente. Añadió que probó que la demandante no
cumplió a cabalidad con lo previsto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

1. Declaraciones de importación del periodo 2011

Manifestó que la contribuyente realizó importaciones de países respecto de los que
no allegó facturas. Adicionalmente, el fisco verificó la información exógena en la que
se reportó a la compañía.

No obstante, consideró que el acervo probatorio allegado por la demandante no da
certeza de que el retiro de inventarios no fue una venta, pues no permiten verificar lo
que sucedió con los inventarios que no se llevaron al costo.

12 Índice 2 del SAMAI. Página 26 de la contestación de la demanda.

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

2. Certificado del Revisor Fiscal de Masisa

Expresó que el revisor fiscal de la demandante certificó el registro contable de las
“desasignaciones” del año 2011 por valor de $36.407.949.593 aunque el valor
cuestionado por la entidad demandada era inferior. Alegó que la demandante no
allegó las pruebas que desvirtuaran la adición de ingresos, por lo que, si bien se
valoró el certificado del revisor fiscal, éste no llevó al convencimiento de lo que la
contribuyente pretendía probar.

3. Dictamen técnico aportado por la DIAN en la resolución demandada

Precisó que en el dictamen técnico que rindió la administración se concluyó que el
manejo contable que dio la actora a las cuentas contables de inventarios y costo de
ventas no están acorde con la norma contable; que no todo registro en la cuenta
contable PUC 1435-Inventarios conlleva a la generación de un ingreso; que no existe
soporte de los registros contables que permita concluir sin lugar a duda su veracidad;
que en el año 2011 la contribuyente no aplicó los Decreto 2649 y 2650 de 1993, pues
incluyó partidas que no están establecidas en la norma, como el caso de la cuenta
“desasignaciones”; que la compañía no anexó soportes que desvirtuaran la adición de
ingresos.

C. Falsa motivación. Inexistencia de una diferencia injustificada

Reiteró que los argumentos y el material probatorio arrimado por la demandante se
valoraron en debida forma, pero no desvirtuaron la adición de ingresos que se
efectuó en virtud del artículo 757 del Estatuto Tributario. Así mismo, la explicación de
la actora respecto del movimiento de “desasignación” aunque no reconoce de forma
directa que incumplió con lo dispuesto en el PUC, es posible inferirlo.

D. Falta de valoración probatoria

Manifestó que la actora conoció la actuación de la administración y tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, que valoró las
pruebas que la demandante arrimó al expediente, pero no fueron idóneas a efectos
de desvirtuar la presunción por diferencia de inventario que conllevó a la adición de
ingresos.

Dijo que contrario a lo afirmado por la actora, ésta no logró desvirtuar la legalidad de
los actos enjuiciados.

E. Inaplicación de artículo 745 del E.T.

Señaló que conforme lo ha expuesto hasta este punto, la parte accionante pretende
justificar la diferencia señala por la DIAN en cuadros de Excel que no hacen parte de
la contabilidad y los auxiliares de los registros de “desasignación” no cuentan con
soportes de las salidas de inventario que permitan tener trazabilidad de la
transacción. Por tanto, estimó que no existe un vacío probatorio que deba resolverse
a favor de la contribuyente.

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FALLO

F. Inaplicación del artículo 760 del E.T.

Estimó que no transgredió el artículo 760 del Estatuto Tributario, pues el artículo 757
del mismo ordenamiento remite a él. Además, su aplicación obedeció al resultado de
la investigación efectuada por la administración.

G. La DIAN exigió más de aquello exigido por la ley para demostrar que no
poseía un mayor número de inventarios que aquellos contabilizados

Expresó que aplicó lo dispuesto en los artículos 757 y 760 del Estatuto Tributario
luego de valorar los argumentos y el material probatorio aportado por la demandante,
análisis que los actos demandados.

H. Prelación de lo formal sobre lo sustancial

Afirmó que no dio prelación a lo formal sobre lo sustancial, sino que dio aplicación a
las normas que regulan la materia, sin que la accionante hubiera desvirtuado los
hechos probados en el desarrollo de la investigación, lo que conllevó a aplicar la
presunción establecida en el artículo 757 del Estatuto Tributario.

I. Las premisas de hecho del artículo 757 del E.T. no se concretaron

Explicó que la autoridad tributaria desplegó una serie de actividades que estimó
necesarias y de acuerdo con la verificación de la contabilidad estableció una
diferencia de $28.976.456.570 entre el movimiento de la cuenta contable PUC1435-
Inventarios y el movimiento débito de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas
que derivó en la aplicación de la presunción del artículo 757 del Estatuto Tributario y
conforme con lo establecido en el artículo 760 ibidem, se determinó un ingreso
presunto de $35.964.324.938.

Además, insistió en que las certificaciones de revisor fiscal que aportó la demandante
no llevan al convencimiento de los hechos que pretenden probar, toda vez que no se
acompañaron de los soportes que den fe de la información contenida en ellas.

J. Interpretación errónea de los Decretos 2649 y 2650 de 1993

Recalcó que el tratamiento contable que le dio la sociedad a las “desasignaciones” no
es acorde a lo preceptuado por los Decretos 2649 y 2650 de 1993, en el artículo 19
del Código de Comercio y en los artículos 742, 743 y 744 del Estatuto Tributario, por
lo que la diferencia hallada se considera ventas cuyos ingresos se omitió declarar.

Añadió que el cuadro de Excel con el que la actora pretende justificar la diferencia
contiene cálculos al margen de la contabilidad y carece de soporte, de modo que no
es posible verificar la trazabilidad de las transacciones. Afirmó que el auxiliar de la
cuenta contable PUC1435-Inventarios y los dictámenes rendidos por funcionarios de
la demandante fueron valorados por la administración.

K. No se realizó el comité técnico previsto en el artículo 560 del E.T.

Declaró que el comité técnico solicitado por la actora se llevó a cabo el 9 de octubre
de 2014 en la Sala de Juntas del Despacho de la Dirección de Gestión Jurídica,

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como quedó constancia en el Acta No. 12 que se anexa con la contestación de la
demanda y también quedó consignado en el recurso de reconsideración.

L. La DIAN presumió la mala fe de la sociedad demandante

Señaló que en desarrollo del proceso de fiscalización profirió requerimiento especial
en el que estableció un retiro de inventarios, esto es, una omisión de ingresos, por lo
que se estableció unos ingresos presuntos en la suma de $35.964.324.938. En ese
orden de ideas, correspondía a la demandante desvirtuar la adición de ingresos.

M. Violación del artículo 647 del E.T.

Mencionó que la DIAN impuso sanción por inexactitud al encontrar probado en el
expediente que la compañía omitió declarar ingresos por el retiro de inventarios, lo
que derivó en un saldo a favor en lugar de un saldo a pagar, es decir que sí incurrió
en inexactitud sancionable. Igualmente, estimó que no se configuró una diferencia de
criterios entre las partes, sino que se demostró que la actora incurrió en una indebida
aplicación del derecho o desconocimiento de éste.

Costas del proceso y agencias en derecho

Argumentó que la condena en costas que la demandante solicitó no es procedente
como quiera que la DIAN actuó conforme a la normatividad vigente, y no actuó de
forma temeraria o desleal.

En lo relacionado con los puntos adicionados en la reforma de la demanda

Explicó que las dinámicas establecidas en el PUC son de obligatoria observancia y
por lo tanto, para el caso particular, los movimientos débito y crédito de la cuenta
contable PUC 1435- Inventarios deben obedecer a alguna de las operaciones
económicas que se describen en la dinámica de la cuenta en el Decreto 2650 de
1993.

Refirió que no obstante lo anterior, Masisa incorporó un crédito que no implicó una
salida de mercancía, sino que correspondió a una “desasignación” del inventario para
que pudiera ser comercializado.

Consideró que lo expresado por la compañía carece de sentido en la medida en que
todo crédito a la cuenta de inventarios supone necesariamente una salida de
inventario y por consiguiente, debe afectarse otra cuenta en la contabilidad que
refleje fielmente el destino de la mercancía.

Cuestionó que si bien al realizar un débito y un crédito análogo en la cuenta contable
PUC 1435-Inventarios el resultado de la operación es cero, no es claro el destino de la
mercancía, y aunque la actora señala que la mercancía continúa en su haber, esto
no está demostrado ni reflejado en la contabilidad.

Advirtió que los conceptos emitidos por el perito no están en el contexto de la
operación que efectuó la compañía sino que las respuestas se fundan en respuestas
teóricas, pues una cosa es afirmar que un débito y un crédito por el mismo concepto
y valor en la cuenta de inventarios no genera necesariamente una falta de

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transparencia y confiabilidad de la información y otra muy distinta es indicar que
cuando el movimiento contable se realiza fuera de los parámetros indicados en el
PUC, la información registrada escapa de la técnica y la certeza contable, situación
que el perito no analizó.

Aseveró que la situación que plantea la demandante con la operación de
“desasignación” es distinta a la que se da en el caso de la devolución de mercancía
averiada en la que se registra una contrapartida a la cuenta de devoluciones, lo que
observa el principio contable de partida doble. Por tanto, consideró que de ninguna
manera puede entenderse que el dictamen contable acepte que la operación de
“desasignaciones” esté ajustada a la técnica contable, lo que solicitó se tenga en
cuenta al momento de valorar la prueba.

Finalmente, en cuanto al dictamen de diagnóstico del sistema contable “SAP” indicó
que la contabilidad debe ceñirse al ordenamiento jurídico y no a los sistemas
contables.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” declaró
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y no condenó en costas.
Las razones de la decisión se resumen así 13:

Respecto a la falsa motivación de los actos enjuiciados, explicó que según el artículo
757 del Estatuto Tributario, cuando el inventario contable difiera del registrado
fiscalmente, se podrá presumir que las diferencias representan ventas gravadas
omitidas, lo que conduce a la presunción de ingresos gravados omitidos conforme lo
dispone el artículo 760 del mismo ordenamiento.

Precisó que según la jurisprudencia dicha presunción legal será procedente siempre y
cuando los hechos en que se funde estén debidamente probados, es decir, que el
hecho que se desconoce o pretende probarse, surja a partir del enlace lógico que se
realiza de los hechos debidamente probados.

Advirtió, que previo a expedir el requerimiento especial, la administración realizó
diversas actuaciones que velaron por el debido proceso y preservaron el derecho de
defensa y contradicción de la parte actora, quien lo ejerció con las respuestas a los
requerimientos de información, en las visitas que le practicaron y en las reuniones que
se llevaron a cabo en las oficinas de la DIAN.

Del análisis de los actos administrativos objeto de control, concluyó que la
administración apreció los libros, informes, actas de visita, entre otros, y respecto de
cada una explicó por qué no eran suficientes e idóneas para desvirtuar lo inicialmente
comprobado por la administración y en qué se sustentaron las glosas.

Entonces, enfatizó que los actos demandados sí realizaron una valoración probatoria
no sólo de la dinámica de las cuentas contables PUC 1435-Inventarios y 6135-Costos
de ventas sino del manejo del inventario de Masisa y se observa que aun cuando a la
accionante se le solicitaron los soportes que acreditaran que el retiro de la cuenta de

13 Índice 43 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

13

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inventarios por valor de $28.976.456.570 no fue una venta, la contribuyente no los
allegó.

Señaló que la contabilidad fue tenida en cuenta por el fisco como una prueba idónea.
Al punto, indicó que es necesario y obligatorio llevar la contabilidad en cuentas
desagregadas con el fin de facilitar la labor de fiscalización en el seguimiento a los
movimientos que permitan verificar los traslados de cada uno de los elementos que
conforman el costo de ventas.

Manifestó que los valores y las mercancías no pueden tomar otro rumbo diferente al
que establece la normativa contable, mucho menos si la contribuyente pretende que
el inventario migre a cuentas que no existen en el PUC o al margen de éste, sin
explicar lo ocurrido con los inventarios que se registraron en las cuentas señaladas y
mediante la operación denominada “desasignaciones” y sin allegar los soportes de las
salidas en sí.

En lo que alude a los dictámenes arrimados al expediente en sede judicial por la
sociedad demandante, el a quo refirió que en aquel rendido sobre el sistema “ SAP” se
describe el sistema que comprende los diferentes módulos de administración
empresarial utilizado por la compañía para registrar las compras que realizó, pero
más allá de eso, no proporcionó claridad de la diferencia hallada por la DIAN en
cuanto al manejo de inventarios.

Ahora, en lo que atañe al dictamen técnico del manejo de las cuentas contables PUC
1435- Inventarios y 6135-Costos de ventas , se observa que se hace un estudio de la
normatividad legal contable vigente, así como una exposición del proceso contable de
costos de venta e ingresos, sin que se entreguen las explicaciones determinantes
respecto a las diferencias.

Puntualizó que el análisis probatorio lo efectuó en conjunto con la contadora pública
adscrita al Tribunal, quien mediante correo electrónico concluyó que los dos
dictámenes aportados en sede judicial de ninguna manera demuestran las diferencias
que encontró el fisco.

Mencionó que, del dictamen técnico sustentado en audiencia de pruebas, así como
de las pruebas obtenidas por la autoridad tributaria, se demostró que los inventarios
de la actora fueron superiores a los contabilizados, en la medida que, como lo señaló
el experto, si los registros de los créditos en la cuenta contable PUC 1435- Inventarios y
sus respectivas contrapartidas reflejan fielmente la realidad de la empresa y los
movimientos registrados en el Kárdex, el saldo de ésta cuenta debe coincidir con el
inventario físico en bodegas.

Sostuvo que a la fecha en que se realizó la investigación el inventario físico no era el
mismo que existía en el año gravable fiscalizado, por lo que la DIAN acudió a los
registros contables, lo que le permitió concluir que el inventario se retiró en una
proporción mayor a la que se refleja en el costo de los bienes vendidos y sin reflejar
ingresos.

Destacó que la administración desplegó una labor diligente para determinar la
veracidad del costo declarado y la accionante no logró demostrar la diferencia que el
fisco encontró en su inventario, lo que originó la adición de ingresos conforme a lo

14

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dispuesto en el artículo 757 del Estatuto Tributario. Negó el cargo de indebida
motivación de los actos demandados.

Procedencia de la sanción por inexactitud

Expresó que no se configuró una diferencia de criterios en relación con la
interpretación del derecho aplicable, porque las pretensiones de la demanda se
despacharon desfavorablemente por falta de comprobación de la veracidad de la
diferencia que encontró la entidad demandada entre los créditos de la cuenta
contable PUC 1435-Inventarios y los débitos de la cuenta contable PUC 6135-Costos
de ventas, demostró con pruebas directas que las cifras declaradas por la actora no
eran reales, por lo que estimó que procede la imposición de la sanción por
inexactitud.

Pese a lo anterior, en aplicación del principio de favorabilidad, disminuyó la tarifa de la
sanción por inexactitud impuesta del 160% al 100% conforme a la modificación que
realizó el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 647 del Estatuto Tributario.

De la condena en costas

No condenó en costas, al considerar que la parte interesada no demostró
sumariamente su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos 14:

Indebida aplicación del artículo 757 del Estatuto Tributario

Manifestó que el artículo 757 del Estatuto Tributario exige que la autoridad tributaria
compruebe que el contribuyente posee un inventario físico mayor al contabilizado,
para ese efecto, está obligada a realizar un cotejo físico del inventario real y
compararlo con lo contabilizado, pues a partir únicamente de los registros contables
no es posible establecer una diferencia, como se demostró en el dictamen técnico
que se aportó con el escrito de demanda y que no fue valorado por el Tribunal.

Aseguró que tanto el Tribunal como la administración obviaron la exigencia de la
constatación física de los inventarios y aplicaron la presunción del artículo 757 del
Estatuto Tributario a partir de la operación aritmética entre los créditos de la cuenta
contable PUC 1435-Inventarios y los débitos de la cuenta contable PUC 6135-Costos
de ventas.

Expuso que la diferencia se originó en un registro que la compañía denomina
“asignaciones” que al corresponder tanto a un débito como a un crédito por el mismo
valor a la cuenta contable PUC 1435-Inventarios, no genera efecto alguno.

Desconocimiento del precedente jurisprudencial

Según la jurisprudencia, el artículo 757 del Estatuto Tributario exige que la DIAN
verifique en una visita al contribuyente que los valores del inventario final, esto es
14 Índice 46 del SAMAI, Sede Electrónica del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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FALLO

con corte a 31 de diciembre fueran física y cuantitativamente superiores a los
contabilizados o registrados en los libros. Precisó que este procedimiento no puede
suplirse por una operación aritmética y en observancia del principio de igualdad, este
debate debe resolverse en el ese sentido de los casos citados.

La sentencia apelada pretermitió los hechos efectivamente acaecidos

Explicó que la diferencia que determinó el fisco obedeció a movimientos contables
que no implicaron una salida de inventarios ni una venta, sino un registro neutro
denominado “asignaciones” y “desasignaciones”, como lo ha demostrado, desarrollado
y sustentado la actora a lo largo del proceso en sede administrativa y judicial.

Puntualizó que esta transacción contable refleja “asignaciones” y “desasignaciones” de
productos que la accionante realizó sobre compras que efectuó a compañías
vinculadas, hecho que se sustenta en el dictamen técnico anexo a la demanda.

Detalló el procedimiento así:

i) Pedido de venta: Masisa Colombia determina la cantidad de inventario que
requiere de sus vinculadas en el exterior y efectúa la solicitud del pedido de
compra, operación que no afecta la contabilidad ni el inventario.
ii) Orden de compra: Se crea la orden de compra en SAP, de la que se obtiene
una orden de producción que de inicio al proceso de producción en Chile o
Venezuela. Esta operación no afecta la contabilidad ni el inventario.
iii) Creación de la factura de venta a Masisa Colombia: Una vez la vinculada
en el exterior elabora la mercancía, el sistema emite una factura de venta del
vendedor a Masisa. Entonces, SAP registra una cuenta por pagar y un
inventario en tránsito.
Ese inventario corresponde al importado, que ingresa a la bodega física de la
demandante como consta en el Kárdex.
iv) Registro de entrada de la mercancía: Al recibir el inventario, se registra su
ingreso mediante un movimiento tipo “101” que corresponde al inventario
directamente asignado a Masisa Colombia, que no se puede utilizar o
enajenar hasta tanto no se libere y desasigne en el sistema. A continuación,
SAP de forma automática realiza un movimiento “411” por medio del cual se
desasigna la mercancía recibida y se libera la misma, neutralizando el
movimiento “101”. Así, se desasigna la mercancía importada y declarada
registrando un crédito y un débito en la cuenta contable PUC 1435-Inventarios,
que constituye la liberación de la mercancía asignada.
v) Registro de la factura de costos: Se registra la factura de gastos de
importación, sin que se efectúe un movimiento físico de los inventarios, y así
se culmina el proceso de adquisición de inventarios a vinculadas.

Añadió que con el dictamen técnico de diagnóstico se demostró que la compañía
recibe los inventarios que vienen asignados a su nombre por lo que registra un
débito a la cuenta contable PUC 1435-Inventarios, pero dado que el sistema tiene los
inventarios asignados a un cliente para efectos de la orden de pedido, los inventarios
recibidos deben desasignarse. Para ello se realiza un crédito en la cuenta contable
PUC 1435-Inventarios sobre esos inventarios y concomitantemente producto de la
“desasignación” se registra nuevamente un débito a la misma cuenta contable PUC

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1435- Inventarios por los mismos inventarios que quedan libres para ser utilizados y a
disposición de la compañía.

En ese sentido, el registro débito ( “asignación”) y el crédito (“desasignación”) en la
cuenta contable PUC 1435- Inventarios, son neutros, pues el ingreso efectivo se
realiza justo después de la “desasignación”, tal como se evidencia en el Kárdex, los
soportes de las importaciones, los auxiliares de la cuenta contable PUC 1435-
Inventarios y el dictamen técnico de diagnóstico. Al momento de la venta, se registra
un nuevo crédito a la cuenta contable PUC 1435-Inventarios, por los bienes
previamente desasignados.

Así, si se toman todos los créditos incluyendo las designaciones, sin considerar la
neutralidad del movimiento débito de “asignación”, se genera una distorsión en el
resultado, que no obedece a la existencia de mayores inventarios físicos en bodega
sobre los contabilizados, sino que obedece al registro de “desasignaciones” analizado
de forma aislada, sin contemplar la neutralización de dicho registro.

Advirtió que los expertos contables dan cuenta que si el débito y el crédito se
realizan por el mismo valor en la misma cuenta, el efecto en el saldo final de la
cuenta contable es neutro, lo que se altera con dicha operación es el saldo de la
columna débito y el saldo de la columna crédito de la cuenta.

Dijo que en sede judicial aportó el certificado en el que se concilió de forma mensual,
la totalidad de los créditos de la cuenta contable PUC 1435-Inventarios y los débitos
de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas, que demuestra la inexistencia de
diferencias entre el inventario recibido y el contabilizado.

Indebida valoración probatoria

Manifestó que en sede administrativa la sociedad aportó el acervo probatorio que
demuestra que no existe una diferencia en los inventarios, que no fue valorado por la
entidad demandada. Afirmó que, en lugar de controvertir las pruebas arrimadas al
expediente, el Tribunal se limitó a reiterar que al sumar los créditos de la cuenta
contable PUC 1435- Inventarios y restarle los débitos de la cuenta contable PUC
6135-Costos de ventas se evidenciaba que existían un inventario físico superior al
contabilizado.

Aseveró que la actora mediante elementos probatorios conducentes, pertinentes,
útiles e idóneos acreditó que no poseía un mayor inventario físico frente al contable.
Hizo alusión a cada uno de los medios de prueba que constan en el expediente,
indicó el hecho que prueban y los motivos por los que considera que éstas reúnen
las características que la actora les otorga15.

Señaló que aun cuando no le correspondía demostrar que no realizó ventas por valor
de $28.976.465.570, acreditó efectivamente la totalidad de los movimientos
contables, el origen netamente aritmético de la diferencia, y allegó los documentos
que prueban que los inventarios poseídos y enajenados se contabilizaron y en esa
medida, no hay diferencia entre el inventario físico y el contabilizado.

15 Página 38 a 41 del recurso de apelación.

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Falta de valoración probatoria del dictamen técnico de diagnóstico

Explicó que a partir del dictamen de diagnóstico la compañía demostró mediante la
evaluación de 15 transacciones internas realizadas en las operaciones
intercompañía que la diferencia que se podía registrar entre la operación aritmética
de restar el total de los créditos obrantes en la cuenta contable PUC 1435- Inventarios
y el total de los débitos de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas obedecía
exclusivamente a un movimiento de “asignación” y “desasignación” de inventarios, que
no implicaba un mayor valor del inventario físico.

Falta de valoración del dictamen técnico

Alegó que el dictamen técnico no evidencia que los inventarios físicos de la
compañía sean superiores a los contabilizados, pues éste no se refirió a la situación
concreta de la demandante, sino a la justificación técnica y abstracta del movimiento
de las cuentas contables PUC 1435-Inventarios y 6135-Costos de ventas.

Destacó que en el dictamen se expuso que la diferencia entre los créditos de la
cuenta contable PUC 1435-Inventarios y los débitos de la cuenta contable PUC 6135-
Costos de ventas no implica que los inventarios físicos sean superiores a los
contabilizados, pues para ello debían verificarse físicamente los inventarios, máxime
si se tiene en cuenta que el movimiento dual de “asignaciones” y “desasignaciones” se
neutralizan entre sí.

Asimismo, los peritos advirtieron que la única forma de tener certeza de que el
inventario real coincide con el inventario contabilizado es verificando físicamente el
inventario. Por tanto, consideró que el a quo le atribuyó al dictamen técnico un
alcance que no poseía y tergiversó las conclusiones allí incluidas.

Interpretación errada de los movimientos de asignación y desasignación

Expresó que según lo planteado por los expertos contables, pueden existir
situaciones en las que se deban registrar débitos y créditos por el mismo valor, con
el fin de reflejar un hecho particular, sin que esto conlleve a que se utilicen cuentas
diferentes a las contenidas en el PUC.

Además, dichos movimientos contables no afectaron la credibilidad y confiabilidad de
los registros contables, sino que por el contrario, propendieron por reflejar la realidad
de las operaciones y en todo caso, tampoco implica la existencia de mayores
inventarios que los contabilizados.

Violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción

Argumentó que existió una violación al debido proceso y al derecho de defensa y
contradicción, en la medida en que el a quo le impidió conocer los fundamentos del
pronunciamiento de la contadora adscrita a la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que sirvió de fundamento a la sentencia apelada.

Manifestó que desconoce en qué contexto se efectuó el concepto de la contadora, si
esa conclusión derivó de un análisis aislado del acervo probatorio que obra en el

18

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FALLO

expediente o si se evaluó con fundamento en lo indicado en la reforma de la
demanda. También se desconoce el encargo que le hizo el Tribunal.

Añadió que esa prueba no se decretó de oficio y la contadora no estuvo presente en
la audiencia de pruebas, en la que se efectuó la contradicción de los dictámenes
técnicos aportados por la sociedad. De este modo, las conclusiones a las que arribó
la contadora son inoponibles a la demandante, máxime si a la actora no se le corrió
traslado del correo electrónico por medio del cual la contadora presentó sus
conclusiones.

Concluyó que el concepto de la contadora no podía fungir como un elemento de
prueba dentro del proceso, por lo que la decisión de primera instancia incurrió en una
violación al derecho de defensa y contradicción, que la vicia de ilegalidad.

Omisión de pronunciamiento frente a la totalidad de los cargos de nulidad

Alegó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la totalidad de los fundamentos de
derecho consagrados en la reforma de la demanda, con lo cual le negó una tutela
judicial efectiva a la compañía y con ello, incurrió en una transgresión del derecho de
defensa y contradicción, lo que se sumó a la falta de valoración probatoria.

Dijo que el a quo limitó su estudio a la indebida motivación de los actos
administrativos enjuiciados y a la procedencia de la sanción por inexactitud y excluyó
de su análisis los demás argumentos de nulidad, con los que se demostraba la
nulidad absoluta de los actos objeto de control.

Violación del artículo 647 del Estatuto Tributario. Diferencia de criterios

Advirtió que no incurrió en inexactitud sancionable, pues la información que incluyó
en su denuncio rentístico del año 2011 es veraz, correcta y completa, máxime si se
tiene en cuenta que se demostró que la presunción por diferencia de inventarios
aplicada por la DIAN era improcedente.

Sostuvo que el Tribunal y la administración desconocieron los hechos ocurridos y el
material probatorio que soporta la inexistencia de inventarios físicos superiores a los
registrados contablemente. Estimó que la interpretación jurídica del artículo 757 del
Estatuto Tributario fue razonable y justificada, y se fundó en criterios
jurisprudenciales, por lo que de concluirse que procede la adición de ingresos, debe
declararse nula la imposición de la sanción por inexactitud, toda vez que existió una
diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable.

Lo anterior lo amparó en el hecho de que la sociedad estimó que procedía la
presunción de ingresos si y solo si, el fisco constataba de forma directa, real y
objetiva la existencia de inventarios físicos superiores a los contabilizados, posición
respaldada en la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado.

Dicho razonamiento deviene del tenor literal del verbo “constatar” contenido en el
artículo 757 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la actora consideró que el
registro de movimientos neutros en la cuenta de inventarios denominados
“asignaciones” y “desasignaciones” no tenían efectos fiscales, pues se trataba de un
registro interno.

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FALLO

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La DIAN guardó silencio durante la oportunidad prevista en el numeral 4 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar i) si la DIAN debía realizar un cotejo físico del
inventario físico frente al inventario registrado en la contabilidad para que proceda la
presunción de ingresos, ii) si la sentencia apelada incurrió en una falta de valoración
probatoria, iii) si la actora cometió en una inexactitud sancionable o si por el contrario
se trató de una diferencia de criterios entre las partes que la exime de su imposición.

De la presunción por diferencia en inventarios

El artículo 757 del Estatuto Tributario prevé:

“Artículo 757. Presunción por diferencia en inventarios. Cuando se constate
que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá
presumirse que tales diferencias representan ventas gravadas omitidas en el año
anterior.

El monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá como el resultado de
incrementar la diferencia de inventarios detectada, en el porcentaje de utilidad
bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo
ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. Dicho porcentaje se establecerá de
conformidad con lo previsto en el artículo 760.

Las ventas gravadas omitidas, así determinadas, se imputarán en proporción a
las ventas correspondientes a cada uno de los bimestres del año; igualmente se
adicionarán a la renta líquida gravable del mismo año.

El impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento
alguno.”

En un caso en el que se planteó una discusión similar a la que aquí se resuelve, esta
Sección dijo 16:

“3.1- El artículo 757 del ET prevé una presunción iuris tantum conforme con la
cual habrá lugar a la adición de ingresos cuando se compruebe que los
inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, dado que se asume
que esa diferencia representa ventas gravadas omitidas en el año anterior. Para
aplicar esa presunción, le corresponde a la autoridad acreditar el hecho base,
esto es, que los inventarios del obligado son mayores a los registrados en la

16 Sentencia del 16 de junio de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23712, C.P. Julio Roberto Piza

Rodríguez. Que reitera: Sentencia del 3 de marzo de 2022. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 24880,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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contabilidad, para lo cual puede valerse de los distintos medios de prueba
señalados en las leyes tributarias o en el CGP, en cuanto estos sean compatibles
con aquellos, como lo preceptúa el artículo 742 del ET. Del mismo modo, al
tratarse de una presunción que admite prueba en contrario, el interesado puede
aportar los medios probatorios que permitan demostrar «sus verdaderos ingresos
y las razones que justifican la existencia de dicha diferencia en los inventarios»
(sentencia del 03 de marzo de 2022, exp: 24880, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello). Como ninguna norma fija los medios de prueba conducentes para
acreditar la diferencia de inventarios o las razones que la justifican, la
demostración se enmarca en la regla general de libertad probatoria prevista en el
artículo 165 del CGP. En consecuencia, la eficacia de los medios probatorios
aportados para esos fines dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el
hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET).”

De acuerdo con la jurisprudencia que se reitera, para aplicar la presunción contenida
en el artículo 757 del Estatuto Tributario la autoridad tributaria puede valerse de los
medios probatorios previstos tanto en la normatividad tributaria como en el Código
General del Proceso, en cuanto estas sean compatibles. Adicionalmente, esta
presunción admite prueba en contrario, de modo que el contribuyente puede aportar
los medios probatorios que estime necesarios para demostrar la realidad de sus
ingresos y las razones que justifiquen la diferencia planteada por la administración.

El fisco tiene la potestad de acudir a cualquier medio de prueba legal que considere
necesario para establecer el supuesto que la norma exige. Por tanto, la Sala pasará
a evaluar el acervo probatorio que obra en el expediente para establecer si los actos
administrativos objetados y la sentencia apelada, incurrieron en una indebida
valoración probatoria.

De la falta de valoración probatoria

El artículo 742 del Estatuto Tributario indica que las decisiones de la administración
deben fundarse en los hechos que se encuentren probados dentro del expediente,
por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o el Código General del
Proceso, en la medida en que unas sean compatibles con otras.

A su vez, el artículo 746 del Estatuto Tributario prevé que los hechos consignados en
las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad, en la medida en que
la administración no haya solicitado una comprobación especial o la ley la exija.

Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso consagra que “incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”.

En virtud de lo anterior, la Sala ha señalado de forma reiterada que cuando la
administración pretende modificar los factores positivos de la base gravable como
son los ingresos u operaciones sometidas a tributación, tendrá la carga de probarlo,
por tratarse de un hecho que invoca su favor 17. Una vez ejercida dicha carga, si la
autoridad tributaria demuestra la procedencia de aumentar la base imponible

17 Ver entre otras: Sentencia del 31 de mayo de 2018. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.20813, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 8 de marzo de 2019. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.
21295, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 29 de agosto de 2018. Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Exp. 21349, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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declarada por el contribuyente, este último deberá desvirtuar los hallazgos obtenidos
por el fisco18.

Aclarado lo anterior, la Sala pone de presente que la DIAN en uso de las facultades
de fiscalización que le reconoce el artículo 684 del Estatuto Tributario llevó a cabo
visitas a la demandante en distintas fechas, en las que le solicitó entre otra
información aquella relacionada con los costos de ventas declarados en el denuncio
rentístico del año gravable 2011.

Del análisis de la información allegada por la actora, la parte demandada profirió
Liquidación Oficial de Revisión 312412013000077 del 12 de septiembre de 2013 en
la que adicionó en $35.964.324.938 los ingresos brutos operacionales declarados por
la compañía, bajo los siguientes argumentos 19:

“De acuerdo con la verificación realizada por la División de Gestión de
Fiscalización a la contabilidad de la sociedad MASISA se estableció una
diferencia de $28.976.456.570 entre el movimiento crédito de la cuenta 1435
“Inventario de mercancía no fabricada por la empresa” (75.827.480.093) y el
movimiento débito de la cuenta 6135 “Costo de ventas – comercio al por mayor y
al por menor” (46.851.023.523), diferencia que evidencia el retiro de inventarios y
por ende una venta que se consideró una omisión de ingresos tal como lo
establece el artículo 757 del Estatuto Tributario y por tal razón en aplicación del
artículo 760 del Estatuto Tributario se estableció un ingreso presunto por tal
concepto en la suma de $35.964.324.938.

[…]

El Despacho precisa los hechos que dan origen a la presunción de ingresos así:

DIFERENCIA ENTRE
CTA 1435 Inventario de Mcia No CREDITOS CTA CTA 6135 Costo de ventas "c/cio
fabricada x la empresa 1435 Y DEBITOS ak x mayor y al x menor"
CTA 6135

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
enero 3.061.372.236 3.893.026.344 1.008.379.708 2.884.646.636 447.428.798
febrero 1.786.990.110 3.457.755.558 199.887.039 3.257.868.519 312.425.561
marzo 7.125.201.260 6.823.140.239 2.828.885.388 3.994.254.851 582.024.763
abril 6.881.269.111 6.471.303.610 2.725.367.975 3.745.935.635 476.252.748
mayo 8.295.652.212 7.218.325.423 3.448.849.009 3.769.476.414 581.227.170
junio 5.984.289.876 5.884.952.937 1.886.377.239 3.998.575.698 828.795.309
julio 11.569.382.576 9.286.725.591 5.266.881.132 4.019.844.459 369.633.941
agosto 5.620.333.060 6.571.926.565 2.242.864.849 4.329.061.716 303.173.778
septiembre 4.305.048.472 5.979.596.760 1.312.697.977 4.666.898.783 529.043.559
octubre 7.997.194.018 7.200.465.207 2.753.759.571 4.446.705.636 878.713.697
noviembre 6.862.330.178 6.358.370.375 2.799.016.679 3.559.353.696 319.726.050
diciembre 6.444.503.097 6.681.891.484 2.503.490.004 4.178.401.480 442.849.893

18 Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 21156, C.P. Julio Roberto

Piza Rodríguez. Que reitera: Sentencia del 8 de marzo de 2019. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp .
21295, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 29 de agosto de 2018. Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Exp. 21349, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 31 de mayo de 2018. Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Exp. 20813, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
19 Folios 2524 a 2538 vto. del c.a.13.

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75.933.566.206
saldo anterior 6.519.592.640
82.453.158.846 75.827.480.093 28.976.456.570 46.851.023.523 6.071.295.267

inventario final 6.625.678.753 costo de ventas 40.779.728.256

Si analizamos los registros contables anteriores, se observa que esta diferencia
de $28.976.456.570 demuestra la salida de inventarios que el contribuyente no
dio una explicación válida del porque el retiro de esos inventarios no generaron
ingresos, a pesar de solicitarse dicha información mediante correo electrónico, y
teniendo la oportunidad de probar aun con respuesta al Requerimiento Especial.

El argumento expuesto por el contribuyente, es que se trata de la salida de
inventario que no implica una venta del mismo, sino que se presentan
movimientos de desasignación, reclasificaciones, diferencia en el precio y salida
del inventario por muestras.

[…]

De acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 760 del Estatuto
Tributario, la adición de ingresos se determina en $35.964.324.898 calculado así:

1) PORCENTAJE (%) DE UTILIDAD BRUTA = INGRESOS BRUTOS - COSTO DE VENTAS

INGRESO BRUTO OPERACIONAL R-42 50.613.135.000
(-) COSTO DE VENTAS R-49 40.779.728.000
(=) UTILIDA BRUTA 9.833.407.000

Entonces:

= UTILIDAD BRUTA 9.833.407.000
INGRESO BRUTO OPERACIONAL 50.613.135.000

= % DE UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 19,42%

2) 100% - 19, 42% = 80,58%

3) INGRESO GRAVADO A ADICIONAR

INVENTARIOS OMITIDOS (folio 763) 28.976.456.570
DIVIDIDO EN % DETERMINADO EN EL PASO 2) 80,57%
(=) INGRESO GRAVADO A ADICIONAR 35.964.324.898

VALOR A ADICIONAR 35.964.324.898”

A lo largo del proceso en sede administrativa y judicial la sociedad demandante
explicó que el procedimiento de “desasignación” consiste en un ajuste automático que
efectúa el sistema “SAP”, en el que por medio de un registro crédito y luego débito a
la cuenta 1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa, Masisa “libera” o
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“desasigna” la mercancía comprada a sus compañías relacionadas en Chile o
Venezuela, toda vez que en el momento en que es facturada por el proveedor queda
a nombre de la demandante como cliente, por lo que según indica, se hace necesario
asignarlo al inventario de libre utilización, para que pueda ser vendido a sus clientes
en Colombia.

Respecto del argumento de defensa de la demandante, es necesario precisar lo
siguiente:

Si bien es cierto, al realizarse un registro débito y crédito por el mismo valor a una
misma cuenta contable, esto genera un efecto neutro en el saldo de la cuenta
contable, dicha operación sí genera un impacto en el saldo débito y en el saldo
crédito de la cuenta, considerados de forma individual.

También es posible afirmar que no obra prueba en el expediente que permita concluir
que la actora utilizó cuentas al margen del Decreto 2650 de 1993 PUC, pues
precisamente el centro de la discusión está en las partidas que registró la actora en
la cuenta 1435- Inventario de mercancía no fabricada por la empresa, que está contenida
en la norma citada.

Cosa diferente es que la operación de “desasignación” implica una trasgresión de la
dinámica de la cuenta 1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa que
según el Decreto 2650 de 1993, es del siguiente tenor:

“DINÁMICA

Débitos

a) Por el costo de la mercancía comprada;
b) Por el valor de los ajustes por sobrantes resultantes de la toma física de
inventario;
c) Por el costo de las mercancías devueltas al ente económico;
d) Por el valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando el ente
económico utiliza el sistema periódico.

Créditos

a) Por el costo de la mercancía vendida;
b) Por el costo de las mercancías devueltas por los proveedores;
c) Por el valor de los ajustes originados en faltantes o mercancía dada de baja;
d) Por la merma en elementos susceptibles de evaporarse o disminuirse,
siempre que ésta obedezca a causas naturales;
e) Por el valor de las mercancías destinadas al consumo interno del ente
económico, y
f) Por el valor del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando el ente
económico utiliza el sistema periódico.”

De lo anterior se desprende que en efecto, como lo expreso la autoridad tributaria en
los actos administrativos objeto de control, el registro que realizó la compañía en su
contabilidad no corresponde a ninguna de las operaciones económicas que generan
movimientos de naturaleza débito o crédito en la cuenta 1435-Inventario de mercancía
no fabricada por la empresa que describe la normativa contable vigente para la época
de los hechos.

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FALLO

Así mismo, estas operaciones restan confiabilidad a la información contable en la
medida en que impiden que esta sea verificable y toda vez que no está
representando fielmente los hechos económicos 20, pues según lo expuesto por la
demandante, se trató de un ajuste interno en su sistema contable y financiero y no
del registro de un movimiento real del inventario de la compañía.

Ahora bien, en cuanto al material probatorio que aportó la demandante para
respaldar su dicho, la Sala apreciará uno a uno los medios de prueba conforme al
valor probatorio que corresponda darle a cada uno:

• Certificado del revisor fiscal de Masisa

El artículo 777 del Estatuto Tributario prevé que las certificaciones del contador
público y revisor fiscal son prueba contable, sin perjuicio de la facultad que posee la
administración de hacer las comprobaciones pertinentes. Sobre este particular, la
Sala de forma reiterada ha dicho que la idoneidad de esta prueba dependerá de su
grado de detalle y de la calidad de los comprobantes de tipo interno y externo que
acompañen la certificación 21.

En el caso que ocupa a la Sala, la actora aportó en sede administrativa y judicial un
certificado emitido por el revisor fiscal de la compañía el 12 de noviembre de 2013,
en el que certificó lo siguiente22:

“CERTIFICA:

1. Que las cifras contenidas en el Anexo denominado “Conciliación inventario –
Costos de Venta”; preparado por la administración de la compañía y adjunto a
la presente certificación fueron tomadas de la contabilidad de la Compañía y
corresponden a los movimientos acumulados y saldos mensuales de las
cuentas 143510 – Productos Terminados; 613505 – Costo de ventas; […] y
coinciden con las cifras registradas en el Libro Mayor de la Compañía.

2. Que en la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412013000077 del 12 de
septiembre de 2013 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se
indica que existe una diferencia entre los créditos de la cuenta 1435 –
Inventarios y los débitos de la cuenta 6135 – Costo de ventas por
$28.976.456.570; sin embargo, de acuerdo con el movimiento de inventarios
indicado en el Anexo de la presente certificación, tal diferencia se encuentra
conciliada y no corresponde a operaciones de inventarios no contabilizados.

3. Que durante el proceso de gestión de inventarios, el sistema SAP realiza
registros automáticos denominados “desasignación” mediante comprobantes
identificados como WA, los cuales implican registros débito y crédito por el
mismo valor dentro de la cuenta de inventarios. De acuerdo con los registros
contables del sistema integrado de información financiera SAP, los siguientes
son los valores registrados durante el año 2011 mediante comprobantes WA:

MES MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO

20 Artículo 4 del Decreto 2649 de 1993.
21 Sentencia del 27 de abril de 2023. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 24973, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
22 Folios 2579 a 2592 del c.a.13 y folios 6120 a 6134 del c. anexo 8.

25

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

ENERO 1.439.757.978 - 1.439.757.978
FEBRERO 779.828.886 - 779.828.886
MARZO 3.423.869.309 - 3.423.869.309
ABRIL 3.386.410.939 - 3.386.410.939
MAYO 3.989.869.652 - 3.989.869.652

JUNIO 2.787.196.130 - 2.787.196.130
JULIO 5.692.150.626 - 5.692.150.626
AGOSTO 2.746.206.365 - 2.746.206.365
SEPTIEMBRE 2.021.629.038 - 2.021.629.038
OCTUBRE 3.685.361.488 - 3.685.361.488
NOVIEMBRE 3.370.686.439 - 3.370.686.439
DICIEMBRE 3.084.981.833 - 3.084.981.833
Total 36.407.948.683 - 36.407.948.683

[….]” (Subraya la Sala)

Respecto de la información contenida en la certificación suscrita por el revisor fiscal,
la Sala destaca los siguientes argumentos expuestos por la administración en la
liquidación oficial de revisión 23:

“Al respecto, para este Despacho y como igualmente se planteó en el
Requerimiento Especial es necesario mostrar el cuadro explicativo del mes de
mayo que obra a folios 24 y 25 del expediente donde se registran los
movimientos débitos y créditos de la cuenta 1435 “Inventario de mercancía no
fabricada por la empresa” y que está compuesta así:

CTA PUC 1435 MAYO
DEBITO CREDITO
cargo abono material 232.331.429,23 187.127.252,00 cargo por diferencia en
precio
desasignaciones 3.989.860.651,81 3.989.860.651,81 desasignaciones
movimiento Entrada 4.062.375.973,64 3.021.842.061,46 movimiento por ventas
mercancía inventario
movimiento debito 11.075.158,24 19.486.418,21 salida inventario por
ventas muestras
8.295.643.212,92 7.218.316.383,48

Así mismo es preciso mostrar los movimientos débitos y créditos de la cuenta
6135 “Costo de ventas – comercio al por mayor y al por menor” del mes de mayo
que está compuesta así:

CTA PUC 6135
MAYO
DEBITO CREDITO
costo vtas Pd que no
10.942.242,00 1.666.772,00 d/ctos otros Pd
pasan x el invent
m/vto x dif en precio 188.488.350,61 256.612.925,87 cargo abono x material
m/vto x central d compras 39.666.403,01 26.093.616,56 entrada Fra otros Pds
m/vto reclasificaciones 90.101.993,48 12.164.041,43 reclasificac (sic) cuenta
m/vto x desasignación 127,60 83.408.038,42 reclasificación otros ds
costo vtas Pd que no 173.694.285,01 87,40 m/vto x desasignación

23 Folios 2531 a 2533 del c.a.13.

26

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

pasan x el invent
m/vto Entrada m/cia
m/vto x liquidaciones 244.740.951,10 190.272.588,23
inventario
m/vto x ventas 3.021.842.061,46 11.009.100,32 m/vto crédito ventas
3.769.476.414,27 581.227.170,23

Obsérvese como la diferencia entre los créditos de la cuenta de inventario “1435”
de $7.218.316.383,48 y los débitos de la cuenta de costos “6135” por
$3.769.476.414,27 es por el valor de $3.448.849.009, suma que el contribuyente
pretende justificar con los movimientos de desasignaciones del mes de mayo por
$3.989.869.691,53.

[…]

Al respecto encuentra el despacho que si bien es cierto el revisor fiscal de la
sociedad investigada certifica los registros contables de las desasignaciones del
año 2011 por $36.407.949.593.34 cifra ésta que además supera la diferencia
objetada en el requerimiento especial por $28.976.456570, también lo es, que en
el caso que se discute en el presente proceso, no basta con aportar como prueba
la sola certificación del revisor toda vez que la controversia no solamente está
relacionado (sic) a los registros contables, sino que estos deben estar
respaldados con los respectivos soportes internos o externos con el fin que el
fallador llegue al convencimiento de las transacciones que justifiquen su registro.”
(Subraya la Sala)

La Sala observa que en la liquidación oficial de revisión la administración a partir de
la propia información aportada por la demandante y lo certificado por el revisor fiscal
de la compañía estableció que para el mes de mayo 24, existía una diferencia de
$3.448.849.009 entre los créditos de la cuenta 1435-Inventario de mercancía no
fabricada por la empresa y los débitos de la cuenta 6135-Costo de ventas .

El certificado del revisor fiscal no trajo nada nuevo al proceso, no aportó nuevas
pruebas, ni despejó las dudas de la DIAN respecto a por qué a pesar de que la
diferencia hallada es por un valor, si la justificación está en los movimientos de
“desasignación”, las partidas por este concepto en el crédito de la cuenta 1435
superan el valor en discusión.

Al punto, se advierte que el certificado del revisor fiscal fue desvirtuado por la entidad
accionada, sin que la actora con el recurso de reconsideración o en sede judicial lo
haya corregido, sino que se limitó a aportar el mismo certificado en las diferentes
etapas del proceso.

Bajo esa perspectiva, la Sala estima que dicha certificación no constituye una prueba
contable idónea que acredite la ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados.

• Declaraciones de importación del periodo 2011

La accionante aportó en sede judicial copia de los documentos que según indica,
soportan las importaciones de mercancía que llevó a cabo durante el periodo
gravable 2011 con el fin de demostrar la inexistencia de inventarios que no se

24 En el Requerimiento Especial 312382012000164 del 14 de diciembre de 2012, la DIAN tomó como muestra los

meses de mayo y julio, pues consideró que eran los meses más representativos.
27

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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

reconocieron contablemente, como son facturas de venta, declaraciones de
importación, declaraciones de cambio, entre otros 25.

Se precisa que el acervo probatorio descrito anteriormente alude a un alto volumen
de documentos que registran una cantidad significativa de importaciones, de las que
en atención a lo expuesto en el análisis del punto anterior, pudieron arrimarse al
proceso a través de un certificado de contador público o revisor fiscal que precise los
rubros y los valores que corresponden a dichas operaciones, para así verificar si
coinciden con los valores denunciados en renta, pues se trata de la verificación de
hechos que requieren conocimientos específicos y la manera de acreditarlos es a
través de la prueba contable.

Aunado a lo anterior, se tiene que en la liquidación oficial de revisión la
administración aseguró que luego de analizar las facturas de venta y declar aciones
de importación aportadas por la compañía actora con ocasión de la respuesta al
requerimiento especial, que se referían a importaciones realizadas a Chile y
Venezuela, las confrontó con el reporte solicitado a la Subdirección de Análisis
Operacional 26, y encontró que se realizaron importaciones de otros países como
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Ecuador y Estados Unidos, de las
que la actora no envío ninguna documentación 27.

La Sala pone de presente que esa afirmación no fue atacada por la compañía
demandante y se enfatiza que, la labor del contador público o revisor fiscal era
precisamente informar o dar cuenta sobre la información que reposa en la
contabilidad sustentado en los documentos de origen interno y externo que soportan
cada uno de los hechos económicos.

• Registro de entrada y salida de inventario – Kárdex de la compañía

Masisa aportó en sede judicial los Kárdex correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2011, que a su juicio dan cuenta de que la actora determinó el costo de
sus inventarios por medio de un sistema de inventarios permanentes y registró cada
una de las unidades que ingresó y que se retiró del inventario, bien sea por venta,
destrucción o utilización 28.

En primer lugar, se precisa que la DIAN no cuestionó que la actora determinara su
costo mediante un sistema de inventarios permanentes, es más, parte de este
supuesto para hacer el análisis que despliega en los actos administrativos objeto de
control, por lo que esa situación desborda el objeto del litigio.

Ahora, en lo relacionado con el hecho que alega la demandante en cuanto a que
registró cada uno de los bienes que ingresaron y que salieron de su inventario, la
Sala retoma el argumento de rechazo expuesto en los dos puntos anteriores, pues
estima que debió hacer parte de la documentación que justificara las cifras
certificadas por el revisor fiscal, para verificar la veracidad del denuncio rentístico de
la demandante.

25 Folios 196 a 583 del c. anexo 1, 584 a 1000 del c. anexo 2, 1001 a 2000 del c. anexo 3, 2001 a 3000 del c.

anexo 4, 3001 a 3472 del c. anexo 5.
26 Folios 2481 a 2518 del c.a.13.
27 Folio 2535 del c.a.13
28 Folios 3854 a 4000 del c. anexo 5, 4001 a 5000 del c. anexo 6, 5001 a 5359 del c. anexo 7, 5360 a 6119 del c.

anexo 8.
28

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• Copia del auxiliar mensual de la cuenta 143510

En el recurso de apelación la accionante indica que el auxiliar de la cuenta 143510
que aportó con la demanda, demuestra que en su haber únicamente reposaban los
bienes que registró en su contabilidad y que previamente importó 29.

Más allá de las manifestaciones que hasta este punto ha efectuado la Sala en cuanto
a la necesidad de que dicha información se acredite a través de prueba contable, la
Sala pone de presente que como quedó plasmado en el estudio del certificado de
revisor fiscal, fue justamente el movimiento contable de esta cuenta, el que sirvió de
fundamento a la administración para aplicar los artículos 757 y 760 del Estatuto
Tributario y adicionar en $35.964.324.898 los ingresos brutos operacionales
declarados.

En esa medida, se concluye que respecto de esta información no se demostró una
indebida valoración probatoria por parte del fisco y la actora no señala de forma
específica las partidas que demuestren que la diferencia que determinó el fisco en
efecto corresponde a las operaciones de “desasignación”.

• Dictamen técnico de diagnóstico

Con la reforma de la demanda la actora aportó un dictamen técnico denominado
“Informe de diagnóstico y comparación del proceso Compras Intercompany sobre el sistema
SAP en el 2011, basado en el procedimiento corporativo actual” rendido por la firma
PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. el 13 de agosto de 2015 30.

En lo que alude a esta prueba, la Sala considera que no es una prueba pertinente
para el hecho que pretende probar la actora, toda vez que su objetivo fue establecer
si el procedimiento de “asignación y desasignación” de la mercancía adquirida a las
compañías relacionadas de la sociedad actora en el año 2011, corresponde
significativamente o es igual al procedimiento que efectúa “SAP” en el año 2015.

Lo anterior quiere decir que el estudio efectuado por la firma se fundó en los hechos
económicos ocurridos y registrados en el año 2015 que no es el periodo gravable
que se debate. Prueba de ello, es que los pantallazos que sirvieron de apoyo para
explicar el registro contable de las compras intercompañía, corresponde a asientos
contables, facturas y documentos del año 2015, y no del año 2011, para luego
analizar si el sistema entre 2011 y 2015 había sufrido cambios significativos que
impactaran el proceso que sirvió de referencia a la firma que rinde el informe31.

Por tanto, esta prueba no desvirtúa la legalidad de los actos controlados.

29 Página 39 del recurso de apelación. Folios 3473 a 3853 del c. anexo 5.
30 Folios 141 a 219 del c. Anexo documental 1 de la reforma de la demanda.
31 Folios 170, a 218 del c. Anexo documental 1 de la reforma de la demanda.

29

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• Concepto técnico

Igualmente, con la reforma de la demanda, Masisa aportó un concepto técnico
suscrito por dos contadores públicos y un profesional en finanzas y relaciones
internacionales 32.

De la lectura del concepto técnico, la Sala concluye que si bien los peritos
ejemplifican casos en los que se pueden incluir débitos y créditos por el mismo valor
en la cuenta de inventarios (devoluciones al proveedor de mercancía defectuosa,
cambio de modelo de la mercancía por uno nuevo, mercancía faltante por pedido
incompleto) y casos en los que se realizan retiros de inventarios que no implican una
venta (mermas por evaporación del producto vendido o retiros para el consumo
propio de la compañía), lo cierto es que las operaciones de “desasignación” no
encajan en ninguno de los supuestos que traen a colación los expertos a modo de
ejemplo.

Esto deviene del hecho de que el concepto técnico se funda en supuestos y en
situaciones hipotéticas, sin descender al estudio de la situación económica particular
de la demandante o realizar un análisis detallado y fundado en la información
contable de la sociedad actora y teniendo en cuenta la actividad productora de renta
que realiza.

Al punto, se destaca que en la introducción del concepto técnico los expertos indican
que las respuestas al cuestionario planteado por la Gerencia de Masisa se realizaron
desde una perspectiva “eminentemente teórica”33, situación que fue reiterada por la
parte demandante en la audiencia de pruebas realizada en primera instancia el 13 de
febrero de 2018, al indicar que el dictamen no trata directa y concretamente de las
cuentas contables de Masisa sino de las cuentas contables de forma teórica y
general34.

En ese sentido, al tratarse de un estudio netamente académico que no abarca de
forma específica la situación en que se centra el presente litigio, es dable concluir
que no es una prueba conducente, pertinente y útil para refutar que la ac tora recibió
ingresos producto del retiro de inventarios que no fueron llevados al costo por la
suma de $28.976.456.570.

• Certificación expedida por el Gerente de Planificación y Logística de Masisa
Andina

Con el recurso de reconsideración y anexo al escrito de demanda, la actora aportó
una certificación emitida por el Gerente de Planificación y Logística de Masisa Andina
el 6 de noviembre de 2013 35, que a su juicio prueba que el registro débito y crédito
que se realiza en la cuenta 1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa en
la realización de los pedidos intercompañía tiene por objeto dejar en disponibilidad la
mercancía para la venta 36.

32 Folios 285 a 326 del c. Anexo documental 3 de la reforma de la demanda, folios 327 a 339 del c. Anexo
documental 4 de la reforma de la demanda.
33 Folio 286 del c. Anexo documental 3 de la reforma de la demanda.
34 Minuto 11:10 a 12:11 del CD de audiencia de pruebas visible a folio 487 del c.p.
35 Folios 2593 y 2594 del c.a.13. y folios 6135 y 6136 del c. anexo 8.
36 Página 39 del recurso de apelación.

30

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De la lectura de dicha certificación, se evidencia que el gerente relata la forma en
que las compañías realizan el proceso de compraventa para de este modo, concluir
que resulta necesario realizar la “desasignación” de los productos porque de no ser así
la contribuyente no podría venderlos a sus clientes, pues para el sistema “SAP” están
reservados para la compañía destinataria (en este caso Masisa Colombia).

Al punto, es claro que la certificación no tiene el alcance que pretende darle la actora,
pues una vez más, hace alusión al procedimiento de “desasignación” para justificar su
necesidad en la recepción y posterior venta de la mercancía, pero de ningún modo
expresa en qué forma ese ajuste en el sistema contable y financiero, impacta la
información contable, ni siquiera indica que el proceso de liberación de la mercancía
se lleve a cabo a través del registro de débito y crédito a la cuenta 1435-Inventario de
mercancía no fabricada por la empresa como lo asegura la demandante y tampoco
tendría por qué haberlo hecho, porque quien emite la certificación no pertenece al
área de contabilidad de la compañía y es profesional en ingeniería civil eléctrica37.

De este modo, se concluye que este documento no es contundente ni conducente
respecto del hecho que la actora pretende probar.

• Certificación de Proceso Intercompany

La demandante allegó en sede administrativa y judicial una certificación emitida por
la Jefe de Logística de Masisa Colombia S.A. el 6 de noviembre de 2013 38. Respecto
de esta prueba, en el recurso de apelación la contribuyente señaló que el hecho
probado consiste en “Los registros fotográficos de la trazabilidad de un pedido
intercompañía, en relación con cuentas afectadas en el sistema, y la acreditación de que la
mercancía recibida no era superior a la contabilizada” 39.

De la certificación aportada es dable concluir que transcribe un manual de
procedimiento del programa “SAP” que explica el paso a paso que debe seguirse
para registrar las compras intercompañías. El registro fotográfico a que se refiere la
demandante consiste en pantallazos del sistema contable en los que se puede
observar que corresponden a operaciones registradas en el año 2008.

Bajo esas circunstancias, el hecho de que se analicen operaciones de un año
diferente al año gravable en discusión es motivo suficiente para desestimar la
prueba.

• Dictamen técnico aportado por la DIAN en la resolución demandada

En contraste a las pruebas que hasta este punto se han enunciado, está el Concepto
Técnico Contable rendido por el contador público adscrito a la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos el 6 de octubre de 2014 y que sirvió de soporte a la
DIAN para resolver el recurso de reconsideración 40.

La sociedad actora a lo largo de su actuación en sede judicial expresó que este
dictamen concluyó que no hubo mayores inventarios físicos sobre los contabilizados

37 Folio 2595 del c.a.13.
38 Folios 2597 a 2617 del c.a.13 y folios 6139 a 6159 del c. anexo 8.
39 Página 40 del recurso de apelación.
40 Folios 2629 a 2634 del c.a.13.

31

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y que no hubo ventas de inventarios no contabilizados, sino que se realizó un
movimiento contable neutro, y en ese sentido, estimó que tanto la DIAN como el
Tribunal le negaron el valor probatorio que le correspondía.

Sobre el particular la Sala indica que luego de hacer un recuento de los hechos y de
la normatividad contable aplicable al caso concreto, apreció lo siguiente:

“Ninguna cuenta contable permite ingresar datos no reales u operaciones
inexistentes. La cuenta Desasignación no es real el mismo contribuyente informa
que es un proceso automático, este hecho soporta la razonabilidad de los cargos
por parte de la Administración Tributaria.

Es claro que en la sociedad Masisa S.A la Cuenta Inventarios y Costo de Ventas
están compuestos por dos elementos unos reales que son las mercancías y otros
solo numéricos (automáticos) como los llama el contribuyente.

En su respuesta al requerimiento especial el contribuyente indica que el
movimiento desasignación implica que una misma mercancía sea incluida dos
veces dentro del movimiento crédito de la cuenta 1435, pero antes en el correo
electrónico indicó que era un proceso automático (folio 1290). Analizada la hoja
de Excel del contribuyente como los registros contables se corrobora que las
cuentas de compras y desasignación no son los mismos valores, el contribuyente
se contradice en cuanto el origen de esta cuenta y como se totaliza. Existe un
error contable al indicar que las compras se registran en el movimiento Crédito de
la cuenta 1435 (folio 1675)

El hecho de que sea un proceso automático, no significa que quien administra el
sistema el sistema no lo adecue a la normatividad colombiana, la práctica
contable no es ajena a estos casos cuando se manejan sistemas de costos en
empresas de producción que son más complejos, se utilizan tasas y costos
estándar en la contabilidad de costos pero estos se concilian con la contabilidad
financiera, en mi concepto al interior de la empresa puede presentar un error de
parametrización del sistema financiero.

En su respuestas a los cargos de la sociedad Masisa S.A, aduce que la figura
Desasignación se realiza en los Débitos y los Créditos por igual valor, pero solo
anexa el Movimiento Crédito de la cuenta 1435 Inventarios folios 36 y 37 mes
mayo de 2011, por lo tanto no ha probado que se realizó el mismo procedimiento
en el Crédito. Este punto es recalcado En la Liquidación Oficial de Revisión (folio
2532) contablemente no encuentro elementos para establecer la neutralidad de la
operación al no allegar el auxiliar correspondiente dentro del expediente ni mucho
menos los soportes establecidos en el Decreto 2649 de 1993: […]

Concluyo que la Sociedad Masisa S.A durante el año 2011 no aplicó la
normatividad contable establecida en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, al haber
incluido dentro de las cuentas 1435 Inventarios y 6135 Costo de Ventas partidas
no establecidas dentro de las normas de contabilización como es la cuenta
“Desasignación” término que al buscar en las normas contables no se encontró
definición.” (Sic en toda la cita. Subraya la Sala)

Conforme con lo anterior, la Sala observa que contrario a lo aducido por la
demandante, el dictamen informa que las pruebas allegadas por la demandante no
permiten verificar que las compras y las “desasignaciones” ascienden al mismo valor,
que existen errores en la técnica contable que aplicó la demandante, que las
operaciones de “desasignación” no provienen de hechos reales y que en todo caso,
32

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podría tratarse de un error en la parametrización del sistema contable “SAP” que
desconoce la legislación contable colombiana.

Por tanto, se concluye que asistía razón a la demandada para confirmar la
liquidación oficial de revisión con fundamento en el dictamen rendido por uno de sus
funcionarios, sin que sea posible afirmar que la administración tergiversó o interpretó
de forma errónea los planteamientos del contador público que rindió el informe
técnico.

En este orden de ideas, la Sala observa que contrario a lo que alega la demandante,
la administración efectuó un estudio exhaustivo del material probatorio arrimado por
la contribuyente a lo largo del proceso, cosa diferente es que éste no lleve al
convencimiento del hecho que la actora pretende probar, esto es, que los créditos de
la cuenta 1435- Inventario de mercancía no fabricada por la empresa por valor de
$28.976.456.570 no corresponden a ventas omitidas que impliquen que los ingresos
incluidos en el denuncio rentístico del año en discusión son menores a los que
efectivamente recibió la actora.

De este modo, la Sala puntualiza que la falta de comprobación por parte de la
demandante, de un hecho que ella misma alega como justificativo de la diferencia
hallada por el fisco, no puede interpretarse como un vacío probatorio que deba
resolverse a su favor en los términos del artículo 745 del Estatuto Tributario, máxime
si en ella tenía la carga probatoria de desvirtuar la presunción de ingresos aplicada
por el fisco.

Adicionalmente, la Sala considera que si en gracia de discusión se aceptara que en
efecto, el sistema “SAP” esta parametrizado de manera tal, que realiza la operación
de “desasignación” de forma automática, con un débito y un crédito por el mismo valor
a la cuenta 1435- Inventario de mercancía no fabricada por la empresa, y que esa
operación no refleja una salida de inventarios por ventas no reportadas contable ni
fiscalmente, debió demostrar con cifras extraídas directamente de su contabilidad,
que esta operación tuvo un efecto neutro en su información, sin que así haya
ocurrido41. No prospera el cargo de falta de valoración probatoria.

Decantado lo anterior, quedan pendientes por resolver los siguientes asuntos: en
primer lugar, se observa que en el escrito de demanda se alegó que pese a la
solicitud de Masisa, el recurso de reconsideración que interpuso contra la liquidación
oficial enjuiciada no fue objeto de análisis por el Comité Técnico de que trata el
parágrafo del artículo 560 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los
hechos 42.

Al punto, y tal como lo expresó el fisco en la contestación de la demanda, se
evidencia que en la Resolución 900.316 del 9 de octubre de 2014 que resolvió el
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, se indicó que esa

41 En el mismo sentido: Sentencia del 19 de julio de 2023. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 26468,

C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
42 “Parágrafo. Cuando se trate del fallo de los recursos a que se refiere el numeral 3, previamente a la adopción

de la decisión y cuando así lo haya solicitado el contribuyente, el expediente se someterá a la revisión del Comité
Técnico que estará integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Director General
de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, el Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado y los abogados
ponente y revisor del proyecto de fallo.” Parágrafo sustituido por el artículo 281 de la Ley 1819 de 2016.
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-00928-01 (27047)
Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

decisión se sometió al Comité Técnico previamente mencionado 43. Además, la
entidad demandada informó que el comité se llevó a cabo el 9 de octubre de 2014,
de lo cual quedó constancia en Acta No. 12, la cual aportó con la contestación de la
demanda44.

Por ello, la Sala considera que este hecho no va más allá de ser una simple
afirmación de la demandante, que no se acompañó de prueba alguna que
controvierta los argumentos y la prueba traídos a colación por la DIAN. En todo caso,
es válido advertir que esta Sección ha dicho de forma reiterada que la omisión de
revisión por parte del comité no es causal de nulidad del acto que resuelve el recurso
de reconsideración 45.

En segundo lugar, la Sala puntualiza que no se configuró la violación al debido
proceso y al derecho de defensa de la actora por parte del Tribunal, pues si bien
señaló como argumento de refuerzo un concepto rendido por la contadora adscrita a
la Sección Cuarta de esa Corporación, el a quo efectuó un análisis del material
probatorio y de ello concluyó que la DIAN demostró que el inventario se retiró sin
reflejarlo en el costo y en el ingreso de la compañía demandante.

En esa medida, dicha manifestación no le quita validez ni mérito al estudio que
efectuó el Tribunal en la sentencia apelada.

Finalmente, conforme a lo expuesto hasta este punto y toda vez que los cargos de
apelación se despacharon desfavorablemente, se confirma la imposición de la
sanción por inexactitud calculada a la tarifa del 100% por el a quo en aplicación del
principio de favorabilidad, toda vez que se incurrió en el hecho sancionable de
omisión de ingresos.

Aunado a lo anterior, no es posible concluir que se presentó una diferencia de
criterios entre las partes en cuanto a la interpretación del derecho aplicable, máxime
si se tiene en cuenta que los cargos se negaron por falta de pruebas y por
incumplimiento de la normatividad contable vigente. Así, la Sala confirmará la
sentencia apelada que declaró la nulidad parcial de los actos enjuiciados, sólo en lo
que respecta a la liquidación de la sanción por inexactitud.

Condena en costas

La Sala precisa que no condena en costas en esta instancia conforme a lo previsto
en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, por cuanto en el
expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

43 Folio 2639 del c.a.13.
44 Índice 2 del SAMAI. Contestación de la demanda.
45 Sentencia del 24 de junio de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 25215, C.P. Milton Chaves

García. Que reitera: Sentencia del 10 de octubre de 2019. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23096,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Sentencia del 15 de mayo de 2019. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Exp. 21244, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Masisa Colombia S.A.S.
FALLO

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del del 9 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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